Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 19 de Marzo de 2004

Ponente:</b><span lang=FR>José A. Troyano</span>
Fecha de Resolución:19 de Marzo de 2004
Emisor:Primera de lo Civil

VISTOS:

Mediante auto de 20 de agosto de 2003, esta S. admitió el recurso de casación previamente corregido, promovido por el Licenciado H.A.O.B., en nombre y representación de la señora Z.C.L. DE FUENTES, dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva por ella promovido contra el señor MODESTO FUENTES VILLARREAL.

El recurso se interpuso contra la sentencia de 20 de mayo de 2002, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que confirmó la sentencia Nº 19 de 7 de abril de 2000, emitida por el Juzgado Sexto del Circuito de lo Civil de Panamá, que negó la pretensión de la demandante, consistente en la declaración de la prescripción adquisitiva, a su favor, de la finca Nº 86027, inscrita al rollo 1029, Documento 1, asiento 1, de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, del Registro Público, y que aparece inscrita a nombre de su esposo, quien es el demandado.

La sentencia venida en casación, además condenó en costas a la apelante en la suma de B/.100.00 balboas.

Agotada la fase de admisibilidad del recurso, y precluído el término de alegatos, que fue utilizado por ambas partes, no resta más que dictar la sentencia de mérito, no sin antes verter las siguientes consideraciones.

ANTECEDENTES

La pretensión se funda en que la demandante vivió durante 20 años en la finca cuya prescripción pretende, lugar que constituyó el hogar de ella y su cónyuge demandado.

La Sra. ZOILA DE FUENTES considera que se ha cumplido el tiempo establecido por ley para la adquisición de dicha propiedad vía usucapión, por haberla ocupado de manera pública, pacífica e ininterrumpida, de buena fe y con ánimo de dueña, toda vez que dicha propiedad evidencia sus cuidados como propietaria, a través de los años, para hacer de su vivienda un hogar cómodo.

CONTENIDO DEL RECURSO

Se trata de un recurso de casación en el fondo, compuesto de dos causales, de las cuales la primera consiste en "Infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa de la Ley, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido."

Esta causal se sustenta en un solo motivo, cual es:

PRIMERO: Al aplicar las normas que sirvieron de base al fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior desconoció claros principios de interpretación que están consagrados en el Código Civil y que le hubiesen llevado a conclusiones diferentes a las presentadas en la sentencia que hoy se impugna.

En otro sentido, la casacionista expuso como normas infringidas, con la explicación de cómo lo fueron, los artículos 12, 18, 431 y 1669 del Código Civil, y los artículos 1, 84 y 835 del Código de la Familia.

CRITERIO DE LA SALA

El único cargo de injuridicidad de la causal, consiste en que el Tribunal Superior de Justicia pasó por alto los principios de interpretación establecidos en el Código Civil, que de haberlos aplicado, hubiera arribado a conclusiones distintas a las expuestas en la sentencia.

La recurrente sustenta este cargo, inicialmente, en la presunta violación del artículo 12 del Código Civil, que establece

Artículo 12. Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se preferirá aquella.

Según la actora, esta norma se transgredió al aplicar el ad-quem el último párrafo del artículo 1671 del Código Civil, ya que coloca en plano de desigualdad al cónyuge que prescribe, desfavoreciéndolo respecto al otro, lo que implica la violación del artículo 12 del Código Civil, toda vez que desconoció el artículo 53 de la Constitución, que establece la igualdad entre los cónyuges (norma que contiene el principio constitucional aludido por la casacionista).

Para mayor claridad, reproducimos el artículo 1671 del Código Civil:

"Artículo 1671. La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse; en ese caso, cesando la causa de la suspensión se le cuenta al poseedor el tiempo de ella, si alguno hubo.

Se suspende la prescripción ordinaria en favor de los menores, dementes y sordomudos.

