Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 14 de Febrero de 2012

Ponente:Harry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución:14 de Febrero de 2012
Emisor:Segunda de lo Penal
 
CONTENIDO

VISTOS:

Para resolver en el fondo, cursa ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación en el fondo, presentado por el por el licenciado E.M.P., Fiscal Primero de Circuito de Bocas del Toro, medio de impugnación que se dirige contra la sentencia de 27 de noviembre de 2009, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Chiriquí y Bocas del Toro, mediante la cual se reformó la Sentencia No.101 de 8 de julio de 2009, emitida por el Juzgado Segundo del Circuito de Bocas del Toro y en su lugar absolvió al procesado R.S., sindicado por el delito contra el pudor la integridad y la libertad sexual, cometido en perjuicio de Y. A. L.

La audiencia de casación fue celebrada el día 26 de abril de 2011, con la participación de la parte recurrente y del representante del Ministerio Público, oportunidad que fue aprovechada por todos para reiterar sus respectivos argumentos, luego de lo cual corresponde emitir el fallo de fondo, tarea a la cual se procede de inmediato (fs. 263).

HISTORIA CONCISA DEL CASO

El presente cuaderno penal tuvo su génesis en la denuncia presentada por el señor M.A.L. el 14 de febrero de 2008, mediante la cual puso en conocimiento de la Fiscalía Primera de Circuito de Bocas del Toro, que el señor R.S., quien es su padrastro, habría presuntamente incurrido en un delito contra el Pudor, la Integridad y la Libertad Sexual, debido a que trató de tomar como su mujer a la menor Y.A.L., hermana del denunciante, a quien le ofreció dinero y unas sandalias a cambio de tener relaciones sexuales.

Concluida la fase de instrucción sumarial, el Juzgado Segundo de Circuito de Bocas del Toro, Ramo Penal, mediante sentencia No. 101 de 8 de julio de 2009, declaró penalmente responsable a R.S.S., por la comisión del delito de Actos Libidinosos, condenándolo a la pena de 32 meses de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo en perjuicio de la menor de edad Y.A.L., absolviéndolo de los cargos endilgados en el auto de proceder por los delitos previstos en el Capítulo III, Título VI del Código Penal de 1982 (corrupción, proxenetismo y rufianismo).

La sentencia de primera instancia, fue sometida a recurso de apelación y el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante sentencia definitiva de segunda instancia, calendada 27 de noviembre de 2009, reformó la sentencia apelada, y en su lugar absolvió al señor R.S.S. del delito de actos libidinosos, confirmando en todo lo demás. Siendo esta sentencia la que motiva el recurso de casación, al considerar el casacionista que debido a una errada valoración de piezas probatorias, se produce la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba.

Única Causal

El casacionista aduce como única causal de casación en el fondo "Error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal,contenida en el artículo 2430, numeral 1 del Código Judicial.

La doctrina nos enseña que esta causal de fondo sobreviene, cuando el juzgador de segunda instancia acepta un medio de prueba no reconocido por el ordenamiento o permite su producción sin cumplir requisitos legales; cuando concede a un elemento probatorio una fuerza que la ley no le atribuye; o cuando le niega la eficacia jurídica que la Ley le atribuye (Cfr. F., J. y GUERRA DE V., A.. Casación y Revisión (Civil, Penal y Laboral); Segunda Edición, Sistemas Jurídicos S. A., Panamá, 2001, pág.269).

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, la causal en examen se configura cuando el tribunal le otorga a la prueba un valor que la ley no le atribuye, cuando le niega al medio de prueba la fuerza que la ley le reconoce o cuando admite un elemento probatorio que ha sido producido con inobservancia de las formalidades legales establecidas para esa finalidad.

En el primer motivo (fs. 244), el casacionista plantea que el Tribunal Ad-quem incurrió en el vicio alegado, al valorar erróneamente la declaración de la víctima Y. A. L. (fs. 5-7), a pesar que la misma fue consistente en circunstancias de modo, tiempo y lugar. Añade que el error resulta trascendental, pues la pieza de convicción permite establecer que R.S., cometió el delito de actos libidinosos (fs. 243).

Para apoyar el cargo expuesto en el primer motivo, el Procurador General de la Nación indicó que el Tribunal Superior debió ponderar de acuerdo con la sana crítica el relato de la menor Y.A.L., quien señaló los tocamientos que efectuó su padrastro en sus partes íntimas y el acercamiento de tipo sexual que éste realizó en su perjuicio (fs. 253).

Señala el Procurador que es preciso partir de la premisa que los delitos sexuales se cometen en la clandestinidad, por lo que el testimonio de la víctima tiene especial relevancia, sobre las intenciones sexuales de su padrastro (fs. 254).

