Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 3 de Julio de 1998

PonenteEDGARDO MOLINO MOLA
Fecha de Resolución 3 de Julio de 1998
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

La firma R., Bolívar y C., en nombre y representación de COCA COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A., ha propuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula por ilegal la Resolución Nº 213-1365 de 24 de marzo de 1995, emitida por la Administración Regional de Ingresos, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones..

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

Manifiesta la parte demandante, que la Administración Regional de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, producto de su investigación de las declaraciones de renta de los años 1991, 1992 y 1993, resolvió expedir una liquidación adicional contenida en la Resolución Nº 213-1365 de 24 de marzo de 1995, en contra de COCA COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A., por deficiencia en sus declaraciones del impuesto sobre la renta por la suma de B/.599,705.68, B/.528,127.47, y B/.581,0099.63, para cada período fiscal respectivamente. Que las objeciones a las declaraciones de renta de la empresa aludida, llevadas a cabo por la Administración Tributaria se refieren a los renglones de Costo de Venta, Otros Gastos General y Administrativo, R., e Impuesto Mínimo o Complementario.

Continúa expresando el recurrente, que en el término oportuno se interpusieron los recursos de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución Nº 213-1365 de 24 de marzo de 1995.

Finalmente, que la Resolución arriba descrita viola las siguientes disposiciones: artículo 1057r, y 733 del Código Fiscal; artículos 2 y 3 del Decreto de Gabinete Nº 60 de 27 de noviembre de 1968; artículo 649 del Código Civil; artículo 773 del Código Judicial; y artículo 9, literal b) de la Ley 3 de 20 de marzo de 1986.

Admitida la demanda contencioso administrativa, el Magistrado Sustanciador le solicitó al Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, rindiera informe de conducta en relación a la reclamación incoada.

INFORME DE CONDUCTA

Mediante Nota Nº 213-L-966 de 3 de octubre de 1996, el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, informó a este Tribunal Colegiado, que esa Administración expidió la liquidación adicional a nombre del contribuyente COCA COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A., mediante Resolución 213-1365 de 24 de marzo de 1995, por deficiencias en sus declaraciones de renta para los períodos 1991, 1992 y 1993, por las sumas de B/.599,705.68, B/.528,127.47, y B/.581,099.63 respectivamente.

Que la liquidación adicional expedida contemplaba los períodos 1991, 1992 y 1993, pero en virtud de lo que establece el artículo 720 del Código Fiscal, operó la caducidad para el período de 1991. Que las observaciones expresadas en la Resolución 213-1365 de 24 de marzo de 1995 para los períodos en mención se concentran en los rubros: costo de ventas, otros gastos generales y administrativos, y reinversión.

Prosigue el funcionario fiscal, en cuanto a la objeción del costo de venta hecho por los auditores fiscales, que el artículo 1057-r del Código Fiscal dispone que para los efectos del Impuesto sobre la Renta de los responsables del Impuesto sobre la venta de las bebidas gaseosas, no le será considerado como un ingreso, ni tampoco se permitirá su deducción como gastos; por lo que se procedió a objetar las sumas de B/.773,406.57; B/.828.744.77, para los años 1992, y 1993, sumas estas que se encontraban incluidas en el costo de venta.

También dice el Administrador Regional de Ingresos, que con respecto a los gastos generales y administrativos (servicios suplementarios), de acuerdo a los auditores fiscales, el contribuyente COCA COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A., llevaba una cuenta denominada `SERVICIOS SUPLEMENTARIOS´, que corresponde a la reserva para patrocinar utilidades-empleados. Que en relación a la deducibilidad de las sumas consignadas en esta cuenta, hay que hacer referencia a los artículos 2º y 3º del Decreto de Gabinete 60 de 1968, que disponen que si los empleados o trabajadores que gozan de la participación de utilidades, son parientes dentro del 4º grado de afinidad o consanguinidad, y que si tienen 15% de las acciones la participación, esta última queda limitada al equivalente a un mes de sueldo. Que aplicada esta norma, se ajustó al monto deducido para los años 1992 y 1993, por razón de la distribución hecha a los señores J.J.V.I. y J.J.V.J., la cual fue realizada tomando en cuenta dicha limitación.

