Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 19 de Marzo de 2003

Ponente:Arturo Hoyos
Fecha de Resolución:19 de Marzo de 2003
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
RESUMEN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. MILSON CORNEJO EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NºIA-166-99 DE 20 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRESENTADO POR LA EMPR... (ver resumen completo)

 

VISTOS:

El Lcdo. M.C., actuando en su propio nombre y representación, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución NºIA-166-99 de 20 de julio de 1999, dictada por la Autoridad Nacional del Ambiente, en la que se resuelve:

"PRIMERO: Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental, con todas la medidas de mitigación, las cuales serán de forzoso cumplimiento, correspondiente a la extracción y lavado de mineral no metálico (arena continental) en una zona de 500 Has. de terreno, ubicada en la Comunidad de San Miguel, Corregimiento de San Martín, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá", presentado por la empresa GETHSA INTERNACIONAL, S.A. (en adelante la empresa), persona jurídica debidamente registrada en la Finca 27445, R. 39174, e Imagen 104, de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público, representada legalmente por el señor J.E.H.Y..

SEGUNDO

LA EMPRESA deberá recolectar los materiales de desechos (los orgánicos y no orgánicos) generados en la extracción y lavado del material no metálico, transporte, beneficio y mantenimiento de manera ordenada y verterlos en sitios aprobados por el Municipio respectivo y la no objeción de la Autoridad Nacional del Ambiente.

TERCERO

LA EMPRESA, con el fin de evitar derrames de combustibles y lubricantes que contaminen las aguas y suelos, se obliga a realizar la limpieza y mantenimiento periódico de los equipos y maquinarias utilizados, en áreas ubicadas lejos de los ríos, quebradas y drenajes naturales. Además deberá tomar todas las medidas de seguridad para la construcción y ubicación del depósito de combustible de la maquinaria.

CUARTO

LA EMPRESA, deberá dejar una franja mínima de amortiguamiento de 100 metros (cien metros) a toda fuente de agua natural permanente (ríos y quebradas) de la zona en concesión, como medida de control de sedimentos derrumbes, erosión y estabilidad de los taludes generados por la explotación.

QUINTO

LA EMPRESA, no estará autorizada para la tala de los reductos boscosos de la zona en concesión, y deberá dejar una franja de amortiguamiento a los mismos, conservando las cercas vivas a las orillas de carreteras y caminos, y reponer los arbustos talados en los potreros objetos de explotación.

SEXTO

LA EMPRESA, deberá cumplir con lo estipulado en el Estudio de Impacto Ambiental, explotando el mineral de los cerros y nivelando el terreno, quedando habilitado para su uso por los propietarios de los mismos.

SÉPTIMO

LA EMPRESA, en lo que respecta al ruido estará sometida a las normas pertinentes y que para tal efecto ha emitido el Ministerio de Salud, durante la fase de preparación de los sitios de extracción, lavado, transporte, y beneficio, manteniendo los sistemas de escape de equipos y maquinarias en buenas condiciones.

OCTAVO

LA EMPRESA, deberá implementar un programa de conservación y estabilización de suelos y taludes dentro de las áreas del proyecto, implementar un sistemas de drenaje adecuado para canalizar las aguas pluviales y de escorrentías con filtros naturales, tinas y terraplenes para evitar la sedimentación en ríos, quebradas y drenajes naturales en la zona de concesión.

NOVENO

LA EMPRESA, deberá coordinar con la Administración Regional del Ambiente de Panamá Metropolitana los permisos de tala que se requieran, tanto en las vías de acceso como en los sitios de extracción. Para la solicitud de concesión de agua deberá presentar la solicitud a la Dirección Nacional de Cuencas Hidrográficas y presentar el Estudio correspondiente.

DECIMO

LA EMPRESA, estará obligada a cumplir con lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental, y deberá mantener un sistema de divulgación entre su persinal (sic) sobre las medidas de mitigación y el cumplimiento de las normas ambientales, además de proteger la fauna, cobertura vegetal y arborea del área destinada como zona de amortiguamiento.

DECIMO PRIMERO

LA EMPRESA, en cada etapa de extracción deberá restaurar y estabilizar inmediatamente las zonas explotadas y al momento del cierre o abandono del proyecto deberá dejar el área del proyecto totalmente restaurada de manera tal, que no haya ninguna afectación al ambiente natural.

DECIMO SEGUNDO

En el sitio de acopio temporal de la capa vegetal removida, LA EMPRESA deberá garantizar que la misma no se pierda por erosión hídrica y eólica.

DECIMO TERCERO

LA EMPRESA, contará con (30) días hábiles a partir de la notificación de la presente Resolución, para colocar un letrero en un lugar visible del área del proyecto, en el cual indicará el número y fecha de esta Resolución, según el formato adjunto.

DECIMO CUARTO

La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, presentada no exige a LA EMPRESA, del cumplimiento de todas las normas legales, que regula el uso y protección de los recursos naturales renovables y el ambiente, así como también de otros trámites, exigidos por otras entidades estatales, relacionadas con este proyecto, y de acuerdo a las leyes y normas establecidas en la República de Panamá.

DECIMO QUINTO

LA EMPRESA, deberá presentar a la Administración Regional del Ambiente de Panamá Metropolitana para su aprobación en un término no mayor a 60 días calendario un Plan de Reforestación que se implementará en el área del proyecto como medida de compensación y cada año mientras dure la implementación de las medidas de mitigación y control (en todas las fases del proyecto), un informe sobre la aplicación y eficiencia de las mismas, de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambienta y en esta Resolución. Dicho informe deberá ser elaborado por un profesional idóneo. Corresponderá a la Administración Regional del Ambiente de Panamá Metropolitana, realizar las acciones de vigilancia y control de este Proyecto

DECIMO SEXTO

Advertir a LA EMPRESA que la Autoridad Nacional del Ambiente, suspenderá el proyecto o actividad por el incumplimiento de lo establecido en la presente Resolución, en el Estudio de Impacto Ambiental y/o por la violación de las normas que regulan el uso y protección de los recursos naturales, así como del ambiente en general, independientemente de las responsabilidadesl egales correspondientes.

DECIMO SÉPTIMO

Esta Resolución se hará efectiva una vez sea notificado el Representante Legal de la Empresa

DECIMO OCTAVO

Contra esta Resolución, el Representante Legal de la Empresa puede interponer el Recurso de Reconsideración, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación."

  1. La pretensión y su fundamento.

    En la demanda se formula pretensión consistente en una petición dirigida a la Sala Tercera con el objeto de que declare nula por ilegal la Resolución NºIA-166-99 de 20 de julio de 1999 dictada por la Dirección Nacional del Ambiente, en la que se resuelve, como antes se indicó, aprobar el estudio de impacto ambiental sobre un proyecto de extracción y lavado de arena continental, la que según se aprecia en autos, fue elaborada por la empresa consultora Corporación Forestal y Estudios de Eco-Sistemas, S.A., a solicitud de GETHSA INTERNACIONAL, S.A. (a foja 8). También se solicita se declare la nulidad del Contrato de Concesión Nº220 de 31 de agosto de 1999, celebrado entre el Ministerio de Comercio e Industrias en representación del Estado, y la empresa GETHSA INTERNACIONAL S.A., para la extracción de minerales no metálicos (arena continental) en una zona de 500 hectáreas, ubicada en el corregimiento de San Martín, distrito de Panamá, demarcada en los planos aprobados por la Dirección de Recursos Minerales e identificados por ésta con los números 97-92, conjuntamente a su Addenda Nº1 de 16 de febrero de 2001.

