Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 19 de Marzo de 2004

PonenteAlberto Cigarruista Cortez
Fecha de Resolución19 de Marzo de 2004
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

En el proceso ejecutivo promovido por la sociedad ITALIAN TECHNOLOGY STONE, S.R.L. en contra de M.S.S., MAXIMILIANO DE LEÓN SCOLLO, DORIMA, S.A. Y MAXTE IMPORT EXPORT, S.A., los ejecutados interpusieron incidente de excepción de ser condicional la obligación que se demanda y no estar cumplida dicha condición, el cual fue declarado probado mediante la Resolución Nº5, de 30 de abril de dos mil uno (2001).

De esta decisión jurisdiccional apeló la parte ejecutante y una vez surtido el trámite correspondiente, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial desató la segunda instancia el trece (13) de junio de dos mil dos (2002), confirmando la sentencia impugnada, al considerar que:"...ante la realidad patentizada en autos acerca de que la obligación que vincula a las partes en conflicto se hizo depender de un acontecimiento futuro al que se (sic) previa y necesariamente se habían llamado para protagonizarla y así deducir la cuantificación precisa de dicha obligación, resulta adelantada la acción impetrada por la acreedora demandante...".

Contra este fallo de segunda instancia, la actora anuncia y formaliza recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido por esta Sala de la Corte Suprema el treinta (30) de octubre de dos mil dos (2002).

Se trata de un recurso de casación en el fondo cuya causal está enunciada en los siguientes términos "infracción de Normas Sustantivas de Derecho por Error de Derecho en la Apreciación de la Prueba, lo cual influyó en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Los motivos en los cuales se sustenta la causal invocada son expuestos por la casacionista en los términos que se transcriben a continuación:

PRIMERO

A pesar de que, en cumplimiento de la resolución de 19 de febrero del 2001, que se lee a fs. 37 y 38, nuestra representada acreditó mediante los documentos debidamente habilitados que constan a fs. 51, 52 y 53 que se dio la revisión de cuentas relacionadas con al Acuerdo de 15 de octubre de 1999, el Primer Tribunal Superior de Justicia no le reconoció a dichos documentos valor de convicción que le reconoce la ley, afirmando en su fallo, a fs. 199, que dichas pruebas estaban revestidas de "falta de habilitación", con lo cual incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

SEGUNDO

En efecto, el documento que obra a fs. 51 del expediente que contiene las excepciones se aportó al proceso debidamente habilitado por el Notario Público Duodécimo del Circuito de Panamá y en el mismo consta que la anterior apoderada judicial de la ejecutada, L.. G. de S., le envió a nuestra representada, mediante Fax del 12 de noviembre de 1999, a las 03:57 P.M., es decir con fecha posterior al Acuerdo que se lee a fs. 5 y 6, "las cuentas de Maxte Import". Igualmente consta a fs, 52 el Fax habilitado por el mismo N.D., el cual fue recibido el mismo día a las 14:21 donde consta que M.I. & Export, .S.A. le remite a nuestra representada el "Detalle de Cuentas por Cobrar a I.T.S. proyecto Sinagoga"; y asimismo consta a fs. 53 copia habilitada del Fax suscrito por la señora M.S.S., el cual aparece habilitado por el mismo N.D., y que fue recibido el día 12 de noviembre de 1999, a las 14:20, es decir con fecha posterior al Acuerdo de Reconocimiento de la Deuda que se lee a fs. 11 y 12, mediante el cual MAXTE IMPORT-EXPORT -DI MARANELLO- hace constar que "los saldos reales de la deuda de M. y Dorima con la Compañía L.T.S. de Italia" -nuestra representada- a dicha fecha es de "US$ 322,799.93). Ninguno de esos documentos acreditados por nuestra representada y que se presentaron en Fax habilitados fueron impugnados por la demandada. Sin embargo, el Primer Tribunal Superior de Justicia no reconoció a dichos documentos el valor de convicción que les reconoce la ley, por lo que concluyó equivocadamente que nuestra representada no acreditó que la demandada efectuó la revisión de las cuentas, incurriendo, por tanto, en error de derecho en la apreciación de la prueba, lo cual influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

TERCERO

Los documentos o Faxes que se leen a fs. 51, 52 y 53 del cuaderno de excepciones fueron emitidos y remitidos por COMERCIANTES, en la relación de negocios con otros comerciantes, por lo que el Primer Tribunal Superior de Justicia estaba en la obligación de reconocerle valor de plena prueba o de convicción a dichos documentos.

