Decreto Ejecutivo N° 40. Que reglamenta la ley 22 de 2006, que regula la contratación pública.para corregir error involuntario del ministerio de economía y finanzas en el decreto ejecutivo no. 40 de 10 de abril de 2018, y publicado en la gaceta oficial digital no. 28502-b de 11 de abril de 2018.

Las entidades deberán levantar el expediente de cada contratación que lleven a cabo, el cual contendrá todas las actuaciones administrativas.

Para las compras a través del Catálogo Electrónico de Productos y Servicios, el expediente de la entidad contratante se respaldará con los antecedentes de la adquisición del bien o servicio, la orden de compra y las actas de entregas de recepción respectivas.

El expediente de la contratación deberá estar foliado con numeración corrida, consignada con tinta u otro medio seguro, por orden cronológico de llegada de los documentos.

El llamado al procedimiento de selección de contratista deberá indicar la partida presupuestaria con cargo a la cual se realizará el gasto.

Antes de convocar el procedimiento de selección de contratista de que se trate o de acogerse al procedimiento excepcional o al procedimiento especial de contratación, las entidades verificarán que los productos o servicios estén o no incluidos en el Catálogo Electrónico de Productos y Servicios. De estar incluidos en el Catálogo, la entidad estará obligada a adquirirlos de este, salvo que por razones fundadas le sea más beneficioso la realización del procedimiento de selección de contratista, en cuyo caso requerirá la autorización de la DGCP.

En el procedimiento especial de adquisiciones de emergencia, las entidades estarán obligadas a adquirir los bienes o servicios del Catálogo, siempre que el proveedor esté en condiciones de entregarlos inmediatamente, para atender la emergencia de forma oportuna.

La competencia para celebrar procedimientos de selección de contratistas recae en el jefe o representante de la entidad que convoca el acto público correspondiente o en el servidor público en quien se delegue tal función.

En los procedimientos de selección de contratistas, podrán participar, además del jefe o representante de la entidad o el servidor público delegado que convoca el acto público, un representante de la DGCP y otro de la Contraloría General de la República. El acto se podrá realizar en ausencia de estos dos últimos representantes.

La participación o no concurrencia de estos funcionarios no compromete ni disminuye las facultades fiscalizadoras de la DGCP ni de la Contraloría General de la República.

Las entidades utilizarán obligatoriamente en los procedimientos de selección de contratista y en la contratación, los modelos, formatos o documentos que serán adoptados por la DGCP mediante resolución.

Toda convocatoria para la adquisición de bienes, la prestación de servicios o la contratación de obras, así como para disposición de bienes del Estado, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas 'PanamaCompra", salvo que la entidad se encuentre imposibilitada o no esté acreditada para el uso del Sistema.

El aviso de convocatoria deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 22 de 2006 y los exigidos por el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas PanamaCompra ’, y además deberá indicar si la contratación está cubierta o no con un Tratado de Libre Comercio o de Promoción Comercial, suscritos por la República de Panamá.

Dependiendo del monto y la complejidad de la contratación de los bienes, servicios u obras a contratar, la publicación de la convocatoria se efectuará con la antelación prevista en el artículo 42 del Texto Único de la Ley 22 de 2006.

En el caso de la contratación pública cubierta en los Tratados de Libre Comercio o de Promoción Comercial, suscritos por la República de Panamá, se aplicará lo dispuesto en cada uno de los acuerdos.

En aquellos casos en que una entidad contratante no se encuentre acreditada para utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas PanamaCompra deberá convocar a través de un diario de circulación nacional en dos ediciones seguidas en días distintos, los que permanecerán expuestos al público en el mismo plazo en los lugares destinados por la entidad para la fijación de edictos o anuncios en general. La entidad contratante dejará constancia del aviso de convocatoria en el expediente respectivo. El aviso deberá ajustarse a los parámetros señalados por la DCICP.

De igual forma se convocará, cuando se presente alguna situación justificada y debidamente comprobada que impida a la entidad publicar el aviso de convocatoria en el Sistema. En este caso, se requerirá la autorización previa de la DGCP.

De publicarse el aviso de convocatoria en un diario, para los casos previstos en el artículo anterior, la entidad dejará constancia del cumplimiento de este requisito en el expediente del acto respectivo, adjuntando las páginas de las ediciones del diario en que se publicó el aviso.

Cuando surgiera la necesidad de modificar la fecha del acto de selección de contratista, la entidad anunciará mediante adenda una nueva fecha, a fin de cumplir con los plazos mínimos fijados en el artículo 49 del Texto Único de la Ley 22 de 2006.

Las propuestas serán presentadas por medio electrónico o, en su defecto, por medio escrito.

Los proponentes podrán enviar sus propuestas por vía electrónica, desde el momento de la publicación del aviso de convocatoria en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra",>?/ hasta antes del vencimiento de la hora establecida para la apertura de propuestas señalada en el pliego de cargos.

Todo proponente que resulte favorecido con la adjudicación de un procedimiento de selección de contratista, para el cual haya participado por medio electrónico, deberá presentar junto con la fianza de cumplimiento, el respectivo formulario de propuesta original, así como cualesquiera otros documentos que la entidad licitante solicite, dentro del término máximo de cinco días hábiles después de ejecutoriada la adjudicación.

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior, sin que el adjudicatario hubiere presentado los documentos solicitados, la entidad procederá a dejar sin electo la adjudicación efectuada y adjudicará a la siguiente mejor oferta económica, que cumpla con todos los requisitos y exigencias del pliego de cargos, cuando se trate de una licitación pública o al proponente que haya obtenido el segundo mayor puntaje, cuando se trate de una licitación por mejor valor o una licitación por mejor valor con evaluación separada.

Los interesados en presentar sus propuestas en medios impresos deberán hacerlo en la fecha, hora y lugar establecidos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" y el contenido de las mismas, sólo podrá ser conocido por la entidad licitante a partir de la hora de apertura de las propuestas.

Una vez enviada la propuesta por medio electrónico, el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas ' PanamaCompra" emitirá una confirmación al proponente en donde conste el recibo de la propuesta.

En aquellos casos en que la entidad reciba, de forma presencial, una propuesta por medio impreso deberá dejar constancia de la fecha y hora de la presentación de la propuesta.

Será responsabilidad de los proponentes que presenten sus propuestas por medio electrónico asegurarse que los archivos se encuentren libres de virus o cualesquiera otros elementos que pudieran afectar la apertura de la propuesta.

De igual forma, serán responsables por la documentación enviada y su fiabilidad e integridad, así como la compatibilidad de los programas en que haya sido almacenada para su debida presentación y verificación.

De presentarse dos o más propuestas por un mismo proponente, por diversos medios, la entidad sólo considerará válida la última propuesta que haya sido entregada para su verificación o evaluación, ya sea esta electrónica o impresa.

Los interesados en participar en un procedimiento de selección de contratista que presenten su propuesta por medio electrónico deberán hacer entrega física de la fianza de propuesta a la entidad en sobre cerrado, antes del vencimiento del plazo previsto para la presentación de propuestas.

