Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Septiembre de 2004

Ponente:Hipólito Gill Suazo
Fecha de Resolución:29 de Septiembre de 2004
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El licenciado A.P., actuando en representación de la señora MARSELLA BARRIOS DE S., ha recurrido en casación laboral contra la Sentencia de 5 de marzo de 2004, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial dentro del proceso laboral instaurado por M.B. en contra de la EDITORA PANAMÁ AMÉRICA, S.A. y solicita que en consecuencia se le condene a pagar a la empresa la suma de veinticinco mil setenta balboas con cuarenta centésimos (B/.25,070.540).

Por razones de economía procesal y para mantener la unidad de causa en los Recursos de Casación interpuestos que se fundamentan en los mismos hechos, se ha acumulado al presente, de conformidad con los artículos 636 y 638 del Código de Trabajo, el recurso de casación interpuesto contra la misma sentencia por la firma ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA, en representación de EDITORA PANAMÁ AMÉRICA S.A., mediante el cual solicita que se revoque parcialmente la sentencia mencionada y que en su lugar se absuelva a la empresa de pagar parte las prestaciones que reclama la parte demandante del proceso laboral.

ANTECEDENTES DEL RECURSO

La señora M.B. de S., demandó ante el Juzgado de Trabajo de la Cuarta Sección, Coclé, el pago por parte de la sociedad Editora Panamá América S.A. (EPASA), de las siguientes prestaciones laborales: prima de antigüedad, decimotercer mes, vacaciones vencidas, recargos legales e intereses y las correspondientes costas y gastos del proceso. (fs.3-6 del expediente laboral)

Por su parte, la Editora Panamá América S.A. (EPASA), a través de su apoderado legal, contesta la demanda solicitando, en primer lugar, que se declare prescrita en su totalidad la acción promovida, y en segundo lugar, niega la existencia de una relación de trabajo con la demandante y contra sus descargos en que la señora M.B. actuaba como agente de comercio mayorista revendedora, prestando un servicio no subordinado y sin dependencia económica.

Cumplidos los trámites procesales de la primera instancia, el Juzgado de Trabajo de la Cuarta Sección, Coclé, mediante Sentencia No.20/03 de 29 de septiembre de 2003, declaró no probada la excepción de prescripción alegada y absuelve a Editora Panamá América S.A. (EPASA) de la obligación de pagar la suma de veinticinco mil setenta balboas con cuarenta centésimos (B/.25,070.40), en concepto de las reclamaciones laborales promovidas por la señora B. de S..

Al ser apelada la Sentencia por el apoderado judicial de la señora B., el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, en Sentencia de 5 de marzo de 2004 modifica en parte la Sentencia del A-Quo, y declara la existencia de la relación de trabajo en el periodo comprendido del 12 de noviembre de 1990 al 31 de diciembre de 1994, y condena a EDITORA PANAMÁ AMÉRICA S.A. a pagar la cantidad de B/1,804.68 en concepto de vacaciones y decimotercer mes, confirmando todo lo demás.

Entre las consideraciones presentadas por el Tribunal Superior de Trabajo, observemos las siguientes:

"... y definitivamente que la actividad realizada por la trabajadora era el medio principal de sostenimiento ya que no se demuestra en el expediente que fuese otro. La demandante es una persona natural, carente de organización propia y la actividad a la que se dedicaba constituía su principal medio de sustento. En estas circunstancias es de justicia reconocer la existencia de la relación de trabajado durante el tiempo, que va desde el inicio del vínculo laboral (12 de noviembre de 1990) hasta la fecha en que entró a regir las reformas introducida por la Ley 44 de 1995".

No obstante, examinando las constancias procesales esta Superioridad observa que a partir del 1 de enero de 1995, la trabajadora prestó sus servicios también a la empresa GEO MEDIA, S.A., productora y distribuidora de el (sic) Diario El Siglo (fojas 56). Esta prueba demuestra que a la actividad a la que se dedicaba la Trabajadora a partir de este instante no era su único sustento para tenga (sic) aplicación al contenido del artículo 91 del Código de Trabajo. Por tanto, la fecha de terminación será el día 31 de diciembre de 1994, es decir antes de que prestara el servicio también a GE·OMEDIA S.A.

