Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Diciembre de 2002

PonenteRogelio A. Fábrega Zarak
Fecha de Resolución30 de Diciembre de 2002
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

La firma de abogados MORENO Y FÁBREGA, apoderados judiciales sustitutos del señor G.R.C., interpusieron recurso de casación contra la Resolución Nº8 F. R. de fecha 5 de diciembre de 2001, proferida por el Tribunal Superior de la Niñez y la Adolescencia, dentro del juicio de filiación que le sigue N.E.S.F..

En vista de que mediante resolución de 21 de mayo de 2002, esta S. declaró admisible la causal única en el fondo del recurso de casación propuesto por G.R.C.F., mediante apoderado judicial, así como por concluirse el término de alegatos que fue aprovechado por el recurrente y el representante del Ministerio Público, sin que la demanadada se opusiera al recurso de casación, además de no alegar en cuanto al fondo de dicho recurso, se procede a decidir los méritos del mismo, previas las siguientes consideraciones.

Se trata de un proceso de filiación interpuesto ante el Juzgado Seccional de Menores de la Provincia de H., en la actualidad de la Niñez y la Adolescencia, dentro del cual se dictó la Resolución Nº032 S.F. de 6 de septiembre de 2001 (fs.183-195), la cual dispuso acceder a la solicitud de la señora N.E.S.F. en reconocer judicialmente como padre del menor G.A.S., al señor G.R.C., al quedar establecido el vínculo paterno-filial; también ordenó al Registro Civil la inscripción de la nueva marginal.

Esa decisión fue apelada por el demandado, por lo que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, mediante Resolución Nº8-F.-R. de 5 de diciembre de 2001, la cual es impugnada en casación, confirmó la sentencia apelada en todas sus partes (véase fojas 220-234 y vuelta).

CONTENIDO DEL RECURSO

El recurso de casación es en el fondo, en el que fue admitida la única causal, consistente en infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba.

Dicha causal fue sustentada en siete motivos, que a continuación se transcriben:

"PRIMERO: La sentencia No.8-F.-R. de 5 de diciembre de dos mil uno le atribuyó un valor probatorio que no le corresponde, al testimonio de la señorita DAMARIS CASTILLO (Fs.18-24), pues a pesar que ésta nunca afirmó que existiera una relación amorosa entre nuestro mandante y la señora N.E.S., ésta reconoció la existencia de la aludida relación y confirmó la sentencia de primera instancia que declara indebidamente a nuestro representado, como padre del menor G.A.S..

SEGUNDO

A pesar que el testigo ANANIAS GONZALES (sic), no manifestó que existiera una relación amorosa entre nuestro mandante y la señora N.E.S. (Fs.15-18), la sentencia No.8-F.-R de 5 de diciembre de dos mil uno, consideró que dicha declaración acreditó la existencia de esa relación, atribuyéndole a tal declaración un valor probatorio que no le corresponde, reconociendo en consecuencia la existencia de una relación no acreditada e inexistente, que le condujo a confirmar la sentencia de primera instancia que declara indebidamente a nuestro representado, como padre del menor G.A.S..

TERCERO

Igualmente la sentencia No.8-F.-R de 5 de diciembre de dos mil uno consideró que conjuntamente con los testimonios descritos en los motivos primero y segundo anterior, el testimonio de EURIBIADES PERALTA, (Fs.61-67), acredita la existencia de una relación amorosa entre nuestro representado y la señora N.E.S., siendo que dicho testigo nunca afirmó conocer o tener constancia por percepción propia de la existencia de dicha relación, la evaluación ineficaz de este testimonio condujo la sentencia a reconocer una paternidad que no se ha acreditado en el expediente, aún en desconocimiento del incidente de tacha de testigo promovido (fs (sic) en perjuicio de nuestro representado.

CUARTO

La sentencia no atribuyó valor probatorio alguno a la declaración del Dr. G.S.M. (Fs.73-76) quien al se (sic) requerido afirmó no tener conocimiento de la existencia de alguna relación amorosa, que vinculara a nuestro representado con la señora N.E.S., igualmente indicó que el menor G.A.S., no guarda parecido alguno, ni con nuestro representado a quien se le atribuye la supuesta paternidad, ni con los hijos de éste, a pesar de ello la sentencia, no valoró en su justa medida estas declaraciones y reconoció indebidamente la pretensión de la señora N.E.S..

