Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Junio de 2019

PonenteHarry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución 7 de Junio de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Segunda de lo Penal

Ponente: Harry Alberto Díaz González

Fecha: 07 de Junio de 2019

Materia: Casación penal

Expediente: 303-16 C

VISTOS:

Pendiente de resolver en el fondo, se encuentra el recurso de casación formalizado por el licenciado G.R.R., actuando en nombre y representación del señor I.A.A., contra la Sentencia de Segunda Instancia N° 160 de 13 de octubre de 2014, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual confirmó la Sentencia Condenatoria N° 160-13 de 19 de diciembre de 2013, emitida por la Juez Décima de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, que declaró penalmente responsable a su representado, condenandoló a la pena de cuatro (4) años de prisión y dos (2) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, como autor del delito de Imitar Marca Comercial, en perjuicio del señor C.A.G. y F.A..

Advierte la Sala que la licenciada N.D., de la firma L. & Darlington, apoderada especial de C.A.G. y Cía, S. y F.A., S., presentó escrito de oposición (fs. 925-940) el día 3 de marzo de 2017, en el cual solicita no se case la sentencia impugnada, lo cual reitera en el escrito de alegatos (fs. 967-975) presentado el 11 de mayo de 2017.

Por su parte, el licenciado G.R.R. presentó el día 11 de mayo de 2017, escrito de alegatos (fs.958-966) donde se reitera solicitando que se case la sentencia impugnada.

Evacuadas las fases de admisión, sustanciación y celebrada la audiencia pública, se procede a resolver el fondo del recurso presentado.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

El presente proceso inició con la querella interpuesta por la firma forense L. & Darlington por la supuesta comisión del delito contra la propiedad intelectual en perjuicio de su cliente Farmacias A., S., por lo cual solicitan una inspección al establecimiento comercial Ó.A., S., ubicado en el área de Bella Vista, por la supuesta imitación de la marca registrada ARROCHA en su misma forma y color, constituyendo así el delito de Imitación de Nombre Comercial.

Culminada la fase de instrucción, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, solicitó que se llamara a juicio al señor I.A.A..

Realizada la Audiencia Ordinaria el 5 de diciembre de 2013, el Juzgado Décimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial profiere la Sentencia Condenatoria N° 160-13 de 19 de diciembre de 2013, mediante el cual se condenó al señor A.A. a la pena de cuatro (4) años de prisión y dos (2) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, como autor del delito de Imitar Marca Comercial, en perjuicio del señor C.A.G. y F.A.; veredicto que fue objeto de recurso de apelación por parte del apoderado del procesado, por lo que el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, resolvió confirmar la alzada mediante Sentencia de Segunda Instancia N° 160 de 13 de octubre de 2014, decisión contra la cual se endereza el presente recurso de casación.

La iniciativa procesal se fundamenta en dos (2) causales de fondo. La primera casual es la de "Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal"; mientras que la segunda causal se refiere al, "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la Sentencia y que implica violación de la Ley sustancial penal", las cuales se encuentran contenidas dentro del numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.

En cuanto a la primera causal objeto de estudio, a saber el "Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal", conviene recordar que la doctrina establece que el aspecto central de esta causal invocada, se basa "...en esta clase de error aparece una clara discrepancia entre la sentencia y la ley, en la que no se objeta la existencia de la prueba, sino la valoración o calificación que se le hace y que está incompatible con la ley que la regula. Dicho error de derecho puede ocurrir: a) cuando se acepta al medio probatorio no reconocido por la ley; b) cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le da fuerza probatoria que la ley le niega; c) cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le niega valor probatorio que la ley le atribuye." (F.P., J. y Guerra de V., A.E., Casación y Revisión Civil, Penal y Laboral, Editorial Sistemas Jurídicos, S.; 2001, pág. 269).

