Sentencia Quinta de Corte Suprema de Justicia (Panama), Quinta de Instituciones de Garantía, 16 de Septiembre de 1999

PonenteELITZA A. CEDEÑO
Fecha de Resolución16 de Septiembre de 1999
EmisorQuinta de Instituciones de Garantía

VISTOS:

Ha ingresado a esta máxima Instancia de Justicia, el Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el ciudadano C.B. contra la JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION No. 1 y el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO.

De la demanda en cuestión se observa que el accionante en esta iniciativa Procesal Constitucional, se encuentra debidamente representado por el LCDO. C.A.R., y ésta va dirigida contra de la Sentencia No. PJ-1 de 16 de marzo de 1998, emitida por la JUNTA DE CONCILIACION Y DECISIÓN NO. 1, que fuera CONFIRMADA por el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA, dentro del Proceso Laboral instaurado por C.B. contra la COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES DEL CORREGIMIENTO DE ANCON, R.L. (.COOP. SACA, R.L.)

De conformidad con el libelo de A., la orden de hacer contenida en la sentencia PJ-1, fechada 16 de marzo del año próximo pasado, prenombrada en el párrafo anterior, viola GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS FUNDAMENTALES consagrados en nuestra CARTA MAGNA, a saber: los Artículos 17, 43, 73, 74, y por consiguiente, solicita a esta CORPORACION de Justicia, admita y conceda el presente amparo a favor de su representado, a objeto de que se restablezcan los derechos y garantías infrigidos en su contra y se ordene por tanto, enviar el expediente al JUZGADO SECCIONAL DE TRABAJO correspondiente, a objeto de que esa instancia laboral resuelva la controversia como en derecho corresponde.

Por acogida la demanda, se solicitó a la autoridad acusada el envío de la actuación o, en su defecto de un informe acerca de los hechos materia del presente recurso. Cumpliendo con lo ordenado por esta Superioridad, LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION, mediante oficio No. 09-JCD-UNO de 30 de julio del presente año, procedió a presentar el informe a él solicitado, tal y como consta en las fojas 42, 43, 44 del negocio comentado, así como también el antecedente que contiene la realidad procesal del cual emerge el recurso de amparo que nuestro tiempo ocupa.

Siendo entonces que, se ha cumplido a cabalidad con los presupuestos procesales indicados en el artículo 2610, 2611 (modificados por la Ley 32 de 23 de julio de 1999) 2612, todos del Código Judicial, procedemos al análisis prolijo que exige la presente acción.

SINTESIS DE LOS HECHOS

De los hechos de la presente demanda de amparo se advierte que quien acciona laboraba como conductor de buses y también, como asociado fundador en la COOPERATIVA SACA R. L.; manifiesta en su demanda el amparista que fue despedido por esta cooperativa mediante nota calendada 26 de febrero de 1993, y ante ello recurre ante la Jurisdicción Laboral por considerarla la única vía para reclamar sus derechos, ya que al momento de su despido no existían estatutos en la asociación para la cual labora. Expresa además en su demanda que la Junta de Conciliación y Decisión No. 1, SE INHIBIO de conocer la demanda laboral interpuesta por el amparista, por advertir la Distinta Jurisdicción dado que consideró que las reclamaciones del trabajador debían ventilarse por vía del Estatuto Especial y no por las normas del Código de Trabajo. Por no encontrarse conforme con esta decisión, el señor C.B., a través de su apoderado judicial interpone recurso de apelación contra este fallo (sentencia de 29 de marzo de 1996).

El superior jerárquico, en este caso el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, por medio de la resolución fechada 28 de octubre de 1997, REVOCA la sentencia de 29 de marzo de 1996, y CONDENA a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE DEL SERVICIO DE AUTOBUSES DEL CORREGIMIENTO ANCON a pagar al señor C.B. al pago de las prestaciones y derechos adquiridos por él trabajador.

Declara además el amparista que la Cooperativa demandada ante lo suscitado, promovió AMPARO ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia; dicha acción fue concedida por el fallo que data de 27 de enero de 1998, emitido por esta máxima Corporación de Justicia que REVOCO la resolución del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá, disponiendo en el citado fallo que el negocio se remitiera a la Junta de Conciliación y Decisión No. 1, a objeto de que resolviera sobre el fondo de la controversia.

En el folio 121 del negocio analizado, encontramos la Sentencia No. PJ-1 de 16 de marzo de 1998, proferida por la JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION NO. 1 con motivo del mandato impuesto por la Corte Suprema de Justicia en el fallo citado en el párrafo superior, en la cual esa Junta, al entrar a conocer el fondo de la controversia jurídica planteada, ORDENA al señor C.B. recurrir al procedimiento designado al efecto, disponiendo que el negocio sea decidido por el Estatuto Especial Laboral de la Cooperativa de Transporte del Servicio de autobuses del Corregimiento de Ancón. La resolución anterior fue impugnada ante el Superior Jerárquico quien por medio de resolución fechada 10 de junio de los corrientes, CONFIRMO la sentencia apelada.

