Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Junio de 2019

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución28 de Junio de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial de Panamá, ingresa a esta S., el recurso extraordinario de casación en el fondo, formalizado por la Firma Forense Castillo & Castillo-Abogados, en representación de SURITZA DAYANIS LÓPEZ, contra la Sent. 2da. I.. N° 19 de 24 de febrero de 2017, definitiva de segunda instancia, mediante la cual, dicho Tribunal Superior reformó la decisión de primer grado, que había absuelto a la prenombrada de los cargos penales formulados en su contra en el auto de proceder, y en su lugar, la condenó a la pena de ochenta (80) meses de prisión y, accesoriamente, la inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas, por el término de dos (2) años, como autora del delito de Posesión Ilícita de Drogas, en su modalidad A..

Mediante Auto 2da. I.. N°096 de 11 de agosto de 2017, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de casación anunciado y formalizado por la Firma Forense Castillo & Castillo-Abogados, ordenando su remisión ante esta S., para lo que en derecho corresponda (Fs. 189-191).

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2439 del Código Judicial, la Secretaría de la S. Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, procedió a fijar el negocio en lista, por el término de ocho (8) días, mediante providencia calendada 19 de septiembre 2017 (F. 195), sin que se recibiera escrito alguno de las partes en el proceso, durante dicho término.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El artículo 2439 del Código Judicial establece que concluido el término de fijación en lista, la Corte decidirá si el recurso reúne los requisitos descritos en la misma norma. Por ende, surtido dicho trámite, corresponde a la S., en este momento procesal, determinar la viabilidad de su admisibilidad.

Así, se observa que la resolución contra la que se ha interpuesto el recurso, es susceptible de ser impugnada por este medio extraordinario, pues se trata de una sentencia definitiva de segunda instancia, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro de un proceso penal seguido por delito de Posesión Ilícita de Drogas, en su modalidad agravada, el cual conlleva pena superior a los dos años de prisión, cumpliéndose así el requisito primario previsto por el artículo 2430 del Código Judicial.

El recurso ha sido formalizado en término procesalmente oportuno, por persona idónea, es decir, por quien ejerce la defensa particular de la procesada (Fs. 61 y 62); sin embargo, el libelo ha sido dirigido al Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá (F. 175), incumpliendo así la formalidad exigida por el artículo 101 del Código Judicial, según el cual, los recursos y los negocios que hayan de ingresar por alguna razón a alguna de las S.s de la Corte Suprema de Justicia, deberán dirigirse al Presidente de la respectiva S..

Ahora bien, el numeral 3 del artículo 2430 establece que para superar la fase de admisibilidad, el recurso de casación debe reunir los siguientes requisitos:

Historia concisa del caso;

Se determine la causal o causales; y

Se especifiquen los motivos, disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido.

Verificando la concurrencia de los mismos se aprecia que los presupuestos requeridos por los dos primeros literales han sido cumplidos, aunque se apartan un tanto de la técnica exigida por el recurso. Situación distinta sucede respecto al literal c, pues el recurso carece de una sección de expresión de motivos, y aunque se citaron y transcribieron las normas legales infringidas, el casacionista omitió, en cada una de ellas, enunciar el concepto de infracción de las mismas.

Profundizando con mayor detalle, se observa que la historia concisa del caso plantea varias situaciones procesales de relevancia, pero soslaya otras, igualmente importantes como, cuáles fueron los cargos imputados por la Fiscalía de la causa, y en qué fecha; y, cuándo se dictó el auto de vocación a juicio y por qué cargos se abrió causa penal contra la procesada. No está de más explicar al recurrente que depende de una adecuada presentación de la historia concisa del caso que el Tribunal de Casación se introduzca rápidamente al tema que es objeto del recurso.

En cuanto a la causal seleccionada, ésta debe ir seguidamente de la sección de Historia Concisa del Caso; sin embargo, ello no se observa en el libelo sometido a consideración de la S., pues en este acápite lo que el recurrente hace es argumentar respecto a la viabilidad del recurso, cuestionando la actuación del Tribunal de Alzada, e incluso, citando el texto del artículo 2042-A del Código Judicial, a pesar que éste no es el epígrafe para citar o transcribir normas jurídicas.

Empero, se observa que antes de abocarse a desarrollar o exponer la sección de Historia concisa del caso, específicamente en la foja 177, el recurrente sostuvo que la sentencia impugnada se emitió incurriendo en la causal prevista por el numeral 11 del artículo 2430 del Código Judicial, es decir, “Cuando se haya cometido error de derecho, al determinar la participación y correspondiente responsabilidad del imputado, en los hechos que la sentencia de por probados” (F. 177).