La prescripción siempre se suspende entre cónyuges." (Subraya de la Sala)

El último párrafo de la disposición transcrita, al hacer referencia a los "cónyuges", necesariamente sitúa a la Sala dentro del concepto del matrimonio y su importancia por constituir este la base legal de la Institución de la familia y sus consecuencias sociales, por ser considerado como el fundamento de la sociedad, la cual es reconocida y protegida por el Estado, como bien lo señala el primer párrafo del mencionado artículo 53 Constitucional.

Uno de los elementos sustentatorios de esa naturaleza, y a la que el Estado le otorga cada vez mayor reconocimiento, es el de la igualdad de los cónyuges, aunque no siempre fue así.

En las sociedades latinoamericanas, la preponderancia del hombre en todos los quehaceres de la actividad económica y social era marcada; pero movimientos sociales acaecidos en los años '70s (como el de liberación femenina) proveyeron a las sociedades la conciencia necesaria para permitir a las mujeres ir alcanzando gradualmente, un plano de igualdad con el hombre en todas las áreas y actividades sociales.

Este valor social ha sido igualmente reconocido en el plano familiar, a través de las Constituciones latinoamericanas, en especial en el área económica, al permitírsele a la mujer ejercer el comercio.

Empero, la institución del matrimonio sigue siendo protegida por los ordenamientos jurídicos, como base fundante de la sociedad; es por ello que el artículo 53 Constitucional, además de reconocer la igualdad de los cónyuges, establece protección estatal en favor de su unión.

En ese sentido, considera la Sala que el artículo 1671 del Código Civil, el cual en su último párrafo instituye el principio de que la prescripción siempre se suspende entre cónyuges, sin distinción y muy lejos de establecer alguna desigualdad entre ellos, fue establecido precisamente para salvaguardar la integridad jurídica de la unión conyugal, no sometiéndola a términos para prescribir derechos que dentro de la institución son recíprocos, máxime que, como en el presente caso, tanto demandante como demandado convivieron en el inmuebles objeto de prescripción por 20 ó más años.

Por lo tanto, el último párrafo del artículo 1671 del Código Civil no viola el principio de igualdad conyugal contenido en el artículo 53 de la Constitución Nacional, por lo que, en consecuencia, la sentencia venida en casación no puede infringir el artículo 12 del Código Civil, ya que no se observa la incompatibilidad alegada.

En otro sentido, la recurrente manifiesta que el fallo impugnado violó el artículo 835 del Código de la Familia, que reza así:

835. El régimen económico de los matrimonios, celebrados o de hecho, los negocios y los procesos que se hallen en trámite al entrar en vigencia este Código, se regirán por las leyes y disposiciones anteriores.

La presunta violación de esta norma, directa por omisión, estriba en que el ad-quem no tomo en cuenta un claro principio de hermenéutica legal, que envía al Código Civil, para determinar cuáles son las reglas aplicables a los regímenes económicos matrimoniales.

No coincide el argumento de la actora con el criterio de la Sala, toda vez que el matrimonio de los esposos FUENTES data de más de 20 años, lo que claramente demuestra que se inició mucho antes de entrar en vigencia el actual Código de la Familia.

Eso significa que, al no haber hecho manifestación en contrario al momento de contraer nupcias (ya que ni las partes ni el dossier lo revelan), el régimen económico aplicable según lo establecía el artículo 1163 del Código Civil (aún vigente para los matrimonios celebrados antes de la entrada en vigencia del Código de la Familia, según lo establece el artículo 835 de dicho Código), era el de separación de bienes.

Si a ello nos atenemos, podemos observar de foja 17 a la 22 del expediente, copia autenticada de la Escritura Pública Nº 262-36-2799 de 17 de septiembre de 1996, por la que el Banco Hipotecario Nacional declaró cancelada la primera hipoteca y anticresis celebrada entre dicha entidad y el señor MODESTO FUENTES VILLARREAL, que habían celebrado para garantizar la venta de la propiedad en litigio, por lo que, en función del ya mencionado régimen de separación de bienes, establecido en el señalado artículo 1163 del Código Civil, el Sr. MODESTO FUENTES es el titular de la propiedad que se pretende usucapir, por lo que mal puede el fallo recurrido, violar la norma aducida.

