Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 29 de Enero de 2019

Ponente:Angela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución:29 de Enero de 2019
Emisor:Primera de lo Civil
 

VISTOS:

Los apoderados judiciales de N.V.D. presentaron recurso de casación contra la Sentencia No.148 de 25 de noviembre de 2016 emitida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, la cual confirma la Sentencia No. 6 de 18 de abril de 2016 del Juzgado Primero Agrario de la provincia de Los Santos, que negó la pretensión del demandante.

El demandante N.V.D. pretende el lote de seis hectáreas con mil cuatrocientos veintiséis con noventa y dos metros cuadrados (6 HAS 1,426.92 mts2) que se incorporaron dentro de la finca No. 36865, documento 1193242 de la provincia de Los Santos de propiedad de M.D.C.V.D.C., J.L.V.B., B.E.V.D.V. y D.A.V.V., la cual posee una superficie de cuarenta y ocho hectáreas con cuatro mil ciento treinta y ocho metros cuadrados (48 HAS 4138mts2).

ANTECEDENTES QUE DIERON LUGAR AL RECURSO

Como antecedentes que dieron lugar a la interposición de este recurso extraordinario, tenemos que N.V.D. presentó una demanda agraria que quedó radicada en el Juzgado Primero Agrario de la provincia de Los Santos.

En su demanda de tres hechos, solicita que se profieran tres declaraciones a saber:

Que N.V.D. ha venido ejerciendo la posesión agraria por más de treinta años en el lote de terreno de 6 hectáreas con 1,426.92mts2, identificados en el plano levantado por C.O.V.S. que posee como linderos: Norte: terreno nacional, usuario N.V.D., Sur: Resto libre de la finca No. 36865, documento 1193242 de propiedad de D.A.V., M.D.C.V.D.C., J.L.V.B. y B.E.V.D.V.; ESTE: Resto libre de la finca 36865, documento 1193242 de propiedad de D.A.V., M.D.C.V.D.C., J.L.V.B. y B.E.V.D.V.; Oeste: terreno nacional, usuario N.V.D., ubicada en el corregimiento de la Miel, Distrito de las Tablas, provincia de Los Santos. Valor asignado: B/.26,000.00.

Que se declare que M.D.C.V.D.C., J.L.V.B., B.E.V.D.V. y D.A.V.V. nunca han poseído el globo de 6 hectáreas con 1,426.92mts2 como descritos en el plano levantado por C.O.V.S., “que por error, en los trámites de titulación ante la Dirección Nacional de Reforma Agraria, ahora AUTORIDAD NACIONAL DE TIERRAS (ANATI), fue incluida en la finca 36865, documento 1193242, de la Provincia de Los Santos”, y en consecuencia la titulación es ilegal.

Que M.D.C.V.D.C., J.L.V.B., B.E.V.D.V. y D.A.V.V., como propietarios inscritos de la finca 36865, documento 1193242, de la provincia de Los Santos que posee como linderos: NORTE: S.A.D.A., Río Oria; SUR: J.F.D.E., E.A.M., Á.M.M.A.; ESTE: Á.M.M.A., D.M.M., Á.M.M.A., G.M.G.D.G.; OESTE: N.V.D. y SOROASTRO ANTONIO DELGADO ACEVEDO, la cual tiene una superficie de 48 hectáreas con 4,138 metros cuadrados, ubicado en el corregimiento de La Miel distrito de las Tablas; provincia de Los Santos, están obligados a transferir el dominio a favor del señor N.V.D. del lote de terreno de 6 hectáreas con 1,426.92 metros cuadrados descritos en el plano levantado por el señor C.O.V.S., licencia 2003-304-013, cédula 7-91-2226 que consta de los siguientes linderos: Norte: terreno nacional, usuario N.V.D., Sur: Resto libre de la finca No. 36865, documento 1193242 de propiedad de D.A.V. Y OTROS; ESTE: Resto libre de la finca 36865, documento 1193242 de propiedad de D.A.V. y OTROS; Oeste: terreno nacional, usuario N.V.D., ubicada en el corregimiento de la Miel, Distrito de las Tablas, provincia de Los Santos, el cual se le asigna un valor de veintiséis mil balboas (B/. 26,000.00).

