Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 2 de Septiembre de 2009

Fecha de Resolución: 2 de Septiembre de 2009
Emisor:Primera de lo Civil
 

VISTOS:

RAPID FACTORING, S.A. ha recurrido en casación la sentencia de 20 de noviembre de 2003, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá en el proceso ordinario (Acción Pauliana) que le sigue a CARLOS RENE RIZCALLA TESTA y EIXA ELENA ARAB PINZON.

La citada resolución revocó la Sentencia Nº 18 de 15 de abril de 1998 emitida por el Juzgado Primero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá que había accedido parcialmente a enunciar las declaraciones deprecadas en la demanda, además de condenar a los demandados a pagar las costas y los gastos del proceso.

Admitido formalmente el recurso extraordinario en cuestión, a la vez de evacuadas las fases de los alegatos sobre la admisibilidad y también los relativos al fondo del mismo, procede la Sala a emitir la decisión que corresponda.

Mediante el ejercicio de la llamada acción pauliana o revocatoria, la pretensión instada por el demandante estribó en que se condenara al demandado C.R. al pago de B/.104,307.00, que afirmó este último le adeudaba hasta el día 9 de abril de 1996 en concepto de capital e intereses convencionales, además de las costas y los gastos del proceso, obligación ésta que constaba documentada en un pagaré que sirvió de base a un proceso ejecutivo surtido en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Judicial de Panamá. También se solicitó en la demanda que se declarara que mientras no fuera pagada la suma indicada, carecía de todo valor y no surtía efecto, por quedar revocada judicialmente, la compraventa simulada que efectuó el demandado contra los derechos de su acreedor y en favor de su esposa, la demandada E.E.A.P., y que recayó sobre la finca 57933 de la provincia de Panamá, inmueble éste que, según manifestó la actora, constituía el único bien con el que el demandado podía responder a la deuda que tiene con ella.

Las motivaciones de la primigenia sentencia apuntaron a que los elementos probatorios incorporados a la encuesta acreditaban una serie de hechos como la existencia de una relación contractual por medio de la cual la sociedad denominada G.C. SUMINISTROS, S.A. le cedió un crédito comercial a RAPID FACTORING, S.A. por la suma de B/.140,076.07; también, que existió un contrato de fianza solidaria en el que C.R.R., como representante legal de la citada cesionaria, se constituía en fiador principal de la obligación de pagarle a RAPID FACTORING, S.A.; que mediante pagaré Nº 225, G.C. SUMINISTROS, S.A., representada por C.R.R. y éste como persona natural actuando como co-deudor, se obligaron de manera solidaria a pagarle a RAPID FACTORING, S.A. la suma de B/. 140,076.07; y, que, todas las obligaciones fueron contraídas legalmente y con valor vinculante, por G.C.S., S.A..

Igualmente, el tribunal de grado concluyó que en el presente caso habían concurrido los requisitos para que el acreedor demandante pudiera ejercitar la acción pauliana en cuanto que este último previamente había perseguido los bienes del deudor para comprobar su insolvencia, que dicho deudor enajenó sus bienes para burlar su obligación con el acreedor, y que, como consecuencia de lo anterior, el deudor quedó en la insolvencia.

Por lo demás, y como ya se adelantó, de las declaraciones solicitadas el despacho de origen sólo negó la relacionada con la suma que se alegó era adeudada por el demandado, esto, por estimar que no se había probado y en su lugar, lo condenó en abstracto, además de emitir las demás declaraciones pedidas como la inherentes a la carencia de valor y a que no surtiría efectos la compraventa celebrada por el demandado con su esposa y co-demandada, señora ARAB PINZON, así como la correlativa orden de cancelación de la inscripción de dicho acto traslaticio de dominio.

La parte demandada interpuso recurso de apelación contra esa primaria decisión. La alzada fue resuelta por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, el cual, a través de resolución de 20 de noviembre de 2003, recurrida ahora en casación, revocó la sentencia del Juzgado Cuarto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

RESOLUCION RECURRIDA

Las motivaciones del despacho de segundo grado, previo recorrido de las posturas asumidas por las partes de cara a la apelación antes aludida, apuntaron a la verificación de los requisitos legales que se exigen para que pueda ejercitarse la denominada acción pauliana.

Desde tal perspectiva, desestimó el Tribunal Superior la inexistencia del crédito del demandante, que había acusado la apelante, pues el mismo quedó acreditado con el pagaré que le sirviera a dicha actora para promover un proceso ejecutivo ante el Juzgado Cuarto Circuital Civil de Panamá.

De igual forma, el tribunal de segunda instancia, apoyándose en las consideraciones anteriores estimó cumplido el requerimiento inherente a que el deudor demandado había ejecutado un acto perjudicial o dañoso en detrimento de su acreedora, lo cual dedujo de la simple interposición de la demanda que originó este juicio ordinario y de la contestación que se diera a dicha demanda, además de los alegatos de la parte demandada, en los que esta última admite no haber cancelado la deuda.

Atinente a los presupuestos relativos a la insolvencia del deudor y la persecución previa de sus bienes, citó el Ad-quem un fallo dictado por esta Sala Civil en el que se dejó sentada la idea de que no era absolutamente necesaria la promoción de un proceso previo para determinar la insolvencia del deudor, sino que más bien el acreedor burlado demostrase, de cualquier manera y en el mismo proceso en que ejercita la acción pauliana, que le fue imposible satisfacer su acreencia por otro medio dada la existencia de dicha insolvencia.

En este punto, concluyó el tribunal colegiado en cita que pese a que no se exigía un proceso anterior para determinar la insolvencia, la demandante había acreditado la interposición de varias reclamaciones previas (proceso ejecutivo y denuncia penal) al presente litigio y que la insolvencia del deudor se desprendía del propio reconocimiento que este último hizo en el juicio ejecutivo comentado en el que negó poseer bienes para el pago de la obligación.

Finalmente, en dirección al tema de la intención fraudulenta de los demandados para burlar el crédito de la actora, el tribunal de apelación se dio a la tarea de repasar una serie de actos jurídicos y constancias procesales que, por un lado, decían relación con la enajenación que de su cuota parte de la finca Nº 57933 hiciera el demandado en favor de su esposa, también demandada, y que, por otra parte, daban cuentas de las acciones legales emprendidas por el demandante, como el mandamiento de pago dictado en el juicio ejecutivo y la medida cautelar y de embargo dictadas contra esa finca.

El contrato de compraventa celebrado entre los demandados, le mereció al Tribunal Superior la consideración de que era válido y jurídico a tenor del artículo 84 del Código de la Familia. Además, ponderó el mismo despacho, a pesar de haberse acreditado la relación marital de los demandados y el traspaso de la cuota parte de la finca involucrada, no se encontraba en el expediente probanza alguna que acreditara "la mala fe de la actuación llevada por la parte demandada, porque hay evidencia clara de que los actos de traspaso empezaron a generarse antes de que se interpusiera el proceso ejecutivo".

Aunado a lo dicho, el dirimente de la alzada acotó que tampoco se desprendía de los autos que la demandada conocía de la fianza suscrita por su esposo (el otro demandado), ni que tuviera pleno conocimiento de que éste adeudaba a la actora sumas de dinero en razón de varios contratos, o que, tuvo la intención manifiesta de causar daño o cometer fraude contra el acreedor; situaciones estas que, agregó el Ad-quem, había que probarlas y no se podían presumir partiendo de la base de la existencia de una relación matrimonial entre los demandados.

CONTENIDO DEL RECURSO

El recurso de casación es en el fondo y se sustenta en una sola causal que se invoca como la "infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en la parte dispositiva del fallo".

De los cinco (5) motivos que se exponen para desarrollar los cargos que sustentan la causal se desprende que se acusa la inadecuada o incorrecta ponderación de una serie de elementos probatorios que constan incorporados al expediente. Así, en el primer motivo se critica la consideración tribunalicia que apuntó a que no estaba probada la mala fe en la venta que el demandado realizó en favor de su esposa (co-demandada), cuando en realidad las pruebas ilustraban una serie de maniobras tendentes a poner en insolvencia a dicho demandado.