    Al señalar los hechos u omisiones fundamentales de la demanda, la parte actora alega que el Estudio de Impacto Ambiental es esencialmente engañoso, en la medida que existe contradicción entre lo que en éste se expone y el Informe Técnico fechado el 6 de julio de 1999, correspondiente a la inspección realizada a las áreas a ser explotadas en la que participaron representantes de GETHSA INTERNACIONAL S.A., funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente y de la Administración Nacional de Cuencas Hidrográficas, cuando a propósito de la ubicación del proyecto, el primero la ubica en la población de Carriazo, Corregimiento de San Martín y el segundo en fincas ubicadas en las Comunidades de San Miguel, San Miguel Arriba y Las Chapas, Corregimiento de S.M., lo que indica que se trata de locaciones con características geográficas y ambientales totalmente distintas.

    Según el demandante, lo señalado en el informe en referencia, fue confirmado en el Informe Técnico Evaluativo de 13 de julio de 1999, expedido en razón de la gira de trabajo realizada para revisar documentación y evaluar en el campo el Estudio de Impacto Ambiental presentado por GETHSA INTERNACIONAL S.A.. Este informe añade en lo referente a la descripción del área donde se pretende ejecutar dicho proyecto, que existe una red hidrográfica de importante influencia para el área que desemboca en el Río Pacora que se vería seriamente afectada, y afectaría además a los bañistas, pues, en la parte frontal del lugar en donde se pretende realizar la extracción se localiza el acceso al Río Pacora. En cuanto a la red hidrológica existente en la comunidad de San Miguel, afirma que está compuesta por diecisiete (17) quebradas permanentes y el Río San Miguel, todos afluentes del Río Pacora, más el Río Songó que aunque no integra la red en esta área, también confluye en el Río Pacora más otros manantiales y ojos de agua, y no como señala el Informe de Impacto Ambiental que en el área de extracción tan sólo hay que proteger la quebrada Caña Blanca y siete cauces pluviales intermitentes que sólo funcionan en época lluviosa.

    El Lcdo. C. manifiesta que en el Informe Técnico Evaluativo de 13 de julio de 1999, fueron dictaminadas consideraciones técnicas que revelan que el proceso y extracción de material a distancia tan cercana al Río San Miguel, afluente del Río Pacora, no sólo pone en riesgo lo relacionado al turismo interno sino también lo referente a la conservación de los suelos, por lo que sugiere poner especial cuidado. Manifiesta que el Informe concluyó señalando 10 deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental, entre las que destaca, la ubicación del proyecto en la comunidad que no corresponde, el manejo de las aguas que provienen de las partes altas, control de erosión, sistema de limpieza de las aguas etc..

    La Resolución Nº1A-166-99 que se demanda, según el demandante fundamentó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental en el Informe Técnico de 6 de julio de 1999 y el Informe Técnico Evaluativo de 13 de julio de 1999, pero ocultando el carácter negativo de la evaluación efectuada, de modo que fue expedida en fraude al proceso de evaluación ambiental. Asegura que ello es así, aún más si se toma en cuenta que al 20 de julio de 1999, fecha de la resolución acusada, no había ingresado a la Dirección Nacional de Evaluación y Protección Ambiental, el mencionado Informe Técnico Evaluativo. Ese Informe, según el demandante, fue recibido en la Sección de Archivo y Correspondencia de la Autoridad Nacional del Ambiente el 22 de julio de 1999, tal como consta a fs. 60 del Libro de R., y, el 23 de julio de 1999 fue cuando ingresó a la Dirección Nacional de Evaluación y Protección Ambiental.

    Finalmente, el Lcdo. C. argumenta que la Resolución IA-166-99 aprobó el Estudio de Impacto Ambiental sin que el mismo hubiera sido puesto previamente en conocimiento del público y sin haber cumplido con la consulta pública pertinente. Este acto dio lugar al Contrato de Concesión Nº220 , para la extracción de minerales no metálicos (arena continental) en una zona de 500 hectáreas en el Corregimiento de San Martín, distrito de Panamá, descrita en la cláusula primera de dicho contrato con las mismas coordenadas geográficas que se indican a página 2 del Estudio de Impacto Ambiental y que corresponden a la región de la Comunidad de San Miguel, del Corregimiento de Panamá, Provincia de Panamá. Afirma que en la cláusula séptima, inciso tercero del Contrato de Concesión Nº220, se estipuló que "Los informes de Reconocimiento Ambiental, Viabilidad Ambiental y sus Anexos formarán parte integral de este Contrato y serán de obligatorio cumplimiento por la Concesionaria", pero es el caso que estos instrumentos ambientales mal pueden ser parte integral del Contrato, ya que no atañen a la zona comprendida dentro de las coordenadas geográficas que delimitan el área otorgada en concesión. En lo que concierne a la Addenda Nº1 de 16 de febrero de 2001, mediante la cual se hicieron modificaciones al Contrato Nº220, sostiene que no convalida ni sanea la inexistencia de estudio de impacto ambiental sobre el área otorgada en concesión minera.

    En cuanto a las disposiciones legales infringidas por el acto cuya nulidad se demanda, el Lcdo. M.C. alega el artículo 7 de la Ley Nº1 de 3 de febrero de 1994, Ley Forestal de la República, promulgada en la Gaceta Oficial Nº22,470 de 7 de febrero de 1994, tal como quedó modificado por el artículo 1 de la Ley 30 de 30 de diciembre de 1994, promulgada en la Gaceta Oficial Nº22,707 de 24 de enero de 1995; complementaria de la Ley General de Ambiente, según lo dispone el artículo 129 de esta última. También se alegan infringidos los artículos 7 numeral 10, 29 y 21 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, cuyos textos señalan:

    ARTICULO 7: EL INRENARE exigirá un estudio de impacto ambiental, a todo proyecto o actividad humana que deteriore o afecte el medio natural, según la reglamentación de esta Ley.

    Este estudio será elaborado por profesionales idóneos en ciencias afines al régimen ecológico y será revisado y aprobado por el INRENARE, siempre que contenga las medias y previsiones para evitar, eliminar o reducir el deterioro del ambiente.

    El cumplimiento de lo establecido en el estudio de impacto ambiental, facultará al INRENARE para suspender el proyecto o actividad, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes.

    P.T.: El INRENARE a través del Organo Ejecutivo reglamentará los proyectos o actividades humanas que necesitan estudios de impacto ambiental, hasta tanto se dicte la Ley General de Ambiente. Las reglamentaciones deben contar con el previo concepto de la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Legislativa.

    ARTICULO 7: La Autoridad Nacional del Ambiente tendrá las siguientes atribuciones:

    1.

    ...

    10. Evaluar los estudios de impacto ambiental y emitir las resoluciones respectivas.

    "ARTICULO 29: Una vez recibido el estudio de impacto ambiental, la Autoridad Nacional del Ambiente procederá a su análisis, aprobación o rechazo. El término para cumplir, ampliar y presentar los estudios de impacto ambiental, será establecido mediante reglamentación de la presente Ley."

    ARTICULO 27: La Autoridad Nacional del Ambiente hará de conocimiento público la presentación de los estudios de impacto ambiental, para su consideración, y otorgará un plazo para los comentarios sobre la actividad, obra o proyecto propuesto, que será establecido en la reglamentación de acuerdo con la complejidad del proyecto, obra o actividad."

    "ARTICULO TERCERO: El estudio de Reconocimiento Ambiental deberá contener un inventario de los factores físicos, biológicos y sociales del área."

    El Lcdo. C. afirma que el artículo 7 de la Ley 1 de 3 de febrero de 1994, Ley Forestal de la República, promulgada en la Gaceta Oficial Nº22,470 de 7 de febrero de 1994, tal como quedó modificado por el artículo 1 de la Ley 30 de 30 de diciembre de 1994, complementaria de la Ley General de Ambiente, según lo dispone el artículo 129 de esta última, fue violado de modo directo por omisión, toda vez que de haberlo aplicado habría tenido que rechazar el Estudio de Impacto Ambiental en mención, por no contener medida ni previsión alguna para evitar, eliminar o reducir el deterioro del ambiente, que son los elementos a cuya concurrencia condiciona la Ley la aprobación de un estudio de impacto ambiental, deficiencia previamente advertida en el Informe Técnico Evaluativo de 13 de julio de 1999.

