Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 13 de Octubre de 2010

Ponente:Alberto Cigarruista Cortez
Fecha de Resolución:13 de Octubre de 2010
Emisor:Pleno

VISTOS: La licenciada M.H., ha presentado acción de Hábeas Corpus a favor de A.F.M.D., contra el F.S. Especializado en Delitos Relacionados con Drogas. Considera la actora que la detención deviene en ilegal, toda vez que puede constatarse que existió violación al debido proceso por parte de la funcionaria que practicó la diligencia de allanamiento. Ello es así, porque la misma se había dispuesto para realizarse en una residencia en específico, sin embargo y con posterioridad, se decidió la revisión del cuarto del señor A.M.D.. Aunado a que en este caso no se cumple con el requisito de certeza jurídica respecto a la vinculación subjetiva del precitado con los hechos que se le imputan, dado que la sustancia ilícita se encontró en un lugar que colinda con el cuarto del señalado. Admitida esta acción se dio paso al mandamiento de Hábeas Corpus contra la autoridad requerida, quien manifestó haber ordenado la detención preventiva de A.M. mediante resolución de 17 de septiembre de 2009, por su presunta vinculación con delitos relacionados con drogas. Consideraciones y decisión del Pleno: Al tenor de los hechos que preceden, pasamos a dirimir la presente controversia constitucional. Para ello nos remitimos a los antecedentes de la causa, a fin de constatar el cumplimiento de los presupuestos formales sobre detención preventiva. Es así como consta de fojas 24 a 26 del dossier, la resolución escrita por medio de la cual el fiscal segundo especializado en delitos relacionados con drogas, dispuso la aprehensión provisional de A.M. por considerarlo presunto infractor de las normas dispuestas en el Capítulo V, T.I., del Libro II del Código Penal (Delitos contra la Seguridad Colectiva, relacionados con Drogas). Dentro de estas normas se encuentran conductas punibles cuya penalidad permite imponer la más grave de las medidas cautelares personales. Respecto a las circunstancias fácticas y jurídicas sobre la vinculación subjetiva del encartado tenemos el informe policial sobre la diligencia de allanamiento y registro efectuado en el sector de El Escondite, corregimiento de Pedregal, residencia 277, donde se ubica también un cuarto de color celeste. Se indica en el documento, que la diligencia se llevó a cabo en virtud de información que en dicho lugar se mantenían artículos de dudosa procedencia. Al proceder a realizar la diligencia en la habitación del señor M., se encontró una cangurera de color negro contenida de cuarenta y seis sobrecitos transparentes con hierba seca que se presumía era marihuana, así como también, un pedazo rectangular de hierba seca. Sobre una mesa se encontró una bolsa plástica con cincuenta (50) envoltorios transparentes vacíos y la suma de doscientos sesenta balboas (B/.260.00) (fjs 2-6 dossier). De fojas 7 a 10, se encuentra la diligencia de allanamiento donde se señala que las sustancias fueron encontradas fuera de dicho cuarto. Posteriormente, se dispuso recibirle declaración indagatoria al precitado. En dicha diligencia manifestó, que la sustancia se encontró detrás de su cuarto, en un lugar que colinda con el terreno del vecino y que además existen otros cinco cuartos de alquiler (fjs 19- 23 infolio). Seguidamente, se dispone la detención preventiva de A.M., mediante resolución que obra de fojas 24 a 26 del antecedente penal. Luego de esto se adjunta el informe de Medicina Legal, donde el investigado refiere sobre su padecimiento de anemia falciforme y haber estado hospitalizado en diversas ocasiones. No obstante se hace la advertencia que en estos momentos se encuentra en aparente buen estado de salud. Se considera necesario completar dicho estudio para determinar la enfermedad señalada, y si la misma puede ser atendida en un centro carcelario (fjs 66-67 dossier). Por su parte, E.J., secretaria de la corregiduría de Pedregal y quien participó en la diligencia de allanamiento, manifiesta que la droga se encontró "en la parte de atrás del cuarto, por los lados de la cocina la cual mantenía una ventanita de vidrio de las que se abren y tienen persianas, justo detrás