CUARTO

A pesar de que nuestra legislación procesal y mercantil admiten y le reconocen valor probatorio a los Faxes que constan a fs. 51, 52 y 53, y que los mismos no fueron impugnados, el Primer Tribunal Superior de Justicia no le reconoció a dichos documentos mercantiles el valor de plena prueba que les reconoce la ley, por lo que incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, lo cual influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

QUINTO

Como consecuencia de esos errores probatorios de derecho recurridos, el Primer Tribunal Superior de Justicia, dejó de aplicar las normas sustantivas de los Códigos Civil y Mercantil que obligan al deudor a pagar al acreedor su crédito, y aprobó las excepciones propuestas por el demandado".

Como normas de derecho consideradas infringidas se citan los siguientes artículos: 857, numerales, 1, 3 y 4 del Código Judicial; párrafo primero del 1000 y 1004 del Código Civil, 195 y 203 del Código de Comercio.

Los cargos que la recurrente le endilga a la sentencia impugnada los podemos resumir así:

  1. Se afirma que el documento que obra a foja 51 del expediente contentivo de las excepciones se aportó al proceso debidamente habilitado por el Notario Público Duodécimo del Circuito de Panamá y consta en el mismo que la representación judicial (anterior) de la ejecutada envió a la ejecutante, mediante facsímile del 12 de noviembre de 1999, a las 3:57 p.m., "las cuentas de Maxte Import", el cual es posterior al Acuerdo que se lee a fojas 5 y 6.

  2. Considera la casacionista que, a foja 53 consta, de igual manera, copia habilitada del facsímile suscrito por la señora M.S.S. y que fue recibido el 12 de noviembre de 1999, mediante el cual M.I.E. en donde deja constancia que los "saldos reales de la cuenta de Maxte y Dorima con la Compañía L.T.S. de Italia a dicha fecha es de "US$322,799.93"; sin embargo, a pesar de que los documentos no fueron impugnados por la demandada, el Primer Tribunal Superior no le reconoció a esos documentos el valor de convicción que les reconoce la ley, concluyendo erradamente que no se acreditó que la demandada no efectuó la revisión de las cuentas.

  3. Se indica igualmente que, los documentos o copias de facsímiles obrantes a fojas 51, 52 y 53 del cuaderno de excepciones fueron emitidos y remitidos por comerciantes, en la relación de negocios con otros comerciantes, por lo que el Primer Tribunal Superior de justicia estaba en la obligación de reconocerle valor de plena prueba a dichos documentos, ya que nuestra legislación procesal y laboral admite y reconoce valor probatorio a los facsímiles.

El punto de discusión, según se desprende de los cargos de injuricidad que hemos resumido en líneas que preceden, consiste en que a juicio de la sociedad casacionista el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial al no otorgarle el valor probatorio que le asigna la ley a las pruebas previamente especificadas violó el artículo 857 del Código Judicial, en sus numerales 1, 3 y 4; y, consecuentemente, se transgredieron normas sustantivas.

La causal invocada en el presente recurso extraordinario de casación obliga a esta Sala a revisar las pruebas que supuestamente el sentenciador de segundo grado les desconoció el valor de convicción que la ley les asigna.

Como a la violación del derecho sustancial se puede llegar por dos vías o caminos, la directa o la indirecta; la segunda forma es la pertinente al caso que nos ocupa. A la violación indirecta de la ley sustancial se arriba por intermedio de los yerros que puede cometer el sentenciador en la labor investigativa en el campo probatorio.

Es de cardinal importancia recordar que la sentencia se ha comparado con un silogismo: premisa mayor, premisa menor y conclusión. La causal probatoria invocada involucra un error de juicio cometido en la premisa menor del silogismo: sobre diagnosis jurídica en la apreciación de la prueba, para parafrasear al doctor J.F.P.; y, para que sea trascendente, tiene que reflejarse en la parte resolutiva del fallo. El caso contrario, no autoriza el quiebre de la sentencia impugnada.

