Sentencia Generales de Supreme Court (Panama), Sala 4ª de Negocios Generales, 7 de Marzo de 2008

PonenteEsmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución 7 de Marzo de 2008
EmisorSala Cuarta de Negocios Generales

VISTOS:

La Licenciada ARACELLYS VARGAS LASSO ha presentado en calidad de Apoderada Judicial de la señora G.D.C.W.D.F., solicitud ante la Sala de Negocios Generales, para el Reconocimiento y Ejecución de la Sentencia Extranjera dictada por la Corte de Circuito del Condado de Sevier, Arkansas, Estados Unidos de América, fechada el 27 de octubre de 2005, mediante la cual se nombra a las señoras G.D.C.W.D.F. y J.B., tutoras legales del señor R.W..

ANTECEDENTES DEL CASO

El apoderado judicial de la señora G.D.C.W.D.F., basa su solicitud en lo siguiente:

"Que la sentencia fue proferida por la Corte de Circuito del Condado de Sevier, Estado de Arkansas, Estados Unidos de América. Que la sentencia no fue dictada en rebeldía, ya que se trató de un proceso no contencioso, peticionado conforme las leyes vigentes en el Condado de Sevier, Estado de Arkansas, Estados Unidos de América. La pretensión es permitida por las leyes de la República de Panamá y la copia de la sentencia se encuentra debidamente legalizada por el Consulado General de la República de Panamá en Houston, autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y traducida al idioma español por intérprete público autorizado."

Como pruebas a su solicitud, la Licenciada VARGAS aportó lo siguiente: Original y Copia para su cotejo del Poder General otorgado por la señora G.W.D.F., Certificación del Registro Público donde consta la vigencia del Poder General, Sentencia No.2005-42-2, proferida por el Tribunal Norteamericano así como su traducción al idioma español por Traductor Público Autorizado.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA

Mediante Vista Nº.14 de 7 de febrero de 2006, la señora Procuradora General de la Nación, señala: "Por otra parte, dada la naturaleza no contenciosa del proceso, cuya sentencia es más bien declarativa, se deduce que la misma no ha sido dictada en rebeldía. Asimismo, al ser ésta una sentencia declarativa que versa sobre el nombramiento de tutores, cargo éste que puede ser removido según las diversas causas que establece el artículo 416 del Código de la Familia, se advierte entonces que dicha sentencia no puede hacer tránsito a cosa juzgada, por disponer sobre una situación jurídica que puede estar sujeta a cambios. Dicha condición de cosa juzgada es necesaria para la ejecución de una resolución en nuestro país. En ese sentido, el artículo 1419 establece que "se entiende por sentencia la decisión que decide la pretensión ", debiendo entenderse que dicha decisión está en firme y es definitiva, o de otra forma no podría ejecutarse ni reconocerse. Por tal motivo, estima que la materia (tutela) en relación a. la cual recae la solicitud presentada, no es susceptible de reconocimiento ni ejecución en nuestro país"

La Señora Procuradora General De La Nación es de la opinión que no debe accederse a la petición elevada por la Licenciada A.V.L., en cuanto al presente proceso de exequátur.

DECISIÓN DE LA SALA

El ordenamiento jurídico vigente, exige para la ejecución en nuestro país de una sentencia dictada en el extranjero; que la misma haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal; que no haya sido proferida en rebeldía, entendiéndose por tal, el caso en que la demanda no fue notificada personalmente al demandado, dentro de la jurisdicción del Tribunal de la causa, a menos que el demandado rebelde solicite la ejecución; que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en Panamá; y, que se suministre copia auténtica de la sentencia. (Cfr.art.1419 C.J.)

En ese sentido, vemos que la sentencia examinada cumple con el numeral primero del artículo 1419 del Código Judicial, ya que fue dictada como consecuencia de una pretensión personal, porque se trata de una designación de tutor de una persona con incapacidad; respecto del numeral segundo del artículo antes citado, por ser una sentencia declarativa, se deduce que esta no ha sido dictada en rebeldía.

