Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 9 de Febrero de 2007

PonenteJosé A. Troyano
Fecha de Resolución 9 de Febrero de 2007
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

El licenciado N.C., en su condición de apoderado judicial del señor R.B., interpuso recurso de casación contra la sentencia de 25 de febrero de 2003, dictada por el Tribunal Superior de Familia, que confirmó la decisión del inferior que declaró probada la paternidad del señor R.B., dentro del proceso de filiación propuesto en su contra por la señora M.E.A.L., a favor del niño R.A.A..

Esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución de 26 de noviembre de 2004, admitió el recurso de casación impetrado, luego de su corrección. (f. 285)

Finalizada la fase de alegatos de fondo, la cual fue aprovechada por los apoderados judiciales de ambas partes (fs. 290 y 298), se le corrió traslado del negocio al Ministerio Público por el término de tres días, con el objeto de que emitiera concepto sobre el fondo del recurso, por tratarse de un proceso de filiación. Así, la Procuraduría General de la Nación emitió la vista 20 de 13 de septiembre de 2005, que reposa desde la foja 302 a la 322 del expediente; por lo que procede la Sala a decidir el recurso, previas las consideraciones que a continuación se expresan.

ANTECEDENTES

Consta en autos que la señora M.E.A.L., mediante apoderado judicial, el licenciado J.M.A., presentó el 17 de noviembre de 1999, demanda de filiación (f. 2), que le correspondió conocer al Juzgado Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, con el objeto de que declare que el menor R.A.A., nacido el 23 de diciembre de 1997, es hijo del señor R.B., habido con la señora M.A.L., y ordene el pago de una pensión alimenticia de B/.600.00. Esta demanda fue admitida mediante auto 1285 de 26 de noviembre de 1999, que además, negó la solicitud de pensión alimenticia provisional solicitada por la actora.

El Juzgado Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, por medio de la sentencia 389 de 7 de agosto de 2002, declaró probada la paternidad del señor R.B. con relación al niño R.A.A.. (fs. 177-186)

El demandado apeló esta decisión y el Tribunal Superior de Familia la confirmó mediante la resolución de 25 de febrero de 2003, venida en casación (fs. 216-228), por considerar que la decisión del juzgador primario es conforme a derecho, por hallarse los suficientes elementos probatorios que acreditan que el niño RALPH ANTHONY ANDERSON es hijo biológico del señor R.B., tales como los testimonios allegados al proceso y las afirmaciones de la propia parte actora, que "conjugadas con el resto de los elementos de convicción, han hecho surgir serios indicios de que, previo a la fecha en que se cifra la concepción del menor de edad cuya paternidad se reclama (23 de diciembre de 1997, según certificado de nacimiento visible a foja 13), los litigantes mantuvieron una notoria relación de marido y mujer".

Es contra esta resolución de segunda instancia que la parte demandada ha interpuesto un recurso de casación en la forma y otro en el fondo (f. 271), fundamentado cada uno en una única causal, por lo que la Corte procederá a resolver primeramente el recurso de casación en la forma, como lo ordena el artículo 1168 del Código Judicial.

RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA

Contenido del Recurso

La causal de casación en la forma invocada por el casacionista consiste en "por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la ley", la cual está contemplada en el numeral 1 del artículo 1170 del Código Judicial.

Esta causal se fundamenta en un solo motivo, que se transcribe a continuación:

"Durante la etapa de presentación de pruebas se adujo a foja 74-5 la práctica de Inspección Judicial a dos (2) lugares. A pesar que esta prueba fue admitida, el Juez de primera instancia no la practicó omitiendo de esta forma un trámite que era indispensable para garantizar la defensa de nuestro representado. No obstante lo anterior, la Sentencia impugnada falló el fondo de la controversia, pese a la grave omisión descrita la cual le fue puesta en conocimiento en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia".

Como consecuencia de los errores que le atribuye a la resolución impugnada, el recurrente alega la violación del artículo 782 del Código Judicial.

CRITERIO DE LA SALA

De la lectura del único motivo expuesto en recurso de casación en la forma, se infiere que el casacionista le imputa a la resolución de segundo grado el cargo de injuridicidad que consiste en que el Tribunal Superior, al confirmar la sentencia del inferior, omitió "un trámite indispensable para la defensa de sus derechos" que consiste en la práctica de inspección judicial a dos lugares, a pesar de que la prueba fue admitida.

Este cargo se basa en la presunta violación del artículo 782 del Código Judicial, cuyo texto se reproduce a continuación:

"Artículo 782. El juez practicará personalmente todas las pruebas, pero si no lo pudiere hacer por razón del territorio, comisionará a otro para que en la misma forma las practique".

A juicio del casacionista, el Tribunal Superior infringió directamente por omisión el artículo 782 del Código Judicial que "ordena que el juez practique la pruebas que ha admitido", porque no reconoció la omisión del juzgador de primera instancia de practicar la prueba de inspección judicial al lugar donde reside la demandante, a pesar de que fue pedida oportunamente (f. 75) y admitida por el a quo; y sin embargo, "el juzgador no ordenó su práctica, trámite que era determinante para corroborar la veracidad de los dichos de los testigos y la parte demandante".

De acuerdo con la censura, si la sentencia impugnada hubiera reconocido el error de procedimiento en que incurrió el juzgador de primera instancia, "no hubiera fallado en el fondo ya que habría declarado nulo lo actuado al no practicarse todas las pruebas pedidas, admitidas y necesarias para estimar la pretensión de la parte actora de conformidad con lo dispuesto en la norma transcrita".

De lo anteriormente expuesto, se colige que la presente impugnación contra sentencia de 25 de febrero de 2003, dictada por el Tribunal Superior de Familia, objeto del recurso de casación en la forma, se contrae a establecer si el fallo recurrido que confirmó la decisión del inferior, ha omitido un trámite o diligencia considerado esencial por la ley, al no haberse practicado la prueba de inspección judicial solicitada por la parte demandada y admitida en la audiencia celebrada en la primera instancia, la cual debía realizarse al "Jardín Olímpico donde reside la parte demandante a fin de determinar el grado de visibilidad entre el apartamento del señor P.V. y el de la señora demandante", tal como consta en el acta de 29 de marzo de 2000 (f. 74); puesto que la otra inspección ocular al Jardín Campo Amor fue negada por el Tribunal a quo en la misma audiencia. (f. 75)

Ahora bien, al examinar el contenido del artículo 782 del Código Judicial, única disposición legal que el casacionista considera infringida, la Sala advierte que esta norma establece el principio probatorio de inmediación, el cual señala el deber que tiene el juez de practicar personalmente todas las pruebas, que no guarda relación directa con el cargo de injuridicidad planteado en la causal, en la medida de que no se refiere a la práctica de la prueba que el casacionista alega como diligencia que fue pretermitida por el juzgador de primera instancia.