Como hechos que apuntalan sus declaraciones narra el señor N.V.D., que mediante escritura pública D. N. DN7-UTO-02227 de 27 de marzo de 2007, la Dirección General de Reforma Agraria, adjudicó a título oneroso a M.D.C.V.D.C., J.L.V.B., B.E.V.D.V. y D.A.V.V. el fundo con número 36865, documento 1193242 de la provincia de Los Santos, identificada en el plano con número 7570083520006 de 12 de junio de 2001.

Menciona en su segundo ordinal que por error se incluyó dentro de la superficie de la propiedad con numero 36865 su lote de terreno de seis hectáreas con 1,426.92 metros cuadrados, que fueron determinados en el plano de C.V.S. con licencia 2003-304-013 y cédula número 7-91-2226, que ha sido ocupado por más de treinta años y al curso de la demanda lo sigue haciendo. El predio es dedicado a la actividad ganadera de forma pública y pacífica.

Recuenta el demandante que cuando se percató del error acudió a la Autoridad Nacional de Tierras a proceder con el trámite de corrección, no obstante, después de confeccionado el plano para realizar la segregación “los formales propietarios se niegan a firmarla, aduciendo que no saben si en otras parte (sic) de la finca les falta tierra a Ellos (sic), cosa que no guarda relación con el terreno que ha venido ocupando”. (fs. 6)

La demanda admitida fue contestada por los actuales propietarios, quienes ripostaron que se está frente a un proceso de reivindicación, que no comprenden cómo puede el actor ocupar por más de treinta años un fundo, si ellos son dueños del mismo desde hace seis años. Agregaron, que se carecía de competencia para dilucidar el presunto error en superficie y linderos e insisten en que son dueños de la totalidad de la propiedad. Invocaron como excepción falta de legitimación activa.

La excepción fue resuelta en el Juzgado Primero Agrario de la Provincia de Los Santos luego de la audiencia preliminar del 19 de diciembre de 2013. En ella, el despacho de primera instancia emitió el Auto No. 212 de esa misma fecha en la que no se declaró como probada esa excepción. Resolución que fue revocada por Sentencia No.25 de 10 de febrero de 2014 del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial y casada por la Sala en sentencia del 10 de diciembre de 2015 (fs. 151).

El proceso continuó y se produjo la audiencia de fondo que generó a su vez en la sentencia No. 6 de 18 de abril de 2016 (fs. 277) que no concedió la pretensión del demandante. La sentencia estableció que fundo del actor está inmerso dentro de la finca No. 36865, cuyo título lo exhiben los demandados y que el demandante es el quien está poseyendo el inmueble ejerciendo la ganadería; sin embargo, de acuerdo con el análisis de la jueza agraria existe una contradicción, pues no se puede reivindicar lo que no se ha perdido. El actor posee, en estos momentos, su lote y más adelante este hecho, la posesión agraria puede primar sobre el título de propiedad. (fs. 283 y 284)

La sentencia del juzgado de primer grado es sometida a la alzada siendo confirmada por la Sentencia Civil No.148 de 25 de noviembre de 2016 (fs. 300). Como extracto trascendente para validar la decisión del juzgado de primer nivel el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial afirmó que el demandado no ha “sido desposeído fácticamente de la tierra” (fs. 308) y que equivocó la vía para reclamar su fundo el cual posee.

Con estas palabras concluye su razonamiento afirmando: “Luego entonces, el demandante, aun cuando ejerce la posesión con las características propias de la propiedad agraria se encuentra en la situación, que amerita la intervención legal a fin de ser restituido de su derecho a la propiedad, toda vez que la posesión la ejerce. Es por ello, que consideramos que el demandante ha equivocado la vía procedimental para demandar la restitución del derecho a la propiedad, que le corresponde de acuerdo a (sic) lo probado a través de la presente causa”. (fs. 309)

El demandante presenta el recurso de casación contra esta decisión, que fue ordenado a enmendar con el auto de 4 de agosto de 2017 y su admisión definitiva acaeció bajo la resolución del 10 de octubre de 2017.