En relación a la licitud de la obligación, la persona sujeta a tutela, ha sido declarada incapaz, según el artículo 404 del Código de la Familia. En relación a la persona del tutor, si bien es cierto, la Procuradora General de la Nación cita el artículo 391 del Código de la Familia, que establece que "la tutela se ejercerá por un solo tutor, bajo la vigilancia del Ministerio Público y el Defensor del Menor", dicha norma hace referencia al menor de edad y no a incapaces adultos que es el caso que nos ocupa, razón por la que no se puede aseverar que la resolución que se pretende ejecutar sea contraria al Orden Público.

No comparte la Sala el criterio establecido por la representante del Ministerio Público, en el sentido que la sentencia in examine no hace tránsito a cosa juzgada, por disponer de una situación jurídica que puede estar sujeta a cambios; debemos manifestar que para la ejecución de una sentencia extranjera, se requiere que la misma tenga la condición de cosa juzgada formal y no material, ya que de lo contrario una gran cantidad de resoluciones judiciales relativas al Derecho de Familia y Derecho de la Niñez y la Adolescencia, no podrían ser ejecutables y algunas necesarias y obligatoriamente, aunque sean provisionales, pero ejecutoriadas deben cumplirse en nuestro territorio.

Al respecto, debemos referirnos a la institución de cosa juzgada, sobre ello, H.M.B., expone lo siguiente:

"La doctrina casi unánimemente, hace el distingo entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Y toma como punto de arranque para demarcar la delimitación, el campo sobre el cual se proyectan los efectos de la sentencia: si lo es únicamente dentro del proceso en el cual se profiera ésta, hay cosa juzgada formal; si, en cambio, tales efectos no se quedan allí, sino que trascienden o rebasan sus propios límites, la cosa juzgada es material.

En efecto, COUTURE enseña que "...determinadas decisiones tienen, aún agotada la vía de los recursos, una eficacia meramente transitoria. Se cumplen y son obligatorias tan sólo con relación al proceso en que se han dictado y al estado de cosas que se tuvo en cuenta en el momento de decidir: pero no obstan a que, en un procedimiento posterior, mudado el estado de cosas que se tuvo presente al decidir, la cosa juzgada pueda modificarse". Y añade que "en esos casos la cosa juzgada sólo adquiere una de sus características: la de inimpugnabilidad; pero carece de otra: la de su inmutabilidad. La cosa juzgada es eficaz, tan sólo, con relación al juicio concreto en que se ha producido o con relación al estado de cosas ...Existe, inimpugnabilidad en el mismo proceso, se une la inmutabilidad de la sentencia aún en otro juicio posterior". ("Recurso de Revisión Civil", Segunda Edición, Ediciones Librería del Profesional, Colombia, 1996).

Por su parte, el D.J.F.P., en su obra "Instituciones de Derecho Procesal Civil" (Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1998, pág.788), establece que:

"Lo que en Panamá denominamos ejecutoría, se conoce en cierto sector de la doctrina como cosa juzgada formal, en tanto que la expresión cosa juzgada, así simplemente, la empleamos para referirnos a lo que en el extranjero se le denomina cosa juzgada material."

Finalmente, podemos observar que la sentencia cumple con el requisito de autenticidad, dando fiel cumplimiento a lo establecido en el numeral cuarto del artículo 1419 del Código Judicial, requisitos exigidos por la ley panameña, para que sea reconocida la sentencia y su ejecución en nuestro territorio por lo que se debe acceder a la petición formulada por la licenciada A.V.L., en cuanto a la presente solicitud de exequátur.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECONOCE Y DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá, la sentencia extranjera proferida por la Corte de Circuito del Condado de Sevier, Estado de Arkansas, Estados Unidos de América, fechada 27 de octubre de 2005, mediente la cual se nombra a las señoras GLADYS DEL CARMEN WALKER DE FARRIS y J.B., tutoras legales del señor R.W..

SE AUTORIZA a la Dirección General del Registro Civil de la República de Panamá, que realice las anotaciones e inscriba, en los libros correspondientes, la sentencia de divorcio antes señalada, en los mismos términos que ella indica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

VICTOR L. BENAVIDES P. -- HARLEY J. MITCHELL D.

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR