Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 23 de Mayo de 2019

Ponente:Angela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución:23 de Mayo de 2019
Emisor:Primera de lo Civil
 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Primera de lo Civil

Ponente: A.R. de Cedeño

Fecha: 23 de mayo de 2019

Materia: Civil

Casación

Expediente: 105-18-

VISTOS:

A fin de emitir pronunciamiento de mérito, la S. Civil de la Corte Suprema de Justicia entra a conocer el recurso de casación interpuesto por M.M.E. MONTES y L.A.E. MONTES en contra de la Sentencia de 16 de enero de 2018 proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas), en el proceso ordinario declarativo que dichos recurrentes le siguen a M.E.V., C.E.V. y M.R.S.S..

ANTECEDENTES

M.M.E. MONTES y L.A.E. MONTES entablaron proceso ordinario cuya pretensión tiene por objeto que se declare la nulidad del testamento abierto otorgado por R.E.V. (Q.E.P.D.), así como lo actuado en el correspondiente proceso sucesorio.

Como fundamento fáctico de su pretensión, señalan los demandantes que el finado E.V. otorgó testamento abierto mediante Escritura Pública No.3412 de 29 de noviembre de 2013, falleciendo el 18 de octubre de 2014. En dicho testamento se instituyó como herederos a los señores M.E.V. y C.E.V., y se designó como albacea al señor M.E.V.. El testamento fue redactado y refrendado por el Licenciado C. De León Díaz, según consta en la respectiva escritura pública.

Expresan los demandantes que el causante padecía una serie de dolencias que afectaban su juicio cabal y lo ponían en situación de incapacidad para testar. En tales condiciones, fue otorgado el testamento abierto, incurriendo en omisiones de requisitos formales, específicamente, lo previsto en el artículo 729 del Código Civil, a saber, la lectura, por sí mismo, del testamento, siempre que el causante fuese enteramente sordo, como es el caso que se presenta. Al respecto, el testamento le fue leído en voz alta, incumpliendo de esta manera la ritualidad prevista en el precitado artículo 729.

Afirman que la rúbrica que aparece en el original del protocolo de la Escritura Pública N°.3412 no es del puño y letra del decujus y que los testigos instrumentales que figuran en dicha escritura no son vecinos ni conocidos del causante. Agregan que el testigo I.G.V., es abogado y despacha en las oficinas del Licdo. C. De León Díaz, siendo este último quien redacta y refrenda el documento testamentario.

Añaden también que en el testamento cuya nulidad se demanda se incluyó una cláusula que dispone la exclusión expresa, como herederos, de cualquier otra persona, familiar o no.

Indican que los señores E.V., aprovechándose de la grave enfermedad del causante, lo convencieron que abandonara la residencia de su hija, M.M.E.M., y lo trasladan a la residencia de C.E.V., manteniéndolo alejado de sus hijos, con el propósito de convencerlo de testar a su favor.

Concluyen señalando que en el otorgamiento del testamento abierto, no se dejó constancia, en presencia de los tres testigos, que estos hayan manifestado textualmente que el causante les haya expresado su última voluntad ante el notario y los testigos.

En su libelo de contestación, los demandados, en sendos libelos, aceptaron los seis primeros hechos y negaron los restantes (séptimo a décimo cuarto), y se opusieron a la pretensión de la parte actora.

Cumplidos los trámites procesales correspondientes a la instancia, la Juez Segunda de Circuito, Ramo Civil, del Segundo Circuito Judicial de Veraguas, dictó la Sentencia No.67 de 21 de marzo de 2017 por la cual negó la pretensión de los demandantes.

La anterior resolución fue apelada por la parte actora, en el acto de notificación, y anunció pruebas en segunda instancia.

Practicadas las pruebas que fueron admitidas, las partes presentaron sus respectivos escritos de sustentación de la alzada y de oposición a la misma.

Mediante Sentencia de 16 de enero de 2018 el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas) confirmó la sentencia apelada.