"En conclusión, se ha acreditado la prestación de servicio de la trabajadora amparada por el Código de Trabajo, desde el día 12 de noviembre de 2001 hasta el 31 de diciembre de 1994 y no se ha desvirtuado por parte del demandante la presunción que se origina a favor de la trabajadora de la existencia de la relación de trabajo, ya que sus servicios se encuentran recogidos dentro del contenido del artículo 91 del Código de Trabajo" (fojas 319 y 320 del expediente laboral).

Ante la decisión del Tribunal Superior, la señora M.B. de S. y la empresa Editora Panamá América S.A, a través de sus respectivos procuradores judiciales, recurren ante este Tribunal de Casación Laboral, solicitando que se case la sentencia de segunda instancia.

FUNDAMENTOS OPOSICIONES DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

  1. Fundamentos del Trabajador:

    El apoderado judicial de la Señora Barrios de S. afirma que fue violado el artículo 91 del Código de Trabajo, toda vez que el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito, al proferir la sentencia de segunda instancia, se basa en la inexistencia de horario de trabajo, aún cuando en el proceso se demuestra que sí existía un horario de trabajo y que la trabajadora no laboraba para dos empresas al mismo tiempo.

    Agrega que, en materia del Derecho del Trabajo prevalece el Principio de Primacía de la Realidad, el cual dicta que no importa lo que se establece en un contrato sino lo que se haga realmente en la práctica, y en atención a esto, su poderdante simplemente firmó un contrato para que su hijo se encargara de la venta de periódicos de la empresa GEO MEDIA, S.A.. En consecuencia, se cumple con los requisitos del artículo 91 ibídem, aunado a que en el expediente no existían pruebas que demuestren que la poderdante percibía algún pago quincenal o mensual de la empresa GEOMEDIA, S.A., ya que laboró exclusivamente para EPASA.

    También estima el casacionista que la sentencia recurrida, viola el artículo 242 del Código de Trabajo, ya que el Tribunal Superior de Trabajo debió considerar que la relación laboral se dio por más de 15 años, al no laborar su representada para dos empresas al mismo tiempo, y en atención a este reconocimiento, condenar también por el periodo restante, sobre la base de los salarios que se lograron probar, superiores a B/.216.32, por lo que en conclusión, se transgrede también el artículo 140 del Código de Trabajo.

    Oposición de la empresa:

    A estos cargos de violación, la empresa EDITORA PANAMA AMÉRICA S.A., por medio de sus apoderados legales se opone señalando lo siguiente:

    Con respecto a la alegada violación al artículo 91, manifiestan que el cargo presentado es confuso y no se encuentra debidamente explicado, por lo que en atención a jurisprudencia ya establecida por la Sala, debe desestimarse. Agregan que quedó ampliamente acreditado en el proceso, que la distribución de los periódicos no se efectúo conforme con determinadas rutas, horarios, normas o dirección, como tampoco se derivó de dicha actividad el medio principal de sostenimiento.

    Igualmente se desprende de declaraciones de testigos (fojas 53-55 y 88-90) que la demandante tenía una organización propia, a saber, tenía sus propias oficinas, contaba con los canillitas quienes se encargaban de la venta de periódicos en diferentes lugares y a quienes les pagaba por los servicios brindados, tenía puestos o locales en diferentes comunidades en la provincia de Coclé, en donde vendían los periódicos. También ha quedado acreditado que la demandante promovía la venta de productos impresos para otras empresas, entre ellas GEO MEDIA S.A., distribuidora del diario El Siglo y que junto con sus hijos eran mayoristas revendedores que contaban con una organización propia y compraban a crédito material impreso editados en diferentes empresas.

    Se opone la empresa a los cargos de violación contra los artículos 242 y 140 del Código de Trabajo, afirmando que la infracción no se encuentra debidamente explicada en el recurso por lo que según la jurisprudencia ya establecida, debe desestimarse y "no es permisible señalar la transgresión de varias disposiciones a la vez, con la sustentación conjunta del concepto en que lo han sido".