    El numeral 10 del artículo 7 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente, se alega que fue violado de manera directa por comisión, pues, habiéndolo aplicado como fundamento jurídico para la decisión aprobatoria despachada, desconoció el adjetivo "respectivo" con el que la norma determina la congruencia que debe existir entre la resolución que admite o rechaza en Estudio de Impacto Ambiental y la evaluación que se haya efectuado al mismo; en el presente caso la evaluación estableció que el estudio se realizó para una zona determinada, mas las obras se desarrollarán en otra zona totalmente distinta a la que fue estudiada.

    El artículo 29 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, "General de Ambiente", se afirma que fue violado de manera directa por omisión, ya que de haberlo aplicado se habría tenido que rechazar el Estudio de Impacto Ambiental evaluado, puesto que la aprobación o el rechazo han sido ordenados por la norma como consecuencia inmediata y directa del resultado del análisis que se efectúe, que en este caso reveló las deficiencias y falsedades de que adolece dicho documento, así como los peligros, perjuicios y daños que acarrearía el proyecto en sí, que quedó documentado en el Informe Técnico de 6 de julio de 1999 y el Informe Técnico Evaluativo de 13 de julio de 1999.

    La violación que se señala al artículo 27 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente, es de manera directa por omisión, ya que el Estudio de Impacto Ambiental no fue puesto en conocimiento del público, ni se cumplió siquiera con un principio de consulta pública, expidiéndose de ese modo la resolución impugnada en "clandestinidad" y en contra de los derechos de la sociedad civil, y aún cuando al tiempo de su expedición no se había reglamentado lo del plazo para comentarios dentro de la consulta, tal laguna debió haberse suplido mediante la aplicación de reglas analógicas, lo cual no se hizo.

    Finalmente el artículo tercero, inciso primero de la Resolución 91-36 de 27 de mayo de 1991, expedida por la Dirección General de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias, el demandante afirma que fue violado de manera directa omisión, al haberse admitido e incorporado un Estudio de Impacto Ambiental que no corresponde al área objeto de la solicitud de concesión y que de haberla aplicado habría tenido que rechazarse el estudio de impacto ambiental.

    Conjuntamente con la demanda el demandante solicitó a la Sala ordenar la suspensión provisional de los efectos de la Resolución NºIA-166-99 de 20 de julio de 1999, dictada por la Autoridad Nacional del Ambiente, solicitud a la que la Sala no accedió en resolución de 3 de mayo de 2001. A foja 116 del expediente, se observa que la demanda de nulidad fue admitida mediante resolución de 28 de mayo de 2001, de la cual se hizo traslado al Administrador General de la Autoridad Nacional del Ambiente, al Ministro de Comercio e Industrias, a la empresa GETHSA INTERNATIONAL S.A, y a la Procuradora de la Administración.

    Entre las pruebas para sustentar lo cargos que fueron aportadas en la fase respectiva, figura copia autenticada del Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante Resolución IA-166-99 de 20 de julio de 1999, del que destaca que del punto segundo al séptimo expresa de manera reiterada que el proyecto se ubicaría en la comunidad de C. y que no existiría necesidad de tala ni se produciría afectación de recursos hídricos, pues, de estos últimos tan sólo existe en la zona, una quebrada permanente, llamada Caña Blanca, ciertamente que existe en la comunidad de C.. También se incorpora copia autenticada por la Autoridad Nacional del Ambiente, del Informe Técnico de 6 de julio de 1999 elaborado por los Ingenieros Modesto Escobar y el T.A.B.M., de la Administración Regional Metropolitana, el Ing. R.C., de la Dirección de Cuencas Hidrográficas, todos servidores de la Autoridad Nacional del Ambiente, quienes después de haber realizado gira de inspección junto con la parte interesada de las áreas de ser explotadas, informaron que el proyecto minero se ubicaría en la comunidades de San Miguel, San Miguel Arriba y las Chapas, por lo que la zona estudiada en la comunidad de C. no correspondía con la zona pedida para explotación; a ello añade copia autenticada del segundo informe denominado Informe Técnico Evaluativo de 13 de julio de 1999, en el que se reiteró que el proyecto de explotación minera se ubica en la región de San Miguel e identifica quince (15) impactos negativos y detecta 10 deficiencias en la información ambiental suministrada. Se acompaña copia autenticada de la Nota Nº726 de 16 de julio de 1999, por la cual se remitió al Director Nacional de Evaluación y Protección Ambiental, el Informe Técnico Evaluativo recaído sobre el Estudio de Impacto Ambiental, cuya fecha efectiva de salida de la oficina remitente fue el 20 de julio de 1999, según consta en la foja 148 del Libro de Salida de Correspondencia de la cual se presenta copia autenticada; del libro de recibo de correspondencia de la Sección de Archivo y Correspondencia de la Autoridad Nacional del Ambiente que estaba en uso en el mes de julio de 1999, consta que ingresó en dicha sección la Nota Nº726 de la Administración Regional del Ambiente, con la cual se remitió a la Dirección Nacional de Evaluación y Protección Ambiental el Informe Técnico Evaluativo recaído sobre el Estudio de Impacto Ambiental, y de la cual es legible el sello "recibido" en la cual consta que el 23 de julio de 2000 ingresó a esa entidad. También se acompaño ejemplar del Mapa 0808:18 elaborado por la Sección de Cartografía de la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, correspondiente al Corregimiento de San Martín, Distrito de Panamá , y de ampliación de un segmento del mismo correspondiente a la comunidad de San Miguel, en el que se demarcó el polígono correspondiente a la zona de 500 hectáreas solicitada por Gethsa Internacional S.A., para la extracción de mineral no metálico, y se estableció que dicho polígono queda ubicado en la Comunidad de San Miguel.

  2. El informe explicativo de conducta rendido por el Administrador General de la Autoridad Nacional del Ambiente

    Mediante Nota AG-1049 de 6 de junio de 2001, el Administrador General de la Autoridad Nacional del Ambiente, remitió el informe explicativo de conducta, mismo que es visible de fojas 119 a 124 del expediente.

    En el informe el funcionario señala que el 20 de mayo de 1999, el Ministerio de Comercio e Industrias remite a la Autoridad Nacional del Ambiente, el informe de Reconocimiento y Viabilidad Ambiental y Plan de Adecuación y Manejo Ambiental entregado por la empresa GETHSA INTERNACIONAL S.A. en solicitud de una concesión de extracción de arena continental en una zona de 500 hectáreas ubicadas en la población de Carriazo, corregimiento de San Martín, Distrito y Provincia de Panamá, por lo que se inició el trámite para la evaluación del citado documento.

    La Administración Regional Metropolitana, expidió el 6 de julio de 1999, el Informe Técnico de reconocimiento del terreno e identificación de posibles áreas a ser explotadas en el que se señala que se pudo constatar que esa zona presenta inconvenientes serios para el desarrollo de la actividad de la extracción minera debido a que el cerro dentro de la finca ,de la cual se pretende extraer el material, presenta problemas como "Una pendiente muy pronunciada, un tipo de suelo muy frágil y erosionable y la cercanía a una quebrada y zanjas pluviales afluentes directos del Río Pacora. La Administración Regional del Ambiente Panamá Metropolitana, en su informe técnico evaluativo, de fecha 13 de julio de 1999 según el funcionario revela que todas las áreas (físicas) propuestas para el desarrollo del proyecto, no podrán ser utilizadas debido a lo difícil e inconveniente que resultará el proceso de extracción de material a distancias tan cercanas al Río San Miguel afluente directo del Río Pacora y también al mismo Río Pacora, poniendo en riesgo también lo relacionado con el turismo interno que genera fuente de ingresos a los habitantes de las comunidades aledañas.

