Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 29 de Marzo de 2022

PonenteOlmedo Arrocha Osorio
Fecha de Resolución29 de Marzo de 2022
EmisorPrimera de lo Civil

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Primera de lo Civil

Ponente: Olmedo Arrocha Osorio

Fecha: 29 de marzo de 2022

Materia: Civil

Conflicto de competencia

Expediente: 1245442021

V I S T OS:

Mediante Resolución de 14 de diciembre de 2021, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, rehusó avocar el conocimiento del recurso de apelación promovido por la parte demandada en el Proceso Ejecutivo Hipotecario propuesto por MULTIBANK INC., en contra de J.Á.S.D. y UNIÓN HISPANO PANAMEÑA, S.A., que le fuese enviado por el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en consecuencia, remitió el expediente a esta Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que dirima el conflicto planteado por ser el superior común a ambos tribunales.

ANTECEDENTES

La demandante, MULTIBANK INC., presentó una demanda ejecutiva hipotecaria con renuncia de trámite en contra de J.Á.S.D. y UNIÓN HISPANO PANAMEÑA, S.A., a fin de que se librara mandamiento de pago por la vía ejecutiva hasta la concurrencia de B/.56,097.40.

Dicha demanda quedó radicada en el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, quien mediante Auto No.2020-19 de 4 de octubre de 2019, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva y decretó el embargo sobre la Finca No.304907, con Código de Ubicación 8602, de la sección de la propiedad de la provincia de Panamá, del Registro Público.

Luego de surtirse el trámite correspondiente, se llevó a cabo el remate respectivo, que fue aprobado con el Auto No.1141-21 de 8 de junio de 2021. Esta decisión, fue objeto de recurso de apelación por la parte demandada, el cual fue concedido en el efecto suspensivo con Resolución de 27 de julio de 2021; razón por la cual el juzgado a-quo, remitió dicha causa al Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, a fin de que conociera del recurso de apelación formulado.

Sin embargo, el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, con resolución de 26 de agosto de 2021, se abstuvo de conocer dicho recurso y, ordenó remitir este expediente al Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Para llegar a dicha decisión, el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, indicó lo siguiente:

"Revisada la causa sometida a consideración de esta Colegiatura, es pertinente dar aplicación al mandato consignado en el artículo 713 del Código Judicial, según el cual, el tribunal al que se dirija una demanda para cuyo conocimiento no sea competente, luego de explicar los motivos por los cuales se abstiene de conocer el proceso, lo remitirá al despacho judicial designado como competente, por lo que, a reglón seguido procede exponer las razones por la que este Tribunal de segunda instancia, considera que no es competente para conocer el presente proceso ejecutivo.

En esa dirección, vale aclarar que esta jurisdicción especial tiene competencia exclusiva y privativa en Asuntos de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, que taxativamente, establece el artículo 124, de la Ley No.45 de 2007.

También, hay que destacar que el artículo 126 de la Ley No.45 de 2007, que regula las funciones del Tercer Tribunal Superior de Justicia, fue adicionado por el artículo 1 de la Ley No.231 de 28 de junio de 2021, según el cual:

"Artículo 126. Tribunal de apelación. ...

P.. Este Tribunal también conocerá de las apelaciones en contra de las sentencias o los autos dictados en primera instancia por los juzgados de circuito en las causas concursales de insolvencia de que trata la Ley 12 de 2016, de manera transitoria, hasta que se implemente el Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial." (Subraya el Tribunal)

Como se observa la norma especial que regula la competencia de este Tribunal Superior, aún con las reformas introducidas no le atribuye la competencia para conocer de las apelaciones presentadas dentro de los procesos ejecutivos de mayor cuantía en contra de los autos que emiten los Jueces de Circuito del Ramo Civil, Ordinario, y solo se le incorpora la competencia para conocer de apelaciones en contra de autos o sentencias dictados en primera instancia por los Juzgados de Circuito "en las causas concursales de insolvencia de que trata la Ley No.12 de 2016 de manera transitoria...".

