Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 24 de Septiembre de 2019

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución:24 de Septiembre de 2019
Emisor:Primera de lo Civil

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Primera de lo Civil

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 24 de septiembre de 2019

Materia: Civil

Casación

Expediente: 138-18 (F)

VISTOS:

Corresponde a esta S. Primera de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia, resolver el recurso de casación corregido formalizado por la representación judicial de las demandadas, D.C. ROJAS (nombre legal) o D.C. DE AMORETTI y EDITA PÉREZ ROJAS (nombre legal) o EDITHA PÉREZ DE A., contra la resolución de 2 de marzo de 2018 (fs.357-366), dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del Proceso Sumario de prescripción adquisitiva de dominio incoado por M.I.S. de CASTILLO contra LOS HEREDEROS DECLARADOS DE J.R.R.S. (q.e.p.d.), que son las recurrentes, y LOS PRESUNTOS HEREDEROS DE Ú.Q.D. (q.e.p.d.).

ANTECEDENTES

M.I.S. de CASTILLO, a través de apoderada judicial, concurrió a los estrados del Juzgado Quinto de Circuito Civil, de la Provincia de Chiriquí, con el propósito que previo los trámites legales, se declarara que ha adquirido por prescripción el dominio de 4,650.03 mts2 de terreno de la Finca N°18834, inscrita al Tomo 1772, folio 60, asiento 1 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, registrada a nombre de J.R.R.S. (q.e.p.d.) y Ú.Q.D. (q.e.p.d.) y, en consecuencia, peticiona se ordene al Registro Público inscribir dicha porción de terreno a nombre suyo.

Expone la demandante, que los propietarios de la finca donde está ubicado el predio que ha ocupado con ánimo de dueño por más de quince años, de forma pública, pacífica e ininterrumpida, fallecieron hace años, J.R.R.S. (q.e.p.d.), el 20 de mayo de 1993, siendo sus herederas declaradas D.C. ROJAS y EDITHA PÉREZ ROJAS; en tanto que Ú.Q.D. (q.e.p.d.), murió el 2 de mayo de 1983, y no existe constancia de trámite de juicio de sucesión.

En esa línea de pensamiento, asevera la parte actora que en el área que posee existen mejoras construidas por ella, tal es el caso de una vivienda tipo dúplex, a la que le contrató los servicios de energía eléctrica y agua, le sembró césped y árboles frutales, además de ocuparse de su mantenimiento; también hay otra vivienda en construcción, que será destinada para alquiler.

Admitida la demanda corregida, a través del Auto No.489 de 3 de junio de 2015 (fs.83-84), fue corrida en traslado a la contraparte, siendo contestada oportunamente, alegando las herederas declaradas de J.R.R.S. (q.e.p.d.), excepción de ilegitimidad de personería pasiva y excepción de petición hecha fuera del tiempo que señala la ley o extemporánea (fs.95-97 y 145-147); mientras que por la otra demandada, Ú.Q.D. (q.e.p.d.), representada por Curador Ad litem, se negaron los hechos, las pruebas, etc. (fs.171-172).

Surtidos los trámites inherentes al proceso, la Juzgadora de la causa resolvió la controversia por medio de la Sentencia N°31 de 29 de septiembre de 2017, consultable a fojas 318-329 del expediente, declarando no probadas las excepciones ensayadas, y accediendo a la pretensión de la demandante, indicando que adquirió por prescripción adquisitiva extraordinaria el dominio de una cuota parte de la Finca con folio real N°18834, actualizada con código de ubicación 4501, de la sección de Propiedad del Registro Público, específicamente 4650.03 mts2, describiendo sus rumbos, medidas y linderos, así como las mejoras existentes y el valor que le asigna.

La decisión en referencia fue impugnada tanto por la apoderada judicial de la parte actora, como por el apoderado judicial de las herederas de J.R.R.S. (q.e.p.d.), siendo declarada desierta la alzada anunciada por la demandante y confirmada por el Tribunal Superior la sentencia impugnada, ello a través de resolución de fecha 2 de marzo de 2018 (fs.357-366).

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y DECISIÓN DE LA SALA.