    Reitera que quedó ampliamente acreditado en el proceso que la demandante era una mayorista promotora de las ventas de los periódicos de la demandada y de otras empresas, que no se encontraba sujeta a horarios ni a registros de asistencia.

  2. Fundamentos de la empresa

    Los procuradores judiciales de la empresa manifiestan que la sentencia proferida por Tribunal Superior de Trabajo viola los artículos 62, 64, 65, 735, y 91 del Código de Trabajo.

    Consideran que la sentencia impugnada viola de manera directa por omisión el artículo 62 citado, porque esta norma define los elementos esenciales de un contrato de trabajo o relación de trabajo y la dependencia económica o la subordinación jurídica no se dieron en el presente caso, por lo que no existió frente a la empresa demandada, contrato o relación de trabajo. Afirman que de haberse aplicado esta norma se hubiese llegado a la conclusión de que entre la empresa demandada y la demandante no se dieron los elementos primordiales para configurar la relación de trabajo.

    En este mismo sentido señalan que, el Tribunal Superior de Trabajo al desconocer lo dispuesto sobre la subordinación jurídica por el artículo 64 del Código de Trabajo, viola en forma directa por omisión este artículo. Esto es así, toda vez que aunque se reconoce que la demandante no estaba sujeta a horarios como tampoco tenía registro de asistencia, se termina concluyendo que se acreditó la prestación de servicios de la trabajadora amparada por el Código de Trabajo desde el día 12 de noviembre de 1990 hasta el día 31 de diciembre de 1994, sin tomar en cuenta que no se dio la subordinación jurídica durante la relación comercial entre las partes.

    En cuanto a la dependencia económica definida en el artículo 65 del cuerpo legal que nos ocupa, segunda condición que se exige para la configuración de un contrato de trabajo, los apoderados de la empresa señalan que la Sentencia viola dicha disposición, en forma directa por omisión, al declarar que la actividad realizada por la demandante era su medio principal de sostenimiento, en vista de que en el expediente no se demuestra que fuera otro, y que bajo esas circunstancias es de justicia reconocer la existencia de la relación de trabajo por un periodo determinado.

    Manifiestan que la infracción del artículo 735 tiene lugar en forma directa por omisión, porque correspondiéndole al demandante la carga de la prueba, ésta no aportó las pruebas que demostraran de manera fehaciente e indubitable, que entre ésta y la demandada existía una relación laboral, en condiciones de dependencia económica y subordinación jurídica, durante el período en que existió la relación comercial, incluyéndose el período que va del 12 de noviembre de 1990 al 31 de diciembre de 1994. Nunca probó que durante el periodo de su relación comercial con la demandada, recibió instrucciones, o recibió órdenes expresas en lo que se refería a la ejecución de su trabajo, como tampoco demostró que existió o se produjo una presencia de la demandada en la dirección de trabajo, para que pudiera la demandante considerar la subordinación frente a la demandada. Tampoco probó que tenía fijados horarios de trabajo ni registros de asistencia ni recibió un salario por la prestación de servicios ni que las comisiones que recibía por venta constituían su única fuente de ingreso.

    Finalmente argumentan que la sentencia en cuestión viola en concepto de aplicación indebida el artículo 91 del Código de Trabajo, puesto que se condena a la empresa demandada a pagar a la demandante sumas en concepto de vacaciones y decimotercer mes por el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 1990 al 31 de diciembre de 1994, señalando que durante ese periodo existió relación laboral entre las partes, aplicando lo dispuesto en este artículo. La infracción se da porque se ha aplicado este artículo a una situación que no cuadra con el supuesto previsto en dicha norma, ya que en la relación mercantil existente entre las partes, a saber, la distribución de periódicos, no se efectúo conforme con determinadas rutas, horarios, normas o dirección, como tampoco se derivó de dicha actividad el medio principal de sostenimiento, tal como lo reconoce el juez de primera instancia.