Ahora bien, procedemos al análisis de los cargos de injuridicidad formulados, no sin antes manifestar que jurisprudencia de esta Sala Penal ha establecido que para la procedencia de errores probatorios, los mismos deben ser manifiestos; es decir, que la trascendencia de dicha falta hubiese causado que se fallara de manera distinta.

La causal probatoria aducida es sustentada en dos (2) motivos, donde el letrado externa, que a su juicio el el Tribunal Superior condenó al señor I.A.A. basándose en una ponderación deficiente del peritaje realizado por la licenciada V.R.C. (fs.539-540 y 556-557) y la Diligencia de Allanamiento, Registro, Inspección Ocular y Aprehensión Provisional de Bienes (fs. 571-588).

El examen detenido de la sentencia de segunda instancia atacada, permite a la Sala constatar que, al momento de definir la situación penal del imputado, el Tribunal Ad-Quem valoró las piezas señaladas por el licenciado R., en la primera causal.

Procede la Sala a determinar si el casacionista logra probar los vicios de ilegalidad planteados en los dos motivos que sustentan la causal probatoria y si éstos poseen la trascendencia necesaria para variar la sentencia recurrida.

Lo anterior obedece a que en el primer motivo, el recurrente sostiene que el Segundo Tribunal Superior erróneamente le concede valor probatorio al peritaje contenido a fojas 539-540 y 556-557, a pesar que fue realizado sin la intervención del acusado, en contravención a las normas procedimentales, siendo éste un requisito de validez y para considerarlo plena prueba. Considera que este error influyó en lo dispositivo del fallo recurrido, ya que con éste se determinó la responsabilidad penal del señor I.A.A..

En esta labor, en el primer motivo, mediante V.F.N.° 14 de 13 de febrero de 2017 (fs. 906-923), la Procuraduría General de la Nación, indicó que contrario a lo planteado por el recurrente, estima que la prueba cuestionada se practicó de forma objetiva, por lo que la apreciación concedida por el tribunal de alzada se ajusta a las reglas de la sana crítica, proponiendo una mirada vasta y atinada del caudal probatorio insertos en el infolio penal, que resaltan con elocuencia la responsabilidad atribuida al procesado.

Aprecia la Sala que la Diligencia de Inspección Ocular y Peritaje, realizado por la licenciada V.R.C., examinadora de marcas de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, queda claro que esta experticia fue realizada en atención a la instrucción girada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, por lo que toma posesión del cargo de Perito designada por el despacho de instrucción, conforme a lo establecido en el artículo 972 del Código Judicial.

Se desprende de este peritaje, que el mismo fue realizado con objetividad e imparcialidad, lo cual se afirma por el hecho que la experta no tiene relación con alguna de las partes del conflicto.

Esta experta en la materia concluyó que el signo de identificación cuya utilización fue denunciada puede producir error, engaño y equivocación en la mente del consumidor; siendo éste un elemento que evidencia la comisión del delito de Imitación de Imagen Comercial, por el cual fue sancionado el señor I.A.A..

Incluso, se aprecia en esta diligencia judicial que la empresa Ó.A. S., presentó solicitud de registro de marca N° 213768-01, en clase 0, el 22 de junio de 2012, la cual fue rechazada por la existencia de semejanzas sus denominaciones y actividades con las de F.A., quien mantiene registro de su marca mediante Registro N° 99195-01 de 8 de marzo de 1999; toda vez que el numeral 6 del artículo 156 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, prohíbe el registro de marcas idénticas a las ya utilizadas que puedan causar confusión.

Siendo así, queda claro que no se acredita el vicio alegado por el jurista en el primer motivo.

