Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 17 de Enero de 2019

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución:17 de Enero de 2019
Emisor:Primera de lo Civil

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Primera de lo Civil

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 17 de enero de 2019

Materia: Civil

Casación

Expediente: 150-17

VISTOS:

Vencidos los trámites de lugar, corresponde a esta S. Primera de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia, resolver el recurso de casación promovido por A.E.G.A., contra la sentencia de 6 de febrero de 2017, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, con motivo del proceso ordinario que CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A. ha propuesto en su contra.

Mediante la prenombrada resolución se confirmó la Sentencia No.42 de 13 de septiembre de 2011, dictada por el Juzgado Quinto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y se condenó en costas al apelante, mismas que fueron tasadas en la suma de cien balboas (B/.100.00).

Agotadas las fases procesales correspondientes, luego de acatada la orden de corrección librada por esta M., del libelo en que el casacionista fundamentó su disenso con el pronunciamiento vertido por el Ad quem, fueron admitidas las dos (2) modalidades de fondo invocadas, a saber, error de hecho sobre la existencia de la prueba, y error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Cumplida esta etapa, atañe a esta S. Colegiada entrar a resolver el presente negocio; no obstante, es necesario exponer de forma preliminar, y a modo de ilustración, un resumen de los antecedentes, para luego adentrarse en el estudio de las causales invocadas, y de los motivos que les dan fundamento.

ANTECEDENTES

CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A. demandó por la vía ordinaria a A.E.G.A., con la finalidad de que el mismo sea condenado a pagar la suma de treinta y nueve mil ochocientos veinticuatro balboas con 14/100 (B/.39,824.14) en concepto de capital, más gastos, costas e intereses que se produzcan hasta la cancelación total de la deuda, producto del incumplimiento por parte de este, del contrato de prestación de servicios comerciales, celebrado entre los litigantes.

Luego de ser sometido a las reglas de reparto, este negocio fue adjudicado al Juzgado Quinto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y admitida la demanda, se tuvo por notificado al opositor, con sustento en el artículo 1020 del Estatuto Procedimental.

Vencido el término de traslado, saneamiento y la etapa de práctica de pruebas y alegatos, la Juez primaria adjunta desató la litis a través de la Sentencia No.42 de 13 de septiembre de 2011 (cfr.fs.80-85), que declaró probada la pretensión ensayada, condenando en consecuencia a A.G. a pagar la suma de B/.39,824.14, y a cancelar un monto de B/.6,275.38, en concepto de costas de primera instancia, ordenando además liquidar por Secretaría los intereses y gastos del proceso.

Contra dicho pronunciamiento, el demandado anunció y sustentó recurso de apelación, y vencidos los trámites consiguientes, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, dispuso a través del fallo recurrido mediante recurso extraordinario de casación:

"...En mérito de lo expuesto, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia No.42 proferida el 13 de septiembre de 2011, por el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Circuito Judicial, en el Proceso Ordinario propuesto por CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A. contra A.G.A..

Las costas de segunda instancia a cargo de la parte demandante se fijan en CIEN BALOBAS (sic)" (fs.115-116)

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y DECISIÓN DE LA SALA.

En lo tocante a las dos modalidades de fondo invocadas por el casacionista, contra el fallo habido en apelación, será objeto de análisis por parte de esta S., el primer concepto de fondo, correspondiente a error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, el cual se encuentra sustentado en un sólo motivo, con el siguiente tenor:

"MOTIVO ÚNICO. La Sentencia impugnada dejó de valorar la prueba documental que reposa a foja 57-58 del expediente, la cual consiste en el Informe Pericial de Inspección Judicial realizado a la empresa CABLES & WIRELESS PANAMÁ, S.A., rendido por el Licenciado L.E.C.G., de fecha 27 de mayo de dos mil once (2011).

La decisión recurrida se equivocó por ignorar esta prueba, pues de acuerdo al referido elemento probatorio, la obligación reclamada corresponde al TALLER DE R.M. RÍOS y no al supuesto propietario del TALLER DE R.M., es decir el señor A.E.G.A., circunstancia desconocida por el ad quem, lo cual influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado." (fs.148)

Como normas de derecho infringidas por el Tribunal Superior, el recurrente identifica los artículos 780, del Código Judicial, así como el artículo 976 del Estatuto Civil.

Con prelación al necesario análisis de la prueba que se individualiza como no ponderada, atañe recordar que la modalidad de casación consistente en error de hecho sobre la existencia de la prueba, se configura cuando en la decisión de segunda instancia se desconoce un medio de constatación válidamente aportado al juicio, o por el contrario, se valora una pieza de convicción que no forma parte del proceso, como integrante del caudal probatorio.

