Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 13 de Agosto de 2010

Los antecedentes dan cuenta que la sociedad VICTOIRE UNIVERSEL, S.A. y CAJA DE AHORROS FIDUCIARIA(vendedora), por un lado y el señor F.A. (comprador) por el otro, suscribieron un Contrato de Promesa de Compraventa el 31 de mayo octubre de 2006, corregido el 29 de enero de 2007 y el 12 de junio de 2007 del Apartamento N° 22 del P.H.B., constituido sobre la Finca N° 26241, inscrita al Rollo 2823, Asiento 1, de la Sección de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá, ubicado en la Avenida de Los Fundadores, corregimiento de San Francisco, Distrito de Panamá. (Cfr. f. 13, 17 y 22 de los antecedentes).

Según se desprende de las constancias procesales, la cláusula décima del Contrato de Promesa de Compraventa suscrito entre la sociedad VICTORIE UNIVERSEL, S.A. y el señor F.A. el 31 de mayo octubre de 2006, corregido el 29 de enero de 2007, y a su vez corregido el día 12 de junio de 2007, dispone lo siguiente:

"DECIMO: Cualquier litigio o controversia proveniente de, relacionados con este contrato, así como la interpretación, aplicación, ejecución y terminación del mismo , deberá resolverse por medio de arbitraje, previo intento de conciliación, por el Centro de conciliación y Arbitraje de Panamá y conforme a sus reglas de procedimiento". (las negras son nuestras)".

Esta cláusula fue demandada el 29 de abril de 2009 por el Señor FERNANDO ALVAREZ DIEZ a través de un Proceso de Protección al Consumidor a fin de que se determine la validez de la cláusula arbitral transcrita ut supra, el cual quedó radicado ante el JUZGADO NOVENO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.(Cfr. f. 64 de los antecedentes).

Por otro lado, el 12 de mayo de 2009, la sociedad VICTORIE UNIVERSEL, S.A. "...formalizó Petición Inicial de Arbitraje ante la Secretaría General de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, reclamándole al señor F.Á., cancelar a su favor, la suma de Setenta y Seis Mil Setencientos Veinticinco Dólares Americanos con Cero centésimos (B/.76,725.00), en concepto de cánones de arrendamiento atrasados y vencidos, los cuales habían sido previamente pactados en la Cláusula Décima Quinta del Contrato de Promesa de compraventa". (Cfr. f. 7 de los antecedentes).

La Secretaria de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá le dio curso a la solicitud notificándole al señor F.Á. de la solicitud de arbitraje promovida en su contra el 18 de mayo de 2009.(Cfr. 42-43 de los antecedentes).

A dicha comunicación dio respuesta el demandado el 25 de mayo de 2009, expresando su decisión de "...no aceptar y rechazar participar en el proceso arbitral..." habida cuenta de la existencia de un Proceso de Protección al consumidor radicado en el Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá. (Cfr. fs. 47-48 de los antecedentes).

(a) No obstante lo anterior, la Secretaría del Centro de conciliación y Arbitraje de Panamá prosiguió con el arbitraje y mediante Resolución de 27 de mayo de 2009, resolvió declarar que:del examen de la cláusula arbitral se desprende la obligatoriedad de las partes de ir a arbitraje;que dicho Centro es competente para administrar dicho arbitraje; que no es competente para resolver las excepciones contenidas en los escritos de contestación presentados por F.Á. "...dado que conforme al artículo 202 de la República de Panamá y 3 de la Ley 15 de 2006, mediante le cual se restituye la vigencia del artículo 17 del Decreto Ley 5 de 1999; dichas decisiones son de COMPETENCIA EXCLUSIVA del tribunal arbitral, una vez se haya constituido"; y

(b) Notificar a las partes de una reunión el 1 de junio de 2009 para realizar el trámite e sorteo del árbitro único que conocería del proceso arbitral. (Cfr. fs. 65-67 de los antecedentes).

