Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 2 de Septiembre de 2009

PonenteHarley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución 2 de Septiembre de 2009
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

El LIC. A.A.B.D., en su calidad de F. Superior Especializado en Asuntos Civiles, ha presentado recurso de casación contra la Resolución de 20 de noviembre de 2006, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que revoca el Auto No.808 de 11 de abril de 2006 dictada por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Sumario de Desahucio interpuesto por CORREDORES UNIDOS S.A., en contra del Banco Hipotecario Nacional.

Dicho medio extraordinario de impugnación es en la forma, y se encuentra fundamentado en una sola causal, el que fue admitido por medio de resolución de fecha 28 de diciembre de 2007. Asimismo, se dio cumplimiento a la fase propia de las alegaciones ordenada mediante Resolución de 8 de febrero de 2008, en la que únicamente el F. Superior de Asuntos Civiles presentó su respectivo escrito.

Mediante providencia de 17 de marzo de 2008, se corrió en traslado a la señora Procuradora General de la Nación por el término de tres días, con la finalidad de que emitiera concepto en el fondo del recurso de casación, término que utilizó como se puede corroborar de fojas 119 a 131.

ANTECEDENTES

Tiene su génesis el caso que nos ocupa, en el proceso Sumario de Desahucio que interpusiera CORREDORES UNIDOS S.A., en contra de BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, procediendo el A-quo mediante Auto No.808 de 11 de abril de 2006 a no admitirla, por lo que una vez notificado de dicha resolución el apoderado judicial de la demandante anunció apelación, concediendo el recurso dicho Tribunal mediante providencia de 3 de mayo de 2006.

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, resolvió revocar la resolución del A-quo y ordenó se imprimiera el trámite establecido en la ley, pues consideró que los jueces de circuito son competentes para conocer de procesos civiles en donde figuren como parte el Estado, los Municipios, las entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas y cualquier otro organismo del Estado o del Municipio, tal como lo establece el artículo 159 literal b del Código Judicial.

Explica el Ad-quem en la resolución que es atacada por el recurso que nos ocupa, que no es necesario que una de las partes dentro de una relación contractual sea una entidad estatal para que se considere que el contrato es administrativo, sino que es necesario que se tome en cuenta la naturaleza del acto que vincula cada caso.

Señala el Tribunal de Segunda instancia que el presente caso se suscribió un contrato de arrendamiento por el Banco Hipotecario Nacional con la sociedad Corredores Unidos S.A., sobre un local comercial, que sigue ocupando la entidad demandada a pesar de que no se ha prorrogado el contrato, ni se han pagado los cánones que están atrasados.

Indicó también, que la ley 56 de 27 de diciembre de 1995, que regulaba lo concerniente a la contratación pública en el momento en que se suscribió el contrato de arrendamiento, se establece además de otros temas, el ámbito de aplicación, refiriéndose en el numeral 2 del artículo 1 sobre adquisición o arrendamiento de bienes, y el artículo 100 trata lo relacionado a que puede darse en arrendamiento los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Estado que cuyo destino no sea el uso o servicio público, y no se establece que no pueden ser arrendados por una entidad estatal determinada.

Que por ser el Banco Hipotecario Nacional una empresa estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen interno, sujeta a la orientación del Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Vivienda y a la fiscalización de la Contraloría General de la República, se le permite que disponga de su patrimonio, y que decida lo que crea conveniente para ejercer sus funciones, así como para celebrar un contrato de arrendamiento vinculante civilmente con la sociedad Corredores Unidos S.A., motivo por el cual, la controversia que se plantea puede ser resuelta en los juzgados de circuito de la esfera civil, por tal motivo, consideró el Tribunal Ad-quem, que el A-quo erró al no admitir la demanda sumaria.

RECURSO DE CASACIÓN:

Como se dejara establecido anteriormente, el medio de impugnación que nos ocupa, va dirigido en contra de la Resolución de fecha 20 de noviembre de 2006, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, respaldada por una sola causal de forma, la cual se encuentra consagrada en el artículo 1170 del Código Judicial, a saber: "Por haberse omitido cualquier otro requisito cuya omisión cause nulidad".