    Se expide entonces la Resolución NºIA-166-99 en la que se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental para la realización del proyecto de "Concesión de extracción de arena continental en una zona de 500 hectáreas" ubicadas en la población de Carriazo, Corregimiento de San Martín, distrito y provincia de Panamá, y, el 27 de septiembre de 1999, se informa a la Dirección General de Recursos Minerales haber recibido la Addenda al proyecto de extracción de minerales no metálicos de la empresa GETHSA y recomiendan que no utilicen el agua del Río Pacora para el lavado del material y que debe ser un compromiso incluido como un artículo en el contrato o addenda.

    El Administrador Regional de la Autoridad Nacional del Ambiente, plantea una serie cronológica de hechos de lo que vale destacar, que el 5 de octubre de 1999 se recibió la denuncia y solicitud de protección entre la Comunidad de San Miguel vs GETHSA INTERNACIONAL, presentada por el Lcdo. M.C. y que el 18 de octubre de 1999, se recibe de parte de GETHSA nota a través de la cual se invita a la Institución a la consulta pública relacionada con el proyecto a realizarse el 23 de octubre de ese año.

    El 15 de diciembre de 1999, se hace entrega del informe de resultados de la Comisión Técnica Interinstitucional con relación al caso de la empresa GETHSA, donde señalan que después de realizar la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental y realizar visitas al área donde se plantea desarrollar el proyecto, considera que:

    A. El documento no define la zona exacta que corresponde al área de extracción del proyecto.

    B. No se definen claramente los impactos ambientales generados por la actividad y las correspondientes medidas de mitigación y compensación.

    C. No se presentó el plan de trabajo con la metodología de extracción que considerará la topografía del lugar, a fin de garantizar el libre curso de las aguas superficiales minimizando el riesgo de inundación y de erosión."

    Destaca que la Comisión Técnica Interinstitucional sostuvo que sobre la base de la falta de información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental, evaluaciones y recomendaciones formuladas en ese momento, que el documentos no debió de haber sido aprobado tal como se presentó, sino rechazarlo. Posterior a ello, el 17 de diciembre de 1999, el Sistema Nacional de Protección Civil también emitió su informe con recomendaciones relativas a la tala, manejo de la erosión y sedimentación.

    Posterior a ello, la Administración Regional Panamá Metropolitana solicitó a la empresa GETHSA INTERNACIONAL coordinar con la Regional, permisos de tala tanto en las vías de acceso como en los sitios de extracción; la presentación de coordenadas geográficas exactas enmarcando los 500 hectáreas aprobadas; descripción del área a trabajar en la primera fase con las respectivas medidas de mitigación y el inventario forestal de los árboles; un estudio de impacto ambiental respecto al camino de acceso por el camino viejo.

    La Contraloría General de la República, el 11 de abril de 2001, ordenó a la Dirección de Auditoría de la Gestión Ambiental de la Contraloría General de la República, realizar una auditoría con el fin de determinar la corrección o incorreción del cumplimiento de todas las acciones operativas, administrativas y legales, referente al Contrato entre el Estado y la empresa GETHSA INTERNACIONAL, S.A..

    El 24 de abril de 2001, se le comunica al Lcdo. A.W. , C. General de la República, referente a las denuncias públicas relativas a que las coordenadas correspondientes al contrato de concesión de arena continental de la empresa GETHSA, donde se pudo determinar que el área que abarca el Estudio de Impacto Ambiental no corresponde con las coordenadas indicadas en el contrato. Finalmente, el 17 de mayo de 2001, alega que fue recibida la Nota NºCJP-026-2001 de la Comisión de Justicia y Paz, en la que se señala su preocupación que se vea afectado el ambiente y menoscabados nuestros recursos naturales, los cuales deben estar al servicio de los ciudadanos en general.

  3. El informe explicativo de conducta rendido por el Ministro de Comercio e Industrias.

    Mediante el Oficio DM-Nº581/2001 de 27 de junio de 2001, el Ministro de Comercio e Industrias rindió el informe explicativo de conducta, mismo que es visible de fojas 126 a 131 del expediente.

    El Ministro de Comercio e Industrias manifiesta en el informe, que la solicitud presentada ante la Dirección General de Recursos Minerales por parte de GETHSA INTERNACIONAL S.A. para la extracción de mineral no metálico (arena continental) sobre una zona de 500 hectáreas, ubicadas en el Corregimiento de San Martín, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, cumplió con todos los requisitos exigidos en el Código de Recursos Minerales y demás leyes que la complementan.

    Afirma que GETHSA INTERNACIONAL S.A. fue declarada elegible mediante Resolución Nº97-93 de 15 de octubre de 1997, luego de presentado ante la Dirección General del INRENARE el Informe Ambiental ,y, para tal efecto fueron hechos los Avisos Oficiales que requiere la Ley y copia de ellos fueron enviados a la Alcaldía Municipal del Distrito de Panamá y a la Corregiduría y Junta Comunal de San Martín. El 22 de abril de 1999, se recibe ante la Dirección General de Recursos Minerales, por parte del señor G.H., R.L. de la empresa GETHSA INTERNACIONAL S.A., el Informe de Reconocimiento Ambiental de la que se dio traslado a la Autoridad Nacional del Ambiente y en Resolución NºIA-166-99 expedida por esa entidad, fue aprobado con todas las medidas de mitigación las cuales son de forzoso cumplimiento. Luego de ello GETHSA INTERNACIONAL S.A., cumplió con los cánones superficiales por adelantado al Tesoro Nacional y al Municipio de Panamá y además consigna ante la Contraloría General de la República la fianza de garantía por B/.1,000.00.

    El Ministro de Comercio e Industrias de igual modo manifiesta que el 12 de agosto de 1999 el entonces Ministro de Comercio e Industrias envió al entonces Contralor de la República el contrato para su refrendo, el Contrato de Concesión Nº220, lo que fue dado el 31 de agosto de 1999, con algunas recomendaciones. Luego de que asumiera el cargo, el Ministro afirma que una de las primeras gestiones fue la de visitar el sitio, pues, no consideró oportuno enviar este contrato ya refrendado para su publicación en la Gaceta Oficial, hasta tanto no se presentaran ante el Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad Nacional del Ambiente las siguientes medidas:

    -Prohibir el uso de las aguas del Río Pacora.

    -No permitir el lavado del mineral que pudiese generar sedimentos al río.

    -Utilizar un camino alterno salvaguardando la seguridad de la comunidad.

    -Evitar la tala de árboles en el área.

    El Ministro afirma que esos puntos fueron convenidos con la empresa, miembros de la comunidad y la Junta Comunal de S.M., se procedió a confeccionar la Addenda Nº1 de 16 de febrero de 2001, considerando todas las medidas exigidas por el Ministro y consensuada con todas las partes. Luego de ello, según el Ministro, la Directora General de Recursos Minerales solicitó una Addenda al Estudio de Impacto Ambiental, la que fue enviada a la ANAM el 23 de septiembre de 1999 y destaca que durante el período establecido en la Ley para presentar oposiciones en contra de la solicitud de concesión, no se recibió ninguna ante la Dirección General de Recursos Minerales, sino en fechas posteriores al período reglamentado en la Resolución Nº97-93 de 15 de octubre de 1997.

    El 1 de octubre de 1999, el Lcdo. M.C. presenta una copia de la denuncia y solicitud de protección en contra de la Autoridad Nacional del Ambiente y posteriormente una acción pública de la Comunidad de San Miguel en contra del Ministerio de Comercio e Industrias, consideradas ambas extemporáneas. GETHSA INTERNACIONAL S.A. invita a la consulta pública relacionada con la concesión, para el día 23 de octubre de 1999 al que fue invitado el Lcdo. C..