Por ello, por tratarse de una norma especial que regula las funciones del Tercer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá, resulta la norma aplicable con fundamento en el factor atributivo de competencia por la naturaleza del asunto (art.234, literal b del Código Judicial) y el artículo 237 del Código Judicial, que establece que cuando la competencia es privativa la ejerce un tribunal en determinado proceso con absoluta exclusión de otra concatenado con el artículo 124 de la Ley No.45 de 2007.

Ahora bien, al revisar el artículo 19 de la referida Ley No.12 de 2016, se observa que esta competencia transitoria se refiere es a aquéllas causas asignadas al Cuarto Tribunal Superior de Justicia, por lo que, es importante para un mayor entendimiento del por qué esta Colegiatura no es la llamada a conocer en segunda instancia de los procesos de ejecución que conocen los juzgados civiles ordinarios, conforme al texto del dicho artículo 19 que establece:

"Atribuciones. El Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial tendrá competencia para conocer en segunda instancia de los procesos concursales que conocen en primera los Juzgados de Circuito de Insolvencia, en todo el territorio nacional. Asimismo, de los procesos de ejecución que conocen los Juzgados de Circuito de Insolvencia de su circunscripción, en los cuales haya lugar al recurso de apelación, de hecho o consulta.

En los demás distritos judiciales, los Tribunales Superiores seguirán conociendo de los procesos de ejecución, en segunda instancia."

La disposición legal transcrita es clara, al Cuarto Tribunal Superior le competen el conocimiento de las siguientes causas:

- Los procesos concursales que se conocen en primera instancia los Juzgados de Circuito de Insolvencia; y,

- Los procesos de ejecución que conocen los Juzgados de Circuito de Insolvencia.

Partiendo de la premisa planteada, se desprende claramente que, este Tribunal Especializado en Asuntos de la Competencia y de protección al Consumidor, solo conocerá transitoriamente de las apelaciones contra resoluciones dictadas por los Juzgados de Circuito de Insolvencia; y no, de los procesos ejecutivos de mayor cuantía, que no guarden relación con algún proceso de insolvencia, como ocurre con la presente causa.

De otro lado, el hecho que el artículo 19 de la referida Ley No.12 de 2016, haga alusión a los procesos de ejecución, de ninguna manera debe interpretarse que se trata de cualquier proceso ejecutivo; sino que, el mismo debe estar relacionado de alguna manera con la insolvencia; prueba de ello es que , en una norma posterior, es decir, el artículo 189 de la referida Ley No.12, se establece que "si en la acumulación de procesos ejecutivos, existen, entre los ejecutados, personas distintas a la del deudor", el tribunal de la ejecución deberá tomar las siguientes medidas:

  1. Suspender la tramitación solo respecto del deudor (insolvente).

  2. Remitir al tribunal que este conociendo el proceso concursal de liquidación copias autenticadas del expediente para que continúe la sustanciación respecto a la del deudor (insolvente).

  3. Conservar el expediente original, a fin de continuar la ejecución de los restantes demandados."

    Como puede apreciarse se distingue claramente, entre el tribunal ordinario de la ejecución y el tribunal especial que esta (sic) conociendo del proceso concursal, en consecuencia, si el espíritu de la ley hubiese sido que los Juzgados de Insolvencia conocieran de todas las ejecuciones; aún sin tener relación con el concurso, no hubiese colocado las indicaciones a que hace referencia el artículo 189, en el que ordena que el juzgado de ejecución desglose lo concerniente al deudor insolvente y lo remita al tribunal que conoce de la liquidación concursal.

    Ante esta realidad, no puede este Tribunal asumir la competencia del presente proceso ejecutivo, ya que, la especialidad del régimen concursal radica y excluye la posibilidad de conocer un proceso de ejecución ajeno a la materia; aunado al hecho que, la reforma a la Ley Especial de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, mantiene competencia exclusiva y privativa para los asuntos establecidos en el artículo 126 de la Ley No.45 de 2007, en el cual, solo se asigna a este Tribunal las funciones para conocer de sentencias y autos dictados en primera instancia por los Juzgados de Circuito "en las causas concursales de insolvencia", no en los procesos ejecutivos de mayor cuantía, de juzgados ordinarios; por tanto, procede abstenerse en el conocimiento del presente proceso, en consecuencia, remitirlo al Primer Tribunal Superior de Justicia, por ser dicho tribunal el que mantiene la competencia para conocer la segunda instancia de los autos apelados que se dicten en los procesos ejecutivos, por mandato del artículo 128 del Código Judicial." (fs.136-140)