La entidad rechazará de plano las propuestas que no estén acompañadas de la fianza de propuesta. Igualmente se rechazarán las propuestas acompañadas por fianzas con montos o vigencias inferiores a los establecidos en el pliego de cargos.

La presente disposición es de carácter restrictivo, por lo que en ningún caso podrán ser rechazadas propuestas por causas distintas a las aquí señaladas.

Contra el acto de rechazo, el agraviado podrá reclamar hasta el siguiente día hábil ante la DGCP, que tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para resolver el reclamo.

La propuesta deberá estar en idioma español o ser traducida a este idioma y debidamente apostillada o autenticada por las autoridades correspondientes del país de origen, con la firma del proponente o de su representante en el acto debidamente autorizado para ello.

Cuando la propuesta carezca de la firma del proponente, esta omisión deberá ser subsanada antes de la terminación del proceso de apertura de propuestas por el representante legal o su apoderado legalmente constituido. De no subsanarse dentro de este término, se dejará constancia en el acta de recepción de propuestas, para efecto de la verificación del cumplimiento de los requisitos por parte del proponente.

Cuando el pliego de cargos solicite que se aporten catálogos o folletos explicativos para la verificación de las especificaciones técnicas, y se encuentren en un idioma distinto al español, bastará traducir las páginas directamente relacionadas con el producto ofertado.

Las formalidades que deberá cumplir la documentación que reposa en internet serán establecidas por la entidad licitante.

La entidad deberá incluir en los pliegos de cargos o términos de referencia los impuestos que resulten aplicables a la adquisición de bienes, servicios u obras objeto del procedimiento de selección de contratista.

Cuando el pliego de cargos o términos de referencia exija a los proponentes que incluyan en su propuesta además del precio, dichos impuestos y el proponente omita presentarlos dentro de su propuesta, se entenderá que los incluye en el precio propuesto.

Aun cuando la entidad no lo señale en el pliego de cargos o términos de referencia, es obligación del proponente incluir en su propuesta todos los impuestos que deban aplicarse de acuerdo a las leyes vigentes en la materia.

Cuando una entidad esté exonerada del pago de impuestos y el proponente lo incluyera en su propuesta, se tendrán como no puestos y la entidad deberá considerar el monto propuesto sin incluir los impuestos.

En caso de errores aritméticos en el cálculo de los impuestos indicados en la propuesta, la entidad le solicitará a los proponentes las aclaraciones para que efectúen los cálculos correctos siempre y cuando no se distorsione el precio total. Si las correcciones aritméticas varían el monto propuesto, se considerará que la propuesta será indeterminada y no podrá recaer en ese proponente la adjudicación.

Cuando en una propuesta se exprese una misma suma en palabras y en números, y exista discrepancia entre unas y otros; la suma literal prevalecerá sobre la numérica.

Se consideran riesgosas, las propuestas que ofrezcan un precio o condiciones técnicas o de otro tipo con el cual materialmente resulte difícil cumplir el objeto del contrato.

Se consideran onerosas o gravosas, las propuestas que ofrezcan un precio alejado del rango aceptado como valor de mercado del bien, obra o servicio objeto del acto de selección de contratista de que se trate.

Vencido el término de presentación de las propuestas, el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" procederá a abrir de forma automática las propuestas enviadas por medio electrónico. fV.

El jefe o representante de la entidad o a quien se delegue esta función, procederá a abrir las propuestas que hayan sido presentadas en formato impreso, en el orden en que fueron recibidas, las cuales serán incluidas en el acto público respectivo, a medida que se abran, de conformidad a los formatos y formularios que para tal electo se requiera, haciendo constar en todo momento que se trata de una propuesta presentada por medio impreso.

Toda la información relativa a las propuestas recibidas en medios impresos se adjuntará al expediente electrónico del acto.

Una vez conocidas las propuestas, quien presida el acto preparará un acta que se adjuntará al expediente, en la que se dejará constancia del nombre de la entidad, de todas las propuestas admitidas o rechazadas en el orden en que hayan sido presentadas, con expresión del precio propuesto, del nombre de los participantes, de los proponentes rechazados que hayan solicitado la devolución de la fianza de propuesta, del nombre y el cargo de los funcionarios que hayan participado en el acto de selección de contratista, así como de los particulares que hayan intervenido en representación de los proponentes, y de los reclamos o las incidencias ocurridos en el desarrollo del acto, debidamente firmada por los presentes.

Una vez recibidas las propuestas, la entidad verificará los requisitos solicitados en el pliego de cargos y hará constar en el acta de apertura de propuestas, los documentos que deben ser subsanados dentro del término establecido en el pliego de cargos, si así se hubiera establecido en este.

En todo caso, será responsabilidad del proponente revisar su propuesta a fin de verificar si existe algún documento subsanable que corresponda remediar, dentro del plazo establecido en el pliego de cargos y que no se le advierta en el acto de apertura de propuestas.

Concluido el acto de apertura de propuestas, el acta será de conocimiento inmediato por los presentes quienes la firmarán y luego será publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra".

Una vez cumplido el plazo para remediar los eventos subsanables, la entidad deberá confeccionar y publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" un informe que indique si tales eventos fueron subsanados o no, y procederá a incluir la documentación subsanada en el expediente electrónico del respectivo acto público dentro del Sistema.

La entidad licitante podrá solicitar aclaraciones luego de presentada la propuesta. En ningún caso las aclaraciones conllevarán la modificación de documentos previamente aportados que conforman la propuesta, ni la distorsión del precio u objeto ofertado en la propuesta original.

También se podrá corregir el formulario de desglose de precios, por existir errores aritméticos, siempre que no se distorsione el precio total ofertado por renglón, si la adjudicación es por renglón, o el precio global, cuando la adjudicación sea global.

Cuando el precio total u objeto se distorsione, la propuesta no podrá ser considerada para efecto de la adjudicación.

Este procedimiento se sujetará a un mínimo de formalidades que permitan la adquisición de bienes, servicios u obras de manera expedita, siempre que se observen los principios generales que rigen la contratación pública.

En la contratación menor los contratistas seleccionados deberán garantizar por escrito a la entidad contratante lo siguiente:

1. El cumplimiento de las condiciones pactadas.

2. En el caso de obras, el contratista se obliga a responder por los defectos de construcción de la obra hasta por un término de tres años.

3. En el caso de bienes, el contratista se obliga a responder por los vicios de las cosas hasta por un término de un año, excepto cuando sean bienes perecederos en cuyo caso el término será el usual dentro del ciclo de vida del producto.

4. En el caso de servicios, el término será de un año para responder por el cumplimiento de estos en las condiciones pactadas.

El procedimiento para contrataciones menores se realizará de la manera siguiente:

1. Las contrataciones hasta quinientos balboas (B/.500.00), se realizarán con una cotización.

2. Las contrataciones que superen los quinientos balboas (B/.500.00) y no excedan los cinco mil balboas (B/.5 000.00), podrán realizarse con al menos dos cotizaciones.