    El 25 de noviembre de 1999, la Autoridad Nacional del Ambiente creo una Comisión Interinstitucional para evaluar la viabilidad ambiental, la que estuvo conformada por 2 funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente, por uno del Ministerio de Comercio e Industrias y uno de la SINAPROC. Esta Comisión inspeccionó las zonas solicitadas en concesión, lo que incluyó un sondeo de opinión de las Comunidades de San Miguel y San Martín.

    Afirma que mediante N. AG 0274 de 8 de febrero de 2000, el Administrador General del Ambiente Ing. R.A., le sugiere negar la concesión solicitada por la empresa, en vista que la Resolución que aprobaba el Estudio de Impacto Ambiental fue recibida antes de que se recibiera el Informe de Evaluación Técnica de la Administración Regional de Panamá Metropolitana ya que el contenido expresaba serias dificultades ambientales de ejecutarse el proyecto. De igual manera destaca que el numeral 10 del artículo 7 de la Ley 41 de 1 de julio de 1999, General del Ambiente, es la norma que faculta a la Autoridad Nacional del Ambiente para evaluar los Estudios de Impacto Ambiental y emitir las resoluciones respectivas, las cuales una vez aprobadas, se envían a la Dirección General de Recursos Minerales y pasan a formar parte integral del contrato que expide el Ministerio de Comercio e Industrias.

    Señala que el 7 de diciembre de 2000 se envía a la Contraloría General de la República, la Addenda Nº1 al Contrato Nº220 de 31 de agosto de 1999 para su refrendo. Sostiene que el 4 de enero de 2001, el Jefe de Control Fiscal del Ministerio de Comercio e Industrias solicitó al Despacho Superior el pronunciamiento por parte de la ANAM para determinar si fueron corregidas las deficiencias de carácter ambiental por las cuales se decidió la suspensión del proceso de concesión. En respuesta a esa solicitud, el Administrador General de la ANAM expidió la Nota AG-0266-2001 de 7 de febrero de 2001 en la que se recomienda la inclusión a la addenda de la siguiente cláusula:

    "Será causal de rescisión del presente Contrato, el incumplimiento por parte de la empresa, de la Resolución Ambiental que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente y de las leyes, reglamentos y demás normativas de carácter ambiental vigentes."

    Insertada la cláusula que fuera recomendada, el señor Ministro de Comercio e Industrias afirma que la Addenda Nº1 a este contrato fue refrendada el 16 de febrero de 2001 y publicada en la Gaceta Oficial junta al Contrato Nº220 de 31 de agosto de 1999, en la Gaceta Oficial Nº 24,249 de 22 de febrero de 2001.

  4. La Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

    La Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal que es visible de fojas 139 a 157 del expediente, conceptúa que el demandante está asistido por el derecho motivo por el cual solicita a la Sala que acceda a sus pretensiones.

    En opinión de la Procuradora de la Administración, el Estudio de Impacto Ambiental, que se define y desarrolla en la Ley Nº1 de 3 de febrero de 1994, "por la que se establece la legislación forestal en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones" y en la Ley Nº41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, respectivamente, es un documento importante en el que se debe describir las características de una acción humana, que en este caso, se trata de un proyecto de extracción y lavado de Arena Continental en la Población de Carriazo, Corregimiento de S.M., Distrito de Panamá; debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales; y describir además las medidas para evitar, reducir, corregir, compensar y controlar los impactos adversos significativos.

    La Procuradora es del criterio que hay aspectos que no se tomaron en consideración en el Estudio de Impacto Ambiental tal como lo es la eventual desaparición de la fauna del lugar al eliminarse la flora existente y tampoco se señala la tramitación y consiguiente aprobación de un permiso de concesión de aguas para el proceso de lavado del mineral, que se va a extraer del Río Pacora. Afirma que tampoco se tomó en consideración el Informe Técnico elaborado por la Administración Regional del Ambiente, Panamá Metropolitana, Departamento de Evaluación y Protección Ambiental, en el que se analizó la zona objeto de extracción por parte de la sociedad Gethsa Internacional, S.A En virtud de ello, la Procuradora estima que se ha vulnerado el artículo 7 de la Ley Nº1 de 3 de febrero de 1994, pues, de acuerdo al mismo la aprobación de la ANAM está supeditada a que el Estudio de Impacto Ambiental contenga las medidas y provisiones para evitar, eliminar o reducir el deterioro del ambiente, cosa que no se realizó a cabalidad.

    También coincide la Procuradora de la Administración con el demandante, cuando afirma que la Autoridad Nacional del Ambiente desconoció el artículo 7, numeral 10, de la Ley 41 de 1998, al faltar a su atribución de evaluar en debida forma el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la sociedad Gethsa Internacional S.A., y por no emitir una resolución acorde con las recomendaciones efectuadas por los expertos de la ANAM contenidas en el Informe Técnico.

    De igual manera alega la violación del artículo 29 y 27 de la Ley Nº41 de 1º de julio de 1998, en la medida que procedía el rechazo al Estudio de Impacto Ambiental al no cumplirse a cabalidad con las medidas y previsiones para evitar, eliminar o reducir el deterioro del ambiente, aunado a que la Autoridad Nacional del Ambiente estaba en la obligación de poner en conocimiento pública la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental para su consideración, y el otorgamiento de un plazo para los comentarios sobre la actividad, obra o proyecto presupuesto.

    V.A. delT.C..

    Luego de sometido el proceso a la fase probatoria en la que hubo objeción de pruebas de parte el apoderado de la empresa GETHSA INTERNACIONAL S.A., Lcdo. R.R., en la Secretaría de la Sala Tercera fueron presentados en la fase de alegatos los escritos del L.. M.C., el Lcdo. L.C.V.C. en calidad de tercero coadyuvante y el apoderado de GETHSA INTERNACIONAL S.A..

    De fojas 192 a 197 del expediente, figura el escrito contentivo del alegato que el Lcdo. L.C.V.C. presenta en calidad de tercero coadyuvante, y en el que solicita a la Sala que los actos acusados sean declarados nulos, toda vez que no sólo han infringido las normas ambientales, que produce importantes quebrantamientos al orden jurídico que constituyen motivos de ilegalidad, sino que se ha incurrido en falsificación ideológica de documentos públicos y privados en perjuicio de la Administración Pública, de lo cual dan fe plena las pruebas aportadas.

    Coincide con el demandante en que el Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Extracción y Lavador de Mineral no metálico promovido por la empresa Gethsa Internacional, S.A., fue realizado en una región geográfica ajena (población de Carriazo) a donde efectivamente quedarían ubicadas las 500 hectáreas demarcadas en el Plano 97-92 aprobado por la Dirección General de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias, que es en la Comunidad de San Miguel también ubicada en el corregimiento de San Martín que nunca fue estudiada y que está ubicada a no menos de 3.5 kilómetros a donde se efectúo el estudio.

    El tercerista alega que surge de plano el fraude al proceso de evaluación ambiental establecido en las normas vigentes, toda vez que la base para la aprobación o el rechazo de un Estudio de Impacto Ambiental la constituye el Informe Técnico Evaluativo, y en el presente caso, por sus objeciones fundadas, impedía la expedición de una resolución aprobatoria. A ello añade que la Resolución IA-166-99 de 20 de julio de 1999, contiene una "confesión" tácita de que en el Despacho Superior se conocía la verdadera ubicación del proyecto antes de que llegara el Informe Técnico Evaluativo, pues, se expresa que lo aprobaban en la comunidad de "San Miguel" cuando el estudio consigna en todas sus secciones que fue realizado "en la Comunidad de Carriazo". Afirma que la notificación a la representación legal de la empresa, según consta en el sello legible al dorso, fue el 22 de julio de 1999, lo que denota que la notificación fue adelantada para que la aprobación fraudulenta estuviera consumada antes que ingresara el Informe Técnico Evaluativo de 13 de julio de 1999, mismo que ingresó el 23 de julio de 1999.