Dicha reunión se llevó a cabo en la fecha indicada, seleccionándose a la licenciada C.A.D.G.R., como árbitro única del Tribunal Arbitral para decidir el Proceso instaurado por VICTOIRE UNIVERSEL, S.A. en contra de F.Á.. (Cfr. fs. 73-74 de los antecedentes).

Ante tal circunstancia, la representación legal de F.Á. solicitó, dentro del Proceso de Protección al Consumidor seguido ante la jurisdicción civil dentro de la solicitud de Arbitraje promovida por VICTOIRE UNIVERSEL, S.A. en contra de F.Á., una Medida Conservatoria o de Protección General de SUSPENSIÓN DE LOS EFCTOS DE LA CLÁUSULA ARBITRAL DEMANDADA, a la cual accedió la Juez Novena de lo Civil, mediante Auto N° 778 de 17 de agosto de 2009, ordenando además:

(a) La Suspensión Provisional e Inmediata de los Efectos jurídicos de la cláusula arbitral que nos ocupa;

(b) La suspensión provisional de los trámites del Proceso Arbitral iniciado por VICTORIE UNIVERSEL, S.A. contra el señor F.A., y

(c) Girar los oficios correspondientes a la Secretaría General de Arbitraje de Panamá y a la licenciada C.A.D.G.R., Árbitro Única del Tribunal arbitral que conoce del Proceso Arbitral promovido por VICTOIRE UNIVERSEL, S.A. en contra de F.Á..(Cfr. fs. 533-535 de los antecedentes).

T. comunicación fue efectuada mediante oficio N° 834-2009 de 18 de agosto de 2009. a tal oficio dio respuesta la árbitro única, mediante N. sin fecha indicándole a la señora juez que:

"...por este medio le comunicamos que este Tribunal en virtud del reconocimiento de la jurisdicción arbitral establecida en el artículo 202 de la Constitución Política de la República de Panamá, de decidir sobre su propia competencia en concordancia con lo señalado en el artículo 17 del Decreto Ley 5 de 8 de julio de 1999, es quien en su momento determinara (sic) sobre su competencia para continuar con el proceso arbitral.

Es por ello, que este Tribunal, dictara (sic) la Diligencia de fijación de causa, con el propósito de determinar su propia competencia." (Cfr. f. 538 de los antecedentes).

El 12 de noviembre de 2009, en la audiencia oral de fijación de causa, dicho Tribunal Arbitral decide "...Suspender el proceso arbitral a partir de la fecha de emisión del auto 778 de 17 de agosto de 2009 del Juzgado noveno de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, hasta tanto el Juzgado emita concepto sobre la cláusula décima del contrato de compraventa...". (Cfr. f.s 21-24 del expediente de Amparo).

IV

EL AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES

El apelante sustenta su disconformidad con la resolución recurrida en que la misma desconoce la competencia fijada en la cláusula décima del Contrato de Promesa de Compraventa suscrito entre la sociedad VICTORIE UNIVERSEL, S.A. y el señor F.A. el 31 de mayo octubre de 2006, corregido el 29 de enero de 2007, y a su vez corregido el día 12 de junio de 2007. (Cfr. f. 4 del expediente de Amparo).

Manifiesta que la decisión adoptada por la árbitro desconoce "...el artículo 240 del Código Judicial, que establece los supuestos de ley donde la competencia puede ser suspendida, y que en su numeral 4 consagra lo siguiente:

"Artículo 240. La competencia se suspende en uno o más procesos determinados:

1. ................................................................................

4. Por la suspensión del curso del proceso en los casos previstos por la ley o por acuerdo de las partes.(las negras son nuestras)."

   Agrega el amparista, que la medida de suspensión decretada por la Jueza Novena de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, es dirigida contra "el desarrollo del Proceso Arbitral", lo cual resulta improcedente (situación que objetaremos en su debida oportunidad ante la Jurisdicción Ordinaria) al tenor del Artículo 565 del Código Judicial, debido a que un proceso únicamente puede ser suspendido por motivos definidos en la ley (artículos 240 y 491 del Código Judicial). (Cfr. f. 7 del expediente de Amparo).

