Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Marzo de 2019

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución27 de Marzo de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Subsanada la pretermisión advertida por esta S., mediante resolución de 29 de marzo de 2017, el Segundo Tribunal Superior de Justicia remitió, para su examen de admisibilidad, el recurso extraordinario de casación en el fondo, formalizado por el Licenciado R.E.G.Á., en representación de L.R.Á., contra la S.encia identificada S.. 2da. I.. No.057 de 5 de mayo de 2015, mediante la cual, dicho Tribunal reformó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Séptimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condenó a la prenombrada a la pena de cinco (5) años de prisión y, accesoriamente, la inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas, por el término de dos (2) años, como autora del delito de Estafa, en perjuicio de A.G.S., así como civilmente, a la restitución de las Fincas No. 52815 y 52818, a nombre de su verdadero dueño, y en su lugar, dejó sin efecto la condena civil, confirmándola en todo lo demás.

Mediante Auto 2da. I.. No.118 de 28 de septiembre de 2017, el Segundo Tribunal Superior de Justicia negó el recurso de casación anunciado por la firma de abogados Santana Pittí & Asociados, en representación de la parte querellante, y concedió en el efecto suspensivo, el recurso de casación formalizado por el Licenciado R.E.R.Á., en representación de L.R.Á. (Fs. 493-495).

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2439 del Código Judicial, la Secretaría de la S. Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia fijó el negocio en lista, por el término de ocho (8) días, mediante providencia calendada 29 de enero de 2018 (F. 501), sin recibir escrito alguno de las partes en el proceso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El artículo 2439 del Código Judicial establece que concluido el término de fijación en lista, la Corte decidirá si el recurso reúne los requisitos descritos en la misma norma. Por ende, surtido dicho trámite, corresponde a la S., en este momento procesal, determinar la viabilidad de su admisibilidad.

Así, se observa que la resolución contra la que se ha interpuesto el recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, pues se trata de una sentencia definitiva de segunda instancia, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro de un proceso penal seguido por delito de Estafa que conlleva pena superior a los dos años de prisión, con lo cual, se cumple el requisito primario previsto por el artículo 2430 del Código Judicial.

El recurso ha sido formalizado en término procesalmente oportuno, por persona idónea, es decir, por quien ejerce la defensa particular del procesado (Fs. 439-440) y el libelo ha sido dirigido al Magistrado Presidente de la S. Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo la formalidad exigida por el artículo 101 del Código Judicial (F. 477).

En cuanto a los requisitos exigidos por los numerales 3 y 4 del artículo 2439 ibídem, se observa que la historia concisa del caso, si bien expone algunos aspectos procesales de importancia, omite otros que también revisten relevancia, y que la S. debe conocer, como, por ejemplo, en qué fecha, y por qué delito, el Ministerio Público formuló cargos a la sindicada y en qué fecha se dictó el auto de vocación a juicio, y por qué delito genérico. Estas falencias deberán ser subsanadas.

El recurrente ha fundado el recurso en tres causales de fondo, las cuales se analizarán por separado, para lograr una mejor comprensión de la decisión.

Primera Causal de Fondo

La primera causal invocada corresponde a una de las previstas por el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial, es decir, “Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la S.encia y que implica infracción de la ley sustancial penal” (F. 479), la cual viene sustentada mediante seis motivos que, igualmente, se examinarán por separado.

Sin embargo, antes de proceder a dicho análisis, es preciso indicar que para sustentar adecuadamente esta causal, reiterada jurisprudencia de esta S. ha señalado que el planteamiento de cada uno de los motivos debe ceñirse a los siguientes parámetros: a) precisar la pieza probatoria que se alega erróneamente apreciada; b) citar los números de las fojas donde se encuentra la pieza; c) señalar cómo valoró esta prueba el Tribunal de Alzada; d) establecer en qué consiste el error de apreciación; e) indicar cuál fue la regla de apreciación probatoria vulnerada; f) señalar cómo se debió haber ponderado dicha prueba; y, f) explicar de qué manera el error cometido en la apreciación de la misma, influyó en lo dispositivo del fallo.