En el segundo motivo, la recurrente refuta la inexistente mala fe del tercero adquirente, planteada por el Ad-quem en el sentido de que aún cuando este tercero fuera la esposa del vendedor no tenía por qué saber lo que acontecía con su consorte, sin embargo, agrega la misma impugnante, las probanzas acreditaban un acelerado impulso por poner fuera del alcance del acreedor demandante el único bien registrado a nombre del demandado, sobre todo luego de que se había ordenado el secuestro de dicho bien del que aquélla era también co-propietaria.

El tercero de los motivos que se repasan cita como incorporada al expediente una declaración que rindiera el demandado el 8 de abril de 1996 en un proceso ejecutivo, en la que manifestó que no tenía bienes para pagar la deuda, así como la Escritura Pública Nº 6298 de 12 de abril de 1996 en la que transfiere a su esposa la cuota parte de la finca involucrada, además de mencionar las fechas de los diversos autos dictados en aquel secuestro, todo esto para significar que fueron indebidamente valorados.

Esa indebida labor de apreciación, se expone en el cuarto motivo del recurso, quedó exteriorizada al considerarse en el fallo recurrido que los actos del demandado tendentes a traspasar la propiedad a su esposa tenían validez porque gozaban de buena fe, aún cuando las pruebas determinaban lo contrario, dejando así excluido uno de los presupuestos básicos de la acción pauliana y consecuencialmente, absolviendo a los demandados.

Por último, la casacionista acota en el motivo final del recurso que la inobservancia del principio de la sana crítica impidió al tribunal de apelación arribar correctamente a la conclusión de que las probadas actuaciones de los demandados reflejaban un obrar indebido o de "mala fe", que resultaba pues necesario para decretar viable la acción oblicua. En este punto, cerró la actora, destacando que la relación de fechas que se dio a partir de la notificación del demandado del auto que libró mandamiento de pago en su contra, luego la declaración jurada de éste sobre su insolvencia para afrontar esa deuda demandada y la forma acelerada con que transfiere la propiedad a su esposa, en menos de cinco (5) días y después que declarara en el juicio ejecutivo, demostraban todo lo contrario a lo que se señaló en la sentencia que ahora se censura.

El error probatorio endilgado en su recurso, manifestó la demandante, condujo al tribunal de segunda instancia a infringir los artículos 781, 836 y 986 del Código Judicial y 996 del Código Civil, reproduciendo al efecto el texto de cada una de estas normas y una explicación de cómo operaron tales transgresiones legales.

CRITERIO DE LA SALA

Al confrontar los cargos que en dirección a la apreciación probatoria se formulan en el recurso extraordinario in examine con las motivaciones que fundamentaron la resolución objeto de esa impugnación, se aprecia diáfanamente que el punto medular de discrepancia está constituido en la temática relativa a la mala fe que ha de concurrir como aspecto afín o común en el actuar del deudor y del tercero que convienen en burlar los derechos del acreedor que luego hace uso de la acción pauliana, es decir, lo que en la doctrina civilista se conoce como el "concilio fraudulento".

Como se verificó antes, el despacho emisor del fallo ahora recurrido, encontró probados los extremos inherentes a la existencia del crédito favorable al demandante, a que la correlativa deuda no había sido satisfecha, a que pese a no exigirse la interposición de procesos previos para determinar la insolvencia del deudor demandado, la actora había ejercido diversas acciones anteriores y a que, finalmente, esa insolvencia también quedó evidenciada en la encuesta.

Para abordar concretamente el tópico del fraude perjudicial al acreedor y cometido por el deudor con la complicidad de un tercero, el Primer Tribunal Superior, luego de citar al eximio D.N.G., consignó lo siguiente:

"La cuota parte de la finca a la que se refieren los hechos de la demanda, o sea, la cuota parte de la finca No. 57933, inscrita al tomo 1473, folio 164 de la sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, Registro Público, propiedad de C.R.T., fue traspasada a la señora EIXA ELENA ARAB PINZON el 16 de abril de 1996, mediante Escritura Pública No. 6298 de 10 de julio de 1995, adicionada por la Escritura Pública No. 3,289 de 12 de abril de 1996.

El traspaso de la finca fue hecho mediante contrato de compraventa por la suma de B/.20,000.00.

Los autos de secuestro emitidos dentro del proceso ejecutivo varias veces aludido, están fechados el 9 y 10 de abril de 1996, y fueron comunicados al Registro Público el 22 de abril de 1996. El Juzgado Cuarto del Circuito elevó a la categoría de embargo el secuestro decretado mediante Auto No. 707 de 10 de abril de 1996. El proceso ejecutivo fue promovido el 14 de septiembre de 1995, corrigiéndose la demanda el 16 de enero de 1996 y el mandamiento de pago fue emitido mediante Auto No. 286 de 7 de febrero de 1996, cuya notificación se llevó a cabo el 8 de abril de 1996. El formulario de pago del impuesto de transferencia de bien inmueble de la cuota parte de la finca en mención fue sellado en la Dirección General de Ingresos del entonces Ministerio de Hacienda y Tesoro el 24 de mayo de 1995, el que lleva la firma del señor CARLOS RIZCALLA TESTA (fs. 240).

En la contestación de su demanda, el demandado señala en su defensa que efectuó la venta de la finca mediante escritura pública de 10 de julio de 1995, fecha en que no existía ningún proceso ejecutivo, y no pudo inscribirse la misma porque la finca objeto de la compraventa estaba gravada con primera hipoteca a favor del señor EDUARDO CUMMINGS DONADIO, y éste vino a dar su consentimiento para que se efectuara la venta hasta el 12 de abril de 1996, fecha en la que firmó la escritura pública 3289 de la Notaría Undécima de Circuito de Panamá. Este contrato es un contrato válido y jurídico a la luz del artículo 84 del Código de la Familia.

Esta norma expresa lo siguiente:

"Artículo 84: El marido y la mujer podrán traspasarse por cualquier título bienes y derechos y celebrar, entre sí, toda clase de contratos".

Aunque se encuentra acreditada en el expediente la condición marital de los demandados C.R.R. (sic) TESTA y EIXA ELENA ARAB PINZON (fs. 28) y que en efecto se llevó a cabo el traspaso de la cuota parte de la finca indicada, considera el Tribunal Superior que no existe en autos prueba alguna que acredite la mala fe de la actuación llevada a cabo por la parte demandada, porque hay evidencia clara de que los actos de traspaso empezaron a generarse antes de que se interpusiera el proceso ejecutivo en mención. Tampoco se desprende de los autos, que la señora ARAB PINZON conocía de la fianza suscrita por su esposo; que tenía pleno conocimiento de que su esposo adeudaba a la demandante determinadas sumas de dinero en virtud de varios contratos, y que tuvo la intención manifiesta de causar daño, de cometer fraude en contra del acreedor. Esas situaciones no se pueden presumir partiendo de la base de la existencia de una relación matrimonial entre los demandados. Hay que probarlas, como lo expresa claramente la cita doctrinal."

De lo anterior se deduce, entre otras cosas, que efectivamente en el fallo de segunda instancia se descartó que existiera mala fe por parte de los demandados, pues se afirma que "no existe en autos prueba alguna que acredite la mala fe de la actuación llevada a cabo por la parte demandada" (la negritas son de la Sala), además se desprende que se asiente en esta idea porque la compraventa concertada por los demandados se dio con antelación a la ejecución que en otro proceso promoviera el acreedor contra uno de ellos y porque tampoco hubo elementos que ilustraran que la demandada tenía conocimiento de las deudas de su esposo, el otro demandado, o que hubiera querido cometer fraude contra el acreedor.

Ahora bien, es claro que el denominado "traspaso" de la cuota parte de la finca hecha por un demandado en favor de su ahora litisconsorte o el contrato mismo de compraventa celebrado por éstos a tales propósitos, constituye el acto que el acreedor-demandante considera que su deudor-demandado ha efectuado en fraude de su derecho, como reza el artículo 996 del Código Civil.

A propósito de esta norma sustantiva, siendo la que consagra el tipo de acción ejercida por el demandante en este proceso ordinario y que además ha sido acusada por este último en su recurso de casación como una de las que han sido transgredida en la sentencia de segundo grado, conviene reproducirla en su texto integral:

"Artículo 996. Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho."