3. Las contrataciones que superen los cinco mil balboas (B/.5 000.00) y no excedan los diez mil balboas (B/.10 000.00), podrán realizarse con al menos tres cotizaciones.

4. Las contrataciones que superen los diez mil balboas (B/.10 000.00) y no excedan los cincuenta mil balboas (B/.50 000.00), se realizarán mediante acto público.

En el evento de que la entidad haya realizado la gestión de solicitud de cotizaciones requeridas en los numerales 2 y 3 del artículo anterior, podrá tramitar la adquisición con la o las cotizaciones recibidas, acompañándola con una nota justificativa, expedida por el jefe o representante de la entidad o el servidor público en quien se delegue tal función, en la cual harán constar las gestiones que se llevaron a cabo y las razones que imposibilitaron cumplir con el requisito establecido.

ARTÍCULO. 82. Solicitud de cotizaciones. La entidad contratante podrá solicitar cotizaciones indistintamente por cualquier medio tecnológico u otro medio de comunicación, del bien, servicio u obra que requiera. En las áreas rurales que no tengan acceso a servicios de Internet, las solicitudes podrán realizarse por fax o mediante solicitudes a proveedores. Solicitadas las cotizaciones, los proponentes podrán enviarlas a la entidad solicitante por medios electrónicos o medios impresos.

Las cotizaciones presentadas deberán constar en el expediente.

ARTÍCULO. 83. Recibo de cotizaciones. Una vez recibida la cotización, la entidad contratante elaborará el cuadro de cotizaciones y emitirá la orden de compra a favor del proponente seleccionado.

La entidad procederá a registrar y publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" la orden de compra refrendada.

Para las contrataciones menores de bienes, servicios u obras que superen los diez mil balboas (BA 10 000.00) y no excedan los cincuenta mil balboas (BA50 000.00) se procederá de la forma siguiente: . —....

1. Los proponentes entregarán su propuesta por medio electrónico o por escrito, la cual contendrá el precio propuesto y la propuesta técnica ajustada a las exigencias del pliego de cargos.

2. La propuesta será entregada en la fecha, la hora y el lugar señalados en el pliego de cargos.

3. Vencida la hora para la entrega de las propuestas, conforme a lo establecido en el pliego de cargos, no se recibirá ninguna más y se procederá a abrir las propuestas de cada uno de los proponentes en el orden en que fueron recibidas, las cuales se darán a conocer públicamente.

4. Concluido el acto público, quien presida el acto ingresará las propuestas en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", identificando el nombre de los proponentes, el precio propuesto y los documentos presentados, verificando a su vez si existen propuestas por medio electrónico.

5. Dentro del término máximo de tres días hábiles, después de la entrega de propuestas se efectuará, cuando proceda, la subsanación de los documentos indicados en el pliego de cargos y se levantará un acta de subsanación que contendrá todos los documentos que hayan sido subsanados oportunamente por cada proponente y los que no hayan sido subsanados.

6. Concluida la etapa de subsanación, la entidad procederá a verificar, en primera instancia, únicamente la propuesta del proponente que ofertó el precio más bajo, y comprobará el cumplimiento de todos los requisitos y las exigencias del pliego de cargos.

7. En los casos de la adquisición de un bien, servicio u obra, cuando la entidad lo estime conveniente, se podrá apoyar con personal calificado en el objeto de la contratación, para la verificación del cumplimiento de los requisitos y especificaciones exigidos en el pliego de cargos. La revisión deberá constar por escrito mediante acta de revisión de requisitos y especificaciones técnicas y será firmada por quien o quienes la efectúen y será incorporada al expediente.

8. Si la entidad determina que quien ofertó el precio más bajo cumple a cabalidad con todos los requisitos y las exigencias del pliego de cargos, procederá a la adjudicación del acto público a ese proponente en el respectivo cuadro de cotizaciones, el cual deberá contener la información originada en el acto, un número secuencial, indicación del fundamento legal, la posibilidad de interposición del recurso de impugnación, fecha y firma del jefe o representante de la entidad o el servidor público delegado, al cual se adjuntarán los documentos de cada propuesta recibida.

9. Si la entidad determina que quien ofertó el precio más bajo no cumple a cabalidad con todos los requisitos y las exigencias del pliego de cargos, procederá inmediatamente a verificar la siguiente propuesta con el precio más bajo y así sucesivamente, utilizando el mismo procedimiento empleado en la verificación de la propuesta anterior, hasta emitir en el respectivo cuadro de cotizaciones la adjudicación del acto o que se declare desierto por incumplimiento de los requisitos y las exigencias del pliego de cargos por parte de todos los proponentes.

10. El plazo para adjudicar no será superior a cinco días hábiles.

11. Una vez levantado y aprobado el cuadro de cotizaciones en el Sistema, con la adjudicación de que trata el numeral anterior, este será impreso para la firma del representante de la entidad o del servidor público delegado, en caso de que no exista firma electrónica y será publicado obligatoriamente en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra".

12. Ejecutoriada la adjudicación, la entidad emitirá la orden de compra o elaborará el contrato, el cual deberá contar con el respectivo refrendo de la Contraloría General de la República.

En los casos en que se presente un solo proponente y este cumpla con todos los requisitos y las exigencias del pliego de cargos, la adjudicación podrá recaer en él, siempre que el precio propuesto sea conveniente para el Estado. M’ff/T''-

El procedimiento de licitación pública se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Texto Único de la Ley 22 de 2006.

El Consejo de Gabinete podrá acordar, de manera excepcional, que ciertos proyectos, teniendo en cuenta su cuantía y complejidad, sean sometidos a un proceso de precalificación de proponentes, previo al acto público, para lo cual la entidad licitante elaborará un pliego de cargos que contendrá los requisitos que deberán cumplir los proponentes.

La precalificación de los proponentes consistirá en un proceso de preselección en el que se determinará la capacidad administrativa, financiera, técnica y los antecedentes legales de los participantes; y que podrá incluir aspectos relacionados con los bienes, servicios u obras objeto de la precalificación.

El Consejo de Gabinete definirá las reglas para el proceso de precalificación. Una vez-7 concluida la precalificación, la entidad licitante adoptará uno de los procedimientos de selección de contratistas establecidos en la Ley, donde participarán únicamente los proponentes precalificados.

La capacidad financiera hará referencia a los antecedentes financieros del proponente con el objeto de demostrar una situación contable y financiera, para los cuales se le exigirá a cada proponente que presenten sus estados financieros debidamente auditados por una firma de auditores de reconocido prestigio, que le permita cumplir con las obligaciones que asumirá con la entidad contratante oportunamente.

La capacidad técnica se referirá a los antecedentes que acrediten las especialidades y experiencias de los proponentes para el acto de selección de contratista de que se trate. Cada proponente deberá acompañar todos los antecedentes necesarios para acreditar la capacidad técnica que le permita cumplir con el objeto del contrato.

La evaluación de los antecedentes legales, consistirá en determinar la situación jurídica de los proponentes, así como también si han sido sancionados o inhabilitados por una autoridad, con motivo del incumplimiento de sus obligaciones contractuales con el Estado.

La capacidad administrativa determinará si el proponente posee la estructura y el recurso humano necesario para cumplir con el objeto del contrato.

Los integrantes de la comisiones serán designados por la máxima autoridad de la institución o su delegado, antes del acto de recepción de propuestas, mediante resolución y deberán ser idóneos en el objeto de la contratación. En el caso de los profesionales u oficios regulados, regirán las leyes y reglamentos respectivos. En caso de profesiones u oficios no regulados, se exigirá la experiencia y conocimientos comprobados por un mínimo de tres años, según las condiciones establecidas en el pliego de cargos.

En atención al principio de economía, la entidad deberá coordinar antes de la designación de los comisionados su disponibilidad para el desempeño de estas funciones.

Para la conformación de las comisiones, el número de los integrantes será impar para facilitar las decisiones que serán adoptadas por la mayoría de los miembros designados.

Los miembros de la comisión tendrán la obligación de informar a la entidad, los conflictos de intereses reales o aparentes derivados de situaciones o relaciones personales, laborales, económicas o financieras que tengan con respecto a uno o varios proponentes. De comprobarse el conflicto de interés, la entidad designará el reemplazo.

Cumplida la fase de subsanación de documentos, la entidad convocará a los miembros de la comisión que corresponda para la entrega del expediente de la contratación y la instruirá sobre las reglas del procedimiento de selección de contratista de que se trate, las condiciones y especificaciones técnicas y de los conflictos de intereses reales o aparentes, lo cual se hará constar en el acta de instalación de la comisión.

Instalada la comisión, comenzará a correr el término para la emisión del informe.

Para el funcionamiento de las comisiones se atenderá lo establecido en el artículo 64 del Texto Único de la Ley 22 de 2006.

Cuando los integrantes de la comisión lo consideren conveniente, podrán solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estimen necesarias e indispensables para la mejor comprensión de la documentación presentada o para aclarar cualquier punto relacionado con su propuesta que le permita dar una mejor decisión.

En ningún caso, los miembros de la comisión podrán utilizar esta facultad para solicitar aclaraciones o documentos que no tengan relación directa con los parámetros establecidos en el pliego de cargos o términos de referencia, ni a través de esta facultad podrán modificar o variar la propuesta original del proponente.

Las aclaraciones deberán solicitarse por conducto de la entidad contratante y una vez recibidas, serán incorporadas al expediente.

Los miembros de la comisión, según sea el caso, presentarán un informe debidamente firmado por todos sus integrantes, dirigido al jefe o representante o al servidor público delegado que contenga la evaluación o el análisis realizado.

El informe de la comisión no podrá ser modificado ni anulado excepto cuando por resolución escrita y motivada, se determine que ha sido hecho en contravención de la Ley y su reglamentación o el pliego de cargos. Esta resolución podrá emitirla el jefe o representante de la entidad o el servidor público delegado, la DGCP o el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

La resolución que se dicte al respecto deberá contener una clara mención de la norma legal, reglamentaria o del pliego de cargos que se presume violada.

En la resolución podrá ordenarse que se realice un nuevo análisis de las propuestas por parte de la comisión verificadora o evaluadora; o bien que se sometan las propuestas a un análisis por parte de un nuevo grupo de profesionales idóneos.

En los casos en los cuales se ordene un nuevo análisis de las propuestas, el informe deberá emitirse en un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir del recibo del expediente con una sola prórroga de hasta cinco días hábiles cuando la complejidad del acto así lo amerite.

Cuando por razones fundadas se requiera reemplazar a un miembro de la comisión, antes de su instalación o de la emisión del informe, la entidad lo hará a través de una resolución, explicando las causas del reemplazo.

Cumplidas las formalidades establecidas en la Ley, este Reglamento y el pliego de cargos, el jefe o representante de la entidad contratante que convoca el acto o el servidor público en quien se delegue, procederá a adjudicar el acto de selección de contratista mediante resolución motivada en un período no mayor de cinco días hábiles.

Una vez adjudicado el acto público, la entidad formalizará el contrato en el término establecido en el pliego de cargos, el cual no excederá de quince días hábiles, o bien, ejecutar la fianza de propuesta, cuando el adjudicatario no firme el contrato correspondiente dentro del período indicado previo el requerimiento de firma al adjudicatario por parte de la entidad.

Si el pliego de cargos no señala un plazo, el adjudicatario estará obligado a firmar el contrato dentro de este término, salvo que por razones fundadas y comprobadas, el adjudicatario no pueda cumplir con este plazo.

En caso de incumplimiento total en contrataciones menores, una vez ejecutoriada la resolución que resuelve administrativamente el contrato, la entidad contratante podrá adjudicar mediante resolución motivada el contrato al siguiente proponente que haya presentado la propuesta más baja y cumpla con todos los requisitos y exigencias del pliego de cargos; para ello, el proponente deberá ratificar su oferta.

Cuando la propuesta del adjudicatario pierda su vigencia, la entidad podrá formalizar el contrato, siempre que el adjudicatario ratifique y mantenga su propuesta original. De no mantener su propuesta, la entidad licitante ejercerá la facultad extraordinaria de rechazo, cuando corresponda.

La entidad procederá a declarar desierto el acto de selección de contratista, con base en las causales establecidas en el artículo 66 del Texto Único de la Ley 22 de 2006.

Ejecutoriada la resolución que declara el acto desierto, la entidad podrá celebrar una nueva convocatoria de ese mismo acto, conforme a lo establecido en el artículo 67 del Texto Único de la Ley 22 de 2006. De requerirse modificaciones al pliego de cargos del acto público, la entidad convocará con la antelación en los términos previstos en el artículo 49 del Texto Único de la Ley 22 de 2006.

Sin perjuicio de lo anterior, será potestad de la entidad convocar un nuevo acto público, atendiendo a lo dispuesto en la Ley.

El acto de adjudicación obliga a la entidad licitante y al adjudicatario. En consecuencia el adjudicatario o contratista según fuere el caso tendrá derecho a la formalización del contrato correspondiente o a recibir compensación por los gastos incurridos, si la entidad decidiera rechazar la propuesta después de ejecutoriada la adjudicación.

En estos casos los adjudicatarios rechazados deberán presentar la documentación correspondiente que sustente su solicitud de compensación por los gastos incurridos, la cual deberá ser evaluada por la entidad y resuelta en un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud.

Los bienes muebles e inmuebles que el Estado vaya a disponer, incluyendo su arrendamiento, deberán ser avaluados por dos peritos, uno designado por el Ministerio de Economía y Finanzas y otro por la Contraloría General de la República. Ambos peritos rendirán su informe por separado del avalúo realizado y se tomará el promedio que resulte entre el valor del avalúo realizado por las respectivas entidades como valor real del bien mueble o inmueble.