    Una vez recibido el expediente, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, con Resolución de 14 de diciembre de 2021, se abstuvo de conocer el proceso y lo remitió a esta Sala Civil, bajo el siguiente razonamiento:

    "A pesar de ello, al avocarse al conocimiento del meritado negocio, esta Superioridad estima que no es competente, por las siguientes razones: El artículo 2 de la Ley 231 de 28 de junio de 2021 adiciona al artículo 262 de la Ley 12 de 2016 (régimen de los procesos concursales) un parágrafo así:

    Artículo 262 (transitorio)...

    Parágrafo. Se asigna transitoriamente la competencia otorgada al Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en el artículo 19 de la presente Ley al Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

    Por su parte, el artículo 19 citado es del tenor siguiente:

    "Artículo 19. Atribuciones. El Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial tendrá competencia para conocer en segunda instancia de los procesos concursales que conocen en primera instancia los Juzgados de Circuito de Insolvencia, en todo el territorio Nacional. Asimismo, de los procesos de ejecución que conocen los Juzgados de Circuito de Insolvencia de su circunscripción en los cuales haya lugar al recurso de apelación, de hecho o consulta.

    En los demás, distritos judiciales, los Tribunales Superiores seguirán conociendo de los procesos de ejecución, en segunda instancia."

    Como se observa, por razón del artículo 262 de la Ley 12 de 19 de mayo de 2016, según ha sido adicionado por la Ley 231 de 28 de junio de 2021, se ha adscrito competencia transitoria al Tercer Tribunal Superior para conocer, entre otros, de "los procesos de ejecución que conocen los Juzgados de Circuito de Insolvencia de su circunscripción, en los cuales haya lugar al recurso de apelación, de hecho o consulta."

    Corresponde entonces establecer, de qué procesos de ejecución conocen los Juzgados de Circuito de Insolvencia, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 12 de 19 de mayo de 2016, que dispone:

    "Artículo 23: Competencia privativa. Los Jueces de Circuito de Insolvencia conocerán privativamente, en primera instancia, de los procesos concursales de insolvencia, así como de todos los procesos de ejecución de mayor cuantía."

    Como se observa, la norma citada adscribe a los jueces de circuito de insolvencia el conocimiento de todos los procesos de ejecución de mayor cuantía, sin hacer distinción de si se trata de ejecuciones relacionas con procesos concursales o de otro tipo de ejecuciones.

    En estas circunstancias, siendo que por disposición de la Ley 12 de 19 de mayo de 2016, mientras se crean los juzgados de circuito de insolvencia, son los juzgados de la jurisdicción civil los que conocen de las causas atribuidos a aquellos, y siendo que tratándose de ejecuciones apelables o que admiten recurso de hecho o consulta, su conocimiento, de manera transitoria, corresponde al Tercer Tribunal Superior, razón por la cual corresponde rehusar avocarse al conocimiento del presente proceso y plantear el conflicto de competencia como preceptúa el artículo 714 del Código Judicial." (fs.148-149)

    CRITERIO DE LA SALA

    Expuestos los argumentos de cada uno de los tribunales superiores en conflicto, procede la Sala a determinar cuál de ellos es el competente para conocer el proceso ejecutivo hipotecario promovido por MULTIBANK INC. en contra de J.Á.S.D. y UNIÓN HISPANO PANAMEÑA, S.A.

    De los argumentos expuestos por ambos juzgadores, podemos observar que la discordia radica en determinar qué tribunal tiene la competencia para conocer de las apelaciones, recursos de hecho o consulta, que se produzcan en los procesos ejecutivos de mayor cuantía, luego de la expedición por parte de la Asamblea Nacional de la Ley No.231 de 28 de junio de 2021.

    En este sentido, debemos iniciar indicando que con la Ley No.12 de 19 de mayo de 2016, se actualizó nuestro régimen concursal, a fin de adecuarlo a las nuevas directrices y corrientes internacionales sobre la materia.