Este precepto al referir a los acreedores y al derecho de éstos obviamente alude a créditos u obligaciones que siéndoles favorables le otorgan esa categoría y también, atiende a la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley les confiere para poder satisfacerlos. Pero, lo más importante a los efectos del punto que se quiere analizar ahora, es que resulta evidente que tales créditos y los correlativos derechos que de ellos surgen han de ser anteriores o deben haber surgido al mundo jurídico con antelación al acto u actos fraudulentos perpetrados precisamente para burlarlos.

La razón de que esos créditos y derechos deben haber sido constituidos antes del fraude con el que se les trata de evadir es simple: porque si son posteriores al acto que se dice fraudulento no podría imputarse que este último haya tenido esa finalidad cuando ni siquiera existían esas acreencias, mucho menos algún derecho surgido de estas y por tanto no podían ser afectadas por no estar constituidas.

Lo que se quiere significar con este análisis es que la norma no se centra en la exigencia de que las acciones (de cualquier clase) llevadas por el acreedor para hacer valer sus derechos sean anteriores o posteriores a la realización del acto o actos que se imputan fraudulentos, sino que los créditos que hacen emerger tales derechos existan ya al tiempo de llevarse a cabo tales actos y que, se haya tratado previamente de satisfacer esos créditos con el patrimonio del deudor.

Luego, retomando lo dicho por el Tribunal Superior en cuanto que "hay evidencia clara de que los actos de traspaso empezaron a generarse antes de que se interpusiera el proceso ejecutivo en mención" y con ello desestima "la mala fe de la actuación llevada a cabo por la parte demandada", adolece de un problema de enfoque, porque, como se ha visto, lo que debe anteceder al acto que se acusa hecho en fraude de acreedores no son las acciones procesales (que en el caso que cita el tribunal era ejecutiva) o de cualquier otra naturaleza, sino el crédito mismo que se dice burlado.

Paradójicamente, el mismo autor nacional que se cita en el fallo censurado, esto es, el D.N.G., en la misma obra (página "III-79") también mencionada en dicho fallo, señala:

"Resumiendo lo que llevamos expuesto, podemos anotar, como condiciones o requisitos para poder ejercer la acción pauliana:

  1. Que el acto jurídico que se trata de impugnar sea de carácter patrimonial y perjudique el derecho general de prenda de los acreedores.

  2. Que tal acto jurídico se haya ejecutado en fraude de parte del deudor.

  3. Que se trate de un acto jurídico a título gratuito o que, tratándose de un título oneroso, se compruebe lamala (sic) fé (sic) del tercero que contrató con el deudor.

  4. Que el que ejercita la acción sea un acreedor de fecha anterior a la del acto que trata de impugnar." (Subraya la Sala).

Verificado que la antelación que se exige frente al acto que se imputa fraudulento ha de recaer sobre el crédito mismo y no primeramente sobre las acciones ejercidas para hacerlo valer, salta a la vista que en este aspecto la sentencia recurrida parece contradecirse, pues previamente en ella se reconoció que "se encuentra acreditada la existencia de un crédito a favor del demandante, que se prueba tan solo con el pagaré que sirvió de recaudo ejecutivo en el proceso ejecutivo promovido ante el Juzgado Cuarto del Circuito Civil" (ver fs. 368: párrafo inicial), también se dejó sentado que la deuda así constituida aún no había sido satisfecha al afirmarse que ello se desprendía "de la simple interposición de la presente demanda y de la lectura de la contestación de la demanda y de sus alegatos, en donde el demandante admite no haber cancelado dicha deuda y estar impugnando el valor del título en que fundamenta el actor su demanda ejecutiva y ahora la demanda ordinaria declarativa" (ver fs. 368 final y 369 inicio).

A propósito del proceso ejecutivo citado por el Ad-quem y de cara a la determinación de si hubo o no mala fe de parte de los demandados, es menester precisar que los documentos que fundamentaron dicha ejecución, visibles en copias debidamente autenticadas entre los folios 40 a 42 de esta encuesta (contrato de cesión de crédito, fianza solidaria y pagaré), todos por valor de B/. 140,076.07, favorables a RAPID FACTORING, S.A. y oponibles a G.C.S., S.A. y a CARLOS RIZCALLA (actual demandado), datan del día 31 de mayo de 1994. Es decir, que el crédito así constituido y que es el mismo que la sociedad demandante alega burlado en el presente proceso, efectivamente es más antiguo que el susodicho proceso ejecutivo y que, obviamente, el actual litigio.

La demanda a la que accedieron los documentos antes citados fue inicialmente enrumbada por las vías del proceso ordinario el día 14 de septiembre de 1995 y admitida como tal trece (13) días después (ver fs. 43-48), pero finalmente, fue corregida instándose la vía ejecutiva el 16 de enero de 1996 y librada la ejecución el día 7 de febrero de 1996 (fs. 49-52).

Deteniéndonos un poco en este recorrido cronológico y retomando lo afirmado por el Tribunal Superior acerca de que "hay evidencia clara de que los actos de traspaso empezaron a generarse antes de que se interpusiera el proceso ejecutivo", en primer lugar debe acotarse que esta afirmación se sustentó en que previamente el mismo tribunal repasó que aquel acto traslaticio hecho el 16 de abril de 1996 fue constituido "mediante Escritura Pública No. 6298 de 10 de julio de 1995", que el formulario relativo al pago del impuesto de venta del inmueble fue sellado por el Ministerio de Hacienda "el 24 de mayo de 1995", y que, el mismo demandado contestó la demanda alegando que "efectuó la venta mediante la escritura pública de 10 de julio de 1995" (ver fs. 373).

Desde ese punto de vista, la simple comparación de las fechas ilustra que ciertamente esos actos preparativos del traspaso formal, entendido este último como aquel que finalmente genera efectos registrales (en este caso a partir del día 16 de abril de 1996 cuando se inscribe la respectiva escritura), se dieron antes, es decir, entre mayo y julio del año de 1995.

Sin embargo, habiéndose constatado que el crédito perseguido por la actora existía ya desde el 31 de mayo de 1994, no puede perderse de vista que antes de la interposición del proceso ordinario con acción de secuestro que luego fuera convertido en ejecutivo (todo esto entre mediados de septiembre de 1995 y principios de febrero de 1996), la sociedad acreedora ya venía exigiéndole al demandado C.R. y a G.C.S., S.A. el cumplimiento de la obligación que constituyeron en favor de ella.

Entre los folios 107 a 114 de este expediente consta copia (con sello de recibido en original) de una denuncia penal presentada el 6 de julio de 1995 por la sociedad RAPID FACTORING, S.A., hoy demandante, contra varias personas que ostentaban cargos directivos dentro de la sociedad G.C. SUMINISTROS, S.A., entre éstas el actual demandado C.R., quien, como se sabe, se había constituido en co-deudor solidario de esta última sociedad desde el 31 de mayo de 1994 (ver fs. 41-42).

La denuncia en cuestión fue interpuesta por la presunta comisión de los delitos de "girar cheques sin fondos, ocultar bienes y procurarse un provecho ilícito mediante engaño en perjuicio de RAPID FACTORING, S.A." . Mas, con independencia de que las sumarias así levantadas terminaron con un sobreseimiento definitivo en favor de los denunciados, concluyéndose que la suma indicada en la denuncia era la misma que se estaba demandando ejecutivamente en el Juzgado Cuarto Circuital Civil de Panamá y que los cheques habían sido girados contra producto por cobrar, lo cierto es que la sola interposición de esta denuncia y los datos recabados a partir de su tramitación revelan que aquel crédito (de 31 de mayo de 1994) anterior a la compraventa (de 10 de julio de 1995) concertada por el demandado y su esposa, co-demandada en el presente proceso, y también anterior al proceso ordinario que devino en ejecutivo (de entre septiembre de 1995 y febrero de 1996), se estaba tratando de cobrar igualmente con antelación a esa venta o traspaso y a esa ejecución posteriormente tramitada.

