Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 7 de Octubre de 2002

PonenteARTURO HOYOS P
Fecha de Resolución 7 de Octubre de 2002
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

El licenciado R.A., actuando en nombre y representación de C.P.C., presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota P. y S. 770-2000 de 10 de mayo de 2000, suscrita por el Jefe del Departamento de Pensiones y Subsidios de la Caja de Seguro Social, la negativa tácita por silencio administrativo, y para que se hagan otras declaraciones.

  1. La pretensión y su fundamento:

    La presente demanda tiene por objeto que se declare nula, por ilegal, la Nota P. y S. 770-2000 de 10 de mayo de 2000, dictada por el Jefe del Departamento de Pensiones y Subsidios de la Caja de Seguro Social, mediante la cual se le aclara al demandante que las jubilaciones que excedían de la suma de B/.1,500.00 fueron ajustadas en virtud de que la Ley fijó en esa cantidad el monto máximo a pagar por dicha entidad del Estado, en concepto de jubilaciones y pensiones. Asimismo, el apoderado judicial del actor, solicita se declare la nulidad de la negativa tácita por silencio administrativo incurrida por el Jefe del Departamento de Pensiones y Subsidios de la Caja de Seguro Social al no resolver el recurso de reconsideración presentado. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, el apoderado judicial del demandante solicita se le reconozca el ajuste de su pensión de jubilación en los términos en que le fue reconocida en la Resolución N1 C.F.C. 143-83 de 13 de mayo de 1983, esto es, hasta la suma de B/.3, 430.00 mensuales; y se le cancelen las sumas dejadas de percibir desde el mes de febrero de 1997 hasta la fecha en que sea efectivamente pagado.

    Entre los hechos y omisiones fundamentales de la acción que se plantean en la demanda, el licenciado A. manifiesta que mediante Resolución C.F.C. 143-83 de 13 de mayo de 1983, se le reconoció al señor C.P.C. una jubilación especial por la suma de B/.3,430.00. Sin embargo, con fundamento en lo dispuesto por el Decreto de Gabinete N1 43 de 1990, se le rebajó la jubilación a la suma de B/.1,500.00, toda vez que dicho decreto fijó en ese monto máximo las jubilaciones especiales. Agrega el apoderado judicial del actor que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N1 8 de 6 de febrero de 1997, el demandante tiene derecho a percibir su jubilación especial en los términos que le fue reconocida por el Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos, esto es, por la suma de B/.3,430.00.

    Como disposiciones legales infringidas, el licenciado A. cita el artículo 1 de la Ley N1 8 de 1997, modificado por la Ley N1 1 de 2000, cuyo texto a seguidas se copia:

    AArtículo 1: Los efectos de la presente Ley no afectan a las personas que se encuentren gozando de las pensiones ya otorgadas, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 15 de 1975 y la Ley 16 de 1975, y sus titulares continuarán disfrutando de sus pensiones complementarias o jubilaciones, en los términos reconocidos por dichas leyes y los regímenes especiales de jubilación correspondientes.

    Esta Ley tampoco afectará a aquellos servidores públicos que, hasta el 31 de diciembre de 1999, cumplan con los requisitos para obtener una pensión complementaria o jubilación, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 15 de 1975, la Ley 16 de 1975 o los regímenes especiales de jubilación. Estos servidores públicos podrán acogerse a la pensión complementaria o jubilación que les corresponda, de acuerdo con dichas disposiciones.

    Durante este plazo se aplicará el artículo 31 de la Ley 16 de 1975, en lo relacionado con el trámite de las correspondientes solicitudes de pensión y jubilación.

    El pago de las prestaciones a las que se refieren los párrafos anteriores, se hará con cargo al Tesoro Nacional.@.

    A juicio del apoderado judicial de la parte actora, el artículo 1 de la Ley N1 8 de 1997 ha sido infringido de manera directa por omisión A... ya que desconoce el derecho que tiene el licenciado C.P.C. a percibir su jubilación especial en los términos que le fue reconocida por el Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los Servidores Públicos, mediante una Resolución... resolución esta que se encuentra debidamente ejecutoriada y que no ha sido afectada por ningún otro acto de autoridad distinto del Decreto de Gabinete N1 43 de 1990...@, el cual ha sido derogado por la Ley N1 8 de 1997.