    Este movimiento ha sido impulsado por organismos internacionales como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, quien creó una Ley Modelo con el objetivo de ayudar a los Estados a dotar a sus respectivos regímenes de la insolvencia de un marco legislativo moderno para resolver con mayor eficacia este tipo de causas. Conforme a datos de dicho organismo internacional, dicha Ley Modelo ha servido de base para la aprobación de legislaciones nacionales en 50 Estados de un total de 54 jurisdicciones[1].

    Esta Ley 12 de 2016, para el caso panameño, creó nuevas figuras en nuestro ordenamiento, las cuales eran desconocidas en nuestra legislación procesal además de basarse en principios y orientaciones, hasta cierto punto, distintos a los que regían en los procesos de quiebras. Una de esas novedades fue dividir los procesos concursales en dos grandes grupos, que atienden a fines distintos.

    El primero de ellos, es referente al proceso concursal de reorganización, cuyo objetivo es conservar y rescatar la empresa con dificultades económicas superables, a fin de evitar la extinción de la misma, con las repercusiones negativas que ello significa para el mercado local. El otro proceso que contempla esta Ley, es el proceso concursal de liquidación, que busca una liquidación judicial pronta y ordenada de la empresa ineficiente. Para el caso de procesos concursales con repercusión en varios Estados, esta normativa prevé los procesos de insolvencia transfronteriza.

    Para el cumplimiento de esta ley y su debida aplicación, el legislador creó una nueva jurisdicción en nuestro país, a fin de que atendiera estas causas. Pero siendo que, en nuestro medio, este tipo de procesos no son tan comunes, es que el legislador no se limitó en crear una jurisdicción simplemente de procesos de insolvencia (que al final sólo son procesos ejecutivos universales), sino que le incluyó a esta nueva jurisdicción, los demás procesos ejecutivos.

    En aras de este fin, se crearon los Juzgados de Circuito de Insolvencia, cuya competencia territorial es igual a la competencia de los juzgados de circuito civil ordinarios contemplados en el Código Judicial. Así el artículo 21 de esta Ley, contempló la creación de cuatro (4) Juzgados de Circuito de Insolvencia para el Primer Circuito Judicial de Panamá, uno (1) para el Segundo Circuito Judicial de Panamá y uno (1) para el Tercer Circuito Judicial de Panamá y, para las demás provincias, un (1) Juzgado de Circuito de Insolvencia para cada una.

    La competencia de esta nueva autoridad es privativa y conforme al artículo 23, conocen en primera instancia, de todos los procesos de insolvencia, así como de todos los procesos de ejecución de mayor cuantía. Con esta decisión, lo que se buscaba era desahogar la jurisdicción ordinaria, quien, hasta ese momento, era la competente para conocer tanto los procesos concursales como de los procesos de ejecución de mayor cuantía; buscando brindar de esta manera, tiempos más razonables para la tramitación de estas causas ejecutivas, las cuales, en el presente, pueden llegar a comprender aproximadamente hasta el 50% de las causas que atienden los jueces de la jurisdicción ordinaria, anualmente.

    Como tribunal de segunda instancia, esta Ley 12 de 2016, creó el Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, con sede en la ciudad de Panamá, pero con una competencia territorial mixta, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 12 de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente:

    Artículo 19. Atribuciones. El Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial tendrá competencia para conocer en segunda instancia de los procesos concursales que conocen en primera los Juzgados de Circuito de Insolvencia, en todo el territorio nacional. Asimismo, de los procesos de ejecución que conocen los Juzgados de Circuito de Insolvencia de su circunscripción, en los cuales haya lugar al recurso de apelación, de hecho o consulta. En los demás distritos judiciales, los Tribunales Superiores seguirán conociendo de los procesos de ejecución, en segunda instancia.

    Decimos lo anterior, porque conforme al artículo transcrito el Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial tiene una competencia territorial a nivel nacional, cuando se trate de procesos de insolvencia (reorganización, liquidación e insolvencia transfronteriza); pero tiene una competencia territorial limitada al Primer Distrito Judicial (Panamá, Panamá Oeste, C., D. y la Comarca de San Blas), cuando se trate de proceso de ejecución de mayor cuantía; ya que en los demás Distritos Judiciales, continúan conociendo de los procesos de ejecución, el Tribunal Superior respectivo (ya sea en el Segundo, Tercero o Cuarto Distrito Judicial).