de esa ventana pero en el suelo". Agrega que le preguntó a A. de quién era eso, y él le respondió que lo hacía para sobrevivir. Igualmente señala, que el lugar donde se encontró la sustancia es "un paso entre los cuartos y quiero aclarar que la ventana que tiene la cocina del cuarto de A. estaba abierta y ahí detrás fue que se encontró la droga" (fjs 68-71 infolio). Seguidamente, A.M. amplió su declaración indagatoria, indicando que cuenta con varios testigos que pueden señalar que la droga no se encontró en su casa, sino al otro lado de la misma. También aclara que nunca le aceptó a la corregidora que él hacía eso para sobrevivir (fjs 84-87 dossier). A foja 98 del infolio se encuentra el registro policial de A.M., donde consta que el mismo no mantiene antecedentes penales. Acto seguido, H.P. quien participó de la diligencia, manifestó que la droga se encontró en una bolsa colgada en la ventana de la cocina y que da con el área que divide los lotes. Agrega que sobre una mesa dentro del cuarto de A.M., se encontró una bolsa con sobrecitos transparentes (fjs 111-115 antecedente); En similares términos se expresó R.G., quien también participó en el allanamiento (fjs 116-119 dossier). Los señores I.N., J.M. y H.M., señalan que la droga no fue encontrada en el interior del cuarto de A.M.. Los dos últimos advierten que vieron a uno de los oficiales traer la droga del otro lado de la cerca (fjs 88 y ss, 130 y ss, 135 y ss antecedente). Seguidamente, de fojas 180 a 194 del infolio, se adjuntan las fotografías donde se observa la ubicación y particularidades de la residencia, así como el lugar donde cada persona involucrada ubica dónde se encontró la droga. Se adjunta al expediente el resultado del laboratorio de drogas del Instituto de Medicina Legal donde se detalla que el total de la sustancia decomisada, fue de 133.61 gramos de marihuana. Visto lo anterior debemos señalar las particularidades del caso que nos ocupa. Siendo así, no podemos soslayar que se advierte sobre una enfermedad de la que padece el señor M., sin embargo, las mismas autoridades de Medicina Legal solicitan la práctica de una evaluación especializada para determinar la misma, y de ser así, establecer si puede ser tratada en un centro carcelario. Un último intento por determinar las condiciones físicas del precitado, dieron lugar a que el día 16 de julio de 2010 se recibiera el informe médico de A.M.. En él se advierte sobre la preexistencia de anemia falciforme con crisis y secuelas de parálisis facial central izquierdo. También se detalla el tratamiento a seguir para su padecimiento, pero no se establece referencia alguna de que éste deba ser recibido en un lugar distinto a un centro carcelario, así como tampoco se alude a la imposibilidad física para permanecer recluido en el mismo (fs 29-30 expediente). Por otro lado, tampoco puede ignorarse que en esta controversia se evidencian contradicciones en cuanto al lugar exacto donde se encontró la sustancia ilícita. Sin embargo, todas hacen referencia a la ubicación de una única ventana del cuarto del sindicado como punto de referencia donde se encontró la misma. Al margen de esto, no pude ignorarse que según la secretaria de la corregiduría y quien participó en la diligencia de allanamiento, el precitado señaló que hacía eso para sobrevivir (en referencia a las drogas). La cantidad de sustancia ilícita (que sobrepasa la considerada de consumo personal) y la forma en que la misma se encontró (46 sobrecitos plásticos con marihuana y otros vacíos), permiten acreditar el delito y por ende actividades contrarias a derecho. Las autoridades no registraron otros cuartos, sino el del señor A.M.D., del cual se tenía información directa sobre la supuesta existencia de bienes ilícitos. Consideramos que todas estas circunstancias se constituyen en graves indicios en contra del precitado, los que a su vez permiten decretar la legalidad de la medida y mantenerla. Esto sin perder de vista que de concurrir ciertas circunstancias, puede modificarse su situación jurídica. Advertido lo anterior, no podemos culminar el análisis de la presente causa sin aclararle a la recurrente, que contrario a lo externado en su libelo de demanda, la autorización para