Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 9 de Octubre de 2009

Ponente:Alberto Cigarruista Cortez
Fecha de Resolución: 9 de Octubre de 2009
Emisor:Primera de lo Civil

VISTOS:

M. y M., acude en representación de AES Panamá, S.A., mediante recurso de casación en el fondo, contra la sentencia confirmatoria, emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 29 de mayo de 2007 (fs. 358 a 366).

El recurso ensayado contra la decisión antes resumida, se sustenta en varias modalidades de la causal de fondo. La primera de ellas, al error de hecho sobre la existencia de la prueba.

Error de hecho en la existencia de la prueba:

Afirma quien comparece que el Tribunal Superior omitió evaluar la certificación del topógrafo, E.B., sobre el informe de la inspección a la finca 46139, de Chiriquí, legible de fojas 12 a 15 del cuadernillo de la medida cautelar, que, a su entender, deja claro el acceso directo que tiene la finca 28662 a la carretera, sin necesidad de atravesar la finca 46139.

Alega quien recurre que lo mismo ocurrió con el certificado del Registro Público y la copia autenticada del plano 40401-30142 de 7 de octubre de 1999, a fojas 11 y 16 del cuadernillo que contiene la medida cautelar, que comprueban la inexistencia de servidumbre en la finca 46139, de Chiriquí.

En tales hechos sustenta la posible infracción del artículo 780 del Código Judicial. Para reafirmar tal violación, señala la recurrente que el mencionado cuadernillo contentivo de las pruebas omitidas, ni siquiera fue remitido por la jueza de la causa al tribunal de alzada.

Bajo esta orientación alerta sobre la infracción del artículo 1101 del Código Civil, que explica en qué consisten las pruebas.

Por estas supuestas omisiones acusa al fallo de infringir los artículos 834 y 856 del Código Judicial, que definen cuáles son los documentos públicos y cuáles los privados.

Como consecuencia de la omisión en la revisión de los documentos antes descritos, la casacionista manifiesta que se ha vulnerado el artículo 513 del Código Civil, que rige sobre la servidumbre; puesto que el ad quem no advirtió que no pesa tal gravamen sobre la finca 46139 de Chiriquí.

Según la peticionaria, también se ha conculcado el artículo 546 del Código Civil, que explica cómo se debe manejar una servidumbre de paso, porque con tales omisiones el ad quem perdió de vista las particulares circunstancias técnicas de los inmuebles en controversia por la servidumbre.

Análisis de los cargos

A foja 11 del cuaderno contentivo de la acción de secuestro reposa la certificación expedida por el Registro Público que da fe de la existencia y propiedad de la finca 46139, así como del gravamen que pesa sobre ella como garantía de fideicomiso, a favor de Citibank, N.A.

Según la recurrente tal certificación demuestra que sobre la finca no pesa servidumbre de paso. Si bien la certificación define la limitación de dominio que pesa sobre la finca, por el anterior gravamen; no desconoce la Sala que estas certificaciones se expiden a solicitud de parte para documentar los aspectos que quien la solicita desea saber. Es decir, es quien la solicita, quien define los puntos sobre los cuales recaerá la certificación. Por tanto, no puede estimarse que ha habido error de hecho, pues el documento no tiene la virtualidad suficiente para descartar el sustento de la decisión recurrida.

La certificación emitida por el Técnico en topografía, E.A.B., el 26 de mayo de 2003, fue incorporada por M. y M., apoderada judicial de la actora, como prueba de su petición de medida cautelar de protección y conservación en general sobre la finca 46139. Según el topógrafo, el plano No. 40401-30142, aprobado por la Dirección General de Catastro el 7 de octubre de 1999 no denota la existencia de servidumbre que atraviese la finca No. 46139.

Asimismo, detalla el topógrafo en este certificado que en las medidas y linderos de la Escritura Pública No. 1256, de 4 de febrero de 2000, mediante la cual R.L.U. segrega un lote de terreno y lo vende a AES PANAMA, S.A.; hecha de acuerdo al plano No. 40401-30142, no hay referencia de servidumbre que atraviese la finca No. 46139.