    Oposición del trabajador

    Ante los cargos de violación de los artículos 62, 64 y 65 del Código de Trabajo, endilgados por la empresa demandada, la señora M.P., a través de su apoderado judicial se opone manifestando que dichas normas no fueron aplicadas en la sentencia recurrida, toda vez que el reconocimiento de la relación de trabajo tiene como fundamento el artículo 91 de la mencionada excerta legal, por consiguiente no pueden ser objeto de violación.

    Con respecto a los cargos de infracción contra el artículo 735, señala que se opone a los mismos, porque no se puede considerar como violada, por cuanto que, ante la negación de la empresa de la relación de trabajo, le corresponde a ella comprobar los hechos en que se fundamenta su oposición, reconocida por la Sentencia impugnada. No obstante, su representada a demostrado que vendía y distribuía sus productos impresos en determinados sitios de venta, ubicados dentro de los Distritos de Penonomé, A. y la Pintada, específicamente en los Mercados Públicos, supermercados y tiendas de abarrotería situados dentro de rutas establecidas para la venta de dichos productos.

    Agrega que de igual manera se ha comprobado plenamente, que el horario de trabajo ofrecido por la demandante y recibido por la demandada, se desarrollaba a partir de las 4:30 A.M., tiempo en que recibía los periódicos enviados por la demandada, hasta las dos de la tarde (2:00P.M.), tiempo de entrega del dinero de las ventas realizadas todos los días continuos de servicios prestados. En el evento en que no se entregara el balance entre los periódicos remitidos por la demandada y recibidos por la demandante, ésta tenia que responder por su perdida material o económica.

    También el hecho de que el sostén económico de la demandante dependía exclusivamente de las comisiones que la demandada le pagaba por la venta y distribución de sus productos impresos, quedó comprobado fehacientemente, mediante el estudio económico realizado por la señora auditora al servicio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

    Por último, en oposición a los cargos de violación del artículo 91 del Código de Trabajo, argumentan que no ha sido infringido, ya que efectivamente la mencionada resolución no hace más que confirmar la condición de empleadora que tiene la demandada frente a la demandante, pues se han reconocido y aceptado los hechos que configuran esa condición.

    DECISIÓN DE LA SALA

    Luego de un análisis exhaustivo de los recursos de casación presentado, así como del material probatorio que consta en el expediente, la Sala entrará a analizar las violaciones que se le endilgan a la Sentencia de 5 de marzo de 2004, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial.

    Respecto a la transgresión aducida por el apoderado judicial de la señora Marsella de S., contra el artículo 140 del Código de Trabajo, fue sustentada en conjunto con el concepto de la violación alegada contra el artículo 242 del mismo cuerpo legal, por lo que esta Superioridad, se abstendrá de pronunciarse sobre estos. En reiteradas ocasiones, esta Corporación ha señalado que las normas laborales se caracterizan por su especialidad particular lo que dificulta el estudio simultáneo de ellas para ser aplicados a casos concretos, por lo que no es permisible señalar la transgresión de varias disposiciones a la vez, con la sustentación conjunta del concepto en que han sido violadas.

    La Sala pasa a examinar lo atinente a la infracción del artículo 91 del Código de Trabajo, ya que de su existencia depende que se haya producido o no las infracciones aducidas en el recurso de casación contra los artículos 62, 64 y 65 del citado cuerpo legal, toda vez que es por medio de lo dispuesto en el artículo 91 que el Tribunal Superior de Trabajo, reconoce la existencia de la relación laboral entre la demandante y la demandada, por el período comprendido entre el inicio de la relación de la demandante con EPASA, 12 de noviembre de 1990, hasta el inicio de la relación comercial con el GRUPO MEDIA S.A., 31 de diciembre de 1990.

    El tenor del artículo 91 es el siguiente:

    "Artículo 91: Se considera también como empleador a la persona que de modo periódico venda o en cualquier forma entregue artículos, materiales, efectos, o cualquier clase de bienes, a una persona natural carente de organización propia, encargándose ésta última de revenderlos o distribuirlos, siempre que la reventa o distribución se realice conforme a determinadas rutas, horarios, normas o dirección, o que se derive de dicha actividad el medio principal de sostenimiento."