Se trata pues, de un vicio de actividad mental indirecto, tema que en la doctrina se conoce como error facti in judicando.

Analicemos lo planteado en el recurso de modo separado respecto a cada punto o cargo esgrimido contra la resolución dictada por el tribunal de alzada.

Lo referente a la prueba documental obrante a foja 51 del presente expediente:

A foja 51 se observa copia de un facsímile cotejado por el Notario Público Duodécimo, con fecha 12 de noviembre de 1999, el cual señala textualmente que:

Para: Dra. Selma Moncada

Empresa: Moncada & Asociados

Facsímile: 2232721

Teléfono: 2232722

Páginas: 3 tipo B Nº 20232, con esta carátula

Fecha: 12 de noviembre de 1999

Estimada S.:

De acuerdo a lo conversado, te envío las cuentas de Maxte

Import-Export. En espera de tu

respuesta, me suscribo,

Atentamente,

A., L. & DE SANCTIS

GIULIA DE SANCTIS

La realidad muestra que, en el caso particular que analizamos, el argumento de la casacionista se debilita cuando se observa que en estricto derecho, el cargo no puede ser aceptado, toda vez que el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial sí apreció dicha prueba, aunque, definitivamente no se refiere a ella de modo especial.

En la sentencia, el ad-quem sostuvo lo que se transcribe a continuación en cuanto a la valoración de todas las pruebas del expediente:

"Ninguna de las pruebas que aportara la misma ejecutante tienen la virtud formal o de fondo, ni aún conjugándolas, de acreditar que las partes hubieran evacuado previamente las gestiones necesarias para darse por satisfechas en las cuentas sujetas a su revisión. Más bien, haciendo abstracción de esa falta de habilitación que revistieron, dichas probanzas ilustraron que los involucrados no llegaron a ponerse de acuerdo en cuanto al monto real que representaban las cuentas en comento, pues de ellas se deduce que persistían diferencias de criterios en cuanto a los rubros adeudados."

Desde el prisma de esta S. en lo transcrito se resume la opinión valorativa del sentenciador de segundo grado, por consiguiente, la recurrente no ha demostrado el yerro que se denuncia y, su influencia en la resolución atacada vía recurso extraordinario de casación.

Del estudio que realizó el Tribunal Superior, lo cual se plasma en la sentencia impugnada, visible a fojas 183-200, confirmatoria de la sentencia Nº5, de 30 de abril de 2001, emitida por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, incluye la prueba que es mencionada por la impugnante puesto que se hace un estudio del recurso de apelación interpuesto por la ejecutante en donde se contempla el punto atinente al carácter idóneo de las pruebas adheridas al proceso.

Ahora bien, cabe señalar que, aún en el evento que el ad-quem hubiese incurrido en el error en la apreciación de la prueba que menciona la proponente del recurso, tampoco prosperaría el cargo esgrimido por cuanto que la prueba en sí, sin entrar a dilucidar los aspectos concernientes a la fuerza probatoria formal de la fuerza probatoria material, es intrascendente o nada aporta a la discusión que encierra el incidente, por ende, no repercute o incide en la parte resolutiva del fallo. Lo referente a las pruebas obrantes a fojas 52 y 53. Sobre el particular, cabe anotar que se analizarán conjuntamente, ya que, al igual que la prueba mencionada en líneas anteriores, se trata de copias de facsímiles que fueron cotejados por el Notario Público Duodécimo, L.. P.V., el 23 de febrero de 2001. La copia del facsímile (fs. 52) muestra que fue recibido el 12 de noviembre de 1999 y en su encabezamiento se indica:

MAXTE IMPORT AND EXPORT, S.A.

DETALLES DE CUENTAS POR COBRAR A ITALIAN TECHNOLOGY STONE

PROYECTO SINAGOGA

Adicional a lo anterior se indica en esa copia el valor del proyecto, factura de materiales, gastos de aduana, saldo a favor, entre otros.