RECURSO DE CASACIÓN

El recurso de casación enmendado por orden de la Sala posee una sola infracción de normas sustantivas; esta es en el concepto de violación directa de la norma de derecho. Vale la pena reproducir su único motivo:

PRIMERO: Que el fallo impugnado, pese a reconocer probada la propiedad agraria de nuestro representado, N.V.D., sobre lote de terreno lote de terreno (sic) de 6 hectáreas, con 1,426.92 metros cuadrados, como descritos en el plano levantado por el señor C.O.V.S., Licencia 2003-304-013, cédula 7-91-2226, que consta de los siguientes linderos: NORTE: Terreno Nacional, usuario N.V.D.; SUR: Resto libre de la finca 36865, documento 1193242 de propiedad de D.A.V. y OTROS; ESTE: Resto libre de la finca 36865, documento 1193242 de propiedad de D.A.V. y OTROS; y OESTE: Terreno Nacional, usuario N.V.D.; ubicada en el corregimiento de La Miel, distrito de las Tablas, provincia de Los Santos, niega el derecho que le corresponde en virtud de dicho derecho a la restitución del lote de terreno descrito, contradiciendo el texto claro de la norma, haciéndola producir efectos contrarios a lo que la misma norma establece y por lo tanto desconociendo el derecho en ella consagrado, violando de manera directa el principio de derecho agrario que establece que el poseedor material debe prevalecer sobre el poseedor inscrito, a (sic) contrario de lo que sucede en el derecho civil

.

Como normas quebrantadas, está el artículo 10 del Código Agrario, que a criterio del recurrente en casación fue violado directamente por comisión. Arguye que, aunque se haya dejado plasmado en el fallo de segunda instancia que él mantenía la posesión agraria del lote de terreno pretendido, se negó su restitución, infringiendo el principio de la propiedad agraria como lo evoca el artículo enunciado.

Explica, que hubo un despojo del contenido que se desprende de este precepto jurídico, pues se negó la consecuencia lógica del artículo 10 y que requería del auxilio de los tribunales, a fin de componer la lesión causada a este derecho.

Otra norma vulnerada, según el demandante, es el artículo 9 del Código Agrario relativo a la propiedad agraria. En la sentencia de segunda instancia se reconoce que el demandante ejerce “la función social del globo de terreno”, mas se niega el derecho de propiedad. La actividad productiva es perjudicada, ya que se niega el contenido del derecho, al conservar el título de propiedad como está a la parte demandada y obstaculiza el derecho del empresario agrario real, contrario a lo que contempla el Código Agrario en este artículo, que exalta la protección “reivindicatoria del verdadero propietario agrario, posesivo y empresarial". (fs. 353)

Los artículos 1783 y 1784 del Código Civil relativos a la inscripción de los inmuebles y su armonización con la realidad fáctica fueron violados directamente por comisión, pues se acepta que el título inscrito a favor de los demandados tiene una superficie que no corresponde a lo que se demostró en campo en detrimento del propietario agrario.

El precepto 431 del Código Civil fue infringido por violación directa por comisión. La afirmación se circunscribe de acuerdo con el casacionista en que aunque se reconoce la posesión y la propiedad agraria del impugnante, mantiene el título de propiedad en manos de la parte demandada.

Finalmente, el artículo 582 de nuestra norma sustantiva sobre la reivindicación. El casacionista explica que pese la claridad de la norma y que se manifestó que él tenía la propiedad agraria y que la parte demandada tiene titulado ese globo del terreno, la sentencia impugnada negó la restitución de la propiedad agraria y el contenido del derecho de la propiedad agraria.

