Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Abril de 2009

Ponente:Winston Spadafora Franco
Fecha de Resolución:21 de Abril de 2009
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El licenciado V.G.G. actuando en representación de OSCAR MATHIUS ha presentado recurso de casación contra la Sentencia de 29 de enero de 2009 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial dentro del proceso que interpusiera contra Agro-ganadera Z.U., S.A.

A través de este recurso extraordinario se impugna la resolución que revocó la Sentencia de 2 de abril de 2008 dictada por el Juzgado de Trabajo de la Séptima Sección y declaró probada la excepción de prescripción alegada por la parte empleadora.

ANTECEDENTES DEL RECURSO.

El 31 de marzo de 2008, el señor O.E.M.G. inició proceso laboral contra A.Z.U., S.A., demandando el pago de las siguientes prestaciones laborales: vacaciones vencidas y proporcionales, décimo tercer mes vencido y prima de antigüedad, más intereses y costas.

La cuantía de la demanda ascendió a la suma de cuatro mil quinientos noventa y dos con setenta (B/.4,592.70) y el demandante sostuvo como fundamento de su pretensión que inició labores para A.Z.U., S.A., en junio de 1986 como fumigador de veneno, devengando de lunes a viernes un salario de seis balboas (B/. 6.00) por día.

Adiciona a su escrito, que su empleadora dio por terminada la relación de trabajo en forma unilateral, a finales de diciembre de 2006, sin que se le pagaran íntegramente las prestaciones laborales, que de conformidad con la legislación laboral panameña, le correspondían luego de haber prestado un servicio a lo largo de trece (13) años y cuatro (4) meses, a favor de A.Z.U., S.A. (fs. 1-3).

La parte empleadora se opuso a la demanda instaurada advirtiendo que el apoderado judicial de la parte trabajadora carecía de legitimidad para peticionar el pago de derechos adquiridos, toda vez que en el poder no se le otorgaban facultades para demandar derechos adquiridos, sino un despido injustificado.

Por otro lado, contesta la demanda presentada negando que el señor MATHIUS haya laborado para Agro-ganadera Z.U., en la forma que sostiene la demanda. En este sentido, afirmó que el servicio que recibió del demandante no fue en condiciones de dependencia económica (fs. 27-29).

Seguidamente, presentó excepción de prescripción arguyendo que ha transcurrido el año (1) que estipula el artículo 12 y 12-A del Código de Trabajo para reclamar el pago de prestaciones laborales adeudadas por motivo de la terminación de la relación de trabajo (fs. 42-43).

La controversia planteada fue conocida en primera instancia por el Juez de Trabajo de la Séptima Sección, quien mediante Sentencia de 6 de noviembre de 2008 NEGÓ la excepción de prescripción invocada por la demandada y CONDENÓ a A.Z.U., S.A. a pagarle a O.E.M.G., la suma de cuatro mil trescientos noventa y un balboas con treinta y un centésimos, en concepto de vacaciones, décimo tercer mes y prima de antigüedad, por razón de la relación de trabajo que existió entre las partes (fs. 74-84).

Ante la alzada promovida contra la Resolución dictada, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial revocó la sentencia de 2 de abril de 2008, declarando probada la excepción de prescripciónj (fs. 111-119).

La disconformidad de la parte trabajadora con el dictamen emitido en segunda instancia deviene en la presentación del recurso de casación que pasamos a estudiar.

FUNDAMENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Estima el casacionista que el Tribunal Superior de Trabajo desconoció el contenido de los artículos 64, 82, 87, 92 y 573 del Código Laboral.

En específico, el primero de los artículos establece en qué consiste la subordinación jurídica, por lo que afirmó que el trabajador se encontraba subordinado al señor Z.U., toda vez que estaba sometido a sus órdenes y éste ejercía sus controles o mando sobre todo los trabajos que realizaba OSCAR MATHIUS.

Respecto al artículo 82 del Código de Trabajo, que dispone que las personas naturales que se obliguen mediante un contrato verbal o escrito a realizar un trabajo bajo la subordinación o dependencia de otra persona, son trabajadores; sostuvo que aún cuando el señor MATHIUS prestó un servicio en condiciones de subordinación jurídica, por razón de la existencia de un contrato verbal, no se le consideró un trabajador con derecho a recibir prestaciones laborales.

Sobre el empleador, como persona que recibe la prestación de un servicio a tenor de lo dispuesto en el artículo 87 del Código Laboral, advierte que en el proceso laboral se probó debidamente que Z.U. era empleador solidario de la persona jurídica Agro-ganadera Z.U., S.A. Por tanto, el Tribunal Superior de Trabajo, debió condenar al pago de las prestaciones laborales demandadas.

Por otra parte, se refirió a la figura jurídica denominada actos simulados o fraudulentos contemplada en el artículo 92 del Código de Trabajo, sostuvo que Z.U., en su calidad de miembro de la Junta Directiva de sociedad Agro-Ganadera Z.U., S.A., era deudor solidario de esta última, razón por la cual debió condenársele al pago de la suma demandada.

