Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 6 de Marzo de 2015

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución: 6 de Marzo de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

VISTOS: El Licenciado Anaxímenes G.N., actuando en nombre y representación del señor M.S.R.C., interpuso recurso de casación laboral contra la Sentencia de 9 de octubre de 2014, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral Ut Supra. El fin perseguido con el presente recurso consiste en que la Sala case la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial y, en su defecto, se declare nulo el mutuo acuerdo impugnado al no acreditarse el pago de las prestaciones vencidas y, consecuentemente, se condene a M.S.R.C., en base al salario reconocido en el mismo mutuo; al pago no sólo de la Prima de Antigüedad, sino principalmente al pago de las vacaciones y décimos tercer mes vencidos y demandados oportunamente. El señor J.R.S. interpuso demanda laboral contra M.S.R.C., reclamando la declaratoria de nulidad del mutuo acuerdo de terminación de la relación de trabajo y el pago de B/.24,816.97, en concepto de diferencia de prima de antigüedad (B/.2,839.70), vacaciones vencidas y proporcionales (B/.11,127.27), más los XIII mes vencidos y proporcionales (B/.10,850.00). En su demanda la parte actora afirma que inició labores por tiempo indefinido como conductor de bus, el 1 de octubre de 2004, con el señor M.S.R.C., hasta el 30 de diciembre de 2013, devengando un salario de B/.1,200.00 mensuales. Que mediante engaños suscribió el 6 de junio de 2013, un Convenio de Terminación de la Relación Laboral por Mutuo Acuerdo, el cual alega adolece de múltiples vicios, sin que a la fecha se le hayan pagado las horas extras, domingos, feriados y días de fiesta nacional laborados, así como tampoco los décimos tercer mes y vacaciones de los nueve años y dos meses laborados. Ante la demanda presentada, el apoderado judicial del demandado M.S.R.C., negó la pretensión del señor RODRÍGUEZ, alegando que la relación inició el 25 de octubre de 2004 y terminó el 6 de junio de 2013, por mutuo acuerdo, siendo el último salario del trabajador la suma de B/.377.70 Luego del cumplimiento de las etapas procesales correspondientes, la Juez de Trabajo de la Cuarta Sección, mediante Sentencia No.19/14 de 24 de julio de 2014, declaró no probada la causal de nulidad invocada en el mutuo acuerdo celebrado por las partes el 6 de junio de 2013, y absolvió al empleador del reclamo formulado por el trabajador, al considerar que es válido el cese de las relaciones laborales, así como canceladas las prestaciones laborales reclamadas en el presente proceso y que van dentro del periodo comprendido del 1 de octubre de 2004 al 6 de junio de 2013. Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, al conocer el recurso de apelación propuesto por el apoderado judicial del trabajador demandante, decide confirmar la sentencia de primer grado. Entre algunas de las consideraciones del Tribunal Ad quem para confirmar la sentencia del juez primario, figura que no se encontró que los hechos que afirma, hayan sido acreditados en el proceso puesto que "no es suficiente alegar que al documento, luego de firmarlo, se le agregaron números para convertirlo en una cifra mucho mayor, es necesario acreditarlo" II. CARGOS DEL CASACIONISTA El casacionista afirma que la sentencia impugnada viola los artículos 8, 128 y 769 del Código de Trabajo. En primer lugar, el recurrente manifiesta que la violación del artículo 8 del Código de Trabajo se produce al tiempo que el Tribunal Superior desconoce que el señor J.R.S. en un lapso de nueve años, laboró como conductor de bus sin contrato y que nunca le pagó su salario mínimo legal, XIII mes, ni vacaciones. Que suscribió con engaños un Mutuo Acuerdo que adolece de vicios, tanto de forma, así como de fondo, ya que no se le pagaron las prestaciones laborales que reclama y al realizarse los cálculos de sus prestaciones, consecuente y lógicamente da por resultado una disminución, dejación o renuncia de los derechos del trabajador. Sostiene el