POSICIÓN DE LA SALA CIVIL

La violación directa de la norma como concepto de infracción de normas sustantivas de derecho posee la particularidad, que el juez de segunda instancia en su decisión comprende como acreditados los hechos que se configuran como el supuesto de hecho aplicable a un precepto jurídico, subsume la norma pero no le asigna las consecuencias jurídicas que consagra. O bien, probado el supuesto de hecho que diera lugar a la aplicación de un artículo, el mismo es soslayado por el juez.

Descrito el recurso presentado por el señor N.V.D. y revisada la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial; se constata fehacientemente lo mencionado por el casacionista en su motivo: el ad quem en la ilación de su silogismo, sostuvo que el señor N.V.D. probó la propiedad agraria sobre las seis hectáreas con 1,426.92mts2. (fs. 305).

El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, luego de ponderar los medios de convicción como lo fueron las deposiciones de los señores M.V., J.G. y J.M., quienes según el tribunal de alzada, coincidieron en aseverar que el demandante ocupaba y ejercía posesión sobre el lote identificado y lo analizado por los peritos: los señores J.G.R. y B.G., que comprobaron que el fundo descrito por el demandante se encuentra dentro de la finca No. 36865 de propiedad de los demandados (fs. 307), dedujeron lo que a continuación se transcribe y que es fundamental para el concepto invocado:

Ha quedado demostrado que el demandante ha ejercido y ejerce la función social del globo de terreno cuya reivindicación reclama mediante esta acción promovida ante el Juzgado Primero Agrario de la Provincia de Los Santos

. (fs. 308)

Sin embargo, a pesar de tal reconocimiento a seguidas continúa su análisis con lo siguiente:

… De lo explicado anteriormente, de acuerdo a la interpretación que se nos ha dado dentro del fallo en el cual, la Corte Suprema de Justicia reconoce la legitimidad activa del demandante para actuar dentro de esta causa, apoyándose en la interpretación integral del artículo 587 del Código Civil y el 10 del Código Agrario, para reconocer la propiedad agraria, con características muy particulares y diferentes a la propiedad civilísima, se destaca que en el derecho agrario la propiedad se ejerce a través de la posesión, por lo que, de mantener el demandante la posesión con ello está demostrando ejercer la propiedad sobre el globo de terreno objeto del proceso, pero también se ejerce la posesión, no ha sido desposeído fácticamente de la tierra. Luego entonces, el demandante, aun cuando ejerce la posesión con las características propias de la propiedad agraria, se encuentra en la situación, que amerita la intervención legal a fin de ser restituido de su derecho a la propiedad, toda vez que la posesión la ejerce. Es por ello, que consideramos que el demandante ha equivocado la vía fundamental para demandar la restitución del derecho a la propiedad, que le corresponde de acuerdo a lo probado a través de la presente causa.

Por consiguiente, no le cabe entonces al demandante la acción reivindicatoria, a fin de reclamar y defender el derecho a la propiedad, que le asiste con respecto al globo de terreno de 6 hectáreas con 1,426.92 m2, ubicado en el corregimiento de La Miel, Distrito de Las Tablas, pues esta acción tiene como propósito restituir la posesión al propietario que ha sido desposeído

. (fs. 309. Resalto es de la Sala.)

Sin duda, lo transcrito revela un contrasentido que genera la infracción de los artículos 9 y 10 ambos citados por el casacionista y el artículo 5 del Código Agrario. Explicamos.

El artículo 10 reconoce a la propiedad agraria como posesiva, que acarrea la ejecución o puesta en desarrollo de una actividad productiva. Esta actividad productiva bajo el amparo del derecho agrario debe ir dirigida al aprovechamiento del bien agrario, definido en el numeral 3 del artículo 2 de esta normativa especial, como aquel que se destine a una actividad agraria.

Este concepto conduce a otro importante y que le otorga los matices, por los que se debe interpretar y aplicar el cumplimiento de esta normativa especial. La actividad agraria.