Lo anterior se afirma por varias razones. Primeramente porque constan unos dieciocho (18) cheques por valor de B/. 5,000.00 cada uno (B/.90,000.00 en total) girados en favor de la sociedad acreedora, por G.C. SUMINISTROS, S.A., en todos los cuales aparece como una de las dos (2) firmas responsables la del demandado C.R., con fechas 30 de marzo de 1995, 5 de mayo de 1995 y 18 de mayo de 1995 (ver fs. 147, 149-152, 203-208), mismos de los que también consta que fueron devueltos por el banco porque la cuenta contra la cual fueron girados carecía de fondos.

Nótese que todos esos cheques son girados antes de que se iniciara lo que el Tribunal Superior denominó "actos de traspasos [que] empezaron a generarse antes de que se interpusiera el proceso ejecutivo", tomando como primero de esos actos el pago del impuesto de transferencia de bien inmueble cuyo formulario fue sellado en la Dirección de Ingresos el día 24 de mayo de 1995 (fs. 240).

Igualmente debe resaltarse que a la firma y presentación de ese formulario ante la Dirección General de Ingresos por parte del demandado CARLOS RIZCALLA ese 24 de mayo de 1995, no sólo se había consumado ya el hecho de que él había también rubricado (los días 30 de marzo, 5 y 18 de mayo de 1995), junto a otro responsable, por G.C. SUMINISTROS, S.A., esos cheques suspendidos en su pago o sin fondos, sino que además, también el banco involucrado ya los había devuelto todos por esa insuficiencia de fondos para su pago, pues así lo demuestran los correlativos comprobantes en que se hizo tal devolución y en los que se consignaban los recargos que se generaban con ello, comprobantes estos fechados 3 y 7 de abril de 1995 y 9 y 22 de mayo de 1995 según se percibe a folios 148, 153-157, 159-162 y 203 de la encuesta.

Recuérdese que el prenombrado señor RIZCALLA firma esos cheques siendo a la vez co-deudor de la misma obligación que se supone debía ser satisfecha con tales cheques.

Pero, aunado a lo dicho, se aprecian otra serie de evidencias que, como parte de las sumarias levantadas con la denuncia antes aludida, demuestran que las exigencias y acciones de la acreedora para que le honraran su crédito se dieron desde antes de que el demandado vendiera su único bien conocido a su propia esposa y también desde antes de que lo demandaran ejecutivamente.

En efecto, en el Acta de Audiencia Preliminar celebrada en sede del Juzgado Décimo Segundo de Circuito Penal de Panamá (fs. 115-138), en la que se dejó constancia que el entonces denunciado C.R. había sido notificado personalmente pero no estaba presente (fs. 116) y que su apoderado, que es el mismo que lo representa a él y a su esposa en el presente proceso ordinario, sí estaba presente, el letrado que apoderaba los intereses de los otros dos (2) denunciados, también personeros de la sociedad G.C. SUMINISTROS, S.A., hizo las siguientes acotaciones:

"Después el abogado habla de los faxs (sic) que se le envió a la empresa haciendo la gestión de cobros. Después habla de una nota de la empresa, aquí también vemos que dice: En vez de cumplir su promesa de honrar el cheque devuelto por falta de fondos, aprovecharon el fin de semana, lo cual no es cierto S.J., tenemos pruebas suficientes el señor fue secuestrado por el T. y eso le consta al Licenciado, porque yo estaba en esta diligencia de secuestro y tenemos las pruebas pertinentes.

En segundo lugar, él fue hasta lanzado de su domicilio, o sea, que el mismo arrendador en vista de que quedaron sin nada, luego la semana siguiente le cayó la acción de lanzamiento de dicho local y eso lo puede atestiguar el señor R.R. y tenemos pruebas documentales al respecto" (ver fs. 127, subraya la Sala)

"Por ejemplo yo tengo una carta de fecha, 29 de diciembre de 1994 y solamente la leo, por efectos del acta, pero será incorporada a los autos donde dice: adjunto a esta encontrarán 28 cheques por la suma de Veinticinco Balboas cada uno a favor de su compañía como garantía de pago de la deuda contraída con ustedes.

También tenemos la nota firmada por el tesorero de la compañía donde dice: después de esclarecer lo anterior le informamos que a partir del 15 de marzo de 1995 procedemos a descontar mensualmente los cheques postfechados dejados en garantía por un monto de Cinco Mil Balboas cada uno hasta cubrir el pago de la deuda, esto lo firma T.A. y E.C..

(...)

Por otro lado, creemos que la defensa de R.R. que también es directivo de esta empresa demostrará también que esta es una acción civil que ya esta ejercitando en otro tribunal."(Subraya la Sala, ver fs. 128 y 133)

Asimismo, aparece incorporada como parte de las sumarias que se vienen abordando y en calidad de prueba practicada en la segunda instancia surtida en el presente negocio, la copia autenticada del acta de otra audiencia celebrada en el despacho penal antes mencionado el día 18 de noviembre de 1997 (ver fs. 298-313), en la que se plasma que en la etapa de ampliación se logró la indagatoria del ahora demandado C.R.R. y que el apoderado de éste que, como se dijo es el mismo que ahora lo representa, aportó documentos acreditativos de la demanda ejecutiva que la acreedora le promovió en el Juzgado Cuarto de Circuito Civil de Panamá (véase fs. 300). En esta última audiencia, también el apoderado judicial de los otros (2) denunciados (G.B. y M. de B.) refirió lo que sigue:

"...como breve recuento de tipo histórico podemos decir que los cheques fueron dados en garantía a una transacción que se inició entre la empresa afiliada a Ingeniería y Desarrollo Electricidad, S.A., INDESA con fecha 18 de mayo de 1994, sobre la orden de compra Nº002728 de Refinería Panamá, S.A. para el cumplimiento de obligación de G.C. Suministro S.A. a favor de Rapid Factory por la sua de B/.146,455.00, en cuarto lugar existe una nota de 29 de diciembre de 1994 donde ese suministro (sic) [entiéndase G.C. Suministros, S.A.] extiende 28 cheques a favor de Rapid Factory como garantía de pago de la deuda contraída, consta en nota 26 de febrero de 1995 expedida por Rapid Factory que los cheques entregados a G.C.S. eran post fechados, consta la tramitación de la sección de pagos aceptada por Refiería Panamá, S.A., que hiciese Ingeniería, Desarrollo y Electricidad, S.A., INDESA, sobre la orden de compra Nº 002728 fechada 13 de mayo de 1994 por la suma de B/.146,455.00 esto como a tipo de un pequeño recuento histórico de la relación comercial que se da entre la empresa Rapid Factory y G.C. Suministros donde aparecen involucrados directivos tales como el Ingeniero G.B. y el Ingeniero René Rizcalla" (Subraya la Sala, ver fs. 303-304)

"... todavía es temeraria la acusación particular de venir a meter una acusación particular en estas instancias, cuando está cobrando la obligación por otra vía distinta, y que no haya querido ejercitarla directamente contra G.C. Suministros es otra cosa distinta, pero en realidad la empresa G.C. Suministros es G.B., la esposa es una persona que está en la junta directiva, pero el otro que es R.R. que era el socio en la cual por la cantidad de situaciones comerciales que se han deteriorado en su medio de trabajo no han podido coordinar con éxito la empresa que tenían y particularmente, como se dice "off the record" fuera de récord nosotros comparecimos hasta la empresa ha (sic) ayudar al ingeniero B. y al Ingeniero Rizcalla a tratar de hacer un arreglo de pago y la empresa denunciante no lo aceptó y con el mismo abogado nos reunimos en su oficina y en la oficina de Rapid Factory ...

