Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Junio de 2019

PonenteHarry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución 7 de Junio de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Segunda de lo Penal

Ponente: Harry Alberto Díaz González

Fecha: 07 de Junio de 2019

Materia: Casación penal

Expediente: 276-17C

VISTOS:

Cumplidas las etapas de admisión y celebrada la audiencia oral y pública; corresponde a la S. dictar Sentencia dentro del recurso de casación en el fondo promovido por el licenciado C.E.C.G., abogado defensor de la señora L.M.Á.M., contra la Sentencia de Segunda Instancia N.° 88 de 25 de mayo de 2015, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual previa reforma de la Sentencia Mixta N.° 7 de 23 de diciembre de 2014, dictada por el Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial, se condenó a la procesada a la pena de Cuatro (4) años y Seis (6) meses de prisión como cómplice primario del delito de Uso de Documento Público Falso, a sabiendas de su falsedad.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

Sobre este apartado, licenciado C.G. señaló lo siguiente:

"El 9 de noviembre de 2009 es presentada denuncia por H.O.B., actuando en Representación del Presidente de la Asamblea Nacional, ante la Fiscalía Auxiliar por la sustracción de 45 cheques expedidos por la institución (fs. 2 a 5)

A la investigación fue relacionada la señora L.A. y se le formularon cargos po el delito contra la Fe Pública, mediante Resolución de 24 de junio de 2010 emitida por la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación. (FS. 1985-1995) toda vez que nuestra mandante como Gerente del Banco Nacional de Panamá de Albrook, fue la encargada de autorizar el cambio de los cheques cuyo segundo endoso fue firmado por parte de un funcionario de la Asamblea Nacional en su presencia, además de ser conocido en el Banco Nacional como funcionario de la Asamblea Nacional.

El juzgado Decimoquinto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá mediante Sentencia Mixta N° 7 de 23 de diciembre de 2014 absolvió a nuestra mandante (fs. 6522 a 6549), toda vez que consideró que la misma no había participado en la falsedad material ni tenía conocimiento de los hechos, decisión que fue apelada por el Agente del Ministerio Público, y reformada , mediante la Sentencia de Segunda Instancia N° 88 de 25 de mayo de 2015 proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá (fs. 6596 a 6632), la cual condenó a nuestra mandante por el Delito Contra la Fe Pública, en su modalidad de uso de documento falso a sabiendas de su falsedad.

En contra de esta Sentencia va dirigido el presente recurso de Casación en el Fondo." (fs. 6705-6706)

CAUSALES INVOCADAS

El mecanismo extraordinario de impugnación es sustentado en dos (2) causales de fondo, las cuales enunciaremos de manera separada.

La primera causal corresponde al supuesto "error de hecho en la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo e implica infracción de la ley sustancial penal", establecida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.

Esta causal se apoya en un solo motivo:

Único motivo expone el recurrente que el Tribunal Ad-Quem omitió la valoración de la declaración indagatoria de la señora D.C. de D. (fs. 3558-3565) y la Diligencia de Careo practicada entre D.C. de D. y la señora L.M.Á.M. (fs. 3607-3612), ya que a criterio del casacionista ambas pruebas demuestras que las precitadas fueron sorprendidas en su buena fe, ya que como funcionarias del Banco Nacional de Panamá desconocían sobre el hurto y falsedad de los cheques, indicando a su vez que su patrocinada no recibió beneficio alguno de estos actos.

Aunado a lo anterior, manifiesta que la señora Á.M. actuó conforme a las políticas bancarias, toda vez, que confirmó la identidad del funcionario de la Asamblea Nacional que endosó los cheques ante el Banco Nacional.

Como normas infringidas cita el artículo 780 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión; y los artículos 44 y 369 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación.

La segunda causalcorresponde al supuesto "error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo e implica infracción de la ley sustancial penal", consignada en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.

