Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 18 de Julio de 2011

Ponente:Oydén Ortega Durán
Fecha de Resolución:18 de Julio de 2011
Emisor:Pleno

VISTOS:

El licenciado H.L. ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Acción de H.C. a favor del ciudadano L.P. contra la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Argumenta el activador judicial que su mandante se encuentra detenido a órdenes de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Droga desde el 29 de junio de 2010, en atención a supuestas informaciones brindadas al servicio de inteligencia de la Policía de frontera por parte de informantes anónimos.

Relata el accionante que la División de Inteligencia del Servicio Nacional de Fronteras es del criterio que su mandante es beneficiado por la venta de drogas, así como que ayuda a la guerrilla del frente 57 de la FARC y que producto de dichas actividades ilícitas ha mejorado su estilo de vida. Comenta el letrado L. que tales afirmaciones son pruebas subjetivas, lo que denota que no se cuenta con material probatorio científico y físico de hallazgos que demuestren la supuesta información proporcionada al Servicio Nacional de Frontera.

Arguye que la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Droga mediante providencia ordenó la detención de L.P. sin contar con mayores elementos probatorios con lo que se pueda demostrar la supuesta información proporcionada al Servicio Nacional de Frontera.

Al decir del peticionario, no existen pruebas de inteligencia con sustento material, ya que lo que reposa en el expediente son declaraciones de sujetos anónimos las cuales a su juicio carecen de elementos vinculantes de su representado con la comisión del delito investigado.

Sustenta que a su defendido se le violentó el principio de inocencia consagrado en nuestra Carta Magna y que además no se ha hecho un estudio minucioso de las piezas procesales que supuestamente relacionan a su defendido al delito investigado.

En tiempo oportuno, el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, licenciado J.C.S., remitió a esta Superioridad el Oficio N° FD1- OP08-4339-10 (EXP. 0457-10) de 22 de julio de 2010, contentivo del informe en el cual se expuso las razones de hecho y de derecho que fundamentaron la detención preventiva del señor L.P.. Indicó que sí es cierto que ordenó la detención de L.P., mediante Resolución de 1 de julio de 2010.

Informó que las investigaciones iniciaron el 26 de junio de 2010, mediante Resolución judicial de esa fecha, lo que motivó fáctica y jurídicamente la decisión fiscal de receptarle declaración indagatoria a los señores S.B.L., J.P.B., J.C.C., R.A.M., M.T.L., N.R., H.B.R. y J.C.L., todos vinculados a la presunta comisión de Delitos Contra La Seguridad Colectiva en la modalidad de Terrorismo y Asociación Ilícita para D. en materia de Drogas.

Agrega la Autoridad demandada que, en la carpeta penal bajo estudio se encuentra un cúmulo de informaciones obtenidas que forman parte de una operación policial denominada "Trinidad", en donde se identificó a un grupo de personas residentes en el sector de Jaqué, Provincia de D. como personas que mantienen nexos de colaboración con una red de narcotraficantes, a los cuales les brindan abastecimiento logístico y suministro de información.

Indica la Autoridad que el Servicio Nacional de Fronteras, Primera Brigada Oriental, 4to. Batallón Pacífico de la Policía Nacional, les advirtió mediante un Informe de Novedad que muchas de las personas residentes en la comunidad antes mencionada tienen conocimiento de la situación que allí se desarrolla, pero que no lo informan a las autoridades por temor a represalias por parte de estos grupos hacia sus personas o de sus familiares.

Continúa refiriendo el informe elaborado por la Autoridad demandada que, entre los residentes de Jaqué, provincia de D. identificados por la fuente anónima como colaboradores de los narcoterroristas, están los señores: N.R., J.C., J.P.B., H.B.R., M.T.L., S.B.L., J.C.L. y R.A.M.F., éste último labora en el Ministerio de Educación. Refiere que estas personas se les ha observado un crecimiento económico que no guarda proporción con las actividades a las que supuestamente se dedican.

Indica el Funcionario demandado que los datos antes mencionados fueron remitidos a la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Panamá el 25 de junio de 2010, adjuntándose a los mismos un Diario Cronológico de Informaciones que datan de enero de 2005, ya que, desde esta fecha se mantenían informaciones acerca de que residentes de esa localidad fronteriza colaboraban con narcoterroristas en actividades ilícitas, específicamente, en el tráfico de drogas.