De su revisión del plano No. 404-14579, de 22 de febrero de 1989, a nombre de Latin Investment and Trading Corp., de la segregación del lote que pasó a formar la finca No. 28662, el topógrafo señala los puntos de la servidumbre de entrada a tal finca y sostiene que ninguno de esos puntos pasa por la finca No. 46139.

En el punto D, el topógrafo, además de advertir que no existe colindancia entre la finca 46139 y la finca 28662; hace un alegato a favor de AES Panamá, S.A., mas que una aportación técnica.

Como puede verse, los dictámenes del técnico basan su valoración en lo consignado en otra serie de documentos. El topógrafo aclara que su inspección es sobre la servidumbre que aparece en el plano P-000-02-01, de Los Naranjos Overseas, S. A.

No consta que los juzgadores hayan valorado tal prueba. Sin embargo, cuando se invoca la modalidad de error de hecho en la existencia de la prueba, la prueba que se dice omitida, su contenido debe tener la contundencia suficiente para desvirtuar por si sola el sustento de la decisión proferida por el tribunal. Como lo explican J.F. y A.E. de Villálaz, en la obra Casación y Revisión, "el error probatorio debe incidir en la parte resolutiva, ha de ser trascendente de suerte que sin él el Juez hubiera fallado en sentido distinto." (pág. 112).

La certificación antes evaluada no goza de tal convicción. No se puede determinar de forma inmediata si la omisión en la apreciación de la certificación habría variado la decisión de fondo, máxime que el documento fue aportado por la parte solicitante de la medida cautelar, por lógica, favorece sus intereses; de lo contrario, no lo habría aportado como apoyo a su petición. Debe considerarse el hecho que en ella el perito hace referencia a otra serie de documentos, de cuya evaluación sacó sus conclusiones. Por tales circunstancias, queda claro que, para determinar si dicha opinión habría variado el contenido del fallo, su examen debe hacerse en conjunto con el resto del caudal probatorio. Lo contrario supondría una revisión parcial e interesada del material probatorio.

En adición a lo antes destacado, el punto más importante radica en que el certificado emitido por E.B., por tratarse de un documento privado, no consta en el expediente que haya sido reconocido, según los parámetros consignados en el artículo 861 del Código Judicial. Y, como bien lo señala la casacionista, si no fueron incorporados al expediente que contiene el proceso de fondo, mal habrían podido ser tachados. Además, el apoderado judicial de la demandada, al contestar la demanda, negó todas las demás pruebas dadas por inconducentes.

De otra parte, el plano que consideran no fue reconocido, reposa a foja 16.

No consta en el fallo que el ad quem se haya referido a él. Sin embargo, por tratarse de un plano, son los peritos, expertos en la materia, los encargados de interpretar lo consignado en los planos. Conforme a esta forma, el perito antes citado asevera que en este plano no se advierte marcada servidumbre de paso alguna.

Si bien las pruebas enumeradas por la parte recurrente no se advierten en el fallo como ponderadas, ello no es suficiente para considerar que hay mérito para casar la sentencia, por lo antes remarcado, su relevancia tiene que ser medida en relación con el resto del caudal probatorio. Lo visto hasta el momento no revela en ellas la trascendencia que hubiese motivado una decisión en otro sentido, por lo que procede negar esta primera modalidad de la causal de fondo.

Error de derecho en la apreciación de la prueba:

Otro de los conceptos utilizados por la recurrente para sostener que hubo infracción de normas sustantivas de derecho es el error de derecho en la apreciación de la prueba. En cuanto a esta modalidad de la causal de fondo, sostiene la impugnante que la sentencia le confiere carácter de plena prueba para confirmar la existencia de servidumbre de paso a través de la finca citada a los testimonios de G.S.S. (fs. 189 a 191) y A.V.R. (fs. 192 a 194). Por esta razón, afirma que la sentencia quebrantó lo dispuesto en el artículo 781 del Código Judicial, que se refiere a la sana crítica, porque el reconocimiento de una servidumbre de paso debe ser producto de su comprobación con un título. Ello de conformidad con el artículo 521 del Código Civil, norma que también se cita en el recurso como infringida.

Por ello, también acusa al fallo de vulnerar el primer párrafo del artículo 856 del Código Judicial, pues considera que la servidumbre tiene al título como especial medio probatorio, en su condición de documento público.