En el primer motivo expone el recurrente que Segundo Tribunal Superior cometió error de derecho al valorar la declaración jurada de Felicidad De Obaldia (fs. 158-162) y las declaraciones indagatorias de J.A.R.R. (fs.232-242) y L.M.Á.M. (Fs.3, 581-3,582), quienes no mencionan a la sindicada dentro de la participación de los actos delictivos, aduciendo a su vez que la misma actuó conforme a las políticas bancarias.

Como segundo motivo aduce que el Tribunal Superior no valoró correctamente el Informe Pericial No. DOC-4676-10 (fs. 5244-5246), el cual exonera a su mandante, ya que dicho informe señala que quienes son los autores de las firmas falsificadas (endoso 1 - Felicidad De Obaldia) y del funcionario público de la Asamblea Nacional quien personalmente firmó como beneficiario final (endoso 2 - J.R.) ante el Banco Nacional.

Finalmente en el Tercer Motivo se refiere a la valoración del Informe de Auditoria Especial Núm. 30-001-2011/DINAG-DESAAG (fs. 5551 a 6203), que señala que nuestra mandante debía verificar ambas cédulas, sin embargo, el mismo acredita que el actuar de L.M.Á.M. no guarda relación con el tipo penal por el que fue condenada.

Como disposiciones legales infringidas cita los artículos 917 y 966 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión, y los artículos 44 y 369 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación.

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante Vista N° 321 de 16 de marzo de 2018, el Ministerio Público recomendó no se case la Sentencia de Segunda Instancia N.° 88 de 25 de mayo de 2015, en virtud que en el expediente constan declaraciones indagatorias y testimonios, pruebas periciales, informes e indicios que valorados en conjunto con el material probatorio incorporado en la investigación no deja lugar a dudas la convicción de culpabilidad de la procesada frente al delito de Uso de Documento Público Falso, a sabiendas de su falsedad.

DECISIÓN DE LA SALA

El mecanismo extraordinario de impugnación se sustenta en dos causales de fondo, las cuales procederemos a examinar.

  1. PRIMERA CAUSAL INVOCADA

Antes de iniciar el análisis, cabe advertir que reiterada jurisprudencia de esta S. ha sostenido que el error de hecho en la existencia de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal, se configura 1. Cuando el Tribunal ignora la presencia material de una prueba en el proceso; 2. Cuando afirma que determinada prueba aparece materialmente en el expediente siendo que ella no consta en el proceso o; 3. Cuando determinado elemento probatorio es distorsionado por el Tribunal haciéndole valorar de forma limitada o en demasía lo que realmente se desprende dicho elemento probatorio.

ÚNICO MOTIVO QUE SUSENTA LA CAUSAL

Según el recurrente, la omisión de no valorar la declaración de D.C. de D. (fs. 3558-3565) y la Diligencia de Careo practicada entre esta y la señora L.M.Á.M. (fs. 3607-3612), sesgó al Tribunal Superior de poder inferir que las mismas actuaron en su buena fe, ya que como funcionarias del Banco Nacional de Panamá desconocían sobre el hurto y falsedad de los cheques.

Preliminarmente, debemos observar que este motivo intenta demostrar que la procesada fue sorprendida en su buena fe al no tener conocimiento del hurto de los cheques de la Asamblea Nacional, y que la misma procedió conforme a las políticas bancarias para el cambio de dichos cheques en la sucursal del Banco Nacional de Albrook que regentaba, no siendo entonces culpable del delito que se le indilga, es por ello que se hace necesario analizar las pruebas señaladas en este motivo en conjunto con otras piezas de conocimiento incorporadas al expediente penal.

Ahora bien, del estudio de la declaración indagatoria reprochada de la señora D.C. de D. se infiere que la misma conocía al señor J.A.R.R. desde el año 2000 cuando este fue a abrir una cuenta para una ONG, indicando que el señor R.R. fue a la sucursal del Banco Nacional de la Terminal a cambiar los cheques en el mes de noviembre de 2009, sin embargo dichos cheques no venían a nombre de él, por lo cual le saco copia a la cédula del señor J.A.R.R. para cubrirse, al serle preguntada por quien era la persona que autorizaba el cambio de cheques con segundo endoso, que no tuvieran autorización de sus beneficiarios y que no trajeran la respectiva cédula de identidad del dueño o beneficiario del cheque, respondió "S.F., eso era a discreción de los oficiales de plataforma", cuando se le pregunto si era una práctica permitida por el banco respondió: "S.F., era a discreción de nosotros.".

