Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 30 de Noviembre de 2010

PonenteAlejandro Moncada Luna
Fecha de Resolución30 de Noviembre de 2010
EmisorPleno

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Acción de Amparo presentado por el licenciado O.S.A.S., en nombre y representación de ERIKA OSORIO DÍAZ Y ELI SFADIA contra la orden de no hacer contenida en la Nota 900-01-1514-DT de 21 de diciembre de 2009 dictada por el Director General de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas.

  1. ANTECEDENTES

    La señora E.O.D. el día 4 de abril de 2008 fue retenida por las autoridades de la Dirección General de Aduanas en el Aeropuerto de Tocumen, porque en la declaración jurada de viajero no reportó la suma de B/.447.00, que traía en adición a lo reportado, B/.120,000.00.

    Con motivo de estos acontecimientos, la Administración Regional de Aduanas de la Zona Aeroportuaria abrió proceso penal aduanero en contra de la señora O. y, por su parte, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas inició de oficio un sumario por presunto blanqueo de capitales.

    De la suma que traía la señora O., las autoridades de aduana le entregaron B/.500.00 para sus gastos de alimentación, reteniendo la suma restante, B/.119,947.00, e ingresándola al Tesoro Nacional. Mediante Resolución de 21 de febrero de 2008, dictada por el Jefe del Departamento de Fiscalización Aduanera, Zona Aeroportuaria, se dispuso el comiso provisional de la suma de B/.119,947.00, hasta que la Administración de Aduanas de la Zona Aeroportuaria, adopte otra medida; esta decisión fue tomada por la Administración de Aduanas de la Zona Aeroportuaria, mediante Resolución No. AR-AT-107 de 19 de mayo de 2008, que formula cargos a la señora O. y decide mantener la retención provisional del dinero objeto de la investigación.(Cfr. fojas 17-19, 22 y 52-54)

    Este dinero efectivamente fue depositado en el Banco Nacional, cuenta 210 del Tesoro Nacional, según las constancias a fojas 50 y 51 del expediente de amparo.

    Según se desprende del Auto Vario N°176 de 30 de abril de 2009, emitido por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, este dinero también fue aprehendido provisionalmente por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Droga, mediante resolución de 7 de abril de 2008.

    Luego de que el señor E.S., representante legal de la empresa ITALI GOLD INTERNACIONAL, S.A. interviniera como tercero en los procesos y acreditara la propiedad, preexistencia y procedencia lícita del dinero incautado a la señora O., el mismo elevó solicitud a ambas autoridades para que se efectuara la devolución del dinero.

    Por su parte, el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de panamá, mediante Auto Vario N°176 de 30 de abril de 2009, accede a la solicitud de devolución del dinero incautado (B/.119,947.00) y dispone que la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas proceda a la devolución del dinero.(Cfr. fojas 112-115)

    Mediante oficio N°1278 de 8 de mayo de 2009, suscrito por la Jueza Quinta de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, se le solicitó al Fiscal Encargado de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Droga la devolución al licenciado C.R., apoderado judicial del señor E.S., quien actúa como representante legal de la sociedad Italy Gold Internacional, S.A. en virtud del Auto dictado por ese juzgado. (Cfr. foja 111)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la juzgadora, el F. remitió nota fechada 15 de junio de 2009 al Director Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, solicitándole que ordenara lo conducente para que la suma incautada (B/.119,947.00), fuera depositada en la cuenta N°046901967 a favor del Fondo de Custodia de Bienes Cautelados/Ministerio Público, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Jueza Quinta del Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá. (Cfr. foja 110)

    Por su parte, la Administración Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, mediante Resolución No. 930-04-104-AZA de 10 de julio de 2009, sobresee a la señora E.O. de los cargos del delito de defraudación aduanera y revoca el contenido de la Resolución AR-AT-107 de 19 de mayo de 2008 que mantiene la retención provisional del dinero y resuelve ponerlo a disposición de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, específicamente en la cuenta del Fondo de Custodia de Bienes del Ministerio Público, en virtud del auto dictado por la autoridad judicial.

    En cumplimiento de las resoluciones mencionadas, el Administrador Regional de Aduanas de la Zona Aeroportuaria remitió Nota N°930-01-423-AS-AZA de 7 de diciembre de 2009, al Director General de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas para que en cumplimiento con las decisiones judiciales, hiciera efectiva la orden de levantamiento de la retención provisional del dinero depositado, al cual ya se ha hecho referencia, y lo pusiera a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Droga (Cuenta No. 046901967 del Fondo de Custodia de Bienes Cautelados/Ministerio Público), y mediante Nota N°930-01-424-AS-AZA de 7 de diciembre de 2009, informó a la Fiscalía el resultado del proceso penal aduanero y las instrucciones giradas para dar cumplimiento a lo ordenado.(Cfr. foja 127-131)

    Luego de lo acontecido, se dictó, por parte del Director de Tesorería la nota que emite la orden de no hacer que genera el amparo.