Como consecuencia de las anteriores infracciones, la recurrente sostiene que no se observan los lineamientos establecidos en los artículos 513 y 514 del Código Civil, sobre las servidumbres. Lo mismo resulta sobre el artículo 546 de la misma excerta que especifica cómo debe manejarse una servidumbre de paso.

Análisis de los cargos

De la lectura de los criterios jurídicos externados por el Tribunal Superior en la sentencia cuestionada no se desprende que se le haya dado valor de plena prueba a los testimonios de G.S.S. y V.A. para acreditar la existencia de la servidumbre, origen del pleito.

Es el pronunciamiento de primera instancia aquel que se refiere a estos testimonios como plena prueba, tras cotejarlo con el resto de las pruebas y advertir las coincidencias que confirman lo dicho por ambos declarantes.

Por su parte, la sentencia de segunda instancia se refiere a una considerable cantidad de testimonios que refuerzan los dictámenes periciales y que, sumados a estos peritajes, acreditan la existencia de la servidumbre. Acto seguido, pasan los magistrados a citar extractos de las declaraciones más precisas sobre el hecho objeto de la controversia, siendo éstas, las de G.S. y A.V..

Otro punto de relevancia es que, en síntesis, el gravamen que pretende impedir sea impuesto a su finca, según la actora, sólo es acreditable vía título inscrito. Argumento que le sirve para imputar la infracción de las normas sustantivas.

Resulta imprescindible hacer una disquisición al respecto.

La decisión del Tribunal Superior se fundamenta en el fallo emitido el 21 de marzo de 2000 y en las normas sobre servidumbres legales. En este caso los artículos 531 y 532 del Código Civil, cuyos textos son los siguientes:

"Artículo 531. Las servidumbres impuestas por la ley tienen por objeto la utilidad pública o el interés de los particulares.

Artículo 532. Todo lo concerniente a las servidumbres establecidas para utilidad pública o comunal se regirá por las leyes y reglamentos especiales que las determinan, y, en su defecto, por las disposiciones del presente Título."

Es bajo este compás jurisprudencial y legal, que el ad quem reconoce el carácter público de este camino, acogiendo el acreditado interés de la comunidad.

Por tanto, la decisión cuestionada no tiene su sustento en las normas sustantivas que, bajo este concepto, cita como violadas la impugnante.

La utilidad pública es lo que fundamenta la decisión de marras.

Bajo esta plataforma jurídica conviene repasar las declaraciones cuya relevancia es cuestionada mediante el concepto descrito, a ver si de ellas se confirma el interés de la comunidad.

El testigo G.S.S., según se dejó asentado en el acta que recoge su declaración de fojas 189 a 191, es un agricultor, de 65 años.

La declaración es diáfana en detalles en cuanto a la existencia de un camino para transitar, incluso con semovientes, hacia otras fincas. Describe que el camino existía desde que en el terreno estaba el IRHE y que, para aquel entonces, no había problema para transitar a través de él; que es ahora, con la ocupación de la "Compañía de Panamá", (AES Panamá), que ha venido a cerrar el acceso en la entrada por el Síndigo y por la quebrada, con candados y portones, que estima llevan cinco (5) años de haber sido colocados.

El testimonio de G.S.S. no deja duda respecto a la antigüedad del camino y de cuándo inició el cierre de la vía, sobre la finca que antes ocupaba el I.R.H.E.

No recuerdo el año que comenzaron hace un par de años que el IRHE le vendió a esa empresa y de allí fue ellos comenzaron a cerrar los caminos, hace como cinco a diez años, no recuerdo bien, como cinco años más o menos Aes Panamá le compró al IRHE, y entonces ellos cerraron el camino ninguno de los trabajadores. No le conozco el nombre del representante legal solo que ellos compraron y cambiaron los trabajadores. (sic)

Al otro testimonio que acusa quien recurre que se la ha atribuido valor de plena prueba, es el de A.V.R., de 69 años, quien fuera trabajador manual del I.R.H.E. (fs. 189 a 194).