   Indica que "...un juez de distinta jurisdicción (ordinaria), no puede someter y/o afectar el desenvolvimiento de trámites procesales, asumidos en el desarrollo de un Proceso Arbitral, ni mucho menos tiene injerencia ni potestad legal alguna, para ordenar la SUSPENSIÓN DEL MISMO. Por otro lado, el Tribunal arbitral no debe acatar la orden comunicada ni se lo permite su debe constitucional, quedando obligado a dirimir y fallar las causas que ante él se ventilan, a excepción de aquellas en donde su competencia no ha sido establecida, o por causas específicas contenidas en la ley". (I..

   Sostiene además que "...la competencia es la facultad de administrar justicia, y se divide en privativa y preventiva. En el caso sub judice existe una obligación de las partes de someterse a una jurisdicción especial (arbitral), cuya competencia fue previamente definida al acogerse las contratantes a una Cláusula Compromisoria, pactada a efectos de resolver cualquier discrepancia que se origine por la celebración de los contratos antes aludidos". (Ibídem).

   V

   EL INFORME DE LA DEMANDADA

   El A. fue admitido mediante resolución de 13 de mayo de 2010, notificado mediante oficio SGP -991-10 de 13 de mayo de 2010. (Cfr. fs. 39-40 del expediente de A..

   En tal sentido, la árbitro C.A.D.G.R., el 18 de mayo de 2010 remitió copia debidamente autenticada del expediente del Proceso Arbitral seguido por VICTORIE UNIVERSEL, S.A.V.F.Á.. (Cfr. f. 41 del expediente de Amparo).

   VI

   CONSIDERACIONES DEL PLENO

   Expuestos los antecedentes, los argumentos de la resolución apelada y las consideraciones planteadas por el activador constitucional en su recurso de apelación, proceda esta Superioridad a resolver el fondo del negocio.

   Como se desprende de la lectura del libelo de Amparo, el recurrente centra sus cargos de violación de la garantía debido proceso, en que la decisión de la árbitro única C.A.D.G.R. desconoce la competencia que dispone la cláusula arbitral que figura en los Contratos de Promesa de Compraventa (y sus modificaciones) suscrito entre su representada y F.Á..

   Lo anterior se enfoca, en efecto dentro de una de las vertientes del debido proceso, que, como ha indicado esta Superioridad en múltiples ocasiones, siguiendo al D.A.H., consiste en una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso: a) la oportunidad razonable de ser oídas por un tribunalcompetente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial; b) de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria; c) de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y d) de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos. (Cfr. H., A., "El Debido Proceso", Editorial Temis, S.A.. Santa Fé de Bogotá-Colombia, 1996, pág.54).

   Este derecho se encuentra igualmente reconocido como una 'garantía internacional' en el artículo 8, Sección 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Panamá mediante la Ley 15 de 28 de octubre de 1977, que desarrolla la garantía del debido proceso legal, contemplada en el artículo 32 de la Constitución Nacional y establece:

   "Artículo 8. CADH.

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter... " (El énfasis es del Pleno).

   Ahora bien, el Pleno entiende que el derecho fundamental de todo ciudadano a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial sólo se puede ver garantizado cuando en una determinada causa la decisión queda a salvo de toda sospecha de incompetencia de quien debe administrar justicia.

   En ese orden de ideas, resulta claro para la Corte que, contrario a lo que plantea el recurrente, en el caso concreto el derecho de las partes a que su pleito sea decidido por un tribunal competente, se vería comprometido si se ordenara a un tribunal arbitral que continúe conociendo de un asunto, cuando el propio tribunal invocando el derecho constitucional de determinar su competencia (que se encuentra determinado en el artículo 202 de la Constitución) y luego de examinar las circunstancias del caso, ha considerado que debe acceder a la suspensión del proceso hasta que el Juzgado Civil que conoce del caso resuelva sobre la validez de la cláusula arbitral que le otorga competencia para realizar el arbitraje, al indicar que:

   "...Este tribunal arbitral, antes de entrar a conocer sobre los temas objeto de la audiencia de fijación de causa, considera saludable suspender el proceso arbitral y los términos del mismo, desde el 19 de agosto de 2009, en virtud que en esa fecha, recibió oficio 834-2009 del Juzgado noveno de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá...

