Código Agrario

Las tierras de la República son:

1. Estatales.

2. De propiedad privada.

Para los efectos de la Reforma Agraria, la Comisión de Reforma Agraria dividirá en zonas de explotación las áreas rurales y se preferirán las tierras cercanas a los centros de población y a las vías principales y de penetración, para la aplicación de las estipulaciones de este Código, de acuerdo con el orden siguiente de precedencia:

1. Las tierras estatales de propiedad de la Nación; y

2. Las tierras de propiedad privada que no cumplan la función social que este Código establece.

Son tierras baldías todas las que componen el territorio de la República, con excepción de las que pertenezcan en propiedad privada a personas naturales o jurídicas. Se consideran también como baldías las tierras llamadas indultadas.

Son tierras patrimoniales del Estado todas aquellas adquiridas por éste, a cualquier título.

Para los efectos de lo dispuesto por este Código todas las tierras Estatales salvo las exceptuadas taxativamente por el Artículo 27 están sujetas a los fines de la Reforma Agraria.

Se exceptúan de lo dispuesto por el Artículo anterior las siguientes tierras:

1. Las tierras comprendidas en las áreas urbanas conforme a las disposiciones vigentes;

2. Las extensiones de tierras que a juicio de los organismos oficiales competentes se requirieron para el desarrollo de la industria nacional o de los centros poblados existentes o que se proyectara crear;

3. Las zonas de reserva forestal, conforme a lo dispuesto por el capítulo 3 del Título XV de este Código;

4. Las zonas que fueren declaradas de valor histórico o turístico;

5. Las reservas para tribus indígenas que señala el parágrafo siguiente de este artículo;

6. Las costas marítimas que el Órgano Ejecutivo declare que pueden ser utilizadas para dar protección y facilidades a la navegación, o que puedan dedicarse a la construcción de ciudades, de puertos o de muelles;

7. Los terrenos inundados por las altas mareas, sean o no manglares, así como los comprendidos en una faja de cien (100) metros de anchura hacia adentro de la costa, en tierra firme;

8. Las islas marítimas, con excepción de las porciones de ellas poseídas u ocupadas por las personas que tengan derecho a su adjudicación en propiedad a título gratuito u oneroso, con arreglo a las disposiciones de este Código;

9. Las cabeceras y riberas de los ríos navegables, por embarcaciones mayores de diez (10) toneladas brutas hasta una línea trazada a diez (10) metros de la línea de las aguas y paralela a ésta;

10. Las cabeceras y riberas de los ríos o riachuelos navegables siquiera a trechos por embarcaciones menores de diez (10) toneladas brutas hasta una línea trazada a cinco (5) metros de las aguas y paralela a ésta.

PARÁGRAFO. Para los efectos del Ordinal 5 de este artículo las tierras comprendidas en las reservas indígenas no pueden ser transferidas en propiedad, mientras así lo establezca la Constitución Nacional, pero la Comisión de Reforma Agraria reglamentará su explotación, para que cumplan su función social, procurando en todo momento que los beneficios de la asistencia técnica, Crédito Agrícola y los demás previstos en este Código lleguen a las comunidades indígenas en la misma proporción que la comprendida en los planes generales de desarrollo agropecuario.

Se consideran reservas indígenas todas aquellas reconocidas por la Constitución y las establecidas por Leyes, Decretos Leyes y Decretos.

Las tierras comprendidas en una faja de ocho (8) kilómetros de ancho y cada lado de la línea central de las carreteras en construcción o que en el futuro se construyan, quedan sujetas a los fines de la Reforma Agraria y a tal efecto la Comisión de Reforma Agraria dictará los reglamentos pertinentes, teniendo en cuenta lo previsto por la letra (a) del artículo 95 de la Constitución.

Todas las personas naturales o jurídicas que tuvieren tierras en propiedad tienen el derecho a su uso, goce, y disposición plena, con las limitaciones que impone la función social de la tierra y en tal condición deben recibir del Estado la protección necesaria y deben cumplir con lo establecido por las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Mientras se realicen los estudios agrológicos necesarios, en cada región, para efectuar una clasificación científica de los suelos, se entiende que la propiedad privada cumple su función social cuando:

1. Cultivada en pastos, se ocupe con ganado vacuno o caballar en una proporción no menor de un animal por cada dos (2) hectáreas de terreno;

2. Se siembre y mantenga bajo cultivo, por lo menos, las dos terceras (2/3) partes de su extensión;

3. Se siembre y mantenga bajo cultivo, por lo menos las dos terceras (2/3) partes de su extensión, con árboles para la extracción de madera apta para ser procesada industrialmente; y

4. Se conviertan en áreas urbanas, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Se considera especialmente contrario al principio de la función social de la propiedad e incompatible con el bienestar nacional y el desarrollo económico del país, la existencia y mantenimiento de fincas incultas u ociosas. Igualmente se consideran contrarios al principio de la función social de la propiedad, los sistemas indirectos de cultivo de la tierra basados en la explotación del trabajo del hombre, como el arrendamiento, la aparecería u otras instituciones análogas, salvo el caso de arrendamiento o aparcerías temporales por razones de necesidad o de interés social urgente plenamente justificado ante la Comisión de Reforma Agraria.

PARÁGRAFO. Para los efectos de este Código, no se consideran tierras ociosas aquellas que estén en barbecho o descanso cuando se trate de cultivos agrícolas, dentro de una propiedad que esté cumpliendo su función social.

El problema de los ocupantes precarios en tierras de propiedad privada es de interés social urgente y el Estado tomará, con carácter de prioridad, medidas rápidas para su solución, pero los propietarios no pueden favorecer directa o indirectamente la presencia de aquéllos.

El Estado gravará preferentemente las tierras incultas u ociosas, cultivadas indirectamente, con cargas fiscales progresivas en las condiciones establecidas en las leyes respectivas sin perjuicio de la expropiación en los casos previstos en esta Ley.

El Estado creará incentivos para quienes exploten la tierra de acuerdo con su función social y contribuyen así al desarrollo económico del país.

Para los fines de la Reforma Agraria, el Órgano Ejecutivo expropiará a solicitud de la Comisión de Reforma Agraria, conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, tierras de propiedad privada cuando se encontraren en los siguientes casos:

1. Tierras incultas, ociosas o insuficientemente explotadas, conforme a lo establecido por el Artículo 31;

2. Cuando los propietarios de tierras no cumplan la función social de la propiedad, especialmente en las circunstancias previstas por el Artículo 30;

3. Cuando por ley se hubiere declarado de Utilidad Pública un proyecto de la Comisión de Reforma Agraria y las tierras necesarias para el mismo, fueren de propiedad privada.

La Comisión de Reforma Agraria solicitará la expropiación de tierras de propiedad privada, conforme al artículo anterior, cuando compruebe que son necesarias para el plan de desarrollo agrario y distribución de tierras cercanas, y que son económicamente explotables y agronómicamente aptas y cuando no existan tierras estatales cercanas, o cuando las que existan sean insuficientes o inapropiadas.

PARÁGRAFO. Toda solicitud de expropiación debe ser precedida por el informe técnico correspondiente, hecho por la Comisión de Reforma Agraria.

Son inexpropiables, salvo las excepciones establecidas expresamente en este Código:

1. Las propiedades de una extensión menor de cien (100) hectáreas, con excepción de las que no cumplan su función social y pertenezcan a personas que no se dediquen exclusivamente a la agricultura o a la ganadería como medio de subsistencia; y

2. Las propiedades que cumplan su función social, cualesquiera que sea su extensión.

El propietario objeto de expropiación tendrá el derecho a reservarse las extensiones de tierra que se determinen como inexpropiables al tenor de lo dispuesto en el artículo anterior.

Si una persona es dueña de varias fincas expropiadas, solamente en una de ellas podrá reservarse la extensión a que tiene derecho de acuerdo con el artículo 38.

La extensión de tierras que fuere reservada como inexpropiable, perderá su condición de tal, y podrá ser objeto de expropiación posterior, si transcurridos cinco (5) años la propiedad reservada no cumple su función social.

Cuando para la instalación de una Colonia Agrícola resulte un obstáculo de orden técnico o económico la existencia de alguna finca dentro del área de colonización, procederá por excepción la expropiación total o parcial de las fincas, aunque cumplan su función social o estén dentro del límite de extensión inexpropiables. En estos casos la Comisión de Reforma Agraria comprobará en el juicio de Expropiación que la finca está comprendida en las estipulaciones de este artículo.

En el caso de expropiación ejecutada en los términos indicados en este artículo, los propietarios tendrán derecho a obtener en propiedad, a título oneroso, una parcela de esa misma colonia igual a la mayor área adjudicable.

La expropiación mencionada en el artículo anterior deberá hacerse por el total de la finca cuando la expropiación parcial destruya la unidad económica de la finca, la inutilice o la haga inapropiada para el uso a que estaba destinada.

En los casos de expropiación para los fines de la Reforma Agraria se observará el procedimiento sumario que establece el Código Judicial para las expropiaciones con las modalidades establecidas en este Código.

La Comisión de Reforma Agraria podrá solicitar la expropiación de obras y mejoras cuando para los fines de la Reforma Agraria se necesiten tierras estatales ocupadas por terceros con explotaciones agrícolas o pecuarias y no se haya logrado un acuerdo con el ocupante.

En estos casos el ocupante podrá reservarse una parte de sus explotaciones para formar parte del nuevo plan de reforma agraria de acuerdo con los reglamentos de dicho plan, o aceptar la parcela que le ofrezca la Comisión de Reforma Agraria en otra zona.

Cuando el Estado adquiera una propiedad mediante expropiación deberá pagar una indemnización previa al propietario.

La indemnización que se pague por este concepto durante los primeros cinco (5) años de vigencia de este Código no será mayor del valor catastral promedio de la finca durante los cinco (5) años anteriores a la Ley 73 de 27 de Diciembre de 1961.

Después de cinco (5) años de la vigencia de este Código se pagará una suma no mayor del promedio del valor catastral comprendido entre el 27 de Diciembre de 1956 y la fecha en que se haga la solicitud de expropiación.

En las expropiaciones de tierras adjudicadas después de la vigencia de este Código, se pagará por este concepto una suma no mayor de aquélla en que la tierra fue vendida. El valor de las mejoras mediante tasación pericial será reconocido en todos los casos.

En los casos de expropiación, el Estado pagará la indemnización previa en efectivo, o por medio de bonos, que devengarán un interés anual de hasta el cuatro por ciento (4%).

Las tierras de propiedad privada cuya expropiación no esté autorizada en el artículo 35, podrán ser adquiridas por la Comisión de Reforma Agraria por compra o permuta, previa aprobación del Consejo de Gabinete; y para los fines de la Reforma Agraria, será condición indispensable que sean económicamente explotables, lo cual se comprobará mediante un estudio técnico cuyas constancias deben ser agregadas a la escritura de la compra o permuta y quedar inscritas en el Registro Público, Sección de la Propiedad.

Para determinar el valor de las propiedades que se adquieran por compra o permuta se hará un avalúo por tres (3) peritos, uno nombrado por la Comisión de Reforma Agraria, otro por el propietario y otro por el Contralor General de la República y se procurará efectuar la operación de conformidad con el dictamen de los peritos.

Para efectuar el avalúo de las tierras que adquiera la Comisión de Reforma Agraria por compra o permuta se tomarán en cuenta los siguientes factores:

1. El valor catastral de la propiedad;

2. La producción media comprobada durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de adquisición;

3. El precio del inmueble en las transferencias de dominio efectuadas durante los últimos diez (10) años; y

4. Los precios de adquisición de inmuebles semejantes en propiedad en la misma región o zona durante los últimos cinco (5) años.

PARÁGRAFO. El avalúo comprenderá además del precio de las tierras, el de las construcciones, instalaciones, anexos y mejoras existentes.

La Comisión de Reforma Agraria podrá adquirir tierras mediante donaciones hechas por terceros.

Tan pronto como entre en vigencia este Código y en funciones la Comisión de Reforma Agraria, las autoridades nacionales y municipales se abstendrán de conceder permiso de ocupación o de otorgar en arrendamiento parcelas de terrenos. Esta función será ejercida única y exclusivamente por los funcionarios de la Comisión de Reforma Agraria.

La Comisión de Reforma Agraria dará consideración a las solicitudes recibidas en el mismo orden en que fueren presentadas y procurará aligerar los trámites necesarios para el otorgamiento de los títulos de propiedad.

Para ejercer el derecho de solicitar una parcela de tierra a título gratuito será necesario:

1. Ser mayor de edad, o estar emancipado o habilitado de edad o ser jefe de familia;

2. Que el peticionario no posea tierras o las que poseyere no fueren suficientes, a juicio de la Comisión de Reforma Agraria, para obtener ingresos razonables de la explotación de la tierra; y

3. Que el solicitante se obligue a trabajar la parcela personalmente o con sus familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad.

   Para ejercer el derecho de solicitar a la Comisión de Reforma Agraria una parcela de tierra, a título oneroso será necesario:

1. Ser mayor de edad, o estar emancipado o habilitado de edad o ser jefe de familia;

2. Que el peticionario no posea tierras o las que poseyere se mantengan totalmente cumpliendo su función social; y

3. Que el solicitante se obligue a hacer cumplir la función social de las tierras que solicite de acuerdo con este Código.

La Comisión de Reforma Agraria determinará la extensión de las parcelas que adjudique, procurando que cada parcela constituya una unidad económica de explotación, o finca vital, suficiente para la subsistencia de la familia del beneficiario y para que logre una utilidad razonable de su trabajo que le permita acrecentar sus bienes de capital, como un medio de mantener la unión de la familia y fomentar el desarrollo económico del país. La Comisión de Reforma Agraria procurará además que los beneficiarios reciban el crédito suficiente y la Asistencia Técnica que se requiera para lograr su productividad.

La Comisión de Reforma Agraria queda facultada para negar la adjudicación de tierras en aquellos lugares que considere que no son económicamente explotables, o cuando las áreas cuya adjudicación se solicitan, se reservan para algún fin determinado del desarrollo agrario o para propósitos de utilidad pública o para otros fines previstos en este Código o en los Reglamentos de la Comisión de Reforma Agraria.

Las tierras estatales serán adjudicables, reservadas por el Estado para usos especiales, o no adjudicables.

Las tierras estatales Adjudicables se dividen en ocupadas, parceladas y libres.

Se entenderá por tierras estatales ocupadas, aquellas sobre las cuales exista la posesión de personas naturales o jurídicas.

Las tierras estatales adjudicables que no estén comprendidas entre las ocupadas o parceladas serán de libre adjudicación de acuerdo con las formalidades de este Código.

Cualquier persona o grupo de personas, que llenen las condiciones establecidas en el artículo 53, tienen el derecho a solicitar y la Comisión de Reforma Agraria la obligación de adjudicar, una parcela que constituya una unidad económica de explotación o finca vital por cada solicitante. Esta solicitud será tramitada ante la Comisión de Reforma Agraria quien la estudiará y resolverá de acuerdo con las regulaciones de este Código y de los reglamentos que la Comisión de Reforma Agraria adopte. Las solicitudes por extensiones de tierra mayor de la unidad económica de explotación o finca vital serán resueltas por la Comisión de Reforma Agraria de acuerdo con sus reglamentos y posibilidades pero su adjudicación no constituye una obligación de parte de la Comisión de Reforma Agraria.

Para la adjudicación de parcelas de terreno a cualquier título serán preferidos en su orden:

1. Los ocupantes precarios, arrendatarios, aparceros o medieros, o simplemente trabajadores que estén cultivando la tierra, con preferencia los que hubieren sido desalojados de las tierras objeto de la adjudicación;

2. Los hijos mayores de veintiún (21) años, los emancipados, los habilitados de edad o los jefes de familia de trabajadores o productores rurales del mismo lugar;

3. Los trabajadores o productores rurales más próximos a sus hijos que residan en el lugar;

4. Los técnicos o peritos agrícolas que hayan completado sus estudios en las universidades o escuelas de agricultura;

5. Los padres de familia, agricultores o criadores de acuerdo con el número de hijos que vivan bajo un mismo techo y que dependan de ellos;

6. Los agricultores o criadores;

7. Los peones agrícolas;

8. Los productores propietarios de extensiones muy reducidas o los que sean propietarios de cualquier extensión con exceso de capacidad familiar de trabajo;

9. Los extranjeros residentes en el país o inmigrantes que sean agricultores o criadores.

La Comisión de Reforma Agraria tratará de adjudicar tierras en el mismo lugar donde reside el peticionario, pero si esto no fuere posible, se hará la adjudicación preferiblemente en las áreas más cercanas al lugar de residencia.

Cuando la Comisión de Reforma Agraria resuelva la distribución de tierras en una extensión donde ya hubieren ocupantes, pero cuya capacidad no es suficiente para permitir una explotación productiva a todos los que tuvieren derecho a que se le adjudiquen parcelas, se establecerá la siguiente prelación:

1. Los ocupantes que hayan cultivado la tierra por mayor número de años;

2. En igualdad de circunstancias, los padres de familia según el número de familiares que estén a su cargo;

3. En igualdad de circunstancias, aquellas que hayan demostrado mayor eficiencia y capacidad de trabajo.

A los demás aspirantes se les adjudicarán parcelas en las áreas más cercanas siguiendo el orden de prelación general adoptado en el artículo 58.

La Comisión de Reforma Agraria adjudicará una sola parcela a cada beneficiario. Sin embargo, podrá adjudicar una extensión adicional de tierra si el interesado comprueba:

1. Que tiene una familia numerosa que depende de él;

2. Que la parcela original no le da el rendimiento económico suficiente para garantizar el mejoramiento económico progresivo de la familia; y

3. Que la parcela original está siendo explotada racionalmente.

PARÁGRAFO: En caso de adjudicaciones adicionales y cuando no hayan tierras contiguas disponibles, el beneficiario debe estar dispuesto a trasladarse mediante arreglos especiales con la Comisión de Reforma Agraria a la nueva parcela cuya extensión y características le garanticen el desarrollo de una unidad de explotación económica adecuada.

Las tierras estatales podrán ser adjudicadas en propiedad o en arrendamiento.

Las adjudicaciones en propiedad se harán a título gratuito u oneroso, en las condiciones y con las limitaciones que se establecen en este Código.

Las adjudicaciones en propiedad a título gratuito u oneroso podrán hacerse en forma provisional o definitiva.

Se exceptúan de esta regla las adjudicaciones para áreas destinadas a fines de utilidad pública, ejidos municipales y las de tierras destinadas a la enseñanza de la agricultura, las cuales se harán sólo en forma definitiva.

La adjudicación de tierras estatales en propiedad, se hará definitiva cuando la extensión solicitada no exceda de cincuenta (50) hectáreas.

La adjudicación de tierras estatales se hará provisionalmente cuando la solicitud exceda de cincuenta (50) hectáreas.

En extensiones mayores de cincuenta (50) hectáreas, además de hacer la adjudicación provisionalmente, el beneficiario se comprometerá expresamente a hacer cumplir la función social de la propiedad por lo menos en el 20% de la extensión cada año, de manera que al finalizar el quinto año la tierra adjudicada cumpla su función social al tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de este Código.

Los terrenos adquiridos por personas naturales o jurídicas mediante compra a particulares estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 64 de este Código, a partir de la fecha de compra de los mismos, siempre que la Comisión de Reforma Agraria autorice dichas compras por el voto unánime de todos los miembros de la Comisión de Reforma Agraria. En estos casos el comprador se obligará expresamente a hacer cumplir la función social de la propiedad por lo menos en el 20% de su extensión cada año, de manera que al finalizar el quinto año la tierra así adquirida cumpla su función social al tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de este Código. Si dos (2) años después de la fecha de compra, el comprador no hubiese cumplido las condiciones establecidas en este artículo la propiedad quedará sujeta a expropiación para los fines de la Reforma Agraria.

Las tierras a que se refiere este artículo no gozarán de estos privilegios en caso de una segunda venta.

La adjudicación provisional no confiere la propiedad de la tierra. Solo concede al adjudicatario la facultad de aprovecharla, de trasmitir por causa de muerte el derecho adquirido por la adjudicación y la exclusividad para obtener la adjudicación definitiva.

Estos derechos se pierden cuando no se cumplan las condiciones estipuladas para convertir la adjudicación provisional en definitiva, en cuyo caso las tierras correspondientes podrán ser adjudicadas a otra persona.

PARÁGRAFO: El plazo para perder los derechos en las adjudicaciones provisionales de acuerdo con lo que establece el artículo 64, será de dos (2) años cuando la extensión es mayor de cincuenta (50) hectáreas y el beneficiario no hubiese cumplido las condiciones establecidas.

La adjudicación provisional se convertirá en definitiva cuando el adjudicatario compruebe que la tierra adjudicada está cumpliendo adecuadamente su función social de acuerdo con el artículo 30 de este Código.

Exceptúanse las tierras convertidas en áreas urbanas las que se regirán por las disposiciones dictadas o que se dicten al respecto.

Las personas que hayan reforestado o dejado con bosques naturales primarios o secundarios, al menos, la mitad de las parcelas estatales adjudicables que ocupan con derechos posesorios, conforme a un plan de manejo aprobado por el INRENARE, se considerarán adjudicatarias mediante título de propiedad condicionado, con las limitaciones establecidas en el Artículo 12 de este Código.

La adjudicación definitiva confiere la propiedad de la tierra con las limitaciones establecidas en este Código.

Los terrenos de cualquier extensión, adjudicados a título oneroso, estarán sujetos a expropiación cinco (5) años después de la adjudicación, si el adjudicatario no mantiene la propiedad cumpliendo su función social, al tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de este Código.

La Comisión de Reforma Agraria no garantiza la calidad de baldíos de terrenos que adjudica, y, por consiguiente, no está sujeta al saneamiento de la propiedad que transfiere en las adjudicaciones.

Sin embargo, si habiéndose cumplido las formalidades legales para las adjudicaciones que este Código establece, se presentasen reclamos fundados de terceros que comprueben la propiedad del terreno adjudicado, y cuando esta comprobación se efectúe después de la instalación de los nuevos beneficiarios, la Comisión de Reforma Agraria, procederá a expropiar las tierras al propietario original, manteniendo la validez de las adjudicaciones hechas.

Tampoco está obligada al saneamiento si el terreno estuviese destinado a un uso público u ocupado por colonos, agropecuarios o industriales.

En cualquiera de estos casos, su obligación se reduce a restituir las especies recibidas a cambio de la adjudicación.

Las inexactitudes contenidas en las peticiones hechas por los interesados para la adjudicación de tierras estatales y las que contengan los planos que se levanten en vista de esas mismas peticiones, sólo perjudicarán a los interesados y a sus causahabientes.

La adjudicación en ningún caso perjudica a terceros y deja a salvo a los colonos, agropecuarios e industriales.

En ningún caso tendrán valor alguno contra la Nación o contra terceros, los títulos expedidos o que se expidan en contravención a las disposiciones que regulen la adjudicación o venta de tierras estatales. En consecuencia, las inscripciones hechas en el Registro Público de los títulos expedidos o que se expidan desde la vigencia de este Código con tales defectos podrán cancelarse a solicitud del representante de la Nación o a petición de parte interesada. Tal cosa se hace mediante demanda ordinaria ante los tribunales competentes.

Todo habitante de la República que carezca de tierras rurales en propiedad y que no disponga de una renta anual mayor de seiscientos balboas (B/.600.00) y la persona que entre al país de acuerdo con las leyes de inmigración para dedicarse a la agricultura tendrán derecho, si son mayores de edad, a que se les adjudique gratuitamente un lote de tierra estatal equivalente a la finca vital.

Las adjudicaciones a título gratuito de tierras estatales se harán a razón de un lote cuya superficie represente una unidad económica de explotación o finca vital para la familia.

Las tierras adjudicadas a título gratuito, sólo podrán ser hipotecadas a favor de instituciones del Estado y no podrán ser enajenadas ni dadas en uso o usufructo dentro de los cinco (5) años siguientes al de la adjudicación. Dentro de este plazo podrán transmitirse por causa de muerte.

A la expiración del término de que trata este artículo, la enajenación de las tierras baldías adjudicadas a título gratuito, causará un derecho a favor de la Comisión de Reforma Agraria no menos de B/.6.00 (seis balboas) por cada hectárea o fracción de hectárea que se enajene.

Los Notarios no extenderán Escritura alguna a tales enajenaciones mientras no se les compruebe que se ha hecho el pago de que trata este artículo. El comprobante de este pago se agregará al protocolo de la Notaría y copia del mismo se insertará en la Escritura.

El Registro Público no inscribirá escritura alguna de enajenación de tierras adjudicadas a título gratuito en la cual no conste que se han llenado los requisitos señalados en este Artículo.

Todo propietario de tierras a título gratuito puede convertir éste en título de compra, pagando a la Comisión de Reforma Agraria la suma correspondiente, de acuerdo con las reglamentaciones sobre adjudicación a título oneroso. Esta conversión sólo podrá efectuarse cuando la tierra adjudicada a título gratuito esté cumpliendo su función social.

La Comisión de Reforma Agraria declarará zonas de tierras destinadas exclusivamente para uso comunal de los agricultores cuando así lo considere conveniente.

PARÁGRAFO. Estas tierras podrán ser asimismo repartidas individualmente más adelante, si la Comisión de Reforma Agraria así lo estima conveniente y beneficioso al desarrollo de la economía nacional.

Los gastos de mensura, tramitación y registro del título gratuito, serán sufragados por la Comisión de Reforma Agraria.

Los terrenos adjudicados gratuitamente revertirán a la Comisión de Reforma Agraria si el adjudicatario cinco (5) años después de la adjudicación no mantiene la propiedad cumpliendo su función social, al tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de este Código.

Los beneficiarios de una parcela adquirida a título gratuito podrán solicitar posteriormente la adquisición de extensiones adicionales de tierra a título oneroso siempre que demuestren ante la Comisión de Reforma Agraria que la parcela adquirida a título gratuito está cumpliendo su función social.

La Comisión de Reforma Agraria dará preferencia especial en la adjudicación de parcelas a las solicitudes formuladas por cooperativas o agrupaciones de peritos agropecuarios, agrónomos u otros profesionales agrícolas, para la explotación combinada de áreas de tierra apropiada para las labores agropecuarias.

Las unidades económicas de explotación o fincas vitales descritas en el artículo 54 que hayan sido adjudicadas por la Comisión de Reforma Agraria y dadas en propiedad, ya sea a título gratuito u oneroso, no podrán ser fraccionadas o divididas para los efectos de traspaso, a fin de evitar la formación de minifundios, cuya existencia es perjudicial para la economía nacional.

La calidad de indivisibilidad de las unidades de explotación o fincas vitales que se menciona en el artículo anterior, deberá ser claramente indicada en los contratos o escrituras de venta de las adjudicaciones.

Serán nulos los actos que tengan por objeto el fraccionamiento de la unidad económica de explotación o finca vital.

En caso de muerte del titular de la unidad económica de explotación o finca vital, esta unidad será adjudicada a los herederos designados por el testador. A falta de herederos testamentarios, la unidad económica será adjudicada de conformidad con las reglas relativas a la sucesión intestada.

En caso de dos (2) o más herederos éstos están obligados a mantener la indivisión de la unidad económica de explotación o finca vital por el término de dos (2) años. Transcurridos dichos dos (2) años, cualquiera de los herederos podrá solicitar a la Comisión de Reforma Agraria la disolución de la adjudicación y en este caso la Comisión de Reforma Agraria ordenará la venta de la unidad en licitación pública, prefiriéndose al heredero, en igualdad de precios.

A proposición de la mayoría de los herederos, la Comisión de Reforma Agraria puede adjudicar la unidad al conjunto, para que su explotación sea desarrollada por todos los herederos.

Los herederos excluidos de la adjudicación, serán satisfechos con el pago de la cuota que le corresponde pagar al nuevo titular de la unidad, quien podrá pagar en abonos anuales asumiendo el crédito que será garantizado con hipoteca legal sobre la propiedad.

Si el nuevo titular no paga en el término prefijado, la Comisión de Reforma Agraria ordenará la venta de la unidad, en licitación pública.

En la materia contemplada en los artículos 84, 86 y 87 la jurisdicción compete a los tribunales, a solicitud de la Comisión de Reforma Agraria o cualquiera de los herederos.

Los préstamos que se concedan al nuevo beneficiario de la unidad para el pago de las cuotas correspondientes a los herederos excluidos de la asignación, serán considerados como crédito agrícola para mejoras permanentes a la propiedad.

En caso de venta o ejecución judicial tales actos tendrán por objeto la unidad económica de explotación en toda su extensión. No podrán, en ningún caso ser ignoradas las pertenencias cuya utilización sea indispensable para la explotación de la unidad.

El requisito de indivisibilidad de una unidad económica de explotación o finca vital, puede cancelarse cuando por circunstancias del desarrollo de la unidad, la Comisión de Reforma Agraria considere posible su división para formar dos (2) o más unidades.

La cancelación del requisito de indivisibilidad debe ser anotada marginalmente en la inscripción en el Registro Público de la adjudicación de la unidad económica.

Las propiedades agrícolas de dimensiones económicas mayores que la unidad económica considerada como vital, podrán ser subdivididas en partes, siempre que se respete el concepto fundamental del mantenimiento de la unidad económica de explotación o finca vital para cada una de las partes en que se divide la propiedad.