Por otro lado, que el contribuyente COCA COLA DE PANAMACOMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A., declara como incentivo fiscal en concepto de reinversión, las sumas de B/.336,787.97 y B/.468,910.58 para los años 1992 y 1993. Que luego de verificado el cálculo matemático del incentivo de reinversión, se produce una diferencia a favor del fisco, pues de acuerdo a los resultados obtenidos a través de la auditoría en el aumento de la renta gravable, lo cual tiene relación directa en la aplicación del beneficio fiscal en la reinversión, se determinó una diferencia para los tres períodos auditados (ver de fojas 168 a 180 del expediente).

De igual manera, se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración, quien mediante Vista Nº 519 de 26 de noviembre de 1996 contestó el libelo y se opuso a la pretensión de COCA COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A.

CONTESTACION DE LA DEMANDA

La Procuradora de la Administración, para sustentar su oposición a la pretensión, indicó que en materia fiscal no corresponde la deducibilidad del impuesto a las bebidas gaseosas en el estado de resultados del contribuyente, por lo cual la Dirección Regional de Ingresos procedió a aumentar la renta gravable de la empresa demandante. Que a través de los registros y documentos investigados se determinó, que la cuenta se refiere a la Reserva para participación de utilidades-empleados, a razón de B/.9,400.00 a favor de J.J.V.E. y B/.2000.00 a empleados. Que esta suma se establece mensualmente en los años 1991, 1992, 1993 y en el último período se aumentó una partida adicional por B/.106,603.50.

Además indica la Alta Funcionaria, que en base al artículo 3 del Decreto de Gabinete 60 de 27 de diciembre de 1968, se procedió a calcular el total de acciones en poder de la familia V., lo cual quedó de la siguiente forma:

-Total de Acciones de la Coca Cola de Panamá Compañía

Embotelladora, S.A. 845,332 100%

-Total de Acciones de la Familia

V. 127,967 15.14%

Que el total de las acciones de 845,332, el 15% corresponde a 126,799 acciones lo que demuestra una diferencia de 1,168 de más, que hace referencia al 15% aludido en el artículo bajo estudio, y quedando limitados al equivalente de un mes de salario a los señores J.J.V.C. por B/.3,000.00 y J.J.V.E., por B/.2,022.90, en cuanto a los pagos efectuados por la empresa en concepto de Participación de Utilidades-Empleados.

Por otro lado indica la Procuradora de la Administración que rechaza el criterio externado por el apoderado legal de la parte actora, toda vez que el respectivo incentivo resulta en la aplicación de los beneficios que le otorga el registro Oficial de la Industria Nacional Nº 533 del 5 de diciembre de 1989, basado en la Ley Nº 3 de 20 de marzo de 1986, artículo 9, literal b) y el Contrato de la Nación Nº 73 de 6 de junio de 1984, apoyado a su vez basado en el Decreto de Gabinete Nº 413 de 30 de diciembre de 1970, y este último modificado por el Decreto de Gabinete Nº 172 de 24 de agosto de 1971, artículo 5, literal c).

Expresa además, que en el año 1991, el contribuyente se aplicó el total de la reinversión por la suma de B/.772,785.67, efectuada en la Planta de Panamá, sin rebajar el 20% de la renta gravable del período fiscal en mención, tal como está estipulado en la Ley Nº 3, artículo 9, literal b), que expresa que la exoneración del impuesto sobre la renta de las utilidades netas reinvertidas para la expansión de la capacidad y la producción o para producir artículos nuevos, en la parte que esa reinversión supere el 20% de la renta gravable en el ejercicio fiscal que se trate. Que para el año 1992, la reinversión hecha en la Planta de Panamá, fue de B/.428, 703.79 y en la Planta de D. fue de B/.70,510.58. Que la Empresa se dio el beneficio de manera correcta, rebajando sólo el 20% de la renta gravable de la Planta de Panamá. Que para el año 1993, la reinversión hecha en la Planta de Panamá fue de B/.55,088.21, y que el contribuyente procedió correctamente como el período anterior. Para concluir, manifiesta la Procuradora de la Administración que de acuerdo a los resultados obtenidos a través de la auditoría en el aumento de renta gravable, lo cual tiene relación directa en la aplicación del beneficio fiscal de la reinversión, se determinó una diferencia para los tres períodos auditados.

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados que integran la S. Tercera, proceden a resolver la presente controversia.