QUINTO

El señor S.A.C.G. (Fs 69-72), manifestó no tener conocimiento de la existencia de alguna relación amorosa, entre nuestro representado y la demandante, no obstante la sentencia no le atribuyó el correspondiente valor probatorio a tal declaración; la cual, conjuntamente con las demás declaraciones aportadas en el expediente, los cuales no dan cuenta de la existencia manifiesta e irrefutable de una relación amorosa, evento que contrario a lo decidido en la sentencia debió provocar un fallo absolutorio a favor del Dr. GUILLERMO ROJAS.

SEXTO

El D.J.R.G. (Fs.151-154) expresó que según la historia clínica de la demandante, ésta inició vida sexual activa a los 23 años, no obstante la sentencia no tomó en cuenta apropiadamente estas declaraciones que acreditan que la demandante efectuaba afirmaciones inexactas, en sus declaraciones al afirmar que fue a los 23 años, lo que aunado a los testimonios aportados que indicaban la ausencia de una relación marital, sentimental o amorosa con nuestro representado debieron conducir a la sentencia a desestimar la pretensión, contrario a lo resuelto en el fallo impugnado.

SÉPTIMO

La sentencia le atribuyó un valor probatorio absoluto, sin que al efecto lo tuviera, como modo de imputar la paternidad a nuestro representado, al indicio generado por nuestro mandante al negarse a realizarse la prueba de ADN, a pesar que éste explicó las razones que, de índole religiosa le impedían realizarse tal examen. Tal valoración, condujo a la sentencia a reconocer indebidamente una pretensión que no fue acreditada por los medios de pruebas aportados por la demandante."

El recurrente cita como disposición legal infringida y explica cómo lo han sido, los artículos 983, 920, 917 y 781 del Código Judicial, así como los incisos primero y segundo del artículo 278 del Código de la Familia.

El señor P. General de la Nación señaló en su Vista Nº20 de 1° de agosto de 2002 (fs.275-277), que en los motivos del recurso de casación se deja claramente sentado como se cometió el "error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba" testimonial de cada uno de los testimonios, que según la sentencia, les atribuye todo lo contrario de lo que realmente expresaron, tal como lo afirma el recurrente en cada uno de los conceptos de la infracción en que ha demostrado como fueron violadas cada una de las disposiciones invocadas como tales, pues esos errores de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, han influido sustancialmente en la resolución impugnada, por lo que según opinión del señor Procurador de la Nación, recomienda a esta S. Primera que se debe casar la sentencia impugnada.

CRITERIO DE LA SALA

Expuestos los elementos primordiales del presente recurso, se avoca la Sala a decidir la controversia, previa las siguientes consideraciones.

Considera el casacionista que la resolución acusada ha atribuido un valor probatorio absoluto a la negativa de su mandante de realizarse una prueba de ADN, como indicio para acreditar una paternidad, desconociendo que se desprende de las declaraciones contenidas en el expediente que jamás existió una relación amorosa entre el señor G.R.C. y la señora N.E.S. FRÍAS que diera origen al nacimiento del menor G.A.S., violando así en forma directa el artículo 983 del Código Judicial, que hace referencia a que los indicios tienen más o menos valor, según sea mayor o menor la relación que exista entre los hechos que los constituyen y los que se trata de establecer.

El recurrente invoca como disposición legal infringida el artículo 920 del Código Judicial, la cual señala que "no hará fe el dicho del testigo si resulta a que no ha declarado de sus propias y directas percepciones, salvo en los casos en que la Ley admita declaración sobre conocimiento formado por inferencia; pero en este caso se deben expresar los fundamentos de ésta", toda vez que, según el casacionista, los testigos aportados al proceso por la parte demandante no dieron fe de la existencia de una relación amorosa o de una relación sentimental o conyugal permanente entre el señor G.R. y la parte actora (N.E.S., no obstante la sentencia impugnada sobre valoró las afirmaciones emitidas por los testigos y a consecuencia de ello declaró probada una paternidad que jurídicamente no ha sido acreditada en este proceso.