La causal se encuentra fundamentada en dos motivos a saber:

"PRIMERO: El Tribunal de Justicia de Panamá, mediante resolución de fecha veinte (20) de noviembre de 2006, revocó el Auto No.808 de once (11) de abril de 2006, dictado por la Juez Segunda de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el cual no se admitió, por razones de jurisdicción, la demanda sumaria de desahucio promovida por CORREDORES UNIDOS, S.A. en contra del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, pasando por alto en esta relación procesal un presupuesto esencial como lo es la jurisdicción, que por la naturaleza del asunto, en este caso, un contrato de naturaleza administrativa, es de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa.

SEGUNDO

Que en la resolución emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá y que se impugna a través de este recurso, es contraria a la ley, en virtud que decide sobre una causa que se origina en una reclamación que busca dar por terminada una relación contractual en la que es parte el Estado en la jurisdicción civil, cuando realmente le corresponde a la jurisdicción Contencioso Administrativa el conocimiento de esta pretensión."

Se citan como normas jurídicas de derecho infringidas por la resolución recurrida, los artículos 97 numeral 5, 733 numeral 1, y 229 del Código Judicial. También consideró infringido el artículo 78 de la Ley N°56 de 27 de diciembre de 1995 sobre contratación pública.

Señala el casacionista que el artículo 97 ordinal 5 del Código Judicial fue violado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, al resolver una causa que le corresponde a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, por ser materia administrativa la celebración, cumplimiento o extinción de los contratos administrativos.

En cuanto al artículo 733 ordinal 1 fue violado según el recurrente, porque el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial resuelve sobre una causa que no se encuentra atribuida a la jurisdicción civil, sino a la jurisdicción Contencioso Administrativo, produciendo nulidad absoluta, lo que va en contra de los preceptos legales, y por tal motivo es contrario al orden público.

El artículo 229 del Código Judicial fue violado de acuerdo al recurrente, al sostener que un caso que es originado en una reclamación que busca dar por terminada una relación de carácter contractual en la que el Estado es parte, debe ser dilucidada en la jurisdicción civil, cuando le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo.

En cuanto al artículo 78 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, es violado al dictarse la resolución de 20 de noviembre de 2006, cuando se deja establecido que al originarse una reclamación, cuyo objetivo es finalizar una relación contractual en la que el Estado es parte, debe ser tramitada en la jurisdicción civil, pero que le corresponde a la jurisdicción Contencioso Administrativo.

CRITERIO DE LA SALA:

Corresponde a esta Sala resolver el Recurso de Casación en la forma que presentara el Ministerio Público en representación del Banco Hipotecario Nacional, a fin de enervar el fallo del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que revocó el de primera instancia.

Como ha quedado expuesto en autos, el casacionista ha invocado la causal de Forma "Por haberse omitido cualquier otro requisito cuya omisión cause nulidad", ya que según ha explicado, el proceso que nos ocupa no debe ser dilucidado en la jurisdicción ordinaria, en virtud que se trata de de un contrato de carácter administrativo, y que por tal razón le corresponde a la jurisdicción Contencioso Administrativo.

Esta Sala debe iniciar señalando en cuanto al tema que nos ocupa, que se ha dejado establecido en diversos fallos, que para que un contrato celebrado entre el Estado, o cualquier autoridad autónoma o semiautónoma, o el municipio y un particular, las controversias que se originen con relación a ello, sea de competencia de la jurisdicción contencioso administrativo debe revestir carácter administrativo, ya que aquellos contratos meramente civiles le corresponde conocer a la jurisdicción ordinaria.

Así pues, se puede mencionar el fallo de fecha 10 de agosto de 2006, dictado en el Recurso de Casación presentado por TRANSPORTES DAFRON S. A., en el Proceso Ordinario que le sigue a VIDAL ARAÚZ y R.A.F., en el cual se dejó establecido lo siguiente:

"Ahora bien, al examinar el cargo de violación del literal b del artículo 159 del Código Judicial, arriba expuesto, la Sala se percata que el fallo atacado, al confirmar la resolución de la jueza de primera instancia, no dudó que la pretensión de la parte actora consiste en que se declare la nulidad de dos escrituras públicas expedidas por un funcionario del Consejo Municipal del Distrito del Barú, pero consideró que por ese mismo hecho de ser un acto emitido por esta dependencia pública, la controversia debía ser ventilada ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, conforme al artículo 97, numeral 7, del Código Judicial, que expresa:

"Artículo 97. A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente:

...