Coincidió el testigo en que el camino, conocido como Bajo de Palma, era utilizado por los transeúntes del sector y para transportar ganado y ciertos productos. Habló de un zarzo, de vieja data, a la altura de la casa de máquina de AES Panamá, en el camino aludido, utilizado por ellos para cruzar. También señaló que existe un portón y alambre de ciclón. Por ello los dueños de la finca que utilizaban el camino no lo pueden utilizar, porque la empresa no les da permiso. Dijo que el IRHE cerró al frente y puso una garita y el seguridad se encargaba de abrir y cerrar el portón para que pasaran caminantes o con reses, pero que ahora AES Panamá cerró todo.

A pregunta formulada sobre la existencia o conocimiento de vías alternas al camino comentado, para acceder a las propiedades colindantes con la empresa demandante, el testigo manifestó que era el único camino que conectaba a las otras fincas colindantes de AES Panamá:

No, el único camino que se usa es ese, que el de la india, una no y otras sí, hicieron una carretera y la usan para camino eso lo hicieron la hidroeléctrica de la Estrella de los Valles, para hacer trabajos de canales desde Boquete, ese viene de Boquete ese está por afuera de la empresa Aes Panamá, y el que va de Caldera ese lo usan para los que tienen otras fincas, pero ese no es el camino que yo conocí, hace algunos años que no voy por allí, si del camino que viene de Boquete, no se, por una parte le dicen C.C., por la cuestión del agua, sale un canal, es por fuera, directamente el camino una parte de abajo que le dicen el Sindigo, ese es el camino libre.

En adición a las deposiciones de estos dos (2) testigos, que son las mencionadas en el fallo, consta también la versión de T.C.V., de 85 años, de fojas 195 a 197.

Aseguró el llamado a declarar que el camino conocido como Bajo Palma, ya estaba cuando entró la carretera, que empezaba en Caldera, pasaba por Guayabo, luego por B. y salía al camino 3 de noviembre; que se usaba para viajar a B. y para Fortuna también.

De vuelta al pronunciamiento del ad quem, el tribunal se refiere a una serie de testimonios que refuerzan las periciales allegadas al proceso. En este sentido trae a colación algunos puntos de los dictámenes de Orlando Wong y E.B..

En el informe rendido por Orlando Wong, el perito es claro en que, para dar respuesta al cuestionario formulado, tuvo que apoyarse en el testimonio de adultos mayores, residentes del área circundante: El Mague, Corregimiento de Caldera y poblados vecinos. De hecho, a foja 208 del expediente -2 del informe- enumera a los diez (10) vecinos que consultó, con su número de cédula y sus edades; entre quienes está R.L.U., antiguo propietario de las fincas No. 46139 y 28662. Su estudio confirma la existencia de la servidumbre de paso.

El mismo método utilizó el topógrafo R.R.. La lista de los residentes consultados se aprecia a fojas 225 y 226.

Las conclusiones del perito coinciden con el anterior y con los testimonios, en cuanto a la existencia de un camino de vieja data que atraviesa la finca de AES Panamá, S. A.

Respecto a las periciales, figura asimismo el concepto emitido por el perito de la parte demandante, E.B. (fs. 216 a 218), quien también levantó el informe de fs. 12 a 15 del cuadernillo de medida cautelar, que afirma la recurrente no fue valorado por el tribunal de alzada.

La lectura del último peritaje permite a la Sala constatar que el experto no niega la existencia de un camino dentro de la finca No. 46139, sino que le resta el carácter de camino público.

EL CAMINO PRIVADO INTERNO QUE ATRAVIEZA (sic) LA FINCA N° 46139, PROPIEDAD DE AES PANAMÁ, S.A., LE DA ACCESO A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA (CASA DE MÁQUINAS), OFICINAS, TALLERES, DEPÓSITOS Y EL DESARENADOR DE LIMPIEZA EN LA PARTE ESTE DE DICHA FINCA, AL NORTE DE LA CENTRAL (CASA DE MAQUINAS).

AL ESTE DE LA FINCA N° 46139, PROPIEDAD DE AES PANAMÁ, S.A., EXISTE UN CAMINO QUE LE DA ACCESO A LA TOMA DE AGUA DEL ACUEDUCTO DEL PUEBLO DE CALDERA; EXISTE UN ZARZO A DOS KILÓMETROS AL NORTE DE ESTA FINCA EN LOS TERRENOS PROPIEDADAD (sic) DE LOS NARANJOS OVERSEAS, S.A. FINCA N°28662.