Una actividad agraria es según el artículo 11, aquella que se realiza en “el desarrollo del ciclo biológico, vegetal o animal”, ciclo que cumple una función social, económica, ambiental, de seguridad alimentaria y de uso sostenible. Todos estos conceptos definidos y delimitados en el artículo 2 del Código ya citado.

El señor N.V.D. disfruta de una propiedad agraria, identificada por los peritos; posesiva, como se observa, porque no ha podido materializar frente a terceros, a través de la obtención de un título inscrito, el hecho jurídico probado de posesión con ribetes de dueño. Contexto disímil a lo que ocurre en materia civil. Empero, no por esta falencia posee menor protección legal para hacer valer sus derechos.

A pesar de habérsele reconocido la propiedad agraria de una finca delimitada y con una superficie de seis hectáreas con 1,426.92mts2 no se emitieron las declaraciones requeridas, fundamentándose en un precepto jurídico que no era aplicable al caso: la reivindicación de la propiedad. A ello, nos referiremos más adelante.

La pretensión formulada por el actor en cuanto al respeto de su sus linderos, superficie y fundo debió ser justipreciada desde otra perspectiva, pero no argumentar que el demandante equivocó su vía, para el reclamo de sus derechos como lo adujo el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

El principio latino Iura novit curia “el juez conoce el derecho” debió ser implementado y más cuando el juzgador agrario debe buscar siempre que los derechos sustantivos de las partes sean efectivos, de acuerdo con el artículo 170 del Código Agrario.

Retomando la afirmación del enfoque inadecuado de cómo se abordó el proceso, por medio de la vía de la reivindicación agraria y que, a criterio del actor, se vulneró el artículo 582 del Código Civil. La Sala examina que no fue infringido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial. A continuación, el precepto mencionado:

La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de la que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla.

Esta acción no procede contra el tercer poseedor inscrito que se halle en los casos de la segunda pate del artículo 1762 y de la primera parte del artículo 1763. En este evento la acción procedente es la que establece el artículo 591

. (Resalto de la Sala)

La reivindicación agraria toma su fuente de la normativa civil; sin embargo, debe tomarse en consideración, la finalidad del derecho agrario en la aplicación e interpretación de este instituto jurídico; esto es, el respeto de la propiedad agraria, como vimos desde un punto de vista posesivo y del ejercicio de la actividad agraria. En esa línea, esta figura jurídica posee como noción la restitución de la cosa a la persona, que ostenta la calidad de dueño y que fue despojada de su posesión. Quien confisca la posesión al dueño es otra persona, que carece de esa condición. En términos simples, el demandado debe ser una persona que no posee el título de dueño y posea la cosa que el demandante reclama.

En este proceso la ley ampara a los demandados, quienes tienen un título inscrito y que disfruta algún grado de valía frente al derecho del demandante y es por esta razón que no es aplicable la reivindicación agraria, porque los demandados no han despojado la posesión del actor, que de hecho ocupa el predio; no obstante y es lo que se comprueba en este expediente es que existe un error en los linderos y cabida superficiaria de la finca No. 36865, inscrita al documento 1193242 de la provincia de los Santos, cuando se confeccionó el título a favor de los demandados.

S. este hecho demostrado por parte del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, también conllevó a la infracción de las normas relacionadas al Derecho Registral y al mantenimiento e identidad entre la realidad de campo con la registral.

La declaración peticionada por el demandante tenía como respaldo jurídico el artículo 1783 enunciado en su recurso y 1784 ambos del Código Civil. La reducción de la superficie del inmueble da lugar a su cancelación parcial del Registro Público y ello se obtiene a través de una sentencia ejecutoriada.

Estos dos preceptos jurídicos son correlativos con el principio de Publicidad Registral que se vislumbra en el artículo 1744 de nuestra norma sustantiva que establece que “los instrumentos que se otorguen las cosas y cantidades serán determinadas de una manera inequívoca” y si se trata de inmuebles deben hacerse constar su naturaleza, situación, cabida, linderos, calle o número y nombre del inmueble, aspectos que pueden ser susceptible de enmiendas.