La Comisión de Reforma Agraria deberá emitir su opinión acerca de la idoneidad de la subdivisión que se piensa ejecutar, para los efectos de la formación de las unidades económicas. Sin la aprobación de la Comisión de Reforma Agraria el contrato de venta no tendrá valor alguno.

La Comisión de Reforma Agraria fomentará la adjudicación de parcelas que formen una unidad económica de explotación o finca vital, conjuntamente con las facilidades de crédito necesarias, a los propietarios de minifundios, a fin de convencerlos de abandonar las parcelas pequeñas que no constituyen una unidad económica de explotación suficiente para la subsistencia de la familia del beneficiario y para que logre una utilidad razonable de su trabajo que le permita acrecentar sus bienes de capital.

En estos casos la Comisión de Reforma Agraria recibirá el minifundio acreditándole su valor al propietario, con el propósito de unirlo a otros minifundios a fin de formar de varios de ellos nuevas unidades económicas de explotación que pueden adjudicarse a otros beneficiarios.

Tan pronto como entre en vigencia este Código y en funciones de Reforma Agraria, la distribución y adjudicación de las tierras estatales rurales a particulares será efectuada, única y exclusivamente, por la Comisión de Reforma Agraria o por los funcionarios que ésta determine.

Para el cumplimiento de estas funciones se inviste al Director General de la Reforma Agraria y a los Funcionarios que lo representen en la respectiva Provincia, de mando y jurisdicción, y por tanto, sus órdenes y decisiones deben ser acatadas y cumplidas por los particulares y por las autoridades administrativas y de policía, so pena de hacerse culpables de desacato a los que las desatendieren.

PARÁGRAFO 1 (Transitorio). Los funcionarios mencionados en el párrafo anterior están también facultados para parcelar el sector urbano del Hato o Sitio de San Juan, a fin de adjudicar títulos en propiedad a sus habitantes en lo concerniente a los lotes donde tienen sus casas, cuyos lotes se adjudicarán a título gratuito.

PARÁGRAFO 2 (Transitorio). Se exceptúan de las disposiciones de este Código:

Las adjudicaciones de tierras que al momento de constituirse y empezar a funcionar efectivamente la Comisión de Reforma Agraria sean objeto de los trámites legales pertinentes en el Ministerio de Hacienda y Tesoro, las cuales seguirán sometidas, hasta su conclusión, a los procedimientos legales y administrativos establecidos en dicho Ministerio.

Las solicitudes de adjudicación de tierras estatales a título gratuito u oneroso deberán ser dirigidas al Funcionario Provincial designado por la Comisión de Reforma Agraria, el cual las sustanciará y remitirá a la Dirección General de la Reforma Agraria. La solicitud se hará mediante formulario preparado al efecto por la Comisión de Reforma Agraria, cuyos formularios serán suministrados sin costo y no causarán derecho de timbre cuando se trate de solicitudes a título gratuito; se les adherirán timbres por valor de dos Balboas (B/.2.00), más el timbre de soldado de la Independencia, cuando se trate de solicitudes a título oneroso.

La tramitación de las solicitudes tendrá dos (2) etapas: una (1) que comprenderá la tramitación necesaria para la mensura del terreno que se solicita y otra que comprenderá lo relacionado con la adjudicación.

Una vez presentada la solicitud, la Comisión de Reforma Agraria autorizará al peticionario para que abra las trochas respectivas, y por conducto del Alcalde o del Corregidor correspondiente, enviará comunicaciones a los colindantes a fin de que se notifiquen personalmente por escrito, en un término no mayor de quince (15) días y hagan valer sus derechos en el momento de la inspección o mensura.

En caso de colindantes conocidos ausentes cuyo paradero se conoce, se procederá a notificarlos por medio de exhorto que puede ser librado por conducto de las autoridades de la Comisión de Reforma Agraria o de las autoridades administrativas o judiciales.

En caso de colindantes ausentes desconocidos o de paradero ignorado se hará la notificación mediante fijación de edictos por cinco (5) días en la Alcaldía y Corregiduría del lugar.

En caso de colindantes conocidos pero ausentes cuyo paradero se conoce, se procederá a notificarlos por medio de exhorto que será librado por conducto de los funcionarios de la Comisión de Reforma Agraria o por conducto de cualquier otro funcionario administrativo o judicial.

En caso de colindantes conocidos pero renuentes a notificarse personalmente, se procederá a la notificación personal en la forma establecida por el Artículo 479 del Código judicial.

Abiertas las trochas el interesado lo comunicará por escrito o verbalmente al Funcionario Sustanciador para que éste fije la fecha de la Inspección, la cual se hará en un término no mayor de quince (15) días a partir de la fecha en que se ha presentado la solicitud.

Previa constancia de las notificaciones a los colindantes, si los hubiere, y en la forma establecida en este Decreto Ley, así como de que las trochas han sido abiertas, la Comisión de Reforma Agraria, por medio de un Agrimensor bajo su dependencia, hará inspeccionar el terreno cuya mensura se solicita para establecer si las tierras solicitadas son o no adjudicables. En las solicitudes a título oneroso, siempre que sea posible, el Agrimensor privado que habrá de practicar la mensura, acompañará al Agrimensor de la Comisión de Reforma Agraria en esta inspección.

PARÁGRAFO. Durante la inspección a que se refiere el inciso anterior tendrá también lugar la conferencia de avenimiento a que se refiere el Artículo 103, sin perjuicio de la oposición que pueda instaurar posteriormente quien se crea perjudicado, según lo prescribe el Artículo 133 de este Código.

Si las tierras solicitadas son estatales adjudicables y no están ocupadas, el agrimensor de la Comisión de Reforma Agraria que haya efectuado la inspección, autorizará al agrimensor del peticionario para que lleve a efecto la mensura y prepare el plano correspondiente cuando se trate de una solicitud a título oneroso. Cuando se trate de una solicitud a título gratuito la mensura será efectuada por agrimensores de la Comisión de Reforma Agraria, si no ha habido oposición por parte de colindantes.

Si alguno o varios colindantes se oponen a la mensura, el agrimensor de la Comisión de Reforma Agraria estudiará las quejas presentadas con miras a una avenencia sobre el terreno.

Si no hubiere avenencia, el funcionario sustanciador, acompañado del agrimensor de la Comisión de Reforma Agraria, cuando se trate del título gratuito, y de éste y del Agrimensor privado, cuando se trate del título oneroso, practicará una inspección ocular con el fin de establecer a quién le asiste la razón. Los fallos de este funcionario serán apelables ante la Dirección de la Comisión de Reforma Agraria.

Todos los detalles de las inspecciones se harán constar en un acta firmada por los funcionarios y las partes.

Practicada la mensura, la oficina provincial de la Comisión de Reforma Agraria preparará el plano cuando se trate de una solicitud a título gratuito. Cuando se trate de una solicitud a título oneroso, el agrimensor privado levantará el plano correspondiente y lo presentará al funcionario sustanciador junto con un informe circunstanciado de la mensura.

En dicho informe se harán constar los linderos, la superficie, el nombre de los colindantes y ocupantes y cualquiera otra información que considere conveniente.

El funcionario sustanciador, una vez estudiado el plano, lo remitirá junto con el expediente a la Dirección General de la Comisión de Reforma Agraria para su estudio y aprobación.

Si el plano es aprobado por la Dirección General de la Comisión de Reforma Agraria, ésta archivará el original y devolverá tres (3) copias al funcionario sustanciador junto con el expediente para que se tramite lo referente a la adjudicación.

Recibido el expediente, el funcionario provincial de la Comisión de Reforma Agraria hará publicar la solicitud mediante la fijación de edictos en el Despacho de la Comisión de Reforma Agraria y en la Alcaldía o Corregiduría del lugar donde se solicita el terreno. Estos edictos serán publicados en un periódico diario de gran circulación durante tres (3) días consecutivos y una (1) vez en la Gaceta Oficial. Los edictos tendrán una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

PARÁGRAFO. Para los efectos de la publicación de los Edictos en la Gaceta Oficial, bastará la presentación al Despacho de la Comisión de Reforma Agraria del recibo de pago de los derechos efectuados en la Dirección Provincial de Ingresos respectiva.

Transcurrido este término, si no hay oposición, el Funcionario Sustanciador enviará el expediente completo a la Dirección General de la Reforma Agraria para que ésta, si lo cree pertinente, proceda a dictar la Resolución de Adjudicación.

La Resolución a que se refiere el Artículo anterior, debidamente inscrita en el Registro Público, constituirá el título de propiedad.

La Comisión de Reforma Agraria podrá negar la solicitud cuando lo crea conveniente, por razones de utilidad pública, de interés social, o cuando interfiera con sus planes de desarrollo agrario.

Cuando se trate de adjudicaciones a título oneroso por extensiones de terreno hasta cincuenta (50) hectáreas, la Comisión de Reforma Agraria sufragará los gastos que ocasione la tramitación de la solicitud hasta la expedición del título correspondiente y los agregará al valor acordado por la tierra.

Cuando se trate de adjudicaciones a título oneroso por extensiones de tierra de una extensión mayor de cincuenta (50) hectáreas, el interesado sufragará los gastos que ocasione la tramitación de la solicitud hasta la expedición del título correspondiente.

La Comisión de Reforma Agraria, tomando en cuenta la cantidad de tierras de propiedad del solicitante, fijará los precios de venta de las tierras estatales que venda mediante los reglamentos de clasificación de tierras que adopte, pero el precio de venta a título oneroso no podrá ser menor de seis balboas (B/.6.00) por hectárea, valor que servirá de base para la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad.

Fijado por la Comisión de Reforma Agraria el precio de venta de una parcela, determinará de acuerdo con sus reglamentos, un plan de pagos que puede extenderse por un período hasta de veinte (20) años y se establecerá el monto de las amortizaciones anuales dividiendo el valor total de la parcela entre el número de años acordados para el pago. Es entendido que no se cargarán intereses sobre el pago puntual de cuotas; sin embargo se comenzará a cobrar intereses del 3% anual desde el momento en que se venza el plazo para los pagos parciales.

Podrá extenderse el término de pago hasta treinta (30) años, cuando además de la parcela se incluyan en la venta unidades de vivienda u otras mejoras costosas a la propiedad, en cuyo caso la Comisión de Reforma Agraria podrá cobrar un interés hasta del 6% anual sobre el saldo adeudado. Las cuotas se comenzarán a pagar después del primer año de haber entrado el beneficiario en posesión de la parcela y la Comisión de Reforma Agraria podrá extender este término de acuerdo con la naturaleza de los cultivos.

La Comisión de Reforma Agraria queda facultada para considerar de plazo vencido las obligaciones de crédito y exigir el pago inmediato del saldo adeudado por mora de tres (3) anualidades.

Cuando se trata de una adjudicación a título oneroso, la Comisión de Reforma Agraria extenderá al comprador el título de propiedad correspondiente al efectuar el pago, mediante la Resolución de que trata el Artículo 110. Si la venta se hubiese acordado al crédito, se extenderá la Resolución de adjudicación mencionada, pero el comprador constituirá primera hipoteca sobre la propiedad, dejando constancia en dicha Resolución de las condiciones bajo las cuales se hace la venta.

La Comisión de Reforma Agraria queda facultada para ceder, cuando lo considere conveniente, el derecho de primera hipoteca a favor de una Institución Oficial de Crédito.

La Resolución a que se refieren los Artículos 110 y 117 de este Código será inscrita en el Registro Público de la Propiedad. El registro se efectuará con base en la copia autenticada de la Resolución pertinente, en la cual el funcionario que designe al efecto la Comisión de Reforma Agraria certificará la autenticidad de las firmas que aparezcan en dicha Resolución. El registro de la Resolución de que se trata se efectuará sin costo alguno cuando se trate de un título gratuito y se cobrarán los derechos regulares cuando se trate de un título oneroso.

Cuando la Comisión de Reforma Agraria decida destinar una extensión determinada de tierras estatales para futuras parcelaciones seguirá el siguiente procedimiento:

1. Abrirá las trochas respectivas y enviará comunicación a los colindantes en la forma indicada en los artículos 98, 99 y 100 informándoles la fecha en que se efectuará una inspección sobre el terreno;

2. Efectuada la inspección sobre el terreno, se procederá a levantar el plano correspondiente, se fijarán los edictos y se harán las publicaciones indicadas en el artículo 108;

3. Si no hubiese oposición, la Comisión de Reforma Agraria dictará una Resolución segregando la finca e inscribiéndola en el Registro Público, sección de la propiedad;

4. En caso de oposición, se seguirán los trámites establecidos en este Código.

Para la a adjudicación de parcelas comprendidas en las fincas segregadas por la Comisión de Reforma Agraria e inscritas en el Registro Público,sección de la propiedad, bastará que el director general de la reforma agraria apruebe la solicitud del interesado. La Resolución de adjudicación, que hará las veces de escritura, se inscribirá en el Registro Público de acuerdo con lo establecido en el Artículo 118 de este Código.

La Comisión de Reforma Agraria tratará de promover las adjudicaciones en propiedad; sin embargo, por razones especiales plenamente justificadas las tierras estatales puestas a su disposición podrán adjudicarse en arrendamiento mediante contrato en extensión no mayor de quinientas (500) hectáreas.

No podrán hacerse adjudicaciones en arrendamiento por extensión mayor de quinientas (500) hectáreas sin autorización establecida expresamente por una ley especial.

Estas adjudicaciones se harán mediante contrato en el cual el arrendatario se obligue a aprovechar las tierras en cultivos, ganado o industrias y a pagar al Tesoro Nacional un canon de arrendamiento anual que será determinado por la Comisión de Reforma Agraria. En ningún caso el canon de arrendamiento podrá fijarse en cantidad menor de un balboa (B/1.00) por hectárea.

Los Contratos que celebre la Comisión de Reforma Agraria por arrendamiento, no podrán ser por un término mayor de quince (15) años.

Este término será improrrogable, pero al vencerse el contrato, la Comisión de Reforma Agraria podrá celebrar uno nuevo con el interesado, si éste lo solicita de acuerdo con las leyes vigentes.

Los cánones de arrendamiento deberán pagarse por anualidades anticipadas.

La infracción de cualquiera de las obligaciones del arrendamiento causará la resolución administrativa del contrato. Esta resolución dará lugar a exigir al arrendatario el pago de indemnización al Estado, cuya cuantía se determinará en el mismo contrato.

Para asegurar el cumplimiento del contrato, el arrendatario constituirá una fianza que determinará la Comisión de Reforma Agraria, pero que no podrá ser menor del valor equivalente al canon de un (1) año.

Por resolución de la Comisión de Reforma Agraria con la aprobación del Consejo de Gabinete, podrá rescindirse cualquier contrato de arrendamiento con indemnización previa al arrendatario cuya cuantía será determinada mediante avalúo de tres (3) peritos; uno nombrado por la Comisión de Reforma Agraria, otro por el arrendatario y otro por la Contraloría General de la República.