realizar la diligencia de allanamiento sí estaba dirigida específicamente al cuarto-habitación del señor A.M. (fj 7, antecedente). En dicho documento se señala claramente que se "dispone: ordenar la práctica de la diligencia de allanamiento en: Pedregal, Sector del Escondite Casa Nº277-Cuarto Nº2", (que es precisamente el ocupado por el precitado). En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la orden de detención preventiva proferida contra A.F.M.D., contra el F.S. Especializado en Delitos Relacionados con Drogas y DISPONE sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente. N.. A.C. CORTEZ L.M.C. (Con Salvamento de Voto) -- HARLEY J.M.D. --A.M. LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA -- VICTOR L. BENAVIDES P. CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General) SALVAMENTO DE VOTO D DEL MAGISTRADO L.M.C. ENTRADA NO.360-2010. ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO M.H. A FAVOR DEL SEÑOR A.F.M., CONTRA LA FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: A.C.. Con todo respeto, discrepo de la opinión vertida por el resto de los Magistrados que integran el Pleno de esta Corporación de Justicia, quienes han declarado legal la detención preventiva impuesta a A.F.M. por la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Provincia de Panamá, lo cual fundamento en lo siguiente:. En la respuesta al mandamiento de H.C., la Fiscalía de Drogas refirió que "la orden decretada en contra del ciudadano A.F.M., se produce luego de que la Corregiduría de Pedregal, practicara diligencia de allanamiento y registro a la residencia No.277, cuarto #2, localizada en calle F, sector el El Escondite, corregimiento de Pedregal, provincia de Panamá." (fs.11). De igual forma, en la resolución que respetuosamente no comparte se señala que "las autoridades no registraron otros cuartos, sino el del señor A.M., del cual se tenía información directa sobre la supuesta existencia de bienes ilícitos". En este sentido, debo indicar que el artículo 2178 del Código Judicial, reformado por la Ley 15 de 2007, establece lo siguiente: Artículo 2178:... "El allanamiento deberá ser decretado por el funcionario de instrucción y podrá practicarse a cualquier hora del día. En caso de flagrante delito las autoridades de policía podrán ordenar y realizar el allanamiento, en cuyo caso deberán remitir de inmediato lo actuado a la autoridad competente." En ese orden de ideas, al estar tutelada la inviolabilidad del domicilio en la Constitución como Derecho Fundamental, el funcionario al que la ley le otorga la facultad de poder ingresar al domicilio de un ciudadano es el agente de instrucción, estableciendo como excepción a esta regla general los casos de flagrante delito, supuesto en que el legislador patrio permite que una autoridad de policía (entiéndase un C.) decrete y practique una orden de allanamiento. Es decir, que la condición sine quanon para que un C. decrete y practique una diligencia de allanamiento, es que exista flagrante delito. Por el contrario, si no se presenta esta condición, el allanamiento debe decretarlo siempre un Agente de Instrucción. El concepto de flagrancia está desarrollado por el artículo 2142 del Código Judicial de la siguiente manera: Artículo 2142: Existe flagrancia cuando el infractor es sorprendido en el momento de estar cometiendo el hecho punible, lo mismo que cuando es sorprendido después de cometerlo y como resultado de la persecución material a que es sometido. También existe flagrancia cuando el infractor es aprehendido por autoridad pública inmediatamente después de cometer un hecho punible y porque alguno lo señala como autor o partícipe, siempre que en su poder se encuentre el objeto material del delito o parte del mismo, o el instrumento con que aparezca cometido o presente manchas, huellas o rastros que hagan presumir fundadamente su autoría o participación. Hay asimismo flagrancia cuando el hecho punible ha sido cometido en el interior de una residencia o cualquier otro recinto cerrado y el morador retiene al infractor a la vez que requiere la presencia del funcionario de investigación o de cualquier autoridad policiva para entregárselo y establecer la comisión del hecho." Como