Para determinar el valor promedio de los avalúos efectuados por el Ministerio de Economía y Finanzas y por la Contraloría General de la República sólo se admitirá un margen de tolerancia de hasta un 15% de diferencia entre los avalúos de bienes inmuebles y de hasta un 10% para los avalúos de bienes muebles de aquellos que el Estado vaya a disponer. Si la diferencia entre ambos avalúos excede el margen de tolerancia indicado, la entidad deberá solicitar una reconsideración de los avalúos.

Cuando se trate de permuta de inmuebles se aplicará el mismo margen de tolerancia, tanto para los avalúos del inmueble que el Estado entregue como para el que reciba por razón-la permuta. ÁíF/ En ninguno de los casos anteriores se admitirán solicitudes para modificar el margen de tolerancia. Sólo se podrá solicitar corrección de los informes periciales para los bienes inmuebles que el Estado pretenda adquirir, por errores descriptivos, tales como diferencias en la cabida superficiaria o metraje, error en los linderos, errores ocurridos en el proceso registra!, que imposibiliten la continuidad del trámite, según sea el caso u otros errores.

En caso de permuta, se avaluarán en la misma forma el bien que se entrega y el que se recibe por razón de la permuta.

Deberá existir equivalencia entre los avalúos de los bienes muebles o inmuebles. En caso de diferencia a favor del Estado, la contraparte podrá aceptar expresamente tal diferencia.

En los casos de bienes ubicados en sedes diplomáticas o consulares o en residencias del Estado para alojar servidores públicos, se podrá, por intermedio del ministro de Relaciones Exteriores, solicitar avalúos, en el país de origen, a una firma reconocida y calificada en dicha materia. Estos avalúos finales deberán ser ratificados por la Contraloría General de la República y por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Para la disposición de bienes muebles o inmuebles del Estado, ubicados en el sedes diplomáticas o consulares, la solicitud de los avalúos se tramitará por intermedio del ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que las firmas o profesionales legalmente establecidos en cada país de origen realicen los respectivos avalúos y posterior ratificación por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, para lo cual deberá remitirse por conducto del ministro de Relaciones Exteriores los informes periciales de avalúos con el detalle descriptivo de los bienes, con indicación del monto sugerido en moneda de curso legal del país de origen y el cambio de la moneda equivalente en dólares, a la fecha de los informes de avalúos.

Todos los documentos del informe pericial de avalúos deberán presentarse en idioma español. En caso de bienes ubicados en países cuyo idioma oficial sea distinto, los documentos deberán traducirse al idioma español y contar con la apostilla o estar legalizados.

Verificado lo anterior, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, procederán a ratificar el valor promedio de ambos y lo remitirán al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se continúe con los trámites de autorización para la disposición de los bienes.

En los casos de semovientes, estos se avaluarán de conformidad con su especie y el precio pagado en pie o en canal, según sea el caso, en el matadero certificado por el Ministerio de Salud más cercano al lugar del acto público. El director o gerente del matadero certificará el precio en la fecha del acto público o dentro de las cuarenta y ocho horas previas.

Se entiende por semoviente el bien mueble susceptible de moverse por sí mismo de un lugar a otro.

En los casos de bienes consumibles, estos se avaluarán tomando el precio de mercado en la fecha del acto público o dentro de las cuarenta y ocho horas previas. El director o gerente del instituto de Mercadeo Agropecuario o de otras instituciones de referencia de acuerdo al tipo de bien de que se trate, certificará el precio según se indica en este artículo.

Se entiende por bienes consumibles aquellos que por su utilización en el desarrollo de las actividades que realice la entidad, sufren un desgaste total o parcial y su control se lleve mediante un registro global de inventarios, no siendo posible individualizarlos por su naturaleza y finalidad.

Los avalúos no podrán tener una vigencia superior de dos anos.

En los contratos que constituyan simples prórrogas de arrendamiento, si el monto del canon de arrendamiento se mantiene según lo pactado en el contrato original, no será necesaria la actualización de los avalúos.

Las entidades que el Consejo de Gabinete autorice a realizar el procedimiento de contratación por mérito deberán elaborar su reglamento interno para esta contratación, el cual deberá ser publicado antes del lanzamiento de la convocatoria.

Se entenderá por contratación por mérito la originalidad, excelencia, calidad, impacto u otras características de un proyecto, así como el talento, capacidad o la trayectoria de los proponentes, que van a ser evaluados por un Comité Externo de Evaluación por Pares, es decir, por entendidos en la materia.

La convocatoria es un llamado público a los interesados en presentar propuestas, pre-propuestas o intenciones de propuestas, si aplican, dentro de un proceso de contratación por mérito.

El anuncio de convocatoria para las contrataciones por mérito deberá incluir como mínimo la información siguiente:

1. Identificación de la entidad contratante y el nombre de la convocatoria de que se trata.

2. Plazos para la recepción de las propuestas, pre-propuestas o intenciones de propuestas, si aplica.

3. Breve descripción del objeto de la convocatoria.

4. El monto máximo previsto de adjudicación.

5. Las áreas, categorías, disciplinas, sub-disciplinas, temas o modalidades de prioridad o de exclusividad de las propuestas.

   También deberá incluirse en el anuncio o en el documento que contenga las bases de la convocatoria la siguiente información:

1. Los requisitos para ser elegibles como beneficiarios.

2. Las condiciones necesarias o especiales, cuando apliquen.

3. Cualquier otra información relevante para el éxito de la convocatoria.

Los anuncios de convocatorias serán publicados por lo menos en uno de los siguientes medios:

1. En el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra".

2. En dos diarios de reconocida circulación nacional, en tres ediciones, en días distintos.

3. En la página web y en los tableros que para tal efecto tenga la entidad contratante.

Dependiendo de la complejidad de la convocatoria, la entidad procurará publicar el aviso con suficiente antelación de manera que permita a los proponentes preparar adecuadamente sus propuestas y promover una mayor competencia.

Los participantes de las convocatorias deberán presentar sus propuestas, pre-propuestas o intención de propuestas, en la forma previamente establecida y antes de la fecha y hora de cierre de la misma.

La propuesta, pre-propuesta o intención de propuestas deberá contener los elementos exigidos en el aviso, las bases de la convocatoria o el reglamento de contratación por mérito.

Cuando la entidad lo considere necesario, podrá lanzar convocatorias en las que establezca una fase de presentación de pre-propuestas.

Cuando se exijan pre-propuestas solo serán invitados a participar para la presentación de una propuesta formal aquellos proponentes que resulten preseleccionados por un Comité Evaluador, es decir, cuyas pre-propuestas muestren buen potencial de resultar en una propuesta meritoria.

La entidad convocante tendrá la potestad de incluir en sus convocatorias una fase para presentación de intenciones de propuestas. En estos casos los proponentes presentarán una versión preliminar de su propuesta, denominada intención de propuesta con la finalidad de que la entidad convocante pueda identificar la cantidad de proponentes interesados en participar en la convocatoria. La intención de propuesta no requerirá de evaluación.

En el acto de recepción de propuestas, prepropuestas o intención de propuestas, si aplica, de contratación por mérito se observarán las reglas siguientes:

1. Después de la hora exacta estipulada para el cierre de la convocatoria, no se recibirá ninguna otra propuesta, pre-propuesta o intención de propuestas, si aplica, de forma impresa ni electrónica.