Las solicitudes de adjudicación en arrendamiento deberán ser dirigidas a la Comisión de Reforma Agraria por medio de memorial, en el cual se expresará lo siguiente:

1. Nombre e identidad del solicitante;

2. La ubicación, descripción y linderos de las tierras que se desean arrendar;

3. El término del arrendamiento;

4. El uso que se le dará a las tierras solicitadas; y

5. Las razones que justifiquen la solicitud.

Recibida la solicitud, se tramitará de conformidad con los procedimientos que establezcan los reglamentos que la Comisión de Reforma Agraria dicte al efecto para las adjudicaciones en arrendamiento. Estos reglamentos incluirán las notificaciones a los colindantes y ocupantes y las publicaciones de la solicitud para proteger los derechos de terceros.

En toda actuación que tenga por objeto la adjudicación de tierras baldías en propiedad o en arrendamiento podrá haber oposición que se formulará por escrito ante la Comisión de Reforma Agraria.

Las oposiciones sólo serán admisibles en los casos siguientes:

1. Cuando el opositor alegare tener derecho de posesión;

2. Cuando el opositor alegare haber presentado una petición anterior sobre el mismo terreno o parte de él;

3. Cuando el opositor alegare título de dominio o de arrendamiento sobre el mismo terreno o parte de él;

4. Cuando se reclame el reconocimiento de una servidumbre constituida a favor de otro predio; siempre que la servidumbre no aparezca reconocida en el expediente; y

5. Cuando se alegare que la solicitud de adjudicación comprende tierras inadjudicables.

La falta de oposición en los casos del artículo anterior no excluye cualquiera otra acción que al interesado le compete de acuerdo con el Código Civil o este Código.

Las oposiciones a las solicitudes deben anunciarse desde la presentación de la solicitud original hasta el último día del período de 15 días a que se refiere el Artículo 108 de este Código.

Una vez presentada se suspenderá el curso de la solicitud y se remitirá el proceso al Juez del Circuito o al Tribunal Superior de Justicia, según el caso donde estuviere ubicado el terreno, para que sustancie la acción, la cual será tramitada de acuerdo con el procedimiento correspondiente al juicio ordinario.

PARÁGRAFO: El anuncio a que se alude en este artículo podrá efectuarse mediante memorial dirigido al Funcionario Provincial de la Comisión de Reforma Agraria respectivo o por diligencia que deberá suscribir el interesado ante el funcionario mencionado.

La oposición podrá hacerse únicamente por el interesado en persona, o por quien exhiba poder bastante suyo. El opositor será actor en el juicio a que dé lugar un oposición.

Una vez recibido en el Tribunal el expediente se notificará personalmente dicho recibo al opositor, previniéndole que debe formalizar su oposición dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación. Si el opositor no formaliza la oposición dentro del término señalado, el Tribunal, de oficio, la declarará desierta y devolverá el expediente para que se le dé el curso correspondiente. Cuando el opositor se resista a recibir la notificación personal a que se refiere el párrafo lo de este artículo, la notificación podrá hacerse por edicto.

Las oposiciones de la Nación, de los Municipios y de las instituciones autónomas serán presentadas por sus representantes autorizados.

En las oposiciones litigará amparado de pobreza el solicitante a título gratuito demandado en la oposición.

Los agrimensores que rindan informes falsos sobre las tierras cuyos planos hayan levantado, ya sea con malicia o por negligencia inexcusable, serán sancionados la primera vez con la destitución si se trata de empleado público, o con multa de cincuenta a doscientos balboas (B/.50.00 a B/.200.00) y en caso de reincidencia se duplicará la multa, sin perjuicio de la sanción penal a que hubiere lugar.

El Departamento de Cartografía del Ministerio de Obras Públicas, a solicitud de la Comisión de Reforma Agraria procederá a localizar coordenadas geográficas y a erigir puntos de referencia fijos de modo que una vez sean establecidos, todo plano que se levante deberá necesariamente sujetarse a dichas coordenadas geográficas o puntos fijos de referencia.

A partir de la vigencia del presente Decreto Ley no se reconocerán derechos posesorios a quienes ocupen tierras estatales en cualquier forma sin que estas tierras cumplan su función social.

Cuando dentro de un terreno que se adjudique hayan quedado comprendidas o encerradas una o más porciones ocupadas por personas que tengan derechos como adjudicatarios provisionales al tenor de lo establecido en el artículo 68, el nuevo adjudicatario estará obligado a opción del ocupante:

1. A transferir gratuitamente al ocupante la propiedad de la porción o porciones ocupadas y a concederle servidumbre gratuita de tránsito si fuere necesario o;

2. A pagar al ocupante el valor de la porción o porciones ocupadas que le fueron adjudicadas indebidamente, para lo cual se practicará el avalúo por medio de peritos; uno (1) nombrado por cada parte, y uno (1) nombrado por la Comisión de Reforma Agraria.

En las adjudicaciones de tierra a título oneroso, el adjudicatario no tendrá derecho a la devolución de los pagos que haya hecho sobre el valor de la tierra adjudicada cuando se revoque la adjudicación porque la tierra no cumpla su función social.

Todas las tierras estatales que se adjudiquen en propiedad, de conformidad con este título, quedarán afectadas con un gravamen a favor de la Nación y del municipio respectivo, que permita la construcción o instalación de vías públicas de toda clase, canales, acueductos, líneas telegráficas, telefónicas y de conducción de energía eléctrica y otras obras o instalaciones de naturaleza análoga, siempre que dichas vías u obras sean nacionales o municipales.

La ocupación para los fines indicados, no dará derecho al propietario a exigir pago del valor de la tierra afectada, pero sí a ser indemnizado con el valor de las mejoras o cultivos que en ella haya hecho.

Sin embargo, se indemnizará el valor de la tierra si la ocupación por la obra o instalación deja inutilizable el resto del terreno adjudicado.

Cuando se compruebe que un adjudicatario ha ocupado o encerrado en sus linderos, tierras estatales en cantidad mayor que la que aparece indicada en su título, no se le reconocerá al adjudicatario ningún derecho por la ocupación de dichas tierras y será obligatoria su devolución en cualquier tiempo, con pérdida de las mejoras que haya introducido, salvo el derecho a la recolección de los frutos pendientes.

Esta tierra no será vendida al adjudicatario, aún en el caso que así lo solicite, salvo que la Comisión de Reforma Agraria revoque la prohibición de venta, en casos especiales y mediante una investigación cuidadosa en la que, entre otras cosas, debe comprobarse que no hubo culpa o dolo en la ocupación o encierre de las tierras.

La Comisión de Reforma Agraria fomentará la creación de colonias agrícolas, como medio para aumentar la producción, crear centros de población, evitar la dispersión del campesino, integrar diversos grupos regionales y nacionales, elevar el nivel de vida de los agricultores, y aprovechar las energías colectivas de la comunidad.

De las tierras obtenidas por la Comisión de Reforma Agraria se demarcarán y segregarán los globos más apropiados para la fundación de las colonias agrícolas.

Cuando un grupo no menor de veinte (20) familias, enviaran por escrito una solicitud a la Comisión de Reforma Agraria para la formación de una colonia, ésta estudiará la solicitud y procederá a resolverla. Si se estableciera en la solicitud la preferencia por una determinada zona geográfica, sobre la cual no se hubieren hecho estudios pertinentes, la Comisión de Reforma Agraria, antes de pronunciarse deberá ordenarlos y sólo cuando los resultados fueren favorables se procederá a contestar afirmativamente la solicitud.

Las colonias agrícolas pueden ser de dos (2) clases: estatales y privadas.

Serán colonias agrícolas estatales aquellas que el Estado financie, a través de la Comisión de Reforma Agraria.

Serán colonias agrícolas privadas aquellas que se fundarán y financiarán con el capital privado.

PARÁGRAFO: La Comisión de Reforma Agraria reglamentará y vigilará de modo permanente las colonias agrícolas tanto estatales como privadas.

Los extranjeros podrán formar parte de las colonias agrícolas, tanto estatales como privadas, de acuerdo con los reglamentos de la Comisión de Reforma Agraria. Cuando un extranjero o grupo de extranjeros no residente en el país quiera formar parte de una colonia agrícola, dirigirá una solicitud a la Comisión de Reforma Agraria, en la cual hará constar:

1. La nacionalidad y domicilio;

2. Las generales de ley;

3. El historial policivo;

4. La rama de la agricultura a que se ha dedicado y a la que pretende dedicarse en Panamá, y

5. Que no padece de enfermedad infecto-contagiosa o mental, ni de incapacidad física.

Los extranjeros que ingresen al país para formar parte de una colonia agrícola obtendrán, a través del Departamento de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores, la residencia provisional al llegar al país, válida hasta por cinco (5) años mientras labore su parcela dentro de la colonia y no se dedique a ninguna otra actividad; y la definitiva una vez transcurrida la residencia provisional si cumple su parcela la función social que establece este Código.

Cuando los extranjeros formen parte de una colonia ésta deberá siempre mantener una proporción mínima del 50% de familias panameñas.

Las Agencias Estatales competentes, en colaboración con la Comisión de Reforma Agraria, construirán las viviendas de las Colonias estatales, la escuela, el centro de salud, los edificios comunales, tanto de recreación como de trabajo.

La Comisión de Reforma Agraria podrá convenir con personas naturales o jurídicas la formación de colonias agrícolas privadas en tierras estatales o en los inmuebles que le pertenezcan a dichas personas; mediante el estudio del proyecto por cuenta del interesado, para determinar si dichos inmuebles pueden ser divididos en unidades económicas de producción y si la empresa cuenta con los medios de financiamiento suficientemente amplios para asegurar el éxito del proyecto; y la aprobación de un reglamento de adjudicaciones y administración de la Colonia de conformidad con las disposiciones de este Código.

Los beneficiarios de las Colonias Agrícolas constituirán por elección un consejo de administración y se organizarán bajo la dirección de la Comisión de Reforma Agraria. Los Consejos de Administración durarán un (1) año en el ejercicio de sus funciones y serán electos por la Asamblea General de Colonos cada año en la forma que determine el reglamento.

La Comisión de Reforma Agraria dará prioridad en la adjudicación de tierras a aquellas que han de dedicarse a la formación de Colonias Agrícolas y de la misma manera las instituciones de Crédito y de asistencia técnica y comercialización de productos, darán prioridad a las solicitudes de estos colonos.

Las colonias agrícolas deben funcionar en áreas de tierras económicamente cultivables que sean suficientes para proporcionar un medio de vida a los colonos y su planificación debe incluir el Crédito y la asistencia técnica necesarios para el desarrollo integral de la colonia. Deben reservarse las áreas necesarias para vivienda, agrupación de la población, edificios y servicios para uso de la comunidad y las tierras y aguas necesarias para las necesidades presentes y futuras.

El Estado construirá las vías de comunicación, obras de riego, saneamiento y educativas que se necesiten para el desarrollo integral de las colonias agrícolas y la Comisión de Reforma Agraria gestionará los créditos supervisados indispensables para la construcción de viviendas para colonos, plantas de beneficios y de procesamiento de productos, servicios de mecanización agrícola, centros de empaque y comercialización de productos y en fin todo cuanto sea necesario para el desarrollo integral, económico y social de las colonias.

El precio básico fijado a las parcelas de las colonias agrícolas será computado tomando en consideración el precio que la Comisión de Reforma Agraria fije a la tierra antes de la planificación o el precio de compra de la misma, más los gastos directos de planificación y las obras efectuadas en la parcela.

Se agregará además un estimado del costo de financiación durante el primer año de producción, financiación que debe ser suministrada por la Comisión de Reforma Agraria o los organismos de Crédito del Estado.

No se cargará a los colonos el costo de las obras efectuadas para beneficio comunal destinadas a los servicios públicos, tales como carreteras, caminos de penetración y otros servicios generales.

Cuando resultare muy alto el precio de compra de la extensión de la tierra destinada a formar una colonia agrícola, la Comisión de Reforma Agraria podrá reducir el precio básico de venta que se haya fijado de acuerdo con el artículo anterior, de tal manera que el precio pagado por los colonos sea razonablemente aceptable para que la explotación de las parcelas como unidad económica de producción de la familia cumpla su función social.

Los colonos garantizarán sus obligaciones con la Comisión de Reforma Agraria mediante hipoteca.

Para los efectos del crédito agrícola, los colonos pueden constituir hipoteca sobre bienes muebles. Podrán además constituir hasta segunda hipoteca sobre inmuebles.

En toda Colonia Agrícola cuando la Comisión de Reforma Agraria le dé posesión de las parcelas a los colonos, convocará a una Asamblea General en la que deberán estar presente por lo menos dos terceras (2/3) partes de los colonos, para que procedan a la constitución de una cooperativa agrícola y a la elección del Consejo de Administración de la Colonia.

El Consejo de Administración de la Colonia servirá de Órgano de enlace con la Comisión de Reforma Agraria y tendrá las siguientes atribuciones:

1. Elaborar el proyecto de estatutos y someterlo a la Asamblea General para su consideración y aprobación;

2. Elaborar y aprobar con el Técnico que la Comisión de Reforma Agraria designe, los planes de producción, de crédito, de abastecimiento y de colocación de los productos en el mercado;

3. Cooperar con la Comisión de Reforma Agraria y otras instituciones del Estado para la mejor aplicación de los planes de crédito y asistencia técnica, sanitaria, educativa y social y vigilar el cumplimiento de dichos planes;

4. Promover por todos los medios a su alcance el desarrollo económico, social y cívico de los colonos; y

5. Cualesquiera otras atribuciones que los estatutos o las leyes señalen.

La Comisión de Reforma Agraria podrá modificar o rechazar los planes de producción formulados por el Consejo de Administración cuando ellos no se ajusten al plan integral de desarrollo agrario trazados para todo el país. En estos casos se expresarán las razones de la modificación o rechazos de dichos planes.

Al adjudicarse una parcela, la Comisión de Reforma Agraria firmará un contrato de venta con el colono, en el cual deben especificarse los derechos y obligaciones de ambas partes.