se puede apreciar, la situación que ocupa al Pleno en esta oportunidad no se corresponde con ninguno de los supuestos establecidos en la norma supra citada, habida cuenta que el allanamiento en el domicilio del procesado es ordenado por la corregidora en una diligencia prefabricada en la que se deja constancia lo siguiente: "Vista y considerada la solicitud efectuada por la Policía Nacional, a fin de realizar diligencia de allanamiento en Pedregal, Sector del Escondite casa, No.277-cuarto No.2 toda vez que en dicho lugar se presume la existencia de personas requeridas por las autoridades competentes y/o artículos de dudosa procedencia, es por lo que el suscrito corregidor de Policía del Corregimiento de P., en uso de sus facultades legales y con fundamento en el decreto #5 de 3 de enero de 1934; dispone: ordenar la practica de la diligencia de allanamiento en Pedregal, Sector del Escondite casa, No.277-cuarto No.2, a efectos de constatar o no la existencia de los hechos ilegales presumidos. Como quiera que el C. de Policía se encuentra atendiendo otras diligencias del Despacho, es por lo que dispone comisionar al S.J. del mismo, a fin de que en funciones de Agente Especial, tal cual lo prevee el Código Judicial, lleva (sic) a cabo la diligencia ordenada. (ver foja 7 de los antecedentes). Vale indicar que las facultades que tienen las autoridades de policía para decretar y realizar diligencias de allanamiento ha sido objeto de discusión en el ámbito de la jurisprudencia nacional. Así pues, recurrentemente se han invocado como fundamento de derecho de estas facultades de los corregidores, las normas del Código Administrativo, el Decreto No. 5 de 3 de enero de 1934, que tratan sobre el procedimiento correccional de policía, al igual que en los artículos 573, 576, 577, 2185, 2178 y demás disposiciones concordantes del Código Judicial. (Vg. Resolución de 15 de abril de 2004, Resolución de 18 de marzo de 2004, Resolución de 14 de marzo de 2008. Pleno, entre otras). No obstante, soy de la opinión que la reforma del artículo 2178 del Código Judicial por la ley 15 de 2007, representa un avance en cuanto a la protección del Derecho Fundamental de la inviolabilidad del domicilio, pues supedita la facultad conferida a la autoridad de policía de decretar una diligencia de allanamiento, a la existencia de un delito flagrante, esto es, un hecho punible que se está ejecutando en el preciso instante.(o en los otros supuestos de flagrancia establecidos en el artículo 2142 del Código Judicial que han sido previamente explicados). De otra parte, la Constitución Nacional establece en su artículo 26 que nadie puede entrar en el domicilio de otra persona, sino media, entre otras cosas, "mandato escrito de autoridad competente". El artículo constitucional reconoce el derecho fundamental de primera generación relacionado con la inviolabilidad del domicilio. Conforme a este precepto, solamente se puede ingresar al domicilio de una persona, por fines específicos, siempre que exista un mandato escrito emitido por autoridad competente. La Constitución no menciona cuál es la autoridad competente, motivo por el cual le corresponde al legislador desarrollar el texto constitucional y establecer la o las autoridades competentes para ejercer tan delicada facultad constitucional. La labor del legislador, exige, por tanto, prudencia, pues se requiere que a quienes se le otorga la facultad para allanar, sean personas dotadas no sólo de un conocimiento jurídico en general, sino del particular conocimiento y respeto de los derechos humanos y de las garantías y derechos fundamentales. Por ello, se le ha otorgado tal facultad a los jueces, quienes, se supone, deben tener conocimiento relacionado con tan importante materia. La ley también permite que los agentes del Ministerio Público, en el distorsionado sistema procesal que existe en la actualidad (lo que se pretende cambiar con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio) ejerzan funciones jurisdiccionales para allanar. Más grave aún es la facultad que, a través del referido Decreto No.5 de 1934, se le ha otorgado a los C.es, quienes administran la llamada "justicia administrativa de policía". Del problema de la "justicia" que