  2. El informe explicativo de conducta rendido por la Jefa del Departamento de Pensiones y Subsidios de la Caja de Seguro Social y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración:

    Tal como consta a fs. 41-45 del expediente, el 6 de junio de 2001, se recibió en la Secretaría de esta Sala el informe de conducta suscrito por la licenciada N. de P., Jefa del Departamento de Pensiones y Subsidios de la Caja de Seguro Social. Manifiesta la señora de P. que la Ley N1 8 de 1997 fue dictada para regular el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos, sin que la misma implicara derogar el Decreto de Gabinete N1 43 de 1990, el cual vino a ser un complemento de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 16 de 1975 (reglamentaria del Fondo Complementario), en concordancia con el artículo 6 ibídem, que limitaba a la suma de mil quinientos balboas (B/.1,500.00) mensuales lo que habría de recibir un asegurado en concepto de jubilación por antigüedad de servicios, así como a lo establecido por el artículo 56-L de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

    Agrega la representante de la entidad estatal, que la equiparación hecha por el Decreto de Gabinete N1 43 de 1990, solamente establece un límite máximo a pagar, pero en ningún caso afecta a las jubilaciones menores de esta suma. Recalca que este Decreto con valor de Ley fue declarado constitucional, mediante Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 24 de mayo de 1991.

    Por su parte, el Procurador de la Administración Suplente, doctor J.J.C., mediante Vista Fiscal N1 430 de 27 de agosto de 2001, solicita a esta Sala niegue las pretensiones del demandante, porque, a su juicio, no le asiste razón y sus pretensiones carecen de sustento jurídico. En ese sentido, el señor Procurador Suplente expresa que el artículo 1 de la Ley 8 de 1997 por la cual se crea el SIACAP no deroga lo dispuesto por el Decreto de Gabinete N1 43 de 1990, ni el artículo 56-L del Decreto Ley N114 de 1954 BOrgánica de la Caja de Seguro Social- conforme fuera subrogado por el artículo 44 de la Ley 30 de 1991, sino que simplemente crea una alternativa a la eliminación del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales Obligatorio para los Servidores Públicos.

    Agrega el señor Procurador Suplente que A. no haberse incluido el artículo 1 en la Ley 8 del 1997, la desaparición del Fondo Complementario con la creación del SIACAP, habría involucrado la imposibilidad para los pensionados según las Leyes 15 y 16 de 1975, de seguir percibiendo las sumas que recibían en virtud del mencionado fideicomiso.@. Por ello, el objetivo de la mencionada disposición fue el de salvaguardar los derechos de dichos pensionados, pero de conformidad con las disposiciones legales vigentes relativas al monto máximo permitido para las pensiones de invalidez y vejez, esto es, los artículos 1 y 2 del Decreto de Gabinete N1 43 de 1990 y el artículo 56-L del Decreto Ley N1 14 de 1954 subrogado por el artículo 44 de la Ley 30 de 1991 que fijan en la suma de B/.1, 500.00 el monto máximo de las pensiones y jubilaciones.

  3. Decisión de la Sala:

    La Sala procede, seguidamente, a resolver la presente controversia, previa las siguientes consideraciones.

    Tal como ha quedado expuesto, la parte actora pretende que la Sala declare la nulidad de la Nota P. y S. 770-2000 de 10 de mayo de 2000, suscrita por el Jefe de Pensiones y Subsidios de la Caja de Seguro Social y, a su vez solicita que dicha dependencia del Estado le reconozca al licenciado C.P.C. el derecho a percibir, en concepto de jubilación, la suma de B/.3,430.00, que le fuera otorgada mediante Resolución N1 C.F.C. 143-83 de 13 de mayo de 1983.

    Un análisis de las constancias procesales y de la legislación vigente y aplicable a esta materia, llevan a la Sala a concluir que no le asiste razón a la parte actora.

    La Sala estima que el reajuste de la pensión de jubilación especial pedido por el demandante más allá de la cifra de B/.1,500.00 carece de sustento legal, por cuanto la norma jurídica aplicable en estos casos es el Decreto de Gabinete N1 43 de 1990, que establece un tope o límite máximo para las erogaciones que en concepto de jubilaciones u otras pensiones especiales, producto de normas de seguridad social especiales, fueran concedidas con cargo al extinto Fondo Complementario de Prestaciones Sociales Obligatorio para todos los servidores públicos, que otrora fuese instituido por la Ley 15 de 1976, desarrollado por la Ley 16 del mismo año.

