Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 8 de Abril de 2019

PonenteHarry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución 8 de Abril de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Segunda de lo Penal

Ponente: Harry Alberto Díaz González

Fecha: 08 de abril de 2019

Materia: Casación penal

Expediente: 266-15C

VISTOS:

Pendiente de pronunciamiento de fondo, se encuentra el recurso de casación penal en el fondo formalizado por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en contra de la Sentencia de 2da. I.. No.77 de 21 de noviembre de 2013, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

La decisión judicial censurada mediante el recurso impetrado, confirmó la Sentencia Absolutoria N°42 del 23 de noviembre de 2012, mediante la cual el Juzgado Segundo del Tercer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, absuelve a los procesados P.A.V., JARISON ALBORNÓZ, J.S.R., Ó.E.S.R., WASHINGTON RENTERÍA CONDUMI y JULIO C.P., sindicados por el delito contra la seguridad colectiva, relacionado con drogas, hecho denunciado de oficio.

Cumplidos los trámites procesales inherentes al traslado del recurso a la Procuraduría General de la Nación, y luego del acto de audiencia oral, corresponde a la Sala pronunciarse sobre el fondo de la pretensión procesal esbozada por la recurrente, a lo que procedemos previa la consideración de las siguientes anotaciones.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

El presente proceso tuvo su origen para el 29 de abril de 2011, con el Informe de Novedad suscrito por el Sargento 2do. 47393 E.A., quien puso en conocimiento de las autoridades sobre una llamada telefónica recibida en el centro de llamadas de la Policía Nacional, que alertaban sobre la ocurrencia de un robo en el sector de Las Lajas del Distrito de San Carlos.

Indica la misiva policial, que a las 8:30 horas al llegar al lugar señalado, se pudo percatar de la existencia de un vehículo Yaris, color gris ratón, que transitaba a gran velocidad, por lo que fue interceptado dándole la voz de alto. Del automóvil en mención, descendió como conductor P.A.V., al igual que sus acompañantes WASHINGTON RENTERÍA CUNDUMI y Ó.E.S.R., este último presentaba una herida en la parte posterior de la cabeza, el cual refirió había sido víctima de un delito de robo en la finca que había alquilado, siendo despojados de sus prendas, dinero, celulares y de un vehículo tipo camioneta marca Nissan Patrol, color negra.

Continúa el informe policial, el señor P.A.V. manifestó haber llamado al 104 para reportar el robo del cual fueron víctimas. En adición a ello, señaló que a él lo habían contratado unos señores colombianos, que tenían un vehículo Nissan Patrol, el cual confrontaba problemas mecánicos. En virtud de ello, se le pidió al señor ALANDETE VILLARREAL que los llevara a la finca donde se había registrado el incidente.

Al pasar por la comunidad de El Nancito, advierten los residentes del sector de La Laguna de la existencia de un vehículo color chocolate, el cual había retornado a la finca y recogió a varios sujetos, los cuales se disponían a viajar hacia Lajas, lo que motivó a la realización de un punto de control.

Sostiene el reporte policial, que a las 9:15 horas se divisó un vehículo con las características informadas, el cual transitaba a gran velocidad, razón por la cual se le dio la voz de alto a una distancia prudente, orden que fue desatendida por el conductor, por ello se hizo una detonación al aire. Esto hizo que le conductor del vehículo detuviera la marcha, a escasos metros de los policías. En dicho vehículo viajaban tres sujetos: J.A.R. -conductor-, J.A.S.R. y JULIO C.P., quien presentaba una herida en la parte posterior de la cabeza. Al ser cuestionado por lo anterior, éste le indicó haber sido víctima de un asalto en una finca ubicada en La Laguna, por lo que los llevaron con los otros dos sujetos que tenían en custodia y les solicitaron les mostraran el lugar donde ocurrió el hecho.

A las 10:10 horas, en la finca, se entrevistaron con el cuidador de la misma, el señor A.C., quien manifestó se encontraba en los sembradíos desde temprano en la mañana, luego recibió una llamada de su patrón preguntándole qué había pasado en la finca, por lo que decidió retornar a la misma observando que los inquilinos habían tenido un percance. Agrega que los inquilinos mantenían un vehículo Nissan Patrol, color negro, con placa 258877, número de placa que conocía pues lo tenía anotado en una agenda.