En contra de esta resolución es que se interpone el presente recurso de casación, respecto del cual la S. conoce y se apresta a decidir.

RECURSO DE CASACION Y CRITERIO DE LA SALA

Los recurrentes han invocado la causal de fondo, en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, el cual se sustenta en cinco motivos que, en general, le endilgan a la sentencia recurrida el yerro consistente en la errónea valoración de una serie de pruebas testimoniales, periciales, documentales y declaración de parte que, según los casacionistas, ha incidido sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado.

Los recurrentes estiman infringidos los artículos 781, 917, 919, 980 y 974 del Código Judicial, así como los artículos 719 y 729 del Código Civil.

En concreto, el primer cargo de injuridicidad que se le endilga a la resolución que se censura consiste en la valoración, contraria a derecho, de las declaraciones testimoniales vertidas por J.M.V. (fs.105-109), J.M.V.Q. (fs.110-113), J.G.P. (fs.114-116) y N.R.C.R. (fs.117-121) quienes fueron contestes en señalar que al causante R.E.V.(.Q.E.P.D.) "había que hablarle fuerte para que entendiera, que se quedaba ido, y que tenía que usar audífonos,

pero no los usaba". Además, dichos testigos fueron coincidentes en circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Según los recurrentes, lo anterior demuestra que el causante, al momento de otorgar el testamento, tenía que haber cumplido con la formalidad prevista en la ley, en el sentido de leer el texto del testamento, no bastando que se le haya leído en voz alta. Ello incidió en lo dispositivo de la sentencia recurrida, pues el tribunal de segunda instancia señaló que ninguno de los testigos intervinientes declaró que el decujus fuera enteramente sordo y, en consecuencia, negó la declaratoria de nulidad solicitada.

A continuación, procede la S. a constatar la existencia en autos, así como el contenido, de las deposiciones de testigos que los casacionistas estiman mal ponderadas y observa que, en efecto, consta en los folios señalados por los recurrentes los correspondientes testimonios, los cuales son contestes en señalar que al finado R.E.V.(.Q.E.P.D.) había que hablarle en tono muy alto para que comprendiera lo que se le decía.

Seguidamente, procede la S. al examen de la valoración que de dichos medios de prueba hizo el tribunal de segundo grado y observa, al folio 290, la reseña que hace el tribunal de apelación, del caudal probatorio aportado al proceso, dentro del cual se hace mención de las declaraciones testimoniales que los casacionistas estiman mal valoradas. Sin embargo, no se aprecia la ponderación hecha por el tribunal de segundo grado, respecto de dichas probanzas. Sin embargo, de las declaraciones de dichos testigos se desprende que el causante no era enteramente sordo.

Por otra parte, al folio 292 se aprecia que no sólo fueron los testimonios los que acreditaron que el causante no padecía una sordera total, sino que consta además el dictamen pericial del médico otorrinolaringólogo que lo examinó, y dictaminó que el decujus no era enteramente sordo, sino que padecía una disminución para escuchar, lo cual no se ajusta al supuesto previsto en el artículo

729 del Código Civil. En consecuencia, procede desestimar este primer cargo de injuridicidad.

En el segundo motivo, los recurrentes le endilgan a la sentencia recurrida el yerro probatorio consistente en la errónea valoración hecha al dictamen del galeno I.L.M. (fs.164-166), quien nunca examinó al paciente, el cual da cuenta que la hipoacusia implica una disminución auditiva, mas no una sordera total. En sentido contrario, los testigos aportados por los demandantes afirman que al causante había que hablarle fuerte para que atendiera.

Procede la S., a continuación, a examinar la existencia en autos de la pieza probatoria que se estima mal apreciada y observa, al folio 165, las afirmaciones hechas por el Dr. L.M. en el sentido que la hipoacusia no constituye sordera, mas sí una disminución de la capacidad auditiva.