Por consiguiente, es obvio que no se ha configurado la infracción de esta norma procesal por haberse omitido algún trámite esencial durante el proceso.

La doctrina nacional y la jurisprudencia han sido constantes en señalar que la causal de forma en estudio se configura cuando se omiten formalidades o trámites indispensables para fallar, que puedan dar lugar a la nulidad de actuaciones, al punto que hayan causado efectiva indefensión a las partes.

Sobre el particular, el último párrafo del artículo 1151 del Código Judicial, que consagra el saneamiento en la apelación y consulta, disposición que no fue incluida como violada por el casacionista, prevé:

"Artículo 1151.

...

Se considerarán como formalidades indispensables para fallar, entre otras, la omisión del traslado de la demanda, en los procesos que requieren este trámite, la falta de notificación del auto ejecutivo, la omisión de la apertura del proceso o incidente a pruebas, en los casos en que esté indicado este requisito o el no haberse practicado estas pruebas, sin culpa del proponente". (El resaltado es de la Sala)

Por lo tanto, conforme a la norma procesal transcrita, constituye una omisión de un trámite esencial para fallar el hecho de que el juez deje de practicar, sin culpa del proponente, las pruebas aducidas y admitidas en el proceso; pretermisión en la que radica la causal de casación en la forma que el casacionista promueve en esta ocasión contra la sentencia impugnada.

Sin embargo, al analizar el cargo de injuridicidad en que se fundamenta la causal en estudio, y confrontarlo con las constancias procesales, se evidencia que el recurrente, no gestionó en la respectiva audiencia la práctica de la inspección judicial que aportó como prueba, aún cuando había sido admitida por el Juez de primera instancia, dado que no presentó el memorial de que trata el artículo 809 del Código Judicial, para que el Tribunal procediera a realizar la inspección judicial, dejada de practicar.

Sobre el particular, resulta oportuno transcribir un fallo de la Corte de 23 de octubre de 2000, que sostuvo lo siguiente con respecto a la causal en estudio:

"Se trata, como se dijo de la práctica de pruebas de reconocimiento de documentos y declaraciones testimoniales. Se advierte, en efecto, la omisión de dicho trámite, que no pudo llevarse a cabo ante la ausencia de notificación, para lo cual el tribunal no realizó el menor esfuerzo y, más grave aún, a pesar de no haberse practicado dichas pruebas. entró a seguidas a dictar el fallo que puso conclusión a la primera instancia (f. 527).

Constituye un trámite esencial para dictar sentencia, con arreglo al artículo 1136, segundo párrafo, del Código Judicial (artículo 1151 del Texto Único), "no haberse practicado estas pruebas, sin culpa del proponente", cuya omisión constituye una violación al trámite del proceso ordinario. No obstante, es menester que la prueba haya sido allegada al proceso válidamente, es decir, que el Juez haya dado cumplimiento a las normas procesales sobre reiteración de pruebas no practicadas.

Es evidente que, para que ello ocurra, la prueba, decretada por el Juez, ha de acceder a una petición de la parte interesada, como ordena el artículo 798 del Código Judicial (artículo 809 del Texto Único). Al no existir constancia de que ello ha ocurrido, por razones de economía procesal, la práctica de la prueba debe tenerse como no presentada, por cuanto es el Juez quien, al momento de ordenar nuevamente la práctica de la prueba, sólo podía hacerlo si mediaba gestión de la parte interesada, lo que no ocurrió". (El resaltado es de la Sala)

En forma concordante, en la segunda instancia, si bien la parte interesada cumplió con el requisito de reclamar el defecto en el procedimiento atribuido al juzgador primario, tampoco solicitó la apertura del proceso a pruebas, sino que se limitó a indicar en su alegato de apelación que "la práctica de estas pruebas era determinante para corroborar los dichos de los testigos y la parte demandante. Esta omisión del a quo hace que la Sentencia se haya emitido sin practicar todas las pruebas pedidas oportunamente por las partes y admitidas; por tanto viola el artículo 782 del Código Judicial..." ( f. 202 ); por lo que no reiteró su realización ni aprovechó la oportunidad procesal de proponer la práctica de la prueba en segunda instancia, en los términos consignados en el artículo 1275 del Código Judicial y el artículo 786 del Código de la Familia.

No obstante lo anterior y con respecto al argumento del casacionista relativo a que "la práctica de estas pruebas era determinante para corroborar los dichos de los testigos y la parte demandante", estima la Sala prudente analizar si efectivamente, la realización de la prueba alegada como omitida por el recurrente en este caso, constituye un trámite considerado esencial, a fin de configurarse la causal de forma en examen.

Al respecto, esta S. en un fallo reciente de 5 de abril de 2006, reiteró el siguiente concepto:

"El carácter esencial de algún trámite o diligencia, tal cual lo consagra la causal de forma alegada, está dirigido a algún acto o fase que, conforme al procedimiento que se sigue para sustanciar la causa, por sustancial o vital a los fines de ésta, no puede omitirse o suprimirse, puesto que la propia L. ordena que necesariamente sean evacuados".

En este sentido, al revisar el caso en estudio, la Sala se percata que la "grave omisión" que el casacionista denuncia, no resulta ser una pretermisión de un trámite indispensable para fallar, toda vez que la inspección judicial solicitada al Jardín Olímpico donde reside la parte demandante tenía la finalidad de "determinar el grado de visibilidad entre el apartamento del señor P.V. y el de la señora demandante"; vale decir, la diligencia era con el propósito de contradecir la prueba testimonial del señor P.A.V.C., aducida por la demandante, la cual resultó "inevacuable" por no haber acudido el testigo a declarar en la respectiva audiencia, según lo declaró el Tribunal a quo. (f. 131)

Por consiguiente, la práctica de la prueba denunciada como omitida ya no se justificaba, dado que se trocó en innecesaria o ineficaz, al tenor del artículo 783 del Código Judicial, al no haberse evacuado el testimonio del señor V., y, por ende, no era una diligencia sustancial o decisiva para resolver la causa.