Abordada esta materia, visto el contenido de la resolución bajo escrutinio, y confrontado el mismo con el cargo de antijuricidad presentado contra ese fallo, esta M. observa que ciertamente el susodicho informe pericial, fue pasado por alto en la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Ahora bien, resulta indispensable determinar si esta omisión es lo suficientemente significativa como para afectar lo dispositivo del pronunciamiento cuestionado, de manera que, si se hubiera considerado la prueba en cuestión, el desenlace de la apelación hubiese sido diferente.

Recordando el cargo de antijuridicidad dirigido contra el fallo proferido en sede de apelación, el mismo radica en que según el impugnador, al no valorarse el resultado de la inspección judicial, visible a fojas 57 y 58 del dossier, se pasó por alto que la obligación reclamada corresponde al TALLER DE R.M. RÍOS, y no al supuesto propietario del TALLER DE R.M., esto es, el señor A.E.G.A..

Respecto a tal informe pericial, el mismo fue rendido por el contador público autorizado L.E.C.G., con motivo de la inspección judicial realizada el día 18 de mayo de 2011, en las oficinas de la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., la cual buscaba hacer constar la información de saldo del deudor A.G.A..

En su dictamen, dicho especialista estableció que el opositor debía la suma de B/.49,979.26, y señaló que llegó a tal conclusión, después de examinar la documentación autenticada con el sello de la empresa demandante, identificada como Consulta a la facturación, de la Cuenta 16-802436-0000-6, a nombre de TALLER DE R.M.R., cuyo representante legal es A.G.A., portador de la cédula de identidad personal No.3-92-469.

Particularmente, ese auxiliar judicial aseveró haber utilizado en la confección de su experticia, la factura No.110022547980, de 13 de diciembre de 2010, legible a foja 68, como parte del anexo incorporado al dictamen pericial, compuesto por documentación entregada durante la diligencia de inspección judicial (fs.59-73), así como los contratos de servicios que reposan de foja 3 a 7 del cuadernillo de pruebas de la parte actora.

En atención a lo anterior, se hace necesaria la revisión de los pliegos, empleados por el comentado contador público autorizado, para arribar a sus conclusiones, puesto que constituyen el fundamento de que se valió para absolver la materia sometida a sus conocimientos.

Así pues, al fijar la atención en la primera serie de documentos utilizada por el perito L.E.C.G., aportados durante la fase de presentación de las piezas de convicción (las solicitudes de servicios comerciales de datos), esta Superioridad se percata de que las mismas revisten de autenticidad.

La razón de esta deducción, radica en que estos documentos privados, firmados por el demandado, no fueron objetados por dicho litigante, debido a que el mismo optó por no comparecer al proceso, sino hasta después de dictada la sentencia de primera instancia, con lo cual se entienden reconocidos, al tenor del contenido de los artículos 856 y 861 del Estatuto Procedimental.

Contrastando estos formularios, con la factura allegada como parte del anexo incorporado por el susodicho experto, con su dictamen pericial, se observan concordancias, tales como el número de cuenta del cliente (16802436-0000), el nombre del representante legal (A.G., y su número de cédula de identidad personal. (3-92-469)

Adicionalmente, tanto la "Solicitud de Servicios Comerciales de Internet" firmada por el demandado, visible a foja 23, como la aludida factura (fs.68), identifican como dirección general de TALLER DE R.M.R., el establecimiento ubicado en Ave. La Pulida, calle 11 1/2 final, en Río Abajo.

Siendo así las cosas, no resulta efectivo el intento de desvinculación del demandado, de la deuda que se le imputa, bajo el argumento de que la obligación reclamada es atribuible al TALLER DE R.M.R., y no al supuesto propietario del TALLER DE R.M., esto es, A.E.G.A., toda vez que el propio contradictor, al momento de requerir los servicios de parte de CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., manifestó comparecer como representante de la empresa TALLER DE R.M.R., conforme se observa a fojas 19, 20, 21 y 23 del infolio.

Precisamente, la comentada documentación fue empleada por el perito para sustentar las conclusiones que vertió en su dictamen, mismo cuya falta de valoración, según el censor incidió en lo dispositivo de la sentencia proferida en apelación, por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Como quiera que de la propia experticia se extraen elementos que contradicen lo afirmado por el promotor del recurso, quien manifestaba que la obligación reclamada corresponde a persona jurídica distinta de aquella que le pertenece, bajo la razón social de TALLER DE R.M., aseveración que queda desvirtuada con el examen realizado en párrafos anteriores, no se configura este concepto de error probatorio aducido por el impugnador.