En el segundo motivo, manifiesta el letrado que el Segundo Tribunal Superior no analizó conforme a la sana crítica la Diligencia de Allanamiento, Registro, Inspección Ocular y Aprehensión Provisional de Bienes (fs. 571-588), donde se identifican los productos ofrecidos y equipo utilizado por el establecimiento comercial Ó.A., del cual se concluyó que las evidencias recolectadas en la diligencia sirvieron para acreditar el hecho punible, a pesar que se observa que ninguno de los productos y equipos de medición visual encontrados en Ó.A., coincide con los amparados y ofrecidos en Farmacias A.. A juicio del licenciado R.R., de haberse valorado el documento de conformidad con las reglas de la sana crítica, hubiese determinado de manera indefectible que no se estaba imitando a la marca A., por lo que no había derecho de confirmar la condena de su representado.

La Procuraduría General de la Nación, al emitir concepto sobre el segundo motivo esbozado por el casacionista, manifiesta que no se produce el yerro probatorio censurado, toda vez que el Ad quem realizó un análisis adecuado de los hechos consignado en la encuesta penal, en la cual se observa mediante la diligencia judicial cuestionada se verificó que la imagen de la marca Ó.A., S. se asemeja al preexistente de Farmacias A., S.

Al respecto, observa la Sala que en esta diligencia se aprecia con claridad que las imágenes utilizadas para identificar al comercio Ó.A., se asemeja a aquella previamente registrada y reconocida a nivel nacional como F.A..

Es de recordar que el señor I.A.A. fue condenado autor de un delito de propiedad industrial, específicamente en la modalidad de Imitar un Nombre Comercial, delito que se encuentra regulado en el artículo 268 del Código Penal; el cual es del tenor siguiente:

Artículo 268: Quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial, o una expresión o señal de propaganda será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

La misma sanción se aplicará a quien comercialice o haga circular un producto u ofrezca o preste servicios con marca falsificada, alterada o imitada. (Énfasis suplido)

Así, es claro que lo normado no se relaciona, en lo absoluto con lo argüido respecto a las diferencias en los productos ofrecidos y con los equipos utilizados en el establecimiento comercial, por ello, el reproche propuesto por el licenciado R.R., no se compadece con la sentencia recurrida.

Analizados los cargos de injuricidad plasmados en la primera causal, referentes a la ponderación de las pruebas aducidas como mal valoradas, en contraste con el compendio de constancias procesales insertas en el infolio penal, la Sala encuentra que éstas no revisten la importancia y trascendencia necesaria para variar la parte dispositiva de la resolución judicial impugnada; toda vez que el casacionista no logra probar los vicios de ilegalidad propuestos, muy por el contrario, el Segundo Tribunal Superior valoró acertadamente las piezas procesales aquí referidas en concordancia con las reglas de la sana crítica.

En lo relativo a las disposiciones legales infringidas, refiere los artículos 781, 790 y 957 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, así como el artículo 268 del Código Penal por indebida aplicación.

No obstante, en sintonía con los motivos cuyos cargos de injuricidad han sido desestimados, considera esta Superioridad que no cabe reconocer la infracción de los artículos citados.

Como segunda causal de fondo, el casacionista invoca el "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la Sentencia y que implica violación de la Ley sustancial penal"; al respecto, la doctrina nacional ha señalado que, esta tiene lugar "cuando el Tribunal de segunda instancia ignora y por tanto no considera, ni le asigna valor alguno a los elementos probatorios materialmente incorporados al proceso como pieza de convicción. Entre otras palabras, el tribunal ad-quem hace caso omiso de un medio probatorio que tiene existencia material dentro del expediente contentivo del negocio penal de que se trate (GUERRA de VILLALÁZ, A. y FÁBREGA, J.: Casación y Revisión, 2da. Edición, Sistemas Jurídicos, Panamá, 2001 p. 268).

Esta es sustentada en cuatro (4) motivos, donde el licenciado R. expone que el Tribunal Superior atribuyó responsabilidad al señor señor I.A.A. sin justipreciar elementos medulares, como los son la certificación expedida por el Ministerio de Comercio e Industrias (f.788), el poder mediante el cual se le concede la representación legal del señor I.A.A., la solicitud de registro de la marca A. (f. 79) y las vistas fotográficas de la Diligencia de Inspección Ocular, realizada por Fiscalía de Propiedad Intelectual el 21 de enero de 2013 (fs. 626-628).

