Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 29 de Agosto de 2014

PonenteLuis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución29 de Agosto de 2014
EmisorCuarta de Negocios Generales

VISTOS: La Firma PINZÓN, HIDALGO & CO., ha presentado en calidad de Apoderados Judiciales de la señora R.B.B., solicitud ante la Sala de Negocios Generales, para el Reconocimiento y Ejecución de la Sentencia Extranjera dictada por el Juzgado de Circuito del Condado de León, Tallahassee, Florida, Estados Unidos de América, fechada 23 de diciembre de 2010, mediante la cual se Accede a la petición de modificar disposiciones en cuanto al F. y se adjudican bienes a favor de R.B.B.. ANTECEDENTES DEL CASO Los apoderados judiciales de la señora R.B.B., basan su solicitud en los siguientes hechos: "Que ante el Juzgado de Circuito del Condado de León, Tallahassee, Estados Unidos de América, se abrió el proceso de Sucesión del señor D.O.B., en donde comparecieron todas las partes interesadas, es decir, sus herederos, R.B.B., su representada, E.A.B. y R.D.B., hijos del causante y su representada, así como también la compañía fiduciaria BESSEMER TRUST COMPANY OF FLORIDA. Que D.O.B. falleció habiendo otorgado testamento el 1 de febrero de 2009, resultando su poderdante beneficiaria de por vida de los fondos provenientes de la administración de los bienes puestos en fideicomisos testamentarios, estableciendo el testamento que la muerte de su poderdante, la señora ROBIN BANK BOYLE, los activos restantes dados en fideicomiso serían distribuidos a los hijos del causante y de su poderdante y testamento de la señora ROBIN BANK BOYLE. Que los activos dados en fideicomiso comprenden una cuenta de inversión manejada por la fiduciaria BESSEMER TRUST COMPANY OF FLORIDA, además de diversos bienes inmuebles, participación en negocios y otros instrumentos, descritos en el documento adjunto "A", anexo al Fallo del Juzgado de Circuito del Condado de León fechado 23 de diciembre de 2010, entre los cuales se encuentran el cincuenta por ciento (50 %) de las acciones de la sociedad BOYLE PALMER PROPERTIES, S.A., y el cien (100 %) por ciento de las acciones de la sociedad BOYLE PANAMÁ, INC., Que su mandante, la señora R.B.B., sus hijos, E.A.B. y R.B., y la fiduciaria BESSEMER TRUST COMPANY OF FLORIDA, acordaron que, en interés de la actual beneficiaria del fideicomiso, la señora R.B.B., y de los beneficiarios futuros, E.A.B. y R.B., los fideicomisos fueran fondeados por la Cuenta de Inversión Bessemer, mientras que los activos restantes deberían ser distribuidos directamente a su poderdante, libres de fideicomiso. Que dicha decisión se tomó con base en que los costos de administración de dichos activos dados en fideicomiso hubieran resultado prohibitivos, y contrarios a las intenciones del causante expresadas en su testamento. Que dada la naturaleza de los bienes inmuebles y la participación o interés en los negocios puestos en fideicomiso, las partes acordaron que no hubiese resultado factible para BESSEMER TRUST COMPANY OF FLORIDA, tanto económicamente como desde la perspectiva de la administración, el mantener dichos activos en fideicomiso para el beneficio de su mandante, la señora R.B.B.. Tomando en consideración que los fideicomisos testamentarios creados por voluntad del causante son irrevocable, se requirió orden judicial para su modificación bajo las leyes de fideicomiso del Estado de la Florida, lo cual se dio a través del fallo de 23 de diciembre de 2010, cuyo reconocimiento y ejecución se solicita." Como pruebas a su solicitud, la Licenciada MARUQUEL DAM de la Firma de Abogados PINZÓN, HIDALGO & CO., aportó lo siguiente: Copia debidamente autenticada por el Juzgado de Circuito del Condado de León, Florida, del Fallo de 23 de diciembre de 2010, así como su traducción al idioma español; certificado de registro público de la sociedad BOYLE PALMER PROPERTIES, S.A.; certificado de Registro Público de la sociedad BOYLE PANAMÁ, INC. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA Mediante Vista Nº.28 de 12 de mayo de 2014, la señora Procuradora General de la Nación, señala: "Que se acceda a la petición de reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera de 14 de julio de 2013, puesto que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 1419 del Código Judicial, máxime que el fideicomiso redactado en el extranjero contempla su extinción por funciones económicas, las cuales fueron poderadas en el extranjero al momento de asumir las decisiones de fondo y que no son parte del análisis que compete en el presente trámite." DECISIÓN DE LA SALA El artículo 1419 del Código Judicial, exige para la ejecución en nuestro país de una sentencia dictada en el extranjero: que la misma haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal; que no haya sido dictada en