De allí que, atañe analizar la otra causal probatoria, error de hecho en cuanto a la apreciación en la prueba, misma que se fundamenta en dos motivos, que guardan la siguiente redacción:

"PRIMER MOTIVO: La resolución de segunda instancia comete el grave yerro de apreciación probatoria, al otorgarle valor que la Ley no le corresponde a la impresión simple del "Resultado de la Búsqueda del Aviso de Operaciones" presuntamente emitido por el sistema Panamá sistema electrónico PanamáEmprende, la cual consta a foja 5 del expediente.

De haber el Tribunal apreciado correctamente el documento a fojas 5 del expediente, se hubiese percatado que al no tener la certeza de su procedencia ni registro de validez, le restaba valor probatorio e impedía su análisis para la toma de decisiones, por tanto influyó sustancialmente en lo decidido en el fallo impugnado, porque de su análisis se dedujo equivocadamente que se encontraba acreditada la legitimación pasiva.

SEGUNDO MOTIVO: La sentencia impugnada comete un yerro de apreciación probatorio al examinar los documentos identificados como "SOLICITUD DE SERVICIOS COMERCIALES DE DATOS" que obran a foja 19 a 23 del expediente, y no valorarlos correctamente.

El error de valoración de la prueba influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia pues, de haber sido valorados correctamente, el Tribunal de alzada hubiese determinado la falta de legitimidad pasiva, ya que no existe identidad entre los nombres de las empresas que figuran en dichos documentos, en relación con el comercio que está indicado en el "Resultado de la Búsqueda del Aviso de Operaciones". Además, no fue estimado por el ad quem que la fecha en que se firmaron las referidas pruebas es previa a la emisión del Aviso de Operaciones, lo que refuerza la existencia de falta de legitimidad pasiva." (fs.150)

En lo tocante a las disposiciones identificadas como vulneradas, el casacionista identificó como trasgredido el artículo 45 de la Ley 51 de 22 julio de 2008, así como el artículo 781 del Código Judicial y el artículo 1108 del Estatuto Civil.

La causal probatoria invocada en esta ocasión, error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, se materializa, cuando el fallo de segunda instancia se pronuncia respecto a una pieza de convicción, reconociéndole un mérito que según la ley no le atañe, en adición a que ese ejercicio de ponderación debe suponer una afectación trascendental en lo dispositivo de la resolución cuya juridicidad se discute, de forma tal que si ese elemento acreditativo hubiese sido evaluado de manera correcta, la conclusión hubiese sido otra.

Respecto al primer cargo de agravio dirigido contra el fallo de 6 de febrero de 2017, dictado por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, éste se contrae a que se otorgó un valor que no le correspondía a la impresión simple del "Resultado de la Búsqueda del Aviso de Operaciones", presuntamente emitida por el sistema electrónico PanamáEmprende, visible a foja 5 del expediente.

El reparo que el censor le hace a ese medio de constatación, radica en que no existiendo certeza de su procedencia, ni registro de validez de dicho documento, esa circunstancia le resta valor probatorio, e impedía su análisis para la toma de decisiones, por lo que no debió ser estimado como una prueba con plena fuerza de convicción.

Mientras tanto, el Ad quem, al referirse a la primera prueba identificada como erróneamente ponderada, señaló lo siguiente:

"Así mismo, la actora aportó una impresión simple del Aviso de Operaciones obtenido del portal electrónico de la página de Panamá Emprende, el cual establece: 1) que el número de aviso de operación es 3-92-469-2007-44519 (Licencia No.204600708), 2) que el Nombre Comercial es TALLER DE R.M., 3) que la razón social o dueño es A.G.A., 4) que el RUC es 3-92-469 DV 98.

Para atender la censura endilgada a la sentencia de primera instancia se hace necesario, en primer lugar, indicar que la sociedad demandante demandó a título personal al demandante y no a ninguna empresa como así lo ha entendido el apoderado judicial del recurrente.

Lo anterior, tiene fundamento precisamente en el aviso de operaciones aportado como prueba y que es verificable en el sitio electrónico , pues al hacer la consulta, éste hace referencia al aviso de operaciones que realizó A.E.G.A. (sic) como persona natural, para el ejercicio individual de la actividad mecánica en general bajo el nombre comercial TALLER DE R.M., en el cual aparece como RUC el número de cédula del demandado 3-92-469, tal como se verifica en el poder otorgado por el demandado (f.90), y en los contratos aportados por la actora.