Por esta razón, esta Colegiatura considera que el fallo venido en casación no infringe el artículo 835 del Código de la Familia.

Por otro lado, la recurrente también denunció como infringido por la sentencia recurrida, el artículo 18 del Código Civil, que dice:

"Artículo 18. Las leyes que regulan el matrimonio, el divorcio, los derechos y obligaciones entre padres e hijos, entre guardadores y pupilos, y el usufructo y administración de bienes ajenos se aplicarán desde que comiencen a regir, aunque haya sido adquirido bajo el imperio de leyes anteriores el estado civil de las personas y a quienes deban aplicarse las nuevas leyes. Pero el estado civil de las personas, adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución, subsistirá aunque aquella ley fuere abolida."

La supuesta violación de esta norma, de forma directa por omisión, consiste en que la misma (relacionada con el ya analizado artículo 835 del Código de la Familia) consagra otra regla de interpretación aplicable a los regímenes matrimoniales.

Mientras que el artículo 835 del Código de la Familia establece que los matrimonios formados antes de la vigencia de dicho Código se rigen por la ley anterior, el artículo 18 del Código Civil estatuye que las leyes en materia de familia se aplicarán desde su entrada en vigencia, equivaliendo ello (según la recurrente) a un "claro reenvío".

Que, para decidir la norma aplicable, el ad-quem debió interpretar en conjunto ambas normas para concluir que los artículos 1 y 84 del Código de la Familia eran aplicables al presente caso.

No le asiste la razón a la casacionista, cuando considera que el fallo recurrido violó el artículo 18 del Código Civil, por la misma razón por la que no se violó el artículo 835 del Código de la Familia y la Adolescencia.

El artículo 18 del Código Civil, es supletorio de la legislación de Familia y de Adolescentes, lo que significa que se aplica cuando no existe ley especial sobre la materia que se trate, o que dicha ley tenga un vacío legal, es decir, que no regule la situación específica regulada supletoriamente por el Código Civil, o (como en este caso) que la nueva ley retrotraiga a la ley anterior la regulación de un aspecto específico.

Ello significa que la norma aplicable a la situación planteada, en este caso, es el artículo 835 del Código de la Familia y de la Adolescencia, el cual supedita el régimen económico de los matrimonios, celebrados o de hecho, así como los procesos en trámite al tiempo de la entrada en vigencia del Código de la Familia y de la Adolescencia, a las leyes y disposiciones anteriores, es decir, al Código Civil.

El artículo 18 del Código Civil, de naturaleza supletoria, no pudo ser violado por el fallo recurrido, ya que la norma aplicable (artículo 835 del Código de la Familia) al supeditar la regulación del régimen económico del matrimonio al Código Civil, encontramos que el artículo 1163, de esta excerta, es el que regula esta situación, y no el artículo 18 de ese Código, por lo que no prospera el argumento de la actora.

Por otra parte, la casacionista considera que el ad-quem, en su sentencia, violó el artículo 1 del Código de la Familia y la Adolescencia, que a la letra dice:

"1. La unidad familiar, la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, la igualdad de los hijos y la protección de los menores de edad, constituyen principios fundamentales para la aplicación e interpretación de este cuerpo de leyes." (Subraya de la Sala).

La presunta violación de esta norma, directa por omisión, se funda en que la misma contiene el principio de igualdad entre los cónyuges, y el Primer Tribunal Superior de Justicia aplicó el párrafo final del artículo 1671 del Código Civil, que al establecer la suspensión de la prescripción adquisitiva entre los cónyuges, "pone a un cónyuge por encima del otro."

No es correcta la presunción de la actora, toda vez que la finalidad de la suspensión de la usucapión entre los cónyuges es, precisamente, preservar su igualdad jurídica, ya que, al ser el matrimonio el fundamento legal de la familia, base de la sociedad, lo que busca el último párrafo del artículo 1671 del Código Civil, ya examinado, es salvaguardar la integridad jurídica de la unión conyugal, no sometiéndola a términos para prescribir derechos recíprocos dentro de la institución, lo que propende a perpetuar diferencias y divisiones entre ellos. La igualdad entre los cónyuges en el matrimonio, está sometida al rol que la misma ley establece, y no pueden considerarse como una transgresión a ese principio, los mecanismos que la misma ley crea para proteger la estabilidad familiar, siempre que dichos mecanismos no sean lesivos de la dignidad de los cónyuges, lo que no ocurre en este caso.

En consecuencia, la Sala considera que el fallo recurrido no violó el artículo 1 del Código de la Familia y la Adolescencia.

Otra norma presuntamente infringida por el fallo recurrido, según la actora, es el artículo 84 del Código de la Familia, que reza así:

84. El marido y la mujer podrán traspasarse por cualquier título bienes y derechos y celebrar, entre sí, toda clase de contratos.

La supuesta infracción de esta norma, de manera directa por omisión, acaeció porque el ad-quem en su fallo, reconoció la incapacidad de la mujer para prescribir pro-indiviso los bienes de su esposo, desconociendo la regla contenida en el artículo transcrito, que le permite a la esposa la celebración de toda clase de actos jurídicos, sobre los bienes del esposo y viceversa.

Tampoco prospera la pretensión de la recurrente de que se declare la violación de esta norma, porque a simple vista se advierte que los actos que autoriza la misma son voluntarios, de aceptación por el receptor, es decir, se trata de acuerdos entre los cónyuges, lo que no es congruente con el cargo de injuridicidad que se alega.

Por otro lado, no es cierto que la decisión del Tribunal Superior estuvo razonada en la diferenciación de sexo, como tampoco tal diferenciación se desprende del artículo 1671 del Código Civil, el cual sólo hace referencia, lisa y llanamente a los cónyuges, sin distinción de sexo.

El recuso también acusa la violación del artículo 1669 del Código Civil, que reza así:

Artículo 1669. Pueden adquirir bienes o derechos por medio de la prescripción las personas capaces para adquirirlos por los demás modos legítimos.

La violación esgrimida de esta norma, directa por omisión, radica en que el Primer Tribunal Superior de Justicia concluyó que la actora no era capaz de adquirir por usucapión la propiedad en disputa, porque la prescripción estaba suspendida.

Que el ya ventilado artículo 84 ibídem, autoriza todo tipo de contratos, lo que permite a la mujer prescribir contra su marido, ya que ella puede adquirirlos por otros medios, interpretando esta norma en relación con el artículo 1669 del Código Civil, que señala que entre cónyuges procede la usucapión.

Ya señalamos que si bien el artículo 84 del Código Civil autoriza la realización de todo tipo de contratos entre los cónyuges, se refiere a contratos voluntarios, no a adquisición por prescripción, razón por la que el artículo 84 no puede servir de base para demostrar la violación del artículo 1669 del Código Civil.

Por otra parte, el artículo 1669 del Código Civil, es una norma de carácter general en cuanto a la prescripción adquisitiva de dominio se refiere, ya que se funda en la capacidad general de las personas de prescribir, en base a la capacidad general para adquirir bienes; empero, el último párrafo del artículo 1671 de dicha excerta legal, atinente a la suspensión de la prescripción entre cónyuges, es de carácter especial, y posterior al artículo 1669 que se considera violado, siendo aplicable el 1671 a los cónyuges, sin desconocer que estos no pueden usucapir con respecto a otras personas como los señala el artículo 1669 del Código Civil.

Lo que ocurre es que la norma busca proteger la institución del matrimonio, evitando (como ya hemos expuesto) prescripciones de bienes y derechos que son comunes entre los cónyuges, lo que puede promover la desunión familiar.

No violó el fallo recurrido, el artículo 1669 del Código Civil.

Finalmente, en esta causal, se acusa a la sentencia de segundo grado de violar el artículo 431 de la Excerta Civil, que dice:

"431. La posesión, como hecho, no puede reconocerse en dos personas distintas, fuera de los casos de indivisión. Si surgiere contienda sobre el hecho de la posesión, se considerará como mejor posesión la que se funde en título legítimo; a falta de éste o en presencia de títulos iguales, la posesión más antigua; siendo de igual fecha, la actual, y si ambas fueren dudosas, será puesta la cosa en depósito mientras se decide a quien (sic) pertenece."

La casacionista sustenta esta violación, presuntamente cometida de manera directa por omisión, en que el Tribunal Superior desconoció el derecho de la recurrente de prescribir pro-indiviso la propiedad en litigio.

Que el ad-quem enfatizó que la demandante Z.L. sólo ocupó el bien en virtud de actos de mera tolerancia, rechazando el ánimo de dueña con que actuó durante 20 años.

No coincide esta Corporación de Justicia con el criterio de la actora, porque el artículo 1671 del Código Civil establece de forma taxativa, especial y posterior, que se suspende la prescripción entre cónyuges, lo que, por ser un mandato legal, se impone sobre la capacidad general de las personas de prescribir pro-indiviso, por lo que el Tribunal de segundo grado no le desconoció a la casacionista, el derecho que alega.

En cuanto a su ocupación del bien con ánimo de dueña por el lapso de 20 años, ello sería reconocible si dicha ocupación hubiera ocurrido en circunstancias distintas, ya que al revisar el proceso, se observa su esfuerzo por fundar su ocupación con ánimo de dueña, pero no desvirtuó el hecho de que el propietario legal de la propiedad es el demandado MODESTO FUENTES VILLARREAL, quien probó su titularidad del bien a través de la copia de la Escritura Pública Nº 262-36-2799 de 17 de septiembre de 1996, celebrada entre él y el Banco Hipotecario Nacional, que declaró cancelada la primera hipoteca y anticresis realizada entre ambos (fs. 17-22)

Ello, aunado a que ambos no están legalmente divorciados, funda la aserción del demandado de que el terreno y mejoras son de su propiedad, que corrió con todos los gastos pertinentes, y que la actora Z. FUENTES DE VILLARREAL hizo uso y disposición de la propiedad como esposa que es de él, con su consentimiento, lo que se traduce en actos de mera tolerancia de la Sra. FUENTES DE VILLARREAL a tenor de lo normado por el artículo 1680 del Código Civil.

Por lo tanto, el fallo recurrido no violó el artículo 431 de dicha excerta legal, por lo que se descarta esta primera causal.

En otro orden de cosas, el recurso que nos ocupa también formula una segunda causal, consistente en "Infracción de normas sustantivas de derecho por interpretación errónea, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido."

Esta causal se sustenta en tres motivos, a saber:

"PRIMERO: La decisión que hoy impugnamos, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, consideró que los cónyuges no pueden prescribir uno contra el otro, por tanto no cabida (sic) al derecho que solicitaba nuestra mandante le fuera reconocido.

SEGUNDO

El Tribunal Superior le asignó al principio de la suspensión de la prescripción entre los cónyuges, una interpretación que va más allá de lo que en él se establece, pues se refiere únicamente a la prescripción ordinaria no a la extraordinaria.

TERCERO

La suspensión de la prescripción entre los cónyuges sólo se aplica a la prescripción ordinaria y no a la extraordinaria.

En otro sentido, la casacionista expuso como única norma violada, con la explicación de cómo lo fue, el artículo 1671 del Código Civil.

CRITERIO DE LA SALA

Evidentemente, los tres motivos conforman un solo cargo de injuridicidad contra la sentencia de segundo grado, consistente en que la suspensión de la prescripción aplicable entre los cónyuges, es la prescripción ordinaria y no la extraordinaria.

Para mayor claridad, volvemos a transcribir la norma que se dice infringida:

"Artículo 1671. La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse; en ese caso, cesando la causa de la suspensión se le cuenta al poseedor el tiempo de ella, si alguno hubo.

Se suspende la prescripción ordinaria en favor de los menores, dementes y sordomudos.

La prescripción se suspende siempre entre cónyuges." (Subraya de la Corte)

La presunta violación de esta norma estriba en que "la interpretación desarrollada por el Tribunal Superior, la elevó hacia un supuesto que ella no regula, cual es la prescripción extraordinaria."

Que la norma es clara al establecer la prescripción ordinaria desde su inicio, al enfatizarlo en sus dos primeros párrafos; que, pese a reconocer el ad-quem que el petitum descansó sobre la prescripción extraordinaria, la calificó en base a la prescripción ordinaria establecida en la norma transcrita, y aplicada por el juzgador.

Además, señala la recurrente que el Código Civil se refiere a la prescripción extraordinaria en el artículo 1696, que establece que sólo es necesaria la posesión por un período de quince años, y que la única excepción, se relaciona a las servidumbres.

Esta Corporación de Justicia discrepa del argumento de la actora, porque si bien es cierto que el Primer Tribunal Superior de Justicia consideró que la prescripción aplicable al caso era la extraordinaria (f. 134), el procurador judicial de la demandante le atribuye a la norma presuntamente violada, un alcance incorrecto.

En efecto, pese a que los dos primeros párrafos del artículo 1671 del Código Civil se refieren a la suspensión de la prescripción ordinaria, el último párrafo, dice que "la prescripción se suspende 'siempre' entre cónyuges"; es decir, que cuando la situación de prescripción ocurre entre esposos, la misma se suspende en todos los casos de prescripción.

Por lo tanto, al decir la norma que la prescripción entre esposos se suspende siempre, ello equivale a decir que nunca corre el término para aplicar este mecanismo de adquisición del dominio y demás derechos reales, cualquiera que sea el tipo de prescripción que se pretenda hacer valer, ordinaria o extraordinaria.

Considera la Corte que la razón de ser de este tercer párrafo, estriba en que, como ya señalamos anteriormente, el legislador pretendió darle un matiz de seguridad jurídica a la titularidad de los cónyuges sobre sus bienes, habidos antes del matrimonio o adquiridos durante el mismo, para evitar que uno de ellos utilice su condición de esposo (a) para quitarle algún bien a su pareja, tratando de proteger así, la integridad de la institución del matrimonio, y siendo la expuesta la finalidad perseguida por el legislador, es irrelevante, para los efectos de la protección del matrimonio, si se trata de una u otra clase de prescripción.

En este sentido se manifestó la Sala, mediante fallo de 30 de julio de 1992, bajo la ponencia del Magistrado R.T.M., en el que sobre el particular, señaló lo siguiente:

" ....

El artículo 1671 del Código Civil preceptúa que la prescripción se suspende siempre entre cónyuges. Esta norma es clara, luego el juzgador debe aplicarla, en cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 9 y 10 del Código Civil, atendiendo su tenor literal y dando a las palabras siempre sus sentidos naturales y obvios que son en esta norma: en todo o en cualquier tiempo y en todo caso....'

La Sala no comparte la posición del recurrente y mantiene el criterio sostenido en la sentencia. Por ello la misma no puede violar los artículos 603 y 1679 del Código Civil, a los que se refiere como infringidos el recurso presentado. Es cierto que el primero de ellos establece cuáles son los hechos positivos que demuestran la posesión del suelo. no obstante, también es cierto que esos actos deben ser ejecutados sin el consentimiento de quien disputa la posesión.

El vínculo matrimonial existente entre la demandante y C.O., quien es el titular del dominio de la finca hasta 1988, impide, tal como atinadamente lo expresa la sentencia impugnada, que se reconozcan esos actos como propios para producir el fenómeno jurídico de la usucapión. De aquí, pues, que este primer cargo en contra de la sentencia no prospera."

Por lo tanto, al ser irrelevante el tipo de prescripción a que se refiere la norma, porque precisamente lo que prescribe es que entre los cónyuges nunca hay prescripción, no pudo el fallo recurrido infringir la ley, lo que da lugar a negar la presente casual de interpretación errónea.

En otro orden de cosas, la tercera y última causal del recurso consiste en "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido."

Esta causal se funda en cuatro motivos, cuales son:

PRIMERO: La sentencia proferida por el Tribunal Superior de Justicia, consideró justo y ajustado al derecho, el desechar las aspiraciones de nuestra mandante, basados, en la suspensión de la prescripción adquisitiva entre los cónyuges.

SEGUNDO: Al arribar a esta conclusión, el Tribunal, consideró sin sentido, el discernir en cuanto al caudal probatorio que acompañaba a la causa, razón por la cual no tomó en cuenta ninguna de las pruebas que reposaban en el expediente.

TERCERO: Con este comportamiento, el Tribunal, dejó de tomar en cuenta pruebas que efectivamente militan en los autos y que tienen la fuerza probatoria de convencer al juez, del derecho impetrado por nuestra mandante.

CUARTO: Los medios probatorios que no fueron tomados en cuenta por el Tribunal Superior en la sentencia recurrida, son los Testimonios de I.M.L. (ver foja 51) y M.J.L.R. (ver foja 52). Además de los peritajes de la Ingeniera Y.S.B. (ver fojas 59 a 62) y del Perito del Tribunal L.A.C. (ver foja 63 a 70).

En otro sentido, la casacionista expuso como normas violadas, con la explicación de cómo lo fueron, los artículos 917 y 980 del Código Judicial, y el artículo 1669 del Código Civil.

CRITERIO DE LA SALA

La jurisprudencia de esta Sala ha señalado reiteradamente que en las causales probatorias hay que identificar y ubicar específicamente la prueba que se considera ignorada o mal valorada.

En base a ello, se advierte que el único cargo de injuridicidad de esta causal se concreta en el último motivo, que consiste en que el ad-quem no tomó en cuenta los testimonios de I.M.L., visible a f. 51, y de M.J.L.R. (f. 52); además, el Tribunal Superior no tomó en consideración los peritajes de la Ingeniera Yaira S.B. (fs. 59-62) y del perito del Tribunal, L.A.C. (fs. 63-70), lo que indujo a esa C. a desestimar la pretensión de la casacionista.

La actora intenta sustentar este cargo de ilegalidad en la presunta violación del artículo 917 del Código Judicial, que dice:

917. (904) El juez apreciará, según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones.

La supuesta violación de esta norma, estriba en que habiendo testificado en el caso las testigos I.L. (f. 51) y M.L. (f. 52) que la demandante Z.C.L. DE FUENTES está en la propiedad cuya prescripción pretende desde hace más de 20 años, el Tribunal Superior no tomó en cuenta esas declaraciones para arribar a la decisión recurrida.

Que tampoco consideró el ad-quem que ambas declarantes son vecinas del lugar, y que por ello pueden aportar información importante para que la decisión aludida fuera contraria.

Dejamos establecido en la causal anterior, que la prescripción no se aplica en ningún caso a los cónyuges, por establecerlo así el último párrafo del artículo 1671 del Código Civil; ello significa que los requisitos para que haya lugar a declarar la prescripción adquisitiva, esto es, la posesión pública, pacífica e ininterrumpida de bien inmueble durante 15 años (extraordinaria), y de buena fe durante 10 ó 20 años (ordinaria entre presentes o ausentes respectivamente), no tiene cabida en este caso, ya que, aunque se cumplieran estas condiciones, la norma señala de manera expresa que no se reconoce prescripción alguna entre cónyuges.