A continuación, procede la S. a examinar la valoración que de dicha probanza hizo el tribunal de segundo nivel, y observa, al folio 292, el criterio del ad quem al señalar que la explicación del significado de la hipoacusia, fue ponderado en conjunción con el certificado expedido por el médico otorrinolaringólogo J. de D.N., así como los testigos intervinientes señalados respecto del motivo anterior.

Dado que la certificación expedida por el Dr. N. no constituye prueba que haya sido señalada como mal valorada, hasta el presente momento, no puede la S. determinar el alcance probatorio de la declaración rendida por el Dr. L.M.. No obstante, de señalarse en motivo ulterior que dicha certificación constituye un medio de convicción mal apreciado, la S. retrotraerá la ponderación de dicha pieza probatoria, en conjunción con el dictamen del Dr. L.M..

En consecuencia, y de lo visto hasta el presente motivo, estima la S. que no se configura la causal invocada.

El tercer cargo de injuridicidad que se le endilga a la resolución que se censura, consiste en la declaración de parte rendida por el demandado CESAR

E.V. (fs.122-127), quien afirma que su hermano, el finado R.E.V. conversaba de manera normal con la gente que los saludaba. Tal declaración, alega los recurrentes, proviene de quien no es imparcial y resulta contraria a lo depuesto por los testigos aportados por los demandantes.

Seguidamente, procede la S. al examen del medio de convicción que se estima mal apreciado por el Tribunal Superior y observa, al folio 123, la declaración de parte, del demandado E.V. quien expresa que el causante recibía visitas en su casa, y que se sentaban a conversar con él.

A continuación, este Tribunal procede a examinar la valoración hecha por el tribunal de segunda instancia respecto de la declaración cuya valoración se censura y, si bien consta al folio 290 que dicha declaración de parte forma parte del caudal probatorio examinado por el tribunal de apelación, no se observa en ninguna otra parte de la sentencia recurrida la valoración concreta hecha por el tribunal de segundo grado.

En consecuencia, no es posible determinar el peso probatorio que el tribunal de alzada le atribuyó a dicha pieza probatoria. Por ende, el motivo que se examina no configura la causal invocada.

El cuarto cargo de injuridicidad que se le endilga a la sentencia recurrida consiste en la valoración, contraria a derecho, del informe pericial respecto de la firma o rúbrica estampada por el causante R.E.V., en el testamento cuya nulidad se demanda, visible a fojas 258 a 262, toda vez que la perito del tribunal señaló que se apreciaban modificaciones en los caracteres morfológicos de la firma. Sin embargo, el mismo motivo advierte que dicha perito informó que "no podía emitir un criterio técnico, porque la muestra suministrada presenta características de reproducción por medio de impresión mecánica; siendo que no logró observar características propias de la persona, al momento de ejecutar la firma,...".

Procede la S. a constatar la existencia en autos de la prueba que se estima mal valorada, así como su contenido y observa, a fojas 258 y 261,

respectivamente, la declaración hecha ante el tribunal, por parte de la perito grafóloga, así como el informe pericial. En ambos actos la perito expresa que no emite un criterio técnico al respecto, toda vez que la muestra suministrada constituye fotocopia de los documentos originales, lo cual le impide apreciar a ciencia cierta, características propias de la persona al momento de ejecutar la firma.

Seguidamente, pasa la S. a examinar la valoración hecha por el Tribunal Superior respecto de dicha probanza y observa, al folio 293, el criterio del ad quem al señalar que las pruebas presentadas para acreditar la autenticidad de la firma del decujus fueron escasas, "tal como lo concluyó la perito de criminalística del Ministerio Público (...)".

Respecto de este señalamiento hecho por parte del tribunal de segunda instancia, cabe indicar que la acreditación de un hecho en el proceso no es un problema cuantitativo, sino cualitativo, es decir, no se trata del número de pruebas, sino del grado de certeza que brinde un determinado medio de convicción.