En ese mismo sentido, indicó que recibió una llamada de la señora L.M.Á.M.G. de la sucursal en donde se le decía que procediera a ponerle el visto bueno a los cheques para su cambio. (f.3561)

Al examinar la Declaración Indagatoria rendida por la señora L.M.Á.M., observamos lo siguiente:

"...

PREGUNTADA: En líneas anteriores usted señaló que verificó que los cheques que le llevó J.R., estaban firmados por sus beneficiarios, diga usted, ¿Cómo verificó esto? CONTESTO: S.F., yo verifique que el nombre de la persona que decía adelante fuera la de atrás, que fuera el mismo nombre de la firma. PREGUNTADA: En su experiencia como funcionaria de un Banco. ¿todas las personas firman o hacen sus firmas igual que como se escribe su nombre? CONTESTO: S.F., no necesariamente. PREGUNTADA: Diga la imputada, ¿el señor J.R., le presentó a usted las cedulas (sic) de los beneficiarios o alguna carta de autorización para que él pudiera cambiar los cheques? CONTESTO: S.F., no la presentó ya que él me dijo que como era de una planilla de un legislador, no iba a traer todas las cedulas (sic) y que todos habían firmado...

..PREGUNTADA: Diga la imputada, ¿recuerda usted haber dado instrucciones a D.M.C.D.D., para que esta pusiera visto bueno en los cheques a fin de que J.R. ROCK pudiera cambiarlos el día seis (6) de noviembre de 2009? CONTESTO: S.F., no. En ningún momento. Ella como supervisora tenía firma y potestad para poner Visto Bueno. Ella no tenía que pedirle autorización a nadie para firmar cheques...." (Fs.3, 581-3,582) (El subrayado es nuestro)

En cuanto a la Diligencia de practicada entre D.C. de D. y L.M.Á.M., se desprende que la señora Á.M. manifiesta ni siquiera haber atendido al señor J.A.R.R., enviándolo directamente al área de plataforma del banco para ser atendido por la señora C. de D., sin realizar ningún tipo de confirmación o comunicación efectiva por parte de las dos; en contraposición a esto señala D.C. de D. mantenerse en su postura de que el cliente (J.A.R.R., vino a decirle que le pusieran el visto bueno, por lo que ella le hico señas a la gerente L.M.Á.M. pero "como que ella estaba ocupada en el teléfono no la pude llamar. Yo lo que hice fue jamaquearle los cheques y ella me hizo una seña afirmativa que sí."

Del examen de las piezas procesales antes citadas, podemos palpar fehacientemente ciertas contradicciones entre ambas ex - funcionarias del Banco Nacional, en el sentido de que ninguna afirma ver como correcto el procedimiento utilizado para la aprobación del cambio de los cheques, contradiciéndose a su vez sobre la supuesta autorización para el visto bueno de los cheques, todo lo cual en nada demuestra un actuar de buena fe, sino una falta total de observancia al procedimiento requerido para la aprobación del cambio de cheques con doble endoso; de igual forma debemos recordarle al letrado C.G. que su representada no está siendo procesada por el hurto de los cheques sino como cómplice primaria del delito de Uso de Documento Público Falso, a sabiendas de su falsedad, al prestar colaboración con el sindicado J.A.R.R..

Dentro de este contexto, vemos que el señor J.A.R.R., en su declaración indagatoria manifestó lo siguiente:

"...