Por tanto, la S. debe entender, sin margen a más especulación, que es ésta la causal aducida, misma que, según la doctrina nacional, se configura cuando “el tribunal asigna indebidamente o deja de asignar al procesado el grado de participación que le corresponde…mediante esta causal no se puede discutir cuestiones relacionadas con la irresponsabilidad del sindicado, pues aquí se parte del supuesto de que la conducta es típica, antijurídica y culpable. Así lo reconoció acertadamente la Corte en sentencia de 7 de agosto de 1980 cuando, al establecer el sentido y alcance de la causal…puntualizó que... “…no conduce a la absolución del procesado; sino a fijar el grado de participación culpable del agente en la comisión del hecho imputado”.

Empero, no obstante haber seleccionado una causal, el recurso carece de una sección de motivos que la desarrollen, lo cual deviene en una deficiencia trascendental, puesto que es éste el apartado correspondiente para la exposición de los hechos que configuran la causal, es decir, aquellos en los que el censor debe consignar los vicios de injuridicidad que luego tendrá el deber de probar en el fondo.

En lo referente a la sección de expresión de motivos, la S. Penal, de manera reiterada ha sostenido que este apartado del recurso resulta importante que se desarrolle de manera precisa y clara, estableciendo los vicios de injuricidad en que incurre el fallo censurado. Así se observa en fallo de 14 de marzo de 2007, en el que esta Corporación de Justicia señaló: "lo que se requiere en cuanto a la mención de los motivos es que se haga una expresión sucinta, clara y expresa de la situación jurídica creada por el fallo, en la que se destaque la infracción de la ley sustantiva, que viene a constituir el vicio que da origen a las causales. Inclusive se ha llegado a considerar que la relación existente entre los motivos y la causal invocada juegan un papel similar a la relación existente entre los hechos de la demanda y el petitum".

Empleando el mismo símil al que hace alusión la jurisprudencia citada, el libelo de casación in examine vendría a constituirse en una demanda, carente de hechos que la sustenten, es decir, carece de una parte esencial para lograr su admisibilidad.

Al pasar a la sección de disposiciones legales infringidas, se aprecia que el censor y enuncia y transcribe como conculcados, los artículos 4, 9, 13 y 24 del Código Penal, así como los artículos 1948 y 2042-A del Código Judicial, ninguno de los cuales guarda relación con el tema sobre el cual versa la causal, es decir, el grado de participación de la procesada en el delito por el cual ha resultado sancionada. Tampoco cumple el recurrente, con el requisito exigido por el literal c del numeral 3 del artículo 2439 del Código Judicial, esto es enunciar el concepto en que fueron infringidos dichos preceptos.

Pese a dicha omisión, el censor sí entra a sustentar el concepto aún no enunciado de infracción, incurriendo en alegatos que, a todas luces, cuestionan la labor de apreciación judicial de la prueba, lo que riñe con la causal seleccionada, que no es el vehículo apropiado para tales reclamos.

Así las cosas, culminado el examen del libelo, la S. constata la existencia de graves deficiencias que tornan inviable la iniciativa procesal ensayada, misma de la cual sólo es posible advertir, una evidente disconformidad respecto al fallo condenatorio proferido contra la procesada, así como un desconocimiento del recurrente respecto a la técnica que se exige para la formalización de este medio de impugnación, que es de carácter extraordinario, y respecto al cual, la S. ha manifestado, en incontables ocasiones, no se trata de una tercera instancia, sino de un recurso técnico al cual se somete la legalidad del fallo censurado, lo que presupone la confección de una demanda formalmente adecuada a las exigencias plasmadas en los artículos 2430 y 2439 del Código Judicial, de forma que la S. pueda abrirse al estudio del fondo del asunto.

Tampoco está la S. en posición de ordenar la corrección de un libelo como el que nos ocupa, pues esta medida procesal, contemplada por el artículo 2440 del Código Judicial, sólo es aplicable para enmendar defectos formales, mas no, errores de tanta magnitud como los que aquí se aprecian. Una orden de corrección en un caso como el que nos ocupa, equivaldría a la formalización de un nuevo recurso, en un nuevo plazo de cinco días hábiles, que no es el espíritu ni el objeto del artículo 2440 lex cit.

Por todo lo antes expuesto, lo correspondiente en derecho será declarar la inadmisión del recurso, y a ello se procede.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo anteriormente expuesto, LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación penal en el fondo, formalizado por la Firma Forense Castillo & Castillo-Abogados, en representación de S.D.L.R., contra la Sent. 2da. I.. N°19 de 24 de febrero de 2017, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del proceso penal seguido a la prenombrada, por delito de Posesión Ilícita de Drogas, en su modalidad agravada, hecho investigado de oficio.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículo 2439 del Código Judicial.

N. y CÚMPLASE,

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS MARIO CARRASCO

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)