A fojas 53 consta copia del facsímile enviado en la misma fecha que el que consta a foja 52, por M.I. -E.D.M., con atención L.. G. de S.. El texto de esta copia es el siguiente:

"Haciendo referencia a nuestra conversación telefónica, te envío los saldos reales de la deuda de M. y Dorima con la Compañía I.T.S. de Italia:

SALDO FACTURAS MAXTE EN US$ 362,025.00

MAXTE EN LIRAS $9,166,000 = US$ 48,198.00

DORIMA US$ 34,366.00

TOTAL CUENTA FACTURAS A LA FECHA US$ 444,589.00

CUENTA GASTOS SINAGOGA US$ 121,789.07

SALDO REAL A PAGAR A LA FECHA US$ 322,799.93"

La impugnante alega que a las copias de los facsímiles el Primer Tribunal no le reconoció el valor de convicción que les reconoce la legislación procesal y mercantil, lo cual motivó que arribara a la conclusión equivocada de que no acreditó que se efectuó la revisión de las cuentas. Alega que los documentos o facsímiles que se mencionan fueron emitidos y remitidos por COMERCIANTES en la relación de negocios con otros comerciantes, por lo que el Tribunal Superior estaba en la obligación de reconocerle valor de plena prueba, ya que las mismas no fueron impugnadas.

Prima facie, esta Sala de la Corte Suprema observa que en la resolución impugnada el tribunal ad-quem antes de arribar a la decisión del recurso de apelación interpuesto por la sociedad I.T.S., S.R.L. dejó constancia del valor que le merecía las pruebas aportadas por la ejecutante, tal como lo hemos expuesto en la transcripción de la sentencia al analizar el cargo que precede, haciendo énfasis en la abstracción de la falta de habilitación que revistieron las copias de los facsímiles, lo cual le permitió arribar a la conclusión que, las mismas solamente demostraron que "los involucrados no llegaron a ponerse de acuerdo en cuanto al monto real que representaban las cuentas".

En este mismo orden de ideas, no se puede ignorar que el Tribunal Superior, igual que señalamos en el cargo anterior, realizó un estudio de las precitadas pruebas cuando hace alusión al "carácter idóneo de las pruebas adheridas al proceso" que es uno de los puntos relevantes del recurso de apelación interpuesto en su momento por la ahora casacionista. Y, es que, el tema fundamental que la ejecutante le planteó al tribunal ad-quem, es el mismo que a su vez trae a discusión en el recurso de casación.

I.T. al sustentar el recurso de apelación señaló cuatro (4) de las pruebas que consideró más relevantes, atribuyendo al

sentenciador primario error al afirmar el mismo, según decir de la apelante ahora recurrente en casación, que la revisión de las cuentas debía ser por escrito. El aludido error se produce en los documentos que constan a fojas 47, 48, 49 y 50 del presente expediente (Cfr. fojas 158, 159, 160, 161 y 162 sustentación de la apelación), mismos que constan a fojas 51, 52 y 53, con la diferencia que los últimos fueron cotejados ante el Notario Público Duodécimo, el 23 de febrero de 2001.

La operación probatoria realizada en el presente caso no merece reproche alguno por parte de esta Corporación de Justicia, el Tribunal Superior le otorgó el justo valor a los documentos que constan a fojas 52 y 53. La infracción de la ley sustantiva por error de derecho en la apreciación de la prueba no puede prosperar porque, para el tribunal ad-quem, la prueba documental a que alude la recurrente no constituye el soporte de la decisión. La casacionista omite la impugnación en relación con el documento que obra a foja 54, el cual, a juicio del tribunal de casación, es básico en la sentencia del tribunal de alzada y le permitió arribar a la conclusión que las partes no llegarán a ponerse de acuerdo.

Ante la realidad patentizada en el negocio que nos ocupa, no puede tampoco prosperar el cargo que se le imputa al fallo de segunda instancia; por ende, procede no casar la resolución impugnada.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el 13 de junio de 2002, dentro del cuaderno de excepciones propuestas por las demandadas dentro del proceso ejecutivo que ITALIAN TECHNOLOGY STONE, S.R.L. le sigue a M.S.S. y OTROS.

Las obligantes costas, a cargo de la recurrente, se fijan en la suma de trescientos cincuenta (B/.350.00) balboas solamente.

N. y D..

ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK -- JOSÉ A. TROYANO

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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