CONTESTO: La señora FELICIDAD DE OBALDIA, cuando yo me apersonó al Departamento de Correspondencia el día 2 de noviembre del presente año, ella me dice a mí que si yo conocía alguien que podía cambiar uno cheques de la planilla del diputado ADAMES, y yo le comenté que esos cheques de que son y ella me dijo que esos eran de la planilla, de los contratos que estaban saliendo y yo le pregunte que si esos cheques estaban autorizados para cambiarlos por las personas dueños de esos cheques y ella me contesto que sí, que el señor J.D.D., le había dicho que sí, en vista de eso yo llame a mi amiga de muchos años y le pedí el favor y a la vez le dije que eso era de un Diputado, y ella me dijo que si eso no iba a tener problema y yo le dije que no porque era cierta que la planilla de los Diputados de Contratos estaba saliendo, en vista de eso que la note a ella un poco insegura, independientemente que yo la conozca a ella más de 15 años, porque ella trabaja en el Banco Nacional de calle 17 de muchos años atrás.... es por ello que existe la confianza de DALYS ACOSTA." (El resaltado es nuestro)

Por lo declarado por el señor R.R. debemos proceder a reproducir necesariamente los aspectos medulares de la declaración jurada de la señora Felicidad De León De Obaldía:

"...

...se presenta ante mí el señor J. de D.H. pidiéndome un favor, en donde me pregunta si yo conocía alguna persona que pudiera cambiar unos cheques que se encontraban firmados por sus propios beneficiarios, por lo que no debía de haber problema alguno en sus cambios. Mi respuesta a J. de D. fue que no conocía a nadie, pero que de todos le iba a preguntar a J.R., quien se desempeña en la Asamblea como oficinista y frecuenta el departamento. Al llegar J. a la oficina aproveche para preguntarle si él conocía alguien que pudiera cambiar unos cheques, respondiéndome que él que tenía a una amiga que le podía hacer el favor siempre y cuando los cheques estuvieran bien.... se presenta J. de D. a mi oficina y me hace entrega de un sobre amarillo de papel manila, mismo que presuntamente contenía los cheques a cambiar...Este sobre se lo entregué a J. minutos después... (El resaltado es nuestro)

Al analizar estas declaraciones observamos que las mismas evidencian que nadie sabía si efectivamente los cheques estaban firmados por sus propios beneficiaros, valiéndose entonces del amiguismo existente entre el señor J.A.R.R. y la señora D.C. de D. para el cambio de los cheques, evadiendo los controles bancarios necesarios para estos casos; si bien ambas declaraciones no mencionan a la señora L.M.Á.M., estas se refieren únicamente a la sustracción de estos documentos negociables.

En ese orden de ideas, vemos que el Manual de Caja en la Sección de Conocimientos Generales en el Pago de Cheque, se detalla que el segundo endosante y tenedor del cheque debe prestar su cédula de identidad personal y del beneficiario para verificar las firmas de los endosos; estableciendo en su acápite 2.4 que no se cambiaran cheques con doble endoso de Gobierno Nacional, salvo los autorizados, que con excepción tengan el visto bueno del Supervisor Designado, que deberá exigir los mismos requisitos antes señalados, es decir, sin la ayuda prestada por la procesada este cambio de cheques no podría haberse efectuado.

En ese mismo sentido, el Informe Pericial DOC-4676-10 de 23 de julio de 2010 confeccionado por la Sección de Documentologia Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Subdirección de Criminalística, concluyó que las firmas plasmadas al reverso de los cheques cuestionados identificados con los No. 092349, 0923420, 0922403, 0923432, 0922224 y 0922425, fueron hechas por la persona que realizó los ejercicios caligráficos a nombre de Felicidad De León De Obaldía, y las firmas rubricas dubitadas y números 8-700-1737 visibles al reverso de los cheques cuestionados fueron hechas por la persona que realizó los ejercicios caligráficos a nombre de J.A.R.R.. (f.5246)

Se tiene de igual forma, el Informe de Auditoria Especial No. 30-001-2011/DINAG-DESAAG, confeccionado por la Contraloría General de la República a petición del agente de instrucción, ya que estamos ante un perjuicio de los patrimonios públicos, en donde dicho informe entre otras cosas concluyo que la señora L.M.Á.M. se relaciona a este hecho por haberle dado el visto bueno al segundo endoso correspondiente al señor J.A.R.R., sin solicitar y verificar la cédula del primer endosante, infringiendo de esta manera Manual de Caja en la Sección de Conocimientos Generales en el Pago de Cheque.