DECISION DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO

Como ya se señaló en párrafos anteriores, COCA COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A. conceptúa que la Resolución Nº 213-1365 de 24 de marzo de 1995, y actos confirmatorios, viola las siguientes disposiciones: artículo 1057r, y 733 del Código Fiscal; artículos 2 y 3 del Decreto de Gabinete Nº 60 de 27 de noviembre de 1968; artículo 649 del Código Civil; artículo 773 del Código Judicial; y artículo 9, literal b) de la Ley 3 de 20 de marzo de 1986.

La primera norma que se estima conculcada es el artículo 1057r del Código Fiscal, del cual la parte pertinente es del tenor siguiente:

"Artículo 1057-r: Se establece un impuesto sobre la venta de bebidas gaseosas que gravará una sola de las etapas de la comercialización de dichos productos. Serán responsables de este impuesto los fabricantes e importadores de bebidas gaseosas.

...

A los efectos del impuesto sobre la renta de los responsables el impuesto sobre las ventas de bebidas gaseosas no será considerado como un ingreso ni tampoco se permitirá su deducción como gasto".

Según el recurrente, la postura del Fisco incurre en violación directa por comisión del artículo 1057-r del Código Fiscal, ya que COCA COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A., en su calidad de fabricante de bebidas gaseosas, era la contribuyente responsable del impuesto establecido en el artículo 1057-r. Que el impuesto sobre la venta de bebidas gaseosas era, como lo es típicamente todo impuesto de venta, un impuesto indirecto, esto es, un impuesto cuyo costo es susceptible de ser trasladado al consumidor o comprador en el precio. Que el carácter indirecto del impuesto sobre la venta de bebidas gaseosas, se pone de manifiesto en el propio Artículo 1057r, en tanto que alude al ingreso que represente el mismo para el contribuyente. Que como contribuyente responsable, COCA COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A., pagó regularmente el impuesto causado con motivo de la venta de dichas bebidas gaseosas y trasladó el costo de dicho impuesto al comprador en el precio.

También expresa la parte interesada, que los ingresos de COCA COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A., provinientes de la venta de bebidas gaseosas, estaban, durante los años objeto de la liquidación adicional, compuesto por ingresos gravables e ingresos no gravables, y que de ahí la razón por la cual al debitar o rebajar mensualmente el contribuyente su cuenta de ingresos por el importe del gasto del impuesto sobre la venta de bebidas gaseosas y acreditar, como contrapartida, su compromiso de pagar el referido impuesto de ventas, no estaba con ello afectando sus ingresos gravables, ya que la rebaja o débito del gasto correspondía únicamente al importe de ingresos no gravables del propio contribuyente. Que aunque el costo o gasto representado por el impuesto sobre la venta de bebidas gaseosas no sea deducible para los efectos del impuesto sobre la renta, no por ello deja de ser un gasto. De igual manera, el hecho de que la ley declare que no son gravables los ingresoso que perciba el contribuyente con motivo de la venta, correlativos al impuesto sobre las ventas, tales ingresos no dejan de ser por ello ingresos.

Como último punto, afirma el demandante que el manejo contable que hace dicho contribuyente mensualmente, consiste en debitar o rebajar de su cuenta de ingresos por ventas de bebidas gaseosas, el importe equivalente al impuesto sobre la venta de tales bebidas, no afecta en nada los ingresos gravables del mismo, y que por lo tanto no puede tenerse dicho débito como una deducción para los efectos del impuesto sobre la renta.

Frente al argumento esgrimido por la empresa COCA COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A., mediante su procurador judicial, queremos destacar que su planteamiento es válido para oponerse al alcance adicional llevado a cabo por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, pues claramente la empresa aludida ha establecido en su declaración la existencia de Impuestos a las Bebidas Gaseosas, y que efectivamente fueron cancelados a Hacienda y Tesoro mediante recibos que obran como prueba en el expediente administrativo proviniente de la Entidad Pública que expidió el alcance (ver fojas 87, 88 y 89 aque aluden al año 1991) y en este expediente contencioso administrativo (ver de fojas 76, a 121 que hacen alusión a los años 1992 y 1993), cuya sumatoria coincide con la cantidad alcanzada. El hecho de que la empresa demandante en su declaración haya ubicado ese impuesto de bebidas gaseosas en el rubro de gastos, no convierte al mismo en una renta gravable, pues a todas luces se colige que era una partida ya cancelada que debió verificar Hacienda y Tesoro, específicamente el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, en su momento.