casacionista que la Resolución proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial vulnera el artículo 128 (num. 2) del Código de Trabajo, toda vez que desconoce que M.S.R. no acreditó el pago al trabajador J.R.S. de las prestaciones vencidas en un lapso de nueve años, cuando laboró como conductor de bus; y, a pesar de ello, el Tribunal Superior sentenció que "no hay lugar para reconocer las consecuencias que se pretenden, como es la falta de pago de prestaciones, entendiéndose que las mismas se pagaron en la forma que aceptó el demandante" Contrario a ello, sostiene el casacionista que, tal como establece la norma que se considera infringida, el pago de las prestaciones debe hacerse de conformidad con las normas de éste Código, máxime cuando esta Superioridad ha establecido que es a la empresa demandada quien le corresponde presentar prueba en ese sentido, es decir, que las sumas fueron entregadas y recibidas a entera satisfacción por el trabajador, y al no hacerlo, se considera que las mismas se le adeudan al trabajador. Por último, aduce que se infringe el artículo 769 del Código de Trabajo, por cuanto el Tribunal Superior ignora el debido proceso, toda vez que al negar el trabajador el contenido del mutuo acuerdo, debió proceder a la comprobación del contenido, mediante diligencia pericial decretada de oficio, en concordancia con los artículos 798 y 799 del Código de Trabajo. III. OPOSICIÓN AL RECURSO Del recurso presentado se corrió traslado al demandado M.S.R.C., de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 927 del Código de Trabajo, sin que éste haya comparecido dentro del término de ley, a exponer sus objeciones. IV. DECISIÓN DE LA SALA Una vez estudiados los argumentos estructurados por el proponente del recurso de casación y luego del vencimiento del término establecido en la Ley laboral sin que medie oposición, la Sala procede a analizar los cargos de violación impetrados contra la Sentencia de 9 de octubre de 2014, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial. Como cuestión previa, es preciso resaltar que el recurso extraordinario de casación, en concordancia con el artículo 924 del Código de Trabajo, tiene como fin u objeto principal enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales de segunda instancia que hacen tránsito a cosa juzgada y en las que, sin esta última circunstancia, pueden acarrear graves e irreparables perjuicios. Es decir, la casación no es un tercer grado de competencia, sino una pretensión impugnativa en contra de la sentencia que tiene por objeto desagraviar las partes en los supuestos de violación al ordenamiento positivo, así como procurar la exacta observancia de la leyes por parte de los tribunales y uniformar la jurisprudencia, de suerte que ha de decidir cuestiones que puedan servir de precedente para otros casos. Por consiguiente, la Sala procede al examen de los cargos atinentes a las supuestas infracciones que le formula al fallo del Tribunal Superior de Trabajo. El apoderado judicial del señor J.R.S., manifiesta que la sentencia recurrida ha violentado los artículos 8, 128 (num. 2) y 769 del Código de Trabajo. En ese orden, sostiene que fue conculcado el artículo 8 del Código de Trabajo, porque el Tribunal Superior desconoce que el trabajador J.R.S., en un lapso de nueve (9) años, laboró sin contrato, como conductor de bus y nunca se le pagó el salario mínimo legal, décimo tercer mes, ni vacaciones; sino que suscribió con engaños un Mutuo Acuerdo. Que al realizarse un cálculo de sus prestaciones, lógicamente da por resultado una disminución, dejación o renuncia de los derechos del trabajador. Que el demandado M.S.R. no acreditó el pago al trabajador J.R.S. de las prestaciones laborales vencidas en el referido lapso de nueve años. En este aparte, nos permitimos transcribir lo señalado en el artículo 8 del Código de Trabajo, del siguiente tenor literal: "Son nulas y no obligan a los contratantes, aunque se expresen en convenio de trabajo o en otro pacto cualquiera, las estipulaciones, actos o declaraciones que impliquen disminución, adulteración, dejación