    Pero a pesar de esta innovación y apoyo a la justicia panameña, la implementación de esta ley tuvo dificultades, pues hasta la expedición de esta Resolución, dicha jurisdicción no ha sido creada materialmente, es decir, que todavía no existen los Juzgados de Circuito de Insolvencia ni el Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

    Previendo la posibilidad de esta deficiencia institucional, el legislador dispuso en el artículo 262 de la Ley 12 de 2016, lo siguiente:

    "Artículo 262 (transitorio). Mientras se crean los Tribuales Superiores y Juzgados de Circuito de Insolvencia de que trata el Capítulo I del Título Preliminar, seguirán conociendo de los procesos de insolvencia los Juzgado de la Jurisdicción Civil como hasta ahora. Corresponderá a la Corte Suprema de Justicia, mediante Sala de Acuerdo, determinar la creación y nomenclatura de estos Tribunales y Juzgados, en forma permanente o temporales, justificados con base en las necesidades del servicio."

    De la anterior norma, se entiende que las funciones del Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, debían ser asumidas por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial y el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, todos ellos, dentro de su competencia territorial. Mientras que las funciones de los Juzgados de Circuito de Insolvencia, debían ser asumidas por los Juzgados de Circuito Civil Ordinarios; pues estos son las autoridades que conocían hasta ese momento de los procesos de concurso de acreedores (quiebra), ahora procesos de insolvencia.

    A causa de esta disposición, no se causó un impacto tan relevante en la administración de justicia, pues las mismas autoridades seguían conociendo de los mismos procesos y bajo la misma jerarquía, pero ahora, con una nueva filosofía y un procedimiento distinto.

    Ahora bien, esta situación se mantuvo hasta la expedición por parte de la Asamblea Nacional de la Ley 231 de 28 de junio de 2021 (G.O. 29318-A de 28/06/2021), "Que adiciona disposiciones a la Ley 45 de 2007, sobre protección al consumidor y defensa de la competencia, y a la Ley 12 de 2016, sobre el régimen de los procesos concursales de insolvencia.", cuyo texto es el siguiente:

    "LA ASAMBLEA NACIONAL

    DECRETA:

    Artículo 1. Se adiciona un parágrafo al artículo 126 de la Ley 45 de 2007, así:

    Artículo 126. Tribunal de apelación. ...

    Parágrafo. Este Tribunal también conocerá de las apelaciones en contra de las sentencias o los autos dictados en primera instancia por los juzgados de circuito en las causas concursales de insolvencia de que trata la Ley 12 de 2016, de manera transitoria, hasta que se implemente el Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

    Artículo 2. Se adiciona un parágrafo al artículo 262 de la Ley 12 de 2016, así:

    Artículo 262 (transitorio). ...

    Parágrafo. Se asigna transitoriamente la competencia otorgada al Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en el artículo 19 de la presente Ley al Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

    Artículo 3. La presente Ley adiciona un parágrafo al artículo 126 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 y un parágrafo al artículo 262 de la Ley 12 de 19 de mayo de 2016.

    Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación."

    Lejos de aclarar la duda y el conflicto surgido entre los Tribunales Superiores, tenemos que dicha norma es confusa; pues por un lado pareciera limitar la competencia del Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial a las apelaciones en las causas concursales de insolvencia de que trata la Ley 12 de 2016 (que en principio serían los procesos de reorganización, liquidación e insolvencia transfronteriza); mientras que el segundo artículo, le otorga una competencia total sobre las funciones que debía realizar el Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial (Procesos de insolvencia a nivel nacional y procesos ejecutivos de mayor cuantía dentro del Primer Distrito Judicial).

    Ante la existencia de este conflicto, en la misma Ley 231 de 28 de junio de 2021, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 14 del Código Civil, que dispone lo siguiente:

    "Artículo 14. Si en los códigos de la República se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:

  4. La disposición relativa a un asunto especial, o a negocios o casos particulares, se prefiere a la que tenga carácter general.