... cómo se le ocurre a una empresa va a cobrarle noventa mil cheques sin fondo, ellos a parte de haber ejercido una acción civil vienen a ejercer una acción penal, no han podido cobrar, eso es problema de ellos, ellos tienen que ver cómo lo recaudan, pero no decirle a las autoridades acá, esta gente giraron cheques sin fondos ... " (Subraya la Sala, ver fs. 308-309)

Más adelante, en esta misma audiencia, el propio apoderado del entonces denunciado y ahora demandado, CARLOS RENE RIZCALLA, expuso:

"... como se expresó el señor R. en su indagatoria, cuando se emitieron los referidos cheques fue como una garantía de pago, una obligación comercial que se estaba contrayendo y que ambas partes en este momento sabían que los referidos cheques no tenían los suficientes fondos y es que el propio señor R. dice que eso cheques entregados en garantía fueron entregados en blanco y fueron llenados por los señores de Rapid Factory, por ello se explica que el cheque Nº279, 281 y 282 tiene fecha del 5 de mayo y 30 de marzo respectivamente y el resto de los cheques tienen fecha de 18 de mayo de 1995" (ver fs. 310, las subrayas son de la Sala)

Como se corrobora, los datos y hechos recabados en las actas de audiencia levantadas con motivo de la denuncia penal presentada por RADIP FACTORING, S.A. (accionante pauliana) reflejan que las gestiones de cobro o requerimientos al pago de la deuda existente desde mayo de 1994, se iniciaron y se sucedieron desde antes de que el demandado R. iniciara los trámites de venta en favor de su esposa, pues así lo confirmó este último en su indagatoria cuando refirió que los cheques girados, como garantía de la deuda y a "cobrar contra producto", pero sin fondos, databan de los días 30 de marzo y 5 y 18 de mayo de 1995.

De la misma manera, también se evidencia de lo receptado en estas audiencias que medió entre la acreedora y sus deudores (entre estos el demandado Rizcalla), un intercambio epistolar con fechas de 29 de diciembre de 1994, 26 de febrero de 1995 y 15 de marzo de 1995, todas anteriores a que "los actos de traspaso empezaron a generarse" por parte del prenombrado señor R., intercambio éste en el que se trataron asuntos referentes a la deuda que venía reclamando la acreedora y a la expedición de una serie de cheques que no contaban con respaldo de fondos.

Otros hechos importantes que quedaron acreditados en estas audiencias fueron los siguientes: que obviamente los directivos de la empresa deudora G.C. SUMINISTROS. S.A., que a la vez eran accionistas o socios (entre estos el demandado señor R. estuvieron involucrados directamente en las relaciones comerciales que aquella llevó con la sociedad acreedora y también en el fracaso de sus operaciones; que tanto estos accionistas-socios-directivos de dicha sociedad deudora G.C. SUMINISTROS. S.A., como ella misma fueron objeto de otras acciones legales, incluso de tipo cautelar, por parte de otros acreedores, tanto en sus bienes como en los locales comerciales y de habitación que respectivamente ocupaban; que la mala situación económica de la citada deudora la llevó a tratar de concertar arreglos de pago con la acreedora RAPID FACTORING y que en esto participaron sus personeros, como el propio demandado C.R.R.; y que, RAPID FACTORING nunca pudo cobrar su crédito.

En resumen, si era del conocimiento pleno del demandado CARLOS RIZCALLA TESTA, los ingentes esfuerzos desplegados por RAPID FACTORING para llegar a cobrar la deuda de la que era co-deudor solidario, desde antes de que él mismo compareciera a presentar y firmar el formulario de pago del impuesto de transferencia del bien inmueble que le pertenecía (cuota parte), que como se ha analizado, constituyó el inicio de una serie de actos que terminaron con el traspaso formal (con escritura de compraventa inscrita) de ese bien a su esposa, no puede derivarse de su conducta vestigio alguno de buena fe.

Este conocimiento pleno de que la deuda existía y que se estaba tratando de cobrar se constata del hecho de que el señor RIZCALLA habiendo firmado documentos que lo hacían responsable por la deuda (desde mayo de 1994), luego participó activamente en las negociaciones que se llevaron para concertar arreglos de pago de esa misma deuda y hasta llegó a firmar una serie de cheques que resultaron sin respaldo de fondos en el Banco Continental, además de que por esto último fue denunciado en la esfera penal junto a otros directivos y accionistas de la entidad co-deudora G.C. SUMINITROS, S.A..

Si a esta circunstancia, previa al pago del impuesto de transferencia del inmueble y al traspaso registral de este bien en favor de su esposa, se suma el hecho de que el demandado al ser notificado del auto que libró mandamiento de pago en su contra, en el proceso ejecutivo interpuesto por RAPID FACTORING, S.A. en el Juzgado Cuarto de Circuito Civil, manifestó "bajo la gravedad de juramento" que no tenía bienes que denunciar para el embargo, cuando en realidad aún tenía inscrita a su nombre la cuota parte de la finca que pocos días después traspasó formalmente a su esposa, se aleja aún más la posibilidad de considerar que su actuación era de buena fe.

A fojas 54 se observa que esa notificación se dio el día 8 de abril de 1996 y que el demandado RIZCALLA TESTA faltó a la verdad, pues si el traspaso de la cuota parte de la finca que le pertenecía y que hizo en favor de su cónyuge, que dicho sea de paso, también aparecía como co-propietaria del mismo inmueble, no se había constituido aún, dado que ese acto traslaticio de dominio vino a ser inscrito el día 16 de abril de 1996 (véanse fs. 8 y 58 vta.), es decir, ocho (8) días después de aquella notificación, entonces al momento de evacuarse este acto comunicativo del tribunal de la ejecución el susodicho inmueble aún integraba el patrimonio del demandado.

Y es que no puede reputarse en forma alguna que estas actuaciones llevadas por el deudor CARLOS RENE RIZCALLA estuviesen fundadas en la buena fe, tal cual lo orienta la prédica del artículo 1071 del Código Judicial, que en su segundo párrafo señala que "No podrá estimarse que hay buena fe, entre otros casos, (...) cuando haya habido necesidad de promover ejecución en contra del deudor para la satisfacción del crédito", que es exactamente la situación acontecida en este caso.

Pero esta mala fe tan evidente en la conducta del señor R., se acrecienta a posteriori de esa notificación en la que mintió, pues a pesar de asentir en la existencia del crédito que asumió como co-deudor, tratando previamente de concertar arreglos de pagos y firmando cheques que, aunque no tuvieran fondos, se giraron para pagar esa misma deuda, llega a tratar de dubitar los títulos ejecutivos en los que se había constituido en aquella calidad de co-codeudor al promover una excepción (ver fs. 92-93) dentro del proceso ejecutivo surtido en el Juzgado Cuarto de Circuito Civil, mas, dicho medio defensivo le fue negado mediante Sentencia Nº 114 de 16 de octubre de 1997 emitida por dicho despacho (véanse fs. 290-292 y 315-317).

Lo dicho hasta aquí arroja como conclusión inequívoca que antes de la tramitación del proceso ejecutivo y también antes de que el demandado comenzara a gestionar el traspaso de su cuota parte a su esposa, la acreedora demandante estaba tratando de satisfacer su crédito y que aquél lo sabía, pues mediaron, entre la constitución del crédito en mayo de 1994 y el pago inicial del impuesto de transferencia del bien inmueble en cuestión el día 24 de mayo de 1995, una serie de requerimientos de pago, también tratativas o negociaciones para hacer arreglos de pagos, así como la expedición de un número plural de cheques que carecieron de fondos y hasta una denuncia penal interpuesta por la acreedora, todo esto con la activa participación del demandado RIZCALLA TESTA.

Inclusive, aún después de propuesta la demanda ejecutiva y de ser notificado el prenombrado, ocultando deliberadamente que aún tenía la mitad de la finca involucrada a su nombre, exactamente ocho (8) días después, consuma el traspaso de la misma en favor de su esposa al inscribir el día 16 de abril de 1996 la respectiva escritura pública contentiva de esa compraventa.

A propósito de esta compraventa, valga señalar que en el fallo censurado se dejó sentado que el demandado para justificar la inscripción tardía de la Escritura Pública de 10 de julio de 1995 que la contuvo, esgrimió como defensa que por estar dado en hipoteca y anticresis el inmueble objeto de enajenación, no fue sino hasta el 12 de abril de 1996 que el acreedor hipotecario prestó su consentimiento para que se concretara dicha venta.