CONCEPTO DE ESTA SALA

Han sido expuesto los hechos del amparista y también la realidad procesal que deviene del proceso al cual accede la iniciativa Constitucional, y sobre el tema diremos que, tal y como consta en las piezas procesales de la controversia, se advierte que esta Colegiatura con anterioridad conoció del caso sub judice en resolución UT SUPRA, y en aquella oportunidad, luego de un prolijo análisis el PLENO de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, determinó en la parte motiva del fallo fechado 27 de enero de 1998 prenombrado que:

"El pleno observa que el funcionario demandado se consideró competente para emitir la Resolución de 28 de octubre de 1997, objeto de la presente demanda de amparo, porque la Ley No. 17 de 1º de mayo de 1997, "Por la cual se desarrolla el Artículo 283 de la Constitución Política y Establece el Régimen de las Cooperativas", señala en su artículo 85 que las relaciones de trabajo entre toda asociación cooperativa y sus trabajadores, asociados o no, se regirán por la legislación laboral existente, excepto las cooperativas de trabajo.

La Ley No. 17 de 1997 en su artículo 141 derogó la Ley 38 de 1980 y toda disposición que le sea contraria, pero no contempla que su aplicación sea retroactiva, sino que es vigente a partir de su promulgación. Por tanto, tal y como se desprende de la sentencia impugnada con la presente demanda, mediante la cual se revoca una resolución dictada por la Junta de Conciliación y Decisión No. 1 de 29 de marzo de 1996, la controversia laboral, y naturalmente la relación laboral, iniciaron antes de la vigencia de la Ley No. 17 de 1997, y es un error considerar dicho derecho aplicable al caso controvertido.

Por su parte, el Artículo 12 de la Ley No. 38 de 1980, vigente y aplicable al caso en estudio, establece literalmente lo siguiente:

"ARTICULO 12: Las relaciones de Trabajo entre toda asociación cooperativa y sus empleados o trabajadores asociados se regirán por el estatuto especial que al efecto se acuerde, y los no asociados se regirán por la Legislación laboral existente."

A juicio del Pleno, se comprobó que, facultada por la norma transcrita, la Cooperativa de Transporte del Servicio de Autobuses del Corregimiento de Ancón, R.L.C.. SACA. R.L. aprobó un Estatuto Especial de Trabajo, que establece en sus artículos 67, 68, y 69 el procedimiento y la autoridad designada dentro de la Cooperativa para resolver los conflictos derivados del despido de un asociado trabajador".

...

Los elementos del debido proceso relacionados con la autoridad competente para la solución del problema y las normas aplicables al mismo, están contenidas, por disposición de la Ley, en el Estatuto Especial de Trabajo dictado por la Cooperativa para el efecto, cuya aplicación no puede ser desconocida por la Jurisdicción Laboral en detrimento de una de las partes, adscribiéndose la facultad de resolver mediante normas que no le son aplicables".

La opinión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la citada resolución es diáfana, concreta y definitiva; y conlleva a esta Sala de Instituciones de Garantía, a manifestar que, lo dispuesto en ella, emana directamente del caso que hoy es objeto de la presente Demanda de Amparo de Garantías Constitucionales, por consiguiente, no puede desconocerse este concepto, so pretexto de que se han vulnerado garantías y derechos constitucionales al amparista, toda vez que éste, en el tiempo oportuno, no hizo uso de las oportunidades procesales que la Ley le concede.

Este punto resulta ser realmente interesante, y conceptuamos que debe aquí plasmarse. Salta a la vista que el amparista, según se desprende del infolio 136 del expediente contentivo de la materia que da lugar a la acción subjetiva que estudiamos, no sustentó el recurso vertical de apelación anunciado en contra de la resolución fecha 16 de marzo de 1998, emitida por la JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION NO. 1 (resolución que se pretende impugnar con el amparo), perdiendo así la oportunidad procesal que ofrecen los artículos 914, 915, 917, 918, y demás concordantes del Código de Trabajo, y también omitió el uso de otros remedios dispuestos en la Ley, en caso de que le fuera adversa alguna decisión. Las autoridades L. han actuado con apego y acatamiento a las garantías procesales y al debido proceso.

Bajo el prisma anterior, es obvio que el accionante no agotó la vía procedimental laboral establecida para hacer valer sus derechos y por ello debe señalarse que el principio de la Definitividad estatuído en el Artículo 2606 del Código Judicial, es aquí imperante,puesto que sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos por la Ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate, CRITERIO este reiterado por esta máxima Corporación de Justicia.

Como corolario de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Quinta de Instituciones de Garantía, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIEGA la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promo vida por C.B. en contra de la Sentencia PJ-1 de 16 de marzo de 1998, emitida por la JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION NO. 1.

N..

(fdo.) ELITZA A. CEDEÑO

(fdo.) O.C.

(fdo.) M.S.W.

(fdo.) NELSON ROJAS AVILA

Secretario

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