2. Luego del cierre de la convocatoria la institución publicará un listado de las propuestas, pre-propuestas o intención de propuestas, si aplica, en el orden en que fueron recibidas.

Una vez recibidas las propuestas, la entidad contratante designará al Comité Externo de Evaluación por Pares y someterá las mismas a su evaluación.

El objetivo de la evaluación es generar una lista en orden de prioridad de las propuestas a las cuales se les deba adjudicar fondos, por categoría de evaluación, cuando aplique.

El Comité Externo de Evaluación por Pares estará compuesto por evaluadores nacionales o extranjeros, especialistas, con experiencia o trayectoria comprobada en la materia o en las áreas temáticas a evaluar, que no pertenezca a la institución contratante o convocante.

Cada evaluador del Comité deberá declarar formalmente la ausencia de conflicto de interés con las propuestas evaluadas.

Los miembros del Comité Externo de Evaluación por Pares podrán decidir cuáles de las propuestas presentadas serán consideradas. El Comité o en su defecto los reglamentos internos de contratación por mérito, deberán establecer los criterios de selección para la toma de decisiones.

Podrán servir como criterios para determinar la selección de los proponentes en la contratación por mérito los aspectos siguientes:

1. Talento o trayectoria demostrada por los proponentes.

2. Calidad de los proyectos o las actividades propuestas.

3. Originalidad de la propuesta en su área.

4. Coherencia entre el objetivo de la propuesta, el recurso humano y los materiales propuestos que garanticen su viabilidad.

5. Potencial de impacto para el país, tanto en el sector gubernamental, empresarial, científico, educativo u otro de importancia para el país.

6. Riesgos de la propuesta.

Se considerarán propuestas riesgosas, aquellas que contengan un impacto ambiental nocivo o negativo, las que no se ajusten a los principios bioéticos aceptados, las que estén apropiándose indebidamente del trabajo ajeno y las que incluyan acciones ilegales o impropias.

En la primera fase de evaluación, cada propuesta deberá recibir al menos dos evaluaciones por personas distintas de esta Comisión.

Una vez que todas las propuestas de una misma categoría de evaluación han recibido el mínimo de evaluaciones, la entidad contratante, escogerá entre los miembros del Comité Externo de Evaluación por Pares a los evaluadores que participarán de la discusión de propuestas, Foro de Evaluación, para acordar su orden de prioridad. Esta reunión puede realizarse de forma presencial, virtual o mixta.

Los miembros del Comité Externo de Evaluación por Pares deberán concluir con una lista priorizada de las propuestas recomendadas para adjudicación de fondos. El orden de prioridad es el resultado de discusiones entre miembros del Foro de Evaluación. El Comité podrá no emitir una lista priorizada si considera que ninguna de las propuestas o pre-propuestas reúnen las condiciones de mérito suficientes.

La lista priorizada puede contener menos propuestas que las consideradas en el Foro de Evaluación, indicando solamente las propuestas recomendadas. En los casos en los que se presente un solo proponente y el mismo cumpla con todos los requisitos y exigencias de la convocatoria, la recomendación de la adjudicación de fondos para la contratación por mérito podrá recaer en este único proponente.

Los miembros del Foro de Evaluación que participen deben dar su consentimiento a la lista priorizada, sustentando los casos de discrepancia de opinión.

La institución procurará lograr consenso amplio entre los participantes del Foro de Evaluación. De no lograrlo, la mayoría simple entre los participantes determinará la lista priorizada. Se procurará que el número de personas participantes sea impar, para evitar los empates en la toma de decisiones.

El acta de recomendación final deberá contener los comentarios de las propuestas discutidas y la lista priorizada de propuestas recomendadas. Dicho documento deberá estar firmado por los participantes del Foro de Evaluación.

La entidad contratante decidirá en función de la disponibilidad y política presupuestaria cuántas de las propuestas en la lista priorizada se verán beneficiadas, incluyendo ninguna, pero siempre respetando el orden de prioridad otorgado por el Foro de Evaluación, con excepción hecha de propuestas que no cumplan con el reglamento o términos de la convocatoria, las cuales no podrán ser beneficiadas.

En el caso de pre-propuestas la entidad contratante tendrá un plazo de veinte días calendario para comunicar los resultados de la preselección, contados a partir del día siguiente al cierre del plazo de entrega de pre-propuestas. Este plazo podrá ser prorrogable hasta sesenta días calendario, lo cual deberá ser comunicado a los participantes.

En el caso de las propuestas, la entidad contratante tendrá un plazo de sesenta días calendario para comunicar los resultados, contados a partir del día siguiente al cierre del plazo de entrega de propuestas. Este plazo podrá ser prorrogable hasta sesenta días calendario, lo cual deberá ser comunicado a los participantes.

Excedidos estos plazos sin que se comunique los resultados de la convocatoria se declarará cancelada.

Una vez adjudicados los fondos a los proponentes favorecidos, se procederá a formalizar mediante contrato con los beneficiarios, que deberá ser refrendado por la Contraloría General de la República.

Con base en las recomendaciones de los evaluadores, la institución podrá solicitar adecuaciones específicas en las propuestas. Así mismo, podrá solicitar ajustes a los montos, distribución y términos propuestos, a fin de optimizar los recursos del Estado.

En atención a las características y naturaleza del acto de contratación por mérito no se solicitará fianza de propuesta, de cumplimiento o de pago anticipado. No obstante, la entidad contratante podrá solicitarlas cuando así lo estipulen los reglamentos o anuncios de la convocatoria respectiva.

Cuando no se soliciten las fianzas de propuesta, de cumplimiento o de pago anticipado, los contratistas seleccionados deberán garantizar a la entidad que se obligan a responder por los vicios redhibitorios o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato y por el cumplimiento de las condiciones pactadas.

En los contratos por mérito, se podrán realizar pagos por adelantado, teniendo como sustento un plan de trabajo, un presupuesto detallado y el compromiso de comprobar los gastos ejecutados. Todas las ejecutorias estarán sujetas a posibles auditorías por parte de la Contraloría General de la República de las instituciones contratantes o convocantes.

Los recursos otorgados mediante este mecanismo serán considerados subsidios, por lo cual no se considerarán como ingresos para propósitos fiscales.

La orden de compra señalará las condiciones de retiro del documento y será notificada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra".

En caso de modificaciones que tengan por objeto la reducción de prestaciones, el contratista podrá solicitar la disminución de las garantías en la misma proporción.

En las contrataciones de obra pública en que se efectúen pagos por avance de obra, se hará el reconocimiento de intereses por los atrasos en el pago durante la ejecución del contrato respectivo.