  2. ORDEN RECURRIDA EN AMPARO

    Se trata de la Nota Núm. 900-01-1514-DT, suscrita por el Director de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, dirigida al Administrador Regional de Aduanas de la Zona Aeroportuaria, en donde comunica que los dineros no serán devueltos. La nota, que reposa a foja 132 del expediente, es del tenor siguiente:

    "Devolvemos sin el correspondiente trámite administrativo de rigor, las notas 930-01-423-AS-AZA y 930-01-423-AS-AZA (sic) ambas de 7 de diciembre de 2009, en virtud de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 15 de 22 de mayo de 2007 que señala que en los casos previstos en los numerales 8 del artículo 16 y 5 del artículo 18 de la ley 30 de 1984 los dineros, documentos negociables u otros valores convertibles en dinero, retenidos o decomisados por la Dirección General de Aduanas, hoy Autoridad Nacional de Aduanas, no serán devueltos bajo ninguna circunstancia.

    Si bien es cierto esta norma fue modificada por el artículo 10 de la Ley 29 de 2 de junio de 2008, para atender estas solicitudes debe acompañarse el expediente con la documentación de afectación fiscal, de manera que en caso de que proceda el levantamiento de estas medidas, podamos someterla a la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el refrendo de la Contraloría General de la República, tal y como dispone el Código Fiscal.

    Nos parece oportuno señalarle, que las únicas devoluciones de dineros decomisados efectuadas por el MEF una vez aprobada la ley 15 de 2007, han sido ordenadas por fallos de la Corte Suprema de Justicia.

    En adición, le adjuntamos copia de la Resolución 032 de 4 de marzo de 2008 y del Decreto Ejecutivo 86 de 13 de agosto de 2008 relativos a dineros decomisados"

  3. CONSIDERACIONES DEL ACCIONANTE Y DERECHOS QUE SE ESTIMAN VULNERADOS

    En el escrito legible de foja 2 a 9 del expediente, la parte actora considera que la decisión recurrida en amparo transgrede los derechos consagrados en los artículos 30, 31 y 44 de la Constitución Política de Panamá.

    Sostiene que el artículo 30, que señala que no habrá pena de confiscación de bienes, fue vulnerado por el Director de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, al no hacer la devolución de los fondos retenidos, aún resultando sobreseída la señora E.O.D. de los cargos por no constituir delito los hechos que generaron el proceso, privando el Estado de su patrimonio a la sociedad ITALY GOLD INTERNATIONAL S.A., que acreditó que los dineros le pertenecen.

    Señala que se infringió el artículo 31, que contiene la garantía de estricta legalidad y el principio de tipicidad en materia penal, que prohíbe la aplicación de una pena cuando no hay probado un delito, por el hecho de no devolverse los dineros, a pesar de que se había absuelto a la procesada.

    Denuncia violado por omisión, el artículo 44, que consagra el derecho a la propiedad privada, ya que con la orden de no hacer impartida, el Estado despoja de los dineros incautados, y cuya propiedad de terceros fue acreditada, tercero que no está llamado a responder civil ni penalmente por los hechos por los cuales se investigó a E.O., dineros cuya procedencia lícita fue demostrada.

  4. ARGUMENTOS DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

    Mediante Nota No.900-02-266-DT de fecha 12 de marzo de 2010, el Director General de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, remite el informe requerido por esta superioridad justificando y fundamentando su actuación en que la nota del Administrador General de Aduanas, Zona Aeroportuaria, donde se requería devolver los dineros, no iba acompañada de ningún documento sustentador de los motivos por lo cuales había que devolverlos a la señora E.O.D. y al señor E.S., habiendo en el ordenamiento jurídico normas que regulan lo relacionado a la devolución de dineros retenidos o decomisados por la Autoridad nacional de Aduanas, se requería que se acompañara el expediente con la documentación de afectación fiscal, para que se procediera al levantamiento de las medidas y someterlas a la autorización del Ministro de Economía y Finanzas y refrendo de Contraloría General de la República, como lo dispone el C.F..

    V.D. DEL PLENO

    Luego de surtidos los trámites legales correspondientes, esta Máxima Corporación de Justicia, con fundamento en la competencia que le confiere el artículo 2616, numeral 1 del Código Judicial, procede a decidir la acción de amparo planteada contra la Nota 900-01-1514-DT de 21 de diciembre de 2009 dictada por el Director General de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas.

    La nota de la cual se solicita amparo, señala que "para atender estas solicitudes debe acompañarse el expediente con la documentación de afectación fiscal, de manera que en caso de que proceda el levantamiento de estas medidas, podamos someterla a la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y refrendo de Contraloría General de la República, tal y como lo dispone el Código Fiscal".

    Lo anterior denota que el Director de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, más que abstenerse a cumplir con la solicitud del Administrador Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, de hacer efectivo el levantamiento de la medida de retención provisional del dinero objeto de la investigación penal, le indica que la solicitud no se realizó en debida forma, y que se debió acompañar la documentación que sustentara la solicitud, es decir, para proceder con el trámite respectivo, establecido por ley.