Todo ello tiene su sustento legal en el parágrafo primero del artículo 1 de la Ley No.5 de 11 de enero de 2007, que agiliza el proceso de apertura de empresas, modificada por la Ley No.2 de 5 de febrero de 2013 y...." (fs.113-114)

Visto el componente del caudal probatorio respecto a cuya valoración, quien se muestra en desacuerdo con la decisión de segunda instancia tiene reparos, el mismo consiste en la impresión, en copia simple, de un documento electrónico, que da constancia de la existencia de un aviso de operaciones, expedido a petición del demandado, con el nombre comercial TALLER DE R.M., generado el ocho (8) de abril de 2010.

A propósito de la definición de documento electrónico, el mismo es concebido, según el numeral 17 del artículo 2 de la Ley 51 de 2008, modificada por la Ley 82 de 2012, como "toda representación electrónica que da testimonio de un hecho, una imagen, un sonido o una idea, con independencia del soporte utilizado para su fijación."

Entrando en las particularidades de esta prueba, por tratarse de un documento electrónico, emanado del sitio web de PANAMAEMPRENDE, relativo a un aviso de operación requerido por el demandado, es preciso repasar el concepto de estos dos términos, contenido en los numerales 3 y 7 del artículo 5 de la Ley 5 de 2007, modificado por la Ley 2 de 2013, que guardan esta redacción:

"Artículo 5. Definiciones. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así:

...

3. Aviso de Operación: Proceso mediante el cual se deja constancia de que la actividad comercial o industrial que va a ejercer el declarante ha sido debidamente informada a la Administración Pública. El Aviso de Operación constituye una declaración jurada de carácter obligatorio y necesaria para que la actividad comercial o industrial pueda iniciar, el cual una vez confirmado por el Sistema PANAMAEMPRENDE se convierte en un documento público, con plena validez jurídica para todos los efectos legales.

...

7. PANAMAEMPRENDE. Sistema informático administrado por el Ministerio de Comercio e Industrias, que automatiza el proceso de aviso al Estado sobre el inicio de cualquiera actividad comercial o industrial, para no exigirle al emprendedor ningún requisito adicional de operación. El acceso al Sistema se hará a través del portal de Internet www.panamaemprende.gob.pa y será el único Sistema autorizado para la obtención de un Aviso de Operación." (énfasis suplido por el Tribunal)

Así las cosas, queda claro que el sistema informático PANAMAEMPRENDE, administrado por el Ministerio de Comercio e Industrias, al cual se tiene acceso a través del portal de Internet www.panamaemprende.gob.pa, es la única vía para la obtención de un aviso de operación.

Esta situación, le da mayor fuerza probatoria a las constancias contenidas en el documento, observadas a foja 5, referidas a la obtención de un aviso de operación, por parte de A.E.G.A., con el nombre comercial TALLER DE R.M..

En ese orden de ideas, el artículo 3 de la Ley 5 de 2007, modificado por la Ley 2 de 2013, norma que se refiere a la validez del Aviso de Operación, preceptúa que "...la información del Aviso de Operación que repose en el Sistema PANAMAEMPRENDE se presume cierta y tendrá plena validez jurídica para todos los efectos legales."

Al presumirse la certeza de esta información, impresa del sitio web de PANAMAEMPRENDE, a foja 5 del dossier, correspondía al demandado cuestionar su autenticidad, en la etapa procesal correspondiente, esto es, según el tenor del artículo 849 del Estatuto Procedimental, dentro del término de traslado del escrito en que fue presentado, en este caso, al momento de contestar la demanda.

Como quiera que el casacionista no ejerció gestión alguna en ese sentido, puesto que eligió comparecer al proceso, después de dictada la sentencia de primer nivel, le corresponde asumir la consecuencia de su omisión, fijada en el artículo 684 del citado cuerpo normativo, atinente a que su conducta se toma como un indicio en su contra, y por consiguiente, conforme a lo que establecen los artículos 835 y 843 lex cit., y el artículo 3 de la Ley 5 de 2007, se presume la autenticidad de la copia cuya valoración ahora impugna el recurrente.

Bajo esta perspectiva, no tiene sustento el reclamo presentado por el casacionista, consistente en que la prueba que reposa a foja 5 del dossier, fue incorrectamente valorada en segunda instancia.

Seguidamente, atendiendo el siguiente elemento de convicción que se identifica como mal justipreciado, este se refiere a los documentos identificados como "Solicitud de Servicios Comerciales de Datos", que reposan de foja 19 a 23 del expediente, los cuales fueron abordados en los siguientes términos por la sentencia recurrida:

"Ahora bien, de acuerdo a los hechos contenidos en el libelo de la demanda, lo exigido por la parte actora deriva de la prestación de servicios comerciales contratados por el demandado, debiendo la parte actora acreditar la existencia de la obligación, es decir de los contratos.