imparten los C.es, debo decir que se les ha otorgado funciones jurisdiccionales para allanar que, si bien pudieron justificarse hace muchos años (hay que recordar que el decreto que regula el ejercicio de estas facultades data de 1934), en la actualidad no están justificadas, salvo que se organice una verdadera jurisdicción para atender los casos que suelen ventilarse en las Corregidurías. Basta con la lectura los CONSIDERANDOS 2°, 3° Y 4° del propio Decreto No.5 de 1934, para concluir que el mismo está desfasado y no hay lugar a su aplicación en el marco de una investigación de naturaleza penal (y no administrativa) salvo que se esté en presencia de algún caso de flagrancia de los desarrollados en el artículo 2142 del Código Judicial. El mencionado decreto establece lo siguiente: "CONSIDERANDO: ... 2° Que el artículos (sic) 1099 del Código Administrativo al referirse a los allanamientos y registros que pueden practicar las autoridades de Policía, dice que para ello se detallará en el lugar correspondiente, el procedimiento a seguir en esos casos: 3° Que en el referido Código no aparece dicho procedimiento, cuya omisión de acuerdo con el artículo 15 del Código Civil en relación con el 629 del Código Administrativo, ordinal 3°, puede subsanarla de manera provisional el Poder Ejecutivo, para evitar demoras en la pronta administración de justicia; y 4° Que los allanamientos en materia de Policía Correccional no se rigen, por el Capítulo V, Título III del Código Judicial sino por el Código Administrativo. (el subrayado es nuestro). Tal como se puede apreciar en el numeral 3°, esta normativa fue creada de manera provisional para llenar un vacío legal en el procedimiento correccional de policía, motivo por el cual no puede utilizarse como fundamento legal para que un C. pueda ordenar un allanamiento en una causa que sea de índole penal en la que no exista el elemento de flagrancia. A esta conclusión se puede arribar, si se toma en consideración que el propio numeral 4° antes transcrito, hace la diferenciación entre "los allanamientos en materia de Policía Correccional" y las normas sobre allanamiento contenidas en el Código Judicial. Sobre este punto también conviene insistir que en el presente caso, la orden de allanamiento decretada por el C. de Pedregal, es una diligencia prefabricada en la que se utiliza como fundamento para intervenir el derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio del ciudadano A.F.M., que en dicha morada "personas requeridas por las autoridades competentes y/o artículos de dudosa procedencia", aun cuando ninguno de estos supuestos se encuentran dentro de los casos en que se pueden allanar las "las casas u otros edificios privados" según el artículo 20 del Decreto No.5 de 1934 "Sobre el procedimiento de Policía Correccional" que dicho sea de paso fue proferido por el "Presidente de la República, en uso de sus facultades legales". La infracción al derecho fundamental se potencia todavía más, si se toma consideración que, en el presente caso, no fue siquiera el corregidor quien efectuó el allanamiento, sino que fue una secretaria (ad hoc) a pesar de que ninguna disposición legal le otorga facultades a este funcionario para realizar dicha acción (fs.10 de los antecedentes). Finalmente soy de la opinión que no se puede, so pretexto de combatir la delincuencia (con lo que estoy de acuerdo), permitir que funcionarios que legalmente no están autorizados para realizar determinada diligencia la practiquen, porque con ello no sólo se viola la garantía constitucional del debido proceso, sino, como ocurre, en este caso, el derecho fundamental relacionado con la inviolabilidad del domicilio. Por ello, aun cuando en el caso que nos ocupa se hayan encontrado evidencias que vinculen a determinada persona con la comisión de un delito, al haber sido tales evidencias encontradas producto de una infracción de un derecho fundamental, las mismas no pueden ser consideradas como lícitas. Ante tal situación, considero, respetuosamente, que la detención de A.M. debió ser declarada ilegal, por lo que no me queda otro camino que SALVAR EL VOTO en la presente causa. Fecha ut supra M.. L.M.C. DR. CARLOS H. CUESTAS G. SECRETARIO GENERAL