    Si bien en la Nota N°930-01-423-AS-AZA, de 7 de diciembre de 2009, suscrita por el Administrador Regional de la Zona Aeroportuaria y remitida al Director General de Tesorería del MEF, estaba claramente explicado el fundamento de lo ordenado, tanto por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal y por el mismo Administrador Regional de la Zona Aeroportuaria, en ejercicio de su facultad jurisdiccional, la nota no se acompaña con la documentación que la sustenta, es decir, las órdenes judiciales o/y el expediente penal aduanero.

    Al respecto, cabe advertir que para que un acto administrativo o jurisdiccional revista la forma de una orden de no hacer, debe contener en su parte dispositiva o resolutiva una prohibición o absoluta abstención, fundamentada en graves amenazas o violaciones a los derechos fundamentales inherentes al titular de la acción de amparos (Cfr. Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 19 de septiembre de 2003).

    El acto demandado no contiene una prohibición ni una abstención absoluta a lo solicitado por la autoridad de aduanas, sino que le hace saber a dicha autoridad que para el cumplimiento del debido trámite, debe ser acompañada la solicitud con la documentación pertinente, y luego pasar por el procedimiento correspondiente, consistente en autorización del Ministerio de Economía y Finanzas y refrendo de Contraloría General de la República, de conformidad con lo que establece el C.F. (artículo 1076).

    En este sentido, no se puede considerar que el acto fue emitido en violación de los artículos 30, 31 y 44 de la Constitución Política, ya que lo que pretende el Director de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, es precisamente que se cumpla con el debido procedimiento administrativo, para que se pueda realizar la devolución, por tanto, al no negarse a la devolución sino señalar la falencias de la solicitud, en ningún momento está violando el derecho a la propiedad privada de los amparitas, ni imponiendo alguna pena no prevista.

    Por las consideraciones expuestas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara NO VIABLE la Acción de Amparo presentado por el licenciado O.S.A.S., en nombre y representación de ERIKA OSORIO DÍAZ Y ELI SFADIA contra la Nota 900-01-1514-DT de 21 de diciembre de 2009 dictada por el Director General de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas.

    N.,

    ALEJANDRO MONCADA LUNA

    OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. (Con Salvamento de Voto) -- HARLEY J. MITCHELL D.

    CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

    SALVAMENTO DE VOTO DEL

    MAGISTRADO J.M.E.

    ENTRADA Nº. 214-10 PONENTE: MGDO. A.M.

    ACCIÓN DE AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES PROMOVIDO POR EL LICENCIADO O.S.A.S. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE E.O.D. y ELI SFADIA CONTRA LA NOTA 900-01-1514-DT DE 21 DE DICIEMBRE DE 2009, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.

    Respetuosamente, me veo en la necesidad de manifestar que no comparto la decisión de declarar no viable el amparo de derechos fundamentales promovido por el licenciado osvaldo saul atencio saldaña en nombre y representación de erika osorio diaz y eli sfadia contra la nota 900-01-1514-DT de 21 de diciembre de 2009, dictada por el director general de tesorería del ministerio de economia y finanzas.

    Mi discrepancia obedece a que el pasado 23 de junio de 2010, el Pleno de esta Corporación de Justicia declaró inconstitucional el artículo 27-A de la Ley 30 de 1984, adicionado a través del artículo 33 de la Ley 15 de 2007, "que se refiere al destino de los bienes y dineros no declarados por las personas que ingresan al territorio nacional y que resultan decomisados en procesos aduaneros".

    En dicho fallo, publicado en la Gaceta Oficial Nº 26588-A, se expresa con claridad que el artículo 27-A de la Ley 30 de 1984, adicionado a través del artículo 33 de la Ley 15 de 2007, "... desatiende el tenor literal del estándar constitucional nacional e interamericano, al señalar una sanción a toda costa y pese a que el procesado acredite su inocencia en la causal penal aduanera que se le sigue", por lo que "...Cumplido el examen de la cuestión planteada, debe el Pleno concluir que la integridad del artículo 27-A de la Ley 30 de 1984, infringe los artículos 30, 32 y 46 de la Constitución Nacional".

    Ahora bien, en el caso que nos ocupa, aunque en la Sentencia se indique que el acto recurrido no es un acto definitivo, considero que el mismo es susceptible de afectar derechos fundamentales debido a que expresa que los dineros decomisados no se devolverán en ninguna circunstancia y expresa que "...las únicas devoluciones de dinero decomisados efectuadas por el MEF una vez aprobada la ley 15 de 2007, han sido ordenadas por fallos de la Corte Suprema de Justicia".

    Todo lo anterior, desconoce la Sentencia de Inconstitucionalidad antes citada y deja serias dudas sobre si la autoridad demandada está anuente o no a devolver los fondos retenidos, a pesar de que la recurrente ERIKA OSORIO DIAZ fue absuelta de los cargos que generaron el proceso aduanero en el que se originó la retención.

    Por ello estimo que era pertinente admitir el A. y resolver en el fondo el asunto, en aras de tutelar los derechos fundamentales de la amparista que, a mi parecer, sí se afectan con el acto recurrido.

    En virtud de lo antes expuesto, respetuosamente, salvo el voto.

    Fecha ut supra,

    MGDO. JERÓNIMO MEJÍA E.

    CARLOS H. CUESTAS G.

    SECRETARIO GENERAL

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