El colono tendrá las siguientes obligaciones:

1. El pago de las amortizaciones anuales en la forma que se estipula;

2. Residir en la parcela y trabajarla con su familia;

3. Cumplir con las instrucciones específicas de la Comisión de Reforma Agraria en relación con el desarrollo agrario integral;

4. Cumplir los acuerdos del Consejo de Administración;

5. Introducir las mejoras, cultivos y ganados indispensables para la colonización en un plazo máximo de tres (3) años de acuerdo con el plan trazado para la colonia;

6. Combatir las malezas y todo otro vegetal o animal declarado plaga de acuerdo con los reglamentos de la Comisión de Reforma Agraria;

7. Cumplir con los planes de forestación y régimen de distribución de aguas;

8. No ceder ni arrendar la parcela a ningún título, salvo con la expresa autorización de la Comisión de Reforma Agraria;

9. Conservar en buen estado las mejoras existentes en el predio, siendo responsable de todo daño o deterioro ocasionado por su culpa o negligencia;

10. Cercar la parcela, salvo en los casos en que los reglamentos de la colonia indiquen lo contrario;

11. No subdividir ni reagrupar su parcela sin la autorización previa de la Comisión de Reforma Agraria; y

12. Cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión de Reforma Agraria u otros organismos del Estado sobre los créditos concedidos.

Las mejoras introducidas por el colono quedan en garantía de las obligaciones establecidas por las Leyes, los reglamentos y el contrato de venta.

El colono que cumpla con las obligaciones establecidas en la Ley, en los reglamentos de la Comisión de Reforma Agraria y en el contrato gozará de los siguientes derechos:

1. El suministro del Crédito y Asistencia Técnica para mantener en producción la parcela; y

2. Exención de todo impuesto durante los primeros diez (10) años, salvo el impuesto sobre la Renta.

En caso de fallecimiento del colono, el contrato se trasmitirá a quienes resulten herederos, de acuerdo con lo que dispone el Código Civil, con las mismas obligaciones impuestas al titular y con las limitaciones que este Código establece.

El Contrato se extingue y la Comisión de Reforma Agraria deberá decretar la Resolución del mismo por los siguientes motivos:

1. Por incumplimiento de las obligaciones;

2. Por renuncia de la calidad de Colono;

3. Por venta de sus derechos a tercera persona aprobada por la Comisión de Reforma Agraria; y

4. Por fallecimiento del Colono cuando no le sobreviviere cónyuge o herederos.

Cuando un colono que hubiere pagado las sumas adeudadas a la Comisión de Reforma Agraria por razón de la adjudicación de bienes inmuebles, dejare de cumplir las obligaciones personales nacidas del contrato, la Comisión de Reforma Agraria podrá solicitar la expropiación de dichos bienes por razones de conveniencia para la colonia.

En caso de renuncia o de incumplimiento del colono, perderá las sumas pagadas en concepto de amortización de la deuda contraída que se imputarán como pago por la ocupación de la parcela. Las mejoras introducidas serán adquiridas por la Comisión de Reforma Agraria, previa indemnización.

En caso de venta a tercera persona, el comprador deberá firmar un nuevo contrato aceptando las obligaciones del contrato anterior.

Extinguido el contrato, el colono deberá desalojar la parcela en un plazo no mayor de noventa (90) días. En caso de oposición se procederá por la vía judicial.

En caso de fallecimiento de un colono, haya pagado o no la parcela, los herederos deben ponerse de acuerdo para la administración y trabajo conjunto de la finca.

Si los herederos optaran por la división de la parcela, la Comisión de Reforma Agraria podrá, de acuerdo con las disposiciones del reglamento que debe dictar al efecto, declarar la extinción de la adjudicación, en cuyo caso cederá la parcela preferentemente a un familiar del extinto si cumple con las obligaciones contractuales.

En estos casos la Comisión de Reforma Agraria pondrá a disposición de la sucesión el valor pagado por la parcela más el valor de las mejoras realizadas, previa deducción de las deudas que el colono fallecido tuviese con la Comisión de Reforma Agraria, o las instituciones de crédito del Estado.

Para los efectos de la venta al nuevo beneficiario, serán tomados en cuenta el valor de la tierra más las sumas que la Comisión de Reforma Agraria hubiese pagado en concepto de indemnización por mejoras realizadas.

Aún cuando el colono hubiere pagado el precio del bien inmueble, si deseare venderlo deberá solicitar la autorización correspondiente a la Comisión de Reforma Agraria quien tendrá el derecho de comprar el bien por el precio fijado por peritos, para lo cual deberá tomar una decisión dentro de los sesenta (60) días posteriores a la presentación de la solicitud.

Si la Comisión de Reforma Agraria autoriza la venta así lo hará constar en documento que debe ser incluido en la escritura de venta y presentado ante el Registro Público, sin cuyo requisito no podrá inscribirse dicha escritura. En la escritura se hará consta; además que el comprador se subroga en las obligaciones pendientes del vendedor con la Comisión de Reforma Agraria.

Se hará constar en los Contratos que se celebren y en los títulos que se expidan para la adjudicación de parcelas en una colonia, que la Comisión de Reforma Agraria puede decretar la extinción de la adjudicación por resolución y basada en los siguientes motivos:

1. Por destinar la parcela a fines distintos a los del desarrollo agrario;

2. Por abandono injustificado de la parcela o de la familia. En este caso la Comisión de Reforma Agraria adjudicará la parcela al hijo que demuestre mayor capacidad para trabajarla, en segundo término a la esposa, o en su defecto a la compañera siempre que el favorecido esté conviviendo con el colono en la parcela y se comprometa a cumplir las obligaciones establecidas en el contrato original celebrado con su padre;

3. Por negligencia o ineptitud manifiesta del colono en la explotación de la parcela o conservación de las construcciones, mejoras o elementos de trabajo que se le hayan confiado o que pertenezcan a la Colonia;

4. Por comprobarse la explotación indirecta de la parcela, salvo los casos de excepción previstos en este Código;

5. Por incumplimiento sin causa justificada de las obligaciones de pago contraídas con la Comisión de Reforma Agraria o con el Instituto de Fomento Económico u otras instituciones; y

6. Por incumplimiento reiterado de las normas legales sobre la conservación de recursos naturales.

En los casos mencionados en este artículo deberá haber precedido una amonestación que haya resultado infructuosa y haberse escuchado previamente la opinión del Consejo de Administración de la Colonia.

La pérdida de los derechos sobre los terrenos de trabajo conlleva siempre la pérdida de los derechos sobre los terrenos de vivienda.

En todos los casos en que por renuncia, abandono de los trabajo, trabajo insuficiente, falta de pago, muerte de los colonos, o cualquiera otra causa, hubiera la posibilidad que los terrenos de trabajos quedaren fuera de la esfera del colono original, la Comisión de Reforma Agraria tendrá un derecho preferencial y podrá readquirirlo conforme a los reglamentos que dictará al efecto.

La Comisión de Reforma Agraria promoverá el cumplimiento de la función social de la tierra mediante su adjudicación en Patrimonio Familiar, a favor de los agricultores y campesinos pobres.

La Comisión de Reforma Agraria reglamentará el Patrimonio Familiar Rural de los agricultores y campesinos pobres, que será inalienable e inembargable y que estará por lo tanto protegido y amparado en toda acción judicial, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 de la Constitución Nacional y las disposiciones de este Título.

Forman el Patrimonio Familiar Rural de los agricultores y campesinos pobres, los siguientes bienes:

1. Una extensión de terreno para actividades agrícolas y pecuarias no mayor de diez (10) hectáreas; y

2. La casa habitación dondequiera que esté construida.

Los implementos para la Agricultura, los animales destinados a las labores agrícolas o a uso personal y cualesquiera otros bienes muebles necesarios para la explotación y desarrollo agrícola del Patrimonio Familiar pueden ser vendidos, permutados, gravados o negociados; pero no serán embargables hasta la concurrencia de novecientos balboas (B/.900.00).

Cualquier exceso de esta suma podrá embargarse siguiendo para ello un orden inverso al indicado en este artículo.

La Comisión de Reforma Agraria, para los fines del establecimiento de la unidad económica de explotación o finca vital adjudicará parcelas en propiedad mixta, en las cuales un área se demarcará para construir el Patrimonio Familiar y el resto de área para adjudicarla a título oneroso. En estos casos, la extensión constituida en Patrimonio Familiar será claramente marcada en los planos correspondientes para los fines del régimen especial de este tipo de propiedad. La extensión adjudicada a título oneroso se regirá por los preceptos legales que rigen la propiedad privada común.

No podrá constituirse más de un Patrimonio Familiar por cada jefe de Familia. Dicho patrimonio se forma para el uso en común de todos los miembros de la familia y de los bienes que lo constituyen, y no podrá disponerse sino en los casos y con las formalidades que esta ley y los decretos que la reglamentan establezcan, previa aprobación de la Comisión de Reforma Agraria.

La Comisión de Reforma Agraria procurará que las tierras dedicadas a Patrimonio Familiar se hallen cercanas a los centros de población y a las vías Principales de penetración.

La Comisión de Reforma Agraria reglamentará la forma y los procedimientos que deberán usarse para llevar a cabo las colonizaciones, parcelamientos, lotes y distribución de las tierras convertidas o que se conviertan en patrimonio familiar.

El Patrimonio Familiar debe estructurarse bajo un planeamiento científico que estudie la calidad de las tierras, el clima, la salubridad, la potencialidad agrícola y otros factores que pudieran afectar dicho planeamiento.

Todo jefe de Familia que goce del beneficio del Patrimonio Familiar, tendrá derecho a que la Comisión de Reforma Agraria le facilite medios de créditos agrícola para la adquisición de materiales que sean indispensables a sus labores de campo, y los que tenga que utilizar para la construcción de su vivienda, bajo la garantía estimada sobre los rendimientos que produzca su propio patrimonio.

Autorízase a la Comisión de Reforma Agraria para organizar un régimen de crédito agrícola supervisado, que permita a estos adjudicatarios financiar mejoras, cosechas, siembras, limpiezas o similares.

La Comisión de Reforma Agraria procederá a estudiar las áreas rurales ocupadas por familias que estén dentro de los requisitos establecidos en este Título y que soliciten expresamente la constitución del Patrimonio Familiar; que al ser destinadas para este fin, se parcelarán y adjudicarán a quienes llenen las formalidades legales como beneficiarios.

Si fallecieren todos los miembros de una familia a cuyo favor se hubiere formado Patrimonio Familiar, éste pasará a poder de la Comisión de Reforma Agraria. La información sumaria correspondiente será levantada por los tribunales ordinarios, a gestión del respectivo Agente del Ministerio Público y la adjudicación del nuevo Patrimonio Familiar corresponderá a la Comisión de Reforma Agraria, sin costo alguno para el nuevo beneficiario.

La Comisión de Reforma Agraria podrá destinar tierras estatales para dedicarlas a la formación de patrimonios familiares en las distintas provincias que componen la República.

La Comisión de Reforma Agraria llevará un registro exacto de los Patrimonios Familiares que se constituyan, con expresión del nombre del jefe de familia y de los demás miembros de ella.

Las tierras a que se refiere el artículo anterior, deberán estar ocupadas por agricultores pobres.

En caso de que dentro de esas tierras queden comprendidos globos de terrenos ocupados por personas que no deseen acogerse a las disposiciones del Patrimonio Familiar o que no llenen los requisitos para las adjudicaciones, éstas podrán solicitar su exclusión formulando la solicitud al organismo correspondiente, quien resolverá lo conveniente.

Los Patrimonios Familiares se regirán por las disposiciones legales que prohiben la venta de licores o bebidas embriagantes en zonas agrícolas.

Cuando la Comisión de Reforma Agraria disponga parcelar las tierras destinadas a formar Patrimonios Familiares, procederá a determinar oportunamente servidumbre de paso, de aguas y de medianía, a fin de evitar conflictos entre los propietarios.

Cuando la Comisión de Reforma Agraria organice un área en la cual se constituya Patrimonio Familiar, los beneficiarios serán convocados a una Asamblea General en la cual deberán estar presentes por lo menos dos terceras partes de dichos beneficiarios, para la formación de una Cooperativa, y la elección de un Consejo de Administración.

Las funciones del Consejo de Administración serán las mismas establecidas en el artículo 160.

A la Comisión de Reforma Agraria compete la constitución y administración de tierras en Patrimonio Familiar para fines agrícolas o pecuarios y de vivienda en áreas rurales.

La Administración de los Patrimonios Familiares en áreas urbanas, constituidos con anterioridad a la vigencia de este Código, será de competencia del Ministerio de Hacienda y Tesoro, por conducto de su Dirección de Tierras.

La Comisión de Reforma Agraria establecerá el procedimiento de las adjudicaciones así como las formalidades y demás requisitos de los títulos de propiedad, los que serán otorgados administrativamente.

Para ser adjudicatario en Patrimonio Familiar se considerarán los siguientes requisitos indispensables:

1. No gozar de una renta anual mayor de novecientos balboas (B/.900.00);

2. No poseer título de tierras en propiedad.

Todo jefe de Familia que pretenda que se constituya Patrimonio Familiar a su favor y de su familia, se dirigirá por escrito a la Comisión de Reforma Agraria, formulando la correspondiente solicitud, por conducto de los Agentes de la Comisión de Reforma Agraria, con expresión del caserío, distrito y provincia de su residencia, y mencionando los miembros de su familia que serán amparados por el Patrimonio Familiar. Si la solicitud fuere fundada, se constituirá el Patrimonio Familiar, determinando el globo de terreno hasta de diez (10) hectáreas que debe constituirlo como base, las que podrán ser cubiertas por una o más parcelas procurando que estén contiguas o por lo menos próximas.

El adjudicatario de tierras en Patrimonio Familiar estará obligado, desde la fecha de su adjudicación provisional, a lo siguiente:

1. Realizar personalmente y por cuenta propia la explotación de la parcela;

2. Introducir las mejoras indispensables para una explotación racional del predio, tales como árboles frutales y de sombra, cultivos transitorios y otros cuya especie y cantidad establecerá el organismo técnico oficial competente;

3. Cuidar las referencias o puntos de demarcación de las parcelas, cumpliendo con las obligaciones que se fijen en cada caso;

4. Mantener la parcela cumpliendo su función social al tenor de lo dispuesto en el Artículo 30; y

5. No transferir la adjudicación sin autorización expresa y previa de la Comisión de Reforma Agraria.

Las obligaciones establecidas en los acápites anteriores se transmiten a los sucesivos adquirientes sin términos de prescripción.

El adjudicatario que por motivo de incumplimiento de este título hubiese dado motivo para la cancelación de un Patrimonio Familiar, no podrá solicitar ni ser admitida su solicitud de nueva adjudicación, salvo autorización expresa de la Comisión de Reforma Agraria.

Las adjudicaciones tendrán dos (2) períodos: provisional y definitivo.

Estas adjudicaciones serán hechas en el orden de preferencia establecido en el artículo 58.

A fin de comprobar las exigencias establecidas en este Título, la Comisión de Reforma Agraria ordenará las inspecciones o verificaciones que sean del caso.

Una vez firmadas las resoluciones por la Comisión de Reforma Agraria adjudicando definitivamente las parcelas, éstas serán inscritas en la sección de patrimonio familiar del registro público, sin costo alguno, otorgando a cada beneficiario el título de propiedad con las formalidades establecidas en esta Ley y sus reglamentos.