Por otro lado, la casacionista señala que el tribunal de segunda instancia, con fundamento en las declaraciones visibles a fojas 15-18, 18-24, 61-67 declaró probada la existencia de una supuesta relación amorosa cuando del testimonio de dichos testigos no se desprende que la misma haya existido, pues ninguno afirmó tener conocimiento por percepción propia de esto. Con esta apreciación, sostiene el recurrente, el Tribunal Superior de la Niñez y la Adolescencia sobrevaloró la capacidad probatoria de estos testimonios en perjuicio de nuestro representado, lo que le condujo a declarar indebidamente probada la pretensión de la demandante, por lo que se estima infringido el artículo 917 del Código Judicial, referente al principio de las reglas de la sana crítica, en la valoración del testimonio.

Se señala como violado de manera directa el artículo 781 del Código Judicial, que dispone que "Las pruebas se apreciarán por el Juez según las reglas de la sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la Ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos", toda vez que el Tribunal de segunda instancia al efectuar el análisis de las pruebas aportadas al expediente no efectuó un ejercicio valorativo cónsono con las declaraciones y deposiciones aportadas al expediente, pues, los testigos no pudieron afirmar como indebidamente expone y reconoce la sentencia impugnada, que les constara la existencia de una relación sentimental entre la demandante y nuestro representado, por lo que este error de valoración condujo a la sentencia a declarar la existencia de una paternidad que no ha sido acreditada apropiadamente en un proceso.

También se señala como violado en forma directa, el primer inciso del artículo 278 del Código de la Familia, el cual establece que el J. deberá declarar la paternidad cuando se encuentre acreditada en el proceso, pues se declaró probada una paternidad con fundamento en declaraciones que no comprueban la existencia de relaciones maritales, conyugales o sentimentales entre demandante y demandado que hayan dado como resultado el nacimiento del menor G.S., por lo que la sentencia no podía declarar probada en el proceso la pretensión de la parte actora e imputar la paternidad del menor al señor G.R..

Finalmente, el recurrente estima como infringido de manera directa el inciso segundo del artículo 278 del Código de la Familia, la cual señala que también son aplicables a la paternidad los casos señalados para el reconocimiento de la maternidad en el artículo 245 de la excerta legal citada o cuando la madre y el presunto padre han convivido notoriamente como marido y mujer en la época en que tuviese lugar la concepción, pues no se acreditó que haya existido convivencia notoria entre demandante y demandado, por cuanto la sentencia no podía declarar al señor G.R.C. como padre del menor G.S., por no existir los elementos de convicción necesarios para arribar a tal conclusión.

Así, los cargos de injuricidad contra la Sentencia de segundo grado se pueden resumir en dos. El primero, que los testigos aportados tanto por la demandante como demandada en sus declaraciones coinciden en tiempo, modo y lugar, ya que todos señalan que entre la demandante y el demandado no hubo ninguna relación amorosa.

Como segundo cargo, que la Sentencia no analizó las pruebas en su conjunto y que ante la ausencia de otras pruebas que revelen la existencia de un noviazgo, lo privaron de inferir la verdad de los hechos, valorando las pruebas escasas de manera aislada.

Además, señaló que la sentencia deduce indicios contra el demandado arguyéndose que éste no tuvo interés en asistir a las citas para la práctica de la prueba científica de ADN, a pesar de que el demandado explicó las razones que, de índole religiosa, le impedían realizarse tal examen. La parte demandante, que se satisfizo con la decisión, bien pudo, de oponerse al fondo del recurso, señalar dicha anomalía, lo que no hizo.

Referente al indicio de responsabilidad, la Sala señala que nuestro Código de la Familia establece mecanismos para atribuir la paternidad al supuesto padre que se rehúse a asumir con esta responsabilidad. En estos casos, el Juez debe declarar la paternidad, en términos del artículo 278 íbidem, "cuando se encuentre acreditada en el proceso". E. probatorio está condicionado a la misma naturaleza de los procesos de filiación. En estos procesos, se pretende demostrar la existencia de un acceso carnal suficiente para engendrar una criatura, cuya paternidad se atribuye al demandado. Pero, es de suponer que dicho acceso se realiza en intimidad, sin que medien testigos. Esta particularidad hace que la prueba de paternidad descanse en dictamen científico o en deposiciones que hagan presumir la existencia previa de una relación notoria de marido y mujer.