Cabe destacar, que al llevarse a cabo la declaración se verificó una confusión y no debió la empresa incertar dichos impuestos como gastos de acuerdo a lo previsto en el artículo 1057r, último párrafo. Pero este error, no niega el hecho de que ese impuesto sobre bebidas gaseosas fue liquidado. Por ende, de acuerdo a estas consideraciones prospera el cargo endilgado.

Otras disposiciones que se señalan como transgredidas por parte del Administrador Regional de Ingresos son los artículos 2 y 3 del Decreto de Gabinete Nº 60 de 27 de noviembre de 1968, los cuales están relacionados, y cuyo tenor literal es el siguiente:

Artículo 2: Serán deducible para el patrono las ganancias que éste distribuya a sus trabajadores".

"Artículo 3: Los incentivos otorgados mediante este Decreto de Gabinete, en los casos de trabajadores cuyos parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y de afinidad tengan más del 15% de las acciones o de participación en la empresa, quedarán limitados al equivalente de un mes de sueldo".

La infracción es sustentada bajo el argumento de que la limitación de un mes de salario en cuanto a la deducción de las ganancias que el empleador distribuya a sus trabajadores, se produce cuando estos últimos, cuyos parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o de afinidad, tengan más del 15% de las acciones o de participación en la empresa, supuesto hecho que no se tipifica en el caso de los trabajadores J.J.V.E. y J.J.V.C..

Que la entidad demandada, sin contar con prueba alguna en el expediente de la existencia de una relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y de afinidad, entre los titulares de las acciones de la sociedad COCA COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A. y los señores arriba mencionados, creó un concepto de `Familia V.´ bastándole exclusivamente encontrar el apellido V. en el Libro de Registro de Acciones de la empresa, sumó el monto de las acciones a nombre de personas con este apellido y como dicho monto representaba el 15.14% de las acciones de la sociedad, limitó al equivalente de un mes de salario de los señores J.J.V.E. y J.J.V.C., la participación de utilidades que le había sido reconocida durante los años 1992 y 1993. Como consecuencia de esta objeción, no se reconoció la reserva imputada como gasto en los períodos indicados por el monto de B/136,000.00, para 1992 y B/243,403.50, para 1993. Que la cantidad de acciones de la sociedad COCA COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A., emitidas a favor de personas que se encuentran dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad con los señores J.J.V.E. y J.J.V.C. a la fecha de cierre del período fiscal 1992 y 1993, consta en la Certificación de 3 de mayo de 1995, expedidad por la firma de Contadores Públicos Autorizados ChandecK, B., A. y L., en su condición de Auditores Externos de COCA COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A. Estos contadores indicaron que el porcentaje de acciones emitidas a favor de los miembros de la Familia V. que se encuentran dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, alcanzan el 14.39% del total del capital accionario de la empresa, por lo que las ganancias del empleador efectuadas a favor de sus trabajadores J.J.V.E. y J.J.V.C., no están limitadas al equivalente de un mes de salario. Adicionalmente manifiesta la parte actora, que si el Fisco le pareció que existía limitante por el contenido en los artículos 2 y 3 del Decreto Nº 60 de 1968, debió probar a través de los medios comunes de prueba su aseveración, pues el sólo hecho de pertenecer a la Familia V., no constituye per sé la restricción legal, sino por el contrario, es necesario que los parientes de los trabajadores J.J.V.E. y J.J.V.C. dentro del caurto grado de consanguinidad o afinidad tuviesen el 15% o más de participación en la empresa.

En primer lugar, en relación al parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y de afinidad, no encuentra este Tribunal Colegiado las pruebas idóneas que indiquen o sustenten el referido parentesco alegado por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, entre el grupo familiar VALLARINO y los señores J.J.V.E. y J.J.V.C.. Sólo se limita a hacer referencia a lo acontecido dentro de la esfera administrativa, sin especificar claramente qué les llevó a arribar a la conclusión de que a los señores J.J.V.E. y J.J.V.C. sólo les correspondía un mes de salario, por encontrarse dentro de los grados de parentesco que habla las normas supra transcritas.