    La norma legal aplicada en el caso del licenciado C.P.C. es el artículo 1 del Decreto de Gabinete N1 43 de 1990, cuyo texto se transcribe a continuación para mayor ilustración:

    AArtículo 1. Los servidores públicos amparados por Leyes Especiales de Jubilación podrán ejercer su derecho a jubilación en los mismos términos consagrados en su respectiva Ley Especial; no obstante, lo antes indicado en ningún caso el monto de las jubilaciones así concedidas, podrá exceder la suma de mil quinientos balboas (B/.1,500.00) mensuales.@.

    Su tenor literal es claro y expreso y su objeto consiste en fijar un límite máximo a las pensiones reguladas por leyes de jubilación especiales. Además, la norma tiene jerarquía de Ley, y fue declarada constitucional de acuerdo con Sentencia de 24 de mayo de 2001, proferida por el Pleno de esta Corporación.

    Por otro lado, la Sala no comparte la interpretación del apoderado judicial del actor sobre artículo 1 de la Ley 8 de 1997, que postula que dicho artículo deroga el Decreto de Gabinete N1 43. El citado artículo establece, tal como lo señala el señor P. en su Vista, una alternativa a la eliminación del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales, toda vez que al crearse el SIACAP se establece un período de transición entre el régimen de Fondo Complementario y el nuevo Bel del SIACAP-, teniendo entonces que respetar los derechos adquiridos de aquellas personas que estuviesen, a la entrada en vigencia de la Ley 8 de 1997, gozando de sus pensiones concedidas con fundamento en el artículo 31 de la Ley 15 de 1975 y 16 de ese mismo año, garantizando así que estas personas siguieran gozando de sus pensiones complementarias o jubilaciones A... en los términos reconocidos por dichas leyes y los regímenes especiales de jubilación correspondientes.@.

    La Sala conceptúa que lo regulado por el artículo 1 del Decreto de Gabinete N1 43 de 1990 y lo dispuesto por la Ley 8 de 1997, específicamente el artículo 1, no se refieren a la misma materia, salvo en lo que el artículo 1 del Decreto con valor de Ley indica acerca de los servidores públicos amparados por leyes especiales de jubilación. El artículo 1 del citado Decreto de Gabinete regula el límite máximo de las erogaciones en concepto de pensiones o jubilaciones especiales, en tanto que el artículo 1 de la Ley 8 de 1997 protege los derechos adquiridos de aquellas personas que están en pos de una transición del régimen de Fondo Complementario de Prestaciones Sociales, al nuevo régimen que instituye el SIACAP.

    En manera alguna el artículo 1 de la Ley 8 de 1997 tiene por objeto alterar, modificar o en última instancia derogar el tope de la cuantía fijada en B/.1,500.00 de aquellos servidores públicos regidos por leyes de pensión o jubilación especiales.

    Finalmente, y sobre la vigencia y aplicabilidad del Decreto de Gabinete N1 43 de 1990, la Sala considera pertinente citar un extracto de su sentencia aclaratoria de 27 de diciembre de 2000, en la que se dejó establecido lo siguiente:

    A... para evitar equívocos, que el derecho reconocido a los demandantes por jubilarse por Ley Especial, en este caso, la Ley 17 de 1984, tienen que tomar en cuenta las disposiciones previstas en el Decreto de Gabinete N1 43 de 1990, en aquellos casos en los que los favorecidos hayan devengado un último salario que exceda de la suma de mil quinientos balboas (B/.1,500.00). Ello es así por cuanto que el Decreto de Gabinete N143, de 17 de febrero de 1990, cuya constitucionalidad fue corroborada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia de 24 de mayo de 1991, fue expedido con posterioridad a la Ley 17 de 1984 y su ámbito de aplicación, que en la actualidad se mantiene incólume, alcanza incluso aquellos servidores públicos que estuvieren amparados por Leyes Especiales de Jubilación, como señalan textualmente los artículos primero y segundo de dicho Decreto de Gabinete.@.

    En virtud de las consideraciones que se han explicado, lo que procede es declarar que no es ilegal el acto acusado, y consiguientemente, negar las pretensiones accesorias.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Contencioso Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Nota P. y S. 770-2000 de 10 de mayo de 2000, emitida por el Jefe del Departamento de Pensiones y Subsidios de la Caja de Seguro Social; y se NIEGAN las demás pretensiones.

    N..

    (fdo.) A.H.

    (fdo.) W.S.F.

    (fdo.) A.A.A. L.

    (fdo.) J.S.

    Secretaria

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