En ese sentido, la actora para acreditar la obligación aportó al proceso, entre otras pruebas, el original de los contratos suscritos por el demandado y que reposan de fojas 19 a 23 del dossier.

En los aludidos contratos el demandado contrató los siguientes servicios: localizador GPS, localizador WT600, localizador WT500 y servicio de internet.

De acuerdo a la información contenida en los referidos contratos, los nombres de las empresas que recibieron el servicio son TALLER DE R.M. e INFOCAB, ambas de acuerdo a lo plasmado en dicha documentación, tienen como representante legal al señor A.G.." (fs.112-113)

Según afirma el impugnador, de haber sido estimada sin incurrir en equívocos la comentada documentación, el Tribunal de alzada hubiese determinado la falta de legitimación pasiva en la causa, puesto que no existe identidad entre los nombres de las empresas que figuran en dichos documentos, en relación con el comercio que está indicado en el "Resultado de la Búsqueda del Aviso de Operaciones".

En adición a esto, también aduce que no fue estimado por el Ad quem, que la fecha en que se firmaron tales pruebas, es previa a la emisión del Aviso de Operaciones, lo que refuerza la existencia de falta de legitimación en la causa.

Sobre el particular, con base en una comparación realizada entre distintas pruebas documentales allegadas por su contraparte, quien se muestra en desacuerdo con el fallo habido en apelación, arriba a la conclusión de que se configura la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa, por la falta de correspondencia entre las personas jurídicas a que se refieren estos documentos.

Por un lado, llama la atención que la prueba que reposa al folio 5 del expediente, hace alusión al nombre comercial TALLER DE R.M., mientras que el documento que ahora identifica como mal valorado, de fojas 19 a 23 del dossier, la empresa identificada es TALLER DE R.M.R..

Si bien es cierto lo que manifiesta el censor, en torno a la ligera falta de congruencia entre los nombres que se identifican en cada uno de estos documentos, no es menos cierto que el análisis de cada uno de ellos, lleva a la indefectible conclusión, de que fue el propio demandado el que causó esta confusión, por cuanto tanto los formatos denominados "Solicitud de Servicios Comerciales de Datos" y "Solicitud de Servicios Comerciales de Internet" (fs.19 a 23), como el llamado "Resultado de la Búsqueda del Aviso de Operación" (fs.5), equivalen a trámites realizados a instancia suya.

En primer lugar, sobre las pruebas individualizadas como erróneamente valoradas, todas cuentan con la firma del demandado, y en ellas se identifica esta parte con su cédula de identidad personal, mientras que en aquella legible al folio 5, que mereció la atención de esta Superioridad en líneas precedentes, se aprecia que el Aviso de Operación cuyo nombre comercial es TALLER DE R.M., fue expedido a petición de A.E.G.A., igual persona natural que la que solicitó los servicios de CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.

Incluso, detallando como se hiciere en los párrafos que anteceden, existe concordancia en la ubicación de las empresas a que se refiere el documento aportado al folio 5, con aquella que se aprecia a foja 23, lo que lleva a deducir, que se trata del mismo comercio.

El otro extremo que aduce la censura, sobre la diferencia entre las fechas en que se firmaron las solicitudes que manifiesta fueron erróneamente justipreciadas, con aquella de la emisión del Aviso de Operaciones, a juicio de esta M. no implica un cambio en la realidad probada, consistente en que del siete (7) de febrero de 2007, al dieciocho (18) de noviembre de 2009, A.E.G.A. solicitó a CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., servicios comerciales de datos y de Internet.

De este modo, con sustento en las observaciones precedentes, esta Colegiatura concluye que el Primer Tribunal Superior de Justicia no incurrió en yerro alguno de apreciación, de las pruebas documentales que reposan de foja 19 a 23 del infolio.

Con vista en lo expresado, es palmario que esta modalidad de la causal de fondo invocada, error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, no se configura en el negocio bajo escrutinio y, por tanto, tampoco fue infringido el artículo 45 de la Ley 51 de 22 de julio de 2008, ni el artículo 781 del Código Judicial, así como tampoco el artículo 1108 del Estatuto Civil, por lo que atañe no casar la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, S. de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 6 de febrero de 2017, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario que CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A. le sigue a A.G.A..

Las obligantes costas a cargo del demandado recurrente se fijan en la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00).

N. y D..

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)