Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 7 de Octubre de 1997
| Ponente | ARTURO HOYOS |
| Fecha de Resolución | 7 de Octubre de 1997 |
| Emisor | Primera de lo Civil |
VISTOS:
El Lcdo. R.S., actuando en representación de E.V., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nula, por ilegal, la Resolución Nº 301 de 11 de julio de 1997, proferida por el Ministerio de Salud.
El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si la misma cumple con todos los presupuestos procesales requeridos para que aquélla pueda ser admitida.
El objeto de la demanda lo constituye el la Resolución Nº 301 de 11 de julio e 1997 mediante la cual se establece las tablas para el cálculo del servicio de inspección veterinaria en los mataderos del país.
En primer lugar se estima que el apoderado judicial de la parte actora incurre en un grave error al confundir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con la demanda de nulidad. Ello es así, por cuanto que, el acto cuya ilegalidad se cuestiona, es decir, la resolución Nº 301 de 11 de julio de 1997 es un acto de carácter impersonal y abstracto que no afecta o lesiona interés particulares, por lo que debe ser recurrido a través de una demanda contencioso administrativa nulidad y no una demanda de plena jurisdicción.
Igual criterio ha sostenido el Magistrado Sustanciador actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, al señalar en autos de 17 de enero y 25 de julio de 1991, lo siguiente:
"Se debe precisar, ante todo que, si bien ambos tipos de demanda persiguen la declaratoria de nulidad del acto administrativo impugnado, la demanda contencioso administrativa de nulidad y la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentan diferentes características, las cuales se pueden describir en los siguientes términos:
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Finalidad: La demanda de nulidad cuestiona la legalidad del acto protegiendo dicha legalidad desde un punto de vista objetivo. Preserva el orden jurídico abstracto. La demanda de plena jurisdicción cuestiona la legalidad del acto administrativo protegiendo el derecho subjetivo del demandante lesionado por el acto de la administración en vías a la declaración de nulidad de dicho acto y el restablecimiento de ese derecho. Nuestra jurisprudencia ha aceptado que se formulen demandas de nulidad contra actos que crean situaciones jurídicas individuales tratándose de actos condición (por ejemplo, decretos de nombramiento de servidores públicos).
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Demandante: En la demanda de nulidad puede demandar cualquier persona, natural o jurídica, pública o...
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