Así, lo afirma la Procuradora General de la Nación, en su vista 20 de 13 de septiembre de 2005, en los siguientes términos:

"Aunado a lo anterior, la inspección judicial admitida, a efectuarse en el Jardín Olímpico, en donde está ubicada la residencia de la demandante, tenía por objeto establecer si el testigo, P.V., pudo o no haber visto desde su apartamento a M.A. y R.B. mientras sostenían relaciones íntimas. Es importante destacar que este testigo nunca acudió a los estrados del Tribunal, pese a haber sido citado (v. fs 70, 131), luego entonces, ¿qué tan importante es la diligencia que se reclama?" (f. 304)

En otras palabras, la prueba solicitada y no practicada carece de trascendencia, porque no tenía por qué realizarse, de lo que se colige que la sentencia de 25 de febrero de 2003 del Tribunal Superior de Familia, al confirmar la decisión del inferior, no ha incurrido en las irregularidades que conducen a la omisión de algún trámite o diligencia considerado esencial por la ley, dado que la pretermisión de la práctica de esta inspección judicial en particular, no constituía una formalidad indispensable para fallar, en el presente caso.

Por todo lo expuesto, la Sala considera que el Tribunal Superior de Familia en el caso sub júdice no incurrió en su actividad jurisdiccional en los defectos que se le acusa de infringir el artículo 782 del Código Judicial; y, en consecuencia, declara no probada esta primera causal en la forma, lo que nos obliga a examinar la causal en el fondo del recurso de casación.

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

Contenido del Recurso

La causal de casación en el fondo invocada por el casacionista, consiste en la "infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba", tal como está contemplada en el artículo 1169 del Código Judicial.

El impugnador expresa lo siguiente en los doce motivos en que se basa esta causal:

"PRIMERO: La Sentencia impugnada valoró la no comparecencia de la parte demandada a declarar dentro del acto de audiencia, visible a fojas 131, 143, 150 y 151 del expediente, como una renuencia y por tanto como una prueba en su contra, sin considerar que dicha ausencia obedeció a que no había sido citado de conformidad con las normas que regulan la prueba testimonial, de acuerdo a las cuales el Secretario del Tribunal, por medio de una boleta de citación, que se le debe entregar a la parte citada, expresará el día, la hora y el local en que deben presentarse, cosa que no ocurrió en la realidad.

SEGUNDO

La sentencia recurrida infringió las reglas de la sana crítica al valorar como un indicio en su contra la falta de comparecencia de la parte demandada al acto de audiencia de fojas 131, 143, 150 y 151, a pesar que la falta de comparecencia obedeció a motivos imputables al tribunal, ya que el apoderado de la demandada solicitó a fojas 144 que se fijara nueva fecha y se citara a la parte demandada para que declarara, petición que no fue satisfecha por el tribunal.

TERCERO

La Sentencia impugnada expedida el 25 de febrero de 2003 proferida por el Tribunal Superior de Familia es injurídica porque declara probada la paternidad del Señor RAFAEL BATISTA en relación al menor RALPH ANTHONY ANDERSON concediendo valor de plena prueba a la declaración testimonial de la testigo ORTIZ (fjs. 117-128) quien se contradijo notablemente en relación a la suscripción y autoría del documento aportado como prueba de su declaración cuando a foja 119 manifestó por un lado que nunca había elaborado ni firmado documento alguno en que diera fe de la relación entre las partes, y en la misma declaración y foja (sic) afirmó lo contrario expresando que lo había hecho y firmado.

CUARTO

La Sentencia impugnada es injurídica porque declara probada la paternidad del Señor RAFAEL BATISTA en relación al menor RALPH ANTHONY ANDERSON concediendo valor de plena prueba a la declaración testimonial de la testigo ORTIZ (Fjs. 117-128) a pesar de las contradicciones en que incurrió la testigo cuando manifestó a foja 119 que el documento visible a foja 10 tenía tachones, mientras que a foja 120 expresó que dicho documento no tenía tachones, violando la sentencia la regla de derecho conforme a la cual no tiene fuerza la declaración del testigo que se contradiga notablemente.

QUINTO

La Sentencia impugnada es injurídica porque declara probada la paternidad del Señor RAFAEL BATISTA en relación al menor RALPH ANTHONY ANDERSON concediendo valor de plena prueba a la declaración testimonial de la testigo ORTIZ (Fjs. 117-128) a pesar que cuando a dicha testigo se le preguntó sobre la contradicción expresada en el motivo anterior reconoció que se había equivocado, y no valorando que esta testigo también admitió a foja 120 que el documento lo habían hecho entre las dos, es decir entre ella y la parte demandante, lo cual comprometía aun más su credibilidad.

SEXTO

La Sentencia recurrida es injurídica porque declara probada la paternidad del Señor RAFAEL BATISTA en relación al menor RALPH ANTHONY ANDERSON concediendo valor de plena prueba a la declaración testimonial de la testigo ORTIZ (Fjs. 117-128) a pesar que esta testigo se contradijo notablemente en relación al tiempo que tenía de conocer a la parte demandante, por cuanto por un lado expresó a foja 10 que la conocía desde niña cuando iba a Otoque, y por el otro, a foja 117, manifestó que la conocía desde hacía cinco (5) años.

SÉPTIMO

La Sentencia recurrida es injurídica porque declara probada la paternidad del Señor RAFAEL BATISTA en relación al menor RALPH ANTHONY ANDERSON concediendo valor de plena prueba a la declaración testimonial de la testigo ORTIZ (Fjs. 117-128) a pesar que esta testigo había declarado, en lo más trascendental, de oídas, porque cuando se le preguntó por qué presumía que el menor era producto de la relación con el Dr. BATISTA contestó a foja 125 que lo supo a través de su hermano de nombre I.O., y a foja 127 que era porque la mamá de la parte demandante se lo había dicho y porque la parte demandante también se lo había dicho.