Así, en dicho Diario Cronológico se menciona que, para el 20 de enero de 2005 se pudo conocer que un indígena residente en la comunidad de G. apodado "Flaco" mantenía en su poder un teléfono satelital propiedad de la insurgencia y que había recibido un mensaje de un grupo criminal que consistía en comunicarle al señor de apodo "Lujan" "que estaba equivocado, que la guerrilla había sacado gente de los Estados Unidos y no lo iba a sacar a él de J.", lo que a criterio del Funcionario demandado ello se interpreta como una amenaza.

Asimismo, agrega el Funcionario que el señor apodado "F." mientras realizaba actividades de pesca observó dos bultos de color negro flotando en el agua que contenían droga los cuales llevó a su casa y entregó posteriormente en venta a una persona de nacionalidad colombiana de nombre I.P., apodado "C.", quien procedió a trasladar la sustancia ilícita a la ciudad de Juradó.

Refiere el funcionario de instrucción que igualmente, informaciones indicaron que dos indígenas, uno apodado "C." y otro de nombre L.P. apodado "mocho", este último educador del sector, encontraron una gran cantidad de drogas la cual comercializaron en el sector de A. a través de una familia colombiana de apellido G..

Comenta la Autoridad que según consta en informe de septiembre de 2009, los señores J.C.L. apodado "B.", A.P. apodado "Flaco", L.P. apodado "Mocho", encontraron a la deriva la embarcación la Caribe entre la comunidad de G. y Cocalito en un punto muy cercano a la frontera de Panamá con Colombia, en la que se encontró varios sacos de droga los cuales escondieron para posteriormente venderlos a ciudadanos colombianos en la ciudad de Juradó a través de una persona de nombre N.A..

Se indica asimismo en el informe que, aparentemente esa droga fue transportada por mar desde Guayabito a la ciudad capital, cuyas ganancias fueron utilizadas para mejorar su estilo de vida, así como para comprar artículos de un gran costo en el mercado, tales como: motosierras, televisores, plantas eléctricas, entre otros.

Comunica el Funcionario demandado que el encartado, docente L.P., quien presuntamente se encuentra en negociaciones de tráfico de drogas, mantiene una caleto de dinero con la cual compró una cantina en Jaqué. Asimismo, se indica que cada vez que realiza un viaje y regresa a G. lo hace con dinero proveniente del narcotráfico.

Entre los fundamentos jurídicos de la decisión fiscal con respecto al sindicado L.P. se indica en el citado informe que, la investigación penal pone de manifiesto una serie de actividades llevadas a cabo por el prenombrado, quien de una u otra forma colabora con las actividades ilegales que desarrollan los grupos armados en la zona fronteriza de Panamá con Colombia, específicamente en Jaque, Provincia de D..

Destaca la Autoridad acusada que, mientras algunos de los imputados ofrecen de manera directa logística y suministro de embarcaciones fuera de borda a grupos criminales, otras personas cooperan igualmente con estos grupos pero de distinta manera, esto es, invirtiendo dinero procedente del narcotráfico a sus propias actividades.

En cuanto a la vinculación de L.P. a losactos de Delitos de Terrorismo, Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita para delinquir en materia de Drogas, indica el Funcionario acusado que el señor P. mantienen nexos con el delito investigado desde el mes de enero de 2005.

Se informa que el seguimiento a los señores P.D. mantuvo durante el año 2006, fecha en la que se conoció que él era propietario de un local comercial en el cual se vendía licor procedente de Juradó; además, es propietario de un billar y de una embarcación, bienes que al decir del funcionario demandado, fueron adquiridos con el producto de la venta de drogas perteneciente a la guerrilla colombiana.

Según el mencionado Informe remitido a esta Superioridad por la Autoridad demandada, otro elemento de prueba que vincula al precitado señor L.P., apodado "Mocho" es una información obtenida suscrita por el Cabo Primero O.G., donde se pone de manifiesto que el dinero utilizado por L.P. la compra de la cantina que pertenecía al señor C.M., la cual asciende a un total de cuarenta y cinco mil balboas (B/.45.000.00) era de propiedad realmente de A.P.;sin embargo, como quiera que este último no podía justificar tal cantidad de dinero, la compra se hizo a nombre del encartado L.P.,quien por laborar en el Ministerio de Educación podría justificar el dinero invertido.