Sin embargo, a la luz de la propia Escritura Pública Nº 3,289 de 12 de abril de 1996, de la Notaría Undécima de Circuito (fs. 33), que es la que se confecciona para adicionarse a la Escritura Pública Nº 6298 de 10 de julio de 1995 de la misma Notaría, siendo esta última la que contuvo la compraventa propiamente tal (fs. 30-31), no se percibe que ese consentimiento prestado por el señor EDUARDO CUMMINGS DONADIO, en calidad de acreedor hipotecario y anticrético, se haya concretado el día 12 de abril de 1996, sino más bien el día 13 de diciembre de 1995, como bien se lee a partir del segundo párrafo en que el Notario Público Undécimo certifica que dicho señor compareció ante él a tales efectos.

De consiguiente, al quedar en duda el argumento de que la escritura de compraventa y su adición, con la prestación del consentimiento del acreedor hipotecario, no pudo por esa misma razón ser inscrita hasta el 16 de abril de 1996, lo que sí queda claro es que el demandado junto a su esposa, contando desde diciembre de 1995 con ese consentimiento, no habían procedido a formalizar la compraventa celebrada entre ellos mediante la elaboración de esas escrituras sino a partir del día 12 de abril de 1996, esto es, cuatro (4) días después de que dicho demandado había sido ya notificado de la ejecución librada en su contra (fs. 54) y en la que mintió al manifestar que no tenía bienes para dicha ejecución.

En pocas palabras, lo que orientan las pruebas estudiadas y su secuencia cronológica, no es que la compraventa se elevó a escritura pública el 12 de abril de 1996 y se inscribió el 16 de abril de 1996 en razón de la falta de prestación del consentimiento del acreedor hipotecario, que como se ha visto sí estaba prestado desde antes de estas fechas (el 13 de diciembre de 1995), sino que lo que precipitó la confección de esas escrituras y su subsiguiente inscripción (el 12 y 16 de abril de 1996, respectivamente) fue el hecho de que el demandado había sido notificado del auto ejecutivo escasamente unos cuatro (4) días atrás, esto es, el ocho (8) de abril de 1996 (fs. 54) y luego, al día siguiente, el diez (10) de abril de 1996 se elevó a embargo el secuestro decretado en su contra que recaía sobre el inmueble precisamente vendido a su esposa (ver auto Nº 707 de 10 de abril de 1996: fs. 36-37 y 63-64).

Parafraseando al Tribunal Superior, todo lo repasado no es más que "evidencia clara" de la mala fe del deudor-demandado y de su auto-provocada insolvencia para evadir el crédito que persigue su acreedora demandante.

Si ello es así no resulta acertada la afirmación vertida en la sentencia objeto de esta casación acerca de que "no existe en autos prueba alguna que acredite la mala fe de la actuación llevada a cabo por la parte demandada" (fs. 374, las negritas son de la Sala) ), al menos no en lo que las probanzas escrutadas incriminan directamente al señor C.R.R., como integrante de esa "parte demandada".

En lo que respecta a la otra demandada, la señora E.E.A.P., esposa del prenombrado, procede verificar su posible vinculación con el acto de venta que se acusa fraudulento, pues en los motivos expuestos en el recurso que se viene examinando así se sostiene y lógicamente, las transgresiones legales que allí se atribuyen se explican en torno a que aquella vinculación fue desconocida en la sentencia recurrida.

Con relación a este punto, y como se desprende de la transcripción que en páginas precedentes se hiciera de la sentencia objeto de censura, el Primer Tribunal Superior, tras considerar que respecto de la actuación de la parte demandada (entiéndase CARLOS RENE RIZCALLA TESTA y EIXA ELENA ARAB PINZON) no existía prueba de mala fe, enfatizó que con relación a prenombrada señora no se desprendía de los autos que "conocía de la fianza suscrita por su esposo; que tenía pleno conocimiento de que su esposo adeudaba a la demandante determinadas sumas de dinero en virtud de varios contratos, y que tuvo la intención manifiesta de causar daño, de cometer fraude en contra del acreedor", situaciones ésta que, en palabras del propio despacho que se cita "no se pueden presumir partiendo de la base de la existencia de una relación matrimonial entre los demandados".

Confrontando estas conclusiones con los cargos que se exponen en el recurso de la actora, no resulta ocioso a la Sala repasar que, efectivamente, a folios 28 de este dossier reposa certificado expedido por la Dirección General del Registro Civil, en el que se hace constar el matrimonio civil contraído el 4 de mayo de 1990 entre los señores CARLOS RENE RIZCALLA TESTA y EIXA ELENA ARAB PINZON, ambos demandados en este proceso.

También constan incorporadas a fojas 8 y 58 de la encuesta las certificaciones de propiedad expedidas por la Dirección General del Registro Público, en la que se deja constancia de que la señora EIXA ELENA ARAB PINZON, además de compartir en co-propiedad la Finca Nº 57933, folio 164, tomo 1473 de la Provincia de Panamá, desde el día 16 de julio de 1990, con su esposo, el demandado C.R.R.T., también adquiere posteriormente de este último y en calidad de venta la mitad de esa misma finca, convirtiéndose así desde el día 16 de abril de 1996 en propietaria y titular única de este inmueble.

Concordante con el documento anterior e insertas a folios 30-33, reposan las ya citadas Escrituras Públicas Nº 6298 y Nº 3,298, de la Notaría Undécima de Circuito, de 12 de abril de 1996, en las que se consignan la compraventa celebrada entre los esposos ahora demandados y el consentimiento prestado por el acreedor hipotecario de la finca para que dicha transacción fuera realizada. También consta el ya referido formulario de pago del impuesto de transferencia de bien inmueble, perceptible a folios 240, en el que la demandada aparece como compradora de la finca en cuestión.

Fuera de estas probanzas acabadas de reseñar, las únicas otras documentales que involucran directamente a la demandada ARAB PINZON, son los recibos de pagos que se expidieron a su nombre, conjuntamente con el de su esposo, el demandado RIZCALLA TESTA, que conforman las fojas 236-238, en concepto de abonos efectuados entre diciembre de 1989 y marzo de 1990 cuando ambos en su momento adquirieron de un tercero el inmueble del caso.

El tribunal de segunda instancia al enlistar una serie de situaciones que aseguró no emergían de los autos, relacionadas con la posible mala fe de la tercera compradora, esposa del demandado y a la vez co-demandada, afirmó categóricamente que las mismas no se podían "presumir partiendo de la base de una relación matrimonial entre los demandados" y que debían pues "probarlas".

Desde esa vertiente, la Sala reconoce que si bien no se encuentra en el expediente prueba alguna que de manera directa y fehaciente acredite la mala fe de la demandada como tercera compradora del único bien conocido que tenía su esposo, el otro co-demandado, precisamente la misma dificultad que representa probar la mala fe del tercero adquirente en las ventas o transacciones que se imputan hechas en fraude de acreedores tampoco autoriza descartar este aspecto que es fundamental para que prospere la acción pauliana, sin agotar el análisis inherente a la posible concurrencia de otros elementos de convicción, en este caso de tipo indirecto o de indicios, que en definitiva constituyen también medios de prueba reconocidos en nuestro ordenamiento procesal civil.

De otro lado, aún cuando en la sentencia recurrida se cite el contexto del artículo 84 del Código de la Familia, para ilustrar la permisión legal que tienen los cónyuges de traspasarse bienes a cualquier título y celebrar toda clase de contrataciones, por ese sólo hecho no puede reputarse plenamente válida la compraventa concertada por los esposos co-demandados en este proceso, es más, la circunstancia acreditada en autos acerca de la existencia de esa relación marital entre los demandados (fs.28), vendedor y comprador del bien perseguido por la acreedora, accionante pauliana, no puede apreciarse de forma aislada a las demás pruebas recabadas o de otra forma, limitando esa apreciación a la sola estimación de que la compraventa en cuestión estaba amparada en la norma de derecho de familia antes aludida.