    Afirma que el Plano Minero elaborado por la empresa solicitante, aprobado por la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias el 17 de junio de 1997, hace constar que el polígono solicitado queda en la comunidad de San Miguel. A ello añade que de la copia autenticada por la Dirección General de Recursos Minerales, de la carta fechada el 22 de abril de 1999, con la cual el Presidente de la empresa solicitante entregó a ese Despacho el Estudio de Impacto Ambiental, se infiere que desde el año 1997 la empresa promotora gozaba de certeza oficial que el proyecto se ubicaba en la región geográfica de San Miguel, no obstante, presentó dos años después, un estudio de Impacto Ambiental elaborado en la Comunidad de C..

    Finalmente enfatiza que la ubicación cierta del proyecto de la concesión minera fue demarcada en el ejemplar del Mapa 0808:18 elaborado por la Sección de Cartografía de la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, correspondiente al Corregimiento de San Martín, distrito de Panamá, y ampliación de un segmento del mismo correspondiente a la comunidad de San Miguel de dicho corregimiento, en los cuales la Escuela de Geógrafo Profesional de la Universidad de Panamá, se sujetó a las mismas coordenadas geográficas, rumbos y distancias de que trata el Plano Minero 97-92, que demarcó el polígono correspondiente a la zona de 500 hectáreas solicitadas por GETHSA INTERNACIONAL S.A., en la región de San Miguel; el Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia" demarcó el 17 de agosto de 2001, el polígono configurado por la coordenadas geográficas de que trata el plano minero 97-92 de la concesión dada a Gethsa Internacional S.A. y certificó dicha demarcación.

  5. Alegato de conclusión de Gethsa Internacional S.A..

    G. Internacional S.A., mediante su apoderado especial L.. R.R., recurre al proceso de nulidad incoado, y en la etapa probatoria presenta escritos de contrapruebas tales como, la certificación expedida por el Ministerio de Comercio e Industrias en la que se certifica que la Dirección General de Recursos Minerales es la institución autorizada por ley para plotear y aprobar los planos mineros de las solicitudes de concesión mineras, y que la escala mínima aceptada es de 1:50,000; y, también presentó el Reglamento de Planos Mineros, en donde se esbozan los parámetros para aprobar los planos mineros (a fojas 166 y 167).

    En el escrito que presenta el alegato de conclusión, que está visible de fojas 198 a 211 del expediente, el Lcdo. R., solicita a la Sala que niegue la solicitud de nulidad de la Resolución IA-166-99 de 20 de julio de 1999, expedida por la Autoridad Nacional del Ambiente y el Contrato de Concesión Nº220 de 31 de agosto de 1999 y su Addenda Nº1 de 16 de febrero de 2001, celebrado entre el Ministerio de Comercio e Industrias y la sociedad GETHSA INTERNACIONAL S.A..

    El Lcdo. R. argumenta que G. Internacional S.A., luego de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, ha implementado medidas de mitigación y ha cumplido con los requisitos exigidos por la Autoridad Nacional de la Ambiente, luego de que a través de sus Técnicos, pudiera comprobar la suficiencia de ese estudio. Destaca que el Ministerio de Comercio e Industrias, atendiendo la preocupación de la comunidad de S.M., y actuando como mediadores entre los moradores y la empresa Gethsa Internacional S.A., sostuvieron reuniones consultivas con diferentes instituciones gubernamentales tales como ANAM, SINAPROC, Legisladores del Circuito, Representantes de Corregimientos entre otros, en las que se resolvió modificar el contrato original ya refrendado mediante la Addenda Nº1 de 16 de febrero de 2001.

    En cuanto a los hechos fundamentos de la demanda, el Lcdo. R., contrariamente a lo expuesto por el Lcdo. C., es del criterio que la concesión se otorgó no en base a nombres de comunidades, sino con fundamento en polígonos y cada polígono tiene sus coordenadas, y en la cual puede estar comprendida una determinada comunidad. Los supuestos aspectos negativos de los posibles impactos que produciría el proyecto, el Lcdo. R. los rebate señalando que éstos fueron en sus inicios observados por la Autoridad Nacional del Ambiente para que la empresa tomara las medidas correctivas, lo que fue acatado por la empresa y evidencia de ello se refleja en la cláusula tercera y décimo sexta de la resolución IA-166-99 que dicen:

    TERCERO: LA EMPRESA con el fin de evitar derrames de combustibles y lubricantes que contaminen las aguas y suelos, se obliga a realizar la limpieza y mantenimiento periódico de los equipos y maquinarias utilizados, en áreas ubicadas lejos de los ríos, quebradas y drenajes naturales. Además deberá tomar todas las medidas de seguridad para la construcción y ubicación del depósito de combustible de la maquinaria.

    "DECIMO SEXTA: Advertir a LA EMPRESA, que la Autoridad Nacional del Ambiente, suspenderá el proyecto o actividad por el incumplimiento de lo establecido en la presente Resolución, en el Estudio de Impacto Ambiental y/o por la violación de las normas que regulan el uso y protección de los recursos naturales, así como del ambiente en general, independientemente de las responsabilidades legales correspondientes."

    En relación a los aspectos jurídicos el Lcdo. R. no observa la violación que se alega al artículo 7 de la Ley 1 de 3 de febrero de 1994, Ley Forestal de la República promulgada en la Gaceta Oficial Nº22,470 de 7 de febrero de 1994, tal como quedó modificado por el artículo 1 de la Ley 30 de 30 de diciembre de 1994, dado que Gethsa Internacional S.A., no sólo elaboró el Estudio de Impacto Ambiental que exige la norma, sino que ha estado implementando medidas de mitigación y cumpliendo con los requisitos exigidos por el INRENARE y ANAM.

    Tampoco observa la violación la violación al artículo 7 numeral 10 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, norma que reconoce atribución a la Autoridad Nacional del Ambiente para evaluar los estudios de impacto ambiental y emitir resoluciones respectivas, ya que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por G. fue sometido a un riguroso estudio por parte del personal técnico idóneo del ANAM, comprobándose su suficiencia y el cumplimiento que exige la Ley de Ambiente.

    El artículo 29 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente, según el Lcdo. R. tampoco figura violado, porque la concesionaria cumplió con su deber de entregar el Estudio de Impacto Ambiental, lo que hizo previo a la aprobación de parte de esa entidad.

    El artículo 27 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente, a su juicio no figura violado, dado que la Ley 41 de 1 de julio de 1998, no regía todavía a la fecha que se inició el Estudio de Impacto Ambiental, o sea, el 1 de agosto de 1997, tal como se deduce del informe rendido por la misma Autoridad Nacional de la Ambiente. No obstante, se han hecho amplias consultas al área donde se desarrolló el proyecto, solicitándosele a todos los sectores de la población sus comentarios, como se hizo en reunión de 15 de octubre de 1999.

    Finalmente, el artículo 3 inciso 1 de la Resolución Nº91-36 de 27 de mayo de 19991, a criterio del L.. R. tampoco fue violado, pues, el Estudio de Reconocimiento Ambiental presentado por GETHSA INTERNACIONAL S.A., contiene el inventario de los factores físicos y biológicos del área que exige la norma.