Al respecto, la demandante presentó dos testigos que aseguran que, supuestamente, existía una relación sentimental entre las partes. A decir de los testigos, D.Y.C.J. y EURIBIADES PERALTA GONZÁLEZ, visible a fojas 18 a 24 y 61 a 67, respectivamente, se desprende con claridad, conforme al testimonio (de oídas) de la primera, que no le consta de que existiera una relación amorosa entre las partes, señalando la testigo CASTILLO JIMÉNEZ que el señor ROJAS CARRILLO dejó de visitar el apartamento donde vivían ellas desde el momento en que su compañera de apartamento le dijo al demandado que estaba embarazada. En cuanto al testigo PERALTA, éste tampoco manifestó que entre las partes tuvieran una relación amorosa.

Respecto al testigo de la parte actora (ANANÍAS GONZÁLEZ CASTILLERO), a fojas 15-18, éste manifestó que no le consta que entre el doctor G.R.C. y la enfermera N.E.S.F. existiera una relación amorosa, sólo escuchaba el comentario dentro de la Institución que estaba embarazada del D.G.R..

Rindieron declaración testimonial los señores S.A.C.G. y G.S.M., a fojas 69-72 y 73-76, respectivamente, quienes fueron contestes en manifestar que no tienen conocimiento que entre las partes existió una relación amorosa.

A fojas 151-154, rindió declaración el DR. J.R.G.S., quien manifestó, entre varias cosas, que nunca la señora N.E.S.F. le dijo de quién era el niño que él sacó como producto de la operación del parto (cesárea), pero se comentaba en el personal de enfermería que ese niño era del doctor ROJAS, preguntándole a éste al respecto; sin embargo, el Doctor ROJAS lo negó categóricamente, así como señaló por otro lado que, de conformidad con el historial clínico que él revisó de la parte actora, se señala que la misma inició su vida sexual activa a los 23 años de edad, así como aparece una admisión de la mencionada paciente en el mes de septiembre en virtud de amenaza de parto prematuro y vulvo vaginitis, siendo esta última una infección de la vulva y la vagina de diferentes gérmenes, bacterias, parásitos, que pueden predisponer a una amenaza de parto prematuro.

Ahora bien, el hecho indicativo de la paternidad, que señalan algunos de los testigos sobre el comentario en el Hospital que el hijo de la enfermera N.S. era de la relación con el DR. G.R., debía ser corroborado mediante una prueba científica. No obstante, hay constancia que el señor ROJAS CARRILLO no se presentó a la fecha y hora indicada para la extracción de la muestra sanguínea que sería sometida a los análisis de paternidad.

Según la legislación (artículo 765 del Código de la Familia y artículos 981, numeral 2 y 984 del Código Judicial), la falta de colaboración de una de las partes para la práctica de una prueba debe ser interpretada en forma desfavorable, salvo que existan razones atendibles de naturaleza constitucional para que no le sea practicada, lo que tiene que ser objeto de censura en casación, si fuese ese el caso, basado en su religión. No obstante, los indicios derivados de la renuencia a permitir la prueba especial de ADN, no ha sido censurada por la recurrente en casación.

La Sala advierte que la paternidad, es una cuestión de gran trascendencia en la vida de las personas involucradas (el niño y el supuesto padre) por lo que cualquier resolución debe estar basada en la plena prueba, con la mayor fuerza de convicción posible y no en meros indicios o presunciones formados por testimonios de referencia o imprecisos, en cuanto a los hechos, el tiempo, modo y lugar, como hizo el juzgador de la causa sin mayor análisis. Por otra parte, un indicio no hace plena prueba y su valoración depende de valor probatorio de los hechos en que se fundamenta (Artículo 982 y siguientes del Código Judicial). Así tenemos el testimonio del Dr. G.S., a fojas 73-76, quien manifestó que el menor G.A.S. no guarda parecido físico alguno con el señor G.R., ni con los hijos de éste.

También se observa el testimonio del Dr. J.R.G., a fojas 151-154, señalando que en el historial clínico de la paciente N.S. se indica que la misma inició vida sexual activa a los 23 años, cosa contraria a lo manifestado en la propia declaración de la demandante a fojas 77-84 del expediente, quien manifestó que tuvo su primera experiencia sexual con el DR. G.R. cuando iniciaron su noviazgo, señalando taxativamente al final de foja 78 e iniciando la foja 79, lo siguiente: "...cuando terminamos de almorzar este señor G.R., me agarró a la fuerza, me metió a su cuarto a la fuerza, y empezó a quitarme la ropa, yo no podía porque al lado habían vecinos, y al frente trabaja un señor que no lo conozco, que trabaja en el seguro, por eso no grité, le supliqué a él que no lo hiciera, porque yo no estaba preparada para tener relación sexual con él, y que podía quedar embarazada, cosa que a él no le importó mis suplicas, y usando su fuerza, me hizo el amor, sin mi consentimiento...fue en enero de 1995, si fue el día que perdí la virginidad..."