La revisión pormenorizada de la sentencia impugnada, permite constatar que, al momento de definir la situación penal del imputado, el Tribunal Ad-Quem no valoró las piezas señaladas por el licenciado R., en la segunda causal.

Así, procede la Sala a determinar si el casacionista logra probar los vicios de ilegalidad planteados en los dos motivos que sustentan la causal probatoria y si éstos poseen la trascendencia necesaria para variar la sentencia recurrida.

En el primer motivo, el casacionista sostiene que el Segundo Tribunal Superior ignoró la certificación expedida por el Ministerio de Comercio e Industrias (f.788) en la cual se aprecia la denominación comercial Clínica Dental A. y Diseño, registrada desde agosto de 2012, y que de haber valorado este elemento, hubiese llegado a la conclusión que es legalmente viable el registro de una denominación o nombre comercial que incluya la palabra "A.", como es el caso de Ó.A., por lo que no se transgreden las normas de propiedad industrial ni de carácter penal.

En cuanto a este primer motivo, la colaboradora de instancia advierte que el casacionista propone que la ausencia de valoración de una certificación del Ministerio de Comercio e Industrias, en la cual se constata el registro de la denominación comercial Clínica Dental A. y diseño; sin embargo, en este documento también consta el rechazo final de la marca Ó.A. y diseño. Siendo así, el reproche por falta de valoración de la pieza probatoria, en nada hace constar lo indicado en el motivo, ni su presencia en el análisis del tribunal incidiría en la decisión proferida.

Añade que el recurrente solo plantea argumentaciones en torno a su disconformidad con la sanción aplicada, empero, no acredita el error probatorio aducido.

Al respecto, observa la Sala que en la certificación aludida consta el registro N° 2155923de 24 de agosto de 2012, con la denominación comercial Clínica Dental A. y diseño, así como la solicitud de registro N° 218689 de 22 de noviembre de 2012, para la clase 44 internacional, de Ó.A. y diseño, el cual mantiene status de rechazo definitivo.

Se aprecia también en el expediente, copia certificada por el Ministerio de Comercio e Industrias de la solicitud de registro de Ó.A., así como la del Resuelto No. 13901 de 31 de julio de 2012, proferido por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, aportado en el peritaje realizado por la licenciada V.R.C., examinadora de marcas de esta institución, en el cual se indican claramente los motivos que generan el rechazo de registro de Ó.A. y diseño, al tenor siguiente:

"...

  1. Que nuestra legislación marcaria, en su artículo 146 numeral 6 de la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, establece lo siguiente: Los que sean idénticos o semejantes a una marca usada, en trámite de registro o registrada a favor de otra persona, siempre que el uso del nombre comercial pudiese causar confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

  2. Al comparar la marca solicitada N° 213768-01 denominada: OPTICA ARROCHA Y DISEÑO y la marca que posee la prelación por su presentación denominada: FARMACIAS ARROCHA Y DISEÑO, con Certificado de registro N° 75866-01 de fecha 14 de noviembre de 1996, y la marca denominada ARROCHA, con Certificado de registro N° 99159-01 de fecha 8 de marzo de 1999 se puede observar las mismas semejanzas entre la denominación y las actividades que amparan, que en opinión de esta Dirección inducirán a error o confusión en el mercado, por no existir elementos diferenciales reales entre ellas; igualmente la marca solicitada contraviene disposiciones citadas en el punto 2 del considerando que debemos respetar en atención a la prelación de la marca registrada con anterioridad a la marca objeto de este resuelto.

    ..."

    De lo anterior se colige, que la circunstancia motivada por el licenciado R.R., no se comprueba a través de la ponderación de la pieza de convicción ignorada por el tribunal Ad quem, e incluso, de hable valorado hubiese obrado como uno más de los elementos que acreditan la comisión del hecho punible.