  5. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad y se hallaren en un mismo Código, se preferirá la disposición consignada en el artículo posterior, y si estuviere en diversos código o leyes, se preferirá la disposición del Código o ley especial sobre la materia de que se trate."

    El primer numeral contempla la regla que frente a una norma especial y una general, regulando la misma materia, se debe preferir y aplicar la norma especial. El segundo supuesto, se refiere a que cuando las disposiciones tengan la misma especialidad o generalidad, entonces en dicho caso (normas iguales por naturaleza), se debe preferir la disposición consignada en el artículo posterior, pues se entiende que esta ha sido la última voluntad del legislador.

    Sobre el particular y en relación a la norma antes transcrita, nos explica el profesor N.G. (Q.E.P.D.) lo siguiente:

    "Este artículo [14 del Código Civil] no hace otra cosa que consignar el principio de que lo especial prima sobre lo general, Razón obvia: las normas jurídicas establecen normas de carácter general; y por ello el legislador se ve en la necesidad de contemplar particularmente los casos especiales en que la aplicación de la regla general no es posible o conveniente, y para esto dicta una disposición especial. Llegado pues uno de estos casos, debemos naturalmente aplicar la regla especial dictada para él y no la regla general.

    Pero nuestro Código fue más lejos, y dice que antes disposiciones de una misma especialidad o generalidad que se encuentran en un mismo código o ley, se prefiere la disposición consignada en el artículo posterior. Esto revela que nuestro legislador ha tomado en cuenta una razón de puro sistema, de puro método." (GARAY, N.. Derecho Civil I. 1987-1988. P.126)

    Por tanto, en aplicación de este principio de resolución de conflicto normativo e integración del derecho, resulta que se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 231 de 28 de junio de 2021. En este sentido, tenemos que prevalece el mandato de asignar transitoriamente la competencia del Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, contenido en el artículo 19 de la Ley 12 de 2016, al Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial. Dicho artículo 19 dice así:

    Artículo 19. Atribuciones. El Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial tendrá competencia para conocer en segunda instancia de los procesos concursales que conocen en primera los Juzgados de Circuito de Insolvencia, en todo el territorio nacional. Asimismo, de los procesos de ejecución que conocen los Juzgados de Circuito de Insolvencia de su circunscripción, en los cuales haya lugar al recurso de apelación, de hecho o consulta. En los demás distritos judiciales, los Tribunales Superiores seguirán conociendo de los procesos de ejecución, en segunda instancia.

    De lo anterior, se concluye que el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial se le reasignó transitoriamente toda la competencia y funciones que tendría el Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por lo que es el competente para conocer de todas las apelaciones, recursos de hecho o consulta, que se presenten en los procesos ejecutivos que conocen los Juzgados de Circuito Civil de Insolvencia (actualmente los Juzgados de Circuito Civil Ordinarios), de su circunscripción territorial. Por lo que a partir de la vigencia de esta Ley 231 de 28 de junio de 2021 (28 de junio de 2021), ya dichas apelaciones no deben ir al Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, sino a la nueva autoridad competente, que es el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

    Por tanto, siendo que el recurso de apelación que ha generado este conflicto se concedió cuando ya entró en vigencia esta nueva Ley 231 de 28 de junio de 2021, le corresponde su conocimiento al Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

    Por las consideraciones expuestas, la SALA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FIJA LA COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación presentado en el Proceso Ejecutivo Hipotecario de mayor cuantía propuesto por MULTIBANK INC. en contra de J.Á.S.D. y UNIÓN HISPANO PANAMEÑA, S.A., en el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, quien deberá imprimir la tramitación que corresponda a este proceso.

    Notifíquese Y DEVUÉLVASE,

    OLMEDO ARROCHA OSORIO

    ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- MIRIAM YADIRA CHENG ROSAS (SALVAMENTO DE VOTO)

    S.F.D.C. (Secretaria)

    SALVAMENTO DE VOTO MAGISTRADA M.C.R.

    Con el mayor respeto, disiento de la decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y, en consecuencia, avalo la decisión proferida en la Resolución de fecha 26 de agosto de 2021, que decide que el Tercer Tribunal Superior de Justicia no es competente para conocer el Proceso Ejecutivo Hipotecario interpuesto por MULTIBANK, INC., en contra de J.Á.S.D. Y UNIÓN HISPANO PANAMEÑA, S.A., por las razones que a continuación explico.