Dicho lo anterior, encontramos que la declaración de D.C. de D. (fs. 3558-3565) y la Diligencia de Careo practicada entre esta y la señora L.M.Á.M. (fs. 3607-3612), al ser valorados en su justa dimensión, bajo las reglas de la Sana Crítica atendiendo las circunstancias y motivos del hecho, no demuestran en nada que la sindicada L.M.Á.M. actuó de buena fe y conforme a las políticas bancarias, con fundamento en lo establecido en el artículo 917 del Código Judicial:

"917. (904) El juez apreciará, según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones."

En atención a la segunda causal de casación en el fondo invocada por el casacionista, en donde sus motivos alegan que el Segundo Tribunal Superior cometió un yerro probatorio al ponderar la declaración jurada de Felicidad De Obaldia, las declaraciones indagatorias de J.A.R.R. y L.M.Á.M., el Informe Pericial No. DOC-4676-10 (fs. 5244-5246), y el Informe de Auditoria Especial Núm. 30-001-2011/DINAG-DESAAG.

Es verificable la relación que guardan estos motivos con el primer motivo de la primera causal invocada, el cual atribuía cargos de injuridicidad a la no valoración de la declaración de D.C. de D. y la Diligencia de Careo practicada entre esta y la señora L.M.Á.M., lo cual conllevo al consecuente examen de la declaración jurada de Felicidad De Obaldia, las declaraciones indagatorias de J.A.R.R. y L.M.Á.M., el Informe Pericial No. DOC-4676-10, y el Informe de Auditoria Especial Núm. 30-001-2011/DINAG-DESAAG en su momento, por ende, no será necesario un nuevo examen sobre estos argumentos.

Así las cosas, el Tribunal Ad-Quem no incurrió en los yerros probatorios que el censor de instancia le endilga, pues se observa que realizó el análisis de la declaración jurada de Felicidad De Obaldia, las declaraciones indagatorias de J.A.R.R. y L.M.Á.M., el Informe Pericial No. DOC-4676-10, y el Informe de Auditoria Especial Núm. 30-001-2011/DINAG-DESAAG, en su justa dimensión; apegándose a los criterios propios de la sana crítica, en conjunto con otros elementos probatorios que constan en el infolio penal; es decir, que el criterio esgrimido por el juzgador de segunda instancia es compartido por esta S., en el sentido de que la señora L.M.Á.M. es responsable como cómplice primario del delito de Uso de Documento Público Falso, a sabiendas de su falsedad, lo cual nos lleva a concluir que no se han probado los cargos de injuridicidad endilgados.

En casación, los motivos deben constituir el fundamento de hecho o el supuesto legal de una disposición, de manera que su comprobación es indispensable a fin de que tenga lugar el proceso de subsunción en la norma, para que se puedan producir los efectos jurídicos esperados. En ese sentido, si no se prueban los motivos, no tiene sentido incursionar en el análisis de las normas denunciadas como infringidas, ya que éstas, sin motivos comprobados y subsumibles en el supuesto legal, no podrán estimarse como vulneradas. Ello es así, porque el recurso de casación está estructurado en forma lógica y coherente, de modo que existe interdependencia entre las diversas secciones del mismo.

En atención a las anteriores consideraciones, la S. no casa la sentencia recurrida.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia de Segunda Instancia N.° 88 de 25 de mayo de 2015, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual previa reforma de la Sentencia Mixta N.° 7 de 23 de diciembre de 2014, dictada por el Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial, se condenó a la procesada a la pena de Cuatro (4) años y Seis (6) meses de prisión como cómplice primario del delito de Uso de Documento Público Falso, a sabiendas de su falsedad.

N. y devuélvase,

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

JERÓNIMO MEJÍA E. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

ELVIA VERGARA DE ORDÓÑEZ

(Secretaria)

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