7. De los acuerdos o cualquier acto, resolución o disposición de los Consejos Provinciales, los consejos municipales, juntas comunales y juntas locales o de las autoridades y funcionarios que de ellas dependan, contrarios a las leyes, a los decretos que las reglamenten o a sus propias normas;

..."

Esta decisión es cónsona con el criterio que ha mantenido la Sala en reiteradas ocasiones, en cuanto a la interpretación del literal b del artículo 159 del Código Judicial, en el sentido de que los procesos en que figuren como parte el Estado y las demás entidades públicas, serán de competencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo; pero siempre y cuando, como lo señala la norma y que no es el caso que nos ocupa, figuren como parte el Estado o un ente público. De manera que, cuando se trata de casos de particulares o cuando las entidades públicas y cualquier otro organismo del Estado o municipio actúan como entes de derecho civil, la competencia será de los tribunales civiles, por la naturaleza de la materia que los vincula al negocio.

Por otro lado, en cuanto al cargo que consiste en que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, al confirmar la decisión del Juzgado Octavo del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, infringió el numeral 14 del mismo artículo 159 del Código Judicial, que le atribuye competencia a los jueces de circuito para conocer los procesos civiles que no estén atribuidos expresamente por la ley a otra autoridad, la actora considera que esta norma fue infringida directamente por omisión, "toda vez que la nulidad de una escritura pública no le corresponde conocerla a otra autoridad que no sea a los Jueces de Circuito Civil", al igual que los instrumentos otorgados por los notarios públicos.

En el negocio que nos ocupa, a pesar de que la pretensión de la parte actora consiste en la declaratoria de nulidad de dos escrituras públicas otorgadas por el Secretario del Concejo del Barú, en funciones notariales, y sus respectivas inscripciones en el Registro Público, por lo que la casacionista considera que es un acto atacable mediante un proceso civil, igual que los instrumentos otorgados por los notarios públicos; lo cierto es que esos actos notariales contienen la protocolización de la adjudicación de un lote de terreno municipal al demandado, a título de plena propiedad, que es el resultado de un procedimiento administrativo.

Adicionalmente, al revisar los hechos que le sirven de sustento al libelo de demanda, se puede constatar que la recurrente ha omitido señalar que su pretensión se apoya igualmente en el hecho de que está viciado de nulidad ese acto administrativo de adjudicación de un bien inmueble municipal contenido en las escrituras públicas, además de las alegadas causas de nulidad de las mismas escrituras públicas.

En efecto, consta en el expediente, y también en la resolución de primera instancia, que la actora fundamentó su demanda, entre otros, en el hecho de que el demandado "inscribió un Título de Propiedad Municipal en el Registro Público, que obtuvo de manera ilegal violando los procedimientos para expedición de títulos de propiedad municipal establecido en el Acuerdo Municipal No. 56 de 1979 que expidió el Concejo (sic) Municipal de Barú, en perjuicio de TRANSPORTES DAFRON, S. A." (f. 4)

Por estas circunstancias, el juzgador a quo en el auto 251 de 28 de febrero de 2002, que fue confirmado por la resolución impugnada, concluyó lo siguiente:

"Sobre el particular, este Tribunal es del criterio que el conocimiento del negocio en examen corresponde a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, toda vez que el demandante señala en los hechos de la demanda que en el trámite de adjudicación del título de propiedad ser realizaron procedimientos que adolecen de ilegalidad, por ser violatorio de lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 56 de 1979, de modo y manera que si lo pretendido es la ilegalidad de los actos realizados en un proceso administrativo, al tenor de lo dispuesto en el ordinal 3 del artículo 97 del Código Judicial, este proceso no compete a este Tribunal".

El numeral 3 del artículo 97 del Código Judicial, que desarrolla el artículo 206 de la Constitución Política, señala que a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia le corresponde, entre otros, el conocimiento en materia administrativa "de los recursos contenciosos en los casos de adjudicación de tierras".

No obstante las observaciones anteriores, la Sala no está de acuerdo con el criterio del Tribunal ad quem, como tampoco con el del juzgador de primera instancia, en cuanto a que la pretensión de la demandante-casacionista consiste en la declaratoria de ilegalidad de un acto administrativo de adjudicación de tierras municipales cuyo conocimiento corresponde a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, dado que consta en autos que la recurrente claramente especificó que el objeto de su demanda era que se hicieran las declaraciones que transcribimos ut supra (f. 2)y que, en síntesis, consisten en lograr la nulidad de dos escrituras públicas expedida por el Secretario del Concejo, en funciones notariales, y la consecuente cancelación de su inscripción en el Registro Público, por haberse otorgado sin cumplir con las solemnidades y requisitos legales.