   Este Tribunal mediante nota recibida el 7 de septiembre de 2009, comunicó a la Juez Novena, que le correspondía establecer su propia competencia, no obstante en aras del sano proceso, este tribunal Resuelve:

   Suspender el proceso arbitral a partir de la fecha de emisión del auto 778 de 17 de agosto de 2009 del Juzgado noveno de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, hasta tanto el Juzgado emita concepto sobre la cláusula décima del contrato de compraventa...". (Cfr. f. 24 del expediente de Amparo).

   En lo que respecta al numeral 4 del artículo 240 del Código Judicial, que señala que la competencia se suspende "por la suspensión del curso del proceso en los casos previstos por la ley o por acuerdo de las partes", el Pleno es del criterio que dicha norma no es aplicable a este caso, pues la decisión del Tribunal Arbitral de acatar la orden del Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, se sustenta en:

   -las facultades que el artículo 202 de la Constitución le atribuye a los Tribunales Arbitrales, al preceptuar que "Los tribunales arbitrales podrán conocer y decidir por sí mismos sobre su propia competencia", y

   -en el artículo 3 de la Ley 15 de 2006, mediante la cual se restituye la vigencia del artículo 17 del Decreto Ley 5 de 1999, que establece con claridad que es potestad del Tribunal Arbitral decidir sobre su propia competencia y el ámbito al que esta se extienda. Esta última disposición a la letra expresa:

   Artículo 3 de la Ley 15 de 2006. "Se restituye la vigencia del artículo 17 del Decreto Ley 5 de 1999, así:

   Artículo 17. El tribunal arbitral deberá decidir, de oficio, o a petición de parte, acerca de su propia competencia y del ámbito a que esta se extienda, incluso pronunciándose sobre la invalidez, inexistencia o ineficacia del convenio arbitral.

   La excepción de incompetencia deberá ser promovida a más tardar en el escrito de contestación a la demanda, en su caso.

   El tribunal arbitral decidirá las cuestiones sobre su competencia en una decisión de carácter previo, que se hará en el plazo máximo de un mes, contado a partir de su constitución, sin perjuicio de su reproducción en el laudo. La decisión sobre la competencia podrá ser impugnada por las partes, con motivo del recurso de anulación, o en el trámite de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, según proceda. (Lo destacado es del Pleno).

   De allí que la Corte estime que mantener la decisión del Tribunal Arbitral responde a la mejor protección del debido proceso legal, y garantiza que el tribunal finalmente encargado de dirimir la controversia en la cual surge el A., sea el competente para ello.

   Así las cosas, debe negarse el A., absteniéndose la Corte de emitir pronunciamiento sobre aspectos de fondo que, por tratarse de procesos en trámite, no resulta prudente abordar.

   PARTE RESOLUTIVA

   En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE el Amparo de Derechos Fundamentales interpuesto por la firma MORENO, GARCIA & ASOCIADOS, en representación de VICTOIRE UNIVERSEL, S.A. contra el Acta de fijación de la Causa de 12 de noviembre de 2009, proferida por la licenciada C.A.D.G.R., en su condición de árbitro único del Tribunal Arbitral promovido por V.U., S.A. en contra de F.Á..

   N.,

   LUIS MARIO CARRASCO M.

   HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- O.O.D. --A.S.C. --W.S.F. --J.A.A.E. --V.L.B.P. --A.C.C. (Con Salvamento de Voto)

   CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

   SALVAMENTO DE VOTO DE

   MAGISTRADO ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

   Exp Nº 060-10 AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR l FIRMA DE ABOGADOS MORENO, G., RODRÍGUEZ & ASOCIADOS EN PRESENTACIÓN DE M.M. CONTRA EL ACTA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2009, DICTADA POR EL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE PANAMÁ.