    El Lcdo. R. a lo antes señalado añade que el Lcdo. C. no pudo probar que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa que representa, no corresponde a las coordenadas indicadas en el Contrato de Concesión Nº220, ya que trajo como elemento probatorio el mapa Nº 0808-18 elaborado por la Sección de Cartografía de la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, objetado en su momento, del que los peritos que lo confeccionaron en declaración jurada manifestaron que el mapa con las coordenadas geográficas presentado por Gethsa Internaiconal S.A., es igual al confeccionado por ellos y que fue presentado por el Lcdo. C., sólo que con escalas diferentes. Reitera que la única institución autorizada por Ley para plotear mapas y zonas mineras es el Instituto Tommy Guardia, y los planos para delimitar zonas mineras deben ser dibujados de acuerdo al último mapa oficial de la República, de conformidad al Decreto Ley Nº23 de 22 de agosto de 1963 (Código Minero) y Reglamentos de Planos Mineros DGRM-98-65 de 13 de mayo de 1998, de modo que el mapa presentado por el Lcdo. C. por ley no es el correcto, y aceptarlo como prueba sería ir en contradicción a lo que establece la Ley, más cuando se hizo con una escala mayor a la requerida, es decir, la escala 1:250,000.

    Objeta la opinión de la Procuradora de la Administración cuando afirma que G. Internacional S.A., no debe lavar el mineral en el proyecto porque contamina el Río Pacora, pues, pierde de vista que con la Addenda el Ministerio de Comercio y la Autoridad Nacional del Ambiente prevé nuevas restricciones entre las cuales está "no permitir el lavado de mineral que pudiese generar sedimento al río".

    Por último destaca que el Estudio de Impacto Ambiental es sumamente riguroso y su Addenda establece que el incumplimiento por parte de la empresa de las leyes, reglamentos y demás normativas de carácter ambiental, será causal de rescisión del contrato, tal como recientemente ha sucedido con empresas que se dedicaban a la extracción de arena en el Pacífico.

  6. Decisión de la Sala.

    Evacuados los trámites correspondientes, la Sala procede a resolver la presente controversia.

    Como antes se indicó, en el presente caso se demanda la nulidad de la Resolución NºIA-166-99 de 20 de julio de 1999, dictada por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), mediante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa GETHSA INTERNACIONAL S.A., para desarrollar el proyecto denominado "Extracción y Lavado de Mineral no Metálico (arena continental) en una zona de 500 Has. de terreno, ubicada en la Comunidad de San Miguel, Corregimiento de San Martín, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá". Entre las consideraciones expuestas para la expedición del acto en cuestión, figura que la empresa GETHSA INTERNACIONAL S.A., presentó ante esa entidad el Estudio de Impacto Ambiental que requiere el artículo 23 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, y que fue evaluado por los técnicos de la Dirección Nacional de Evaluación y Protección Ambiental, tal como lo ordena el numeral 10 del artículo 7 de la Ley General de Ambiente.

    Por su parte, observa la Sala que el principal motivo de ilegalidad de los dos actos acusados que alega quien recurre, fundamentalmente lo sustenta sobre la base de la Resolución IA-166-99 de 20 de julio de 1999, fue expedida en fraude al proceso de evaluación ambiental, toda vez que el Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Extracción y Lavado de Mineral no Metálico (arena continental) promovido por la Empresa GETHSA INTERNACIONAL, S.A., se efectuó en una zona geográfica ajena a aquella en que debió haberse efectuado (población de Carriazo, Corregimiento de San Martín), de modo que el mencionado documento "es esencialmente engañoso", y conlleva a la explotación de un proyecto que ocasionaría graves daños ambientales irreversibles.

    Examinadas las violaciones alegadas y los argumentos en que se sustentan, conjuntamente al caudal probatario incorporado al proceso, la Sala es del criterio que la razón no le asiste a la parte actora. Veamos.

    El artículo 7 de la Ley 1 de 3 de febrero de 1994, Ley Forestal de la República, promulgada en la G.O. Nº22,470 de 7 de febrero de 1994, tal como quedó modificado por el artículo 1 de la Ley 30 de 30 de diciembre de 1994, promulgada en la G.O. Nº22,709 de 24 de enero de 1995, complementaria de la Ley General de Ambiente, en el que se conmina a todo proyecto o actividad humana que deteriore o afecte el medio natural, a la presentación de estudio de impacto ambiental elaborado por profesionales idóneos, y que será aprobado por lo que es la ANAM "siempre que contenga las medidas y provisiones para eliminar o reducir el deterioro del ambiente", la Sala estima que no se configura la violación en los términos alegados por el demandante, pues, en primer término, en autos se evidencia que G. Internacional S.A. presentó el Estudio de Impacto Ambiental según los requerimientos formales de la norma, y en segundo término, contrario a lo que argumenta el demandante, al revisar el documento contentivo del estudio de impacto ambiental cuya validez se cuestiona (de fojas 8 a 44), se aprecia que en el mismo está contenido un informe de viabilidad ambiental, en el que se efectúa un análisis económico de las operaciones del proyecto y "sus medidas de mitigación para compensar los impactos que las operaciones del mismo, provoquen a los agentes biológicos del entorno físico en el área", para lo que detalla cada una de las afectaciones producidas a la atmósfera o clima, la vegetación, la fauna, los recursos hídricos (ríos) y paisaje del lugar ( a foja 25).

    La Sala estima que importante resulta señalar que el actual Ministro de Comercio e Industrias en el informe explicativo de conducta que rindió, claramente expuso que no envió para la publicación en la Gaceta Oficial el Contrato Nº220 ya refrendado, hasta tanto se presentaran ante el Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad del Ambiente medidas como: prohibir el uso de las aguas del Río Pacora; no permitir el lavado del mineral que pudiese generar sedimentos al río; utilizar un camino alterno salvaguardando la seguridad de la comunidad; evitar la tala de árboles en el área, todo lo cual, luego del consenso de las partes, que incluye a miembros de la Comunidad y la Junta Comunal de San Martín, dio lugar a la Addenda Nº1 del contrato, en la que además se insertó como causal de rescisión del mismo "el incumplimiento por parte de la empresa, de la Resolución Ambiental que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente y de las leyes, reglamentos y demás normativas de carácter ambiental vigentes; la Addenda Nº1 fue refrendada el 16 de febrero de 2001 y publicada en la Gaceta Oficial junto al Contrato Nº220 de 31 de agosto de 1999, en la Gaceta Oficial Nº24,249 de 22 de febrero de 2001 (véase de fojas 126 a 131). Por lo expuesto, la Sala desestima este cargo.

    El numeral 10 del artículo 7 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente, promulgada en la Gaceta Oficial Nº23,578 de 3 de julio de 1998, según el demandante fue violado de manera directa por comisión por la resolución que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, pues, desconoció que la norma determina la congruencia que debe existir entre la resolución que admite o rechaza un Estudio de Impacto Ambiental y la evaluación que se haya efectuado al mismo, y, en este caso, la evaluación estableció que el estudio se realizó para una zona determinada, pero que no es cierto que las obras se desarrollarán en dicha zona, sino en otra distinta a la estudiada. Contrario a lo que afirma el demandante, la Sala infiere de la documentación que reposa en autos que, tal como afirma el apoderado de la empresa Gethsa Internacional SA., hubo un error en el documento contentivo del Estudio de Impacto Ambiental por ellos presentados, al denominar el lugar a efectuarse la extracción y lavado de arena continental diferente a donde efectivamente corresponde, habida cuenta que la población de C. y la Comunidad de San Miguel son contiguas y pertenecientes al mismo Corregimiento de San Martín, Provincia de Panamá. A ello añade la Sala, que el mencionado estudio se elaboró no en razón de nombres de comunidades, como también señala el apoderado de Gethsa Internacional, S.A., sino a polígonos y cada polígono, según puede apreciarse en autos, tiene sus coordenadas. En ese sentido, se advierte que en el expediente figura certificación rendida por el Director Nacional del Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia", dependencia del Ministerio de Obras Públicas, única entidad facultada según el Código de Minas y el Reglamento de Planos Mineros, para el diseño de planos que delimitan zonas mineras, expedida a solicitud del demandante, L.. M.C. y aportada como prueba por éste, en la que se hace constar que esa institución ubicó en el Mapa General de la República de Panamá, a escala 1:250,000 "el polígono" solicitado por Gethsa Internacional, S.A. en el Corregimiento de San Martín, Distrito de Panamá, con el detalle de sus coordenadas ( a fojas 161 a 162). También figura a foja 160, copia autenticada del Plano Nº97-92 de 17 de junio de 1997, que igualmente fue aportado como prueba por la parte actora, confeccionado por el Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia", del cual puede desprenderse que las coordenadas indicadas son coincidentes con un mínimo margen de error, a las señaladas en el Cuadro Nº1 del Estudio de Impacto Ambiental cuestionado, que indica la ubicación de las coordenadas geográficas de la concesión de explotación de arena (a foja 11).