OCTAVO

La Sentencia impugnada expedida el 25 de febrero de 2003 proferida por el Tribunal Superior de Familia es injurídica porque declara probada la paternidad del Señor RAFAEL BATISTA en relación al menor RALPH ANTHONY ANDERSON concediendo valor de plena prueba a la declaración testimonial del testigo ROMERO a pesar que este testigo (fj. 84-97, 113-116) por un lado manifestó a foja 9 que bajó el vidrio del auto para que ella lo viera, y por el otro expresó a foja 88 que los vidrios de su auto estaban abajo porque su taxi no tenía aire acondicionado; y mientras a foja 141 la demandante dijo que nunca había bajado sus vidrios, a foja 87 y 93 el testigo dijo que la demandante bajó el vidrio, contradiciéndose notablemente consigo mismo y con la parte demandante.

NOVENO

La Sentencia recurrida es injurídica porque declara probada la paternidad del Señor RAFAEL BATISTA en relación al menor RALPH ANTHONY ANDERSON concediendo valor de plena prueba a la declaración testimonial del testigo ROMERO a pesar que éste por un lado manifestó a foja 92 que el taxi que manejaba no tenía aire acondicionado y a foja 93 contestó que el auto o taxi que conducía sí tenía aire acondicionado, pero que no estaba puesto, contradiciéndose notablemente.

DÉCIMO

La Sentencia recurrida es injurídica porque declara probada la paternidad del Señor RAFAEL BATISTA en relación al menor RALPH ANTHONY ANDERSON concediendo valor de plena prueba a la declaración testimonial del testigo ROMERO a pesar que éste por un lado declaró a foja 9 y a foja 85-6 que vio a las partes en dos (2) ocasiones saliendo de un P.B., mientras que por el otro sostuvo, a foja 113, que los había visto solo una (1) vez saliendo del P.B., contradiciéndose notablemente otra vez.

UNDÉCIMO

La Sentencia recurrida es injurídica porque declara probada la paternidad del Señor RAFAEL BATISTA en relación al menor RALPH ANTHONY ANDERSON concediendo valor de plena prueba a la declaración testimonial del testigo ROMERO a pesar que éste sostuvo a foja 85 que su conocimiento de la calidad de novio de la parte demandante que ostentaba la parte demandada era de oídas de la propia demandante como lo sostuvo a foja 86, 113 y 114, y que no lo conocía sino de vista, como tampoco valoró que este testigo por un lado sostuvo a foja 94 que ni siquiera conocía a la parte demandada mientras que a foja 9 expresó el nombre de la demandada; tampoco valoro que este testigo supuso que era la parte demandada por cuanto no veía a más nadie con la parte demandante, ni que a foja 96 declaró que firmó el documento afirmando que era la parte demandada sin siquiera saber su nombre, contradiciéndose nuevamente de manera notoria.

DUODÉCIMO

La Sentencia recurrida es injurídica porque declara probada la paternidad de la parte demandada concediendo valor de plena prueba a la declaración testimonial del testigo ROMERO a pesar que éste a foja 92 adoptó conducta impropia y a pesar que se dejó constancia de la petición de la parte demandada de aceptar recorte de periódico que publicaba que el testigo había sido detenido por la División de delitos contra la Fe Publica y que había aceptado la comisión del hecho delictivo recibiéndose por el tribunal el recorte y luego rechazándose. La Sentencia incluso dejó de valorar que el testigo reconoció a foja 115 que era perseguido por el delito de falsedad en el Jugado 3º Penal; cuando el apoderado judicial de la parte demandada quiso hacer uso de la palabra para dejar constancia de lo que el ordenamiento procesal vigente decía al respecto, se le negó, instándole a que continuara con el interrogatorio a lo que no le quedó alternativa". (fs. 273-276)

Todos estos cargos de ilegalidad, se basan en la supuesta violación del artículo 272 del Código de la Familia, que dispone:

"Artículo 272. El hijo o hija que no haya sido reconocido por su padre, tiene derecho a exigir judicialmente el reconocimiento de la paternidad.

Se permite la libre investigación de la paternidad desde la concepción".

De acuerdo con el casacionista, la Sentencia recurrida aplicó indebidamente esta norma sustantiva de derecho "al atribuir a la parte demandada la paternidad sobre el menor R.A.A. con fundamento en una supuesta renuencia de la parte demandada cuando está demostrado en autos que su citación no se produjo de conformidad con lo que dispone el ordenamiento jurídico vigente lo cual fue ignorado por la Sentencia concediéndole a su ausencia valor de prueba en su contra".

Igualmente, el recurrente considera que la Sentencia impugnada infringió el artículo 272 del Código de la Familia "al valorar las declaraciones de los testigos ORTIZ y ROMERO, quienes se contradijeron entre sí y también con la parte demandante". (f. 280)

CRITERIO DE LA SALA

De los motivos expuestos en el escrito de corrección del recurso de casación, se infiere que los cargos de injuridicidad contra la sentencia de segunda instancia consisten en la inexacta apreciación por parte del juzgador ad quem de la prueba de indicio, derivada de la no concurrencia del demandado a la diligencia de declaración de parte, "sin considerar que dicha ausencia obedeció a que no había sido citado de conformidad con las normas que regulan la prueba testimonial"; así como la errada apreciación de las declaraciones de los testigos B.O. y M.R., "sin tomar en consideración las numerosas e importantes contradicciones en que incurrieron éstos", lo que le llevó a la conclusión de que se había acreditado en el proceso la paternidad reclamada por la demandante.

Así, tenemos que de los dos primeros motivos en que se funda la causal de fondo, se deduce que el primer cargo de injuridicidad que se le imputa a la sentencia de segundo grado es que el Tribunal Superior de Familia infringió las reglas de la sana crítica al valorar como un indicio en contra del demandado el hecho de que no se presentó a la diligencia de declaración de parte, "sin considerar que dicha ausencia obedeció a que no había sido citado de conformidad con las normas que regulan la prueba testimonial, de acuerdo a las cuales el Secretario del Tribunal, por medio de una boleta de citación, que se le debe entregar a la parte citada, expresará el día, la hora y el local en que deben presentarse, cosa que no ocurrió en la realidad"; por lo que concluye el casacionista que "la falta de comparecencia obedeció a motivos imputables al tribunal, ya que el apoderado de la demandada solicitó a foja 144 que se fijara nueva fecha y se citara a la parte demandada para que declarara, petición que no fue satisfecha por el tribunal".