o renuncia de los derechos reconocidos a favor del trabajador". La norma reproducida instituye el principio de irrenunciabilidad de derechos, lo cual conlleva la imposibilidad de privarse de los derechos consagrados en las normas laborales a favor del trabajador. Principio que se encuentra, a su vez, instituido a rango constitucional en el artículo 71 de nuestra Constitución Política. El tratadista A.P.R., ha desarrollado este principio laboral así: "... la noción de irrenunciabilidad se puede expresar en términos mucho más general en la siguiente forma: la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. Renuncia equivale a un acto voluntario por el cual una persona se desprende y hace abandono de un derecho reconocido a su favor". (Los principios del Derecho del Trabajo, E.M.B.A., Montevideo, 1975, pág. 118). Ahora, veamos las consideraciones que el Tribunal Superior de Trabajo, al respecto, tomó en cuenta para emitir su decisión: "no encuentra este Tribunal que los hechos que afirma hayan sido acreditados en el proceso, no es suficiente alegar que al documento luego de firmado, se le agregaron más números para convertirlo en una cifra mucho mayor, es necesario acreditarlo. Pero ninguna de las pruebas aportadas cumplen ese cometido, pues en el caso de los documentos aportados, se refieren a reclamos ante otras autoridades y en el caso de los testimonios, se refieren a aspectos de la relación laboral, que nada tienen que ver con la confección o alteración del documento que se acusa de viciado. Y es que tampoco la alteración de un documento se acredita con pruebas como esas, sino con peritajes efectuados por peritos idóneos en la materia, quienes con los conocimientos adecuados y u profundo análisis del documento original son los que pueden certificar su existencia. Por otro lado, el propio trabajador demandante reconoce como suya la firma que contiene el mencionado documento, aunque dice desconocer las cifras que se consignan en el mismo, pero siendo una persona mayor, en pleno uso de sus facultades, queda necesariamente ligado al documento que firma y no es el proceso Declarativo laboral la vía adecuada para desvincularse. Es distinto que se pretenda invalidar un Mutuo Acuerdo porque incumple los requisitos contemplados en la ley, a que se pretenda su Nulidad por falsificación o alteración de su contenido, esto último escapa de nuestra competencia. Como quiera que no procede declarar la Nulidad que se solicita, no hay lugar para reconocer las consecuencias que se pretenden como es la falta de pago de prestaciones, entendiéndose que las mismas se pagaron en la forma que aceptó el demandante. En efecto, la sentencia en estudio sostiene que el trabajador demandante reconoció como suya la firma que contiene el mencionado mutuo acuerdo; y que, aunque éste dice desconocer las cifras que se consignan en el mismo, el hecho de ser una persona mayor y en pleno uso de sus facultades, lo liga necesariamente al documento que firma, sin poder desvincularse por medio del proceso declarativo laboral que nos ocupa. Por tal razón, concluye el Tribunal Ad quem que, al no proceder la nulidad que se solicita, "no hay lugar para reconocer las consecuencias que se pretenden como es la falta de pago de prestaciones, entendiéndose que las mismas se pagaron en la forma que aceptó el demandante" No obstante, esta Superioridad difiere del criterio expuesto por el juzgador de segunda instancia, pues, se apartan tanto el juzgador primario y el de segunda instancia, de la irrelevancia que revisten los actos en la que se vea involucrado el trabajador y que implican disminución de sus derechos. Dicho de otro modo, implica la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de beneficios propios, que ofrece el derecho laboral. Esta se fundamenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento de dichos derechos, ante la desventaja en que se encuentra el trabajador frente al empleador, y surge del carácter de orden público que tienen las disposiciones laborales. Así las cosas, vemos que la parte actora en su demanda, efectivamente, alegó haber sufrido engaños por parte del demandado para suscribir el mutuo acuerdo de 6 de junio de 2013, lo que no pudo acreditar. Sin embargo, aunado a ello, en el numeral 2 del hecho segundo de su demanda alegó lo siguiente: Dentro de las prestaciones que se reclaman están vacaciones y décimo tercer mes no pagados durante los más de 9 años que duró la relación de trabajo y en el fraudulento documento nada se dice al respecto, o que contraviene un requisito "sine qua non" del artículo 210 del Código de Trabajo que establece que "siempre que no implique renuncia de derechos" Frente a este evento, el apoderado judicial del demandado, alegó que "Todas las prestaciones por derechos adquiridos a favor del trabajador le fueron cubiertas más una sustancial bonificación, hecho efectivo el 06 de junio de 2013, a la firma de mutuo acuerdo, luego presentado por el trabajador a MITRADEL para el correspondiente sellado y luego por él entregado a M.R.. Todo muy amistosamente" (Cfr. f. 18). Dicho lo anterior, dentro del expediente laboral obra a foja 80, el documento titulado "CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO," de fecha 6 de junio de 2013, en la que hace constar que de común acuerdo EL EMPLEADOR y TRABAJADOR han decidido poner término a la relación laboral a partir del 6 de junio de 2013, para lo cual EL EMPLEADOR hace efectivo a EL TRABAJADOR, el total de las prestaciones a que tiene derecho, las cuales se desglosan así: Vacaciones Proporcionales--------------B/. 200.00 Décimo Tercer mes proporcional ------B/. 200.00 Prima de antigüedad---------------------B/.1,000.00 Bonificación-------------------------------B/.11,600.00 Observa el Tribunal de Casación que el Mutuo Acuerdo establece muy claramente en su cláusula segunda que el empleador le reconoce al señor R. una "bonificación" equivalente a "B/.11,600.00". "Las bonificaciones son remuneraciones que se conceden al trabajador por Navidad (bonificación o aguinaldo de Navidad), por reemplazo (bonificación por reemplazo a superior jerárquico), por desempeño de posición mejor pagada, por evitar accidentes de trabajo, por jubilación, etc." (V.V., O.. Derecho de Trabajo. Relaciones Individuales, Editorial Varem , Panamá,1998, pag. 116). Así, no constituye un derecho adquirido la bonificación del empleador que, por mera liberalidad y con ocasión de la terminación de la relación de trabajo por mutuo acuerdo, haya otorgado al trabajador, puesto no existe ninguna exigencia por parte de la normativa laboral, reglamento interno, convención colectiva, ni contrato para ello. Por el contrario, los derechos adquiridos que contempla la Ley laboral son de orden público y no están sujetos a las partes su determinación. Razón por la cual, no se puede deducir que en el referido pago de bonificación, está incluida "...cualquier diferencia en las prestaciones calculadas, que pueda favorecer a EL TRABAJADOR...," puesto que los derechos adquiridos del trabajador, debieron ser cancelados oportunamente por el empleador, o en su defecto, al momento de poner término a la relación de trabajo. Al tratarse del reclamo de vacaciones vencidas y décimo tercer mes vencidos, constituye la pretensión en derechos ciertos e irrenunciables, cuya comprobación de pago en debida forma le compete al empleador. Sobre la figura del mutuo acuerdo tenemos que, así como las partes tienen capacidad jurídica para celebrar el contrato de trabajo, asimismo tienen la capacidad para concluirlo. Tenemos entonces que, así como el empleador y el trabajador pueden prestar su consentimiento con el propósito de formar el contrato individual de trabajo, del mismo modo están autorizados a dar su asenso encaminando a terminar la relación laboral que mantenían. El mutuo consentimiento, en efecto, implica el convenio mediante el cual se pone término a la relación de trabajo que vinculó a los sujetos del contrato, y se le conoce también como distracto, resiliación, mutuo disenso y sobre todo, en la práctica cotidiana, como mutuo acuerdo. La figura opera en cualquier tipo de contrato, es decir, en el contrato por tiempo indefinido, el