Este artículo es conexo con el numeral 2 del artículo 1753 del Código Civil que impone como objetivos del Registro Público dar “eficacia y publicidad a los actos y contratos que le imponen gravámenes o limitaciones al dominio de los mismos bienes”. Un tercero que se acerca al Registro Público y visualiza la superficie y cabida de propiedades, puede verse afectado ante inexactitudes de información. Cualquier persona de acuerdo con el artículo 1755 del Código Civil puede consultar sus inscripciones.

Para culminar con la solución a la pretensión del demandante es menester aplicar el artículo 1760 del Código Civil que preceptúa:

Si en alguna inscripción se omite expresar cualquiera de las circunstancias generales o especiales exigidas por la ley, o si se expresaren de distinto modo de como aparecen en el título podrá rectificarse en cualquier tiempo a solicitud del interesado…

. (Resalto de la Sala)

El plano que conforma el título de los demandados posee una inexactitud, que puede ser enmendada en cualquier tiempo por el interesado; es decir, el demandante, quien está legitimado para requerirlo como propietario agrario no inscrito.

Estas infracciones han sido significativas en la parte resolutiva de la decisión y afectaron la configuración de un ejercicio completo de la propiedad agraria de parte del actor, quien vio menoscabado su derecho a que se le reconozca por parte de la autoridad administrativa el dominio de la propiedad agraria, con el objetivo de exhibir el mismo ante terceros conforme el artículo 1761 del Código Civil; esto es, dejar de ser un propietario agrario, no inscrito a uno inscrito y poder aspirar a otros derechos de carácter económico de su inmueble.

Por otro lado, se conculcó el artículo 431 del Código Civil que alude a que la posesión como hecho no puede asignarse a dos personas distintas “fuera de los casos de indivisión”. Mantener las condiciones como están es perpetuar un yerro que puede afectar a terceros y que va en detrimento de las relaciones jurídicas que puede enfrentar el demandante propietario agrario no inscrito ante terceros.

En consecuencia, lo que procede es casar la sentencia No.148 de 25 de noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Como tribunal de instancia corresponde revocar en todas sus partes la Sentencia No.6 de 18 de abril de 2016 del Juzgado Primero Agrario de la provincia de Los Santos y conceder las pretensiones declarativas del demandante, toda vez que los peritos de este proceso corroboraron que el predio de seis hectáreas con 1,426.92mts2 está dentro del globo de terreno que está inscrito en el Registro Público a favor de los demandados. Además, que los testigos aseveraron que es el demandante, quien ocupa y posee el fundo en actividades de ganadería.

Igualmente, por medio de la Sentencia del 10 de diciembre de 2015 de la Sala Civil se dejó sentado en este expediente que “el tema de decisión es comprobar que el demandante ocupa verdaderamente el terreno que alega poseer bajo los criterios expuestos, para poder rectificar los linderos del predio y armonizar la realidad registral con la de campo, como ya se manifestó”. (fs. 159).

La conclusión que se dictó en la Sentencia del 10 de diciembre de 2015 está fundamentada en la competencia que poseen los tribunales agrarios de acuerdo con el artículo 166 de esa norma sustantiva. Entre las causas agrarias que pueden atender aquellos despachos están: “la protección de la posesión agraria y de los conflictos que surjan entre particulares al respecto” y el numeral 11 que enmarca la competencia para “la inspección ocular de medidas y linderos en predio agrario”.

Estábamos frente a un traslape de dos propiedades: una de características agrarias y una basada en nuestra legislación civilista; sin embargo, la controversia se evaluó a través de los lineamientos que contempla la reivindicación, lo cual es a todas luces desacertado.

Por último y de conformidad con el artículo 1074 del Código Judicial, se impondrán costas en contra de los demandados, por no cumplir con las excepciones que acuerda el precepto 1071 de nuestra norma de procesos civiles. Costas que serán reducidas en un treinta por ciento, debido a la reducida complejidad del proceso.