Más tarde, a eso de las 11:50, fue ubicado a dos kilómetros, por la entrada del M.I.D.A. del sector de Sajalices, el vehículo Nissan Patrol, con placa 258877, identificado por Ó.E.S.R. como de su propiedad, y objeto del robo. A un costado de este vehículo, dentro de un lote baldío cercado con alambre de púas, fueron ubicados, bajo un sembradío de tecas, tres maletines con cuarenta y seis (46) paquetes rectangulares, embalados y forrados con cinta adhesiva de diferentes colores. Al analizar estos paquetes, el Laboratorio de Sustancias Controladas, mediante dictamen pericial, certificó que la sustancia encontrada dentro de los cuarenta y seis (46) paquetes rectangulares corresponde a la droga conocida como cocaína, en un peso de 50.95 kilogramos.

Posteriormente todos los aprehendidos y los vehículos fueron llevados a la Sala de Guardia de la Policía de Chame, habiendo puesto en conocimiento de éstos el contenido de los artículos 22 y 25 de la Constitución Política.

La Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, mediante Vista Fiscal No.668-12 de 17 de septiembre de 2012, dispuso recomendó llamar a responder en causa criminal a los procesados P.A.V., JARISON ALBORNÓZ, J.S.R., Ó.E.S.R., WASHINGTON RENTERÍA CONDUMI y JULIO C.P., como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en los Capítulos V y VII, Título IX, del Libro Segundo del Código Penal, bajo la denominación genérica de los delitos contra la seguridad colectiva, relacionado con drogas, asociación ilícita. Además, en contra de E.A.J.S., como infractor de los Capítulos V y VII, Título IX, del Libro Segundo del Código Penal, es decir, por los delitos contra la seguridad colectiva, relacionados con drogas, y apoderamiento violento de material ilícito (fs. 421-431).

La audiencia preliminar fue celebrada por el Juez Segundo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá el día 9 de noviembre de 2012, bajo las reglas del proceso abreviado contra los procesados P.A.V., JARISON ALBORNÓZ, J.S.R., Ó.E.S.R., WASHINGTON RENTERÍA CONDUMI y JULIO C.P., como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en los Capítulos V y VII, del Título IX, del Libro Segundo del Código Penal, es decir, por delitos contra la seguridad colectiva, relacionados con drogas, y asociación ilícita, y respecto a E.A.J.S., dispuso su encausamiento como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en los Capítulos V y VII del Título IX del Libro Segundo del Código Penal, es decir, por delitos contra la seguridad colectiva, relacionados con drogas, y apoderamiento violento de material ilícito (fs. 448-457).

Mediante Sentencia Absolutoria No.42 de 23 de noviembre de 2012, el Tribunal de Primera I.tancia absuelve a todos los procesados dentro de la presente causa, de los cargos formulados en el auto de enjuiciamiento (fs. 458-472).

Dicha sentencia fue recurrida por la Fiscalía de grado, razón por la cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial emite Sentencia 2da. I.. No.77 de 21 de noviembre de 2013, que CONFIRMA el fallo recurrido (fs. 564-580).

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La Procuraduría General de la Nación, al emitir concepto respecto al presente recurso, a través de Vista N°7 de 13 de febrero de 2017, recomienda CASAR la sentencia de Segunda I.tancia No.77 de 21 de noviembre de 2013, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, al demostrarse vicios que afectan la juridicidad del fallo impugnado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

ÚNICA CAUSAL Y MOTIVOS

Primeramente consideramos oportuno destacar, la recurrente ha presentado su libelo de casación de forma separada por cada uno de los procesados, tal cual lo determina la técnica casacionista, no obstante, puede la Sala percatarse que para los seis procesados se establece la misma causal con el mismo fundamento legal, con idéntica descripción de los motivos que la sustentan, por lo que resulta mejor su análisis en conjunto para determinar si se han demostrado o no los cargos de injuricidad señalados.

Así, aduce la representante del Ministerio Público, como única causal para todos los procesados, que el Tribunal de Alzada incurrió en "Error de hecho en la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la Ley sustancial penal", contenida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.