En el presente caso, la autenticidad de la firma, puesta en tela de duda, ha de acreditarse mediante dictamen pericial grafológico. Ahora bien, para cumplir su cometido, el perito requiere de ciertos elementos que reúnan determinadas condiciones fijadas dentro de su área de conocimientos. Si tales elementos resultan insuficientes, resulta claro que el perito no podrá cumplir su misión de manera óptima, y lo que declare respecto de su pericia no podrá tener todo el peso probatorio que tendría si el peritaje se hubiese llevado a cabo contando con todos los elementos requeridos.

Así, lo declarado por la perito grafóloga, en el sentido que se observan modificaciones en los caracteres grafológicos de la firma, no puede constituir prueba plena de la falta de autenticidad de la firma, puesto que la misma perito declinó brindar un informe técnico dada la insuficiencia de elementos idóneos para efectuar su pericia.

No se trata de una escasez de pruebas, se trata de escasez de elementos

necesarios para un adecuado peritaje.

Procede pues, desestimar este cuarto cargo de injuridicidad.

En el quinto y último motivo, los recurrentes le endilgan a la sentencia recurrida el yerro probatorio consistente en la errónea valoración de la certificación expedida por el médico otorrinolaringólogo J. de D.N. de la Cadena, consultable al folio 46, quien atendía al causante desde el año 2,000. Según la certificación, el causante E.V. padecía hipoacusia II y III, "que le dificultaba escuchar, por lo que le recomendó el uso de auxiliares auditivos, para mejorar su audición". Con ello, el tribunal de apelación pasó por alto que el testador tenía que leer su propia disposición testamentaria.

Previo al examen del medio de prueba que se estima mal valorado, es menester que la S. se pronuncie respecto del contenido de dicho motivo, toda vez que el artículo 729 del Código Civil dispone que es menester la lectura del testamento respecto del que fuese enteramente sordo, no del que tenga dificultad auditiva.

Seguidamente, procede la S. a constatar la existencia en autos de la pieza probatoria que se estima mal valorada, así como su contenido y observa que, efectivamente, consta al folio 46, la copia autenticada ante notario del documento membretado con el nombre y especialidad del Dr. J. de D.N. De La Cadena, Cirujano Otorrinolaringólogo, el cual hace constar que atendió al paciente R.E.V. y, a continuación, parece describir, de manera ilegible, la dolencia del paciente. Dicha constancia aparece fechada al 23 de mayo de 2015 y firmada por J.N..

Si bien no consta de manera clara el padecimiento por el cual fue atendido el causante E.V., de la lectura del libelo de casación, así como del fallo de alzada no parece surgir discrepancia entre las partes respecto del hecho que dicho achaque se trataba de hipoacusia en diversos grados, por lo que este Tribunal lo tendrá como tal, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 784 del Código Judicial.

A continuación, procede la S. a examinar la valoración que de dicha pieza probatoria hizo el tribunal de segundo nivel y observa, al folio 290, la mención que hace el tribunal de alzada respecto de dicha probanza dentro del caudal probatorio y, al folio 292, consta la valoración hecha por el tribunal de segundo grado, del medio de convicción que se examina, en conjunción con la declaración del galeno I.L.M., así como las deposiciones de los testigos, todo lo cual acredita que el decujus no era enteramente sordo.

A juicio de esta Corporación, las referidas pruebas, examinadas en su conjunto, no dejan saldo de duda acerca de la sordera parcial que padecía el finado E.V., por lo que no se advierte error de valoración en la prueba que se examina en el presente motivo.

Al no justificarse este último cargo de injuridicidad, es el criterio de la S. que no procede casar la sentencia recurrida, lo cual se declara a continuación.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 16 de enero de 2018 proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en el proceso ordinario que M.M.E. MONTES y L.A.E. MONTES le siguieran a M.E.V., C.E.V. y M.R.S.S..

Las costas del recurso de casación se fijan en la suma de CIENTO CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.150.00).

N.,

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN

SONIA F. DE CASTROVERDE

(Secretaria)