Este cargo de ilegalidad, se basa en la presunta violación directa por omisión del artículo 933 del Código Judicial que señala:

"Artículo 933. Si la parte no solicitare que el testigo sea citado por el tribunal, se entenderá que ha asumido la carga de hacerlo comparecer".

Conforme al casacionista, el precepto transcrito fue vulnerado de forma directa por omisión, dado que la sentencia recurrida, "contrariando lo que ordena esta norma, hizo recaer sobre la parte demandada, sujeto pasivo de la prueba, la obligación de comparecer sin haber sido citado de conformidad con el procedimiento recogido por la norma procesal", puesto que "si la Sentencia hubiera aplicado esta norma habría hecho recaer sobre la parte demandante la carga de hacer comparecer a la parte demandada a rendir su declaración y no habría apreciado su ausencia como prueba en su contra para considerar probada la paternidad del menor". (fs. 276-277)

Así mismo, este cargo se funda en la violación del artículo 1006 del Código Judicial que indica:

"Artículo 1006. Las providencias y medidas que se dicten o adopten en el curso de las audiencias y diligencias, se considerarán notificadas el día en que éstas se celebren, aunque no haya concurrido una de las partes".

El casacionista manifiesta que el artículo 1006 del Código Judicial fue infringido en concepto de indebida aplicación, al no tomar en cuenta la sentencia que "esta norma no se refiere a las citaciones las cuales tienen una naturaleza distinta a las notificaciones que la norma regula; si el legislador hubiera deseado incluir dentro de las providencias y medidas que se notifican el acto de citación, así lo hubiera expresado". (f. 277)

En resumen, el impugnador considera que "la norma transcrita regula y se refiere a la resolución que dicta el funcionario jurisdiccional y no a la citación misma", por lo que el Tribunal Superior, "al considerar que la parte demandada había sido legalmente citada mediante la notificación de la resolución que ordenó se citara a la parte demandada durante la audiencia", dedujo que "la parte demandada tuvo una conducta omisiva y renuente, lo cual es falso puesto que nunca fue citada legalmente no existiendo la renuencia que erróneamente se le atribuyó". (f. 277)

Aunado a lo anterior, el recurrente en su escrito de alegato de fondo (f. 293) expresa que, como consecuencia de la violación de las normas procesales sobre citación y notificación, la sentencia impugnada violó el artículo 278 del Código de la Familia, norma de carácter sustantivo que prevé que "el Juez deberá declarar la paternidad cuando se encuentre acreditada en el proceso", el cual fue infringido por el Tribunal ad quem "al reconocer la paternidad consciente de las violaciones procesales que ameritaban la nulidad de las actuaciones en cuanto a citación y notificación".

De lo expuesto, se colige que el cargo en estudio, se reduce a establecer si el Tribunal Superior de Familia incurrió en el defecto que se le imputa, al apreciar como un indicio en contra del demandado, el hecho de que no compareció a la diligencia de declaración de parte, sin tomar en cuenta que no había sido citado de acuerdo con las normas que regulan la prueba testimonial.

Cabe resaltar que aunque el casacionista le da a este cargo el enfoque de un error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, el vicio que le atribuye a la sentencia de segundo grado más parece referirse a un defecto en el procedimiento.

No obstante lo anterior, luego de revisar las constancias procesales de la primera instancia, la Sala considera que no prospera este primer cargo contenido en la causal de fondo contra la sentencia recurrida, por las razones que se explican a continuación.

Primeramente, se observa que en la audiencia del proceso de filiación, el demandado fue citado para declarar en dos ocasiones distintas; inicialmente, el día 14 de agosto de 2001 (f. 131) y no se presentó, por lo que el Tribunal señaló en la misma audiencia una última fecha para que compareciera, el 20 de agosto de 2001 (f. 132), pero tampoco acudió en esta última oportunidad como se desprende del escrito de excusa que su apoderado presentó el mismo día en que debía presentarse para declarar (f. 144), en el que expresó que su representado, aunque ha sido informado, "no podrá asistir a la audiencia programada para el día de hoy, en la medida en que no ha sido notificado personalmente para que comparezca a evacuar la declaración de parte", y solicita la confección de la boleta de citación y la fijación de nueva fecha para que el Dr. R.B. pueda abandonar su puesto de trabajo en el Hospital Psiquiátrico, a fin de comparecer a rendir su declaración.

Sin embargo, el Juez Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, rechazó la solicitud del apoderado del demandado y dio por finalizada la audiencia, porque consideró que "el Tribunal ha sido suficientemente benevolente al establecerle una nueva fecha para que el mismo compareciera", con base en los artículos 992 y 1275 del Código Judicial, así como el artículo 783 del Código de la Familia, que ordena rechazar "cualquier solicitud que solo tenga como finalidad dilatar el proceso o vulnerar los principios de economía, buena fe y lealtad procesal". (f. 151)

Consecuentemente, el Juez Primero Seccional de Familia, en la Sentencia 389 de 7 de agosto de 2002, confirmada por el fallo venido en casación, con base en el artículo 984 del Código Judicial y 765 del Código de la Familia, catalogó como indicio en contra del señor R.B., su actitud de no comparecer a rendir declaración de parte, a pesar de estar debidamente notificado.

Por su parte, el Tribunal Superior de Familia para llegar a la conclusión de que era justa y conforme a derecho la decisión del juzgador primario, esgrimió los siguientes razonamientos en cuanto a la prueba indiciaria originada de la conducta procesal de la parte demandante de no comparecer a la práctica de la declaración:

"Mal se entiende, por otro lado, la postura renuente, incluso contraria a sus derechos, que ha venido manteniendo el demandado, quien en el curso ulterior del proceso ha adoptado una actitud de absoluta falta de colaboración con la Justicia, haciendo caso omiso de los distintos llamamientos judiciales, efectuados en orden a procurar su comparecencia a los estrados del tribunal para recibir su declaración, tal cual se puede verificar a fojas 131 y 143 del infolio, y ello a pesar de estar notificado de todo lo actuado en el proceso a través de su apoderado judicial, quien estuvo presente en cada una de las diligencias programadas, sin perjuicio de lo que señala el artículo 1006 del Código Judicial, cuando dispone que:

'Artículo 1006. Las providencias y medidas que se dicten o adopten en el curso de las audiencias y diligencias, se considerarán notificadas el día en que éstas se celebren, aunque no haya concurrido una de las partes'.