En su PRIMER MOTIVO sostiene la recurrente, el Tribunal de Alzada no examinó la Diligencia de Allanamiento y Registro sobre la Cabaña y Albergue de Valle Chiquito (fs. 25 y 26) y al no observar dicha prueba, no hizo consideración alguna respecto a su existencia.

Señala,, de haber el Ad-Quem justipreciado esta prueba, habría notado que el acta de allanamiento dejó consignado el hallazgo de un maletín color azul, similar a uno donde se ubicó la sustancia ilícita y otros cuatro maletines similares a aquellos donde se encontró el narcótico; por otro lado, rollos de plástico, cartuchos negros, los cuales son símbolos de re-empaquetamiento de drogas, y finalmente una computadora portátil, lo que desvanece la excepción ofrecida de robo externada por los justiciables.

Agregó además la casacionista, que esta omisión influyó en lo dispositivo del fallo que confirmó la absolución de los señores P.A.V., Ó.E.S.R., JULIO C.P., WASHINGTON RENTERÍA CUNDUMI, J.A.R. y J.A.S.R., ya que se ignoró, por un lado, que los ocupantes de la vivienda estaban provistos de maletines idénticos a los contentivos de la sustancia ilícita, cuando fue hallada en el sector de Sajalices. Sumado a ello, en el allanamiento realizado a la cabaña, fueron ubicados implementos propios de actos ligados al tráfico de drogas, además que la coartada de robo planteada por los encartados cede ante el hallazgo de una computadora portátil en el mismo sitio donde estaban los maletines y los mencionados implementos lo que genera mala justificación y, de haber sido estimados, había incidido en la condena de los procesados, el señor JULIO C.P. como autor del delito de destinación de un inmueble al almacenamiento de drogas, y los señores P.A.V., Ó.E.S.R., WASHINGTON RENTERÍA CUNDUMI, J.A.R. y J.A.S.R., como coautores del mismo delito.

Como SEGUNDO MOTIVO, manifiesta la letrada el Tribunal de Alzada no valoró, en el fallo censurado, los apremios corporales que presentaron los sindicados, y al no observar dicha prueba no emitió consideración alguna respecto a su existencia en el proceso. Considera debió valorarse que los justiciables presentaban muestras palpables de lesiones físicas infringidas, lo que es propio de grupos delictivos para mantener el control sobre el cargamento de drogas.

Sostuvo la casacionista que la omisión influyó en lo dispositivo del fallo, que confirmó la decisión de absolución emitida por el A-Quo, ya que las lesiones sufridas fueron ejercidas por un grupo de tumbadores de drogas, por lo que ante lo ocurrido, no les quedó otro remedio que huir y a los tumbadores no les quedó otra alternativa que tratar de esconder la sustancia ilícita, y de haber sido valorado junto a las evidencias levantadas en la residencia alquilada, habría incurrido en condenar a JULIO C.P. como autor del delito de destinación de un inmueble al almacenamiento de drogas, y a los señores P.A.V., O.E.S.R., WASHINGTON RENTERÍA CUNDUMI, J.A.R. y J.A.S.R., como coautores del mismo delito.

El TERCER MOTIVO, señalado por la reclamante, consiste en que el Tribunal de Alzada no justipreció en el fallo censurado el contrato de arrendamiento del inmueble (fs.81-82) y al no observar dicha prueba, no hizo consideración alguna respecto a su existencia en el proceso.

Indicó la casacionista que de haber valorado dicho contrato, el Tribunal de instancia habría tomado en consideración la cláusula cuarta, que indica las reparaciones sobre el inmueble las realizará la arrendadora, mientras que la cláusula décimo segunda, prohibía romper o hacer modificaciones a las paredes o realizar cambios estructurales, lo que es contrario a lo señalado por P.A.V., quien excepcionó que es contratista y que efectuaría trabajos de acabados en general en la casa de JULIO C.P..