    Como segundo motivo, manifiesta el letrado que el tribunal de alzada omitió valorar el poder mediante el cual se le concede la representación legal del señor I.A.A., en el cual se observa claramente el nombre de su poderdante; de haber valorado este elemento, el tribunal se hubiese percatado que el registro de una marca no confiere el derecho de prohibir a un tercero usar su propio nombre para amparar un comercio, siempre que éste no induzca a la confusión sobre la procedencia de los productos o servicios proporcionados, por lo que no hubiese confirmado la sentencia condenatoria.

    Al respecto, la Procuraduría General de la Nación, no encuentra trascendencia en éste motivo, debido a que los poderes no constituyen medios probatorios válidos aprobados por la ley adjetiva panameña, tras ser únicamente un medio o conducto para la representación legal de las personas en los procesos; siendo así, considera que no existe yerro judicial en el motivo planteado.

    Coincide esta Superioridad con el criterio vertido por la colaboradora de instancia, siendo este un motivo intrascendente, ya que los poderes de representación legal no constituyen medios de prueba reconocidos en la ley adjetiva panameña, por lo que no correspondía su valoración por parte del Ad quem, ni corresponde en este momento.

    Por otro lado y sin perjuicio de lo anterior, el apellido del procesado y su utilización dentro de la denominación comercial no constituye delito; contrario sensu, utilizar una identificación similar o que induzca confusión con una marca previamente registrada, si conlleva a que se acredite el delito de imitación de una marca o denominación comercial.

    En el tercer motivo, el recurrente refiere que el Segundo Tribunal Superior dejó de apreciar la solicitud de registro de la marca A. (f. 79), donde consta que los productos y servicios que ésta ampara son "servicios de venta al por mayor y menor a terceros de medicamentos y mercancía en general", lo cual no incluye lentes medicados o recetados; este error influyó en lo dispositivo del fallo, ya que de haberse valorado, hubiese concluido que los productos y servicios ofrecidos no inducen a la confusión, por lo que no correspondía sanción penal.

    Respecto a este motivo, la representante de la vindicta pública indica, que si bien el Tribunal Ad quem no desarrolló una apreciación directa sobre el certificado de la Farmacia A., S. que se aprecia a foja 79 de la encuesta, si da por valorado la existencia de esta empresa de reconocimiento comercial amplio, apoyándose en el examen del informe de inspección ocular y peritaje que contó con la participación de la perito experta en marcas V.R.C..

    Como refirió anteriormente, la diligencia judicial escrutada determinó que Ó.A., S. solicitó registro de la marca comercial "Ó.A. y Diseño", la cual fue negada, aunado se estableció el parecido en las imágenes por la especialista en el tema marcario; de manera que la falta de valoración directa reprochada no incide en el resultado judicial que nos ocupa.

    En consideración al tercer motivo, advierte la Sala que si bien el Tribunal Superior no valoró la Solicitud de Registro de Marca de Farmacias A., que contiene la descripción de los servicios y productos por ella ofrecidos, los cuales son distintos a aquellos ofertados por Ó.A., esta situación no tiene incidencia en la conducta delictiva por la que fue condenado el señor I.A.A., ni desvirtúa lógica contundente de la sentencia recurrida.

    En este sentido, como se ha explicado al sindicado se le responsabiliza por un delito de propiedad industrial, específicamente en la modalidad de Imitar un Nombre Comercial, situación que no se relaciona, en lo absoluto, con los productos ofrecidos ni con los equipos utilizados en el establecimiento comercial, por ello, el reproche propuesto por el licenciado R.R. no se compadece con la sentencia recurrida.