La menor Y. A. L. mediante declaración jurada señaló:

"PREGUNTADO: Diga la declarante cuando (sic) y donde (sic) el señor R.S. le ofreció dinero a usted y le dijo que le iba a comprar un (sic) sandalia si usted fuera su mujer. Explique al despacho, CONTESTO: Eso ocurrió hace dos años atrás que RUBEN me dijo eso, eso paso (sic) en mi casa, PREGUNTADO: Diga la declarante si el señor R.S. a (sic) mantenido relaciones sexuales con usted o si la a (sic) tocado en su parte íntimas. CONTESTO: No se (sic) que el me hacia, el me ponía (un) pañuelo en los ojos y me ponía hacia tras y me tocaba mis partes íntima y yo le decía eso a mi mamá y mi mamá comenzaba a discutir con el....El año pasado mi hermano OBALDINO agarro (sic) a mi padrastro trepándose en sima (sic) mió (sic)".(fs. 5-6).

Como segundo motivo(fs.243), se plantea la errónea valoración de la declaración jurada de la menor Y. A. L. en confrontación con la declaración indagatoria de R.S. visible a folios 43-48, de la que se desprenden indicios de haber abusado sexualmente de la menor, soslayando el Tribunal Superior las reglas de valoración probatoria, que permiten comprobar la culpabilidad del imputado (fs. 244).

El Procurador General de la Nación, comparte los señalamientos del casacionista, toda vez que de la declaración indagatoria de R.S. visible a folios 43-48, se hubiesen apreciado los indicios que se desprendían de su declaración indagatoria (fs. 255).

R.S.S. al rendir declaración indagatoria manifestó que "los cargos que se me formulan son falsos, yo nunca abuse sexualmente de ella...si (sic) es cierto que OBALDINO me vio cuando yo hablaba con Y. ya que yo la aconsejo siempre de lo bueno y lo malo, pero es mentira que me vio encima de YANETH"(fs. 47).

En el tercer motivo, el recurrente plantea que el Tribunal Ad-quem valoró erróneamente el examen médico legal de la menor donde se determina que la misma está desflorada, por lo que no apreció los indicios que se desprendían de tal evaluación (fs. 244).

La máxima representación del Ministerio Público, considera que se demuestra el cargo de infracción porque el examen médico legal de la menor ofendida Y.A.L. determina que está desflorada, por lo que no se apreciaron los indicios que se desprendían de tal evaluación (fs. 255).

El galeno C.M., mediante examen legal practicado a la menor Y.A.L., concluyó que:

"Sí esta desflorada, con desgarro hacia las 5, al momento del examen"(fs. 9).

Los cargos de infracción legal planteados por el censor, mediante el ejercicio de la causal probatoria invocada, requieren, a fin de acreditar su procedencia, incursionar en la labor de determinar, en primer lugar, la veracidad del vicio alegado, es decir, si efectivamente el juzgador de segunda instancia, valoró las pruebas que se citan mal apreciadas; en segundo lugar, establecer si en efecto, al desplegar esta tarea judicial, el juzgador de alzada se apartó de los criterios de interpretación probatoria, y finalmente, comprobar si el error probatorio, reviste la importancia y trascendencia para variar la parte dispositiva de la resolución judicial impugnada.

El examen detenido de la sentencia de segunda instancia atacada, permite a la Sala constatar que, al momento de definir la situación penal del imputado R.S.S., el Tribunal Ad-Quem efectivamente apreció la deposición de la menor, la declaración indagatoria del imputado y el examen médico legal de la menor (fs. 447). En consecuencia, lo que prosigue es analizar el contenido de esta pieza probatoria, a fin de certificar si fue o no, correctamente apreciada, y si el supuesto error que el casacionista denunció tiene la eficacia de variar lo resuelto por el Tribunal de apelación.

En esta labor, estima la Sala que las piezas probatorias en comento no fueron correctamente valoradas, ya que el Tribunal consideró que el sólo señalamiento de la menor al no ser corroborado con ninguna otra prueba en el expediente, no acredita la vinculación del imputado con el hecho investigado (fs. 190).

El cargo de la infracción se comprueba mediante la valoración de las pruebas en su conjunto, por tanto en la declaración de la víctima, expone que sufrió tocamientos de su padrastro, con la declaración del propio imputado en la que acepta que el hermano de la víctima los observó, según él "dándole consejos a su hijastra" y el examen médico legal que comprueba que está desflorada, permiten concluir que la menor fue víctima del delito de actos libidinosos, de conformidad a la sentencia de primera instancia.