El apoderado judicial de D.C. ROJAS (nombre legal) o D.C. DE AMORETTI y EDITA PÉREZ ROJAS (nombre legal) o EDITHA PÉREZ DE A., tal y como se indicó previamente, interpuso recurso de casación contra la resolución de segunda instancia, resultando admitida la causal de fondo invocada, infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de las pruebas, que está fundada en un motivo, que es del tenor siguiente:

"1. El Tribunal de Apelación, en la Sentencia atacada, al confirmar la de Primera Instancia y declarar que la señora M.I.S. DE CASTILLO, parte demandante, ha adquirido por Prescripción Adquisitiva Extraordinaria de Dominio, cuatro mil seiscientos cincuenta metros cuadrados con tres decímetros cuadrados (4650.03 Mts2), que forman parte de la cabida superficiaria de la Finca N°18834, actualizada en el Código de Ubicación cuatro mil quinientos uno (4501), al valorar las pruebas presentadas, reposantes en autos, afirma que la actora ha cumplido con los requisitos exigidos por la Ley Civil para que opere el fenómeno jurídico en comento a favor de ella.

Tal afirmación de la Sentencia se produce por una errónea valoración de la prueba documental de página -9-, consistente en certificación del Registro Público, que da cuenta que la Finca N°18834, pertenece proindiviso a J.R.R.S. (q.e.p.d.) y ha (sic) Ú.Q.D. (q.e.p.d.); de la prueba documental de folio once -11-, que se refiere al Certificado de Defunción de J.R.R.S. (q.e.p.d.), quien murió el veinte -20- de mayo de mil novecientos noventa y tres -1993-; de la prueba documental consultable a página ciento veinticinco -125-, que declaró abierto el Proceso de Sucesión Intestada de J.R.R.S. (q.e.p.d.) y herederas, sin perjuicio de terceras personas, a D.C. ROJAS (N.L.) o D.C. DE AMORETTI y EDITA PÉREZ ROJAS (N.L.) o EDITHA PÉREZ DE A.; de la prueba documental de folios sesenta y ocho -68- y sesenta y nueve -69-, consistente en el inventario y avalúo, de los bienes herenciales dejados por J.R.R. SERRACÍN (q.e.p.d.), donde se lee que el cincuenta por ciento (50%), de la Finca N°18834, Tomo 1772, Folio 60, Asiento 1, es del causante; de la prueba documental que se refiere al auto de adjudicación visible a páginas sesenta y seis -66- y sesenta y siete -67- donde el Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, declara que D.C. ROJAS (N.L.) o D.C. DE AMORETTI y EDITA PÉREZ ROJAS (N.L.) o EDITHA PÉREZ DE A. se hayan en posesión legítima del bien dejado por J.R.R.S. (q.e.p.d.), y le adjudica a ellas la cuota parte que le pertenecía al causante dentro de la Finca N°18834, Tomo 1772, Folio 60, Asiento 1, de la sección propiedad (sic) provincia de Chiriquí, del Registro Público, misma disputada en este pleito; y de los informes periciales rendidos por los peritos A.E.A. (sic) MORALES y ABIGAIL PONPILIO AGUILA (sic) J., visibles a páginas 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 233; 234; 235; 236; 237; 238; donde se determina que los cuatro mil seiscientos cincuenta metros cuadrados con tres decímetros cuadrados (sic) (4650.03 Mts2), de terreno, que pretende prescribir la demandante, están dentro de la cabida superficiaria del lote de terreno inventariado y avaluado dentro del Juicio de Sucesión Intestada de J.R.R.S. (q.e.p.d.).