rebeldía, entendiéndose por tal, el caso en que la demanda no haya sido personalmente notificada al demandado, dentro de la jurisdicción del Tribunal de la causa, a menos que el demandado rebelde solicite la ejecución; que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en Panamá; y, que copia de la sentencia sea auténtica. En primer lugar, vemos que la sentencia examinada cumple con el numeral primero del artículo 1419 del Código Judicial, ya que fue dictada como consecuencia de una pretensión personal, porque se trata de una modificación de disposiciones en cuanto a un fideicomiso y adjudicación de bienes. En ese sentido, el tratadista argentino L.E.P., afirma que "las pretensiones personales son aquellas que emergen de derechos personales de contenido patrimonial a los que también se denomina derechos de créditos o creditorios y cabe definir como aquellos que se tienen respecto de una o varias personas determinadas que se hayan obligadas, frente al sujeto activo, a la entrega de una cosa (obligación de dar), o a la ejecución de un hecho (obligación de hacer) o a la abtención (obligación de no hacer)" 1 En relación al requisito exigido en el numeral segundo del artículo antes citado, se entiende que todas las partes externaron su consentimiento en el proceso, cumpliéndose con lo estipulado en el numeral 2 del artículo 1419 del Código Judicial. En relación a la licitud de la obligación, la sentencia objeto de exequátur concede la petición de modificar las disposiciones de fideicomiso de la señora R.B.B., en la que se establecía que los bienes descritos en el documento "A", serían distribuidos directamente libre de fideicomiso a R.B.B.. Al analizar si la sentencia in examine violenta nuestro orden público, es necesario confrontar la misma con nuestro ordenamiento jurídico, específicamente la Ley 1 de 1984, que regula el F. en Panamá, y que establece en el artículo 7 que el mismo es irrevocable, salvo que se establezca expresamente lo contrario en el propio instrumento de fideicomiso. De otra parte, el artículo 34 numeral 6 de la mencionada Ley, establece que el fideicomiso se extingue "por cualquier causa establecida en el instrumento de fideicomiso o en esta Ley". Al revisar el testamento aportado por el solicitante, en el punto XIII, literal k, podemos constatar que la última voluntad establecida en el testamento fue que el mismo se extinguiera por razones económicas, y establece que "si en cualquier momento, el valor de mercado justo de los activos en cualquier fideicomiso excepto cualquier fideicomiso de participación dividida de caridad idóneo, creado o por ser creado bajo este Testamento, es tan pequeño que los honorarios anuales por administrar el fideicomiso serían la tasa anual mínima establecida en el entonces vigente listado de honorarios publicados de forma regular por el Fideicomisario, el Fideicomisario o el Albacea a su discresión podrá terminar dicho fideicomiso o podrá decidir no crear dicho fideicomiso, y en tal caso, los bienes entonces mantenidos o por ser distribuidos a dicho fideicomiso deberán ser distribuidos a las personas que tengan en ese momento derecho o tendrían derecho a los ingresos de dicho fideicomiso." Lo anterior nos demuestra que no existió violación a nuestro orden público, ya que la Ley 1 de 1984 que regula el F. en nuestro país, es clara al establecer que el fideicomiso se extingue por cualquier causa de las establecidas en el instrumento de fideicomiso o en la ley, situación que se ha dado en el presente caso, ya que por motivos económicos se dio la extinción del mismo, realizandose la distribución de los bienes que en ese momento estaban bajo la administración del albacea. Finalmente, podemos observar que la sentencia cumple con el requisito de autenticidad, ya que presenta el sello de apostilla, el cual suprime cualquier tipo de legalización consular, por lo que llegamos a la conclusión que se cumplen con los requisitos exigidos por la ley panameña, para que sea reconocida la sentencia y su ejecución en nuestro territorio, por lo que se debe acceder a la petición formulada por la licenciada MARQUEL DAM, de la Firma de Abogados PINZÓN, HIDALGO & CO., en cuanto a la presente solicitud de exequátur. En consecuencia, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECONOCE Y DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá, la sentencia proferida por el Juzgado de Circuito del Condado de León, Tallahassee, Florida, Estados Unidos de América, fechada 23 de diciembre de 2010, mediante la cual se Accede a la petición de modificar disposiciones en cuanto al F. y se adjudican bienes a favor de R.B.B.. N. y Cúmplase. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ HARLEY J. MITCHELL D. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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