Continúa refiriéndose a la interrupción de la prescripción, regulado por el artículo 83 del Código Laboral, arguyendo que ante la demanda que se presentó en contra de Z.U., en su calidad de representante de A.Z.U., debió considerarse interrumpida la prescripción y fallarse el fondo de la pretensión demandada contra dicha empresa.

Ante lo expresado, pide a la Sala que revoque la Sentencia de 29 de enero de 2009 y ordene a los empleadores el pago de las prestaciones laborales a favor de O.M.G. (fs. 1-8).

DECISIÓN DE LA SALA.

Luego de confrontar las normas que la parte actora aduce como infringidas por la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, esta Superioridad coincide plenamente con lo expresado en la Resolución de segunda instancia. A continuación, explicaremos las razones por las que no procede casar la Sentencia de 29 enero de 2009.

A través de la demanda presentada por el señor O.E.M.G., contra A.Z.U., S.A., se requirió el pago de cuatro mil quinientos noventa y dos balboas con setenta centésimos (B/. 4,592.70) en concepto de prestaciones laborales adeudadas. Esta empresa interpuso excepción de prescripción alegando el transcurso en exceso del término que contempla la Ley para reclamar sumas de dinero en concepto de prestaciones laborales.

En torno al aspecto de la prescripción, advierte este Tribunal que su interrupción por parte del trabajador se fundamenta en la demanda laboral que éste presentó contra Z.U. (persona física), para reclamar el pago de dichas prestaciones. Sobre el particular, se aseguró que el señor Z.U., por ser el representante legal de A.Z.U., S.A., era solidariamente responsable del pago adeudado a OSCAR MATHIUS.

Ahora bien, resulta oportuno mencionar, que el artículo 12 (numeral 5) establece como regla que "prescriben en un año las acciones que no tengan señalado plazo especial de prescripción". De igual manera, establece que "la prescripción corre a partir de la fecha del despido o de la terminación de la relación laboral..."

En el caso en estudio, tal como consta en el caudal probatorio, el trabajador dejó de laborar para su empleadora, en diciembre de 2006 y la demanda presentada en perjuicio de la persona natural, Z.U. fue el 21 de noviembre de 2007 y contra la empresa Agroganadera Zacarías Urriola, S.A., el 31 de marzo de 2008.

Precisado lo anterior, advertimos que el Tribunal Superior de Trabajo, ante la demanda presentada contra la persona natural -Z.U., el 21 de noviembre de 2007, no consideró interrumpido el término de la prescripción, porque la legislación laboral no determina que el representante legal debe responder en forma solidaria por las deudas de la empresa que representa.

En este sentido, observamos que las normas que regulan las obligaciones del empleador, señalan como responsables solidarios de las prestaciones que queden pendientes a favor del trabajador a los siguientes sujetos: el empleador sustituido por nuevo empleador; arrendador que realice contratos simulados o fraudulentos de arrendamiento de un establecimiento o negocio; en las empresas que reciban trabajos exclusivos de otras, la persona que de modo periódico venda o haga entrega de artículos a una persona natural carente de organización propia para que ésta los revenda; personas jurídicas creadas a través de actos simulados o fraudulentos; persona física que opera mediante una persona jurídica simulada; personas o empresas que funcionen como una unidad económica; los que realicen contratos de aparcería con propietario del predio y el aparcero; el propietario del vehículo y el concesionario; contratista y subcontratista, entre otros (Ver artículos, 14, 16, 87 a 97, 235, 246, 303 del Código Laboral).

Por razón de lo expresado, resulta palmario que al no haberse incorporado al proceso, elementos de prueba que demuestren la ocurrencia de alguna de los supuestos mencionados, no es posible colegir que Z.U. en su calidad de representante legal de A.Z.U., S.A., era deudor solidario por motivo de la relación de trabajo que existió entre esta empresa y OSCAR MATHIUS.

Consecuentemente, tampoco es viable reconocer la interrupción de la prescripción en perjuicio de A.Z.U., S.A., menos aún teniendo como base un juicio sin evidencia, consistente en que se demandó inicialmente por desconocimiento de quién era el patrono, a la persona natural -Z.U., con miras a obtener el pago de un servicio que se prestó a favor de Agroganadera Zacarías Urriola (Cfr. fs. 77 y 78 del proceso laboral).

Determinada la inexistencia de solidaridad entre Z.U. y A.Z.U., S.A., concluimos que ante el transcurso del término de prescripción contemplado en el artículo 12 del Código de Trabajo, no es posible reconocer el reclamo de las prestaciones laborales que emanaron de la relación de trabajo que se comprobó entre OSCAR MATHIUS y A.Z.U., S.A.

Las consideraciones expuestas, nos llevan a desestimar los cargos de violación endilgados a los artículos 64, 82, 87, 92 y 573 del Código de Trabajo y considerar conforme a derecho la resolución impugnada.

Por consiguiente, la Sala Tercera de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO CASA la Sentencia de 29 de enero de 2009 emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial dentro del proceso laboral promovido por O.E.M.G. contra A.Z.U., S.A.

Notifíquese Y CÚMPLASE,

WINSTON SPADAFORA FRANCO

ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- VICTOR L. BENAVIDES P.

JANINA SMALL (Secretaria)