Los tratadistas J.L.P.D.A. y E.G., indican que "de este modo, la presunción de legalidad del obrar administrativo se resuelve ante cada acto administrativo tributario concreto en una cuestión de pura técnica jurídica, consistente en determinar qué actos son legítimamente válidos y cuáles no. De suerte, que siendo en el ámbito del Derecho Público la regla general la anulabilidad de los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico (art. 48 de la L. P. A.), parece coherente atribuir a la Administración el beneficio de una presunción que responde al normal desenvolvimiento de sus actuaciones, al tiempo que no desampara al administrado, toda vez que la Administración tendrá que probar el hecho base de la presunción y el contribuyente podrá destruir el hecho promovido mediante la aportación de la oportuna prueba en contrario" (PEREZ DE AYALA, J.L. y GONZALEZ, E., Curso de Derecho Tributario, Tomo II, 6º Edición. Editorial de Derecho Financiero, Madrid, España, 1991. P.. 149) (Subrayado es de la S.). Aunado a esta tesis, podemos agregar lo que manifiesta G.P., que dice que "en las actuaciones administrativas se debe observar los principios de la carga de la prueba, la cual corresponde a los acusadores" (PENAGOS, G.. Vía Gubernativa. Segunda Edición. Ediciones Ciencia y Derecho. Bogotá, Colombia 1995. P.. 14) (Subrayado es de la S.).

Los comentarios doctrinales reproducidos están dirigidos a reafirmar que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá y la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos, tenían la obligación de fundamentar el Alcance ordenado contra COCA COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A., en pruebas idóneas y contundentes. Ahora bien, con esto no queremos que se entienda que el demandante en este proceso contencioso actuó pasivamente, pues del proceso se desprende que solicitó se allegara a este Tribunal el expediente contentivo de la actuación administrativa, la cual efectivamente reposa en este Tribunal. La actividad probatoria de COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A., estaba supeditada precisamente a lo actuado en la vía gubernativa. Por ende, somos del criterio de que al no comprobarse el parentesco consanguíneo o de afinidad dentro de los grados que establecen los artículos 2 y 3 del Decreto de Gabinete Nº 60 de 27 de noviembre de 1968, COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A. llevó a cabo de manera legal la distribución de ganancias entre sus trabajadores y específicamente en lo que concierne a los señores J.J.V.E. y J.J.V.C.. Todo lo dicho encuentra fundamento legal en lo dispuesto en los artículos 773 (que también ha sido señalado como violado) y 774 del Código Judicial que expresa:

"ARTICULO 773. Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que les son favorables.

No requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos por la contraria, respecto a los cuales la ley no exige prueba específica; los hechos notorios; los que estén amparados por una presunción de derecho, y el derecho escrito que rige en la Nación o en los Municipios.

Los hechos claramente reconocidos en el curso del proceso por la parte adversa, no requieren prueba".

"ARTICULO 774. Las presunciones establecidas por la ley sustancial sólo serán admisibles cuando los hechos en que se funden estén debidamente acreditados".

En Sentencia de 30 de abril del año que decurre, esta S. en caso similar, en donde estaba involucrado el grupo familiar V., se dijo lo siguiente en relación a la actividad del Fisco, y que hacemos parte de este proceso:

"Aparte del cuerpo probatorio que aparece en el expediente, y que, como hemos visto, no es soporte suficiente para apoyar legalmente la posición de la autoridad fiscal, esta S. advierte que dicha autoridad reconoce, equivocadamente, la supuesta existencia de una entidad que se da por llamar "Grupo familiar", de que la legislación fiscal no hace mérito alguno.

Probablemente, el criterio de la autoridad fiscal en este sentido deriva justamente de la inquietud en el sentido de que ciertas instituciones y principios jurídicos sean utilizados para tratar de lograr fines ilegítimos mediante actitudes y conductas que pudieran considerarse como elementos configurantes de un abuso del derecho. Véase que tal inquietud de la autoridad fiscal se manifiesta en la Resolución dictada por el Administrador Regional de Ingresos cuando acusa a este contribuyente de utilizar a Coca Cola de Panamá, Compañía Embotelladora, S.A., como "un escudo excluyente de accionistas comunes a la Cervecería del Barú S.A." (Resolución Nº 213-2351, a foja 10).

Por las circunstancias extrajudiciales de este caso, la Corte no está en posición de demeritar la percepción de la autoridad fiscal de que aquí se ha cometido un abuso del derecho a aprovechar legítimamente los beneficios otorgados por el Decreto de Gabinete Nº 60 de 1968.