Argumenta la Autoridad demandada que es evidente que en el sector de Jaqué se atemoriza a la población o parte de ella, y que además se utilizan medios que ponen en peligro la vida y bienes de la comunidad, y que se ha incurrido en actos terroristas en los cuales resultaron gravemente heridas dos unidades de la Policía Nacional a causa de la colocación de minas antipersonales en una playa del Pacífico cerca de la frontera con Colombia.

Argumenta el Funcionario demandado que nuestro cuerpo legal que regula la materia penal, no solamente sanciona a aquella persona que directamente cause miedo a los miembros de una población tal como ya se ha planteado, sino que sanciona a quien con conocimiento, financie, subvencione, oculte o transfiera dinero, bienes u otros recursos financieros o de cualquier otras naturaleza para ser utilizados en la comisión del delito de terrorismo.

En este sentido, L.P., no solamente mantenía contacto con grupos irregulares armados colombianos y los abastecían de logística, sino que se daba entre ellos una transferencia de inyección económica que se traducía en actividades aparentemente lícitas, pero de proceder ilícito; actividades económicas que al decir del Funcionario acusado luego de ser explotadas daban como resultado que la guerrilla colombiana obtuviera un beneficio.

Continúa agregando el funcionario en su informe que la población de Jaqué tiene pleno conocimiento de las situaciones irregulares que se desarrollan en su comunidad; no obstante, no las denuncian formalmente, sino a través de informaciones anónimas a la Policía Nacional por temor a perder sus vidas y bienes.

Concluye el Funcionario demandado indicando que los elementos probatorios que reposan en la carpeta penal en estudio evidencian la vinculación de L.P. y A.P.D. en la presunta comisión del Delito contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, previsto en el Título VII, Capítulo IV y Delitos Contra la Seguridad Colectivaen la modalidad de Delitos de Terrorismo y Asociación Ilícita para delinquir en materia de Drogas, de acuerdo a lo plasmado en el Título IX, Capítulos I y VII del Libro Segundo del Código Penal.

CONSIDERACIONES DEL PLENO:

La Acción de Hábeas Corpus tiene por objeto revisar si la detención de una persona ha sido proferida cumpliendo con las formalidades que prescribe la Constitución y la Ley, fundamentalmente si la orden ha sido emitida por Autoridad competente, si consta por escrito, si se describen los hechos y circunstancias que acreditan tanto la ejecución de la conducta punible, como la vinculación de la persona cuya detención se ordena.

Estos requisitos están contenidos en el artículo 21 de la Constitución Nacional, así como en los artículos 2140 y 2152 del Código Judicial, constituyéndose en un derecho que tiene la persona que se sienta agraviada o considere que se han tomado medidas que atentan contra su libertad corporal, de interponer la Acción de Hábeas Corpus, para que sea revisada por parte de la Autoridad superior la legalidad o ilegalidad de esa detención.

Luego de estas consideraciones generales, corresponde al Pleno de esta Corporación de Justicia resolver la presente Acción de Hábeas Corpus, a fin de determinar si la medida cautelar personal de Detención Preventiva aplicada al señor L.P. detenido por la presunta comisión de un Delito contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, previsto en el Título VII, Capítulo IV, y Delitos contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de Terrorismo y Asociación Ilícita para delinquir en materia de Drogas, se ajusta a las exigencias constitucionales y legales correspondientes.

Observa esta Superioridad que la encuesta penal a la que accede la medida de privación de libertad impuesta a L.P., guarda relación con los informes de novedad de fecha 25 y 26 de junio de 2010 elaborados por el capitán N.B., J. de la Seccional de Inteligencia de Jaque, Provincia de Darién, del Ministerio de Seguridad, y ratificados por este mediante declaración jurada visible a fojas 39 a 49 del cuadernillo de Hábeas Corpus, en los cuales se reseña el desarrollo de la operación "Trinidad". Consta en dichos informes que la operación se realizó debido a que una fuente anónima denunció que miembros de la comunidad de Jaqué se dedican a colaborar con los narcotraficantes y miembros de grupos irregulares colombianos, recibiendo drogas por los servicios prestados, lo que les ha permitido obtener diversas propiedades. (ver fojas 5-6).

Asimismo, se indica en los referidos informes la existencia de ocho ciudadanos los cuales se encuentran detenidos debido a su colaboración con los narcoterroristas que delinquen en la ensenada del Sector de Guayabo. Igualmente, en dichos informes la fuente anónima informó que:

"en la comunidad de Jaqué el maestro L.P. le compró la cantina al Sr. C.M. en B/.45,000.00 (cuarenta y cinco mil) balboas en efectivo, dinero este (sic) que fue proporcionado por su hermano A.P., residente en la comunidad de G. y a quien se le señala como colaborador de la red de narcotraficantes que delinque en el Litoral Pacífico, ya que como L. (sic) P. es maestro, utilizan la fachada de un préstamo personal con el fin de justificar la compra de dicho establecimiento ...

Tomando en cuenta que estas personas son señaladas como colaboradores de grupos armados ilegales que se dedican al tráfico de sustancias ilícitas dentro del A/O del 4to. Batallón Pacífico podemos decir que;

No podemos descartar la posibilidad de que dentro de la montaña se encuentren sembradíos de plantaciones ilícitas las cuales son cultivadas por miembros del FRENTE 57, y por colaboradores residentes en las comunidades aledañas y Jaqué.

Que bajo la fachada de establecimientos comerciales los grupos narcoterroristas estén utilizando la figura de Testaferros y garantizar la movilidad de divisas obtenidas de las transacciones ilegales".

Dentro del expediente penal se observa además el Diario Cronológico de Informaciones obtenidas durante los años 2005 a 2009, específicamente, en las fechas en 20 de enero de 2005, 18 de octubre de 2005, 1 de enero de 2005, 17 de noviembre de 2005, 1 de agosto de 2006, 27 de julio de 2006 y 7 de octubre de 2009, en los cuales se indicó que personas de la comunidad de Jaqué, Provincia del Darién, mantienen relaciones con la guerrilla colombiana y que muchos cuentan con negocios comerciales producto del dinero que obtienen de la venta de sustancias ilícitas, mencionándose en tales informes al maestro L.P..(ver fojas 7 a 19 del expediente penal).

Visible a fojas 10 del expediente penal consta la información de 4 de septiembre de 2009 en relación con la embarcación de nombre "La Caribe" que fue encontrada a la deriva entre la comunidad de G. y Cocalito en un punto muy cercano a la frontera de Panamá con Colombia; confirmándose que los señores J.C.L., A.P. y L.P. encontraron esta embarcación mientras realizaban un viaje a la ciudad de Juradó, procediendo a rescatar varios sacos de la sustancia ilícita que portaba la misma, logrando esconderla para posteriormente venderla en territorio colombiano a los señores J.I. y L.C..

Igualmente, consta a fojas 10 del expediente penal el informe de fecha 8 de septiembre de 2008, elaborado por el Sargento Segundo S.G.A.R., en el cual se indica textualmente lo siguiente:

"A través de fuente humana se pudo obtener la información, de cuando se dio el hallazgo de una embarcación de nombre LA CARIBE la misma estaba a la deriva específicamente entre la comunidad de GUAYABITO y COCALITO en un punto muy cercano a la frontera de Panamá con Colombia en donde se pudo confirmar de que J.C.L. (alias BEBI), A.P. (alias FLACO), L.P. (alias EL MOCHO) todas estas personas son residente (sic) en la comunidad de guayabo los mismos iban a hacer un viaje de (sic) a la comunidad conocida como JURADO ubicado en el territorio colombiano los mismos se encuentran con la embarcación antes mencionada y desisten de seguir con el viaje y logran arrimar hasta donde esta ubicada la embarcación y rescatan varios sacos de la posible droga logrando asía (sic) esconderla y para más tarde darle comercialización a la misma a través de NERIS ARIAS y la otra parte la negociaron al lado colombiano (JURADO) con unos ciudadano (sic) de nacionalidad colombiana de nombre JESÚS IRALDO y LASARO CARDONA lo mismo ya a tenido (sic) antecedente en Panamá por narcotráfico.

Una parte de dicha droga fue transportada por la vía acuática desde la comunidad de guayabito hasta la ciudad capital. Con lo que han recibido estas familias logrando hacer mejoras en sus viviendas y comprando artículos de un gran costo como motosierras televisores plantas eléctricas y derroche de licor de lunes a lunes...."