EL CONCEPTO CAMINO PÚBLICO O SERVIDUMBRE LEGAL, SERA DETERMINADO POR LOS TRIBUNALES, YA QUE NO EXISTE MARGINAL EN ESCRITURAS DEL REGISTRO PÚBLICO, NI ESTA ESTABLECIDA EN LAS SEGREGACIONES CUANDO SE FORMARON ESTAS FINCAS.

Estos señalamientos coinciden en amplia medida con los detalles ofrecidos por el testigo A.V.R. y con los puntos consignados en la nota a foja 312, suscrita por V.C.U., administrador general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Llaman también la atención las apreciaciones del perito en la diligencia de entrega de la prueba de inspección (fs. 239 a 247), que tuvo lugar el 22 de marzo de 2006. Al ser interrogado sobre si se auxilió en alguna institución del Estado a cargo del control de caminos y servidumbres legales, E.B. manifestó lo siguiente:

"Es correcto para la confección de este informe nos auxiliamos con el mapa 0404-02 confeccionado por la Dirección General de Estadística y Censo, que como se aprecia en dicho mapa en el pie del mismo este mapa está basado en hojas tipográficas en escala uno a cincuenta mil preparada por el Instituto Nacional Tomy Guardia mapa censales de 1990 e investigaciones de campo efectuadas en julio de 1996, es decir que el mapa con el cual nos estamos auxiliando es un mapa de hace quince o dieciséis años, el cual basa su confección en vuelos aéreos que para esa fecha la hidroeléctrica la Estrella o sea es decir la finca 46139 ya tenía diez años de operación por lo que los caminos que aparecen internos sobre dicha finca conocemos como son producto de la construcción de la hidroeléctrica, es por eso pon nuestro criterio y en nuestro informe hacemos constar de que el camino público que viene de Caldera llega al portón desviandose hacía la izquierda y continuando hacía J., los otros mapas que están en el informe de las fincas objeto de este proceso no muestran caminos internos y en la investigación sobre la formación de dichas fincas y respectivas escrituras no encontramos o mejor dicho no existe marginal en dicha escritura ni está establecida la segregaciones de caminos cuando se formaron estas fincas. (sic)." (fs. 242 y 243).

En esa oportunidad los peritos fueron cuestionados por la jueza y los abogados interventores respecto a sus conclusiones. Aclararon cuáles fueron las fuentes de la información que sustentan sus impresiones.

Como puede advertirse del extracto reproducido, el perito no afirma que no hay caminos internos en la finca, sino que le atribuye su formación a otra fuente y destino y, de paso, desconoce su legalidad.

También son coincidentes los señalamientos de las declaraciones cuestionadas, con el testimonio rendido por T.G., a fojas 42 y siguientes.

El error de derecho en la apreciación de la prueba implica, como bien lo apunta la casacionista, la vulneración a la sana crítica, que conlleva una revisión global del caudal probatorio allegado al proceso. Luego del repaso de las pruebas que reposan en los expedientes, la Sala debe descartar el cargo que sustenta la modalidad invocada en cuanto a que el ad quem le confirió valor de plena prueba a las declaraciones de G.S.S. y A.V.R..

Del mismo modo puede la Sala coincidir con la confirmación del ad quem, pues los elementos aportados en su mayoría son indicadores de la existencia de un camino de vieja data utilizado por moradores para atravesar la finca No. 46139, hoy propiedad de la demandante. Así pues, las pruebas apuntan más a un camino de uso público, que a una servidumbre de paso, según los lineamientos del artículo 546 del Código Civil. Por tanto, no hay entonces inobservancia a la exigencia del título inscrito como forma de acreditar la servidumbre de tránsito.

Aún cuando la sentencia cuestionada no esté reconociendo la situación planteada como una servidumbre de paso propiamente, vale comentar respecto al título donde conste inscrita, la interesante observación que sobre este requisito hacen L.D.-Picazo y A.G., en su obra Sistema de Derecho Civil, volumen III:

"Por regla general, la servidumbre, en cuanto a cargo o limitación del dominio, deberá constar en la inscripción de la finca sobre la que recaiga y sólo la que aparezca en el folio correspondiente a esta finca surte sus efectos contra los terceros adquirentes de derecho sobre la misma. Pero puede hacerse también constar en la inscripción del predio dominante como cualidad del mismo.

Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha entendido reiteradamente que no es necesaria, para que las servidumbres sean eficaces frente a terceros, la inscripción registral cuando por ser ostensibles e indubitadas, su apariencia exterior les atribuye una publicidad superior a la de la inscripción. A nuestro juicio, en este caso no se trata de dotar de eficacia frente a terceros un derecho real no inscrito en contra de las reglas generales. Lo que se hace es sancionar la conducta no diligente de ese tercero, ya que tratándose de servidumbres aparentes, un elemental deber de diligencia impone su conocimiento." (págs. 377 y 378).

Producto de este estudio, la Sala puede asimismo afirmar que ni siquiera considerando las pruebas apuntadas como no revisadas, con ocasión del error de hecho en la existencia de la prueba, hubiese sido posible variar la decisión adoptada por el Tribunal Superior; habida cuenta que, cotejadas con el resto del caudal probatorio, carecen de la fuerza suficiente para demeritar los hechos reconocidos en ambas instancias.

Por estas razones, no es procedente acoger los cargos de infracción fundados en ambas modalidades probatorias de la causal de fondo.

Aplicación indebida:

El fallo emitido por el ad quem también es motivo de censura bajo el concepto de aplicación indebida. El yerro jurídico lo explica en los siguientes términos:

"Primero: El fallo de segunda instancia ahora impugnado en casación, contiene el grueso error jurídico de aplicar norma propia de cuestiones de policía rural en predios rústicos, a un conflicto sobre tema de servidumbre entre empresas industriales dueñas de fincas vecinales (no adyacentes entre sí), una de las cuales es prestadora de servicio público de generación eléctrica, siendo que ello no puede ser así, deviniendo tal indebida aplicación en influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.

Segundo

La sentencia proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, adolece del vicio jurisdiccional de aplicar normas sobre bienes de dominio público a una controversia precisa en tema de servidumbre de paso, siendo que ello no puede ser así, aplicación indebida que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia.

Tercero

Los redactores del fallo venido ahora a sede de casación civil, incurren en el yerro jurídico mayúsculo de atribuir los efectos de normas reguladoras de caminos público vecinales, a lo que es una controversia sobre servidumbre de tránsito, siendo que ello no puede ser así, aplicación indebida que influyó de modo sustancial en lo dispositivo de la sentencia impugnada." (fs. 451).

Como complemento a lo expuesto, afirma que la sentencia violó los artículos 1564 del Código Administrativo y los artículos 329 y 333 del Código Civil.

El artículo 1564 del Código Administrativo tutela el derecho a servidumbre de paso y la indemnización sobre aquellas fincas o cercados que obstruyeren el paso a bosques, campos de carácter común. Según la recurrente, la norma no es aplicable, pues la actora en esta controversia es una empresa prestadora del servicio de generación eléctrica, lo que limita el pleito a la esfera civil.

En cuanto al artículo 329 del Código Civil que señala cuáles son los bienes de dominio público, ha sido mal aplicada, según la actora, pues la controversia gira en torno a fincas privadas de empresas mercantiles.

Considera la recurrente que, por tratarse de fincas de propiedad privada, lo mismo sucede con el artículo 333 del Código Civil sobre los bienes de uso público en los municipios.

Análisis de los cargos

La aplicación indebida ocurre cuando la norma, pese a ser entendida correctamente, es aplicada a un hecho probado, pero no regulado en ella.

En efecto en el fallo, según consta a fojas 364 y 365, se mencionan los artículos 1564 del Código Administrativo y los artículos 329 y 333 del Código Civil.

Respecto a la supuesta aplicación del artículo 1564 del Código Administrativo, el tribunal consideró que era aplicable a la situación planteada. El ad quem lo pone de manifiesto en los siguientes términos: "Siendo ello así, la situación jurídica planteada por la demandante no es cónsona con el supuesto de hecho planteado por el artículo 1564 del Código Administrativo, . . ." (Cfr. foja 364).

En cuanto a los otros artículos, sí es evidente que el ad quem estima que la litis sometida a su conocimiento le son aplicables estas normas.

