Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Octubre de 2009

PonenteWinston Spadafora Franco
Fecha de Resolución30 de Octubre de 2009
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El Licenciado Carlos Del Cid actuando en representación de V.A.C., ha presentado recurso de casación laboral contra la resolución emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de fecha 17 de julio de 2009.

  1. ANTECEDENTES DEL CASO.

    El Licenciado Del Cid, apoderado de la señora V.A.C., presentó demanda de trabajo declaratoria de nulidad y condena en contra de CONFECCIONES BOSTON, S.A., a fin de que se declare la nulidad del mutuo acuerdo suscrito el día 31 de octubre de 2003, con el que se decide terminar la relación de trabajo existente entre las partes, además que se le condene al pago de B/.2,459.08 correspondiente a la indemnización por despido injustificado.

    El Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección, decide mediante Sentencia No.6 de 22 de enero de 2009, no acceder a la declaración de nulidad del acuerdo de terminación de la relación de trabajo suscrito entre V.A.C. y Confecciones Boston, S.A., e interpuesta por aquella por no haber probado en el proceso los hechos en los cuales fundamentó su pretensión.

    Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, al resolver la apelación incoada contra la referida sentencia, lo hace confirmándola a través de la sentencia de 17 de julio de 2009, sobre la cual interpone el apoderado judicial de la parte demandante, recurso vertical de apelación.

  2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO.

    Estima el casacionista que la sentencia recurrida ha infringido los artículos 213 Acápite C numerales 2 y 3; 215, 210 numeral 1, 225 y 8 del Código de Trabajo, por lo que solicita se case el fallo de segundo grado, en consecuencia lo revoque y se declare nulo por ser contrario a la ley el mutuo acuerdo, condenando a la empresa a pagar a la trabajadora la indemnización a que tiene derecho por despido injustificado.

    Explica el casacionista que el artículo 213 Acápite C numerales 1 y 2 del Código de Trabajo, ha sido infringido por el fallo del Tribunal Superior de manera directa por omisión -falta de aplicación-, toda vez que el mutuo acuerdo que utilizó la empresa para dar por terminada la relación de trabajo habida con la trabajadora, fue considerado como valido, pues no se demostró un vicio en el consentimiento. Esa ilegalidad en que incurrió la empresa demandada, constituyó un despido injustificado, que disfrazó mediante el mutuo acuerdo, por lo que es nulo de pleno derecho por no haberse comprobado previamente, que la relación de trabajo terminaba por causa de naturaleza económica.

    De igual forma, se considera violado de manera directa por omisión el artículo 215 del Código de Trabajo. En lo extenso del concepto de infracción, lo medular el recurrente manifiesta que la sentencia es del criterio que el acuerdo de terminación de la relación de trabajo suscrito entre las partes, fue un acto consensual sin ser afectado por vicio alguno que lo invalidara, criterio según el casacionista, es el apropiado en los litigios civiles, pero no es válido en la confrontación laboral.

    Señala además como infringido el artículo 210 numeral 1 del Código de Trabajo de manera directa por comisión, toda vez que el fallo recurrido sostiene que la trabajadora terminó la relación de trabajo por mutuo consentimiento, y no se demostró que fuera afectado por vicio de falta de consentimiento; fue consciente en su actuar al firmar el mutuo acuerdo, secundando el criterio del juzgador primario. Estos criterios son congruentes al justificar la aplicación del artículo 210, pero son contrarios a la realidad procesal que informa este caso laboral, ya que desconocieron por completo que no se trató de un simple acuerdo de terminación de una relación cualquiera de hacer o no hacer, propia del ámbito civil, sino de una relación laboral que, aún cuando fue consentida por ambas celebrantes V.A.C. Y CONFECCIONES BOSTON, S.A., estuvo sujeta, desde un principio, y por ley, a que la empleadora comprobara la justa causa que la facultaba a dar por terminada esa relación de trabajo que mantenía con la trabajadora V.A. C. durante 28 años; y nunca tomó en cuenta que por no observar la ley, violó los derechos a la trabajadora.

    Continúa señalando el demandante, que el fallo del Tribunal Superior de Trabajo infringió de manera directa por omisión el artículo 225 del Código de Trabajo, al no haberla aplicado como consecuencia de las anteriores violaciones, pues ha quedado demostrado la notoria y precaria situación económica aceptada por el apoderado de la demandada al contestar la demanda; además de la prueba testimonial que ha declarado en el acto de audiencia oral que la empresa supuestamente atravesaba por situación económica difícil, lo que lo obligaba a solicitar autorización de la Dirección General de Trabajo para liquidar a sus trabajadores, pero no cumplió con esa formalidad; sino que se valió de presión psicológica para hacerle creer a sus trabajadores que la empresa sería embargada por un banco acreedor y era mejor aceptar la liquidación por mutuo, en lugar de quedar sin nada, procedimiento que omitió lo que constituyó un despido disfrazado que en resumida cuentas, implica un despido injustificado.

    Finaliza diciendo que la sentencia infringió el artículo 8 del Código de Trabajo de manera directa por omisión, como consecuencia de las anteriores infracciones, pues apoyándose a un criterio equivocado, ignoró que dicha disposición nulifica los actos que, como el acuerdo de terminación de la relación de trabajo por mutuo acuerdo celebrado entre las partes, implicó dejación o renuncia del derecho a la indemnización que consagra el artículo 225 del Código de Trabajo, por no haber recurrido a la autoridad administrativa a probar la causa económica.