Ello es así, a pesar de que en los hechos primero, segundo, tercero y cuarto de la demanda, la casacionista se refiere a errores y omisiones en el procedimiento administrativo de adjudicación del título de propiedad municipal, así como en la expedición de la resolución administrativa respectiva, los cuales no son cónsonos con el petitum ni con las disposiciones legales en que se funda el libelo de la demanda.

En consideración a lo señalado, se puede concluir que el auto impugnado ha infringido el artículo 159, literal b y numeral 14, del Código Judicial, puesto que lo que pretende la recurrente en la demanda objeto del recurso de casación, es obtener la nulidad del acto de otorgamiento de estos instrumentos notariales y su inscripción en el Registro Público, por violación de las normas sobre notariado y registro público; en especial, el artículo 1719 del Código Civil que obliga al secretario del Consejo Municipal, cuando ejerce funciones notariales, a ajustarse a todas las disposiciones que el Código Civil mantiene para el desempeño de dichas funciones.

En otras palabras, lo que está objetando la casacionista en su demanda es el aspecto formal de la escritura pública, en este caso, si el acto notarial expedido por el Secretario del Concejo, en funciones notariales, como depositario de la fe pública, cumplió con todas las formalidades legales y requisitos necesarios para su validez y eficacia jurídica, de acuerdo con los artículos 1735, 1739, 1745, 1782 y 1784 del Código Civil.

..." (Lo subrayado es de la Sala).

Ahora bien, el recurrente ha dejado establecido que la resolución de segunda instancia violó el artículo 97 ordinal 5 del Código Judicial, en virtud de que como ya se indicó, consideró que por ser de naturaleza administrativa el contrato celebrado entre las partes del proceso que nos ocupa, le corresponde a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

Al respecto se puede mencionar, como bien lo dejó establecido el Tribunal Ad-quem, "no basta que una de las partes dentro de la relación jurídica contractual sea una entidad estatal, para que un contrato sea considerado administrativo, sino que debe tomarse en consideración la naturaleza de la actuación que lo vincula", criterio que comparte esta S., toda vez que, para que se considere que un contrato es materia administrativa y sea competente la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de las controversias que se susciten a razón del mismo, debe cumplir con ciertas característicaspara tenerlo como tal, pudiéndose mencionar entre una de ellas, la cláusula exhorbitante, propio de los contratos administrativos, aspecto que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado, como es el caso de la Resolución de 18 de noviembre de 1996, en el que se explicó lo siguiente:

"Un Sector de la doctrina considera que la diferencia entre los contratos administrativos y los contratos civiles debe buscarse en el "régimen jurídico de los distintos vínculos contractuales, afirmando que los contratos administrativos se caracterizan por la existencia de clásucula exhorbitantes en relación con el derecho común o subordinación jurídica del particular a la administración, poniendo como ejemplo de ellas a la clásula de caducidad" (Resolución de 22 de julio de 1993 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en la excepción de prescripción dentro del juicio por cobro coactivo que le sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario a C.G. STERLING Y C.A.S.D.R..

Sostiene A.R., Brewer-Carías, citado por M.G.R. en su obra la Contratación Administrativa en Colombia-Doctrina y Jurisprudencia, que las llamadas cláusulas exhorbitantes "no son cláusulas en el sentido de que no son estipulaciones contractuales sino que, en realidad, son manifestaciones del poder de acción unilateral propio de la administración..., relacionada con la posibilidad de adoptar decisiones unilaterales relativas a dirección, interpretación, incumplimiento, sanción, modificación unilateral y extinción..., y provienen de los poderes propios de acción unilateral de la administración como gestora del interés público, por ello, por lo general, no necesitan estar pactadas expresamente y se toman por medio de actos administrativos que gozan tanto del privilegio de la ejecutividad como de la ejecutoriedad sin perjucio de que sobre ellos se ejerza un control de legalidad por el juez administrativo".

(Cfr. G.R., M., La Contratación Administrativa en Colombia Doctrina y Jurisprudencia, 1a. ed., L.J.W., Colombia 1990, p.8,, 12 y 13)." (Lo subrayado es de la Sala).