En ese sentido, tampoco debe desconocerse el hecho de que la demandada EIXA ELENA ARAB PINZON, desde antes de concertar la compraventa cuestionada con su esposo, el demandado C.R.R.T., ya ostentaba junto a él la co-propiedad de la finca que precisamente en la cuota-parte o mitad que le pertenecía a él buscaba la demandante satisfacer su acreencia. Esto, obviamente denota un interés directo de parte de ella sobre el inmueble, pues cualquier acción legal que recayera o incidiera sobre la mitad perteneciente a su esposo implicaría eventualmente la posibilidad, o la gran probabilidad, a juzgar por las acciones judiciales y extra-judiciales promovidas en su contra (gestiones de cobros, denuncia penal, demanda ejecutiva, demanda ordinaria-acción pauliana) de tener que compartir con otra persona, distinta de su esposo, esa co-propiedad, lo que a su vez, conllevaría a la realización o posible venta de esa parte del bien que antes era común con su esposo o en otro caso, verse en la necesidad de satisfacer ese crédito para liberar el inmueble de las acciones de los acreedores.

Y, otro tópico que no puede soslayarse, es que no se trataba de un inmueble cualquiera, se trata de precisamente del lugar donde han co-habitado los demandados como esposos, al parecer, desde que se casaron, esto es, su domicilio conyugal.

Ello se deduce, por un lado, de la relación de fechas que existe en el certificado de matrimonio visible a fojas 29, que como se sabe acredita esta unión civil a partir del 4 de mayo de 1990, y los recibos de pago de abonos por la compra del inmueble que aparecen a folios 237-239, fechados entre diciembre de 1989 y marzo de 1990, los cuales describen este bien como "Casa G-32 B Calle 4ta. H.P."; además, del acta de notificación del mandamiento de pago notificado al demandado el 8 de abril de 1996 (fs.54), en la que éste reportó como suya la dirección acabada de entrecomillar; también se confirma este domicilio común de los demandados de los poderes que uno y otro o en conjunto han conferido en distintos procesos, incluyendo el presente, como los que se pueden leer a folios 65 y 87; igualmente, la propia parte demandada (los esposos RIZCALLA TESTA-ARAB PINZON), reconocieron en su alegato de primera instancia que ese era su domicilio conyugal (ver fs. 260 final y 261 inicio).

Aunado a ello, en la esfera penal, en donde se tramitó la denuncia que la acreedora interpuso contra el demandado RIZCALLA TESTA y otras personas, se tuvo como lugar de residencia de éste último el descrito como "Hato, P., calle Cuarta, casa Nº G-32B, Corregimiento de Pueblo Nuevo" (ver fs. 313) y, por último, la certificación de propiedad del Registro Público al describir los linderos y medidas de la finca en cuestión, detalló como lugares adyacentes la "Calle Cuarta" y el "lote G-32A.

Ese interés de proteger su residencia contra las acciones de la acreedora que venía denunciando en la esfera penal la expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos y demandando ejecutivamente la satisfacción de su crédito e inclusive, promoviendo medidas precautorias y de embargo sobre ese mismo bien, queda ilustrado cuando la propia parte demandada (entiéndase CARLOS RENE RIZCALLA TESTA y EISA ELENA ARAB PINZON), a través de su apoderado judicial, al referir los pagos que inicialmente hicieron para adquirir ese inmueble en su escrito de alegato de la primera instancia (fs. 261, párrafo segundo), manifestaron lo siguiente:

"Pues bien todos esos cheques fueron girados por el señor JOUSSEFF ARAB padre de nuestra representada E.E.A.P.; o sea que su esposo C.R.R.T. era consciente de que esa casa o propiedad le pertenece a ella, ya que la misma pudo ser adquirida sólo por el dinero que su suegro dio para el abono inicial.

Por asuntos estrictamente familiares, (...) CARLOS RIZCALLA TESTA decide venderle o traspasarle la mitad de la finca Nº 57,9333 a su esposa E.E.A.P. (...)"

Entonces, si se toma en cuenta que la persecución de la satisfacción de su crédito, emprendida por RAPID FACTORING, S.A. desde que se vencieron los documentos negociables en los que aparecía como obligado el demandado RIZCALLA TESTA (agosto de 1994), primero por vía de gestiones de cobros extrajudiciales, y luego, mediante acciones penales y civiles, datan desde antes de concertarse la compraventa entre los esposos-demandados y que ésta finalmente se inscribe apenas unos cuatro (4) días después que aquél es notificado del mandamiento de pago librado en su contra en el proceso ejecutivo instaurado por la misma acreedora, y visto también, el interés que como co-propietaria previamente inscrita y como habitante de esa casa, que constituía su domicilio conyugal desde que se casó en 1990, tenía ya la demandada, no aparece plausible la idea de que ella estuviera al margen de toda esta situación, sin conocerla en forma alguna o con total ingenuidad.

Recuérdese que mientras la acreedora gestionaba extrajudicialmente el cobro de su crédito, mediante intercambio de cartas o notas con sus deudores, tratativas sobre arreglos de pago y recepción de cheques expedidos por aquéllos y que luego no tuvieron fondos, también mientras promovió la ejecución en sede jurisdiccional a la vez de medidas precautorias y embargos, e inclusive, durante este proceso ordinario de acción pauliana, el domicilio del demandado nunca dejó de ser o estar ubicado sobre esa misma finca que constituía el único bien conocido para responder frente al susodicho crédito y que finalmente enajena en favor de su esposa, la co-demandada.

Si como se ha constatado, ha sido evidente la mala fe del demandado RIZCALLA TESTA, firmando y girando cheques en favor de la acreedora que sabía luego no tendrían respaldo de fondos, faltando a la verdad aún cuando estaba bajo la gravedad de juramento al ser notificado del auto ejecutivo, procediendo a gestionar la venta de su único bien conocido para evadir la deuda y quedar así en insolvencia, todo esto a sabiendas de que esa deuda por la que era responsable no estaba satisfecha y estaban tratando de cobrársela, luego mientras todo esto venía sucediendo, y concurrir cuatro (4) días después de aquella notificación a traspasar ese único bien en favor de su esposa, a la par conviviendo con ésta bajo el mismo techo, en la misma casa edificada precisamente sobre ese inmueble objeto de la compraventa, resulta difícil pensar que élla no conociera de toda esta problemática en la que estaba involucrado su esposo.

Al examinar los hechos probados que ilustran la mala fe del demandado para evadir antes, durante y después, del ejercicio de la acción pauliana, todas las gestiones extrajudiciales y judiciales de la acreedora tendentes a cobrarle la deuda, y los indicios que se derivan a partir de esa base fáctica acreditada, respecto de la participación de su esposa en el fraude perpetrado en detrimento de dicha acreedora, muchos de los cuales han sido analizados en los párrafos que anteceden, las reglas de la sana crítica no permiten concluir que ella aparezca en el medio de toda la situación descrita como una simple compradora, ajena a los problemas que su esposo venía confrontando frente a todas aquellas acciones de su acreedora.

Las reglas de la sana crítica, que no son otras que las reglas de la lógica que dan cimiento al derecho y que como tales integran la formación académica del Juez, además de las máximas de la experiencia, que lo hacen portador de conocimientos emanados de aquellas diversas circunstancias o situaciones acumuladas en su diario vivir, ya no tanto como dirimente de conflictos sino más bien como ser humano, llevan a ese J. a través de su propia operación intelectiva o de apreciación probatoria a deducir consecuentes conclusiones, permitiéndole un razonamiento más atinado.

Son estas mismas reglas, fundadas pues en una base lógico-empírica, las que deben orientar al J. al ponderar las pruebas, y en el caso particular que se analiza, a sopesar las relaciones de necesidad o causalidad de los indicios.

Y además de lo ya dicho, qué nos indican estas reglas y hasta el sentido común, pues que en la generalidad de los matrimonios, las personas o parejas que lo integran conocen o comparten sus problemas y que, inclusive, dada la relación sentimental o afectiva que los lleva a unirse y fundar un hogar, con metas e ideales comunes, se enfrentan esos problemas ayudándose recíprocamente a fin de procurar la resolución de los mismos.

No en vano, fundada en la lógica del razonamiento anterior y de que esta sería la manera de pensar y proceder tal como lo haría la generalidad de las personas, la normativa especial regente de los "derechos y deberes de los cónyuges" recoge como uno de esos deberes recíprocos el de "protección" (véase art. 78 del C.F.).