La S. advierte la inclinación a cometer abusos en la utilización de personas jurídicas y del principio societario que impide el levantamiento del velo corporativo. Ello ocurrió en el campo de las relaciones laborales, y luego el Código de Trabajo estableció el concepto de Unidad Económica Empresarial a fin de evitar el uso de personas jurídicas con el propósito o intención de obviar responsabilidades laborales por parte de los empleadores. Así también se observa que el establecimiento del sistema de tarifa impositiva escalonada para el cómputo del Impuesto sobre la Renta condujo a esquemas de fraccionamiento de empresas con el fin premeditado de beneficiarse de las escalas más bajas de la tarifa impositiva, y ello condujo entre otras cosas a una reforma legislativa importante para uniformar las tasas del impuesto sobre la renta aplicable a las personas jurídicas. Sin embargo, para evitar tales abusos fue necesario que el Organo Legislativo dictara las leyes apropiadas en ese sentido; para lo cual el Organo Judicial no tiene obviamente competencia constitucional.

Si la política fiscal del Estado sugiriera la introducción del concepto de unidad económica en la esfera fiscal, ello tendría que hacerse necesariamente a través del proceso legislativo. De allí que a esta S. no le está constitucionalmente permitido introducir el concepto de "Grupo Familiar" como sujeto responsable colectiva y solidariamente del pago de cargas fiscales por cuenta de miembros que supuestamente lo componen".

De acuerdo a todo lo manifestado, se concluye que prosperan los cargos endilgados contra la Resolución Nº 213-1365 de 24 de marzo de 1995, emitida por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, pues ha violado en este caso los artículos 2 y 3 del Decreto de Gabinete Nº 60 de 27 de noviembre de 1968 y 773 del Código Judicial. También es aplicable el criterio anteriormente expuesto a lo argüido en relación a la transgresión del artículo 649 del Código Civil.

Otro precepto legal que se señala como violado es el artículo 9, literal b de la Ley 3 de 20 de marzo de 1986, cuyo contenido es:

Artículo 9. Las empresas que se acojan al régimen de la presente Ley y que destinen su producción al mercado doméstico, gozarán de los incentivos fiscales que continuación se expresan:

a) ...

b) Exoneración del Impuesto sobre la renta sobre las utilidades netas reinvertidas para la expasión de su capacidad de producción o para producir artículos nuevos, en la parte que esa reinversión sea superior al veinte por ciento (20%) de la renta gravable en el ejercicio fiscal que se trate.

La infracción es explicada, señalándose que la Administración tributaria aplicó esta norma a un supuesto de hecho no contemplado en ella, puesto que el reparo de la Administración Tributaria en materia de reinversión, se produce porque a juicio de la entidad demandada, al incrementarse la renta gravable del contribuyente por la no deducibilidad del impuesto de bebidas gaseosas, y por la limitación de la deducción emanante de la distribución de utilidades a favor de los trabajadores J.J.V.E. y J.J.V.C., incide el monto deducible por reinversión a que tiene derecho COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A..

El planteamiento del recurrente no está alejado de la realidad, porque el Administrador Regional de Ingresos confirmó el hecho, de que como se había incrementado la renta por las investigaciones que llevó a cabo esa Administración en los rubros de gastos y distribución de participación de utilidades (reserva de participación de utilidades -empleados), así mismo incidía directamente este aumento en los rubros de reinversión para los años 1991, 1992, y 1993 (ver fojas 8 y 173 del expediente). Esto significa que si ya hemos establecido que realmente COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A. pagó el impuesto de bebidas gaseosas, y que la distribución de utilidades, de igual manera se llevó a cabo de acuerdo a la Ley, no debe existir diferencia a pagar por la empresa mencionada en concepto del beneficio otorgado de reinversión que habla la norma transcrita. Por ende prospera el cargo impetrado.

Por último, el artículo 733 del Código Fiscal es considerado violentado por el acto administrativo impugnado, y aquel trata sobre el porcentaje de la distribución de dividendos o cuotas de participación (impuesto mínimo complementario). Las razones expuestas por el Administrador Regional de Ingresos son las mismas que aplicó para aumentar la cuantía en el impuesto en razón de la reinversión, por lo que adaptamos el criterio expuesto anteriormente en relación al artículo 9 de la Ley 3 de 20 de marzo de 1986.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran la S. Terecera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN QUE ES ILEGAL la Resolución Nº 213-1365 de 24 de marzo de 1995, y acto confirmatorio, por lo que COLA DE PANAMA COMPAÑIA EMBOTELLADORA, S.A., no está obligado al pago de las sumas contenidas en dichas Resoluciones emitida por la Administración Regional de Ingresos y la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos.

N..

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) A.H.

(fdo.) J.S.

Secretaria

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