El adjudicatario de tierras en Patrimonio Familiar, cuya condición económica así lo permita, podrá en el futuro adquirir tierras en compra a la Comisión de Reforma Agraria o a particulares, no siendo esto incompatible con los fines del presente Código. Asimismo se permitirán a los adjudicatarios en Patrimonio Familiar, previa autorización de la Comisión de Reforma Agraria, la conversión de sus títulos, como los bienes que lo forman, en título de dominio absoluto, quedando sometidos a las reglas del derecho común, siempre y cuando se demuestre que han desaparecido las causas que determinaron la aplicación de este régimen y que paguen el valor del terreno adjudicado conforme lo establecido para las adjudicaciones a título oneroso.

Las personas beneficiadas con la adjudicación de tierras en Patrimonio Familiar que por motivo de fuerza mayor tengan que abandonar sus parcelas, podrán vender las mejoras, previa autorización de la Comisión de Reforma Agraria, a agricultores que cumplan con los requisitos de esta Ley, entendiéndose por mejoras el incremento producido por la acción del trabajo del adjudicatario. La nueva adjudicación se hará tomando como base el orden de preferencia establecido en el artículo 58.

PARÁGRAFO: El abandono de la parcela implicará la caducidad de la adjudicación con pérdida de las mejoras, salvo causa justificada a juicio de la Comisión de Reforma Agraria.

Constituyen la familia, para los efectos de esta ley, el padre, la madre, y los hijos menores de edad. También forman parte de la familia los abuelos y los hijos mayores de edad, cuando vivan en la misma casa-habitación.

Los hijos de una familia nacidos después de constituido el Patrimonio Familiar quedarán de hecho comprendidos en el mismo y gozarán de sus beneficios.

PARÁGRAFO: Cuando la Comisión de Reforma Agraria fuere notificada del nacimiento de nuevos hijos, bastará una comunicación a la Oficina del Registro Público para su inscripción.

El Patrimonio Familiar no podrá subdividirse por transferencias hereditarias o cualesquiera otras, a fin de evitar el fraccionamiento antieconómico de las parcelas, manteniéndose su unidad de producción.

Los Patrimonios Familiares no estarán sujetos al pago de impuestos nacionales de ninguna especie, con excepción del impuesto sobre la Renta.

En caso de expropiación del bien que forma el Patrimonio Familiar por razones de utilidad pública, si entre los beneficiarios hubiere menores de edad, el Tribunal que decrete la expropiación, destinará su producto a la formación de otro Patrimonio para la misma familia, procurando que éste se adquiera simultáneamente.

En los casos en que hubiere menores de edad, si el Patrimonio Familiar fuere destruido por incendio, inundación u otra causa que dé lugar a indemnización, a la cantidad de dinero pagada por el asegurador o por la persona obligada a la reparación del daño, se le aplicará la regla consagrada en el artículo anterior. El respectivo Agente del Ministerio Público cuidará de modo especial que se cumpla este mandato.

Muertos el padre y la madre se mantendrá el Patrimonio Familiar si quedaren uno o más hijos menores de edad.

PARÁGRAFO: Cuando todos los comuneros lleguen a la mayoría de edad, los bienes que lo forman pasarán a ser propiedad de dichos comuneros. Cualquiera de los condueños podrá adquirir la totalidad del Patrimonio Familiar, pagándole a los otros el justo precio que convengan o que se estime por peritos cancelándose la inscripción anterior e inscribiéndola a nombre del beneficiario. Todo sin erogación y previa resolución de la Comisión de Reforma Agraria.

En el caso de que un miembro de una familia comprendido en un Patrimonio Familiar, llegue a la edad de veintiún (21) años, puede solicitar a la Comisión de Reforma Agraria la exclusión de su nombre del Patrimonio Familiar primitivo para constituir uno nuevo. La resolución que dicte la Comisión de Reforma Agraria al respecto será inscrita en la sección correspondiente del Registro Público.

Bajo ningún aspecto se permitirá el desalojo de agricultores pobres protegidos con los beneficios de este título. Cualquier desalojo ilegal podrá ventilarse sin término de prescripción.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 196 será causa suficiente para disponer la resolución del derecho adquirido, pudiendo la Comisión de Reforma Agraria declarar sin efecto la adjudicación, y ordenar el inventario y avalúo de las mejoras introducidas al predio.

Son nulas, de nulidad absoluta, las adjudicaciones y las transmisiones de dominio violatorias de las disposiciones de este Código.

El beneficiario de las parcelas constituidas en patrimonio familiar debe mantener la propiedad cumpliendo su función social. Si transcurridos los primeros cinco (5) años no se ha cumplido este requisito, la parcela revertirá a la Comisión de Reforma Agraria y dejará de existir el Patrimonio Familiar respectivo.

Cuando ocurra el caso contemplado en el artículo anterior o cualquiera otro motivo de cancelación de que trata el presente Código la Comisión de Reforma Agraria dictará una resolución ordenando la cancelación del Patrimonio Familiar. Copia de esta resolución será enviada al Registro Público, para cancelar la inscripción correspondiente.

Bajo la dirección y responsabilidad inmediatas del Presidente de la República, adscrito al Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias, créase un organismo interministerial denominado Comisión de Reforma Agraria, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas, a efecto de planear y desarrollar la distribución equitativa de la propiedad y tenencia de la tierra y su explotación racional, en cumplimiento a las demás funciones que señala este Código.

La Comisión de Reforma Agraria tendrá a su cargo la aplicación de las disposiciones de este Código; el estudio, la dirección y la ejecución de los proyectos de desarrollo agropecuario conforme a los programas generales que se proponga realizar y la coordinación de todos los planes y esfuerzos tendientes a resolver los problemas de la tenencia de la tierra, colonización, asistencia técnica, crédito, cooperativas y comercialización de los productos agropecuarios en estricta cooperación con las dependencias oficiales vinculadas al desarrollo agropecuario.

La Comisión de Reforma Agraria tendrá las siguientes funciones específicas:

1) Elaborar y dirigir los proyectos de desarrollo agropecuario, incluyendo los de distribución de las tierras que le fueren transferidas, asistencia técnica, crédito agrícola y seguridad de los mercados, de acuerdo con los lineamientos generales que trace el Órgano Ejecutivo.

2) Organizar el inventario de las tierras estatales y las de propiedad privada aptas para el desarrollo agropecuario e industrial, de conformidad con las normas constitucionales y legales.

3) Estudiar y sugerir al Órgano Ejecutivo, las reformas y cambios necesarios en la legislación, para convertir la tierra en instrumento de desarrollo económico, de acuerdo con los principios y objetivos de este Código.

4) Orientar y dirigir la distribución de la población rural, de manera que se satisfagan las necesidades individuales a que tienen derecho los pobladores de las áreas rurales y las necesidades productivas de la República.

5) Promover, reglamentar y ejecutar directamente o por medio de terceras personas la colonización de las tierras bajo su administración.

6) Conocer, tramitar y resolver las denuncias que se refieran a las tierras bajo su administración y las controversias provocadas entre adjudicatarios provisionales o definitivos de dichas tierras; así como entre los tenedores y poseedores de tierras y quienes aparecieren como propietarios legales, y proceder de oficio cuando el caso lo requiera.

7) Colaborar con las entidades competentes para desarrollar los planes agropecuarios que deben aplicarse integralmente en toda la República.

8) Coordinar, orientar, proporcionar, reglamentar, fiscalizar y formular los planes de crédito agrícola para ser concedidos a los beneficiarios de la Reforma Agraria directamente o por intermedio del Instituto de Fomento Económico, del Banco Nacional o de otras instituciones de crédito.

9) Promover, organizar, fiscalizar y estimular cooperativas de consumo, producción, transformación y comercialización de los productos agropecuarios.

10) Reglamentar, vigilar y establecer los sistemas de comercialización más convenientes a fin de estabilizar y proteger la economía del productor rural.

11) Coordinar sus labores con las del Ministerio de Educación y otros organismos administrativos, estatales y privados, nacionales e internacionales, para lograr la superación de los trabajadores del agro mediante una educación efectiva y el adiestramiento técnico y práctico de los campesinos.

12) Coordinar sus labores con las del Ministerio de Obras Públicas y otros organismos pertinentes, a fin de que se construyan los caminos de penetración, obras de riego, drenaje y otras obras de valorización integral para el beneficio comunal y para habilitar las tierras que requieran los planes de Reforma Agraria.

13) Coordinar sus labores con el Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública y con las instituciones de seguridad social, para brindarle a los trabajadores del campo y a sus familiares, los servicios médicos sociales e higiénicos y asegurarle los derechos concedidos por la Ley a todos los trabajadores.

14) Proteger por todos los medios a su alcance los intereses de los trabajadores del campo especialmente en aquellos casos en que se trate de desalojarlos de las tierras que han venido ocupando de conformidad con las disposiciones de este Código.

15) Promover y conducir en coordinación con organismos administrativos, estatales y privados, nacionales e internacionales, labores de investigación, experimentación y divulgación agrícola y pecuaria.

16) Promover el establecimiento del seguro agrícola.

17) Promover la recuperación de las tierras estatales ocupadas ilegalmente y de aquéllas cuyas deudas con el fisco justifiquen las acciones judiciales pertinentes para que su propiedad revierta a la Nación.

18) Cooperar con el Instituto de Vivienda y Urbanismo para lograr el mejoramiento de la vivienda campesina.

19) Organizar, promover, y prestar servicios de mecanización agrícola directamente o por intermedio de otras instituciones del Estado.

20) Regular los cánones de arrendamiento de tierras e intervenir en este tipo de contrato para proteger los intereses de los trabajadores agrícolas y pecuarios.

21) Velar por el cumplimiento de la función social de la tierra y tomar al efecto las medidas pertinentes.

22) Instruir a sus funcionarios para que denuncien ante las autoridades competentes las violaciones de este Código y otras leyes que lesionen los intereses de la población rural.

23) Organizar, reglamentar y fiscalizar sistemas de comercialización para estabilizar y proteger la economía del sector agropecuario.

24) Administrar los bienes patrimoniales y los fondos y recursos con que cuenta.

25) Vigilar todas las actividades de la entidad y hacer que se cumpla estrictamente las funciones que este Código le asigna y de manera especial aquellas formuladas para la realización de la Reforma Agraria Integral.

26) Dictar y reformar los reglamentos y los acuerdos con carácter normativo, para los cuales tuviere autorización conforme a este Código.

27) Recomendar la creación y supresión de las agencias, departamentos, direcciones, secciones y cargos que fueren necesarios y las funciones, deberes, atribuciones, períodos y remuneraciones.

28) Aprobar la memoria anual y los balances generales de cada año.

29) Confeccionar el proyecto de presupuesto para el año siguiente, a más tardar el día 30 de agosto de cada año y los gastos extraordinarios.

30) Aprobar el plan de trabajo, operaciones e inversiones presentado anualmente por el Director General, a más tardar el 30 de julio.

31) Autorizar las inversiones y gastos que excedan de cinco mil balboas (B/.5,000.00).

32) Conocer de las apelaciones contra decisiones del Director General, cuando no estuvieren sujetas a otra apelación específica.

33) Investigar las actuaciones del Director General y solicitar al Órgano Ejecutivo su remoción o suspensión cuando medien las causales definidas en este Código.

34) Resolver las cuestiones que le sometan al Director General o cualquiera de los Comisionados.

35) Recomendar el nombramiento de abogados que actúen de oficio en representación de los campesinos en asuntos agrarios ante los tribunales, oficinas y entidades oficiales y ante los particulares, cuando sean amparados de pobreza.

36) Recomendar al Órgano Ejecutivo la celebración de los convenios que fueren necesarios con otras personas, organismos e instituciones nacionales o extranjeras.

37) Solicitar del Órgano Ejecutivo la adquisición, hipoteca, gravámenes y enajenación de bienes necesarios para la Reforma Agraria.

38) Asumir cualesquiera otras funciones que los Órganos Legislativo y Ejecutivo le encomienden.

La Comisión de Reforma Agraria será el Organismo de enlace entre el Gobierno Nacional y los Organismos Internacionales en todo lo relacionado con la ejecución de convenios relativos al estudio, dirección y ejecución de los proyectos de desarrollo agropecuario.

La Comisión de Reforma Agraria dictará su Reglamento Interno, el cual deberá someter a la aprobación del Órgano Ejecutivo.

La Comisión de Reforma Agraria quedará integrada así:

El Ministro de Agricultura, Comercio e Industrias, quien la presidirá;

El Director General del Departamento de Planificación y Administración de la Presidencia;

El Gerente del Instituto de Fomento Económico;

El Director General del Instituto de Vivienda y Urbanismo;

El Director de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Panamá;

El Director Ejecutivo de la Comisión de Aeropuertos y Muelles;

Un Representante de las Asociaciones Ganaderas Nacionales;

Un Representante de las Asociaciones Patronales de Explotaciones Agrícolas, que no estén integradas por empresas que operen amparadas con contratos especiales con la Nación;

Un Representante de los Sindicatos de Trabajadores de Explotaciones Ganaderas;

Un Representante de los Sindicatos de Trabajadores Agrícolas;

Un Representante de la Sociedad Agronómica; y

Un Representante de las Cooperativas Agrícolas y Pecuarias.

PARÁGRAFO: En caso de empate en las decisiones de la Comisión, decidirá el Presidente de la República.

El Suplente del Ministro de Agricultura, Comercio e Industrias, será el Vice-Ministro de Agricultura; el Suplente del Director General del Departamento de Planificación y Administración de la Presidencia será el funcionario de su dependencia que él designe; el Suplente del Gerente del Instituto de Fomento Económico, será el Subgerente; el Suplente del Director General del Instituto de Vivienda y Urbanismo será el Subdirector General; el Suplente del Director de la Escuela de Agronomía de la Universidad será el funcionario de la Escuela que él designe; el Suplente del Director Ejecutivo de la Comisión de Aeropuertos y Muelles, será el Subdirector de dicha Comisión.

El Órgano Ejecutivo queda autorizado para reducir, a un número no menor de seis (6), los miembros principales y suplentes de la Comisión de Reforma Agraria, si ello lo considera necesario y conveniente para su mejor funcionamiento, siempre que se mantenga la paridad entre los representantes de las entidades oficiales y las privadas.

Los nombramientos de los representantes de las Asociaciones, Sindicatos y Cooperativas serán hechos por el Órgano Ejecutivo, de ternas presentadas por dichas entidades.

Los Miembros Suplentes reemplazarán a los Principales en sus faltas temporales.

Las faltas absolutas de los directores principales o suplentes electivos se llevarán en la misma forma establecida en el Artículo 226 y los así nombrados servirán el resto del período correspondiente.