    Del artículo anterior se desprende que para que se constituya una persona en trabajador debe prestar el servicio bajo las condiciones planteadas; debe concurrir como condición principal que el servicio de la reventa o distribución lo preste una persona natural carente de organización propia y como condición complementaria deben ocurrir cualquiera de los dos siguientes supuestos: que la reventa o distribución se realice conforme a determinadas rutas, horarios, normas o dirección, o que se derive de dicha actividad el medio principal de sostenimiento.

    Luego de realizar el analizar las pruebas presentes en el expediente del proceso laboral, coincidimos con la afirmación que el Segundo Tribunal hace en cuanto a que "las pruebas demuestran que la demandante no estaba sujeta a horario de trabajo al igual que tampoco tenía registro de asistencia", por lo tanto la relación de trabajo no se puede reconocer bajo el primero de los supuestos complementarios.

    No obstante, el Tribunal de Segunda Instancia, señala que la señora Marsella de S., por el periodo mencionado, se enmarca dentro de la condición de una persona natural carente de organización propia y que la actividad que realizaba era su principal medio de sustento, por lo que considera que es de justicia reconocer la relación de trabajo por ese periodo.

    Sin embargo, esta Sala observa en las piezas presentes en el proceso, que la Señora Marsella no carecía de organización propia, toda vez que contaba con oficinas propias, contaba con canillitas que laboraban para ella en la reventa de periódicos, contaba con puestos de ventas de periódicos en diferentes comunidades de la Provincia de Coclé, tenía organizada las rutas y la forma de distribución a los diferentes canillitas, así como el sistema de cobro y devoluciones de los mismos. Toda esta organización corría por cuenta de la Señora Marsella, no por parte de la empresa EPASA; eso es de alguna manera corroborado por las declaraciones de los testigos aportados por la parte demandante:

    En la declaración de la señora V.A., (visible de foja 53 a 55 del expediente), quien manifestó ser empleada doméstica de la señora Marsella de S., laborar con ella desde 1992 y que entre sus funciones como doméstica se encontraban "...que la acompañara, cuando salían alas reuniones a Panamá, que la ayudara a contar devoluciones cuando eran bastantes."

    Cuando se le preguntó cuáles eran las funciones de la señora Marsella, refiere que "...me constan por que yo misma la acompañaba a la señora Marsella a la devolución de periódicos al Mercado de Penonomé desde las cuatro de la mañana nos íbamos, porque ella misma se encargaba de repartirle los periódicos a los canillistas en los diferentes lugares, de ahí ella distribuía los periódicos en los buses para las comunidades donde ella tenía puestos y de ahí como ella tenía su oficina para el mediodía ella esperaba para cobrar todos los días, ella cobraba y a veces trabajaba hasta las cuatro de la tarde cobrando a los canillistas porque a veces todos no les llegaban iguales según las ventas, y en la noche ella se ponía a revisar y contar las devoluciones para ver si eso estaba bien ese era su trabajo todos los días y también yo la acompañaba a las reuniones a Panamá cuando la citaban a Panamá y (sic) íbamos a la Crítica a las reuniones en Panamá yo la acompañaba a ella, ella siempre fue responsable con su trabajo"

    Cuando se le pregunta como se le pagaba a los canillistas contesta que: "Ella los pagaba de ahí mismo de la venta de los periódicos a según ellos vendían así mismo pagaban."

    Sobre qué con los periódicos que no podía vender, señala que: "Ella tenía que contarlos y devolverlos a la empresa nuevamente" (el subrayado es nuestro).

    En el testimonio que rindió el señor G.J. (visible de foja 88 a 90 del expediente del proceso), quien señala ser vendedor de periódico de la señora Marsella en puesto de venta afuera del Mercado de Antón, y celador en el mercado, cuando se le pregunta si conoce a la sra. Marsella de S. y a la empresa:"...conozco a la señora MARSELLA DE S. porque ella era la persona que nos distribuía los periódicos a nosotros en el area (sic) de Ancón, a la empresa la conozco porque le vendía el diario PANAMA AMERICA, tengo diez años de que les vendía periódicos a ellos" .