contrato por tiempo definido o el contrato para obra determinada. De conformidad con el numeral 1, del artículo 210 del Código de Trabajo, la relación de trabajo puede terminar por mutuo consentimiento siempre y cuando conste por escrito y no implique renuncia de derechos. Respecto al segundo supuesto, tenemos que el trabajador alega no haber recibido las vacaciones y décimo tercer mes vencidos durante el lapso de 9 años que duró la relación de trabajo. Esta Superioridad ha sostenido en ocasiones anteriores que "la renuncia de derechos que prohíbe el numeral 1ro. del artículo 210 del Código de Trabajo significa que en el documento mediante el cual se da por terminada la dejación unilateral de un derecho cierto e incontrovertible reconocido legal o contractualmente a favor del trabajador que es parte del convenio de terminación de la relación laboral" (sent. de 19 de junio de 1990 y 23 de febrero de 2007)." Sobre el particular, observa la Sala que el propio documento que contiene el convenio de terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo, se reconoce que la relación laboral se inició el 25 de octubre de 2004 como conductor soporte no titular con un salario de B/.377.70 mensuales. Asimismo, advierte este Tribunal Colegiado que al momento de contestar la demanda, el apoderado judicial del demandado adujo que "...al día siguiente de la entrevista el señor M.R. nos llamó para que preparáramos el mutuo acuerdo con fecha 06 de junio de 2013, contemplando el pago de prima de antigüedad (B/.1,000.00), las vacaciones y décimo tercer mes proporcionales del año en curso (B/.200.00 en cada renglón)..." (cfr. f. 15 del expediente laboral) Es decir nada señala de las vacaciones y décimo tercer mes vencidos. (subraya la Sala) Por lo que, realizando el respectivo cálculo resulta que, lo que corresponde al trabajador en estos conceptos, tomando en cuenta que el salario pactado al momento de la terminación de la relación laboral era de B/.377.70 y que el señor J.R., tenía una relación con M.S. REAL desde el 25 de octubre de 2004 y había laborado hasta el 6 de junio de 2013, haciendo en total 8 años, 7 meses y 12 días, es el siguiente desglose: Salario Mensual B/.377.70 Salario Semanal B/. 87.23 Salario Diario B/. 12.59 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 8 años x 87.23 = B/.697.84.00 Proporcional = B/. 53.75 TOTAL = B/.751.59 VACACIONES VENCIDAS 8 años x B/.377.70 = B/.3,021.60proporcionales 377.70 x 7 = B/.2,643.90 12.59 x 12 = B/. 151.08 = B/.2,794.98/11 = B/. 254.09 = B/.3,275.69 DÉCIMO TERCER MES VENCIDOS 8 años x B/.377.70 = B/.3,021.60proporcionales 377.70 x 7 = B/.2,643.90 12.59 x 12 = B/. 151.08 = B/.2,794.98/12 = B/. 232.92 = B/.3,254.92 SUB TOTAL = B/.7,282.20 En este orden de ideas, tenemos que al monto de siete mil doscientos ochenta y dos balboas con vente centésimos (B/.7,282.20), que se le adeuda al trabajador, se le debe restar la cifra de mil cuatrocientos balboas (B/.1,400.00), que según el mutuo acuerdo fue recibida por el trabajador en concepto de prima de antigüedad (B/.1,000.00), vacaciones proporcionales (B/.200.00) y décimo tercer mes proporcional (B/.200.00). En virtud de lo anterior, se equivoca el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, al considerar que las prestaciones que reclama el trabajador "se pagaron en la forma que aceptó el demandante;" pues, ello contraria el principio de irrenunciabilidad contenido en el artículo 8 del Código de Trabajo. La inobservancia que ha incurrido el Tribunal Ad quem permite a esta Corporación de Justicia enmendar el agravio sufrido por el trabajador, acorde a los cargos de infracción formulados. En mérito de lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 9 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral promovido por: J.R.S. -vs- M.S.R. CASTILLO. En consecuencia, CONDENA al demandado M.S.R. CASTILLO al pago de la suma de B/.5,882.20 en concepto de vacaciones y décimo tercer vencidos. Las costas del proceso se fijan en el 20% de la condena. N., VICTOR L. BENAVIDES P. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)