Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Enero de 2020

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución20 de Enero de 2020
EmisorPrimera de lo Civil

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Primera de lo Civil

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 20 de enero de 2020

Materia: Civil

Casación

Expediente: 86-18

VISTOS:

FUNDACION SANS, mediante apoderados judiciales facultados al efecto, interpuso recurso de casación contra la sentencia de 16 de enero de 2018, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, con ocasión al proceso ordinario que propuso contra MSG ENTERPRISES INC.

CAUSAL Y MOTIVO

De las tres causales de fondo invocadas por la recurrente, solo le fue admitida la correspondiente a la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, causal que se encuentra fundamentada en tres motivos, que son del siguiente tenor:

"PRIMER MOTIVO: El Primer Tribunal Superior de Justicia, al revocar la sentencia de primera instancia, y reconocer la excepción de fuerza mayor y absolver a la demandada MSG ENTERPRISES INC, de la pretensión formulada, infringió la norma sustantiva de derecho que consagra la fuerza de ley que tiene el contrato para las partes, al liberar a la demandada del compromiso contractual de trasferir la propiedad o el derecho de propiedad, derivado del contrato de PROMESA DE COMPRAVENTA celebrado con la FUNDACION SANS, respecto de la unidad habitacional identificada bajo el número 37, y el CONTRATO DE CESION DE DERECHOS Y ASUNCIÓN DE OBLIGACIONES que suscribieron MSG ENTERPRISE INC como PROMITENTE VENDEDOR, la FUNDACION SANS, en calidad de CEDENTE, y L.C.N.H., como CESIONARIO, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido.

SEGUNDO MOTIVO: El Tribunal de alzada, al revocar la sentencia de primera instancia, infringió la norma legal que impide dejar al arbitrio de una de las partes la validez y el cumplimiento del contrato, ya que absolvió a la demandada MSG ENTERPRISES INC de la obligación contractual asumida para con FUNDACION SANS y L.C.N.H., en el contrato de PROMESA DE COMPRAVENTA y el CONTRATO DE CESION DE DERECHOS Y ASUNCIÓN DE OBLIGACIONES que suscribieron MSG ENTERPRISE INC como PROMITENTE VENDEDOR, la FUNDACION SANS, en calidad de CEDENTE, y L.C.N.H., como CESIONARIO, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido.

TERCER MOTIVO: El Tribunal Superior violó el precepto legal que consagra la obligatoriedad de cumplimiento de lo pactado conforme a la buena fe, ya que existiendo un compromiso expreso de transferir la propiedad luego de verificado el pago, conforme lo acordaron las partes en el CONTRATO DE CESION DE DERECHOS Y ASUNCIÓN DE OBLIGACIONES que suscribieron MSG ENTERPRISE INC como PROMITENTE VENDEDOR, la FUNDACION SANS, en calidad de CEDENTE, y L.C.N.H., como cesionario, y su adenda, decide, pasando por alto la obligación que asumió la demandada MSG ENTERPRISES INC, de traspasar el derecho de propiedad de la unidad habitacional, procediendo a revocar la sentencia de primera instancia, declarar probada la excepción de fuerza mayor y absolver a la demandada MSG ENTERPRISES INC, a pesar del pago recibido, situación que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido." (fs.416)

NORMAS CITADAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

Como normas conculcadas la casacionista cita los artículos 976, 1107 y 1109 del Estatuto Civil.

El artículo 976 del Código Civil señala:

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.

Quien cuestiona la juridicidad de la sentencia objeto de impugnación, manifiesta que la trasgresión de esa norma se produjo por omisión, ya que el Tribunal Superior desconoció la fuerza de ley que tiene entre las partes, el contrato de promesa de compraventa celebrado entre ellas, respecto de la unidad habitacional identificada con bajo el número 37.

Al efecto sostiene que en dicho convenio, la demandada MSG ENTERPRISES INC. figura como promitente vendedor, y FUNDACION SANS como cedente, obligándose la primera a transferir a L.C.N.H. la propiedad, una vez recibido el pago, hecho con el cual no cumplió, y que fue consentido por el Ad quem al revocar el fallo de primera instancia, absolviendo a la contradictora, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Por su parte, el artículo 1107 del Estatuto Civil registra el siguiente texto:

La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

En cuanto a este texto legal, la impugnadora también estima que fue violado de manera directa, por omisión, puesto que al reconocer la absolución de la demandada, el juzgador de segunda instancia desconoció las limitaciones a que se sujetan las partes en una relación contractual, en lo atinente a las cargas que asumen.

