Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 25 de Marzo de 2021

PonenteOlmedo Arrocha Osorio
Fecha de Resolución25 de Marzo de 2021
EmisorPrimera de lo Civil

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Primera de lo Civil

Ponente: Olmedo Arrocha Osorio

Fecha: 25 de marzo de 2021

Materia: Civil

Casación

Expediente: 86764-2020

VISTOS:

La firma forense BERRÍOS Y BERRÍOS, en su condición de apoderada judicial del señor E.D.T., interpuso recurso de casación contra la Sentencia Civil N°5 de cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2020), proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, la cual confirma la Sentencia Civil N° 16 de doce (12) de abril de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado Primero del Circuito Civil de H., dentro del proceso ordinario declarativo de nulidad propuesto por el Recurrente en contra de la sociedad INVERSIONES OPTIMUS, S.A.

Ingresado el negocio en la S. Civil y previo reparto de rigor, se fijó en lista el presente negocio judicial por el término establecido en el artículo 1179 del Código Judicial para que las partes presentaran sus alegatos sobre la admisibilidad del recurso, término que no fue aprovechado por ninguna de las partes.

Se advierte que el recurso de casación fue anunciado e interpuesto por persona hábil, dentro del término especificado por la Ley, conforme lo establecen los artículos 1173, 1174 y 1180 del Código Judicial y que la resolución impugnada es susceptible de dicho medio extraordinario de impugnación por su naturaleza y por su cuantía. Por consiguiente, esta S. procede a determinar si el presente Recurso reúne los requisitos formales establecidos en el artículo 1175 del Código Judicial, necesarios para ser admitido.

El recurso de casación es en el fondo y se invoca como única causal la que corresponde a "Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba", la cual, según el recurrente, ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, como así lo prevé el artículo 1169 del Código Judicial.

El casacionista sustenta la alegada causal de fondo en dos (2) motivos que se transcriben a continuación:

"PRIMERO: El Tribunal de la Alzada, al confirmar la sentencia apelada, dictada por el Juez de la Causa, valoró erradamente las pruebas documentales públicas, consistentes en las copias autenticadas de los protocolos de las Escrituras Públicas Número 679, (fojas 7 a 12), número 1406, (fojas 13 a 17), ambas expedidas por la Notaría del Circuito Notarial de H., en que las fotos del comprador y vendedor no aparecen en la primera y en la segunda sólo la del comprador, por lo que, de haberse analizado el contenido de estos documentos, el Tribunal se hubiese percatado de que dichos documentos notariales fueron leídos y suscritos por las partes en momentos distintos, que las firmas del protocolo por el vendedor es distinta a la que aparece en los recibos de pago de impuesto de transferencias de bienes inmuebles y tampoco son confrontados con el resto del acervo probatorio, tal como lo exige las reglas de la sana crítica, puesto que, el consentimiento no fue expresado correctamente, no existe prueba alguna del supuesto pago al vendedor y la causa es ilícita al no haberse probado el supuesto pago del valor de los inmuebles vendidos simuladamente para garantizar un préstamo de B/.8,000.00, cuando estas fincas tienen un valor comercial actual que sobrepasa más de medio millón de balboas según los avalúos suministrados por el Ingeniero Carlos Nieto al Ministerio Público y las diligencias de inspección judicial practicadas por esta agencia investigativa incito a las fincas objeto de la venta simulada, que de haberse valorado correctamente estos documentos públicos, el Tribunal de la Alzada habría revocado la sentencia apelada y habría formulado las declaraciones impetradas en la presente demanda in examine, con lo cual, se influyó esencialmente en lo dispositivo del fallo atacado por esta acción extraordinaria.

SEGUNDO

El Tribunal de Apelación, al confirmar la sentencia recurrida, dictada por el Juez del Conocimiento, valoró erradamente las pruebas de informe solicitadas en primer lugar, a las instituciones bancarias que operan en Chitré, puesto que, sólo se limita a mencionarlas sin darle valor alguno y desconociendo el hecho que la sociedad demandada no tiene cuenta y, por lo tanto, mal podía seguir los activos para pagar los valores consignados como precio de las ventas simuladas (fojas 126 y 135 a 141 y 146 a 152, 155 a 157 y 161 a 162 y 171) y, en segundo lugar, la prueba de informe solicitada al Ministerio Público (fojas 125 y 141 al 143, ver punto final del informe), dan cuenta que el señor G.V.B., tiene 4 acciones penales en su contra y que en la querella formulada por el señor E.D.T., la contestó sin suministrar evidencia alguna por el supuesto pago efectuado en efectivo o el documento negociable que utilizó para obtener las sumas que dice haberle entregado al supuesto vendedor, quien tampoco expidió ningún recibo del supuesto pago efectuado recibido, informe este (sic) que solo se menciona en conjunto con los bancarios por el Tribunal Superior Grado sin someterlo a las reglas de la sana crítica que lo obligaban a valorarlos y confrontarlos con el resto del acervo probatorio allegados a la presente encuesta civil, con lo cual, de haberlo hecho se habría accedido a la revocatoria del fallo apelado y a la formulación de las declaraciones impetradas en la demanda por el acto, con lo cual, se infringió esencialmente lo dispositivo del fallo cuestionado por este recurso extraordinario." (fs. 192-194)