PARÁGRAFO: Se considera falta absoluta la renuncia aceptada y la muerte.

Los miembros electivos, principales y suplentes de la Comisión, serán designados por un período de cuatro (4) años y podrán ser reelectos. El primer período, sin embargo, será hasta el 31 de octubre de 1964.

Los Directores y Suplentes continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto hayan sido nombrados sus reemplazos.

No podrán pertenecer a la Comisión de Reforma Agraria, las personas que estén vinculadas entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Tampoco podrá ser nombrado Director General de la Comisión de Reforma Agraria ninguna persona que esté comprendida con respecto a los miembros de la Comisión de Reforma Agraria en el mismo grado de consanguinidad o de afinidad; ni podrán ser designados como miembros de dicha Comisión, las personas que tengan los vínculos referidos con el Director General.

Se exceptúa de estas disposiciones al Ministro de Agricultura, Comercio e Industrias.

La Comisión de Reforma Agraria se reunirá en sesiones ordinarias cuantas veces fuere necesario en el curso del mes. Por cada sesión, los miembros de la Comisión devengarán veinte balboas (B/.20.00) en concepto de dietas, pero en ningún caso devengarán dietas por más de cuatro (4) sesiones al mes.

Ningún miembro de la Comisión, ni el Director General podrá estar presente cuando se resuelvan operaciones en que esté interesado algún pariente suyo hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o ambos inclusive; o que interesen a sociedades en que él o sus parientes mencionados sean socios colectivos, comanditarios, directores, dignatarios o gerentes. Igual prohibición existirá cuando la Comisión tenga que conocer de una reclamación o conflicto en que sea parte alguna de las personas mencionadas en este artículo.

El Director General asistirá a las sesiones de la Comisión, el cual tendrá voz, pero no voto. Podrá, sin embargo, cuando lo considere necesario, hacer constar en las actas respectivas su opinión sobre los asuntos que se debaten. No obstante lo anterior, no asistirá a esas sesiones cuando por alguna razón especial así lo acuerde la Comisión de Reforma Agraria.

El Órgano Ejecutivo incluirá en los Presupuestos de la Nación, a partir de 1963, una suma no menor de seiscientos mil balboas (B/.600,000.00) que utilizará la Comisión de Reforma Agraria para el cumplimiento de los fines que le han sido asignados.

El Órgano Ejecutivo queda facultado para contratar empréstitos nacionales o extranjeros hasta por la suma total de cincuenta millones de balboas (B/.50,000,000.00) a un interés no mayor del 6% anual y con términos de pago que no excedan de cuarenta (40) años con base a las recomendaciones de la Comisión de Reforma Agraria. El Órgano Ejecutivo queda facultado, asimismo para emitir bonos agrarios hasta por un total de cincuenta (50) millones de balboas a un interés no mayor del 4% anual, y con términos de pagos que no excedan de cuarenta (40) años, para ser utilizados en el pago de las indemnizaciones que al Estado le corresponda al tenor del Artículo 46 de este Código. La emisión de estos bonos, su amortización y pago de intereses, será reglamentadas por el Órgano Ejecutivo y se efectuará en series sucesivas de conformidad con las solicitudes que le formule la Comisión de Reforma Agraria. La sumas de dinero que se recaben en concepto de los empréstitos autorizados en este artículo así como también el producto de las ventas de tierras u otros bienes y los ingresos provenientes de servicios u operaciones; y los bonos cuya emisión ha sido autorizada, se pondrán inmediatamente a la disposición de la Comisión de Reforma Agraria para que los administre en la ejecución de sus programas.

El Órgano Ejecutivo traspasará a la Comisión de Reforma Agraria todas las tierras baldías o patrimoniales que necesite para la realización de las formalidades que señala este Código.

Dicho traspaso deberá hacerse en un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha en que la Comisión de Reforma Agraria formule la solicitud correspondiente.

PARÁGRAFO 1°: Los fondos obtenidos a base de las autorizaciones para contratar empréstitos y emitir bonos para compra de tierra que ya se han dado al Organo Ejecutivo se administrarán por medio de la Comisión de Reforma Agraria.

PARÁGRAFO 2°: Los bonos a que se refiere este artículo serán utilizados también para pagar las tierras que el Estado adquiera en cualquiera de las formas que este Código establece.

Los contratos agrícolas se regirán por este Código sin perjuicio de lo establecido por otras leyes.

Cuando surjan conflictos o diferencias con motivo de los contratos de explotación o de compraventa de productos agrícolas o pecuarios que perjudiquen o amenacen perjudicar los intereses colectivos, las partes en disputa podrán someter el conflicto al Órgano Ejecutivo para que éste, por medio de sus organismos competentes, concilie a las partes o solucione el problema. Las partes quedan obligadas a acatar la decisión que se dicte sobre el caso.

Las instituciones oficiales de crédito preferirán para el otorgamiento de créditos y para la aplicación de las medidas legales de protección industrial, a aquellas industrias establecidas o por establecerse, que utilicen materia prima producida en su mayor parte por pequeños y medianos agricultores ajenos a la empresa industrial, especialmente si ésta les presta ayuda crediticia y técnica.

La Comisión de Reforma Agraria establecerá las normas para la clasificación de productos agropecuarios y comprobará por medio de sus auditores y técnicos o de otros organismos competentes del Estado, los costos y características de las operaciones a que las empresas industriales sometan los productos agrícolas y pecuarios, a fin de determinar los precios que han de regir para la compra de los mismos y los precios de venta de la empresa industrial al consumidor.

Las relaciones de trabajo entre trabajadores y patronos de la agricultura y la ganadería se rigen por la Ley 67 de 11 de noviembre de 1947 con las modalidades establecidas en este Código.

Para los fines del trabajo agrícola, los animales, semillas, plantas, abonos y demás provisiones agrícolas se asimilan en todo a lo dispuesto por el artículo 41, ordinal 8 de la Ley 67 de 1947.

En ningún caso, ni aún con la autorización de los padres, los menores de catorce (14) años podrán realizar trabajos agropecuarios asalariados por cuenta ajena.

La violación de esta prohibición da lugar a la aplicación de las sanciones previstas por el artículo 88 de la Ley 67 de 1947.

Los trabajadores podrán establecer dentro de las propias explotaciones agropecuarias cooperativas de consumo para proveerse de las mercancías que les fueren necesarias.

La Comisión de Reforma Agraria elaborará directa o indirectamente, las cartas agrológicas y ecológicas del país, las cuales servirán de base para la clasificación de las tierras de acuerdo con su capacidad de producción.

La Comisión de Reforma Agraria orientará la producción agrícola y pecuaria de cada zona o región de tal manera que en cada una se efectúen las explotaciones más apropiadas a sus características, de acuerdo con la clasificación de la tierra y con otros factores sociales y económicos.

La Comisión de Reforma Agraria facilitará directa o indirectamente, toda ayuda técnica o crediticia que sea necesaria cuando los agricultores de una región determinada deban cambiar su sistema de explotación a causa de la reglamentación del uso de los recursos naturales renovables.

La conservación de los recursos naturales o renovables es uno de los objetivos de la Reforma Agraria y la Comisión de Reforma Agraria se encargará de velar porque el aprovechamiento de dichos recursos se realice sobre bases racionales y dinámicas.

Cuando el Estado declare áreas protectoras o de reserva de recursos naturales en las cuales se prohiban los trabajos agrícolas, se procederá con carácter de urgencia al traslado de los habitantes de dichas regiones. La Comisión de Reforma Agraria está obligada a reubicar los moradores en áreas apropiadas para la agricultura, lo más cerca posible de las áreas anteriormente ocupadas.

La Comisión de Reforma Agraria exigirá a los beneficiarios de las adjudicaciones de parcelas el cumplimiento de todas las disposiciones relacionadas con la conservación y el fomento de los recursos naturales renovables y colaborarán con ellos a tal fin.

Declárase de intereses social y utilidad pública la conservación, mejoramiento y repoblación de todos los bosques existentes en el territorio de la República. El ejercicio de los derechos y uso de las tierras forestales de propiedad pública y privada, quedarán sometidas a las restricciones y limitaciones que se establezca en la ley para las finalidades siguientes:

1. Controlar la erosión de los suelos;

2. Conservar e incrementar la riqueza forestal y evitar el uso irracional de ella;

3. Proteger las fuentes de agua.

Para el desarrollo de las disposiciones del presente Código, clasifícanse las tierras sujetas al régimen de conservación forestal en los siguientes tipos:

1. Área forestal protectora de agua;

2. Área forestal preventora de erosión;

3. Área forestal de recreo y belleza escénica;

4. Área forestal de explotación forestal permanente;

5. Área forestal desmontable para expansión agrícola y ganadera;

Entiéndese por área forestal protectora de las cuencas hidrográficas aquellas superficies de terreno en donde nazcan corrientes de agua y donde sea necesario mantener la capa boscosa a fin de regularizar el cauce de dichas corrientes con propósitos de abastecimientos o de energía hidroeléctrica. La parte de una propiedad dedicada a estos fines, se considerará para los efectos fiscales, como terrenos cultivados.

Entiéndese por área forestal protectora contra la erosión, aquellas superficies de terreno en donde sea necesario, a juicio de la Comisión de la Reforma Agraria, mantener la capa forestal para evitar el deslave y el acarreo del suelo por lluvias.

Entiéndese por área forestal de recreo, vida silvestre y belleza escénica, aquellas áreas donde es conveniente mantener el bosque con el propósito de conservar la vida silvestre y la belleza panorámica natural, con fines turísticos y de recreación.

Entiéndese por área de floresta de explotación comercial permanente, aquéllas que se adapten mejor a la producción maderera y que permitan la renovación de los recursos forestales mediante una reforestación adecuada.

Entiéndese por área de floresta desmontable para la expansión agropecuaria, aquellas zonas mejor adaptadas para suplir las necesidades agrícolas y ganaderas del país.

El uso de estas áreas se diversificará de acuerdo con sus condiciones específicas conforme se establezca en la Ley.

Entiéndese por áreas que deben ser reforestadas, aquellas zonas deterioradas e inutilizadas por la erosión o mal uso, en las cuales sea necesario reforestar para rehabilitar los suelos o producir maderas y otros productos forestales, definidos en los Ordinales 1, 2, 3, 4 y 5, del Artículo 444 de este Código.

Previo los estudios técnicos correspondientes el Órgano Ejecutivo señalará zonas de Reserva Forestales, en tierras estatales y privadas, con el fin de mantener y conservar la riqueza natural que ellos constituyen.

Estas zonas no podrán ser objeto de concesiones ni explotaciones que por cualquier motivo o en cualquier forma contraríen los fines específicos de la Reserva.

Los funcionarios de la Comisión de Reforma Agraria, los de Policía y Administrativos están obligados a velar por el cumplimiento de las disposiciones de este capítulo y de las demás que se dicten para la mejor conservación y aprovechamiento de los bosques nacionales.

Se faculta a la Comisión de Reforma Agraria para que en colaboración con el Departamento Forestal organice un cuerpo de inspectores forestales con el fin de que cumpla con la vigilancia y aseguramiento de los fines de reforestación.

La Comisión de Reforma Agraria estimulará la siembra de árboles en las áreas desforestadas, a lo largo de las carreteras nacionales y en la formación de bosques nacionales.

Se consideran bosques nacionales los que existen en tierras estatales y en otras tierras nacionales, que contengan árboles u otras plantas cuyas maderas, frutos o resinas y demás productos puedan utilizarse para construcciones o usos industriales o medicinales.

La Comisión de Reforma Agraria podrá explotar los bosques nacionales que contengan árboles en la forma indicada en el artículo anterior o bien directamente o bien mediante contratos que se celebren con sujeción a las reglas de este Código según las necesidades sociales.

PARÁGRAFO: Podrá la Comisión de Reforma Agraria conceder permiso a las personas pobres que deriven su sustento de explotación de bosques en pequeña escala, para que talen doce (12) árboles de madera fina por año o veinticuatro (24) por año si se trata de árboles de madera de construcción. Estos permisos quedan sujetos al pago de los impuestos correspondientes, de acuerdo con la tarifa que se fija para tal efecto, y a las obligaciones que se establecen en este Código para las personas que se dedican a la tala de árboles. La adjudicación de estos permisos corresponderá a la Comisión de Reforma Agraria, quien velará porque ninguna persona se exceda en la cantidad de árboles que se le haya autorizado talar. Si el adjudicatario del permiso violare los requisitos que éste establece, se hará acreedor al decomiso de la madera que talare en exceso y a la cancelación del permiso por el término de un (1) año.

No se concederá este tipo de permisos en las áreas forestales que estén previamente concedidas a personas naturales o jurídicas.

Toda persona natural o jurídica que desee talar madera o explotar otro producto en los bosques nacionales presentará su solicitud a la Comisión de Reforma Agraria, en la cual se hará constar lo siguiente:

1. La zona en donde desea talar madera o extraer otros productos, especificando claramente sus linderos naturales, el Corregimiento, Distrito y Provincia donde se halle ubicado.

   La solicitud debe estar acompañada de un croquis del terreno e indicar en él la superficie de la zona y un amarre aproximado de alguno de los ríos, quebrada o serranías que estén ubicadas dentro de la zona. Para los efectos de este croquis es permisible utilizar los planos Distritoriales confeccionados por el Departamento de Censos de la Contraloría General de la República.

2. La clase de productos que se quiere explotar como maderas finas, maderas de construcción, tagua, chicle y otros;

3. Una lista detallada del equipo que se utilizará para la explotación o una descripción de los métodos y medios que se emplearán.

Recibida la solicitud, la Comisión de Reforma Agraria dispondrá que se publique por tres (3) veces consecutivas en un periódico de gran circulación de la capital de la República y en otro de la Provincia respectiva, si lo hubiere, y por una sola vez en la Gaceta Oficial. Se dejará en suspenso la tramitación por un término de treinta (30) días calendarios contados desde la última publicación.

Dentro de este término podrá hacer oposición todo el que venga algún derecho sobre la zona solicitada.

PARÁGRAFO 1: Además de la publicación en la prensa y en la Gaceta Oficial, la Comisión de Reforma Agraria lo comunicará a los concesionarios que estén explotando bosques en la Provincia donde se ha hecho la solicitud, a fin de que las personas que estén autorizadas para tales explotaciones manifiesten dentro del término anteriormente fijado de treinta (30) días su disconformidad, si la hubiere, con la petición presentada.

PARÁGRAFO 2: Cumplido el plazo de treinta (30) días que establece el parágrafo primero de este artículo y si no ha habido oposición a la solicitud, la Comisión de Reforma Agraria tendrá un plazo adicional de quince (15) días para designar, si lo considera conveniente, un funcionario que practique una inspección de la zona solicitada.

Dicho funcionario dispondrá de un plazo no mayor de quince (15) días para realizar la inspección y de quince (15) días adicionales para rendir su informe.

