Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 2021

PETROCOMERCIAL DEL CARIBE, S., a través de su procuradora judicial presentó excepción de prescripción de la acción dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario con Renuncia de Trámite que le sigue MULTIBANK, INC., a fin de que se declarase prescrita la obligación principal, es decir, el préstamo cuya ejecución pretende la entidad ejecutante.

En los hechos de la excepción se narra que para la ejecutante la obligación reclamada en el presente proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de trámite, en virtud

de la mora en el pago de los abonos a intereses y al FECI pactados en la Escritura Pública N°26638 de fecha 23 de diciembre de 2009, de la Notaría Décima, se hizo líquida, exigible y de plazo vencido a partir del dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009).

Continúa señalando que como la obligación era exigible para el dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009), desde esa fecha comenzó a correr para las partes el término de prescripción ordinaria para las acciones derivadas de actos mercantiles, conforme lo señala el artículo 1649 del Código de Comercio, y como la demanda ejecutiva presentada el uno (1) de septiembre de dos mil diez (2010) no quedó legalmente notificada a la ejecutada sino hasta el día treinta (30) de marzo de dos mil quince (2015), resulta que al momento de la notificación de la misma, la acción había prescrito, pues entre la fecha de que la obligación se hizo exigible y la fecha de notificación del auto de mandamiento de pago, había transcurrido exactamente cinco (5) años, seis (6) meses y veintiocho (28) días, lo que rebasa con creces el término de prescripción ordinaria, señalado en el artículo 1650 del Código de Comercio.

Agrega la ejecutada que también había prescrito al banco, la acción para reclamar el cobro de intereses adeudados, en virtud de lo normado en el artículo 1652, numeral 4 del Código de Comercio.

Que en la acción ejecutiva propuesta por MULTIBANK, INC., contra PETROCOMERCIAL DEL CARIBE, S., ha operado la prescripción ordinaria de cinco (5) años, establecida en la ley mercantil, así como también operó la prescripción especial sobre el cobro de intereses pactados, también establecida en nuestra legislación mercantil.

El Juzgado Quinto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, le correspondió conocer en primera instancia la excepción de prescripción promovida por la ejecutada, el cual emitió la Sentencia No.33 de fecha catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016), en la cual resolvió negar la excepción de prescripción ensayada por PETROCOMERCIAL DEL CARIBE, S., imponer costas a cargo de la ejecutada por la suma de quinientos balboas (B/.500.00), entre otras cosas (fs.366-374). La segunda instancia le correspondió al Primer Tribunal Superior del Primer Distrito

Judicial, en virtud del recurso de apelación que promovió la ejecutada. El tribunal de alzada, mediante resolución de fecha veinte (20) de mayo de dos mil diecinueve (2019), resolvió confirmar la sentencia recurrida y condenar a la recurrente a pagar la suma de cien balboas (B/.100.00) en razón del recurso de apelación (fs.417-445).

Contra esta resolución se formalizó el recurso de casación que ocupa esta S..

RECURSO DE CASACIÓN

Y

CONSIDERACIONES DE LA SALA CIVIL

La ejecutada PETROCOMERCIAL DEL CARIBE, S. a través de su procurador judicial, formalizó recurso de casación en el fondo, invocando la infracción de normas sustantivas de derecho en los conceptos de violación directa y de aplicación indebida, admitiéndose mediante resolución de trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), solamente la causal de fondo "Infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de violación directa", la cual está fundamentada en los tres (3) motivos que se transcriben a continuación:

"PRIMERO: En el fallo recurrido en casación, el Primer Tribunal Superior de Justicia, del Ramo Civil, del Primer Distrito Judicial de Panamá, reconoció a la parte ejecutada, el beneficio de restitución del término fatal e improrrogable establecido en la ley, para el ejercicio de la acción procedente de un acto mercantil, porque a juicio del A-Quem(sic), la nulidad de la notificación hecha el 7 de Enero de 2011, no le era imputable al ejecutante; de esta manera, el sentenciador incurrió, en la infracción de la norma sustantiva de orden público, inserta en el Código de Comercio de la República de Panamá, que dispone que no cabe tal beneficio por ninguna causa o privilegio, por tanto, se aplicó la regla de derecho, desconociendo un derecho en ella consagrado en forma perfectamente clara y produciendo efectos contrarios a la norma, lo que equivale a su omisión, infiriendo con ello agravio a la parte ejecutada e influyendo sustancialmente en lo dispositivo de la resolución impugnada porque el reconocimiento de esa restitución del término de prescripción por el Tribunal de alzada, a favor de la ejecutante, fue determinante para que no se accediera a la declaratoria de prescripción de la acción ejecutiva y se confirmara por razones distintas, la decisión de primera instancia.