El adquem (sic), en la Sentencia recurrida, al apreciar las pruebas enunciadas en el párrafo que antecede, les restó el valor probatorio que de acuerdo a la Ley Adjetiva les corresponde, toda vez que, según a la Ley Sustancial estas acreditan en autos la posesión civilísima o legítima que venían ejerciendo las herederas de J.R.R.S. (q.e.p.d.), desde el veinte -20- de mayo de mil novecientos noventa y tres -1993-, fecha de su deceso, sobre el globo de terreno objeto de este juicio, por lo que es jurídicamente imposible que la actora M.I.S. DE CASTILLO haya cumplido con los requisitos exigidos por la Ley Civil para que opere el fenómeno jurídico de la Prescripción Adquisitiva de Dominio a su favor, por cuánto que, según la Ley Sustantiva uno de los requisitos, para que se de dicho fenómeno jurídico, es precisamente la posesión del bien inmueble a prescribir. El error de valoración de las pruebas mencionadas influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia objetada cuando procede a declarar probada la pretensión de la demandante, consistente en que ella ha adquirido por Prescripción Adquisitiva Extraordinaria de Dominio cuatro mil seiscientos cincuenta metros cuadrados con tres decímetros cuadrados (sic) (4650.03 Mts2), que forman parte de la cabida superficiaria de la Finca N°18834, donde el cincuenta por ciento (50%), pertenece a la Sucesión Intestada de uno de los condueños, esto es, a J.R.R.S. (q.e.p.d.) los cuales ya le habían sido adjudicados, en ese juicio sucesorio, por el juez de la sucesión, a mis representadas, en atención a que ellas son las herederas legítimas del causante, en consecuencia, de acuerdo a la Ley Sustantiva, herederas legítimas de la posesión sobre ese bien inmueble, sin interrupción, desde la muerte del causante." (fs.401-403)

Como consecuencia de lo manifestado, asevera la censura que el Tribunal Ad quem infringió los artículos 781, 836, 966 y 980 del Código Judicial, y el artículo 425 del Código Civil.

Ahora bien, a efecto de emitir un pronunciamiento en torno a la modalidad de fondo del recurso de casación interpuesto, es menester, como punto de partida, denotar que el error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, se configura cuando el Tribunal examina el elemento de convicción, pero no le atribuye el valor, la eficacia que conforme a la ley le corresponde, aunado a que dicha actuación debe afectar sustancialmente lo dispositivo del fallo, ya que, de haberse valorado adecuadamente la prueba, la conclusión habría sido distinta.

Tomando en cuenta lo señalado, observa la S. que la disconformidad de la parte recurrente, alude al reconocimiento de la posesión en favor de la demandante, soslayando que se ha demostrado en autos la posesión civilísima o legítima del 50% del predio que comprende la Finca N°18834, como consecuencia del deceso de J.R.R.S. (q.e.p.d.), siendo ejercida por sus herederas desde su fallecimiento, el 20 de mayo de 1993, resultando jurídicamente imposible que la demandante cumpla los requisitos para declarar que operó el fenómeno jurídico de la prescripción adquisitiva de dominio, toda vez que al momento de dictar la resolución que se impugna, ya se había adjudicado la mitad del terreno a través del juicio sucesorio, poseyéndolo sin interrupción desde la muerte del de cujus.

En tal sentido, advierte la censura que fueron equívocamente valorados por el Tribunal Superior: el certificado del Registro Público que prueba quiénes son los propietarios de la Finca N°18834 (fs.9); el certificado de defunción de J.R.R.S. (q.e.p.d.) (fs.11); la copia autenticada del auto de apertura de la Sucesión Intestada y declaratoria de herederos de J.R.R.S. (q.e.p.d.) (fs.125); la copia autenticada del Informe de inventario y avalúo de bienes presentado en el juicio sucesorio en referencia (fs.68-69); la copia autenticada del Auto de adjudicación de bienes dentro del proceso de Sucesión Intestada previamente citado (fs.66-67); y los informes periciales de A.E.Á.M. (fs.222-228) y A.P.Á.J. (fs.233-238), rendidos con ocasión a la inspección judicial verificada en el predio a prescribir, que asevera la parte recurrente demuestran que el área cuyo reconocimiento de la posesión se pretende, se encuentra ubicada dentro del terreno inventariado y avaluado en el juicio sucesorio de J.R.R.S. (q.e.p.d.).

Aclarada la postura de la casacionista, compete determinar si efectivamente el Tribunal de segunda instancia valoró las pruebas señaladas, y si ello influyó en lo dispositivo de la resolución.

Al respecto, de una atenta lectura de la sentencia de segunda instancia, se desprende que al referirse a las pruebas, el Ad quem solo aludió directamente a declaraciones testimoniales, los informes periciales presentados por la inspección judicial efectuada, y al auto de adjudicación proferido dentro del proceso sucesorio de J.R.R.S. (q.e.p.d.); sin embargo, como quiera que el Tribunal afirma haber realizado un estudio de las piezas que integran el expediente, lo que le generó convicción para confirmar la resolución de origen, presume la S. que fueron ponderadas todas las pruebas que obran en autos. Veamos.