En el recurso que nos ocupa, es evidente que de los motivos primero a quinto, el recurrente realiza un desarrollo que se aleja de la técnica exigida para construir los motivos en el recurso de casación, recurriendo a alegatos propios de las distintas etapas del proceso. Por tanto, no es posible extraer de ninguno de ellos, un cargo concreto de injuridicidad.

Finalmente, es en el último motivo, aunque de manera sucinta y sin ser capaz aún de establecer un cargo concreto de injuridicidad, donde se logra vislumbrar preliminarmente, cuáles son los reparos que pretende establecer el recurrente, aunque sin cumplir con la técnica del recurso, y también, cuáles son las pruebas supuestamente mal valoradas.

Nótese que, de los motivos primero a quinto, el censor hace un amplio despliegue respecto a múltiples pruebas que obran en el dossier, algunas de las cuales, ni siquiera se observa, fueron apreciadas en la decisión de segundo grado, por lo que, invocarlas para sustentar esta causal, no es apropiado.

Un análisis conjunto de todos los motivos, permite constatar que las únicas pruebas respecto a las cuales se evidencia disconformidad del censor, y que sí ameritaron algún grado de valoración por parte del Tribunal de Alzada, son la Escritura Pública No. 20462 de 22 de diciembre de 2009 (F. 76-77); las declaraciones juradas del querellante – sin indicar en qué fojas reposa esta prueba –, de L.E.A.G. (Fs. 115-118), V.M.B. (Fs. 119-122) y C.L.T.J.(.F. 329), así como la Certificación Pública del Registro Público que reposa de fojas 340 a 349.

Por tanto, el censor deberá replantear la sección de expresión de motivos, limitándose a sustentar solamente la errónea apreciación de estas probanzas pues, el resto de las que menciona en los motivos primero a quinto, e incluso la declaración de P.S. – mencionada en el motivo sexto – no merecieron ponderación por el Tribunal Superior. Se le recuerda su deber de ceñirse a los parámetros jurisprudenciales anteriormente expuestos, requeridos para la correcta enunciación de los motivos que sustentan esta causal. Además, debe recordar que los reparos sobre la valoración de pruebas de distinta naturaleza jurídica, no deben darse en un mismo motivo, sino a través de motivos separados.

En la sección de disposiciones legales infringidas se alega la infracción de los artículos 781, 834, 836 y 920 del Código Judicial, todos, en concepto de violación directa, por omisión; del artículo 1103 del Código Civil, en concepto de violación directa por omisión; y, del artículo 220 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación.

Sin embargo, respecto a esta sección del recurso, también es preciso realizar algunas acotaciones que conllevarán su corrección. En primer lugar, se observa que uno de los preceptos no ha sido transcrito en su integridad, lo que es contrario a lo exigido reiteradamente en jurisprudencia por esta S., es decir, la transcripción de la norma completa.

De otra parte, el recurrente deberá suprimir del libelo, la alegada transgresión de los artículos 834 del Código Judicial y 1103 del Código Judicial, pues cuando se invoca la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba, los únicos preceptos adjetivos cuya conculcación puede invocarse son aquellos que establecen criterios de apreciación de la prueba, lo que no sucede con ninguna de estas dos normas.

Otra falencia es el hecho de no haber alegado en esta sección, la infracción del artículo 221 del Código Penal, en el concepto en que lo hubiese estimado el recurrente, pues es la norma penal que aplicaron, tanto el A quo, como el Tribunal de Alzada, para estimar agravada de manera específica, la conducta que se consideró acreditada respecto a L.R.Á.. Cabe señalar que la S. permitirá su inclusión en el libelo de corrección, pues en este caso en particular, el recurrente no soslayó su deber de establecer cuál fue la norma sustantiva en la cual, fueron subsumidos los hechos probados en contra de su mandante, es decir, el artículo 220 del Código Penal – el cual debe mantenerse –, habilitando de esta manera la posibilidad de que la S. permita, mediante la orden de corrección, la introducción del artículo 221 del Código Penal, en el concepto de infracción adecuado.