    Finalmente, como cuarto motivo considera el casacionista que el tribunal de segunda instancia no consideró las vistas fotográficas de la Diligencia de Inspección Ocular (fs. 626-628); ya que de haberlas valorado, se hubiese percatado que la tipografía de la palabra A., fue alterada drásticamente en el nombre comercial de Ó.A., por su representado al momento en que fue noticiado del proceso en su contra, y que la manera en que quedó dispuesta para nada conduce a la confusión, por lo que no había lugar para confirmar la sentencia apelada por el supuesto delito de imitación de nombre comercial.

    Sobre el último motivo, la Procuraduría General de la Nación, considera de interés que la prueba cuestionada ausente de valoración consiste en una inspección ocular realizada el día 21 de enero de 2013, por parte de la Fiscalía de Propiedad Intelectual, donde se fijaron vistas del comercio Ó.A., donde constaban varios letreros con identificaciones no admitidas ni registradas en el Ministerio de Comercio e Industrias, como se acredita en autos. Destaca, que la empresa Ó.A., solo mantiene aviso de operaciones, como sociedad anónima, y no cuenta con imagen comercial registrada que identifique su servicio o negocio, siendo que en este caso particular utilizó una parecida a la de F.A., el cual está previamente registrado en el mercado.

    Culmina indicando que el cargo de ilegalidad no queda probado, puesto que de haberse valorado la tres (3) vistas fotográficas señaladas, se hubiese percatado que forman parte de la diligencia judicial donde además se demuestra que la empresa Ó.A., S., la cual no tiene registro para identificarse, utilizó letreros para anunciarse, incumpliendo con las normas comerciales.

    En torno a este cuarto motivo, estima esta Superioridad que estos argumentos expuestos por el casacionista, se encuentran destinados a eximir de responsabilidad al señor A.A., en razón de haber cesado de la conducta penalmente sancionada luego de ser denunciado por su comisión.

    Ahora bien, aun cuando la inspección ocular realizada el día 21 de enero de 2013, por la Fiscalía de Propiedad Intelectual, no fue valorada por el juzgador de segunda instancia, el contenido de la misma, lejos de tener el efecto pretendido por el letrado, hubiese reforzado la convicción de la comisión de delito por parte del señor A.A., tras verse claramente la utilización de la tipografía registrada al comercio denunciante; por otro lado, cambiar la tipografía utilizada, luego del hecho, no constituye una eximente de la responsabilidad atribuida por la conducta, por lo que no se comprueba el cargo de infracción aducido.

    En relación a la sección de las disposiciones legales infringidas, el recurrente identifica la supuesta vulneración, en concepto de violación directa por omisión, el artículo 780 del Código Judicial y el artículo 100 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996; asimismo, como norma penal sustantiva cita el artículo 268 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación.

    No obstante, en sintonía con los motivos cuyos cargos de injuricidad han sido desestimados, consideramos que no cabe el reconocimiento de la infracción de los artículos citados.

    Por lo anterior, debemos coincidir con el razonamiento del Tribunal Superior, al encontrar que la valoración de los elementos probatorios fue realizada con apego a la ley y en concordancia con la sana crítica; a su vez, la falta de valoración de los elementos señalados por el licenciado R.R., no tienen la capacidad ni trascendencia de variar el fallo impugnado.

    Evacuado en su totalidad el examen del recurso de casación, procede entonces a emitir la declaración que de acuerdo con la parte motiva de este fallo se impone, es decir, denegar la anulación del fallo de segunda instancia.

    PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley; NO CASAla Sentencia de Segunda Instancia N° 160 de 13 de octubre de 2014, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se confirma la Sentencia Condenatoria N° 160-13 de 19 de diciembre de 2013, emitida por la Juez Decima de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, que condena a su representado a la pena de cuatro (4) años de prisión y dos (2) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, como autor del delito de Imitar Marca Comercial, en perjuicio del señor C.A.G. y F.A..

    N. y cúmplase;

    HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

    JERÓNIMO MEJÍA E. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

    ELVIA VERGARA DE ORDÓÑEZ

    (Secretaria)