Si a esto se adiciona que, en el caso estudiado, el hecho de que el mismo bien inmueble perseguido por la acreedora, perteneciente en una mitad a su deudor demandado, integraba en su otra parte o mitad el patrimonio de la esposa de este último, co-demandada también, dada pues su condición de co-propietaria (interés patrimonial), desde que se constituyó el crédito y luego desde que se inició su cobro extrajudicial y judicial, además de constituir ese mismo bien común a ambos su propio domicilio conyugal (interés afectivo), no parece casual ni ajeno a una intención de resguardar ese bien preciado la enajenación de aquél en favor de ésta, a sólo cuatro (4) días de haber sido notificado del mandamiento de pago dictado en su contra y a tres (3) días de haberse dictado embargo sobre ese mismo bien previamente secuestrado.

Existen en esta encuesta otros elementos indiciarios de la participación consciente y deliberada de la demandada en el acto de venta que de ya acreditada mala fe, ejecutó su esposo en favor de ella.

A fojas 143-144 y 145, reposan dos (2) documentos privados que, aunque fueron aportados en copias simples, obraron en el proceso sin que sus firmas ni sus contenidos fueran objetados por la parte demandada. El primero de estos documentos es el formulario de solicitud de crédito que fuera llenado en nombre de G.C. SUMINISTROS, S.A. como primer paso a convertirse en cliente deudor de RADIP FACTORING, S.A.. El otro documento, consiste en un memorándum con membrete de G.C. SUMINISTROS, remitido por el ingeniero CARLOS RIZCALLA (demandado) con fecha 30 de mayo de 1994, al señor T.A. (de RADIP FACTORING, S.A.).

Al rendir el testimonio que le fuera requerido, el señor TOMAS A.D. (fs. 171-175), refirió entre otras cosas que fue el señor C.R. el que solicitó ese crédito a nombre de G.C. SUMINISTROS, S.A. y que éste fue garantizado con una fianza personal constituida en pagaré comercial en el que firmó como codeudor o fiador; y que, en el memorándum antes citado se daban instrucciones a RAPID FACTORING de cómo desembolsar o pagar los fondos que se habían otorgado en crédito.

Sin embargo, lo más relevante de esta deposición testimonial, es que el señor ABRAHAMS manifestó conocer a los señores C.R.R. TESTA y EIXA ELENA ARAB PINZON desde aproximadamente sietes (7) años; que al igual que él (el testigo) el señor RIZCALLA TESTA era socio y amigo del Club Veinte Treinta; que él los conocía ambos, es decir, a los señores esposos RIZCALLA TESTA y ARAB PINZON; que todos ellos eran amigos de hacerse visitas; y que, en aquella solicitud de crédito presentada por el señor RIZCALLA incluyeron el nombre de él mismo (el del testigo) como parte de las referencias personales pedidas.

Si bien este testimonio, al provenir de un alto personero de la empresa demandante (véase fs. 9), otorgante del crédito comentado, podría revestir cierto grado de sospecha, ello no autoriza a dejar de valorarlo, máxime que al confrontar el documento de solicitud de crédito (fs. 143-144) , del que se afirmó había sido llenado y presentado por el demandado RIZCALLA y que no fue objetado en su firma ni en su contenido, resulta cierto lo afirmado por ese mismo testigo acerca de que su nombre fue puesto como referencia personal para la concesión del crédito, incluso, como la persona por medio de la cual los solicitantes se enteraron de la existencia de la empresa RAPID FACTORING o de sus actividades crediticias (véase parte final de este documento: fs. 144)

Si este documento corrobora que el nombre del señor T.A. fue puesto como referencia personal para que le fuera concedido el crédito a G.C.S. y como la persona a través de la cual esta empresa supo o "se enteró" de las actividades de RAPID FACTORING, S.A., tal como el mismo en su testimonio lo refirió, también cobra virtualidad probatoria el hecho de que si fue el señor RIZCALLA quien llenó y presentó esa solicitud poniendo al señor A. como referencia personal, entonces parece que ciertamente ellos se conocían desde antes, como refirió el propio A., y con esto, pues tenía relación de amistad con ambos esposos ahora demandados.

Todo esto, hace surgir la idea de que siendo también la esposa del demandado y junto a éste, amiga y conocida del señor A., alto personero de la empresa RAPID FACTORING, S.A., que le concedió el crédito a G.C. SUMINISTROS del cual el demandado RIZCALLA era pues co-deudor, pues bien pudo haber conocido desde antes o desde la misma concesión de ese crédito la deuda que asumía su esposo y la misma empresa de la que este último era socio y gerente general.

Otro punto que bien encaja como indicio de la participación consciente de la demandada en el fraude perpetrado por su esposo al venderle la mitad de la finca perseguida por la actora acreedora, está constituido en el precio de venta que aparece como acordado en esa transacción.

Los demandados han utilizado el argumento de que al ser una operación onerosa y no gratuita o de donación, pues en la venta del inmueble se fijó un valor o precio a cambio del mismo (ver fs. 332: alegato de alzada) no operaba la presunción de fraude dispuesta para los actos de mera liberalidad.

Al revisar este aspecto, ciertamente constan tanto en la escritura de compraventa como en el formulario de pago del impuesto de transferencia de bien inmueble (fs. 30-31 y 240) que el precio acordado en la venta fue el de B/.20,000.00, aunque, a más de la declaración inserta en esa misma escritura acerca de que el vendedor-demandado acepta "haber recibido a entera satisfacción" (fs. 30 vta.) esa suma, no existen en los autos recibos, comprobantes de pagos o cualquier otro documento que acrediten ese desembolso.

Empero, en cuanto a este tópico debe observarse que si entre finales de 1989 y principios de 1990 los demandados adquirieron esa finca por la suma de B/. 65,000.00 (véanse recibos a fs. 236-238) y ya para el año de 1996 las mejoras allí edificadas (residencia unifamiliar tipo chalet) estaban registradas por un monto de B/. 30,747.00, sin incluir el valor catastral y mucho menos el valor de mercado, como se aprecia de la certificación de propiedad visible a fojas 58 y su reverso, entonces el precio señalado en al compraventa celebrada por los esposos-demandados resulta a todas luces irrisorio.

Aunque la Sala reconozca que la denominada "lesión enorme" no está contemplada en nuestro derecho, como sí lo está en algunas legislaciones foráneas en las que se sanciona esta figura con una acción de rescisión cuando la venta se ha hecho por un precio que resulta insuficiente, nada obsta para que, ese precio irrisorio pueda ser apreciado como indicio que siendo enlazado con otros elementos de convicción, de la misma clase o de otra, permita derivar el hecho indicado.

A guisa de colofón y de cara a lo expuesto en las motivaciones de la resolución recurrida, debe concluirse que si bien la buena fe se presume y la mala fe debe probarse, esta acreditación admite todos los medios de convicción permitidos en la ley, incluyendo los indicios, y en el caso particular de la participación consciente de la demandada, esposa del demandado, en la realización de un acto de venta hecho en fraude de su acreedora demandante, se ha constatado la concurrencia de indicios suficientes que así lo acreditan.

Por tanto, corroborando la Sala que sí tuvo lugar el error de valoración probatoria acusado en el recurso analizado, que definitivamente influyó en la decisión recurrida y por ende, que se violaron las normas invocadas por la recurrente, emergen razones suficientes para casar o infirmar dicha decisión y en su lugar, colocada en la misma posición en que se encontraba el Tribunal Superior, procederá a confirmar la sentencia primigenia.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la resolución de 20 de noviembre de 2003, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá en el proceso ordinario (Acción Pauliana) que RAPID FACTORING, S.A. le sigue a CARLOS RENE RIZCALLA TESTA y EIXA ELENA ARAB PINZON., en consecuencia, convertida en tribunal de instancia dicta la sentencia de reemplazo y en tal sentido CONFIRMA la Sentencia Nº 18 de 15 de abril de 1998 emitida por el Juzgado Primero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

N. y D..

HARLEY J. MITCHELL D.

OYDÉN ORTEGA DURÁN.- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

DANIA E. BARRIOS D.. Secretaria Encargada