    Lo anterior descarta, sin lugar a dudas, que hubiese por parte de la empresa intención de someter a la aprobación por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente de un Estudio de Impacto Ambiental "esencialmente engañoso", como hace ver el demandante, mas si se toma en cuenta el empeño del demandante en su alegato final en demostrar que con el Mapa Nº0808:18 elaborado por la Sección de Cartografía de la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, aportado como prueba y medular sustento de las violaciones que alega, la Escuela de Geógrafos Profesional de la Universidad de Panamá "se sujeta a las mismas coordenadas geográficas, rumbos y distancias de que trata el Plano Minero 97-92". Lo anterior fue confirmado por los peritos Israel De León Melgar y D.L.C., que en declaración jurada que está visible de fojas 180 a 183 del expediente, afirman que fueron asignados por la Escuela de Geógrafos Profesionales de la Universidad de Panamá, y, que sobre el mencionado mapa 0808:18, "verificaron las coordenadas donde se localizan los puntos en cuestión y elaboramos una descripción geográfica del polígono". No obstante, se reconoce que las escalas "no son iguales", pues, "la escala presentada en el mapa de Gethsa Internacional S.A., es de 1:250,000 y la escala utilizada por la Sección de Cartografía es de 1:25,000 ... la escala adecuada para efectuar este tipo de comprobación cartográfica es la que se presentaba en el mapa elaborado por la Sección de Cartografía, ya que la escala permite representar los detalles más claramente que en el mapa de Gethsa" (destaca la Sala).

    Así las cosas, a la Sala no le queda otra que desestimar entonces el Plano Minero 0808:18 que el demandante aporta como prueba en este proceso, pues no se ajusta a los requerimientos que contempla el Reglamento de Planos Mineros contenido en la Resolución DGRM-98-65 de 13 de mayo de 1998, que expresamente prevé que los planos confeccionados para delimitar zonas mineras deben ser dibujados de acuerdo al último mapa oficial de la República, preparado por el Instituto Geográfico Nacional, con específicas dimensiones, a las que evidentemente no se ajusta el mapa en cuestión. Vale señalar que a foja 166 del expediente figura la certificación rendida por la Directora General de Recursos Minerales fechada 22 de agosto de 2001, en la que se hace constar que la entidad que dirige es la autorizada por ley para plotear y aprobar planos mineros, que la escala mínima aceptada para tal efecto es de 1:50,000 y que los planos deben ser dibujados de acuerdo al último mapa oficial preparado por el Instituto Geográfico Nacional. En razón de lo expuesto, no prospera la violación que se alega al numeral 10 del artículo 7 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente.

    Tampoco se configura la violación por omisión que se alega al artículo 29 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente, sustentada en que los análisis efectuados al Estudio de Impacto Ambiental presentado por G. Internacional contenidos en el Informe Técnico de 6 de julio de 1999 y el Informe Técnico Evaluativo de 13 de julio de 1999, obliga a que sea rechazado, pues, revelaron deficiencias y falsedades de lo que adolece dicho documento y los peligros, perjuicios y daños que ocasionaría el proyecto. La Sala no comparte la apreciación que en ese sentido esboza el demandante, pues, una vez establecida la veracidad del Estudio de Impacto Ambiental cuya validez es cuestiona, la Sala es del criterio que la Resolución IA-166-99 de 20 de julio de 1999, expedida por la Autoridad Nacional del Ambiente que lo aprueba, no sólo contempla medidas de mitigación a lo largo de su articulado, sino que conmina a la empresa a su forzoso cumplimiento, y de igual manera le advierte que "suspenderá" el proyecto por el incumplimiento de lo establecido en la esa resolución, el Estudio de Impacto Ambiental y por la violación de las normas que regulan el uso, protección de los recursos naturales y del ambiente en general. De ello y de las consideraciones señaladas para la expedición de la resolución que se demanda, se infiere que la documentación evaluativa del Estudio de Impacto Ambiental, que obviamente refleja deficiencias y posibles impactos al ambiente, sí fue analizada, mas en ese sentido la Sala conceptúa que lo que resulte de esa evaluación, no implica que las deficiencias no puedan ser subsanadas y no se contemplen medidas de mitigación a los posibles impactos ambientales, lo que en efecto se hizo no sólo en la resolución que se demanda sino que luego de que ésta fuera expedida, previo y posterior al Contrato de Concesión Nº220 que en razón de ella tuvo lugar, como lo es la Addenda Nº1. Se desestima este cargo.

    El demandante también alega como violado de manera directa por omisión el artículo 27 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente, puesto que en su opinión el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Gethsa Internacional S.A., no fue puesto a conocimiento público ni se cumplió con el principio de consulta pública. La Sala desestima la violación que en ese sentido se señala, toda vez que en el informe explicativo de conducta rendido por el Ministro de Comercio e Industrias, claramente expone que luego de que Gethsa Internacional S.A., presentara el 18 de julio de 1997 ante la Directora General del INRENARE el Estudio de Impacto Ambiental y fuera declarada elegible mediante Resolución Nº97-93 de 15 de octubre de 1997, ésta se hizo pública en la Gaceta Oficial Nº23,407 de 27 de octubre de 1997 y sus AVISOS OFICIALES se publicaron por tres días (30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 1997) en un periódico de la localidad y fueron enviadas además copias de esos Avisos a la Alcaldía de Panamá y a la Corregiduría y Junta Comunal de S.M., mismos que fueron fijados por 15 días de conformidad a las leyes pertinentes. Vale destacar que el Ministro de Comercio e Industrias en el informe de conducta rendido, en ese sentido destaca que durante el período establecido en la Ley para presentar oposiciones en contra de la solicitud de concesión, no se recibió ninguna ante la Dirección General de Recursos Minerales. Se desestima este cargo.

    Como resultado de todo lo anotado tampoco se configura la violación por omisión que se aduce al artículo Tercero, inciso primero de la Resolución 91-36 de 27 de mayo de 1997, expedida por la Dirección General de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias, referente al inventario de los factores físicos, biológicos y sociales del área que debe contener el estudio de "reconocimiento ambiental", pues, ha quedado plenamente establecido que el inventario de los factores físicos, biológicos y sociales contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Gethsa Internacional S.A., corresponde al área que fue solicitada en concesión para la realización del proyecto denominado Extracción y Lavado de Mineral no Metálico (arena continental) en una zona de 500 Has. de terreno, ubicada en la Comunidad de San Miguel, Corregimiento de San Martín, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá.

    En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES la Resolución NºIA-166-99 de 20 de julio de 1999, dictada por la Autoridad Nacional del Ambiente, mediante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Gethsa Internacional, S.A, niel Contrato de Concesión Nº220 de 31 de agosto de 1999 y su Addenda, celebrado entre el Ministerio de Comercio e Industrias en representación del Estado y la empresa GETHSA INTERNACIONAL; S.A..

    NOTIFÍQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE EN LA GACETA OFICIAL

    ARTURO HOYOS

    WINSTON SPADAFORA FRANCO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L.

    JANINA SMALL (Secretaria)