Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 7 de Octubre de 1997

Ponente:ARTURO HOYOS
Fecha de Resolución: 7 de Octubre de 1997
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. RODRIGO SÁNCHEZ EN REPRESENTACIÓN DE VÍCTOR EPIFANIO VERGARA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN Nº 301 DE 11 DE JULIO DE 1997, DICTADA POR EL MINISTRO DE SALUD

 
CONTENIDO

VISTOS:

El Lcdo. R.S., actuando en representación de E.V., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nula, por ilegal, la Resolución Nº 301 de 11 de julio de 1997, proferida por el Ministerio de Salud.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si la misma cumple con todos los presupuestos procesales requeridos para que aquélla pueda ser admitida.

El objeto de la demanda lo constituye el la Resolución Nº 301 de 11 de julio e 1997 mediante la cual se establece las tablas para el cálculo del servicio de inspección veterinaria en los mataderos del país.

En primer lugar se estima que el apoderado judicial de la parte actora incurre en un grave error al confundir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con la demanda de nulidad. Ello es así, por cuanto que, el acto cuya ilegalidad se cuestiona, es decir, la resolución Nº 301 de 11 de julio de 1997 es un acto de carácter impersonal y abstracto que no afecta o lesiona interés particulares, por lo que debe ser recurrido a través de una demanda contencioso administrativa nulidad y no una demanda de plena jurisdicción.

Igual criterio ha sostenido el Magistrado Sustanciador actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, al señalar en autos de 17 de enero y 25 de julio de 1991, lo siguiente:

"Se debe precisar, ante todo que, si bien ambos tipos de demanda persiguen la declaratoria de nulidad del acto administrativo impugnado, la demanda contencioso administrativa de nulidad y la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentan diferentes características, las cuales se pueden describir en los siguientes términos:

  1. Finalidad: La demanda de nulidad cuestiona la legalidad del acto protegiendo dicha legalidad desde un punto de vista objetivo. Preserva el orden jurídico abstracto. La demanda de plena jurisdicción cuestiona la legalidad del acto administrativo protegiendo el derecho subjetivo del demandante lesionado por el acto de la administración en vías a la declaración de nulidad de dicho acto y el restablecimiento de ese derecho. Nuestra jurisprudencia ha aceptado que se formulen demandas de nulidad contra actos que crean situaciones jurídicas individuales tratándose de actos condición (por ejemplo, decretos de nombramiento de servidores públicos).

  2. Demandante: En la demanda de nulidad puede demandar cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, domiciliada en Panamá. En la demanda de plena jurisdicción sólo puede demandar aquella persona cuyo derecho se vea lesionado por el acto administrativo impugnado.

  3. La pretensión: En la demanda de nulidad se pide únicamente la declaración de nulidad del acto administrativo. En la demanda de plena jurisdicción, además de la nulidad del acto, se demanda el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado.

  4. Intervención de terceros en el proceso: En la demanda de nulidad cualquiera puede intervenir como tercero. En la demanda de plena jurisdicción sólo se le permite intervenir como tercero a quien demuestre un interés directo en el proceso.

  5. Facultades del juez: En la demanda de nulidad se confronta el acto impugnado con la norma infringida estando el juez facultado sólo para decretar la nulidad del acto impugnado y para dictar disposiciones en reemplazo de las anuladas. En la demanda de plena jurisdicción se confronta el acto impugnado, el derecho subjetivo lesionado y la norma infringida estando el juez facultado para decretar la anulación del acto y, además, para ordenar el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado.

  6. Prescripción: En la demanda de nulidad no hay término de prescripción, puede interponerse en cualquier momento a partir de la notificación, expedición o publicación del acto administrativo. La demanda de plena jurisdicción prescribe dos meses a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto administrativo impugnado.

  7. Suspensión provisional: En la demanda de nulidad la jurisprudencia reciente ha sostenido que procede esta medida, cuando el acto impugnado en forma manifiesta pueda causar perjuicios a la colectividad, y si no respeta el principio constitucional que establece la separación de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial. En la demanda de plena jurisdicción es necesario probar la existencia de un perjuicio grave y actual para el demandante o que el acto sea manifiestamente contrario a la ley para que sea procedente la suspensión provisional del acto impugnado.

  8. Carácter del acto impugnado: La demanda de nulidad se interpone contra actos de carácter general o abstracto. La demanda de plena jurisdicción se interpone contra actos de carácter particular, que afectan situaciones jurídicas individuales o concretas.

  9. Naturaleza de la sentencia: En la demanda de nulidad la sentencia anulatoria es declarativa. En la demanda de plena jurisdicción, si se acoge la pretensión, la sentencia es de condena.

  10. Efectos de la sentencia: En la demanda de nulidad la sentencia anulatoria produce efectos erga omnes, es decir, contra todos en general. La demanda de plena jurisdicción afecta únicamente a quienes la interponen, es decir, tiene efectos inter-partes, al menos en lo que se refiere al restablecimiento del derecho ...".

Por otro lado, se observa que la parte actora cita como violados los artículos 48 y 105 de la Constitución Nacional. Tal como se ha establecido en reiterados fallos de la Sala Tercera, en las acciones de nulidad y de plena jurisdicción no se puede examinar la constitucionalidad de los actos administrativos impugnados, toda vez que dicha facultad es de competencia privativa del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. A la Sala sólo le compete determinar la legalidad de los actos administrativos.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, actuando en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Lcdo. R.S..

N..

(fdo.) A.H.

(fdo.) J.S.

Secretaria