Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 15 de Abril de 2004

PonenteArturo Hoyos
Fecha de Resolución15 de Abril de 2004
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El Lcdo. A.R.V., actuando en su propio nombre y representación, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, a fin de que se declaren nulos, por ilegales, el literal h del artículo 3, el artículo 12, el artículo 13 y el artículo 15, todos del Decreto de Gabinete Nº6 del 13 de marzo de 2002, dictado por el Consejo de Gabinete, que dicen:

"ARTICULO 3: Para los efectos del régimen aduanero se adoptan las siguientes definiciones:a)...

...h) Transbordo: Es el régimen aduanero en aplicación del cual se transfiere bajo supervisión y control aduanero mercancía de un medio de transporte a otro, con el fin de que continúe viaje al exterior, implicando una operación de traslado en donde, tanto la aduana de entrada al país como la de salida del mismo, se encuentran dentro de la misma zona primaria del territorio aduanero sin perjuicio de que la mercancía a transbordar pueda permanecer temporalmente dentro de dicha zona o de que para este fin tenga que movilizarse a través de la zona secundaria del territorio aduanero. No se consideran transbordo los despachos a consumo de abordo ni las exportaciones o reexportaciones expedidas desde cualquier zona libre."

ARTICULO 12: D. como una única zona primaria del territorio aduanero, el área canalera comprendida por los puertos marítimos terminales del Canal de Panamá, en el sector del pacífico y los puertos marítimos terminales del Canal de Panamá en el sector del Pacífico y los puertos marítimos de la Provincia de Colón, habilitados para el comercio exterior de mercancías, incluyendo el trayecto que permite conectarlos a través de las instalaciones del Ferrocarril de Panamá, independientemente de que dichas áreas estén constituidas por recintos de administraciones aduaneras de distintas jurisdicciones."

ARTICULO 13: Salvo los procedimientos de control de mercancía no nacionalizada establecidos en el presente Decreto de Gabinete y las exenciones establecidas en otras disposiciones vigentes, las operaciones de transbordo no causarán trámites aduaneros adicionales al acto de control o supervisión de dichas operaciones, comprobadas mediante el respectivo descargo en el sistema informático aduanero, sin perjuicio de las medidas que la aduana pueda adoptar en el ejercicio de su potestad o de los casos que requieran la intervención de otra autoridad nacional competente.

"ARTICULO 15: Establécese la Tasa Administrativa de Servicio de Transbordo (TAST), de B/5.00 (cinco balboas) aplicable por cada contenedor, remolque, semiremolque o vehículo (en el caso de carga suelta), que movilice mercancía en transbordo entre al menos dos de los recintos aduaneros comprendidos en la zona primaria establecida en el Artículo 12º de presente Decreto de Gabinete. El transbrodo de mercancías dentro de un mismo recinto portuario está exento de la Tasa Administrativa de Transbordo (TAST).

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la demanda, el Lcdo. V. argumenta que el derecho de al menos trescientos (300) Corredores de Aduana con Licencia Vigente, han sido conculcados por las disposiciones que se impugnan en la presente demanda, en la medida que el artículo 5 de la Ley Nº41 de 1 de julio de 1996, que subrogó el artículo 641 del Código Fiscal, que expresamente contempla los únicos casos en los que no se requiere la intervención de los Agentes Corredores de Aduana para la tramitación de las destinaciones aduaneras.

Entre las disposiciones legales que el demandante alega como violadas, figuran en el orden alegado: los numerales 1 y 2 del artículo 5 de la Ley Nº 41 de 1996; el artículo 1 de la Ley Nº 41 de julio de 1996 y los artículos 431 y 431-A del Código Fiscal; los numerales 1 y 3 del artículo V del Acuerdo de Aranceles Aduaneros y comercio, anexo al Convenio de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, aprobado por la Ley Nº23 de 15 de julio de 1997 cuyo texto señala lo que sigue:

"ARTICULO 5:

El Consejo de Gabinete, al dictar las disposiciones concernientes al régimen de aduanas, respetará las siguientes normas en relación con los Agentes Corredores de Aduana:

1-.Se reconoce que los Agentes Corredores de Aduana sin personas naturales que auxilian la gestión pública aduanera, autorizados por el Estado para confeccionar, refrendar y tramitar, por cuenta de terceros, las destinaciones aduaneras.

2-. Se requerirá la intervención de los Agentes Corredores de Aduana en las destinaciones aduaneras, incluyendo, entre ellas, las importaciones, ya sean temporales en régimen de suspensión de derechos aduaneros o definitivas, salvo las exceptuadas en los convenios o tratados de los cuales sea parte la República de Panamá; las importaciones directas que realice el Estado y las importaciones globales cuyo valor CIF no exceda de quinientos balboas (B/500.00), siempre que en este último caso no se fraccionen las importaciones en lotes menores para quedar excluidos de las obligaciones que, para tales importaciones, deban realizar los Agentes Corredores de Aduana.

Se podrá prescindir de la intervención del Agente Corredor de Aduana, en las importaciones de mercancías que vengan consignadas a los agentes diplomáticos acreditados en el país, a la Comisión del Canal de Panamá o a la Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, hasta el 31 de diciembre de 1999, en estos dos últimos casos.

Cuando los viajeros provenientes del exterior traigan consigo equipaje que exceda el valor de los artículos fijados como exentos del pago de impuesto, no necesitarán Agente Corredor de Aduana, siempre que el valor CIF de los artículos no exceda de dos mil balboas (B/2000.00).

La intervención del Agente Corredor de Aduana será optativa para el caso de las exportaciones o reexportaciones. El Organo Ejecutivo podrá determinar las exportaciones o reexportaciones que requieran la intervención del Agente Corredor de Aduana."

Artículo 1 de la Ley 41 de 1996:

ARTICULO 1:

Con fundamento en el numeral 11 del artículo 153 de la Constitución Política de la República, el Consejo de Gabinete procederá, de acuerdo con los principios generales, propósitos y criterios, consignados en la presente Ley, a desarrollar las disposiciones concernientes al régimen de aduanas. Se exceptúan las disposiciones penales aduaneras relativas a esta materia.

Artículo 431 del Código Fiscal

ARTICULO 431: Las operaciones comerciales sujetas al régimen aduanero se clasifican, para los efectos fiscales, de la siguiente manera:

  1. Importación, que consiste en introducir legalmente al territorio aduanero de la República productos procedentes del exterior o de una zona o puertos libres establecidos en Panamá;

  2. Exportación, que consiste en expedir legalmente productos de la República con destino a países extranjeros;

  3. Reexpportación, que consiste en enviar legalmente al exterior productos extranjeros que han sido importados a la República;

  4. Tránsito, que consiste en paso de mercadería extranjera por territorio nacional sometido a la jurisdicción de la República con destino al exterior o a territorios nacionales no sometidos a esa jurisdicción;

  5. Depósito, que consiste en colocar mercaderías extranjeras en almacenes oficiales o en zonas libres para su reexportación o para consumirlas o usarlas dentro del país. Cuando se trate de zonas o puertos libresde depósito también podrá tener por objeto la transformación o envasado de la mercadería.

  6. También estará sujeta al Régimen Aduanero la colocación de productos nacionales en Almacenes de Depósito Especiales de Mercaderías a la Orden destinados exclusivamente a la exportación, a la venta de barcos que lleguen a los puertos habilitados en la República para seguir viaje al exterior y a la venta en los Aeropuertos Internacionales a los pasajeros que salgan o pasen destino a países extranjeros."

Artículo 431-A del Código Fiscal

ARTICULO 431-A:

Se establecen los regímenes de reintegro aduanero, de reposición de inventarios con franquicia arancelaria, de admisión temporal para perfeccionamiento activo y de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo.

El régimen de reintegro es aquel que permite, al momento de la exportación de mercancías, obtener la restitución de todos los impuestos pagados al momento de la importación, que hayan gravado las mercancías utilizadas en el proceso de producción de los bienes exportados. El exportador que se acoja a este régimen recibirá en devolución los impuestos pagados al momento de la importación.

El régimen de reposición de inventario con franquicia arancelaria, es aquel que permite importar, con exención de derechos de importación, mercancías equivalentes, esto es, similares por su especie, calidad y características técnicas, a las mercancías legalmente importadas, que fueron utilizadas para obtener productos previamente exportados a título definitivo.

El régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, es aquel que permite recibir, dentro de un territorio aduanero, con suspensión de derechos e impuestos de importación, y previa consignación de una fianza de garantía por el monto de los respectivos derechos e impuestos de importación, algunas mercancías destinadas a ser exportadas, en un plazo determinado, después de haber sido sometidas a un proceso de transformación, elaboración o reparación.

El régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, es aquel que permite exportar, por un plazo determinado, mercancías nacionales o nacionalizadas, para que sean sometidas en el extranjero a una transformación, elaboración o reparación, para luego ser reimportadas con franquicias arancelaria total o parcial de derecho e impuestos de importación.

El Administrador de la Aduana respectiva concederá el régimen y su plazo se señalará en la resolución que le concede, dependiendo del tiempo que se estime necesario, conforme a las naturaleza de los trabajos de perfeccionamiento a efectuarse en el exterior.

El Organo Ejecutivo reglamentará el procedimiento de comprobación de las mercancías utilizadas en el proceso de producción de los bienes exportados y los trámites de reintegro, de franquicia arancelaria, de admisión temporal para el perfeccionamiento pasivo. El Consejo de Gabinete podrá limitar la aplicación de estos regímenes a determinadas mercancías o categorías de ellas."

Artículo V del Acuerdo de Aranceles Aduaneros Comercio, Anexo al Convenio de Marrakech, aprobado por la Ley Nº23 de 15 de julio de 1997.

ARTICULO V:

Libertad de Tránsito

1-. Las mercancías con (inclusión de los equipajes), así como los barcos y otros medios de transporte serán considerados en tránsito a través del territorio de una parte contratante, cuando el paso por dicho territorio, con o sin Transbordo, almacenamiento, fraccionamiento del cargamento o cambio de medio de transporte, constituya sólo una parte de un viaje completo que comience y termine fuera de las fronteras de la parte contratante por cuyo término se efectúe. En el presente artículo, el tráfico de esta clase se denomina "tráfico en tránsito".

2-. Habrá libertad de tránsito por el territorio de cada parte contratante para el tráfico en el tránsito con destino al territorio de otra parte contratante o procedente de él, que utilice las rutas más convenientes para el tránsito internacional. No se hará distinción alguna que se funde en el pabellón de los barcos, en el lugar de origen, en los puntos de partida, de entrada, de salida o de destino, o en consideraciones relativas a la propiedad de las mercancías, de los barcos o de otros medios de transporte.

3-.Toda parte contratante podrá exigir que el tráfico en tránsito que pase por su territorio sea declarado en la aduana correspondiente; sin embargo, salvo en el caso de inobservancia de las leyes y reglamentos de aduana aplicables, los transportes de esta naturaleza procedentes del territorio de otra parte contratante o destinados a él no serán objeto de ninguna demora ni de restricciones innecesarias y están exentos de derechos de aduana y de todo derecho de tránsito o de cualquier otra carga relativa al tránsito, con excepción de los gastos de transporte y de las cargas imputadas como gastos administrativos ocasionados por el tránsito o como costo de los servicios prestados.

4-.Todas las cargas y reglamentaciones impuestas por las partes contratantes al tráfico en tránsito procedente del territorio de otra parte contratante o destinado a él deberán ser razonables, habida cuenta de las condiciones del tráfico.

5-. En lo que concierne a todas las cargas, reglamentaciones y formalidades relativas al tránsito, cada parte contratante concederá al tráfico procedente del territorio de otra parte contratante o destinado a él, un trato no menos favorable que el concedido al tráfico en tránsito procedente de un tercer país o destinado a él.

6-. Cada parte contratante concederá a los productos que hayan pasado en tránsito por el territorio de cualquier otra parte contratante un trato no menos favorable que el que se les habrá concedido si hubiesen sido transportados desde su lugar de origen hasta el de destino sin pasar por dicho territorio. No obstante, toda parte contratante podrá mantener sus condiciones de expedición directa vigentes en la fecha del presente Acuerdo, con respecto a cualquier mercancía cuya expedición directa constituya una condición para poder aplicar a su importación los tipos de los derechos de aduana preferenciales o tenga relación con el método de valoración prescrito por dicha parte contratante con miras a la fijación de los derechos de aduana.

7-.Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a las aeronaves en tránsito, pero si se aplicarán al tránsito aéreo de mercancías con inclusión de los equipajes."

El Lcdo. V. afirma que el artículo 13 del Decreto de Gabinete Nº6 de 13 de marzo de 2002, infringe lo dispuesto en el artículo 5, numerales 1 y 2 de la Ley Nº41 de 1 de julio de 1996, puesto que al incluir la expresión "las operaciones aduaneras adicionales al acto de control o supervisión de dichas operaciones" lo que conlleva es una violación a un derecho reconocido a los Agentes Corredores de Aduanas en su intervención profesional, porque se trata, tal como lo indica la Ley, de una destinación aduanera en cuya tramitación se requiere su participación.

También aduce como infringidos el artículo 1º de la Ley Nº41 de 1 de julio de 1996, así como el artículo 431 y 431-A del Libro Tercero del Código Fiscal, toda vez que tanto el literal h del artículo 3, como el artículo 12 del Decreto de Gabinete Nº6 de 13 de marzo de 2002, no se ajustan a lo expresamente señalado en las normas señaladas como infringidas, sino que introducen criterios y conceptos distintos, como lo es que al definir "Transbordo" le da la categoría de un régimen aduanero distinto a lo taxativamente contemplado en los artículos 431 y 431-A del Código Fiscal, con lo que con ello no sea crea una norma reglamentaria, sino una norma de carácter legal y autónoma.

La parte actora también señala como violados los numerales 1 y 3 del artículo V del Acuerdo de Aranceles Aduaneros y Comercio, Anexo al Convenio de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, aprobado por la Ley Nº23 de 15 de julio de 1997. En su argumento el Lcdo. V. cuestiona la actuación del Consejo de Gabinete que pretende, en razón de la facultad que le confiere la Ley Nº41, modificar materias ya tratadas en disposiciones que en el orden internacional recogen lo que es una práctica de comercio exterior, lo que conlleva a una colisión de normas en el orden jurídico y una situación manifiesta de competencia desproporcionada en su desarrollo práctico. Según el Lcdo. V., al moverse la mercancía de Colón a Panamá o viceversa a través del ferrocarril, se entenderá como una destinación aduanera de transbordo y, en consecuencia, no requerirá de la intervención de Corredor de Aduana; en cambio si se moviliza la mercancía por vía terrestre en la misma vía primaria (según el artículo 12 del Decreto de Gabinete impugnado), es decir, entre los puertos de C. y Panamá, entonces se está ante la destinación denominada tránsito y debe tramitarse con el Corredor de Aduana a través de la Carretera Transístmica. Seguidamente, con respeto a la violación que alega al numeral 3 del artículo V del Acuerdo de Aranceles Aduaneros y Comercio mencionado, afirma que ésta se configura puesto que el Ejecutivo en el desarrollo de sus facultades reglamentarias, crea una carga impositiva cuando establece en el artículo 15 del Decreto de Gabinete Nº6 de 13 de marzo de 2002, una tasa de B/.5.00, que denomina como Tasa Administrativa de Servicio de Transbordo.

INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

De fojas 84 a 87 del expediente, figura el informe explicativo de conducta rendido por la Ministra de la Presidencia que se identifica como Nota Nº 330-02AL de 1 de julio de 2002.

Según la Ministra de la Presidencia, mientras la Asamblea Legislativa no emita Ley al respecto, es competencia del Consejo de Gabinete establecer las leyes relativas al régimen de aduanas y en virtud de dicha potestad deberá remitir a la Asamblea Legislativa copia de dicho Decreto de Gabinete aprobado. Por ello, el artículo 4 de la Ley Nº41 de 1 de julio de 1996, en concordancia con lo que señala la norma constitucional aplicable, faculta al Consejo de Gabinete a expedir las disposiciones relativas al régimen aduanero en lo que respecta a los temas allí indicados.

Contrario a lo indicado por el recurrente, la Ministra sostiene que el Decreto de Gabinete Nº6 de 13 de marzo de 2002,no es un reglamento propiamente tal, ya que el artículo 195, numeral 7 de la Constitución Política, establece con claridad las facultades del Consejo de Gabinete para regular el régimen aduanero. Asimismo, la Ley Nº41 de 1 de julio de 1996, tiene como objetivo establecer o dictar las normas generales a las que debe sujetarse el Consejo de Gabinete y permite, por autorización expresa del artículo 4, establecer y desarrollar disposiciones, como potestad de dicho Consejo, lo concerniente al régimen de aduanas. Hace alusión a la sentencia de 9 de agosto de 1994, en la que esta Corporación de Justicia sobre este tema expuso que en atención al numeral 7 del artículo 195 Constitucional, el Consejo de Gabinete, en ausencia de "Leyes Cuadro", está dotado de competencia constitucional propia, es decir, "no subordinada a la previa expedición de tales leyes, para regular todo lo concerniente al recurso de las finanzas públicas y al régimen aduanero".

Acto seguido argumenta que la razón jurídica de la expedición del Decreto de Gabinete demandado, consiste en el establecimiento de un procedimiento para el transporte de mercancía en tránsito, cuyo destino final no es el territorio fiscal panameño, y a su vez, modernizar el sistema de control de mercancía no nacionalizada, señalando el procedimiento del uso de los sellos de seguridad y la custodia adunara.

La Ministra concluye su informe manifestando que el literal h del artículo 3, los artículos 12, 13 y 15 del Decreto de Gabinete Nº6 de 13 de marzo de 2002 no son ilegales, ya que el propio artículo 4 de la Ley Nº41 de 1 de julio de 1996, en su parte final autoriza al Consejo de Gabinete a establecer de forma amplia todo lo concerniente al régimen de aduanas, "inclusive los regímenes de zonas francas, el régimen de depósito aduanero y cualquier otra disposición relativa al régimen de aduanas, tomando como base los instrumentos jurídicos y las prácticas existentes utilizadas actualmente en el comercio internacional". Finalmente sostiene que en ausencia de una Ley general, corresponde al Consejo de Gabinete expedir las disposiciones relativas al régimen de aduanas y, en el caso que nos ocupa, el Consejo está además facultado legalmente al establecimiento de los temas aduaneros especificados por mandato legal y constitucional.

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal Nº 461 de 9 de septiembre de 2002, se opone a los argumentos en los que la parte actora se apoya para sustentar las violaciones alegadas.

Según la Procuradora de la Administración, de conformidad a lo contemplado en el artículo 195 y el artículo 153 numeral 11 de la Constitución Nacional, tanto el Consejo de Gabinete como la Asamblea Legislativa, están facultados para fijar y modificar "aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas" y para dictar normas generales o específicas concernientes a ese régimen, respectivamente.

Según la Procuradora de la Administración, la restricción contenida en el artículo 1 de la Ley Nº41 de 1 de julio de 1996, donde se limita el poder del Consejo de Gabinete, para desarrollar disposiciones concernientes al régimen de aduanas, debe analizarse en atención a lo que figura contenido en el artículo 4 de la misma Ley, donde se faculta al Consejo de Gabinete para dictar disposiciones legales que reglen lo atinente a las operaciones de aduana, como en efecto se ha producido.

La Procuradora es del criterio que el Consejo de Gabinete lo que ha efectuado a través de literal h) del artículo 3 y el artículo 12 del Decreto de Gabinete Nº6 de 2002, es definir expresamente qué se entiende por transbordo y el otro determina cuáles son las áreas que se consideren recintos aduaneros dentro del territorio nacional, aspecto que no riñe con lo dispuesto en los artículos 431 y 431-A del Código Fiscal.

En cuanto al derecho que tienen los Agentes Corredores de Aduana a participar en las operaciones de transbordo, que según el demandante ha sido excluida del artículo 13 del artículo 13 del Decreto de Gabinete Nº6 de 2002, la Procuradora sostiene que la norma en referencia no desconocido el derecho que ostentan los profesionales que prestan los servicios de corretaje aduanero, pues, la finalidad de la norma en referencia es la de simplificar y facilitar las operaciones de control de la movilidad de la mercancía no nacionalizada, al eliminar cualquier trámite aduanero adicional al acto de control o supervisión de las operaciones de transbordo, las cuales deberán se comprobadas a través del respectivo descargo en el sistema informático aduanero.

En cuanto a la infracción de los numerales 1 y 2 del artículo V del Acuerdo de Aranceles de Aduana y Comercio, Anexo al Convenio de Marrakech, aprobado por la Ley Nº23 de 1997, estima que no se configura la violación alegada, en la medida que, en su opinión, la Tasa Administrativa de Servicio de Transbordo por la suma de B/.5.00 aplicable a los vehículos de transporte especificados en el propio artículo, constituye una imposición por los de los gastos administrativos ocasionados por el tránsito dentro de la zona primaria, lo cual ha sido contemplado por el artículo V, numeral 3, de la Ley Nº23 de 1997 señalada, por lo que no se violenta lo dispuesto en normas constitucionales.

EXAMEN DE LA SALA

Evacuados los trámites de rigor, pasa la Sala a resolver la presente controversia.

Como ya se visto, se demanda la nulidad del literal h del artículo 3, el artículo 12, el artículo 13 y el artículo 15 del Decreto de Gabinete Nº6 de 13 de marzo de 2002, dictado por el Consejo de Gabinete, por ser violatorios de los numerales 1 y 2 de la Ley Nº41 de 1 de julio de 1996; el artículo 1º de la Ley 41 de 1 de julio de 1996, así como el artículo 431 y 431-A del Libro Tercero del Código Fiscal; y, los numerales 1 y 3 del artículo V del Acuerdo de Aranceles Aduaneros y Comercio, Anexo al Convenio de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, aprobado por la Ley 23 de 15 de julio de 1997.

El demandante medularmente sustenta la violación que alega a los numerales 1 y 2 del artículo 5 de la Ley Nº41 de julio de 1996, en que con la expresión contenida en el literal h) del artículo 3 del Decreto de Gabinete Nº6 de 13 de marzo de 2002, "transbordo", que es en realidad "un tránsito", se restringe el ejercicio de la profesión de Agente de Corredor de Aduanas de la confección, refrendo y trámite de dicha destinación aduanera en la que por L. debe intervenir, habida cuenta que el marco legal regulatorio dispone en cuáles destinaciones aduaneras no intervendrá el Agente Corredor de Aduanas, entre las cuales no se incluye ni el transbordo ni el tránsito. Bajo ese mismo argumento fundamenta la violación al artículo 1º de la Ley Nº41 de 1 de julio de 1996, así como el artículo 431 y 431-A del Libro Tercero del Código Fiscal. Finamente, alega la violación de los numerales 1 y 3 del artículo V del Acuerdo de Aranceles Aduaneros y Comercio, Anexo al Convenio de Marrakech en lo relativo a la Tasa Administrativa de Servicio de Transbordo de B/.500, donde no se contempla ese derecho a carga.

No debe ser objeto de discusión, la competencia del Consejo de Gabinete para la expedición de normas relativas al Régimen de Aduanas, pues ello deriva de lo previsto en el artículo 195 de la Constitución Nacional, donde figuran contempladas claramente sus funciones. Asimismo, la Carta Magna, en su artículo 153 numeral 11, faculta a la Asamblea Legislativa para dictar normas generales o específicas concernientes al régimen aduanero.

Para resolver, debe tenerse presente que el Decreto de Gabinete Nº6 de 13 de marzo de 2002, de conformidad a lo previsto en el artículo 1º, tiene por objeto "modernizar el sistema de Control de Mercancía no nacionalizada" y "reglamentar la necesidad de Custodia Física por parte de funcionarios de la Dirección General de Aduanas, al cual deben acogerse todos los medios de transporte cuando conduzcan mercancías no nacionalizadas dentro del territorio aduanero de la República". La modernización de los puertos aduaneros, en atención a las consideraciones expuestas para la expedición del Decreto en referencia, exige "facilitar, armonizar y simplificar las operaciones vinculadas al control de la movilidad de la mercancía no nacionalizada, incluyendo las operaciones de transbordo y traslado aduanero, además de promover la equidad entre los diferentes medios de transporte".

Ciertamente, el artículo 1º de la Ley Nº41 de 1º de julio de 1996, tal como sostiene quien recurre, limita el poder concedido al Consejo de Gabinete para desarrollar disposiciones concernientes al régimen de aduanas, en la medida que deberá emitir disposiciones legales dentro del marco de los principios generales, propósitos y criterios contenidos en esa Ley. No obstante, no debe perderse de vista que el artículo 4º de la Ley en mención, claramente hace alusión a las materias que deberá regular el Consejo de Gabinete, entre las que figura "el régimen de aduanas, la cuales contendrán la obligación tributaria, las formalidades aduaneras de entrada y salida de mercancías, las operaciones aduaneras, el almacenamiento de mercancías y todas las disposiciones relativas a todos los regímenes aduaneros de exportación e importación en sus varias modalidades, inclusive los regímenes de zonas francas, el régimen de depósito aduanero, así como los procedimientos administrativos aduaneros y cualquier otra disposición relativa al régimen de aduana" para lo cual deberá tomar como base "los instrumentos jurídicos y las prácticas existentes utilizadas actualmente en el comercio internacional". Por tanto, como bien señala la Procuradora de la Administración, la Ley Nº41 de 1996, no sólo le dio potestad al Consejo de Gabinete para desarrollar normas concernientes al régimen de aduanas, sino que igualmente le dio potestad para dictar disposiciones que reglen lo concerniente a las operaciones de aduana, como ha sucedido en este caso. En atención, pues, al objetivo primordial de la emisión del Decreto de Gabinete Nº6 de 2002, la Sala es del criterio que no se configura la violación en los términos alegados por la parte actora de los numerales 1 y 2 del artículo 5 de la Ley Nº41 de 1 de julio de 1996, pues, lo allí dispuesto, específicamente en el artículo 13, de modo alguno restringe a los Agentes Corredores de Aduanas el ejercicio de su profesión, y, consecuentemente tampoco la violación que se alega del artículo 1 de la misma Ley Nº41, cuya violación se sustenta medularmente en que el Consejo de Gabinete se excedió en sus atribuciones reglamentarias concedidas por Ley .

Tampoco se configura la violación que se alega a los artículos 431 y 431-A del Código Fiscal, pues, contrario a lo que expone la parte actora, en el literal h) del artículo 3º y el artículo 12º del Decreto de Gabinete Nº6 de 2002, sólo se define Transbordo como el "régimen aduanero en aplicación del cual se transfiere bajo supervisión y control aduanero, mercancía de un medio de transporte a otro, con el fin de que continúe viaje al exterior...", y se delimita "la zona primaria del territorio aduanero" respectivamente, lo que no riñe con lo previsto en los artículos 431 y 431-A del Código Fiscal, donde si bien cierto figuran clasificadas las operaciones comerciales sujetas al régimen aduanero y se establecen los regímenes de reintegro aduanero, de reposición de inventarios con franquicia arancelaria, de admisión temporal para perfeccionamiento activo y de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, no es menos cierto que ante la falta de una Ley General que regule la materia, en atención al mandato Constitucional y legal al que se hizo referencia, al Consejo de Gabinete está facultado para expedir disposiciones relativas al régimen de aduanas, e incluso, ante los avances y en pro de la modernización de este régimen, el establecimiento de temas aduaneros tal como sucede en este caso.

Finalmente, en cuanto a los numerales 1 y 2 del artículo V del Acuerdo de Aranceles Aduaneros y Comercio Anexo al Convenio de Marrakech, aprobado por la Ley Nº23 de 1997, la Sala estima que no han sido violentados por el artículo 15 del Decreto de Gabinete Nº 6 de 2002, toda vez que la Tasa Administrativa de Servicio de Transbodo de B/5.00, aplicable a los vehículos de transporte especificados en esa disposición, tal como plantea la Procuradora de la Administración, está enmarcado dentro de lo que el numeral 3 del artículo V bajo examen prevé como "cargas imputadas como gastos administrativos ocasionados por el tránsito o como costo de los servicios prestados".

Por las consideraciones anotadas la Sala estima que no prosperan las violaciones que se alegan en la demanda, razón por la que lo procedente es, no acceder a las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES el literal h del artículo 3, el artículo, 12, 13 y 15 del Decreto de Gabinete Nº6 de 13 de marzo de 2002, expedido por el Consejo de Gabinete.

N., CUMPLASE Y PUBLIQUESE EN LA GACETA OFICIAL

ARTURO HOYOS

WINSTON SPADAFORA FRANCO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L.

JANINA SMALL (Secretaria)

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