Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Marzo de 2002

VISTOS:

El licenciado E.J.C., en su propio nombre y representación ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nulo por ilegal, el Artículo Segundo del Decreto Ejecutivo No.86 de 27 de mayo de 1999, dictado por el Presidente de la República por conducto del Ministerio de Salud.

FUNDAMENTO DE LA PRETENSION

El recurrente señala que el artículo segundo del Decreto Ejecutivo No.86 de 27 de mayo de 1999, que "prohíbe la venta de cigarrillos o tabacos en máquinas automáticas expendedoras de cigarrillos en las áreas donde los menores tengan libre acceso o en los establecimientos en los cuales la entrada de menores no este restringida", en realidad no está dirigido a restringir la venta de dicho producto a los menores de edad sino a coartar a los adultos el derecho de comprar el mismo que es de libre venta en el territorio nacional.

Dicha consideración la sustenta argumentando que al no indicar la norma, en forma concreta y específica, cuáles son esas áreas donde los menores de edad tengan libre acceso, se está prohibiendo la instalación de dichas máquinas expendedoras, así como la venta de los cigarrillos o tabacos, en todo el territorio nacional. Que en lugares como los supermercados, tiendas, farmacias, los menores de edad tienen libre acceso; sin embargo, el Ejecutivo no ha reglamentado las restricciones sobre la venta de cigarrillos o tabaco a los menores de edad en éstos establecimientos, lo que indica que en los mismos se permite la venta de este producto a toda clase de consumidores, inclusive a menores de edad, mientras que se prohíbe su venta en máquinas expendedoras.

Esto a juicio del recurrente, crea una discriminación, perjudicial para los que explotan el negocio de venta de cigarrillos o tabacos en máquinas automáticas expendedoras, en beneficio de los demás vendedores del mismo producto.

Por tanto, indica que el artículo segundo de dicho decreto ejecutivo infringe el artículo 15 del Código Civil, en forma directa, por omisión, al crear un privilegio en beneficio de unos comerciantes, y en perjuicio de otros que venden el mismo producto, en contravención a la Constitución Nacional, la cual prohíbe la existencia de fueros o privilegios.

También resulta violado, a juicio del demandante, el artículo 1 del Código de Comercio, que dispone que es la ley comercial la que rige los actos de comercio, cualquiera que sean dichos actos, sean o no comerciantes las personas que en ellos intervengan.

En este sentido, afirma que la ley comercial no contempla ni autoriza la regulación mediante un reglamento sino por una ley formal, y que el Decreto Ejecutivo que es reglamentario, contiene una materia sustancial y de carácter principal, lo que infringe esta norma, en forma directa, por comisión.

De igual manera, se aduce que se violó el artículo 12 del Código de Comercio, ya que el artículo 2 del Decreto Ejecutivo en comento le coarta a varios comerciantes que explotan máquinas expendedoras de cigarrillos o tabacos, el derecho de ejercer el comercio en todas partes, o el derecho de instalar y operar las máquinas expendedoras de cigarrillos o tabacos.

INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

Conforme al trámite procesal se procedió a darle traslado de la presente demanda al Ministro de Salud para que rindiera informe de conducta. (Fs. 59-62)

Señala el precitado funcionario, que para determinar si la medida sanitaria tomada por el Ejecutivo coarta el ejercicio de libre comercio, se debe tener presente la calidad especial de la legislación sanitaria y la importancia de la protección de la salud de los menores. Por ello es necesario remitirnos al artículo 3 del Código Sanitario que establece:

Las disposiciones de este Código se aplicarán de preferencia a toda otra disposición legal en materia de salud pública y obligan a las personas naturales o jurídicas y entidades oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, existentes o que en el futuro existan, transitoria o frecuentemente, en el territorio nacional.

En torno al criterio de la parte actora, que el artículo acusado no aclara cuáles son los lugares de restricción de los menores, manifiesta que las normas municipales y nacionales definen restricciones a la entrada del menor a lugares como bares, cantinas, discotecas, casas de ocasión, masajes, juegos de azar, licoreras, entre otros. Que tal restricción no afecta la venta del producto, si, en atención al decreto, se colocan las máquinas expendedoras en sitios (sólo frecuentados por adultos).

Expresa además, que con ello se cumple con el espíritu normativo de eliminar el acceso de menores a las máquinas automatizadas,...