    Agrega en sus declaraciones que, "...ella era las que nos cobraba el producto de la venta de los periódicos que se vendían a EDITORA PANAMÁ AMÉRICA, S.A.". Al preguntarle como hacía la señora Marsella de S. para cobrar la venta de los periódicos, responde que: "Ella primero en la mañana chequeaba los periódicos con nosotros la cantidad que nos mandaban y en la tarde si ella podía regresaba a cobrar y si ella no podía yo se lo llevaba a la oficina."

    En la pregunta sobre que personas se encargaban de verificar el cobro de la venta de periódicos de esa empresa, expresa que: "La persona encargada de verificarme los pagos era la señora MARSELLA DE SÁNCHEZ"; "La señora MARSELLA DE SÁNCHEZ ella nos pagaba de la venta de los periódicos sea un porcentaje de la venta de los periódicos"( el subrayado es nuestro).

    En la declaración de J.L.S.B. (Visible de fojas 93 a 97 del expediente del proceso), quien es hijo de la señora Marsella de S., encontramos que manifiesta cuando se le cuestiona sobre la cantidad de puestos de venta que tenía la señora Marsella de S., que: "Bueno podría tener alrededor de 30 a 40 puestos, pero más que todo esa pregunta puede contestarla más exactamente tendía que preguntárselo a ella porque era ella la que manejaba sus puestos."(el subrayado es nuestro).

    A esto se agrega la realización de una diligencia de inspección ocular al en la Oficina que utilizaba la señora MARSELLA BARRIOS SÁNCHEZ para distribuir los periódicos. Visible de foja 129 a132, lo cual corrobora la existencia de la misma, a pesar de encontrarse cerrada el día de la diligencia.

    Así las cosas, aunque durante el período comprendido entre el 12 de noviembre de 1990 al 31 de diciembre de 1994, la señora Marsella se sustentaba económicamente de su relación con la empresa EPASA, los hechos demuestran que no se enmarca en el supuesto establecido en el artículo 91 del Código de Trabajo, sino que prestaba sus servicios como mayorista revendedora, es decir, tenía una relación con la empresa de tipo comercial.

    Frente a este escenario jurídico, la Sala arriba a la conclusión de que no existía relación de trabajo entre la demandante y la demandada, por el período comprendido entre el 12 de noviembre de 1990 y el 31 de diciembre de 1994, por lo tanto la sentencia recurrida ha infringido el artículo 91 del Código de Trabajo.

    En cuanto al resto de los cargos, esta Corporación considera que no es necesario entrar a examinar los mismos dado que dependían del cargo anterior.

    Respecto a la existencia de una relación de trabajo, aducido por la parte demandante por el período restante, posterior al 12 de diciembre de 1994, esta Corporación, debe hacer énfasis en que tal como lo anotaron los autores del Código de Trabajo, el Tribunal de Casación no constituye una tercera instancia y pareciera que la parte demandante lo que pretende es que se realice una nueva apreciación y valoración probatoria de los elementos aportados al proceso laboral, utilizándose el recurso de casación como una tercera instancia en el proceso, lo cual resulta inadmisible.

    En atención a lo anterior, este Tribunal de casación, abriga la opinión de que está plenamente demostrado que la Señora M.S., tampoco era trabajadora de la empresa EPASA, después de 1994, por lo que no le asiste el derecho a reclamar prestaciones laborales.

    Por tanto, la Sala Tercera de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la Sentencia del 5 de marzo del 2004, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso común promovido por M.B. de S. contra la Editora Panamá América S.A. (EPASA), para el reclamo de prestaciones laborales, en el sentido de que DECLARA que no existe relación de trabajo en el período comprendido del 12 de noviembre de 1990 al 31 de diciembre de 1994, por lo que se ABSUELVE a Editora Panamá América, S.A., de cualquier pago, y se CONFIRMA en todo lo demás.

    NOTIFÍQUESE.

    HIPÓLITO GILL SUAZO

    ARTURO HOYOS -- WINSTON SPADAFORA FRANCO

    JANINA SMALL (Secretaria)