A fojas 34 del cuadernillo de H.C. se observa la declaración jurada mediante la cual el S.S.S.G.A.R. ratificó el citado informe.

Así las cosas, se advierte en el cuaderno penal, que la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, mediante Resolución de 1 de julio de 2010, ordenó la detención preventiva del señor L.P., en la cual se detallan las constancias probatorias que según dicha Fiscalía Especializada vinculan al encartado con el supuesto Delito contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, previsto en el Título VII, Capítulo IV y Delitos contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de Delitos de Terrorismo y Asociación Ilícita para delinquir en materia de Drogas, de acuerdo a lo plasmado en el Título IX, Capítulo I y VII del Libro Segundo del Código Penal, tomando como fundamento de derecho el artículo 2140 del Código Judicial.

Al examinar los antecedentes del caso remitido al Pleno de la Corte, en cuanto al aspecto formal, se observa que la medida cautelar censurada fue decretada por Autoridad competente de manera escrita y en el marco de una investigación penal.

El artículo 21 de la Constitución Nacional establece que una persona sólo puede ser privada de su libertad, mediante mandamiento escrito de Autoridad competente expedido de acuerdo a las formalidades y por motivos previamente definidos en la ley. En el caso que nos ocupa, este requisito se cumple mediante la citada Resolución dictada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, respecto a un Delito contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales y Delitos Contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de Delitos de Terrorismo y Asociación Ilícita para delinquir en materia de Drogas, cuya penalidad supera el mínimo exigido por la normativa procesal vigente, actividad ilícita de considerable peligrosidad en la medida que pretende ocultar de la actuación de la justicia el bien obtenido del trasiego internacional de sustancias ilícitas. La investigación llevada a cabo por las instancias correspondientes apuntan hacia la existencia de una compleja red de personas naturales de la comunidad de Jaqué, Provincia de D., así como de ciudadanos de nacionalidad colombiana, que han participado en la actividad de venta y transporte de sustancias prohibidas, al igual que al blanqueo de capitales que dicha conducta genera.

En este sentido, corresponde a este Tribunal de Hábeas Corpus examinar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2152 y 2140 del Código Judicial, en cuanto a que la orden de detención se haya emitido por Autoridad Competente; que se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de cuatro (4) años de prisión; que exista prueba que acredite el delito y que se acredite la vinculación del imputado, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto. Procede entonces establecer si la detención de L.P. vulnera el derecho fundamental que le asiste.

En cuanto a la existencia del hecho punible, éste se tiene por acreditado a través del contenido de los referidos informes de novedad de fecha 25 y 26 de junio de 2010 elaborados por el capitán N.B., J. de la Seccional de Inteligencia de Jaque, Provincia de Darién, así como por el Diario Cronológico de Informaciones obtenidas durante los años 2005 al 2009, específicamente, en las fechas 20 de enero de 2005, 18 de octubre de 2005, 1 de enero de 2005, 17 de noviembre de 2005, 1 de agosto de 2006, 27 de julio de 2006 y 7 de octubre de 2009, en los cuales se afirma que personas de la comunidad de Jaqué, Provincia del Darién mantienen relaciones con la guerrilla colombiana y que muchas de estas personas incluyendo el encartado P. cuentan con negocios comerciales producto del dinero que obtienen de la venta de sustancias ilícitas.

Ahora bien, lo referente a la vinculación del encausado al tipo penal que se le atribuye, requiere de un análisis detenido debidamente ponderado por parte del Tribunal de Hábeas Corpus con la finalidad de evitar que apreciaciones subjetivas conculquen el derecho constitucional tutelado.

En ese orden de ideas, al señor L.P. se le imputa su participación en el esquema de blanqueo de capitales al actuar como testaferro dentro de la operación ilegal, a la cual se vinculó junto a su hermano A.P., a quien se ha relacionado como colaborador de narcotraficantes y de grupos irregulares colombianos.

El blanqueo de capitales, cuando hace parte de una estructura criminal compleja, se conforma como un conjunto de operaciones, más o menos enmarañadas, interrelacionadas entre sí, frecuentemente llevada a cabo por una parte de una organización criminal, con la intención de transformar en lícitos los dineros productos de actividades ilícitas, a través de la adquisición de bienes y servicios, que no tengan la apariencia de dudosa procedencia.

Su incidencia en la macro delincuencial ha sido advertida por la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, también conocida como Convención de Viena, cuando destaca "que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles"; resultando un compromiso de los Estados signatarios la tipificación de delitos que están contemplados en esta Convención, particularmente en parte del artículo 3 de dicha convención, donde se señala que:

Artículo 3.

...

La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones;

La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos;

Sobre la naturaleza del acto cuya tipificación exhorta la Convención, el catedrático español A.S. apunta a que:

"..todas estas figuras tienen naturaleza encubridora, más en concreto nos encontramos ante tentativas específicas de favorecimiento real. Ello puede predicarse de la conversión o transferencia de bienes con el propósito de ayudar a que los narcotraficantes eviten las consecuencias jurídicas de sus conductas, pues aunque tales comportamientos en apariencia recuerden la ayuda a eludir la acción de la Justicia (art. 451 N°3° NCP) y sugieran una calificación de favorecimiento personal, con todo, en estos supuestos no se ayuda a ocultar la persona del partícipe del delito previo sino los bienes gracias a los que sería posible relacionarlo con la infracción de la cual derivan, cuestión ésta relevante por cuanto en el favorecimiento personal el auxilio ha de recaer sobre la persona del delincuente. Y también constituyen tentativas específicas de favorecimiento real la conversión o transferencia de bienes con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito, cuya comisión en grado de consumación se contempla en el subapartado b ii). (A.S., M.Á., Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el ordenamiento penal español", Tesis Doctoral, Universidad Santiago de Compostela, 2001, págs. 78 y 79).

Resulta pertinente resaltar como indica el autor, que a pesar que los blanqueadores usualmente no obran por móviles altruistas, el lucro derivado del aprovechamiento no resulta en un elemento relevante ante la Convención, como tampoco lo es ante la normativa penal vigente, ni lo fue en el Código Penal derogado.

Los Acuerdos internacionales a los que la República de Panamá ha adherido, al igual que el desarrollo legislativo relativo a ellos, procuran en el tema del Blanqueo de Capitales limitar, sino impedir, la conversión de las ganancias derivadas de las actividades ilícitas, y su finalidad, al decir del Tribunal Supremo Español es la de "dificultar el agotamiento de dichos delitos en lo que se refiere a la obtención de un beneficio económico extraordinario (auténtica finalidad perseguida con su ejecución), conseguido por no tener que soportar los costos personales, financieros, industriales y tributarios que se exigen a la ganancia obtenida lícitamente, con desestabilización de las condiciones de la competencia y el mercado, de ahí que el blanqueo se ubique sistemáticamente en el Título XIII del Libro II del Código Penal, dedicado a los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico" (Sentencia del Tribunal Supremo Español de 18 de diciembre de 2001).

Dicho proceso de "blanqueamiento de dineros" frecuentemente recurre a interpuestas personas, naturales o jurídicas, con la intención de enmarañar la relación del bien o servicio a la actividad criminal, uno de los mecanismos más recurridos es aquel denominado "testaferro" u "hombre de paja", definición última a que recurre la doctrina y la jurisprudencia española.

Para los efectos del caso que nos ocupa el testaferro lo define el Diccionario de la Real Academia Española como "la persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona", ello con aras de dificultar la vinculación de los bienes al delito y el delincuente.

Su configuración penal se surte, desde el aspecto subjetivo del sujeto activo del tipo penal, de diversas formas. La primera, y más evidente, que deriva del conocimiento expreso, por parte del testaferro, del origen ilícito del bien o servicio para el cual presta su nombre.

En segundo lugar, pero mucho más difícil, es cuando el autor del tipo aduce desconocer el carácter ilícito de la conducta que desarrolla y así cabe preguntarse, cuál es la interpretación que ha de darse a la frase "pero a sabiendas de su procedencia", contenida en la norma penal.

Para ello se recurre a la teoría del doble dolo, extendiéndolo en cuanto a que la identificación de la conducta penal no tiene que ser, necesariamente, conocida en su integridad, sino que, como señala RAGUÉS I VALLES "basta con el conocimiento de que se está contribuyendo a un hecho penalmente relevante sin necesidad de concretar qué hecho o qué concreto bien jurídico puede verse lesionado". El mismo autor trae a colación la doctrina americana de la ceguera voluntaria (willful blindness), entendida como la "equiparación, a los efectos de atribuir responsabilidad subjetiva, entre los casos de conocimiento efectivo de los elementos objetivos que configuran una conducta delictiva y aquellos supuestos de desconocimiento intencionado o buscado con respecto a dichos elementos. Tal equiparación se basa en la premisa de que el grado de culpabilidad que se manifiesta en quien conoce no es inferior a la de aquel sujeto que, pudiendo y debiendo conocer, prefiere mantenerse en la ignorancia." (RAGUÉS I VALLES, R., "La responsabilidad penal del testaferro en delitos cometidos a través de sociedades mercantiles: problemas de imputación subjetiva", InDret, 3/2008, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, pág. 14)

La ceguera voluntaria, o ignorancia deliberada, excluye la posibilidad que una persona pretenda aducir su condición de propietario inocente, desconocedor del origen ilícito del bien, condición subjetiva que descansa en la especial relación que pueda tener el propietario/testaferro con al auténtico beneficiario del bien. El Tribunal Supremo Español ha expuesto la naturaleza de la ignorancia deliberada, como conformadora de la responsabilidad penal, cuando ha señalado:

"En los tipos previstos en nuestro Código incurre en responsabilidad, incluso quien actúa con ignorancia deliberada (willful blindness), respondiendo en unos casos a título de dolo eventual, y en otros a título de culpa. Y ello, tanto si hay representación, considerando el sujeto posible la procedencia delictiva de los bienes, y pese a ello actúa, confiando en que no se producirá la actuación o encubrimiento de su origen, como cuando no la hay, no previendo la posibilidad de que se produzca un delito de blanqueo, pero debiendo haber apreciado la existencia de indicios reveladores del origen ilegal del dinero. Existe un deber de conocer que impide cerrar los ojos ante circunstancias sospechosas." (Sentencia 1034/2005 de 14 de septiembre de 2005).

La relación existente entre el encartado L.P. y su hermano así como la participación de éstos como colaboradores de narcotraficantes y de grupos irregulares colombianos difícilmente pueden permitir llevar a la conclusión que el mismo (L.P.) desconocía o no podía inferir que el dinero recibido de su hermano para la compra de la cantina no estaba vinculado a una actividad ilícita.

Además, la vinculación del prenombrado L.P. con el hecho imputado, quedó consignada expresamente en la mencionada orden de detención girada en contra del encartado, quien labora como educador en el sector de Jaqué, Provincia de D., ya que el mismo ha sido identificado como una de las personas que además de colaborar para grupos irregulares armados colombianos y de abastecerlos de logística, recibe inyección económica de su parte, han participado en la actividad de venta y transporte de sustancias prohibidas, así como de blanqueo de capitales que dicha conducta genera, lo que a criterio de este Tribunal de Hábeas Corpus lo vincula a la compleja red de personas residentes del sector de Jaqué y comunidades aledañas, así como a ciudadanos de nacionalidad colombiana.

Es así, que en el caso que nos ocupa, la relación existente entre el maestro L.P. y su hermano, permite llegar a la conclusión a este Tribunal de Amparo, que el encartado era plenamente conciente que los cuarenta y cinco mil balboas (B/.45,000.00) que le dio el hermano para la compra de una cantina era producto de una actividad ilícita, tal cual se desprende del informe de fecha 26 de junio de 2010, elaborado por el capitán N.B., J. de la Sección de Inteligencia de Jaqué del Ministerio de Seguridad, lo que lo constituye en testaferro o receptor de éste, ya que prestó su identidad para comprar dicho bien a su nombre a sabiendas que el dinero era producto de actividades del narcotráfico, es decir, se prestó para desaparecer el origen ilícito del dinero utilizado para la compra del bien antes referido. A criterio de esta Superioridad, la fuente de la procedencia del dinero utilizado por el maestro P. el cual le fuere entregado por su hermano A.P. era ilícita; no obstante, éste a sabiendas de ello realizó la compra del bien antes descrito, con lo cual a juicio de este Tribunal se configuró el tipo penal por el cual se ordenó su detención, con lo que se comprueban las denuncias anónimas realizadas por miembros de la comunidad de Jaqué, Provincia de Darién, en cuanto a la vinculación del encartado a la red del crimen organizado.

Debe el Pleno de la Corte destacar que, la criminalidad organizada se caracteriza precisamente por su estructuración jerárquica bien definida, en la cual figuran personas que encubren la realización de actos fraudulentos o ilegales prestando su nombre e identidad. Su participación en la ejecución del hecho delictivo es fundamental, pues sin ella no se podría realizar. Es por ello que el Derecho Penal debe enfocar sus esfuerzos para la persecución y represión de aquellos actos que atenten contra la seguridad y el orden público.

Sobre este tema, la licenciada I.P.H., abogada asistente de la Fiscalía Especializada en Delitos de Drogas de la República de Panamá en el artículo denominado "Conceptos de Autoría y Participación en el Delito de Blanqueo de Capitales" indica textualmente lo siguiente:

" ... No hay duda quien pasar por alto que el delito de BLANQUEO DE CAPITALES se caracteriza por la existencia de un DELITO SUBYACENTE, es decir, la existencia de un delito anterior, cuyos beneficios obtenidos por la consumación del mismo requieren ser "lavados" para el posterior disfrute por (sic) de sus autores y partícipes en el marco de la "legalidad". Lo anterior fundamenta aún más nuestros señalamientos en cuanto a la pluralidad de personas que intervienen en la consumación del BLANQUEO DE CAPITALES. Así nos encontramos con los llamados testaferros (familiares, amigos, conocidos o simplemente personas pagadas para ello) a nombre de quienes los lavadores de activos registran propietarios, cuentas bancarias, sociedades anónimas, empresas, licencias comerciales, bienes muebles, vehículos, etc.) (Destaca el Pleno de la Corte).

... Aunado a lo anterior, es importante resaltar que nuestra legislación penal vigente es clara al señalar, a nuestro entender, que la conducta típica, antijurídica y culpable que describe al BLANQUEO DE CAPITALES debe estar acompañada además de la acreditación del pleno conocimientos del sujeto activo de que su actuar estaba relacionado con dineros provenientes de ilícitos.

En efecto, el concepto "A SABIENDAS" que aparece mencionado en el Código Panel nos indica que los verbos rectores que aparecen detallados en cada uno de los artículos que regulan la materia entiéndase "recibir, depositar, negociar, convertir o transferir dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros", deben ejecutarse con conocimiento de que dichos activos son producto de actividades ilícitas para que se entienda consumado el tipo penal." (Compilación de Artículos sobre el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. Volumen 1, 2008, págs. 106 y s.s.)

Por otra parte, se observa en la referida Resolución, la identificación y valoración de los elementos probatorios, que a criterio del funcionario de instrucción, justifican la imposición de la medida restrictiva de libertad.

Estando formalmente presentes los requisitos mínimos para ordenar la Detención Preventiva del prenombrado L.P., corresponde entrar en el análisis de los elementos probatorios para determinar si con los mismos se encuentran acreditados los presupuestos que exige el artículo 2140 de nuestro Código de Procedimiento Penal, para la aplicación de esta medida cautelar privativa de la libertad.

En cuanto a lo solicitado por el Accionante en relación a que se decrete ilegal la Detención Preventiva dado que a su juicio no existen elementos probatorios de relevancia que acrediten la vinculación de su cliente al delito investigado, estima esta Corporación Judicial que dicha petición es improcedente, toda vez que existe orden de detención escrita emitida por Autoridad competente, se ha acreditado la existencia del hecho punible, y existen graves indicios de presencia y oportunidad del encartado L.P..

Con base a lo anteriormente expuesto, este Tribunal concluye que existen graves indicios que vinculan al señor L.P. como integrante de la organización criminal dedicada a actividades de venta de drogas, así como al blanqueo de capitales, por lo que efectivamente concurren los elementos probatorios necesarios para decretar la medida cautelar de detención preventiva, según lo estipulado en los preceptos legales correspondientes. Además, estima esta Corporación Judicial que se cumple a cabalidad con las exigencias previstas en el artículo 2140 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 2152 de la norma ut supra, de allí que efectivamente, se estima procedente decretar legal la detención decretada contra el señor L.P..

En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la orden de detención preventiva dictada contra L.P., y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

DISPOSICIONES LEGALES APLICADAS: Artículos 21, 22 y 23 de la Constitución Nacional. Artículos 2140, 2574 y subsiguientes del Código Judicial.

Notifíquese

OYDÉN ORTEGA DURÁN

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- VÍCTOR L. BENAVIDES P. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)