  3. DECISIÓN DE LA SALA.

    Del recurso de casación impetrado se observa que el mismo tiene su génesis en la solicitud de declaratoria de nulidad del Mutuo Acuerdo de terminación de la relación laboral suscrito entre las partes en el presente litigio laboral.

    En ese sentido, el Mutuo Acuerdo es un convenio extrajudicial suscrito entre el trabajador y el empleador que se llega antes de iniciar un proceso laboral; es decir es un acuerdo que se da fuera del proceso, de allí su denominación. Esta figura jurídica se encuentra entre una de las formas de terminar la relación de trabajo. El artículo 210 numeral 1 del Código de Trabajo se encarga de regularla y lo denomina "Mutuo Consentimiento". Son dos presupuestos legales que se requieren para que la relación de trabajo pueda finalizar por acuerdo entre las partes, 1. Que conste por escrito, y 2. Que no implique renuncia de derechos.

    A foja 6 del proceso reposa el original del mutuo consentimiento firmado por la señora V.C. y el señor L.C. actuando en nombre y en representación de la empresa. En el mismo se puede observar en su cláusula primera, que las partes desean dar por terminado la relación de trabajo que se venía dando hasta la fecha entre las partes por mutuo consentimiento; además la trabajadora declara que dicha decisión se da en forma voluntaria, previa negociación y sin ningún tipo de apremio, en fe de lo cual se firma el documento por ambas partes, cláusula cuarta.

    Respecto al detalle del pago del mutuo consentimiento, las partes acuerdan los siguientes pagos: B/.1,849.64 de prima de antigüedad; B/.56.86 de vacaciones proporcionales; B/ 69.59 3ra. Partida del XIII mes proporcional; B/ 25.46 de salarios al 31 de octubre de 2003; menos seguro social B/.11.01, menos seguro educativo B/.1.03; B/ 200.00 cl. 24 de la Convención Colectiva; B/ 1,000.95 en compensación, dando un total de B/ 3,189.51.

    El casacionista alega que el mutuo consentimiento suscrito entre las partes es nulo, dado que la empresa no obtuvo la autorización correspondiente de la autoridad administrativa de trabajo, para dar por finalizada la relación laboral por mutuo por causas económicas, por lo tanto se entiende que la relación finalizó por despido injustificado y en consecuencia le corresponde la indemnización por la suma de B/.2,459.08.

    Como se ha dicho con anterioridad, el mutuo consentimiento es una forma de terminación de la relación laboral, en el se pueden pactar perfectamente los derechos del trabajador de suerte que no quede excluido ningún de ellos. No le asiste la razón al recurrente, cuando dice que dicho documento es nulo, en el evento de que no se consagró el pago de la indemnización que tenía derecho la trabajadora.

    En ese sentido, debemos señalar que esta forma de terminación de relación laboral, no consagra la indemnización, pues la misma es consecuencia directa de un despido injustificado o bien por causa imputable al empleador, situación que no acontece en la presente encuesta laboral.

    Ahora bien el muto consentimiento puede estar viciado, siendo que la carga de la prueba de tal suceso incumbe a la parte que afirma la existencia de ese hecho como fundamento de su acción -art. 735 del Código de Trabajo-, es decir la trabajadora le corresponde probarlo ese aspecto.

    Ha quedado claro en la presente encuesta, que la trabajadora recibió a entera satisfacción la suma pactada. Sin embargo, no existe elemento probatorio alguno que nos indique vicio en la voluntad que la contraviniera.

    En ese orden de ideas, el artículo 215 del Código de Trabajo advierte que "Cuando el despido tuviese como causa una de las señaladas en el acápite c) del artículo 213, el empleador deberá probar la causa respectiva ante la autoridades administrativas de trabajo" El subrayado es nuestro.

    N., como lo ha sostenido con anterioridad esta S., que la norma comentada se refiere al despido por causas económicas, no al muto consentimiento para dar por finalizada la relación laboral. Son dos situaciones con procedimiento diferentes. No estamos en presencia de un despido por causas económicas, estamos ante la finalización de una relación de trabajo, bajo la modalidad de mutuo consentimiento, que no requiere de ninguna autorización previa para efectuarse, sólo la voluntad de las partes, que conste por escrito y que no implique renuncia de derechos.

    Si la empresa hubiese decidido despedir a sus trabajadores por motivos económicos, entonces debería obtener de la autoridad administrativa de trabajo la autorización previa para proceder a despedirlos, en cuyo caso deberá proceder con lo que establece el artículo 213-C, 216, 217 del Código de Trabajo.

    Reafirmamos que no existe prueba que evidencie presión e intimidación para suscribir el mutuo consentimiento, quedando descartado que la señora V.A.C., haya firmado el documento por medio del cual se pone fin a la relación de trabajo habida con la empresa CONFECCIONES BOSTON, S.A., como consecuencia de engaños, presiones e intimidaciones con respecto a la situación financiera de la empresa.

    Además no existe evidencia probatoria de que el mutuo acuerdo implique renuncia de derechos, por lo que consideramos que no hubo despido injustificado que produzca el pago de una indemnización conforme el artículo 225 del Código de Trabajo.

    Expuesto lo anterior, lo que en derecho corresponde es negar el recurso de casación interpuesto por el licenciado C.D.C..

    En consecuencia, la Sala Tercera Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 17 de julio de 2009 expedida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral V.A.C. vs CONFECCIONES BOSTON, S.A.

    Notifíquese.

    WINSTON SPADAFORA FRANCO

    HIPÓLITO GILL SUAZO -- VICTOR L. BENAVIDES P.

    JANINA SMALL (Secretaria)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR