Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Mayo de 2003

PonenteRogelio A. Fábrega Zarak
Fecha de Resolución27 de Mayo de 2003
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Conoce la Sala del recurso de casación en el fondo propuesto por COMMUNITY SECURITY CORP., por intermedio de su apoderado judicial, contra la resolución proferida el 14 de enero de 2002 por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, en el proceso ordinario que le sigue la recurrente a INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS PANAMÁ, S..

Del recurso se cumplieron las fases de admisibilidad y alegatos, por lo que se encuentra para ser decidido, a lo que se avoca la Sala, previa exposición de los antecedentes procesales del mismo.

ANTECEDENTES

Consta en autos que la recurrente, COMMUNITY SECURITY CORP., por intermedio de su apoderado judicial presentó demanda ordinaria en contra de INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS PANAMÁ, S., para que se le condenara a pagarle la suma de B/.48,602.10, en concepto de daños y perjuicios que le ocasionara como consecuencia de la terminación unilateral de la relación contractual existente entre ambas sociedades.

Según el apoderado de la parte casacionista, su representada suscribió con la demandada contrato de Servicios de Vigilancia y Protección, en virtud del cual se comprometía a prestarle a la demandada el servicio de vigilancia, protección y custodia de los bienes y personal de la referida sociedad. Que, dicho contrato era por tiempo indefinido, no obstante que se pactó en el mismo la posibilidad de que cualquiera de las partes pudieran terminar anticipadamente la relación contractual, caso en el cual debía la parte que diera por terminado el contrato avisar con una antelación de treinta (30) días a la otra parte sobre su decisión.

A juicio del procurador judicial de la empresa demandante, INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS DE PANAMÁ, S., incumplió con dicha condición contractual al dar por terminado el contrato de servicio de vigilancia antes referido, sin cumplir con la obligación del aviso previo contemplada en la cláusula Sexta del contrato comentado. Toda vez que alega haber incurrido en una serie de erogaciones, producto de las prestaciones laborales que tuvo que pagar a los trabajadores que fueron contratados para prestar el servicio objeto del contrato y que quedaron cesantes en virtud de la terminación unilateral del mismo por parte de la demandada, exige a la demandada el pago de dichos gastos.

La demanda respectiva quedó radicada en el JUZGADO TERCERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, y por admitida la misma, se corrió en traslado a la demandada. Mediante escrito visible a foja 28-32 contestó la demandada la demanda interpuesta en su contra, admitiendo la existencia del contrato, con algunas reservas, pero se opone a la pretensión indemnizatoria de la demandante, alegando que dicho contrato se terminó por incumplimiento de la actora, por lo que no tiene derecho a ella en virtud de lo establecido en la cláusula décimoquinta del contrato de servicios objeto del proceso.

Trabada la litis, procedió el juzgador de la causa a practicar pruebas y conceder el término a las partes para que presentaran sus alegatos, vencido el cual profiere su decisión del caso, el 21 de diciembre de 1999, mediante sentencia Nº115, en la que accede a la pretensión de la demandante; no obstante condena en abstracto a la demandada a pagarle a la actora los daños y perjuicios ocasionados durante los treinta días correspondientes al previo aviso para dar por terminada la relación contractual.

Contra la resolución antes referida las partes anunciaron y formalizaron en tiempo, recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Superior de Justicia. La decisión del Tribunal a-quem, fue proferida en el fallo de 14 de enero de 2002 que revoca la decisión recurrida y en su lugar resuelve no acceder a la pretensión de la parte actora.

La resolución anterior es la que se recurre en casación, procede la Sala al examen del recurso en cuestión.

RECURSO DE CASACIÓN

Como

se dejó señalado, el recurso se propone en el fondo y se invocan dos causales.

Las mismas serán examinadas en el orden que han sido enunciadas.

1"infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de interpretación errónea de la norma de derecho, la cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

En los motivos de la causal, que son cuatro, manifiesta con carácter de vicio de ilegalidad el apoderado judicial de la recurrente que el tribunal ad-quem erróneamente interpretó en el fallo enjuiciado que, por no contener la cláusula sexta del contrato de servicios de seguridad suscrito entre su poderdante y la demandada, una cláusula penal, no resultaba viable la reclamación por daños y perjuicios ensayada por su mandante, derivada de la terminación unilateral de la relación contractual sin aviso previo, conforme lo dispone la referida cláusula sexta. Para la recurrente una interpretación de la cláusula sexta en conjunto con otras cláusulas del contrato objeto del proceso lleva precisamente a la conclusión contraria, es decir, a estimar procedente la reclamación por daños y perjuicios derivada del incumplimiento del aviso previo, en el caso de terminación unilateral del contrato.