Por otra parte, aunque los artículos 781, 836 y 920 del Código Judicial guardan relación con la causal empleada, así como preliminarmente, con los hechos que al parecer, el recurrente intenta esbozar como cargos de injuridicidad a través de la sección de expresión de motivos, no menos cierto es que, al sustentar el concepto de su infracción, incurre en alegatos sumamente extensos, apartándose de la técnica del recurso que sólo exige explicar de manera breve y concreta, cómo es que se ha producido la infracción del precepto en cuestión, sin repetir o reiterar los hechos en que se sustentan los motivos, pues para tales efectos está el apartado de expresión de motivos.

La misma recomendación opera respecto a la sustentación del concepto en que se dice infringido el artículo 220 del Código Penal, en donde además, deberá replantear el argumento según el cual, su indebida aplicación se produce porque “no se comprobó que algún momento (sic) se produce el engaño que es el verbo rector de la norma” o toda vez, que ello no es congruente con esta causal, sino con otra de naturaleza sustantiva – que no es la que nos ocupa en este momento – , amén de que el error de derecho en la apreciación de la prueba no se produce porque no se ha comprobado tal o cual situación, sino por la errónea apreciación de pruebas concretas, lo que se traduce en la violación indirecta de la ley sustancial penal.

Igualmente deberá suprimir de la explicación del concepto en que se alega vulnerado el artículo 220 del Código Penal, la afirmación de que “no hay lugar…a otras interpretaciones” porque ello tampoco es congruente con esta causal, sino con otra de naturaleza sustantiva que no se ha invocado en el recurso, y cuya inclusión – aclaramos – devendría extemporánea.

Por último, es necesario advertir que, como quiera que el censor deberá hacer un replanteamiento integral de la sección de motivos, y deberá eliminar la referencia a ciertas probanzas, por no haber sido estimadas por el Ad quem, igualmente deberá suprimir la alusión a estas mismas pruebas en el epígrafe de disposiciones legales infringidas, pues todas las secciones del recurso deben guardar armonía entre sí.

Por tanto, a pesar de ser muchos, los defectos detectados aún pueden ser subsanables, por lo que se ordenará la corrección es esta causal, no sin antes advertir al recurrente que deberá ceñirse estrictamente a las facultades correctivas concedidas, sin excederse, ni omitir alguna de ellas, haciendo surgir además, de la sección de expresión de motivos, motivos – todos – contentivos de cargos concretos de injuridicidad, congruentes con la causal, pues de no cumplirse estas condiciones habría lugar a su inadmisión.

Segunda Causal de Fondo

La segunda causal de fondo invocada es “Por ser la S.encia infractora de la ley sustancial penal, por indebida aplicación de ésta al caso juzgado” (F. 485), sin que el censor haya establecido qué artículo la consagra, como era su deber.

Sobre esta causal, reiterada jurisprudencia de esta S. ha establecido el planteamiento que se extrae del fallo citado a continuación:

En cuanto a la primera causal invocada, debemos señalar que de acuerdo a J.E.T.R., citado por J.E.M.(.. Trabajo de graduación. P.. 165), esta causal tiene lugar cuando "el juzgador aplica una ley sustancial (proposición jurídica completa) que no es precisamente la que regula las situaciones fácticas que se han demostrado...". Además, supone que el aspecto fáctico ha sido valorado correctamente:

"Al respecto, cuando se invoca la causal de infracción de la ley sustancial por indebida aplicación, debe tenerse en cuenta, según criterio doctrinal y jurisprudencial sostenido, que quien la alegue nada tiene que objetarle al aspecto probatorio, puesto que se parte del supuesto de que el elemento fáctico se encuentra correctamente plasmado en el proceso y que el material probatorio fue bien estimado -valorado- en su práctica"." (Registro Judicial, marzo de 1990, páginas 178-180).