En cuanto a las normas de derecho que se estiman infringidas, el recurrente cita los artículos 781, 786, 793, 836 y 893 del Código Judicial y los artículos 1112 y 1141 del Código Civil.

Como cuestión previa, se ha de indicar que el concepto probatorio de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba se configura cuando una prueba que obra en el proceso y que fue sujeta de valoración por el Ad quem dentro del fallo impugnado, se le otorga o resta valor en contrariedad a las normas y formalidades exigidas que regulan la valoración probatoria. En este sentido, al exponerse el cargo de ilegalidad que fundamenta el concepto probatorio de error de derecho en la apreciación de la prueba, el recurrente debe indicar cuál es la prueba denunciada, el porqué dicha prueba carece de valor probatorio contrario a derecho, o bien se le otorgó un valor que no le corresponde en contrariedad con la ley y cómo el error denunciado incide en lo dispositivo del fallo respectivo.

Al adentrarnos en el análisis de los dos (2) motivos en los que se sustenta la causal de fondo invocada, esta Superioridad observa que, contrario a la técnica requerida para la debida estructuración o formalización de este apartado, el recurrente, en realidad, no expone ningún cargo de ilegalidad claro y compatible con el concepto probatorio de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. Ello es así, toda vez que, si bien se identifican las pruebas que se estiman mal valoradas, así como su ubicación en el expediente, lo señalado por el casacionista, en realidad, no es más que su disconformidad con la valoración que el Tribunal de alzada le otorgó a dichas pruebas en la sentencia recurrida, donde, manifiesta en un extenso alegato, lo que a su criterio el Ad quem debió extraer de tales medios probatorios.

En tal sentido, resulta propicio aclarar que, de ninguna forma se puede considerar que, a través del concepto probatorio de error de derecho, como el que se alega, se pretenda que la S. realice una nueva valoración de casi la totalidad del caudal probatorio denunciado, pues, esto sería tanto como atender el proceso como si de una tercera instancia se tratara, lo que es impropio.

Y es que, frente a lo expresado, resulta necesario señalar que al momento de exponer el cargo de ilegalidad que fundamente los motivos, se explique claramente en qué consistió el supuesto yerro de valoración por parte del Tribunal Superior en contrariedad al principio de la sana crítica y la normativa correspondiente para tal fin, versus lo que de dichas pruebas realmente se evidencia, lo cual, además, debe incidir en lo dispositivo de la resolución recurrida. Por consiguiente, no basta con exponer apreciaciones subjetivas sobre una nueva valoración del caudal probatorio, como acontece en el asunto bajo examen.

De otro lado, en cuanto al apartado consistente en la citación de las normas que se estiman infringidas, indica este Tribunal Colegiado que aun cuando las mismas son congruentes con los motivos y la causal invocada, no se puede perder de vista que de ninguno de tales preceptos legales que se citan, brindan una adecuada explicación de cómo se produce la infracción de los mismos, puesto que, como en el apartado anteriormente analizado, se sustenta en apreciaciones subjetivas, como si de los motivos se tratara; por lo tanto, no se logra concretar el obligante cargo de injuridicidad contra la decisión que se impugna.

Por las razones expuestas y dado que el recurso de casación en el fondo no ha sido formalizado en los términos exigidos por el artículo 1175 del Código Judicial, ni lo ha sido conforme a los lineamientos requeridos para la estructuración de dicho medio extraordinario de impugnación, es por lo que esta S. se ve precisada a declararlo inadmisible, a lo que se procede.

En mérito de lo anterior, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,NO ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por la firma forense BERRÍOS Y BERRÍOS, actuando en su condición de apoderada judicial del señor E.D.T., contra la Sentencia Civil N°5 de cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2020), emitida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario declarativo de nulidad propuesto por el Recurrente en contra de la sociedad INVERSIONES OPTIMUS, S.A.

Las obligantes costas a cargo del recurrente, se fijan en la suma de CIENTO CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.150.00).

Notifíquese Y DEVUÉLVASE,

OLMEDO ARROCHA OSORIO

SECUNDINO MENDIETA G. ---- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

DAYRA MARIA NAVARRO LEZCANO (SECRETARIA INTERINA)

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