La conducta procesal de las partes se transforma en un valioso dato externo que permite conjeturar con grandes posibilidades de acierto la realidad subyacente, y hacia tal dirección apuntan los artículos 981.2 y 984 del Código Judicial y 765 del Código de la Familia, que permiten apreciar la renuencia de una de las partes a la práctica de una prueba en forma desfavorable. En el caso concreto, la negativa injustificada del demandado, al no interesarse en comparecer a rendir declaración de parte, alcanza un valor indiciario de la paternidad debatida, que al ser conjugada con los demás elementos probatorios aportados al proceso, produce certeza acerca de la paternidad del recurrente sobre el niño R.A.".

La Sala comparte la opinión del Tribunal Superior en este punto, ya que, en efecto, el demandado fue debidamente notificado en el curso de la audiencia de pruebas, de las dos fechas fijadas por el a quo para que se presentara a declarar, como consta en el acta en las fojas 131 y 132 del expediente, por lo que no le asiste razón al casacionista cuando argumenta que la sentencia impugnada infringió por aplicación indebida el artículo 1006 del Código Judicial, ya que esta norma sí es aplicable a la citación para la diligencia de declaración de parte, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1010 del mismo código, que establece:

"Artículo 1010. Las citaciones a las partes se harán por medio de notificaciones con arreglo a este Capítulo. Las de testigos, peritos y auxiliares del Órgano Judicial, así como en los demás casos expresamente previstos en la ley, lo serán por telegrama, correo recomendado, órdenes, boletas u otros medios semejantes, según las circunstancias; y si así lo solicitare la parte interesada, podrán hacerse, en casos de urgencia, por teléfono, dejando el secretario el respectivo informe". (El resaltado es de la Sala)

De conformidad con esta disposición legal, las partes en el proceso serán citadas a comparecer a los estrados del Tribunal, "por medio de notificaciones con arreglo a este Capítulo", es decir, el Capítulo IV, Notificaciones y Citaciones, del Código Judicial, que comprende el artículo 1007, según el cual cuando la parte tenga constituido apoderado en el proceso, las notificaciones se harán a éste, así como el artículo 1006, acusado como infringido, que prevé que las providencias que se dicten en el curso de las audiencias, "se considerarán notificadas el día en que éstas se celebren"; y no como pretende el impugnador, que sea por medio de boleta de citación, de acuerdo con las reglas de la prueba testimonial, a fin de que sea aplicable al caso en conflicto el artículo 933 del Código Judicial, disposición legal igualmente denunciada como infringida en el presente recurso de casación, que impone la carga de hacer comparecer al testigo a la parte que aduce la prueba, si no solicita que sea citado por el Tribunal.

En este sentido, para esta Colegiatura los argumentos sostenidos por el casacionista resultan infundados, toda vez que el Juez Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá procedió conforme a derecho, al citar en dos ocasiones al demandado dentro de la audiencia de filiación, para la práctica de la prueba, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 1006 y 1007 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 1010 de la misma excerta legal, por lo que no se justificaba la actitud del demandado de solicitar la confección de la boleta de citación y la fijación de nueva fecha, excusa que resulta superflua y dilatoria; constituyéndose esta conducta renuente de no comparecer a declarar como un indicio desfavorable al demandado.

Lo anterior es así, por cuanto el artículo 765 del Código de la Familia establece que si la práctica de una prueba fuere necesaria para la colaboración material o personal de una de las partes y ésta se negare, su renuencia podrá ser apreciada en forma desfavorable al dictarse sentencia.

En concordancia con esta disposición, el artículo 984 del Código Judicial, también establece que el Juez puede deducir indicios de la conducta procesal de las partes, los que apreciados por el J. en concordancia y relación con las demás pruebas que obren en el proceso, pueden dar lugar a declarar la paternidad en los procesos de filiación. (Artículo 985 del Código Judicial)

Aunado a lo anterior, el artículo 215, numeral 6, del Código Judicial, instituye el deber de las partes y sus apoderados de colaborar con la práctica de las pruebas, precepto que se complementa con la regla contenida en el citado artículo 984 del mismo código, por lo que el juez puede apreciar como indicio la renuncia injustificada de cumplir el deber procesal de presentarse a declarar como parte. (artículo 903)

Por las consideraciones que se dejan anotadas, la Sala concluye que, contrario a lo que plantea el recurso examinado, la resolución impugnada no incurrió en el yerro probatorio de apreciar en forma infundada como un indicio de la paternidad reclamada por la actora, la no comparecencia del demandado a la práctica de la prueba de declaración de parte, dado que las dos citaciones para tal diligencia, le fueron notificadas en debida forma a su apoderado dentro de la audiencia, conforme a las normas procesales que rigen las notificaciones.

Por otra parte, el segundo cargo de injuridicidad de esta causal en el fondo, está contenido en los motivos tercero al duodécimo y radica en que la sentencia de 25 de febrero de 2003 dictada por el Tribunal Superior de Familia incurrió en un error de derecho al apreciar como plena prueba de la paternidad del señor R.B., los testimonios de los señores B.O. (fs. 117-128) y M.R. (fs. 84-97, 113-116), sin tomar en consideración que ellos declararon de oídas y se contradicen consigo mismos y con relación a los documentos que como atestación fueron presentados junto con la demanda; al igual que se contradice la declaración del señor R. con la de la demandante; incluso, la sentencia dejó de valorar que este último testigo adoptó una "conducta impropia", ya que reconoció que era procesado por el delito de falsedad, lo cual comprometía aun más su credibilidad.

Estos cargos de ilegalidad se basan en la supuesta violación de los artículos 922, 917 y 919 del Código Judicial, que se transcriben a continuación:

"Artículo 922. No hará fe el dicho del testigo si resulta que no ha declarado de sus propias y directas percepciones, salvo los casos en que la ley admita declaración sobre el conocimiento formado por inferencia; pero en este caso se deben expresar los fundamentos de ésta".