Al revisar la modalidad anterior, quedó establecido que el ad quem reconoce el camino inserto en la propiedad de AES Panamá, S.A., como un camino de uso público, al no ser de uso exclusivo de la demandada, sino del resto de la comunidad desde hace muchos años; en cuyo caso, no estarían indebidamente aplicados los artículos 329 y 333 del Código Civil.

No solamente estos artículos serían de observación en el supuesto de una vía de uso público.

La revisión a otras normas fuera de la normativa civil, en los casos de servidumbre, ocurre por remisión del mismo Código Civil.

En efecto, la regulación de servidumbres por normas de carácter administrativo, por ejemplo, es un compás permitido justamente por los artículos 532 y 533 del Código Civil.

Artículo 532. Todo lo concerniente a las servidumbres establecidas para utilidad pública o comunal se regirá por las leyes y reglamentos especiales que las determinan y, en su defecto, por las disposiciones del presente Título.

Artículo 533. Las servidumbres que impone la ley en interés de los particulares, o por causa de utilidad privada, se regirán por las disposiciones del presente Título, sin perjuicio de lo que dispongan los Códigos Fiscal, Administrativo y de Minas.

Estas servidumbres podrán ser modificadas por convenio de los interesados cuando no lo prohiba la ley ni resulte perjuicio a tercero.

Este fenómeno lo explica con mayor claridad los civilistas L.D.-Picazo y A.G.:

La regulación de las servidumbres legales en el Código Civil ha sido desbordada completamente por una profusa y abundante legislación administrativa, característica de la intervención de la Administración en los derechos privados que es el signo de nuestros signos.

(DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., Sistema de Derecho Civil, vol. III, Derecho de cosas y Derecho Inmobiliario Registral, 7ma ed., Madrid 2001, fs. 388).

En el caso de la legislación panameña existen normas dispersas, no sólo en el Código Administrativo, que tutelan el derecho a transitar, los caminos públicos, las servidumbres de paso y las servidumbres públicas.

Recuérdese que el concepto invocado supone la aplicación de una norma a un hecho probado, pero no regulado en ella. Desde el enfoque de ambas instancias es un hecho probado que se trata de un camino público, lo cual permitiría la aplicación de las normas apuntadas como indebidamente aplicadas.

En consecuencia, no hay lugar para acoger este cargo de infracción.

Violación directa:

Para finalizar también aduce la casacionista que el fallo incurre en la infracción de normas sustantivas de derecho, por violación directa, por no haberse confrontado el litigio a la normativa sobre predio sirviente y predio dominante, puesto que su finca no reúne la condición de predio sirviente.

Explican en el recurso que lo mismo ocurre por desconocimiento de las normas sobre servidumbre de paso.

Considera quien recurre que los magistrados aplicaron en sentido contrario las normas sobre servidumbre, porque sólo aplica a predios colindantes entre sí y carentes de acceso a vías públicas; no siendo éstas las circunstancias de la finca sobre la cual se ha reconocido tal gravamen.

Por estas razones acusa al fallo de infracción a los artículos 513, 514, 521 y 546 del Código Civil.

Según el recurso, la infracción al artículo 513 del Código Civil, que explica de qué se trata este gravamen, ocurre al desconocer que el inmueble afectado por la decisión carece de servidumbre de paso constituido por título inscrito.

Considera la casacionista que no hubo la confrontación necesaria con el artículo 514 de Código Civil, sobre las distintas modalidades de servidumbre; de allí su violación.

Estima también que en el caso sometido al conocimiento del ad quem no se cumplen los presupuestos consagrados en los artículos 546 y 521 del Código Civil. Por tanto, la decisión cuestionada los vulnera.

Análisis de los cargos

El Dr. J.F.P. y la Dra. Aura Emérita Guerra de V. explican el concepto de violación directa en los siguientes términos:

La violación directa se produce cuando se contraviene o contraría o desconoce el texto de una norma o se deja de aplicar a un caso que requiere de su aplicación -independientemente de toda cuestión de hecho. Para ello necesita examinar los hechos conforme aparecen consagrados en la sentencia impugnada.

(F.P., J. y GUERRA DE VILLÁLAZ, A.E.. Casación y Revisión, Sistemas Jurídicos, S.A., Panamá 2001, pág. 104).