En el presente recurso, la causal viene sustentada en tres motivos, de los que claramente se advierte el cuestionamiento a la labor de valoración probatoria a cargo del Tribunal Superior, lo que no es posible realizar a través de ella.

También es dable indicar que, como quiera que esta causal supone que el censor está conforme con la forma en que fueron fijados los hechos, únicamente cuestiona que se haya aplicado a esos hechos correctamente establecidos, una norma sustantiva que no los regula, lo que supone, por otro, lado, que se dejó de aplicar la norma sustantiva que sí lo hace de manera correcta. Empero, no se observa del planteamiento de ninguno de los motivos que esta sea la situación que busca resaltar el censor, quien se concentra exclusivamente en el ataque a la justipreciación de las pruebas o, lo que es lo mismo, a la forma en que el Ad quem estableció los hechos, señalando que éstos no son constitutivos de delito, lo que también guarda relación con otra causal que no es la que nos ocupa en este momento.

En el apartado de disposiciones legales infringidas, se invocan los artículos 220 y 221 del Código Penal, así como el artículo 1555 del Código Judicial, los dos primeros, en concepto de violación directa, por indebida aplicación – pese a que, la enunciación correcta es, por indebida aplicación – y, el último, en concepto de omisión, cuando la enunciación correcta sería, violación directa, por omisión.

Una vez más se observa que el censor persiste en la transcripción parcial de los preceptos, cuando lo correcto es su transcripción integral; yerra además, en la enunciación adecuada de los conceptos de infracción, e incurre en una sustentación que tampoco se ajusta a la técnica del recurso, amén de emplear argumento que tampoco están a tono con la causal.

Por otra parte, soslaya indicar cuál es la norma sustantiva – que no adjetiva, como el artículo 1555 del Código Judicial – que ha sido violada directamente, por omisión, al ser la norma que regulaba el supuesto de hecho correctamente establecido, y en consecuencia, debió ser aplicada. A la sazón, el artículo 1555 del Código Judicial no guarda relación con los hechos planteados y, como ya se dijo, por ser adjetiva, aunque se haya invocado infringida en el concepto de omisión, no sería la norma sustantiva aplicable en reemplazo de aquella que lo fue de manera indebida, por lo que su inclusión no es adecuada en el este acápite.

En consecuencia, observa la S. que el actor no tiene éxito en lograr el requisito esencial que se busca del recurso extraordinario de casación, es decir, hacer que éste se constituya en una proposición jurídica completa que se baste por sí sola, permitiendo su examen posterior, en el fondo. Antes bien, se aprecia que los yerros trascienden los meros defectos formales, dando lugar a su inadmisión.

Tercera Causal de Fondo

Finalmente se invoca la causal prevista por el numeral 2 del artículo 2430 del Código Judicial, es decir “Por haber tenido la S.encia como delito un hecho que no lo es”, enunciación que no se corresponde con aquella que viene señalada por el numeral 2 del artículo 2430 del Código Judicial, por lo que deberá ser invocada de manera correcta.

La causal aludida tiene lugar en el supuesto en que, sin que medien errores de hecho o derecho en la apreciación de la prueba, el juez califica como delito un hecho que no lo es. Se parte del supuesto de que la declaración de los hechos efectuada por el Tribunal es correcta, esto es, que los hechos han sido bien establecidos en la sentencia y que es al calificarlos cuando el juez se equivoca, dándoles connotación cuando en realidad no la tienen.