En este mismo sentido, a pregunta que se le hiciera a la demandante a foja 79 referente a si su niño nació el 12 de octubre de 1996, y que el mismo fue de un embarazo de ocho (8) meses, significando que el embarazo se produjo alrededor del 12 de febrero de 1996, ésta contestó, entre diferentes consideraciones, que "...yo no puedo decir a ciencia cierta qué día exacto yo quedé embarazada...sí tuve un aborto en el año 1995, iba a cumplir más o menos los 3 meses, de 2 a 3 meses de embarazo, y este embarazo su padre era el D.G.R.C., fue mi primer embarazo, y fue también con él..."

De lo anterior, se desprende que existen ciertas imprecisiones por parte de los testimonios vertidos, por lo cual conceptuamos que se han infringido los artículos 917 y 920 del Código Judicial como alega el recurrente.

Siendo así, y conforme a todas las pruebas existentes en el expediente, no se desprende claramente e indubitablemente la paternidad del señor ROJAS CARRILLO, en vista de que las declaraciones de los testigos aportadas por la demandante no son concluyentes para acreditar que hubo acceso carnal o el trato de marido y mujer entre las partes. Tales testimonios no logran acreditar con certeza el modo y tiempo en que supuestamente la demandante y el demandado mantuvieron una relación de noviazgo, indicios que pudieran revelar si durante ese período se produjo la concepción. Además, ante la ausencia de la prueba científica por no haberse practicado, no se logra acreditar, la paternidad que se hizo recaer sobre el demandado.

Sabido es que es muy difícil que algún testigo pueda tener una percepción directa de la relación marital, pues tal relación es íntima y normalmente no hay testigos que puedan evidenciarla; por ello las pruebas testimoniales son herramientas de las que tiene que valerse el Juzgador, y no debe considerarse como algo excepcional que la fuerza de los testimonios no se valore fundamentalmente en la coincidencia absoluta de las declaraciones ofrecidas por los testigos empleados, bastándole al Tribunal que la concordancia ocurra frente a aquellos puntos esenciales de la controversia que sea necesario resolver. Lo que importa en la valoración de las declaraciones de los testigos es que concuerden en los aspectos medulares como son las circunstancias de modo, tiempo y lugar a que se refieran sus deposiciones.

En el presente caso, el Tribunal Superior, para arribar a la conclusión recurrida, se basó en los tres testimonios aportados por la demandante (A.G., EURIBIADES PERALTA y D. CASTILLO) con los cuales se acreditó la relación amorosa, aunado al indicio que constituyó la renuencia del demandado a comparecer a las citas establecidas para la práctica de la prueba científica. Sin embargo, estas declaraciones, como ya se ha señalado, son imprecisas, no logran establecer por sí solas plena prueba, además de que, conforme a las constancias procesales, el demandado ha manifestado que por índole religiosa le impedían realizarse dicha prueba científica, por lo cual no parece existir fundamento para reconocer la existencia de un indicio grave de responsabilidad en su contra por ese motivo, pese a que observa la Sala que no aparece acreditado que el mismo pertenece a dicha religión y que en la misma le prohíban realizarse este tipo de exámenes.

Ahora bien, esta Superioridad, tal como se ha destacado, es del criterio que los medios probatorios examinados no resultan concluyentes, para acreditar la paternidad, y por lo tanto, es obvio que se ha llegado, después de la valoración probatoria, a una conclusión diferente, como es que la sentencia recurrida incurrió en un error de juicio al declarar la paternidad reclamada, que condujo a la violación de la norma sustantiva que regula lo concerniente a la paternidad judicialmente reclamada.

El artículo 278 del Código de la Familia, señala que el reconocimiento judicial de la paternidad ha de realizarse cuando se acredite tal circunstancia y también cuando los supuestos padres han vivido como esposo y esposa de manera notoria, temas éstos que han de ser acreditados por la parte que reclama la paternidad.