Esta infracción implica que a los hechos reconocidos en la sentencia, el tribunal desconoció la normativa aplicable; en este caso, las de servidumbre contenidas en el Código Civil.

Los hechos reconocidos en el fallo son: que existe un camino que atraviesa la finca de la demandante, que ese camino según las pruebas de campo es de vieja data y que ha sido utilizado desde siempre por los moradores de la región, por tanto, que se trata de un camino público.

Si estos son los hechos reconocidos en la sentencia, no le son aplicables las normas que aquí se citan como violadas, toda vez que el carácter impreso y reconocido por el tribunal de apelaciones es el de los supuestos planteados por los artículos 329 y 333 del Código Civil, como un bien de utilidad pública y no como una servidumbre predial, de paso, propiamente.

Ha sido un argumento de la recurrente que el camino no conecta o sirve de paso a otra finca contigua. Vale aclarar que existen distintos tipos de servidumbres, inclusive las atípicas. Lo fundamental en materia de servidumbres, por tratarse de una limitación al derecho de propiedad ajeno, es probarla.

"La servidumbre es una limitación de derecho de propiedad. Esta característica impone que las servidumbres no se presuman, sino que hay que probar su constitución: que la interpretación en materia de servidumbres ha de ser restrictiva; que no puede existir servidumbre sin utilidad para un fundo o una persona, pues no se pueden establecer limitaciones al derecho de propiedad que no reporten ventaja para nadie; y que el ejercicio de la servidumbre ha de amoldarse al objeto y necesidades para que se estableció." (Ob. cit., fs. 374).

En este proceso ha quedado plenamente acreditado que existe un camino dentro de la finca de la demandante y que esa vía es utilizada desde mucho tiempo atrás por la colectividad.

En el tema de servidumbres, como gravamen predial (porque va a recaer sobre un predio), no es que encaje en una clasificación en particular, sino identificar el fin que persigue; y que ese fin, justifique la limitación de dominio que se impone a quien lo sufre. Así por ejemplo, el Decreto Ejecutivo No. 36, de 1998, reconoce distintos tipos de servidumbres viales en una urbanización, según para qué se requieran.

Visto lo anterior, la Sala no puede desconocer el derecho que, al amparo de las normas aplicadas por el Tribunal Superior, le asiste, no sólo a la empresa demandada, sino a quienes utilizan el camino que, desde antes que la recurrente adquiriera la finca, existía a través de ella. Luego, no son aplicables las normas sobre servidumbre de paso como derecho de un único predio sin salida a camino público, porque no son estas las circunstancias advertidas en este proceso por ambas instancias, toda vez que, como ya lo ha mencionado la Sala, no es sólo la propiedad de los Los Naranjos Overseas, aquella que precisa de transitar por los dominios de AES Panamá, S.A., sino varios moradores del lugar donde se ubican ambas fincas.

Bajo este examen, no puede plantearse que se están desconociendo las normas señaladas con ocasión de esta causal, sino las de bienes de dominio público aplicadas por el Tribunal Superior, cosa que definió la Sala.

Para la Sala no escapa que la problemática planteada por la recurrente ensaya el tema sobre servidumbre de paso, en cuyo caso sería de observancia lo establecido en el artículo 547 del Código Civil, que a la letra reza:

Artículo 547. La servidumbre de paso debe darse por el punto menos perjudicial al predio sirviente, y, en cuanto fuere conciliable con esta regla, por donde sea menor la distancia del predio dominante al camino público.

Vista la norma jurídica anterior es del caso establecer que el vicio reclamado por la actora no prospera, ya que el ad quem no se apartó ni violó norma jurídica alguna, al no reconocer la pretensión de la demandante y cuya declaración reclama.

Como resultado, no procede acoger el cargo de antijuridicidad formulado contra el fallo bajo esta modalidad de violación directa.

Descartados las impugnaciones dirigidas contra la sentencia venida en casación, no es conducente acoger la pretensión de la recurrente.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Primera, de lo civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA sentencia dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 29 de mayo de 2007, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía que AES PANAMÁ, S.A. le sigue a Los Naranjos Overseas, S. A. Fija las obligantes costas en la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00).

N..

ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)