Para la práctica de la inspección aludida el solicitante debe depositar en la Comisión de Reforma Agraria la suma de dinero que ésta señale para atender la remuneración y los gastos de las personas que deban practicarla, sin perjuicio de completarlas si fuere insuficiente para ese fin.

Si se presenta alguna oposición, la Comisión de Reforma Agraria tendrá un plazo de treinta (30) días para armonizar los reclamos de las partes interesadas. Cumplido este plazo, si los interesados no se han puesto de acuerdo, la Comisión de Reforma Agraria pasará el asunto al respectivo juez de Circuito para que lo sustancie y decida.

Decidida definitivamente una oposición en contra del solicitante, el asunto será devuelto a la Comisión de Reforma Agraria para que se archive.

Decidida definitivamente una oposición en contra del opositor, el asunto pasará nuevamente a la Comisión de Reforma Agraria para darle el curso correspondiente.

Cumplidos los plazos establecidos en el artículo 458 y si no hay oposición válida a la solicitud, la Comisión de Reforma Agraria procederá de inmediato a conceder al peticionario la zona solicitada bajo los términos y condiciones establecidas más adelante.

La adjudicación de zonas de explotación forestal causarán un derecho sobre el uso de la tierra de un balboa (B/1.00) anual por hectárea, siempre que su uso sea exclusivamente para la explotación forestal.

Si las tierras solicitadas para explotación forestal son usadas para otros fines, tales como el desarrollo agrícola, el concesionario deberá presentar una solicitud adicional a la Comisión de Reforma Agraria con ese fin, que será objeto de un nuevo contrato. Estas explotaciones agrícolas podrán llevarse a cabo donde existan concesiones madereras, y se preferirá al explotador forestal.

No se pagará el derecho sobre el uso de la tierra cuando la explotación se efectúe en terrenos particulares, pero el explotador estará en la obligación de presentar ante la Comisión de Reforma Agraria el título de propiedad del terreno particular cuando fuere del caso y el contrato que haya celebrado con el propietario del terreno para efectuar la explotación forestal.

La Comisión de Reforma Agraria denegará toda solicitud para explotación de bosques nacionales que a su juicio perjudique los intereses sociales o cuando los medios que ofrezca utilizar el solicitante no permitan obtener un beneficio adecuado.

El contrato de explotación de bosques estará sujeto a las siguientes reglas:

1. Que no conceda una extensión mayor de cinco mil (5,000) hectáreas. No obstante lo dispuesto en este ordinal, podrá hacerse concesiones hasta por una extensión máxima de diez mil (10,000) hectáreas, previo acuerdo unánime de la Comisión de Reforma Agraria y el concepto favorable del Consejo Nacional de Economía, siempre y cuando el peticionario se obligue a poner en explotación efectiva por lo menos dos mil (2,000) hectárea cada año.

2. Que el peticionario compruebe que ha cancelado, como derecho de explotación, el canon de arrendamiento correspondiente al primer año de la concesión, o sea un balboa (B/1.00) por cada hectárea de terreno que hubiese solicitado para la explotación.

3. Que el término de la explotación no sea mayor de cinco (5) años a partir de la fecha en que se firma el contrato respectivo. Al finalizar el contrato, el mismo concesionario tendrá preferencia para obtener una nueva concesión sobre la misma zona mediante un nuevo contrato.

4. Que el concesionario se obligue a permitir a los inspectores de la Comisión de Reforma Agraria libre acceso a la zona de explotación, a las instalaciones o aserraderos objetos de la concesión, y garantizar así el cumplimiento del contrato.

5. Que el concesionario mantenga una fianza de un balboa (B/1.00) por hectárea durante el término de la concesión. Si la concesión es por menos de mil (1,000) hectáreas, la fianza será mantenida en mil balboas (B/.1,000) como mínimo.

   La fianza se devolverá al concesionario al vencimiento del contrato, si el concesionario ha cumplido con las obligaciones contraídas en el mismo.

   Esta fianza podrá consignarse en efectivo, mediante bonos del Estado o mediante un bono de garantía de una compañía de seguros aceptada por la Comisión de Reforma Agraria.

6. Serán de uso exclusivo del concesionario las obras que hubiere que ejecutar para la extracción de madera, tales como carreteras, puentes, etc., mientras dure el contrato de explotación. Sin embargo, el concesionario no podrá prohibir el acceso a los moradores o dueños de terrenos que pudieren existir a lo largo de la carretera por él construida.

7. Se impondrá al explotador una multa de cincuenta balboas (B/.50.00) a cien balboas (B/100.00) por la primera infracción que cometa de los requisitos establecidos en el contrato respectivo. En caso de reincidencia esta multa se elevará hasta un máximo de quinientos balboas (B/.500.00). Una segunda reincidencia dará lugar a la imposición de una multa de quinientos balboas (B/300.00) y, además, la cancelación del contrato. No se aplicará esta multa a las infracciones a que se refiere el ordinal primero de este artículo.

8. El concesionario está obligado a mantener viveros de árboles de la misma especie o mejor, en una cantidad cuatro (4) veces mayor que el número de unidades taladas anualmente y a sembrar y cuidar por un (1) año, tres (3) árboles nuevos por cada uno (1) talado.

9. El concesionario está obligado a rendir un informe cada seis (6) meses sobre las actividades de reforestación realizadas en la región donde está talando árboles.

En las zonas reforestadas por el Gobierno Nacional la Comisión de Reforma Agraria fijará tarifas especiales para la explotación forestal basadas en la variedad de árboles explotados y cantidades de pies de madera extraídos.

Es prohibido talar árboles en los bosques situados en las cabeceras de los ríos, a lo largo de las corrientes de agua o en las orillas de los depósitos de agua, dentro de una distancia de cien (100) metros a partir de las márgenes, excepto en aquellos casos en que la densidad de árboles explotables sea mayor de cinco (5) por hectárea, en cuyo caso podrán talarse árboles aislados que estén en sazón.

Podrá talarse árboles en las orillas de los ríos aún cuando la densidad sea menor de cinco (5) por hectárea, siempre que a juicio del Inspector de la Comisión de Reforma Agraria ello no sea perjudicial, por haber suficiente cantidad de otros árboles que conserven el recurso natural.

Es prohibido talar árboles de caoba o de cedro amargo que midan menos de sesenta y cinco (75) centímetros de diámetro a una altura de un metro cincuenta centímetros del nivel del suelo (1.50 mts.).

También es prohibido derribar árboles de caucho, resinas o cualquier otro que produzca frutos forestales de importancia económica a menos que su destrucción sea absolutamente necesaria debido a la construcción de vías de acceso, o bien porque se hayan destruido accidentalmente al derribar otro árbol.

Estas prohibiciones se consignarán en todos los contratos que celebre la Comisión de Reforma Agraria.

Es prohibida la explotación de bosques sin contrato celebrado de conformidad con las disposiciones de este Capítulo so pena de multa igual a la establecida en el Ordinal 7º del Artículo 465 de este Código.

No quedan comprendidas en esta prohibición las explotaciones existentes basadas en contratos celebrados con la Nación con fecha anterior a la vigencia de este Código.

Tampoco quedan comprendidas en esta prohibición las extracciones de leña, bejuco, madera, palma y otros productos semejantes que hacen los labriegos para la construcción de sus habitaciones o destinados al uso doméstico, las que podrán llevar a cabo gratuitamente aún en los bosques que hayan sido objeto de concesión.

Los operadores de aserraderos e instalaciones procesadoras de trozas pagarán a la Comisión de Reforma Agraria, de acuerdo con las siguientes tarifas:

1. Los aserraderos e instalaciones procesadoras pagarán un balboa (B/1.00) por millar de pies de madera de construcción que produzcan y dos balboas (B/.2.00) por millar de pies cuando la producción sea de caoba o cedro amargo.

   Para los efectos de este pago se considerará como parte gravable de la producción toda pieza de madera que tenga un espesor de media pulgada o más; un ancho de tres (3) pulgadas o más y un largo de ocho (8) pies o más.

   Por un pie de madera se entenderá el equivalente a un pie cuadrado de madera de una pulgada de espesor, antes de ser cepillada. Todo aserradero llevará un registro permanente de la producción que estará sujeto a la inspección y vigilancia de los funcionarios de la Comisión de Reforma Agraria. Este pago se hará a un funcionario autorizado de la Comisión de Reforma Agraria, mediante una declaración jurada por el Administrador del aserradero, de la producción del mes dentro de un mes calendario a aquél en que se ha causado el impuesto. Esta declaración podrá ser revisada por el Inspector de la Comisión de Reforma Agraria, quien establecerá si es o no correcta. De no ajustarse a la realidad se impondrá a la empresa una multa de 25% del valor de la madera no declarada y se le obligará a pagar los impuestos correspondientes a la cantidad real de madera aserrada en dicho mes.

2. Los tablones y piezas de caoba o cedro amargo aserradas a mano o labradas al hacha pagarán dos balboas (B/.2.00) por millar de pies de madera. Los tablones y piezas labradas al hacha o aserradas a mano de cualquier otra clase de madera pagarán un balboa (B/1.00) el millar. Los funcionarios autorizados de la Comisión de Reforma Agraria se encargarán de cobrar las sumas indicadas en el lugar que la Comisión de Reforma Agraria determine. Estas sumas podrán ser cobradas a base del peso oficial de la madera en el lugar que la Comisión de Reforma Agraria determine, en cuyo caso se calculará la medida a base de un peso de cuatro (4) libras por pie de madera.

Las trozas de caoba y cedro amargo que se exporten pagarán cuatro balboas (B/4.00) por millar de pies netos de madera.

Las trozas de cualquier otra clase de madera que se exporten pagarán cincuenta centésimos de balboas (B/.0.50) por millar de pies netos de madera.

Para los efectos de estos pagos los pies netos de madera se computarán a base de la medida acordada entre el vendedor y el comprador y calculados por el sistema Doyle-Scribner de medir madera en trozas.

El exportador marcará en cada troza un número distintivo al tiempo de medirla y entregarla, antes de efectuar el embarque, una lista al funcionario autorizado de la Comisión de Reforma Agraria, dando el número de cada troza y las dimensiones que le corresponden. Las sumas correspondientes se le pagarán al respectivo funcionario autorizado de la Comisión de Reforma Agraria. La madera aserrada que se exporte no pagará ninguna suma y estará sujeta solamente al impuesto de aserradero.

Cualquier otro producto que sea materia de explotación en los bosques nacionales mediante permiso expedido por la Comisión de Reforma Agraria, pagará el 3% del valor comercial del producto en la ciudad de Panamá al momento de efectuar la extracción.

Esta suma la pagará el explotador, mediante una declaración jurada, al respectivo funcionario de la Comisión de Reforma Agraria.

Las personas que hayan obtenido concesiones para explotación de bosques nacionales mediante contrato con la Nación con anterioridad a la vigencia de este Código, pueden acogerse, si así lo desean, a las disposiciones que ahora se establecen.

En todo contrato de explotación de bosques se considera incluida la obligación del concesionario al mantenimiento en buen estado de los caminos de penetración que sean utilizados para la explotación, y al abandonar dichos caminos deberán ser entregados por lo menos en las mismas condiciones que las que existían al iniciar la labores de explotación.

La práctica de las quemas se considera perjudicial para el desarrollo agrícola nacional y debe ser eliminada de las actividades agrícolas con miras a mejorar los sistemas de cultivo.

Cuando sea indispensable efectuar quemas dentro de las explotaciones agrícolas, se practicarán, previo permiso de la autoridad de policía, en las condiciones de mayor seguridad contra el incendio de propiedades de terceros.

Se prohibe poner fuego en pajonal, sabana, bosque, rastrojo que sea de la comunidad, salvo que la autoridad competente determine la necesidad de hacerlo y previo aviso a las personas que pudieren perjudicarse.

Cuando el dueño o poseedor de un rastrojo, bosque, sabana, pajonal o finca de cualquier naturaleza, obtuviere permiso para quemarlo, lo hará de modo que el fuego no se propague a los rastrojos, bosques, sabanas, labranzas, pajonales o fincas vecinas; y será responsable, en todo caso, de los perjuicios que resultaren.

Son precauciones indispensables para llevar a efecto la quema de un rastrojo, sabana, pajonal, finca, etc., las siguientes:

1. Avisar con tres (3) días de anticipación, por lo menos, al dueño o dueños limítrofes, indicándoles el día y la hora en que ha de darse principio a la quema.

2. Hacer una raya o ronda alrededor del terreno que se trate de quemar, de las dimensiones siguientes; para rozas o rastrojos crecidos, de seis (6) metros por lo menos; para sabanas, un (1) metro; y siempre que la quema sea de rastrojo o pajonal, la raya o ronda será perfectamente barrida el día antes o el mismo día de la quema; y;

3. En el caso de que el día y la hora señalados para la quema, la fuerza de los vientos amenazare las propiedades limítrofes, no obstante las precauciones apuntadas, no se llevará a efecto la quema y se señalará nuevo día y hora, siempre previo acuerdo con los interesados.

El que tenga que hacer alguna quema cerca de una población o de habitaciones ajenas, no la verificará sino después de haber adquirido el permiso de la autoridad correspondiente y avisado a todas aquellas personas cuyas propiedades queden en peligro de incendiarse, y después de haber tomado todas las precauciones necesarias.

El que contraviniere las disposiciones de los artículos precedentes de este capítulo, sufrirá la pena de multa de tres (B/.3.00) a veinticinco balboas (B/.25.00) o arresto equivalente. Si el incendio causare daños a posesiones ajenas o a algunas personas, el culpable queda obligado a la indemnización de daños y perjuicios, y sujeto a la responsabilidad criminal como incendiario.

En cualquier otro caso en que se incendiaren materias que pongan en peligro cualquiera propiedad ajena, el infractor será penado de acuerdo con lo establecido en el Artículo anterior.

Siempre que fuere necesario practicar cualquiera diligencia para determinar responsabilidad en los casos de quemas en que deban intervenir peritos, éstos serán nombrados de la manera siguiente: uno por cada una de las partes, y otro por la autoridad administrativa local.

Quedan prohibidas terminantemente las llamadas "quemas" en los predios rústicos a que se refiere este capítulo dentro de las zonas cafeteras y forestales en la República.

Los Alcaldes en ningún caso concederán licencia para quemas dentro de las zonas descritas en el artículo anterior.

Todo contraventor de las disposiciones contenidas en este Capítulo, que se refieren a las zonas cafetaleras o forestales pagará multa de cincuenta (B/.50.00) a ciento cincuenta (B/150.00); y si la quema causare daños a los cafetales u otras propiedades comprendidas dentro de las zonas prohibidas queda obligado a la indemnización de daños y perjuicios, y sujeto a la responsabilidad criminal como incendiario.