"Artículo 917. El juez apreciará, según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones".

"Artículo 919. Cuando las declaraciones de los testigos presentados por una misma parte o por ambas sean contradictorias entre sí, de manera que respecto de cada parte haya número plural de testigos hábiles, debe el juez tomar en cuenta la vinculación que los testigos tengan o puedan tener con alguna de las partes y si afecta su imparcialidad; lo fundado de la razón de su dicho; el resultado del careo, si hubiere, y asimismo las demás circunstancias que puedan formar su convicción, conforme las reglas de la sana crítica".

A juicio del casacionista, el Tribunal Superior de Familia violó directamente por omisión el artículo 922 del Código Judicial, porque "dio fe al dicho de la testigo ORTIZ a pesar que la misma reconoció que sus percepciones no eran propias ni directas sino que provenían tanto de la madre de la parte demandante como de esta misma parte".

Sobre esta declaración de la testigo ORTIZ, el casacionista en su alegato de fondo, agrega que "si la Sentencia hubiera valorado jurídicamente esta declaración, hubiera tenido que concluir que el conocimiento de los hechos trascendentales sobre los que declaró no provenía de sus propias y directas percepciones y habría tenido que declarar no probada la paternidad".

Igualmente, considera que esta norma fue infringida directamente por omisión por la sentencia impugnada, dado que "tampoco valoró que el testigo R. no declaró de sus propias percepciones cuando por un lado manifestó que no conocía a la parte demandada por lo que era imposible que lo reconociera cuando se supone lo vio en la casa de ocasión donde sostuvo haberlo visto con la parte demandante"; toda vez, que "si la Sentencia hubiera valorado que el testigo R. manifestó conocer la calidad de novio de la parte demandante que supuestamente tenía el Dr. BATISTA, y que dicha información la obtuvo de la propia parte demandante, no hubiera mantenido la Sentencia de primera instancia sino que la hubiera revocado negando la pretensión de Paternidad".

En cuanto a la supuesta infracción directa por omisión del artículo 917 Código Judicial, el recurrente alega que "si la Sentencia hubiera apreciado jurídicamente las contradicciones en que incurrió la testigo ORTIZ y el testigo ROMERO, hubiera tenido que concluir que dichas contradicciones disminuían la fuerza de sus declaraciones por tanto hubiera denegado la pretensión de la demanda en el sentido de considerar al menor como hijo de la parte demandada absolviéndola".

Por otro lado, el casacionista explica que la violación directa por omisión del artículo 919 del Código Judicial, estriba en el hecho de que el Tribunal Superior de Familia, "a pesar que las declaraciones testimoniales de los testigos ORTIZ y ROMERO fueron contradictorias con las de la propia parte demandante, no tomó en consideración la vinculación amistosa y de parentesco con dicha parte, sino que por el contrario, consideró que en derecho de familia las razones que afectaban su imparcialidad como las de parentesco o amistad no debía tener la misma consecuencia que en el resto de las ramas de derecho, lo cual afectó la juridicidad de la conclusión que considera legítima la paternidad cuya pretensión pretende la parte demandante".

Finalmente, el impugnador en su alegato de fondo (f. 297) cita como norma sustantiva violada a consecuencia del error probatorio, el artículo 278 del Código Judicial, que prescribe que "el Juez deberá declarar la paternidad cuando se encuentre acreditada en el proceso".

En resumen, el casacionista explica que al caer el Tribunal de segunda instancia en el yerro probatorio de apreciar los testimonios, "sin considerar las numerosas e importantes contradicciones", la sentencia impugnada declaró probada la paternidad, en violación de la citada norma.

Ahora bien, al examinar este segundo cargo de injuridicidad arriba expuesto, referente a la errónea apreciación de la prueba testimonial, la Sala se percata que no le asiste razón al casacionista, porque el Tribunal Superior de Familia, al apreciar las declaraciones de los señores O. y R., las interpretó y valoró correctamente, y en conjunto con los demás medios y de ellos fue que extrajo la conclusión de que acreditan la paternidad del señor R.B. respecto al niño R.A.A., puesto que consideró que estos testigos declararon sobre hechos de su percepción personal y que no puede negarse la validez de la prueba testimonial por el hecho de que uno de los testigos no sea "absolutamente coincidente en aspectos no esenciales de la controversia". (f. 224)

Para mayor claridad, transcribimos las conclusiones a que arribó el fallo de segunda instancia al analizar estos medios probatorios:

"De la declaración del segundo de los testigos, señor M.R.T., vecino de la parte actora, se advierte que al mismo le consta, desde el año 1996, y no meramente por referencia de la demandante, que ésta frecuentaba a un hombre, al que vio unas tres o cuatro veces, ya sea subiendo al apartamento de ella, o bien, esperándola en su carro, y aunque el señalado testigo afirma conocer la identidad de las persona que salía con la actora, únicamente por un comentario que escuchó de una conversación que sostenía ella y su madre, lo cierto es que el testigo también pudo ver a ambos litigantes, en marzo de 1997, cuando salían de una casa de ocasión.

La tercera de los testigos que deponen a petición de la parte actora, señora B.O.R., quien afirma ser su amiga, asegura tener conocimiento de las relaciones que la demandante venía manteniendo, 'antes y durante el embarazo', con el demandado, ya que '... los veía en el carro y allí en el hospital y por fuera también los veía cuando iban juntos', pudiendo referir determinadas actitudes cariñosas de los litigantes que la llevan a firmar que se trataba de una relación '...íntima porque los veía abrazados, agarrados...' dentro y '...fuera del carro..., en el ascensor y en las escaleras de la clínica', incluso reconoce que en cierta ocasión los vio '... besándose y se iban en el carro'. (f. 225)

Esta Corporación comparte la apreciación de la prueba testimonial por parte del fallo impugnado, ya que según constancia en autos, los señores B.O. y M.R. declararon sobre hechos de su propia y directa percepción personal y no por referencia, cuando coinciden en señalar que entre las partes existió una relación amorosa coetánea a la fecha de la concepción del menor RALPH ANTHONY y que a la demandante no le conocieron otra relación sentimental para esa época.