El contrato celebrado entre CORREDORES UNIDOS S.A., y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, corresponde al arrendamiento del local No.3, de la planta baja, del Edificio construido sobre la Finca 4113, inscrita al Tomo 85, F. 380, de la Sección de la Propiedad, provincia de Panamá, de propiedad de MOPLADI S.A., y LUFRAL S.A., constantándose que el mismo no reviste de cláusula exhorbitante alguna la cual pueda dar indicios que es de carácter administrativo y no civil, como lo ha indicado el casacionista.

Por otro lado, según se desprende del artículo 15 de la Ley 56 de 1995 sobre contrataciones públicas, que se encontraba vigente a la fecha de celebración del contrato, dicha ley es aplicable al arrendamiento de bienes que le pertenezcan al Estado, no encontrándose el caso que nos ocupa en ese renglón.

También se establece en el considerando del Decreto Ejecutivo 18 de 25 de enero de 1996 que reglamenta la ley antes indicada, lo relacionado a los bienes dados en arrendamiento de la siguiente manera:

"Que la Administración Pública tiene como finalidad inmediata, la de satisfacer las necesidades colectivas, mediante la prestación de servicios públicos a la comunidad, y para lograr estos objetivos, debe elegir a la persona con la cual contratará la ejecución o reparación de obras nacionales, las adquisiciones, suministros, mantenimiento y servicios que se efectúen con Fondos del Estado, de sus entidades autónomas, semiautónomas o de los Municipios y la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes a los mismos, para obtener lo que se requiere y lograr una adecuada administración de los recursos." (Lo subrayado es del Tribunal).

Se da a entender también, en el artículo 49 de la Ley 56 de 1995, que la misma se aplica a los arrendamientos cuyos locales le pertenezcan al Estado, cuando establece que "La venta o arrendamiento de los bienes muebles o inmuebles del Estado, podrán llevarse a cabo mediante remate público".

Igual situación ocurre con el artículo 100 de la Lex citae, la cual se pasa a transcribir:

"Los bienes muebles e inmuebles del Estado no destinados al uso o al servicio público, pueden darse en arrendamiento por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, siempre que la totalidad del canon anual de arrendamiento no exceda de doscientos cincuenta mil balboas (B/.250,000.00).

...(Lo subrayado es de la Sala).

Por otro lado el artículo 28 del Código Fiscal dispone que "El Ministerio de Hacienda y Tesoro tendrá a su cargo todo lo que concierna a la enajenación y al arrendamiento de los bienes nacionales", lo que es primordial en los contratos administrativos como lo dispone el artículo 100 de la Ley 56 de 1995.

Se puede apreciar de los artículos antes indicados, que para que un contrato de arrendamiento celebrado entre un particular y el Estado se entienda que es de carácter administrativo, el bien dado en arrendamiento debe ser de propiedad del Estado.

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 22 de marzo de 1999 dictado en la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el Licenciado C.A.V., en representación de HACIENDA CHICHEBRE, S.A., para que se Declare Nulo, por Ilegal, el Contrato contendido en la Escritura Pública No. 8007 de 21 de Julio de 1988, celebrado entre la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO Y E.C.F., se refirió a lo que ha manifestado esta S., de la siguiente manera:

"Cabe observar que, tal como lo afirma el demandante en su escrito de oposición, la Sala Tercera se pronunció respecto de la naturaleza de los contratos suscritos por la Corporación para el Desarrollo Integral del B., mediante el Auto dictado el 21 de septiembre de 1998, al resolver el incidente de nulidad de todo lo actuado, interpuesto por la firma forense R. y R., en representación de AGRO-GANADERA DE LIRI, S.A., dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad, promovido por el licenciado C.A.V. en representación de HACIENDA CHICHEBRE, S.A., para que se declare nulo, por ilegal, el Contrato de Arrendamiento celebrado entre la Corporación para el Desarrollo Integral del B. y la Sociedad Agro-Ganadera de L., S.A. En dicha resolución la Sala expresó lo siguiente:

"En cuanto a la segunda causal de nulidad que invoca el incidentista: la falta de competencia de la Sala Tercera para conocer de la demanda porque el contrato impugnado es mercantil y no administrativo, cabe señalar que no le asiste la razón al incidentista porque el contrato atacado afecta un globo de terreno de propiedad de un ente estatal y en este se estipula, como en todos los contratos administrativos que podrá ser rescindido por el incumplimiento de lo pactado o si el arrendatario incurre en las causales de terminación de los contratos administrativos que se señala en el artículo 68 del Código Fiscal. (resalta la Sala)