Agregó el recurrente, la falta de ponderación por el Tribunal de Alzada de esta prueba, llevó a confirmar la absolución de los imputados JULIO C.P., P.A.V., Ó.E.S.R., WASHINGTON RENTERÍA CUNDUMI, J.A.R. y J.A.S.R., toda vez que ello determina la existencia de una mala justificación de la presencia de los sindicados en la escena del delito, lo cual potencia la presencia de los hallazgos materiales en el inmueble, así como los apremios corporales que identifican la acción violenta ejercida sobre los imputados para despojarlos del cargamento de droga ilícita con el que huyeron los tumbadores, mismo que posteriormente se intentó ocultar ante la acción policial, lo cual de haber sido valorado habría incidido en condenar a los señores JULIO C.P., P.A.V., Ó.E.S.R., WASHINGTON RENTERÍA CUNDUMI, J.A.R. y J.A.S.R., por el delito de destinación de un inmueble para el almacenamiento de drogas.

Conocidos los argumentos de la casacionista, y como quiera que los motivos esgrimidos guardan estrecha relación, conviene su análisis de manera conjunta.

La representación del Ministerio Público fundamenta su recurso en una sola causal, error de hecho en la existencia de la prueba, respecto al cual el doctor J.F. y la doctora AURA EMÉRITA GUERRA DE V. en su obra Casación y Revisión Civil, Penal y Laboral, exponen:

"Se entiende por error de hecho sobre la existencia de la prueba el desconocimiento del medio o elemento probatorio, el ignorarlo, o dar por existente un elemento probatorio que no obra en el expediente." (F.P., J., y Guerra de V., A.E., Casación y Revisión Civil, Penal y Laboral, Editorial Sistemas Jurídicos, S.A., 2001, página 109)

En esta dirección, es oportuno reiterar que la simple comprobación de no consideración o estimación de tal medio de prueba, no logra por sí sola acreditar el vicio de injuridicidad alegado; pues, se hace necesario demostrar que con tal omisión el juzgador llegó a una conclusión distinta a la que hubiese llegado de haberlo valorado.

Verificado el sentido el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, al verificar la Diligencia de Allanamiento y Registro que se dice ignorada por el Tribunal Ad-Quem en el primer motivo del recurso que nos ocupa, la misma pone de manifiesto que la finca arrendada por los señores procesados se compone de varias residencias, así: en la casa No.1, se ubicaron cincuenta (50) municiones de arma 9 milímetros, dentro de una gaveta. Luego, en la casa No.2, se ubica un maletín azul y cuatro maletines más, parecidos a los contentivos de la sustancia ilícita. En el cuarto No.1 de la segunda casa se ubicó, un (1) rollo de plástico, al igual que siete (7) rollos de tape transparente, un forro de presunta paca de color amarillo, una serie de guantes de látex, un exacto, una serie de forros de caucho de color negro, un chip Movistar, documentos de un vehículo Hyundai Accent, color verde, con matrícula 482671, a nombre de JULIO C.P.. También se ubicó una computadora laptop, marca HP, color negra, no sin antes dejar claro que el inmueble arrendado por los justiciables es una propiedad que se compone de varias residencias.

En cuanto a los apremios corporales a las que se refiere el recurrente, estas constan de folios 46 a 49, y 52 a 53 de los antecedentes, contentivas de las atenciones médicas y registro médico de los procesados, describiendo que JULIO C.P., dentro de sus lesiones, presentó una herida cortante poco profunda, de aproximadamente seis centímetros en el cráneo. Una situación similar se da en el caso del señor O.E.S.R., al que se le aprecia un golpe en la cabeza, en la región temporo occipital del lado derecho (fs. 46); WASHINGTON RENTERÍA CUNDUMI presentó trauma en tórax izquierdo, golpes que corresponden, según el galeno, a patadas (fs.47). Igualmente, a J.A.S.R. se le determinó trauma en tórax (fs.48).

Por último, el contrato de arrendamiento presuntamente no valorado por el Tribunal Ad-Quem, específicamente en sus cláusulas cuarta y décimo segunda, establece lo siguiente:

"CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO

...

CUARTA

LA ARRENDADORA atenderá las reparaciones mayores o estructurales desde que sea notificado a LA ARRENDADORA, la misma tendrá un término de 4 a 5 días dependiendo de la urgencia del daño ó (sic) reparación.

...

DECIMO SEGUNDA

EL ARRENDATARIO no podrá hacer ningún cambio estructural en las casas mencionadas y áreas incluidas, romper o modificar paredes, al concluir el contrato y comprobarse que EL ARRENDATARIO ha incumplido este artículo, deberá indemnizar al propietario por daños a la propiedad.

..."

Sobre estos puntos, contrario a lo expuesto por la recurrente, la Sala considera que la ponderación de estos elementos de prueba no resulta, de ninguna forma, determinante para influir en lo dispositivo del fallo impugnado. Ello deviene en que el tipo penal por el cual fueron absueltos los señores JULIO C.P., P.A.V., Ó.E.S.R., WASHINGTON RENTERÍA CUNDUMI, J.A.R. y J.A.S.R. lo es el de destinar un inmueble para el almacenamiento de drogas ilícitas, contenido en el artículo 319 del Código Penal, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 319. Quien, a sabiendas, destine un bien mueble o inmueble a la elaboración, almacenamiento, transformación, distribución, venta, uso o transporte de droga será sancionado con prisión de cinco a diez años.

Cuando el dueño o administrador de un local comercial destinado al público lo use con uno de los fines señalados en este artículo, se le impondrá la pena de ocho a doce años de prisión.

Si el propietario es una persona jurídica, se le impondrán las sanciones previstas en este Código para tales personas.

De los elementos constitutivos del tipo penal, la Sala determina que la valoración de dichos elementos de prueba en ningún modo hubiera influido en lo dispositivo de la sentencia, toda vez que el tipo penal requiere que el inmueble se destine a la elaboración, almacenamiento, transformación, distribución, venta, uso o transporte de droga, situación que no se desprende de la Diligencia de Allanamiento y Registro sobre la Cabaña y Albergue de Valle Chiquito ni del contrato de arrendamiento del inmueble suscrito entre la señora N. de M. y J.H.C., los elementos de prueba no valorados por el Tribunal Ad-Quem y traídos a debate por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, pues de ninguno de ellos se colige se haya encontrado, en las residencias allanadas, presencia de drogas o rastros de drogas, situación que, de constar en dichos elementos de convicción, sí hubiese tenido la significancia para varias el sentido del fallo impugnado.

Iguales consideraciones merecen los apremios corporales sufridos por los imputados cuestionados en el segundo motivo del recurso. Respecto a la aseveración contenida en este motivo, debe señalar la Sala que las condenas deben basarse en hechos reales y pruebas idóneas y no en suposiciones como pretende la casacionista puesto que crearía inseguridad jurídica. Al respecto, no consta en autos un solo elemento que refuerce la teoría de que, en el lugar de los hechos, se dio un evento de tumbe de drogas que pudiera causarle a los prenombrados, los golpes descritos en los informes de atenciones médicas y registro médico de los procesados.

Por tanto, concluye esta Superioridad Jurídica que en efecto el Tribunal de Segunda I.tancia realizó una adecuada ponderación de los elementos de convicción contenidos en autos, al concluir de su estudio que los elementos de prueba incorporados al presente proceso no revisten la fortaleza suficiente para concluir que los sindicados JULIO C.P., P.A.V., Ó.E.S.R., WASHINGTON RENTERÍA CUNDUMI, J.A.R. y J.A.S.R., sean culpables del delito por el cual fueron llamados a juicio, es decir, el delito de destinar un inmueble para el almacenamiento de drogas ilícitas y, por consiguiente, no se infiere la vulneración del artículo 780 del Código Judicial.

Luego entonces, al no encontrar acreditados los cargos de injuridicidad que la letrada recurrente traduce en una lesión a la disposición adjetiva señalada, se sustenta la debida aplicación en contra de los sindicados del tipo penal contenido en el artículo 319 del Código Penal, por lo que corresponde al Tribunal de Casación no casar la sentencia impugnada, y a ello procede.

PARTE RESOLUTIVA

Por las consideraciones anteriores la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 2da. I.. No.77 de 21 de noviembre de 2013, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso penal seguido a los señores JULIO C.P., P.A.V., Ó.E.S.R., WASHINGTON RENTERÍA CUNDUMI, J.A.R. y J.A.S.R. el delito de destinar un inmueble para el almacenamiento de drogas ilícitas.

N. y devuélvase,

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

JERÓNIMO MEJÍA E. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)

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