Por las consideraciones expuestas, LA SALA PRIMERA DE LO CIVIL, DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: CASA la Sentencia No.148 de 25 de noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Como tribunal de instancia REVOCA la Sentencia No.6 de 18 de abril de 2016 del Juzgado Primero Agrario de la provincia de Los Santos y en consecuencia se procede a efectuar las declaraciones pedidas por el señor N.V.D.:

PRIMERO

Que N.V.D. ha venido ejerciendo la posesión agraria por más de treinta años en el lote de terreno de 6 hectáreas con 1,426.92mts2, identificados en el plano levantado por C.O.V.S. que posee como linderos: Norte: terreno nacional, usuario N.V.D., Sur: Resto libre de la finca No. 36865, documento 1193242 de propiedad de D.A.V., M.D.C.V.D.C., J.L.V.B. y B.E.V.D.V.; ESTE: Resto libre de la finca 36865, documento 1193242 de propiedad de D.A.V., M.D.C.V.D.C., J.L.V.B. y B.E.V.D.V.; Oeste: terreno nacional, usuario N.V.D., ubicada en el corregimiento de la Miel, Distrito de las Tablas, provincia de Los Santos. Valor asignado: B/. 26,000.00.

SEGUNDO

Que M.D.C.V.D.C., J.L.V.B., B.E.V.D.V. y D.A.V.V. nunca han poseído el globo de 6 hectáreas con 1,426.92mts2 descritos en el plano levantado por C.O.V.S., que por error, en los trámites de titulación ante la Dirección Nacional de Reforma Agraria, ahora AUTORIDAD NACIONAL DE TIERRAS (ANATI), fue incluida en la finca 36865, documento 1193242, de la Provincia de Los Santos.

TERCERO

Que M.D.C.V.D.C., J.L.V.B., B.E.V.D.V. y D.A.V.V., como propietarios inscritos de la finca 36865, documento 1193242, de la provincia de Los Santos que posee como linderos: NORTE: S.A.D.A., Río Oria; SUR: J.F.D.E., E.A.M., Á.M.M.A.; ESTE: Á.M.M.A., D.M.M., Á.M.M.A., G.M.G.D.G.; OESTE: N.V.D. y SOROASTRO ANTONIO DELGADO ACEVEDO, la cual tiene una superficie de 48 hectáreas con 4,138 metros cuadrados, ubicado en el corregimiento de La Miel distrito de las Tablas; provincia de Los Santos, están obligados a transferir el dominio a favor del señor N.V.D. varón, mayor de edad, panameño, casado con cédula de identidad personal 7-46-168 y domicilio en El Cocal, carretera principal a Peña Blanca, barrio de Miraflores, distrito de las Tablas, el lote de terreno de 6 hectáreas con 1,426.92 metros cuadrados descritos en el plano levantado por el señor C.O.V.S., licencia 2003-304-013, cédula 7-91-2226 que consta de los siguientes linderos: Norte: terreno nacional, usuario N.V.D., Sur: Resto libre de la finca No. 36865, documento 1193242 de propiedad de D.A.V. Y OTROS; ESTE: Resto libre de la finca 36865, documento 1193242 de propiedad de D.A.V. y OTROS; Oeste: terreno nacional, usuario N.V.D., ubicada en el corregimiento de la Miel, Distrito de las Tablas, provincia de Los Santos, el cual se le asigna un valor de veintiséis mil balboas (B/. 26,000.00).

CUARTO

Ordena al Registro Público a realizar las cancelaciones parciales correspondientes a la finca No. 36865, documento 1193242 de la provincia de Los Santos, a fin de que la cabida y la superficie de la propiedad estén acorde con la realidad extra registral.

QUINTO

CONDENA a los demandados a cancelar a favor del demandante la suma de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA BALBOAS (B/. 3,640.00) en concepto de costas de primera instancia.

N.,

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)