Por ello, quien pretende el reconocimiento de la paternidad (la madre o el hijo) han de acreditar tal circunstancia. Constituye, pues, una carga para quien pretenda el reconocimiento judicial de la paternidad, es decir, "un poder o facultad (en sentido amplio) de ejecutar libremente ciertos actos o adoptar cierta conducta prevista en la norma para beneficio y en interés propios sin sujeción ni coacción y sin que exista otro sujeto que tenga el derecho a exigir su observancia, pero cuya inobservancia acarrea consecuencias desfavorables" (DEVIS ECHANDÍA, "Teoría General de la Prueba Judicial", Tomo I, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, 5ta Edición, 2002, p.401).

No considera ocioso la Sala externar algunas consideraciones sobre la carga de la prueba, a lo que se procede.

Según el principio de la carga de la prueba, como anota el procesalista J.F., se considera la posición que el hecho ocupa con el fin perseguido por cada parte, es decir con la norma legal que lo contempla como presupuesto de su aplicación, y de tal premisa se deduce la regla general de quien resulta favorecido por la norma porque consagra el fin jurídico que persigue, soporta la carga de probarlo. (V.J.F., "Teoría General de la Prueba", pág. 235, Santa Fé de Bogotá, 1997).

La regla de la carga de la prueba proviene del Código Procesal colombiano, en su artículo 177, y el procesalista colombiano H.D.E. (q.e.p.d.) la ha explicado de la siguiente forma:

"a).Contenido de la regla. No se trata de fijar quién debe llevar la prueba, sino quién asume el riesgo de que falte. Por consiguiente, si el adversario o el juez llevan la prueba del hecho, queda satisfecha a cabalidad la carga, exactamente como si la parte gravada con ella la hubiera suministrado.

En consecuencia, no es correcto decir que la parte gravada con la carga debe suministrar la prueba o que a ella le corresponde llevarla; es mejor decir que a esa parte le corresponde el interés de que tal hecho resulte probado o de evitar que se quede sin prueba y, por consiguiente, el riesgo de que falte (el cual se traduce en una decisión adversa).

......................................................................................................................................................c). Regla general para su distribución. Conocido cuál debe ser el criterio para elaborar esta regla general, resulta muy sencillo enunciarla como lo hicimos en el t. V, dentro de nuestro Tratado (Ed.1967): a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal. Es decir, esa parte soporta el riesgo de la falta de tal prueba, el cual se traduce en una decisión desfavorable, que en lo penal será adversa a la pretensión punitiva del Estado a cuyo cargo está la prueba de la responsabilidad del procesado (in dubio pro reo; pero este principio es más amplio, pues comprende también la duda en materia de derecho sustancial penal y de cualquier norma de procedimiento)."

(H.D.E., "Compendio de derecho procesal: pruebas judiciales", Tomo II, Décima edición, 1994, págs.162-163)

Señala el artículo 278 del Código de la Familia que esta Sala considera violado, como consecuencia de la defectuosa valoración probatoria, lo que sigue:

Artículo 278: El Juez deberá declarar la paternidad cuando se encuentre acreditada en el proceso.

También son aplicables a la paternidad los casos señalados para el reconocimiento de la maternidad en el artículo 245 de este Código o cuando la madre y el presunto padre han convivido notoriamente como marido y mujer en la época en que tuviese lugar la concepción.

Por razón de lo anterior, debe esta Superioridad casar la sentencia recurrida, ya que no se ha determinado con certeza la veracidad de la paternidad que la demandante reclama para el menor G.S..

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la Sentencia No.8-F-R de 5 de diciembre de 2001 expedida por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, dentro del Proceso de Filiación propuesto por la señora N.E.S.F. contra el recurrente y en favor del menor G.A.S.; y actuando como Tribunal de Instancia, REVOCA la Sentencia N°032 S.F. de 6 de septiembre de 2001, dictada por el Juzgado Seccional de Menores de la Provincia de H., en la actualidad de la Niñez y Adolescencia, y en su lugar, NIEGA la pretensión de la parte actora.

N..

ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

JOSÉ A. TROYANO -- CESAR PEREIRA BURGOS

ELIGIO MARÍN CASTILLO (Secretario Interino)

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