Además, concuerda con las declaraciones de los señores O. y R., el testimonio de la señora Aloísa Luna de A., madre de la demandante, que también declaró sobre hechos que le constan por su propia percepción, como lo son las relaciones íntimas de su hija y el señor R.B. cómo él personalmente le dijo que se iba a hacer cargo del embarazo de su hija, para lo cual le recomendó al doctor M. de la Clínica Nacional.

Por otra parte, con relación al cargo en concreto de que la sentencia impugnada infringió la norma de derecho conforme a la cual no tiene fuerza la declaración del testigo que se contradiga notablemente, la Sala conceptúa que el Tribunal Superior de Familia no se apartó de las disposiciones procesales sobre reconocimiento y valoración de la prueba testimonial, conforme a la regla de la sana crítica, al analizar los testimonios y relacionarlos con el material de hecho que obra en autos, porque contrario a la opinión del casacionista, estas declaraciones no reflejan contradicciones que pudieran haber influido en el convencimiento del Tribunal ad quem sobre la existencia de la relación amorosa, de la cual derivó indicios de la paternidad del demandado, puesto que las discrepancias que puedan existir en las declaraciones no son de tal importancia que puedan desvirtuar la fuerza de los testimonios.

En este sentido, la Procuradora General de la Nación indica en su vista 20 de 13 de septiembre de 2005, que "tal afirmación es incorrecta, y a todas luces lo que persigue es desmeritar a los testigos" (f. 308) , por lo que concluye que "no es cierto lo sostenido por el censor, toda vez que el Tribunal apreció esas imprecisiones, pero alcanzó ver más allá de lo que ve el recurrente, logrando inferir de ésta y del resto de las deposiciones la verdad de los hechos" (f. 311)

La Sala comparte el criterio de la señora Procuradora de la Nación, toda vez que las discrepancias que puedan existir en las deposiciones de los testigos O. y R., no son suficientes para disminuir el mérito de sus declaraciones; puesto que estos testimonios contienen innegables coincidencias que acreditan las circunstancias medulares que corroboran el hecho de la pretensión de la parte actora, como lo es que ambos testigos concuerdan en que conocieron por percepción personal, la relación amorosa que mantenían los señores R.B. y M.A., en la época de la concepción del niño R.A.A..

En cuanto al cargo contenido en la explicación de la infracción del artículo 919 del Código Judicial, de que el Tribunal Superior de Familia, "a pesar de que las declaraciones testimoniales de los testigos ORTIZ y ROMERO fueron contradictorias con las de la propia parte demandante, no tomó en consideración la vinculación amistosa y de parentesco" con dicha parte" (f. 279), la Sala considera que el fallo de segundo grado no incurrió en este error probatorio; primero, porque dichos testigos no tienen una relación de parentesco con la demandante aunque sí la señora Aloísa Luna de A., madre de la demandante, que también fungió como testigo y, segundo, porque como lo expresó el ad quem, "no necesariamente debe asignársele a dichas deposiciones, en los procesos de familia, el mismo valor que en otros litigios, por la sencilla razón de que los conflictos que se presentan ocurren en la intimidad, siendo los parientes cercanos, amigos y demás personas allegadas, los más idóneos para conocer la realidad de los hechos que se desarrollan en la intimidad, debiendo considerárseles como testigos necesarios". (f. 226)

En efecto, esta Corporación ha sido constante en afirmar que en nuestro ordenamiento jurídico sobre todo en los procesos de filiación, se acepta el testimonio aportado por familiares, si el Tribunal considera que existe credibilidad e imparcialidad sobre los hechos que narran, según las reglas de la sana crítica. (Artículo 917 del Código Judicial con relación al artículo 909 ibídem)

Así mismo, con respecto a que en el motivo duodécimo el recurrente acusa a la sentencia de segunda instancia de otorgar valor al testimonio del señor M.R., a pesar de que adoptó "conducta impropia" y aceptó que había sido detenido por la División de delitos contra la Fe Pública, esta S. estima que el hecho de que un testigo sea procesado por delito contra la fe pública, no lo inhabilita para declarar (artículo 908 del Código Judicial), como tampoco por ello debe ser considerado testigo sospechoso, en base al numeral 11 del artículo 909 del Código Judicial que preceptúa que es sospechoso para declarar "el que es de reconocida mala fama o que ha sido condenado por delito de falsedad o falso testimonio"; porque en el caso que nos ocupa, no se encuentra acreditado en el proceso que el señor M.R. tenga reconocida mala fama o que haya sido condenado por el delito que se le imputa en la esfera penal. Por lo tanto, su declaración no se desmerita por este hecho, como tampoco tenía el juzgador que tomarlo en cuenta al momento de la apreciación de la prueba testimonial.

En síntesis, la valoración probatoria contenida en la sentencia impugnada se ajusta a las reglas de la sana crítica, así como a las normas específicas sobre apreciación de las declaraciones testimoniales y los indicios, puesto que los tres testimonios aportados por la actora, con los cuales se demostró la relación amorosa, en concordancia y convergencia con la declaración de parte de la demandante y la prueba indiciaria que se deduce de la conducta procesal renuente del demandado a presentarse a declarar, formaron el convencimiento del juzgador sobre la pretendida filiación.

En efecto, a falta de la prueba científica de ADN, todos estos elementos probatorios apreciados en su conjunto, permitieron al Tribunal Superior de Familia llegar a la acertada decisión de que quedó acreditada en el presente proceso la paternidad del señor R.B., con respecto a su hijo R.A.A..

En consecuencia, luego del análisis de los cargos incluidos en los motivos de la causal del presente recurso de casación en el fondo, esta Sala debe resolver que no se han configurado los cargos de injuridicidad ni las violaciones a las normas de los Código Judicial y de Familia, por lo que procede desestimar por infundada la causal de infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, objeto del presente recurso de casación.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 25 de febrero de 2003, dictada por el Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso de filiación propuesto a favor del niño R.A.A. por la señora M.E.A. LUNA en contra del señor R.B..

No hay condena en costas, en virtud de lo señalado en el artículo 1077, numeral 2, del Código Judicial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

JOSÉ A. TROYANO

ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- HARLEY J. MITCHELL D.

MANUEL J. CALVO (Secretario)

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