"... tenemos que la prescripción es un modo de adquirir la propiedad a través de la posesión de acuerdo con algunos requisitos legales y durante el tiempo señalado en nuestro ordenamiento jurídico.

Cierto es que la prescripción ordinaria requiere de un lapso de 10 años, mientras que la extraordinaria exige un plazo de 15 años.

Luego de efectuar un estudio de las piezas que conforman la presente actuación se advierte que la sentencia apelada debe ser confirmada por lo siguiente:

...

Estas y otras deposiciones coincidieron con una de las pruebas fundamentales en esta clase de procesos como es la diligencia de inspección judicial donde se acreditaron los actos positivos que mantiene la demandante en el globo de terreno así como la vivienda (fs.222-228; 233-238; 244-246; 252-253).

En reiteradas ocasiones este tribunal ha sostenido que en esta clase de procesos la diligencia de inspección judicial es fundamental, ya que se determina si en realidad la prescribiente mantiene la posesión del lote de terreno, dándole la función social y que ha realizado actos positivos.

...

En cuanto a la excepción de personería jurídica formulada por el licenciado J.A.M.G., en este sentido hay que señalar que con la demanda se presentaron una serie de pruebas, entre las que figuran, copias debidamente autenticadas del Auto N°861 de 30 de septiembre de 2013 (fs.66-67) emitido por el Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, dentro del proceso de sucesión intestada de J.R.R.S. (q.e.p.d.), del cual se desprende que las señoras D.C.R. (N.L.) o D.C. de A. y E.P. de A., se hallan en posesión legítima del bien dejado por el causante R.S., pruebas que acreditan la legitimidad para ser demandadas o capacidad para ser parte en este proceso.

...

Por otro lado, con respecto a la segunda excepción alegada, en cuanto a que la presente demanda fue interpuesta después del momento y tiempo procesal señalado en el artículo 1673 del Código Civil, o sea, que fue peticionada fuera del tiempo que señala la ley o extemporánea, en este sentido debemos aclarar que la disposición legal a la que se refiere el apoderado judicial de las demandadas no produce el efecto que éste señala, todo lo contrario, el mismo establece que la apertura de la sucesión por causa de muerte y sus diferentes fases, no interrumpen los efectos a favor o en contra de la prescripción.

...

Siendo que de las pruebas presentadas surge, sin lugar a dudas, que la demandante ha cumplido con los requisitos establecidos en la legislación civil para que opere el fenómeno de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, por lo que procede a confirmar la sentencia apelada." (fs.361-366)

Así, pues, se colige de lo reproducido, que el Tribunal Superior sí ponderó la existencia de un proceso sucesorio previo, a través del cual se adjudicó la cuota parte de la Finca N°18834 perteneciente a J.R.R.S. (q.e.p.d.), a sus herederas declaradas, ahora recurrentes; no obstante, del acervo probatorio obrante en autos concluyó que se demostró que la posesión del inmueble es ejercida por la demandante, accediendo a declarar la prescripción adquisitiva de dominio.

En tal sentido, deviene ilustrativo reproducir la normativa que establece qué se entiende por posesión, la forma como se adquiere y cómo se demuestra, que es el tópico sobre el cual gira la controversia, dado que estamos ante un proceso de usucapión.

Artículo 415. Se llama posesión la retención de una cosa o el disfrute de un derecho con ánimo de dueño; y tenencia la retención o el disfrute sin ese ánimo.

Artículo 423. La posesión se adquiere por la ocupación material de la cosa o derecho poseído, por el hecho de quedar éstos sujetos a la acción de nuestra voluntad, o por los actos propios y formalidades legales establecidos para adquirir tal derecho.

Artículo 606. La posesión del suelo deberá probarse por hechos positivos, de aquellos a que solo da derecho el dominio, como el arrendamiento, el corte de madera, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimientos del que disputa la posesión.

Teniendo presente las disposiciones previamente transcritas, considera esta Corporación que mediante las pruebas listadas como erróneamente valoradas, la censura no logra demeritar lo resuelto, puesto que lo indispensable acreditar para acceder a la prescripción adquisitiva, es determinar bajo el dominio de quién está el predio, quién lo ocupa con ánimo de dueño, ejercitando hechos positivos libremente, sin requerir autorización de otra persona, por considerar que tiene la potestad para ello, lo que queda demostrado a través de edificaciones, mantenimiento del área, plantaciones, etc.

Cabe denotar que lo discutido en el proceso que ocupa la atención de la S., atendiendo a lo expresado en la demanda, es la posesión material del terreno en litigio, no la posesión civilísima como consecuencia de una declaratoria de herederos y posterior adjudicación. Además, valga indicar que es un hecho reconocido por la parte actora que el inmueble pertenecía en copropiedad a dos difuntos, siendo la porción de J.R.R.S. (q.e.p.d.), objeto de un proceso sucesorio, situación que no afectó la posesión ejercida por M.I.S. de CASTILLO, puesto que no la interrumpió.

Sobre el particular, resulta ilustrativo reproducir un extracto del fallo de 20 de julio de 2005, dictado por la S. con ocasión al recurso de casación interpuesto por C.M.B.N., dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio que le sigue B.H.B.M., donde en relación a la usucapión frente a un proceso sucesorio se expuso:

"En relación con el otro argumento del recurrente de que el presente proceso de prescripción adquisitiva "no debió surtir efectos" porque, a su juicio, debió interponerse antes de que finalizara el juicio de sucesión en el cual se le adjudicó, entre otras, la finca en litigio, la S. debe aclarar que la pretensión de este proceso es independiente del posible derecho de sucesión que pudo tener el demandante sobre dicha finca, toda vez que deriva del artículo 1696 del Código Judicial que señala que se prescribe el dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles, por su posesión no interrumpida durante quince años, sin necesidad de título ni de buena fe.

En vista de que los testimonios a los que hemos hecho referencia evidencian que el señor B.B. ejerce la posesión del globo de terreno que forma parte de la Finca No. 826 de la Provincia de Coclé, por más de quince años y de manera pública, pacífica e ininterrumpida, tal como consideró el fallo recurrido, la S. debe concluir que el Tribunal Superior no incurrió en error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba testimonial ni, por tanto, en la violación de los artículos 917 y 781 del Código Judicial y 417, 418 y 1680 del Código Civil, razón por la cual se descarta esta primera causal.

...

De lo anteriormente expuesto se colige que el término para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva no se suspende durante la tramitación del juicio de sucesión, sino que éste continúa corriendo sin interrupción durante las distintas etapas del mismo e, incluso, puede tener lugar durante estas etapas el fenómeno de la prescripción adquisitiva, a favor o en contra de los bienes que forman parte de la herencia.

Sin embargo ello no significa que si no se prescribe adquisitivamente durante la tramitación del proceso sucesorio, la parte que tiene derecho a obtener el dominio no pueda interponer con posterioridad un proceso contra la persona que heredó el bien inmueble que se pretende prescribir, como ha sucedido en el presente caso."

Por lo tanto, siendo que las pruebas cuya ponderación cuestiona la censura, carecen de la contundencia o eficacia para desvirtuar la conclusión a la que arribó el Tribunal Ad quem, se impone desestimar el cargo endilgado a la sentencia de segunda instancia, así como la supuesta infracción de los artículos 781, 836, 966 y 980 del Código Judicial, y el artículo 425 del Código Civil.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema, S. de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 2 de marzo de 2018, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del Proceso Sumario de prescripción adquisitiva de dominio propuesto por M.I.S. de CASTILLO contra LOS HEREDEROS DECLARADOS DE J.R.R.S. (q.e.p.d.), D.C. ROJAS (nombre legal) o D.C. DE AMORETTI y EDITA PÉREZ ROJAS (nombre legal) o EDITHA PÉREZ DE A., y LOS PRESUNTOS HEREDEROS DE Ú.Q.D. (q.e.p.d.).

Las obligantes costas a cargo de las demandadas recurrentes se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00).

N..

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

SONIA F. DE CASTROVERDE

(Secretaria)