La Sala Tercera de la Corte Suprema concluyó en el auto citado, que son contratos administrativos los que afectan bienes de propiedad de un ente estatal, porque estos contratos están sometidos a los preceptos del Código Fiscal, que es un régimen jurídico exorbitante ya que regula derechos y obligaciones de forzoso cumplimiento, extraños por su naturaleza a aquellos regulados por las leyes civiles y comerciales.

En el caso que nos ocupa, el objeto del contrato impugnado, contenido en la Escritura No. 8,007 de 21 de julio de 1988, es el contrato de venta de un lote de terreno de propiedad de la Corporación para el Desarrollo Integral del B., segregado de su finca No. 5,059 y traspasado a título de dación en pago a E.C.F..

La Corporación para el Desarrollo Integral del B. fue creada por la Ley No. 93 de 1976 (G.O. 18,245 de diciembre de 1976), como un ente estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultad para vender sus bienes. Como todas las entidades autónomas del Estado esta Corporación quedó sujeta supletoriamente a los preceptos del Código Fiscal (art. 7), porque en su Ley no se regula lo relativo a su facultad para ejercer sus derechos, contraer obligaciones y disponer de sus bienes.

Actualmente, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 56 de 1995, por la cual se regula la Contratación Pública, los preceptos de esta Ley deben aplicarse en forma supletoria, a las contrataciones que celebren el Estado y sus entidades autónomas o semiautónomas.

En un caso análogo al que nos ocupa, en que la empresa Zapata Agro Ganadera Chepana, S.A. a través de su apoderado apeló de la admisión de la demanda contenciosa de nulidad interpuesta por el señor C. General de la República, para que se declare nulo, por ilegal, el Contrato de compra-venta contenido en la Escritura Pública Nº 4,548 de 21 de abril de 1994, suscrito entre la Corporación para el Desarrollo Integral del B. y la empresa Zapata Agro Ganadera Chepana, S.A., la Sala reiteró que conforme a la legislación vigente, "resulta perfectamente permisible el examen de contratos administrativos, en virtud de lo dispuesto en el numeral del artículo 98 del Código Judicial."

Por todo lo expuesto, la Sala considera que el contrato que se impugna en el presente proceso es de naturaleza administrativa, y que compete a la Sala Tercera pronunciarse sobre su legalidad o ilegalidad.

..." (Lo subrayado es de la Sala).

Una vez dilucidado el hecho de que el contrato de arrendamiento celebrado entre CORREDORES UNIDOS S.A., y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, no es de carácter administrativo, toda vez que el inmueble objeto del contrato no es de propiedad del Estado, la Sala concluye que la Resolución de segunda instancia no violó el artículo 97 del Código Judicial.

EL casacionista también invocó como violado el artículo 733 numeral 1 del Código Judicial, en virtud de que el Ad-quem desligó una causa que no está atribuida a la jurisdicción civil, sino que le compete a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, criterio que esta S. no comparte, pues ya se ha dejado establecido, que le corresponde el conocimiento a dicha jurisdicción, pues no cumple con los requerimientos establecidos por ley, para que se considere de carácter administrativo el contrato de arrendamiento del local No.3, de la planta baja, del Edificio construido sobre la Finca 4113, inscrita al Tomo 85, F. 380, de la Sección de la Propiedad, provincia de Panamá, de propiedad de MOPLADI S.A., y LUFRAL S.A., ya que como fue explicado, el bien inmueble dado en arrendamiento no es de propiedad del Estado, y el mismo no contiene cláusulas exhorbitantes, lo que caracteriza a los contratos administrativos, por tal motivo, el fallo dictado por el Ad-quem, no violó este artículo.

El otro artículo que ha mencionado el recurrente como violado es el 229 del Código Judicial, porque según el casacionista la jurisdicción civil ordinaria no es la competente de dar trámite a los procesos que el legislador le ha adscrito a una jurisdicción en particular por las razones que haya tenido. Por tanto, indica que se ha violado dicho artículo cuando se sostiene en la resolución recurrida, que la reclamación que de por terminada una relación contractual en la que es parte el Estado, debe ser atendida por la jurisdicción civil, cuando realmente es competente la jurisdicción contencioso administrativa.