En caso de que se extienda el plazo del contrato por razón de retrasos producidos por causas no imputables al contratista o por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, o bien, cuando dicho plazo se extienda por haberse peí seccionado el contrato con posterioridad a lo estipulado en el pliego de cargos, la entidad contratante, sin perjuicio de las justificaciones y explicaciones que al efecto brinde el contratista, deberá evaluar las situaciones antes indicadas, incorporando al expediente contentivo del ajuste a la orden de compra o de la adenda al contrato, los informes, explicaciones, u otros elementos de convicción que sustenten su decisión.

Las prórrogas modificarán proporcionalmente los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito. \j

Cuando el contratista presente la solicitud de prórroga, antes del vencimiento para la ejecución de la orden de compra o contrato y sea negada después de ese periodo, no se impondrá multa por el tiempo en que la entidad resuelva la petición.

Negada la petición, el contratista estará obligado a la entrega del bien, servicio u obra y al pago de la multa por entrega tardía que se computará a partir de la fecha en que se le comunique la decisión a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra".

Cuando el contratista presente la solicitud después del plazo de entrega y se apruebe la prórroga, se cobrará multa por el tiempo transcurrido desde el vencimiento de la orden de compra o contrato hasta la fecha de presentación de la solicitud.

De negarse la petición, el contratista estará obligado a la entrega del bien, servicio u obra y al pago de la multa desde que se produjo el incumplimiento.

La entidad contratante deberá establecer en el contrato u orden de compra, la multa por atraso en la entrega del bien, servicio u obra, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley. De no establecerse la multa, se aplicará el 2% dividido entre treinta por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar por el contratista.

Cuando el contrato u orden de compra establezca que las entregas se podrán realizar en forma parcial o por renglones, y el contratista solicite la prórroga de un renglón específico; se impondrá la multa, cuando haya mérito, sobre el valor de los bienes no entregados correspondientes a ese renglón, excluyendo el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios o el Impuesto Selectivo al Consumo de ciertos bienes y servicios, cuando proceda.

En los contratos de obra y de servicios, en los cuales se estipule el pago parcial por avance de obra o entrega de informe, la sanción se aplicará con base en la etapa dejada de ejecutar o el informe dejado de entregar por el contratista.

En los contratos de bienes, servicios u obras, con personas naturales o jurídicas, consorcios o asociaciones accidentales, la entidad contratante podrá reajustar los precios aumentándolos o disminuyéndolos, cuando varíen los costos directos o indirectos, estrictamente relacionados con el bien, servicio u obra, mediante la aplicación de ecuaciones matemáticas.

En los subcontratos de obra, queda entendido que responderá ante la entidad contratante, el adjudicatario o contratista principal.

Será responsabilidad del contratista principal o adjudicatario, tomar las medidas y solicitar las garantías que considere necesarias para que los subcontratistas cumplan con las exigencias del subcontrato.

En los contratos llave en mano, deberá fijarse el precio global de antemano para la totalidad de los trabajos previstos, el cual no podrá ser reducido ni aumentado.

En los contratos llave en mano no podrá plantearse la imprevisión contractual, para efectos de la variación de precios.

Para determinar el monto de la indemnización por terminación anticipada del contrato, el contratista debe^Z presentar la petición a la entidad, acompañada de las pruebas que sustenten los gastos y trabajos realizados y la utilidad o ganancia dejada de percibir, cuando proceda.

La entidad deberá realizar una valoración de los hechos y pruebas presentadas por el contratista a fin de determinar el monto de la indemnización.

Son causales de resolución administrativa del contrato, además de las que se tengan por conveniente pactar en el contrato, las estipuladas en el artículo 126 del Texto Único de la Ley 22 de 2006.

El incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista dará lugar a la resolución administrativa del contrato, conforme al procedimiento establecido en la Ley.

Cuando la entidad contratante considere resolver administrativamente el contrato, se lo notificará al afectado o a su representante a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra".

Recaerá en el jefe de compras la responsabilidad de remitir a la DGCP debidamente ejecutoriada copia de la resolución que resuelve administrativamente el contrato y sanciona al contratista, dentro de un término no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la resolución.

Cuando la resolución emitida por la entidad sea objeto del recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, una vez decidido el recurso, devolverá el expediente a la institución, que contará con un término de cinco días hábiles contados a partir de su recibo, para remitir la resolución a la DGCP para el registro correspondiente.

La competencia para imponer las sanciones a los contratistas por incumplimiento de contratos u órdenes de compra recae en el jefe o representante de la entidad o en el servidor público en quien se delegue esta función.

Sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan, los contratistas podrán ser susceptibles de las sanciones siguientes:

1. Multa, o

2. Inhabilitación.

La sanción se decretará en el mismo acto en que se declara la resolución administrativa del contrato.

Las entidades aplicarán las sanciones en atención a la gravedad de la infracción, la reincidencia y la magnitud del daño y los perjuicios causados.

Cuando se trate de proveedor único, contratación menor o en casos debidamente justificados, las entidades podrán aplicar multa por incumplimiento de contrato, de acuerdo a lo siguiente:

1. En contratos u órdenes de compra cuyos montos no excedan de diez mil balboas (B/.10 000.00), y el incumplimiento sea por primera vez, de 1% al 10% del valor total del contrato, y en casos de reincidencia hasta el 15% del valor total del contrato.

2. En contratos u órdenes de compra cuyos montos excedan de diez mil balboas (B/.10 000.00) y no superen los cincuenta mil balboas (B/.50 000.00), y el incumplimiento sea por primera vez, de 5% al 10% del valor total del contrato, y en casos de reincidencia hasta el 15% del valor total del contrato.

3. En los casos de proveedores únicos y casos debidamente justificados, cuyos contratos superen el monto de cincuenta mil balboas (B/.50 000.00), de 10% al 15% del valor total del contrato dependiendo de la reincidencia.

Dentro de cada supuesto, el porcentaje de la multa será fijada tomando en cuenta la reincidencia y la gravedad o el daño ocasionado al Estado por su incumplimiento. Cuando la entidad opte por la imposición de la multa a que se refiere este artículo, no procederá la inhabilitación del contratista, por la causal que dio origen a la resolución administrativa del contrato.

Dependiendo del monto del contrato u orden de compra, la inhabilitación se aplicará conforme a lo establecido en el artículo 132 del Texto Único de la Ley 22 de 2006.

La DGCP inhabilitará por un periodo de dos a cinco años a las personas naturales o jurídicas a las que se les compruebe en el proceso de resolución administrativa del contrato u orden de compra que presentaron documentos o información falsa para obtener la contratación, dependiendo de la gravedad.

Esta misma sanción podrá ser impuesta cuando de oficio o a petición de parte interesada, la entidad licitante compruebe que las personas naturales o jurídicas, aporten en su propuesta documentación falsa, fraudulenta o inexacta en el acto de selección de contratista, en el procedimiento excepcional de contratación o en el procedimiento especial de contratación.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos, se incurre en falsedad de documentos, cuando el documento o los documentos aportados, al momento de su validación no han sido válidamente expedidos por el órgano o agente emisor correspondiente o que, siendo válidamente expedidos, han sido adulterados en su contenido. Así mismo, se incurre en falsedad de información cuando se presenten documentos no concordantes con la realidad.