Por lo tanto, el hecho de que el Primer Tribunal Superior de Justicia no tomara en cuenta las declaraciones vertidas por las mencionadas testigos, en nada incide en la parte dispositiva de la resolución recurrida, por lo que esta norma no fue violada por el ad-quem.

El representante judicial de la recurrente también arguye que el Primer Tribunal Superior de Justicia violó en su fallo, el artículo 980 del Código Judicial, que reza así:

980. (967) La fuerza del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en consideración los principios científicos en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y demás pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso.

La supuesta infracción de esta norma por parte de la sentencia recurrida, estriba en que el Tribunal Superior decidió (en dicho fallo) no analizar el material probatorio incorporado al expediente, ya que al estimar que no era necesario ventilar las pruebas, ignoró los peritajes de la Ingeniera Yaira S.B. (fs. 59-62) y del perito del Tribunal, L.A.C. (fs. 63-70), quienes opinaron sobre la evolución y desarrollo de la vivienda en litigio.

Que esos peritajes fueron complementados con fotos y planos que demuestran los cambios ocurridos en dicho inmueble, sin perjuicio de que se inventariaron las reformas realizadas a la propiedad original, e incluso se comparó dicha casa con las aledañas.

Estas pruebas aducidas por la parte actora, en nada podían hacer cambiar el dictamen de alzada porque dichos peritajes tenían el objeto de probar el ánimo de dueña de la demandante Z.C.L. DE FUENTES, al tratar de comprobar los arreglos que hizo a la casa donde ha habitado con su cónyuge-demandado MODESTO FUENTES VILLARREAL.

Ni ese elemento de posesión con ánimo de dueña, ni ninguno de los otros, son pertinentes en este caso, porque el ya ventilado artículo 1671 del Código Civil, no permite la prescripción entre los cónyuges en ningún caso; por lo tanto, el artículo 980 del Código Judicial, que establece la validez del dictamen pericial, no pudo ser violado por el ad-quem al no considerar las pruebas aducidas por la demandante.

Finalmente, en esta causal también se adujo la violación del artículo 1669 del Código Civil, por el ad-quem en la sentencia venida en casación.

La norma es del siguiente tenor:

"Artículo 1669. Pueden adquirir bienes o derechos por medio de la prescripción las personas capaces para adquirirlos por los demás modos legítimos."

La violación que se pretende probar, consiste en que en el fallo recurrido, el Primer Tribunal Superior de Justicia desatendió las pruebas aportadas al expediente, que probaban el derecho de la demandante a prescribir el dominio de la propiedad de marras, con la consecuente decisión adversa.

No le asiste la razón a la casacionista, porque el principio contenido en esta norma es de carácter general, pero no le es aplicable a los cónyuges, porque como ya explicamos extensamente, el tercer párrafo del artículo 1671 del Código Civil establece la excepción de que no corre la prescripción entre esposos, en ningún caso, porque la intención del legislador es la de proteger la propiedad de los bienes del cónyuge, de la acción del otro, ajena a su voluntad; ello (en principio) pretende salvaguardar la estabilidad y la integridad de la institución matrimonial, máxime que el párrafo en comento, se refiere a "cónyuges", como lo son en efecto, las partes en este proceso.

En consecuencia, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá no violó, con la sentencia recurrida, el artículo 1669 del Código Civil ni ninguno otro, por lo que esta Corporación de Justicia concluye que dicha decisión no es casable en ningún sentido.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 20 de mayo de 2002, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Se fijan las costas del recurso de casación en la suma de cien (B/. 100.00) balboas.

C., N. y D..

JOSÉ A. TROYANO

ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ.- ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

SONIA F. DE CASTROVERDE.- Secretaria