Al respecto, esta S. debe acotar, además de lo ya indicado en párrafos precedentes, que no le asiste razón al recurrente pues no solamente por ser parte el Estado en un contrato debe considerarse de carácter administrativo, y se afirme que cuando se produzca una controversia con respecto al mismo, le corresponda conocer a la jurisdicción contencioso administrativa.

Lo anterior, en virtud de que es competente la jurisdicción ordinaria y en especial los juzgados de circuito civil conocer de procesos civiles cuando el Estado, los municipios, las entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas, así como cualquier otro organismo del Estado o del municipio figuren como parte, tal como lo dispone el artículo 159 literal b del Código Judicial.

Igualmente se refiere el artículo 663 del mencionado cuerpo de leyes, al señalar que "Todo asunto en que el Estado intervenga como parte para efectos de competencia y trámite, se considerará como de mayor cuantía", por tanto, tampoco ha sido violado el artículo 229 del Código Judicial el fallo atacado por esta vía.

En cuanto al artículo 78 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995 sobre contratación pública se entiende violada por el casacionista, al sostenerse en la resolución de segunda instancia "que una causa que se origina en una reclamación que busca dar por terminada una relación contractual en la que es parte el Estado debe ser dilucidada en la jurisdicción civil, cuando realmente le corresponde a la jurisdicción Contencioso Administrativa", de lo que sin dar lugar a dudas señala, no le corresponde a la jurisdicción civil conocer de las controversias que nazcan de una relación contractual en la que es parte el Estado.

Ya esta S. ha hecho referencia al respecto en párrafos anteriores, en el sentido de que, no por ser parte el Estado en una relación contractual, le corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocer de las controversias que surjan con respecto al mismo, pues depende de otras circunstancias para que pueda ser considerado el contrato de carácter administrativo, pues de considerarse de naturaleza civil, como ha quedado comprobado en el caso que nos ocupa, le corresponde en todo caso el conocimiento a la jurisdicción ordinaria civil, como lo establecen los artículos 159 literal b, y 662 del Código Judicial.

En fallo de 21 de mayo de 2003 de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, dictado en la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el Lic. B.J.P., en representación de MANTIS ZONA LIBRE, S.A., para que se declare nula por ilegal, la Resolución Nº 294-98 de 22 de diciembre de 1998, dictada por el Gerente General de la A Zona Libre de C. y para que se hagan otras declaraciones, explicó en cuanto al tema que nos atañe, lo siguiente:

"...

La doctrina acepta que existen diferencias entre los contratos administrativos y los de derecho privado, según el régimen jurídico que los rige; aunque no con poca dificultad sea posible establecer el límite en que deja de aplicarse el derecho público o el privado.

Por esto es importante determinar la finalidad de la contratación y si ésta destinada, como es de ordinario en el ámbito público, a la satisfacción de las necesidades públicas, lo cual no necesariamente se opone al interés y derechos legítimos de los particulares, como en el presente asunto, en que se le brindó la oportunidad a la empresa demandante para que usara y gozara un bien del Estado bajo ciertos límites, condiciones y obligaciones; sin embargo, incurrió en incumplimiento del contrato respectivo, que derivó en las consecuencias correspondientes plasmadas en el acto originario y respaldado por los confirmatorios en la vía gubernativa.." (Lo subrayado es de la Sala).

Confirmado una vez más que el caso que nos ocupa se encuentra fuera del ámbito de la jurisdicción Contencioso Administrativa, pues queda claramente demostrado que en aquellos contratos de arrendamientos de inmueble de propiedad de un tercero, en que figure como parte el Estado son de naturaleza civil, es que esta S. concluye que la resolución impugnada tampoco violó el artículo 78 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995.

Por las anotaciones antes vertidas, es que la Sala no reconoce los cargos de injuricidad endilgados a la resolución revisada.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Resolución de 20 de noviembre de 2006, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que revoca el Auto No.808 de 11 de abril de 2006 dictada por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del Proceso Sumario de Desahucio interpuesto por CORREDORES UNIDOS S.A., en contra del Banco Hipotecario Nacional.

Notifíquese Y DEVUELVASE.

HARLEY J. MITCHELL D.

OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

DANIA E. BARRIOS D. (Secretaria Encargada)

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