El tenor de los motivos es el que se deja transcrito:

"PRIMERO: El Primer Tribunal Superior de Justicia afirmó que de la lectura de la Cláusula Sexta del contrato "no puede inferirse que en caso de que la parte que diera por terminado el contrato no cumpliera con lo requerido en dicha cláusula, es decir, no diera aviso de terminación con treinta días de anticipación, dicha parte debía pagarle a la otra el mencionado aviso de treinta días. Es decir, no existe una cláusula penal en ese sentido. Sin embargo, la Cláusula Sexta del contrato no solamente obliga a cualquiera de las partes que quiera terminar unilateralmente el contrato a dar aviso por escrito con treinta días de anticipación, sino que al señalar dicha cláusula que "declaran las partes que ninguna le reclamará a la otra indemnización alguna, pues tal acción como está prevista en este instrumento, no le causa daño alguno. La obligación que subsiste para ambas partes en este supuesto o la de cumplir con sus obligaciones hasta el día de terminación efectiva del contrato" significa, contrario a la errada interpretación del Primer Tribunal Superior, que la parte que no cumpla con sus obligaciones contractuales, entre ellas aviso anticipado y por escrito de 30 días si se tiene la intención de terminarlo unilateralmente, está obligada a pagarle a la otra parte indemnización, puesto que todas las obligaciones contractuales que se incumplan están sujetas al pago de indemnización por daños y perjuicios. Si el Ad-Quem hubiera interpretado integralmente la Cláusula Sexta del contrato y la hubiera analizado conjuntamente con las demás cláusulas del contrato, hubiera concluido que el demandado está obligado a pagarle a la actora indemnización por incumplimiento del contrato, aunque dicha cláusula sexta no contenga cláusula penal.

SEGUNDO

Por el hecho de que la Cláusula Sexta del Contrato suscrito entre mi representada y la demandada, que se lee a fs. 4 a 15 del expediente, no contiene una cláusula penal que señale que el demandado debe pagar indemnización por incumplimiento de la obligación o por no dar a la otra parte aviso de treinta días de anticipación para terminar unilateralmente el contrato, el Primer Tribunal Superior de Justicia a fs. 239 del expediente sacó la errada conclusión de dicha cláusula, sino que igualmente desatendió la intención de las partes al suscribir el contrato, la cual consiste en respetar los efectos del contrato, con todas sus consecuencias, inclusive durante el término del preaviso, conforme a la correcta interpretación de nuestra legislación mercantil y civil.

TERCERO

Si el Primer Tribunal Superior hubiera interpretado correctamente y en forma conjunta la cláusula sexta del contrato, en relación con las Cláusulas Décima Quinta, Décima Sexta y Décimo Séptima, hubiera tenido que concluir que la intención de las partes consiste en que ninguna de ellas puede terminar unilateralmente el contrato sin dar previo aviso a la otra parte de treinta días, y que no procede reclamar indemnización alguna si la parte que unilateralmente dio por terminado el contrato incumplió con dicho aviso anticipado, lo que significa que, a contrario sensu, si una parte no cumple con dar a la otra aviso anticipado de treinta días, la reclamación de indemnización es procedente a favor del perjudicado.

CUARTO

El Primer Tribunal Superior de Justicia desatendió las reglas de interpretación de los contratos contenidas en el Código Civil y en el Código de Comercio; y por ello llegó en su fallo a una errada interpretación al concluir, equivocadamente, que por el hecho de que el contrato suscrito por mi representada con la demandada no contiene una cláusula penal, la reclamación de indemnización no procede. Con esa conclusión, el Primer Tribunal Superior de Justicia no sólo desatendió la verdadera intención de las partes se propusieron al contratar, sino que interpretó erradamente el contenido de la Cláusula Sexta del Contrato, lo cual influyó en lo sustancial del pleito". (f.275-277)

A juicio de la sociedad casacionista, la errónea interpretación en que incurrió el Tribunal de la alzada al proferir la decisión recurrida, lo llevó a vulnerar del Código de Comercio el artículo 214 y del Código Civil, los artículos 1132, 1136 y 9.

El primero de los preceptos (art. 214 del Código de Comercio), a criterio de la recurrente fue violado por el ad-quem, al no aplicar la regla de interpretación incluida en dicha norma, referida a la intención evidente de las partes. De manera que, considera el apoderado judicial de la recurrente que si el juzgador de la alzada hubiera atendido al tenor de la norma comentada, hubiera concluido que la verdadera intención de los contratantes señaladas en la Cláusula Sexta y demás cláusulas del contrato, era que, la terminación unilateral del contrato sin previo aviso, daba lugar a exigir los daños y perjuicios.

Con igual criterio se refiere la recurrente también a la infracción del artículo 1132 del Código Civil, puesto que esta disposición antepone, en materia de interpretación contractual, la intención de las partes al sentido literal de las cláusulas contractuales, regla de interpretación que no fue atendida por el ad-quem, según la parte recurrente.

Respecto al artículo 1136 del Código Civil considera la casacionista que fue desconocido por el fallo censurado en casación, porque dicha norma ordena la interpretación conjunta de las cláusulas contractuales, lo que no hizo el ad-quem al interpretar de forma aislada la cláusula sexta. En tanto que el artículo 9 de la misma excerta legal, se vulnera por haber desatendido el tribunal de la alzada la intención o espíritu de la norma mercantil, en materia de responsabilidad contractual a que se refiere dicho precepto.

En cuanto al fallo enjuiciado en casación expedido por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 14 de enero de 2002, advierte la Sala, que no resultan del todo ciertas las alegaciones de la parte recurrente, de que el tribunal hubiere conceptuado que por no contener la cláusula sexta una cláusula penal, no resultaba procedente la reclamación de daños y perjuicios contra la demandada derivada de la terminación unilateralmente del contrato objeto del proceso. El juzgador de la alzada lo que ha dicho en el fallo objeto del recurso que se examina es que no podía interpretarse la cláusula sexta del contrato tantas veces referido, como si se tratara de una cláusula penal, que obligara a la demandada automáticamente a pagar daños y perjuicios a la parte actora sin necesidad de acreditar dicho daño. De manera que, al no contener el contrato cláusula penal al respecto, la reclamación de daños y perjuicios promovida por la recurrente podría ser estimada sólo si aparecían debidamente acreditados los daños y perjuicios reclamados, carga probatoria con la que, a juicio del tribunal ad-quem, no cumplió la parte recurrente, razón por lo cual desestima su pretensión.

En lo pertinente se deja transcrito el fallo objeto de casación:

"Ahora bien, como quiera que la parte actora sustenta su pretensión en la cláusula sexta del contrato, consideramos conveniente examinar, en primer término, dicha cláusula.

...

A juicio de este Tribunal, de la cláusula transcrita no puede inferirse que en caso de que la parte que diera por terminado el contrato no cumpliera con lo requerido en dicha cláusula, es decir, no diera el aviso de terminación con treinta días de anticipación, dicha parte debía pagarle a la otra el mencionado aviso de treinta días. Es decir, no existe una cláusula penal en ese sentido.

Como puede verse, la parte actora ha interpretado equivocadamente la cláusula sexta del contrato al punto de considerar que la misma contiene una especie de cláusula penal, que no es más que la sanción pecuniaria que tiene que pagar la parte que incumple un contrato a la otra parte, sin necesidad de que esta última acredite la existencia de un daño (v. Artículo 238 del Código de Comercio) ni la cuantía del mismo.

Al llegar a la conclusión de que la cláusula sexta no contiene una cláusula penal, así como tampoco la tiene ninguna otra cláusula del contrato en referencia, es evidente que a la parte actora le correspondía demostrar no sólo el incumplimiento de la demandada sino también que con dicho incumplimiento sufrió daños y perjuicios, y el monto de los mismos.

En cuanto a lo antes indicado, este Tribunal considera que la parte actora no aportó ninguna prueba que acreditara que sufrió daños debido a la terminación del contrato por parte de la demandada, y, por ende, tampoco está acreditada la cuantía correspondiente". (f. 238-240)

Comparte plenamente la Sala la decisión recurrida, por cuanto, en principio, es cierto, que de la cláusula sexta del contrato de servicios suscrito entre demandante y demandada no se desprende cláusula penal alguna, que obligue automáticamente a la demandada al pago de perjuicios, por la terminación unilateral del contrato referido, sin haberle avisado con los treinta días de anticipación a la demandante que exige la referida cláusula contractual, la cual conviene dejar transcrita:

"SEXTA: Declaran las partes que el término de duración de este contrato es indefinido y que se inicia a partir del 13 de noviembre de 1997. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente contrato unilateralmente, dando aviso previo por escrito a la otra parte en tal sentido, con treinta (30) días de anticipación. En cualquier caso LA AGENCIA se obliga a brindar el servicio objeto de este contrato hasta tanto EL CLIENTE contrate a quien pueda sustituirla, pero en ningún momento LA AGENCIA está obligada a brindar el servicio por más de NOVENTA (90) DÍAS, contados desde la fecha de notificación de la intención de dar por terminado el contrato. En la eventualidad que cualquiera de las partes decida dar por terminado el contrato de acuerdo con ésta cláusula, declaran las partes que ninguna le reclamará a la otra indemnización alguna, pues tal acción, como está prevista en este instrumento, no le causa daño o perjuicio alguno. La obligación que subsiste para ambas partes en este supuesto es la de cumplir con sus respectivas obligaciones hasta el día de terminación efectiva del contrato". (f. 63-64)

Como es sabido, la cláusula penal constituye una cláusula accidental pactada en los contratos, para que entre a regir en casos de cumplimiento defectuoso o incumplimiento contractual, que requiere, como es natural, que se haya pactado en el contrato o, en su ausencia, que se deduzca por vía de interpretación contractual.

La cláusula que nos ocupa tiene dos (2) efectos sustanciales como destaca la doctrina. De un lado, una función de garantía para el cumplimiento contractual, en los casos de inejecución o retardo en el caso de la ejecución del contrato. De otro lado, el de una estimación convencional de los daños y perjuicios para el caso de incumplimiento o retraso. En este caso, no se dan ninguno de esos supuestos (véanse artículos 1039 y 1040 del Código Civil, así como los artículos 237 y 238 del Código de Comercio).

En el presente caso, se trata de un contrato de duración indefinida, en que las partes han acordado reglas para su terminación unilateral (desistimiento) con la obligación de dar aviso previo de esa terminación a la otra, sin que su cumplimiento traiga como consecuencia el nacimiento de una obligación patrimonial adicional. Es más: las partes han accedido de manera expresa a no exigirse indemnización en ese supuesto, conforme se puede leer en la cláusula sexta anteriormente reproducida, cuando expresa que ninguna de las partes "reclamará a la otra indemnización alguna". Caso distinto hubiese sido si la terminación se hubiese debido a incumplimiento contractual por parte de la empresa demandante, en cuyo caso recaía sobre ésta la carga de la prueba de tal incumplimiento, cosa que no ocurrió, sino tan sólo la comunicación de terminación contractual en ejercicio de la facultad que le otorgó la cláusula sexta citada.

Es por lo demás, lógico que si las partes hubiesen querido pactar que la terminación unilateral del contrato generaba la obligación de satisfacer, en efectivo, la suma correspondiente al preaviso como indemnización, así lo hubiesen pactado de manera expresa. No obstante, no solo no lo hicieron así, sino que pactaron que este preaviso, o su ausencia, no generaría la obligación de indemnización alguna, como se expresa claramente en la cláusula 6ª, reproducida. En el sistema colombiano la acumulación de la pretensión de indemnización por los perjuicios causados y la estimación convencional indemnizatoria no tiene cabida, salvo que las partes así lo convengan de manera expresa. Nuestro código lo regula, en que existe un derecho de opción entre ambas pretensiones indemnizatorias, en el artículo 1040 del Código Civil. Pero esa circunstancia solo hubiese tenido aplicación si se hubiese pactado una cláusula penal, lo que no se dió ni puede interpretarse que tal cláusula existe por vía de la interpretación contractual, ya que sus finalidades son otras, como ha quedado destacado.

En esta materia nuestro ordenamiento civil ha sido influido por el colombiano, en donde, entre sus funciones está la de garantizar (lato sensu), el cumplimiento contractual, es decir, para el caso de la inejecución o en el retardo de la obligación principal, consistente en la prestación de los servicios (función de garantía -artículo 1592 del Código Civil Colombiano, y la estimación convencional de indemnización, artículo 1600 del mismo Código).

De la lectura del contrato, se desprende que se ha pactado la facultad del demandado de ponerle fin al contrato, con la obligación de darle aviso previo de treinta (30) días, en la cláusula 6ª. La cláusula 11ª, por su parte, no regula el desistimiento unilateral con preaviso, sino supuestos distintos de eventos que dispensan la terminación del contrato sin el pago de indemnización en los casos previstos en su primer párrafo, así como el derecho a ponerle fin al contrato de manera anticipada, si el demandante incumple cualesquiera de sus obligaciones, a opción del demandado, con sujeción a las reglas que, para ese supuesto específico, han acordado las partes. El demandante, con arreglo a esta cláusula, se ha obligada no exigir indemnización por los daños y perjuicios, derivadas de la terminación unilateral.

Conviene reproducir la cláusula mencionada:

"....

DECIMAQUINTA

Independientemente del pazo de duración de este contrato y cualquiera de sus prórrogas, EL CLIENTE podrá dar por terminado el mismo, sin estar obligada a pagar ninguna indemnización, en caso que el contrato de construcción del corredor sur sea suspendido, rescindido, disminuido o de cualquier forma modificado. En este caso, el contrato quedará rescindido a partir de la fecha en que determine EL CLIENTE, y sin otra obligación de EL CLIENTE que pagar por los servicios prestado hasta el día en que termine el contrato, según la notificación escrita que le haga en tal sentido a LA AGENCIA.

También es causal para que EL CLIENTE de por terminado el presente contrato antes del vencimiento natural del plazo pactado el incumplimiento por parte de LA AGENCIA de cualquiera de las obligaciones que adquiere por medio de este instrumento y cualquiera de sus anexos, adendas y modificaciones y prórrogas si las hubiere. En esta eventualidad, EL CLIENTE le notificará por escrito a LA AGENCIA el incumplimiento en que esté incurriendo y le otorgará un plazo no mayor de treinta (30) días calendarios para cesar el incumplimiento y corregir cualquier irregularidad señalada por EL CLIENTE, plazo que empezará a correr a partir de la entrega de la nota aquí señalada. Si LA AGENCIA no subsana el incumplimiento y no corrige la irregularidad señalada, se entenderá que voluntariamente ha decidido dar por terminado el contrato y por tanto queda rescindido el mismo de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial en tal sentido.

Declara LA AGENCIA que en caso que EL CLIENTE de por terminado el contrato por cualquiera de las causales señaladas en ésta cláusula, acepta que no tiene derecho a reclamar indemnización alguna pues esta terminación no le causa daño o perjuicio de ninguna clase, ya que es de su conocimiento la posibilidad de que el contrato se termine por estas causales, siendo una no imputable a ninguna de las partes y las otras imputables exclusivamente a LA AGENCIA por el incumplimiento de sus obligaciones.

LA AGENCIA podrá dar por terminado el contrato en caso que EL CLIENTE incumpla con cualquiera de sus obligaciones pactadas de este contrato. En tal caso, LA AGENCIA le notificará por escrito a EL CLIENTE de su incumplimiento.

EL CLIENTE dispondrá de un plazo de treinta (30) días calendarios para subsanar su incumplimiento. En caso de no hacerlo, o de no iniciar las acciones para subsanarlo, LA AGENCIA podrá dar por terminado el contrato, indicándole tal decisión por escrito a EL CLIENTE. ..". (fs.11-12)

De la lectura de las cláusulas contractuales se desprende un doble sistema de terminación unilateral por motivos diferentes. El contenido en la cláusula 6ª, de la cual hizo uso el demandado, y los casos especiales señalados en la cláusula 15ª que operan para los supuestos específicos contenidos en la última de las cláusulas que cita la Sala. La demandante ha invocado el incumplimiento del preaviso, que está contenido en la primera de las cláusulas citadas, la 6ª y, que, se repite, no da derecho a indemnización por no haberse dado el aviso previo, en razón de haberse pactado expresamente.

La disposición del Código Civil Colombiano tienen su correspondencia, en especial con la función indemnizatoria, en los artículos 1039 y 1040 de nuestro Código Civil.

De manera, pues, que ha de concluir la Sala que ni de la cláusula sexta ni de ninguna otra del contrato se deriva pena alguna, tal como lo establece el artículo 237 del Código de Comercio, para el contratante que incumpla o cumpla de manera defectuoso el contenido obligacional asumido en virtud del referido contrato, particularmente, el referido a la obligación de avisar previamente a la otra parte en el caso de terminación unilateral del contrato, lo cual, de haberse pactado, es obvio que, liberaría a la parte que alega dicho incumplimiento de la carga de probar los daños sufridos, conforme lo dispone el artículo 238 de la excerta legal comentada. Empero, no siendo este el caso que se examina, era menester que la recurrente acreditara los alegados perjuicios, tal como se desprende del artículo 784 del Código Judicial que le impone a las partes la carga de acreditar sus alegaciones, lo que a juicio de la decisión impugnada no cumplió la recurrente.

El núcleo de la interpretación contractual gira en torno a la interpretación de la cláusula 6ª del contrato, que es aquella donde se pacta un pre-aviso de un mes, por tratarse de un contrato de servicios de tiempo indefinido. No se delata el incumplimiento de las causas pactadas en la cláusula 15ª, por cuanto las circunstancias que allí se tienen previstas se refieren a aspectos muy puntuales de los servicios contratados (terminación del corredor sur o incumplimiento contractual), lo que no se alegó en el petitum de la demanda, aunque sí en el recurso de casación. La interpretación conjunta de las cláusulas 6ª y 15ª del contrato de servicios no es posible por cuanto, como ya se ha dicho se refieren a hipótesis distintas, hechos que debían ser objeto no solo de alegación, sino de cumplida prueba.

La cláusula 6ª sin embargo, ha sido erradamente interpretada por la sentencia recurrida, por cuanto, es cierto, en dicho contrato no se pactó una cláusula penal alguna (indemnización convencional), pero sí la obligación, en caso de terminación contractual, del otorgamiento de un aviso previo o, en su defecto, el cumplimiento en especie, sin que se derive indemnización de daños y perjuicios por la terminación intempestiva, por cuanto las partes han renunciado a su reclamación. Este preaviso, en contratos de duración indefinida, se desprende del imperativo de buena fe entre los contratantes.

Por ello, la Sala estima que ha habido una interpretación errónea del contrato, al confundir con la supuesta existencia de una cláusula penal. No obstante, esta condición no puede alcanzar los supuestos daños o perjuicios causados, por cuanto éstos se renunciaron en la misma cláusula sexta, como ya quedó reproducida.

El tema del desistimiento unilateral del contrato, si bien ha sido objeto de regulación por el derecho laboral antes que el civil, en este, en particular en los servicios, tiene su sede de aplicación para entender que la terminación contractual queda en suspenso mientras transcurre el termino de pre-aviso.

M.K. "El desistimiento unilateral del contrato", editorial civitas, 1997, expone:

"...

Así, en los contratos de servicios puede afirmarse que el daño mínimo resarcible en prácticamente todos los supuestos debe ser la contraprestación que el contratante frente a quien se desiste hubiere tenido derecho a recibir durante dicho período, en el cual la relación contractual debía seguir vigente, y que ha quedado interrumpida como consecuencia del desistimiento intempestivo. Si el perjudicado por éste resulta ser quien prestaba el servicio, ha de recibir la remuneración que hubiera percibido durante el preaviso, mientras que si es él quien se desliga del contrato, habrá de resarcir al otro contratante por valor de la prestación de hacer que ha dejado de llevar a cabo, también durante ese período."

(M.K., "El desistimiento unilateral del contrato", Editorial Civitas, 1997; pág.236)

En vista de las circunstancias expresadas, lo conducente es casar la sentencia recurrida, y actuando como tribunal de instancia (artículo 1195, segundo párrafo del Còdigo Judicial), resuelve, en apelación, la controversia.

En tales circunstancias, resulta innecesario analizar la segunda causal.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 14 de enero de 2002, dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, en el proceso ordinario instaurado por COMMUNITY SECURITY CORP., contra INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS DE PANAMA, S., y actuando como tribunal de instancia, MODIFICA la sentencia Nº115, de 21 de diciembre de 1999, en el sentido de CONDENAR en abstracto a INGENIEROS CIVILES DE PANAMA, S. al pago del pre-aviso de treinta (30) días a favor del demandante con arreglo al trámite previsto por el artículo 996 del Código Judicial, sin indemnización de daños y perjuicios.

N..

ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

JOSÉ A. TROYANO -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)