En síntesis considera la Sala, que ocurre la violación de los artículos 917, 918 y 980 del Código Judicial, porque si bien es cierto, de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal un solo testimonio no puede formar por sí solo plena prueba, considera esta Corporación de Justicia que no puede desestimarse el testimonio de la ofendida con relación a la vinculación del procesado con el hecho ilícito cometido, toda vez que siempre ha sido enfática y consistente en identificar a su padrastro R.S., como la persona que realizaba tocamientos en sus partes íntimas, máxime cuando, a pesar que el encartado niega los cargos formulados en su contra, acepta que "es cierto que OBALDINO me vio cuando yo hablaba con Y. ya que yo la aconsejo siempre de lo bueno y lo malo, pero es mentira que me vio encima de Y.", de lo cual se desprenden indicios de presencia y oportunidad, aunado al testimonio de la madre de la menor, quien pese a no acreditar el conocimiento de los hechos, acepta que ella dormía en un cuarto distinto al de sus hijos (fs. 128-129).

Estos delitos tal como señala el señor P. General de la Nación, ocurren de manera clandestina, porque el victimario suele ser un familiar o conocido de la víctima quien se aprovecha de esa circunstancia para cometer el hecho ilícito. También se reitera que la menor ha sido enfática y fehaciente en asegurar que el imputado R.S.S., era la persona que la tocaba en sus partes íntimas (fs. 126-127).

El principio de la Sana Crítica le impone al juzgador que al momento de valorar las pruebas, las analice de modo que esa estimación sea expuesta de manera razonada, estableciendo el mérito de cada prueba, previa consideración de las solemnidades que algunas pruebas documentales requieran para su validez (Cfr. Fallo de 4 de agosto de 2005).

En ocasión anterior, cabe destacar, la Corte cita al maestro C. quien aprecia que las reglas de la sana crítica "...son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba...con arreglo a la razón y a un conocimiento experimental de las cosas."(Cfr. Fallo de 24 de junio de 1996 y 1 de agosto de 2007).

A juicio de la Sala Penal, el señalamiento de la menor Y. A. L., la declaración indagatoria del imputado, en consonancia con el examen médico legal, permiten acreditar la vinculación de R.S.S. con el delito investigado, acreditándose así los cargos de infracción señalados en el recurso de casación, tanto en los motivos, como en las disposiciones legales adjetivas las cuales de manera directa violan las normas sustantivas penales por omisión.

Cumplido el examen íntegro de la causal invocada en el recurso formalizado por el agente fiscal, se encuentra que han sido probados los cargos de injuridicidad contra la sentencia atacada, considerando al imputado R.S.S. responsable penalmente de transgredir, a título de autor, del delito de Actos Libidinosos, conducta tipificada en los artículos 219 y 220 del Código Penal de 1982.

El artículo 220 del Código Penal establece:

"Quien sin la finalidad de lograr acceso carnal ejecute actos libidinosos en perjuicio de persona, de uno u otro sexo, mediante violencia o intimidación, o cuando la víctima no hubiese cumplido 14 años o no pudiese resistir, será sancionado con prisión de 3 a 6 años.

La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad, si concurre alguna de las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del Artículo 219".

El artículo 219 del citado Código Penal conceptúa:

"...Si mediase promesa de matrimonio o si el hecho lo comete un pariente, ministro de culto que la víctima profese, tutor, maestro, o encargado, por cualquier título, de la educación, guarda o crianza de la víctima , la pena se aumentará hasta el doble."

Corresponde, entonces, establecer la sanción penal, atendiendo a los factores que para la fijación de la pena describe el artículo 56 del Código Penal de 1982. En ese sentido se observa que, R.S.S. tenía al momento de la comisión del ilícito 46 años de edad, sin escolaridad. Al momento de rendir sus descargos, negó los cargos formulados en su contra y mantuvo esta posición a lo largo del proceso, declarándose inocente durante la celebración de la audiencia de fondo. D.H.P. y Penal visible a fojas 102-103, se desprende que no tiene antecedentes penales. Su conducta encuadra como autor del hecho, por lo cual se le fija la pena base en treinta y seis (36) meses de prisión más un aumento de una tercera parte (equivalente a 12 meses), debido a que el procesado es padrastro de la víctima, vivían en la misma residencia y consecuentemente de alguna manera velaba por la educación, guarda y crianza, lo que hace un total de cuarenta y ocho meses (48), disminuyéndose una tercera parte, dieciséis meses (16), por haberse acogido al trámite del Proceso Abreviado, conforme lo dispone el artículo 2529 del Código Judicial, quedando una pena líquida a imponer de TREINTA Y DOS MESES (32) DE PRISION, y la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual período que la pena principal.

PARTE RESOLUTIVA

Por las consideraciones que anteceden, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la Sentencia Penal de segunda instancia calendada 27 de noviembre de 2009, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Chiriquí y Bocas del Toro, y CONDENA al señor R.S.S. a la pena de TREINTA Y DOS MESES DE PRISIÓN (32) e igual pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el delito contra el Pudor la Integridad y la Libertad Sexual, Actos Libidinosos cometido en perjuicio de la menor de edad Y. A. L.

Notifíquese y Devuélvase.

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

LUIS MARIO CARRASCO -- GABRIEL E. FERNÁNDEZ

MARIANO HERRERA (Secretario)