Agrega esta litigante, que dicha situación se verificó, pese a que su contraparte incumplió con la transferencia del título al que se obligó, dejando el Tribunal a su libre albedrío la suerte del contrato en lo referente a su validez y cumplimiento, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia atacada.

Adicional a esto, afirma FUNDACION SANS, que la aplicación de ese precepto hubiera significado la no revocatoria de la decisión de primera instancia, frente a la existencia de un contrato válido.

Por último, el artículo 1109 del citado compendio normativo, preceptúa:

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley.

Se exceptúan los actos y contratos enumerados en el artículo 1131, los cuales no se perfeccionan mientras no consten por escrito, con especificación completa de las condiciones del acto o contrato y determinación precisa de la cosa que sea objeto de él.

La casacionista sostiene que la vulneración de esa disposición se dio por omisión, ya que a razón de lo decidido, se pasó por alto el alcance de las obligaciones contractuales que asumió la contradictora frente a FUNDACION SANS y L.C.N., en el contrato de promesa de compraventa que recayó sobre la unidad habitacional identificada bajo el número 37.

De igual manera, agrega que también se ignoró lo pactado en el contrato de cesión de derechos y asunción de obligaciones suscrito entre MSG ENTERPRISES INC como promitente vendedor, la FUNDACION SANS, y L.C.N.H., en que la demandada se obligó a transferir a este último la propiedad de ese bien, luego de recibido el pago.

Siendo que la norma exige que las partes cumplan expresamente lo pactado de buena fe, la recurrente sostiene que en dicho marco se imponía confirmar el fallo de primera instancia, y exigir que MSG ENTERPRISES INC cumpliese lo pactado, no absolver a dicha persona jurídica, como se hizo en segunda instancia.

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA RECURRIDA EN CASACIÓN

A través del fallo de 16 de enero de 2018, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, revocó la Sentencia No.50 de 4 de diciembre de 2013, dictada por el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, y declaró probada la excepción de Fuerza Mayor, incoada por la demandada, absolviendo a la pretensora del pago de las costas, por haber actuado de buena fe.

El susodicho pronunciamiento fue justificado en los siguientes términos:

"Como puede advertirse la medida cautelar de secuestro, incluye todas las cuentas por pagar o cobrar, acciones o cualquier título, valores, créditos o documentos negociables y contratos celebrados a favor de los presuntos herederos del señor G.R. BARRANCOS (Q.E.P.D.).

Contrario a lo afirmado por la demandante FUNDACIÓN SANS en el párrafo segundo del contrato se lee que el señor G.R. BARRANCOS (Q.E.P.D.), suscribió el Contrato de Promesa de Compraventa en nombre propio y en su condición de Presidente de la FUNDACIÓN SANS (Ver foja 10).

En otras palabras, G.R. BARRANCOS (Q.E.P.D.) suscribió el contrato de promesa como promitente comprador a título propio. Significa, entonces que FUNDACIÓN SANS no podía transferir el 100% de la unidad de la vivienda al señor L.C.N.H..

Entiende, este Tribunal Colegiado que el contrato de cesión no incluyó los derechos y responsabilidades del promitente comprador G.R. BARRANCOS (Q.E.P.D.), los cuales subsistente (sic) a la fecha, puesto que no obra en el expediente ninguna prueba en contrario.

Siendo así, le asiste la razón a la demandada- recurrente MSG ENTREPRISES INC., cuando afirma que la existencia de un acto de autoridad, le impide formalizar el contrato prometido en los términos acordados (ver artículo 34d del Código Civil).

Para este Tribunal Colegiado el hecho de que la demandada MSG ENTERPRISES INC. tuviera conocimiento de la existencia de una medida cautelar de secuestro que afecta los bienes de los presuntos herederos de del (sic) promitente comprador G.R. BARRANCOS (Q.E.P.D.), antes que se formalizara el contrato prometido, constituye una eximente de responsabilidad.

Por lo expuesto, considera esta Colegiatura que la Excepción de Fuerza Mayor ensayada en esta instancia por la demandada MSG ENTERPRISES INC., se encuentra probada.