    La Ley No. 231 de 28 de junio de 2021 adscribe, de manera transitoria, al Tercer Tribunal Superior de Justicia las apelaciones en contra de las sentencias o los autos dictados en primera instancia por los juzgados de circuito en las causas concursales de insolvencia hasta que se implemente el Cuarto Tribunal Superior de Justicia; sin embargo, ello de ninguna manera puede interpretarse que debe conocer de todos los procesos de ejecución que tramiten los Juzgados de Circuito Civil Ordinarios.

    Y es que, la propia Ley 231 de 2021 aclara en su artículo 2, que la asignación transitoria de la competencia se refiere a la otorgada en el artículo 19 de la Ley 12 de 2016, "Que establece el régimen de los procesos concursales de insolvencia", norma que expresamente establece que el Cuarto Tribunal Superior conocerá de las siguientes causas apelaciones:

    · Procesos concursales que conocen en primera instancia los juzgados de circuito de insolvencia; y,

    · Procesos de Ejecución que conocen los juzgados de Circuito de insolvencia.

    De la disposición comentada se colige que las apelaciones dictadas por los juzgados de circuito de insolvencia o, en su defecto, ejecutivos relacionados con la insolvencia, son las que se adscriben temporalmente al Tercer Tribunal Superior de Justicia.

    También el artículo 189 de la referida Ley No. 12 de 2016, que regula específicamente el tema de los procesos ejecutivos acumulados en estas causas concursales, establece que: "si la acumulación de proceso ejecutivos, existen, entre los ejecutados personas distintas a la del deudor", el Tribunal de ejecución deberá tomar las siguientes medidas:

    · Suspender la tramitación solo respecto del deudor insolvente.

    · Remitir al tribunal que este conociendo el proceso concursal de liquidación copias autenticadas del expediente para que continúe la sustanciación respecto a la del deudor insolvente.

    · Conservar el expediente original, a fin de continuar la ejecución de los restantes demandados.

    Partiendo de lo dicho, queda claro que el artículo 189 meritado distingue entre el deudor insolvente y el que no lo es, ordenando que el juez de la causa ordinaria continúe con la ejecución del deudor no insolvente y al insolvente lo remita al Juzgado concursal de liquidación, significa ello, que el espíritu de la Ley 12 de 2016, no era que los jueces concursales conocieran también de los procesos en los que se ejecutaba a personas no relacionadas con la insolvencia.

    Esta distinción obedece al principio de especialidad del régimen concursal de insolvencia que excluye la posibilidad de conocer procesos de ejecución ajeno a la materia, precisamente para que estos tribunales no se saturen de causas que no guarden relación con la insolvencia a fin de cumplir el objetivo de esta Ley, es decir, "proteger y asegurar el orden económico nacional, los acreedores, las fuentes de empleo y el proceso de libre competencia económica, así como acrecentar la riqueza nacional" y, además, que la liquidación judicial sea pronta y ordenada, propósito que no se cumpliría desde el momento en que los juzgados de insolvencia conozcan de los procesos ejecutivos que se tramiten en los juzgados ordinarios.

    De aceptarse la tesis que el Tercer Tribunal Superior de Justicia debe conocer en apelación los procesos ejecutivos que no guardan relación con la liquidación concursal, sería trastocar el mandato de la Ley 45 de 2007 de "preservar el interés superior del consumidor", debido al volumen de procesos ejecutivos que se tramitan en los Tribunales Ordinarios que tendrían que atenderse en la segunda instancia.

    En conclusión, a mi criterio, el Tercer Tribunal Superior de Justicia no es el llamado a conocer de los procesos ejecutivos tramitados en causas distintas a las de liquidación concursal.

    Fecha ut supra,

    MIRIAM CHENG ROSAS

    MAGISTRADA

    LICDA. S.F.D.C.

    SECRETARIA DE LA SALA CIVIL

    [1] (https://uncitral.un.org/es/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency/status consultado el 22/12/2021)

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