   El M.J.M., ha solicitado se le declare impedido para conocer de la acción de amparo de garantías constitucionales incoada por la firma de abogados M., G., R. &A., actuando en nombre y representación de VICTOIRE UNIVERSEL, S.A. contra el acta de fijación de causa de 12 de noviembre de 2009, proferida por la licenciada C.A., arbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá.

   Para los efectos del caso, el colega M. fundamentó su solicitud en que, "...cuando ejercí la profesión de abogado, gestioné como apoderado judicial de V.U., S.:A dentro de otros procesos". Circunstancia ésta que a juicio del M.M., da lugar a que se configure la causal de impedimento establecido en el numeral 13 del artículo 760 del Código Judicial.

   El M.H.M., en su calidad de calificador en el presente caso, ha decidido declarar legal la solicitud impetrada por el Magistrado J.M. y en consecuencia, lo separa del conocimiento del proceso, calificación legal ésta que cuenta con el apoyo jurídico y doctrinal de la mayoría, conducta jurídica que el suscrito Magistrado no comparte, motivo éste por el que me veo precisado a SALVAR MI VOTO, no sin antes sentar las bases de mi disconformidad jurídica esgrimida ya en los debates plenarios de esta Augusta Corporación.

   Basta la lectura del artículo 2628 del Código Judicial, para arribar a la conclusión que la materia que en esto momentos nos ocupa, a saber A. de Garantías Constitucionales, ha sido objeto de regulación por parte del legislador, al establecerle normas especiales y específicas que estipulan taxativamente las causales de impedimento y recusación. Para ello, preceptuó que los magistrados y jueces en estos caso, sólo pueden declarase impedidos en ocasión de dos supuestos: el parentesco con las partes dentro de los grados de ley y haber participado en la expedición del acto. Supuestos estos que igualmente constituyen causales de recusación al tenor de lo dispuesto en el artículo 2629 del Código Judicial.

   Aceptar que en materia de Amparo de Garantías Constitucionales se pueda dar aplicación a las causales generales de los impedimentos, como se ha hecho en el presente caso, contraviene lo normado o regulado en Derecho y desvirtúa el carácter sumario del trámite que debe proferírsele a esta institución de garantías constitucionales, amén que debería como consecuencia, ampliarse igualmente la aplicación de las causales de recusación de Magistrados y Jueces, en contravención al derecho que le asiste a los usuarios del sistema a una justicia rápida ante una orden de hacer o no hacer dictada en forma arbitraria y ante la eminencia del daño a causar.

   Finalmente, soy del criterio que el sentido y alcance del artículo 2628 del Código Judicial antes citado es claro, razón por la cual no debe desatenderse su espíritu, ya que el legislador no ha ampliado las causales de impedimento en materia de Amparos a las establecidas en el artículo 760 del Código Judicial.

   Aún cuando la mayoría plenaria ha decidido ubicar la circunstancias fáctica señalada por el Magistrado Mejía dentro de lo dispuesto en el presupuesto genérico contenido en el numeral 13 del artículo 760 del Código Judicial, soy del criterio que el mismo no se encuentra debidamente reconocido y por ende concretizado. Ello es así, porque no existe constancia alguna respecto al hecho de haber gestionado en nombre de una de las partes.

   Otra razón por la cual disiento de la decisión mayoritaria, es que el propio M.M. es claro al aceptar, que su actuación como apoderado de las sociedades señaladas en este caso, fue en otro proceso distinto al que nos ocupa. Si esto es así, cómo puede afirmarse que se configura una causal de impedimento. Esta circunstancia, pone en evidencia no sólo la generalidad con que se trata la materia, sino que se están aceptando como válidas, situaciones que no se adecuan a lo que disponen las normas legales.

   Como magistrados de la más Alta Corporación de Justicia, estamos llamados y obligados a acatar, respetar y aplicar lo que con claridad disponen las normas legales, pero como quiera que ello no es el querer de la mayoría plenaria me veo precisado a tener que SALVAR MI VOTO, lo que profiero con mi respeto de costumbre.

   Fecha ut supra.

   MAG. ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

   Licda. Y. y.Y..

   Secretaria General, encargada