La S. también ha señalado que al invocar dicha causal el casacionista debe indicarle al Tribunal de Casación cuáles hechos, de los que la sentencia considera probado y sobre los cuales no hay discusión, fueron subsumidos por el Tribunal Superior en la norma jurídico penal a pesar de no tener connotación delictiva por ser conductas que carecen de tipicidad.

En esa oportunidad, se desarrolla la causal a partir de cuatro motivos, de los cuales, los tres primeros, difieren abiertamente de la forma en que fueron establecidos los hechos – lo que es impropio – mientras que, sólo el último motivo contiene un cargo de injuridicidad concreto y congruente con la misma.

Como normas legales infringidas, se aducen los artículos 220 y 26 del Código Penal, el primero de ellos, en concepto de violación directa, y el segundo, en concepto de violación directa por falta de aplicación. Al respecto, la S. debe recordar al censor que la forma correcta de invocar el concepto de infracción es: violación directa, por omisión; violación directa, por comisión, o bien, indebida aplicación.

Ahora bien, el artículo 220 del Código Penal, se dice violado directamente, sin especificar si lo ha sido, por omisión o por comisión; aun así, considera la S. que ninguno de los dos conceptos se ajusta a la explicación de la infracción que plantea el recurrente, por lo que deberá replantearse cuál es el concepto de infracción adecuado a su disconformidad.

El artículo 26 del Código Penal se aduce vulnerado en concepto de violación directa por falta de aplicación que, como se dijo, no es la enunciación correcta del concepto de infracción; sin embargo, la explicación es adecuada al concepto en que se dice infringida la norma, siempre que se enuncie correctamente el concepto de infracción.

Otra falencia advertida, así como ocurrió en la primera causal, es el hecho de no haber alegado en esta sección, la infracción del artículo 221 del Código Penal, en el concepto en que lo hubiese estimado el recurrente, pues es la norma penal que aplicaron, tanto el A quo, como el Tribunal de Alzada, para estimar agravada de manera específica, la conducta que se consideró acreditada respecto a L.R.Á.. Cabe señalar que la S. permitirá su inclusión en el libelo de corrección, pues en este caso en particular, el recurrente no soslayó su deber de establecer cuál fue la norma sustantiva en la cual, fueron subsumidos los hechos probados en contra de su mandante, es decir, el artículo 220 del Código Penal – el cual debe mantenerse –, habilitando de esta manera la posibilidad de que la S. permita, mediante la orden de corrección, la introducción del artículo 221 del Código Penal, en el concepto de infracción adecuado.

Por tanto, culminado el examen de la tercera causal, se observa que el censor deberá invocar correctamente la causal, ajustándose a su denominación legal; tendrá que eliminar de la sección de expresión de motivos, los motivos primero, segundo y tercero; mientras que, en el epígrafe de disposiciones legales infringidas, deberá enunciar correctamente los conceptos de infracción de las normas que dice conculcadas, al tiempo que deberá incluir la correcta infracción del artículo 221 del Código Penal.

Una vez más se advierte al postulante que deberá ceñirse estrictamente a las facultades correctivas concedidas, sin excederse, ni omitir alguna de ellas, pues tales eventualidades darían lugar a la inadmisión de la causal.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo anteriormente expuesto, LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SURPEMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

ORDENA LA CORRECCIÓN de las causales primera y tercera, dentro del recurso de casación formalizado el Licenciado R.E.G.Á., en representación de L.R.Á., contra la S.encia identificada S.. 2da. I.. No.057 de 5 de mayo de 2015, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distriot Judicial de Panamá, dentro del proceso penal seguido a la prenombrada, por delito de Estafa, en perjuicio de A.G.S..

NO ADMITE la segunda causal de fondo, invocada dentro de mismo recurso.

SE DISPONE que el negocio permanezca en Secretaría, por el término de CINCO (5) DÍAS, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, a efectos de que el interesado realice la corrección ordenada.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículos 2439 y 2440 del Código Judicial.

N. y CÚMPLASE,

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E.

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)

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