La información o documentos tachados de falsedad se entenderán como información o documentos no válidos para el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de cargos.

Cuando la entidad licitante compruebe mediante las normas del procedimiento administrativo general en materia de pruebas, que se han aportado documentos o información falsa dentro del procedimiento de selección de contratista, en contravención del principio de presunción de la autenticidad, deberá solicitar a la DGCP la inhabilitación, indicando los hechos y aportando copia autenticada de los documentos presentados por el proveedor así como aquellos documentos o medios que hayan probado la falsedad. Recibida la documentación, la DGCP aplicará la sanción.

Dependiendo del monto del contrato u orden de compra, la inhabilitación por falsedad de información o documentos se aplicará así:

1. En contratos u órdenes de compra cuyos montos no excedan de cincuenta mil balboas (B/.50 000.00), dos años.

2. En contratos u órdenes de compra cuyos montos excedan de cincuenta mil balboas (B/.50 000.00) y no superen los trescientos mil balboas (B/.300 000.00), de dos a tres años.

3. En contratos cuyos montos excedan de trescientos mil balboas (B/.300 000.00) y no superen los tres millones de balboas (B/.3 000 000.00), de dos a cuatro años.

4. En contratos cuyos montos excedan de tres millones de balboas (B/.3 000 000.00) y no superen los diez millones de balboas (B/.10 000 000.00), de tres a cinco años.

5. En contratos cuyos montos excedan de diez millones de balboas (B/. 10 000 000.00), de cuatro a cinco años.

La duración de la inhabilitación será fijada tomando en cuenta la reincidencia y la gravedad o el daño ocasionado al Estado por la falta.

Cuando concurran dos o más sanciones de inhabilitación hacia un mismo contratista, se le aplicarán las sanciones en forma acumulativa, comenzando a regir la posterior sanción el día siguiente de la finalización de la sanción anterior.

La DGCP llevará un registro de los contratistas inhabilitados, que contendrá la identificación de la persona natural o jurídica y el período de la sanción.

Serán incluidos en el registro de los inhabilitados, todas las personas naturales o jurídicas que mediante resolución administrativa debidamente ejecutoriada sean sancionadas con la inhabilitación. La inclusión en el registro de inhabilitados deberá hacerse dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de la resolución.

La DGCP será la responsable de administrar el registro de inhabilitados, su actualización y establecer los controles para garantizar la veracidad, seguridad e integridad del sistema. En caso que la entidad, mediante resolución motivada, declare la nulidad del procedimiento de resolución administrativa de contrato y deje sin efecto la sanción, remitirá la resolución administrativa debidamente ejecutoriada que contiene la decisión a la DGCP para que se proceda a excluir del registro al contratista.

Las sanciones impuestas a un consorcio por infracciones cometidas durante la ejecución del contrato, se aplicarán a todos los integrantes del mismo.

El Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" es una aplicación informática administrada por el Estado que automatiza las operaciones y los procesos que intervienen en la contratación pública, y que vincula a las unidades de compras, a los proveedores y a los contratistas en un sistema informático centralizado al que se accede a través de Internet. El sistema permite el intercambio de información entre los participantes del proceso dentro de un entorno de seguridad razonable.

El Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" funcionará como una herramienta de apoyo a procesos de contrataciones públicas, y deberá estar disponible, de forma gratuita, para todos los interesados, en la forma establecida en el Ley y este Reglamento.

En el evento de que por cualquier motivo, el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" esté fuera de servicio, se interrumpa o se limite su accesibilidad o que se presenten fallas en el suministro de servicios necesarios para la utilización del Sistema, las entidades licitantes procederán a celebrar los actos públicos que se hayan visto afectado, en el día hábil siguiente, a la misma hora.

En estos casos, la entidad dejará constancia en el expediente de la suspensión del servicio.

El Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" mantendrá la reserva de la información de las propuestas entregadas por medio electrónico, garantizando su confidencialidad e integridad y no podrán ser conocidas por terceras personas ni por la entidad licitante, hasta el momento en que se cumpla la fecha y la hora establecida para la apertura de las propuestas.

De igual forma, el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" contará con las herramientas necesarias para la protección y reserva de la confidencialidad que tengan relación con fórmulas, estados financieros, patentes de invención, propiedad intelectual e industrial, entre otras, que proporcionen los proponentes con su oferta.

El Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" deberá utilizar la hora oficial adoptada por la República de Panamá.

Los documentos electrónicos que formen parte del expediente del proceso de selección y contratación se ajustarán a los formatos aprobados por la DGCP y estarán disponibles en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra".

Los pliegos de cargos y términos de referencia serán confeccionados conforme a los formularios electrónicos disponibles en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", a los cuales se les podrá adjuntar cualesquiera documentos que completen los requerimientos y condiciones que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento de selección de contratista que corresponda.

Todas las entidades del Estado dentro del ámbito de aplicación de la Ley 22 de 2006 deberán publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", en el acto público que corresponda, toda la información que se genere.

Las entidades publicarán la información de que trata el artículo 161 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, preferiblemente en horas y días hábiles. De realizarse la publicación en horas y días no hábiles, los términos se contarán conforme a lo dispuesto en la Ley 38 de 2000.

El jefe o representante de la entidad licitante o el servidor público delegado, deberá solicitar a la DGCP las claves y contraseñas para que los usuarios puedan acceder al uso de las herramientas del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", de acuerdo a los perfiles asignados.

Una vez que la DGCP reciba la solicitud, concederá los permisos de acceso para operar en el Sistema, mediante la entrega de usuarios y contraseñas, de acuerdo a los roles asignados por las entidades. La responsabilidad por el uso de las herramientas y contraseñas será de la máxima autoridad de la entidad.

La entidad licitante podrá, previa autorización de la DGCP, llevar a cabo el acto de selección de contratista de manera manual, cuando por razones ,. debidamente fundamentadas se imposibilite continuar con el acto público utilizando las funcionalidades del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra".

La solicitud de autorización de flujo manual deberá ser presentada a la DGCP, por conducto del jefe o representante de la entidad o el servidor público delegado, con la documentación que Ja sustenta.

Una vez evaluada la solicitud, la DGCP comunicará su decisión a la entidad. Si la solicitud es aprobada, la entidad deberá publicar en el acto público, como adjuntos, todos los documentos del expediente.

El Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas 'PanamaCompra" emitirá las declaraciones que acrediten que se ha cumplido con la publicación de todos los documentos que se genere en cada etapa de la contratación.

La Contraloría General de la República verificará, una vez aprobadas las funcionalidades por la DGCP, que las certificaciones que se expidan en la culminación de la etapa precontractual y contractual y de ejecución se incorporen en el expediente respectivo, para emitir el refrendo que corresponda.

Este Decreto Ejecutivo deroga el Decreto Ejecutivo No.366 de 28 de diciembre de 2006 y sus modificaciones y el Decreto Ejecutivo No.188 de 27 de noviembre de 2009.

Este Decreto Ejecutivo entrará a regir al día siguiente de su promulgación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 22 de 2006 y sus reformas.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.