Sumado a lo expuesto, esta Superioridad advierte que no consta en el presente proceso ordinario a quién le corresponde los derechos que emanan del contrato de promesa a favor del otro promitente comprador, G.R. BARRANCOS (Q.E.P.D.). Esta circunstancia, impide también que se formalice el citado contrato, antes que se defina esta situación." (fs.404-406)

DECISIÓN DE LA SALA PRIMERA DE LO CIVIL

Del examen de la única causal admitida, sus tres motivos y de las normas que se individualizan como trasgredidas por la sentencia habida en alzada, esta Corporación de Justicia advierte que la recurrente afirma que se incurrió en violación directa, por omisión, de los artículos 976, 1107 y 1109 del Código Civil, lo que produjo que se revocara el fallo dictado en primera instancia.

Antes de efectuar la necesaria revisión de los cargos de antijuridicidad, dirigidos contra el pronunciamiento surtido en apelación, debe precisarse que la violación directa de normas sustantivas de derecho, se produce cuando un precepto perfectamente claro, deja de ser empleado, frente al supuesto de hecho por él contenido, o cuando un texto legal es aplicado, pero pasando por alto un derecho que de manera indiscutible, se encuentra contenido en él.

Aunado a esto, según preceptúa el artículo 1169 del Estatuto Procedimental, cuando se conoce esta modalidad de casación en el fondo, debe dejarse de lado, cualquier examen alusivo a la justipreciación de los componentes del caudal probatorio, ya que el error aducido se contrae a asuntos derecho.

Esto lleva aparejada la necesidad de que, en la decisión atacada se haya reconocido, indefectiblemente, el supuesto de hecho que se erige en condición, para que el artículo individualizado como trasgredido, sea de obligatoria aplicación.

Sobre dicho tema en particular, en efecto tiene fundamento la aseveración de la casacionista, cuando indica que ninguna de las tres disposiciones que identifica como contravenidas fue empleada en el fallo.

No obstante, además de eso, es preciso dilucidar si la situación de hecho contenida en cada una de ellas fue objeto de reconocimiento en el susodicho pronunciamiento, y en ese caso, si la falta de aplicación de la consecuencia que produce el empleo de esos textos legales, incide en lo dispositivo de la resolución impugnada.

Así las cosas, el artículo 976 del Estatuto Civil, primera disposición que la casacionista aduce fue objeto de violación directa, le reconoce fuerza de ley entre las partes, a las obligaciones adquiridas por la vía contractual, y circunscribe su cumplimiento al tenor de lo pactado.

Bajo esa consideración, ciertamente en el fallo rebatido se reconoció la existencia de un contrato de promesa de compraventa, en que tanto G.R.B. (Q.E.P.D.), como FUNDACION SANS, figuran como promitentes compradores, y MSG ENTERPRISES INC. comparece como promitente vendedora.

También se reconoció como acreditada la celebración de un contrato de Cesión de Derechos y Asunción de Obligaciones, entre FUNDACION SANS, como cedente, y L.C.N.H. como cesionario, que contó con el consentimiento de la promitente vendedora, MSG ENTERPRISES INC.

Ahora bien, pese a que se documentó la existencia de estos dos contratos, el Primer Tribunal Superior también estimó probada la ocurrencia del suceso llamado fuerza mayor, definido en el artículo 34 D del Estatuto Civil, y que de conformidad con lo normado en el artículo 990 de dicho cuerpo normativo, imposibilita que el deudor sea responsable, por la ocurrencia de aquellos sucesos que no hubiera podido prever, que le impidan cumplir con su obligación.

De allí que, al considerar demostrada, en sede de apelación, la configuración de la excepción de fuerza mayor, alegada por la contradictora, no cabe la aplicación de la consecuencia contenida en el artículo 976 del Código Civil, ni discutir, considerando la causal invocada, si en efecto se produjo o no este hecho del hombre imposible de resistir (acto de autoridad ejercido por un juez).

Esto último acontece, debido a que la violación directa, no permite que se verifiquen temas referentes a la ponderación de componentes del caudal probatorio, ya que esta causal lo que involucra, es el desconocimiento de derechos contenidos en preceptos que fueron aplicados, o que eran de empleo obligatorio, en función del reconocimiento del supuesto de hecho, que se establece como requisito para su utilización.

Dirigiendo en este momento la atención hacia el artículo 1107 del Estatuto Civil, que quien se muestra en desacuerdo con el pronunciamiento del Ad quem, indica fue infringido en concepto de violación directa, por omisión, esa norma dispone, que ni la validez ni el cumplimiento de los contratos, pueden dejarse al arbitrio de una sola de las partes.

Sobre el particular, cabe la pena destacar que, contrario a lo que asevera la censura, de que se dejó a la voluntad de la demandada, la suerte del contrato; ello no resulta de ese modo, dado que dicha litigante ejerció este mecanismo de defensa, vía excepción, ante los tribunales de justicia, no siendo el albedrío de esa parte el que determinó que se reconociera la presencia de fuerza mayor, en la contratación.

Esto es, el Primer Tribunal Superior consideró probada la presencia de fuerza mayor, que le impidió a MSG ENTERPRISES INC., cumplir con la obligación adquirida, lo que se traduce en que ciertamente no estimó, que el arbitrio de esa parte, fue el que trajo como consecuencia que no satisfaciera la carga que asumió al momento de la contratación, sino un hecho del hombre imposible de resistir, definido como fuerza mayor.

La anterior circunstancia, desde la perspectiva de esta M., impide que se produzca la violación directa de ese precepto, conforme señala la casacionista.

Agotado este extremo, el último texto legal que a juicio de la recurrente fue objeto de violación directa por omisión, corresponde al artículo 1109 del Código Civil, que trata del carácter eminentemente consensual de los contratos, y fija el alcance de las obligaciones emanadas de los mismos, que se extiende no sólo a lo que esté expresamente pactado, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza, dimanen de la buena fe, del uso y de la ley.

Además, ese precepto establece una excepción a la regla de la consensualidad de los contratos, que son aquellos listados en el artículo 1131 lex. Cit., los cuales no considera perfeccionados mientras no consten por escrito, con especificación suficiente de sus condiciones, y determinación precisa de la cosa que sea objeto el acto o contrato.

En lo atinente a esta disposición, al igual que aconteció con el artículo 976 del Estatuto Civil, identificado como vulnerado mediante violación directa, siendo que el Primer Tribunal Superior, consideró probada la excepción de fuerza mayor en el contrato, no puede configurarse dicho error in iudicando, habida cuenta que, por el reconocimiento de ese medio de defensa, opera de forma obligatoria la consecuencia contenida en el artículo 990 del comentado compendio normativo.

Esa circunstancia, produce la inaplicación de la norma bajo estudio, puesto que, habiéndose estimado por probada la ocurrencia de un hecho imprevisible, causado por el hombre, sin que exista culpa de la parte demandada, no puede responder la misma, de la forma en que pretende la postulante, según el contenido de la disposición que identifica como trasgredida en el fallo de segunda instancia.

Bajo ese prisma, esta Colegiatura considera que no se configura la violación directa de las disposiciones referidas por la censura, por lo que deben desecharse los cargos expresados en los tres motivos que dan soporte a la causal de fondo aducida, y condenarse en costas a la impugnadora.

En mérito de lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, S. Primera de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 16 de enero de 2018, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, con ocasión al proceso ordinario interpuesto por FUNDACION SANS contra MSG ENTERPRISES INC.

La condena en costas contra la recurrente se fija en la suma de B/.500.00.

N.,

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO - OLMEDO ARROCHA OSORIO (Salvamento de Voto)

S.F.D.C. (Secretaria)

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO OLMEDO ARROCHA OSORIO

Con todo respeto, por este medio sustento mi desacuerdo con la Resolución dictada por la mayoría de esta S., que NO CASA la Sentencia de 16 de enero de 2018, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial con ocasión al Proceso Ordinario que FUNDACIÓN SANS le sigue a MSG ENTERPRISES, INC.

A continuación expongo las razones que fundamentan mi desacuerdo con la Resolución antes referida.

En este sentido, discrepo respetuosamente de la Resolución en cuanto al análisis realizado a la Causal de fondo invocada, que consiste en la "Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa...", la cual sustentó la Casacionista FUNDACIÓN SANS, en 3 Motivos. En ellos se alegó la infracción de normas sustantivas de derecho por parte del Tribunal Ad quem, que dieron lugar al incumplimiento del Contrato de Promesa de Compraventa por la demandada, al desconocerse la fuerza de ley entre las partes de las obligaciones allí pactadas, que no podía dejarse al arbitrio de una de las partes su cumplimiento y que al tratarse de un contrato consensual, ello fija el alcance de las obligaciones emanadas de los mismos, las cuales se extienden no sólo a lo que esté expresamente pactado, sino a las consecuencias que según su naturaleza dimanen de la buena fe, del uso y de la Ley.

En mi criterio, sí se configuró el cargo de ilegalidad denunciado y paso a explicar.

Sostiene la Resolución, que el Tribunal Ad quem, luego de confrontar lo que plantearon las partes y lo expuesto en la Sentencia dictada por el Tribunal A quo, constató que hay un reconocimiento de la existencia del Contrato de Promesa de Compraventa suscrito entre FUNDACIÓN SANS, G.R.B., como promitentes compradores y MSG ENTERPRISES INC., como promitente vendedor; que FUNDACIÓN SANS y G.R.B., cancelaron el precio del bien inmueble objeto del referido Contrato, que asciende a la suma de B/.521,000.00 (ver Cláusula Tercera del Contrato); que se celebró un Contrato de Cesión de Derechos y Asunción de Obligaciones de los derechos que asisten a FUNDACIÓN SANS a favor de L.C.N.H.. Adicional a ello, reconoce la existencia del Oficio 1582/70607-11 de 25 de octubre de 2011, dirigido a MSG ENTERPRISE INC, en el cual el Juzgado Quinto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, le comunica que decretó formal secuestro a favor de GLOBAL BANK CORPORATION contra ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.A. (ECONO-PLADE, S.A.) y los presuntos herederos de G.R.B., entre otros bienes, sobre los contratos celebrados por los demandados hasta la suma de B/. 685,7010.00 en concepto de capital costas y gastos.

El Tribunal Ad quem, estimó que al pesar una medida de secuestro sobre el Contrato de Promesa de Compraventa donde figura como promitente comprador G.R. BARRANCOS (Q.E.P.D.), se configuró la excepción de fuerza mayor contemplada en el artículo 34d del Código Civil, la cual impide al demandado MSG ENTERPRISES INC., dar cumplimiento al Contrato suscrito, en los términos allí pactados por existir una orden de autoridad que imposibilita su perfeccionamiento.

Ahora bien, de los hechos reconocidos no cabe duda que existe un hecho de fuerza mayor que impide a MSG ENTERPRISES INC., realizar el traspaso de la unidad departamental objeto del contrato de promesa de compraventa a los herederos de G.R. BARRANCOS (Q.E.P.D.), precisamente por existir una medida cautelar de secuestro decretada sobre los contratos por él celebrados y porque a la fecha se desconoce quiénes son sus presuntos herederos. Sin embargo, en el Contrato objeto de estudio tanto G.R. BARRANCOS (Q.E.P.D.) como FUNDACIÓN SANS, actuaron en calidad de promitentes compradores y pagaron el precio convenido. Por ello, esta limitación y eximente de responsabilidad por fuerza mayor para cumplir con lo expresamente pactado en el citado Contrato, solo se limita a los presuntos herederos de G.R. BARRANCOS (Q.E.P.D.). Nada impedía que se ordenará el cumplimiento del Contrato respecto a FUNDACIÓN SANS, para que se le traspasara la propiedad de la unidad departamental en la cuota parte que le corresponde y que ella a su vez cumpla con lo dispuesto en el Contrato de Cesión de Derechos y Asunción de Obligaciones que mantiene pendiente con G.R.N.H..

Considero muy respetuosamente, que no podía mantenerse a FUNDACIÓN SANS, en una espera interminable para el reconocimiento del derecho que le asiste producto del Contrato suscrito y del cual cumplió con las obligaciones que le correspondían como promitente comprador, pues ya han transcurrido casi 11 años de su suscripción y sobre ella no pesa limitación o acto de autoridad alguno que impida se traspase la propiedad de la cuota parte de la unidad departamental objeto del contrato, por lo que se hacía imperativo respetar lo dispuesto en el artículo 976 del Código Civil, que establece que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos.

Con fundamento en lo anterior, discrepo de la decisión mayoritaria y por tal razón, respetuosamente SALVO MI VOTO.

Fecha ut supra.

OLMEDO ARROCHA OSORIO

S.F.D.C.

SECRETARIA

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