Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 8 de Enero de 2007

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución 8 de Enero de 2007
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El doctor M.E.B.M., actuando en nombre y representación de GONZALO CÓRDOBA CANDANEDO, ha presentado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el fin de que se declare nula, por ilegal, la Resolución NºRUTP-AP-022-2002 de 9 de octubre de 2002, proferida por el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante auto de 16 de abril de 2003 (f.57) se admitió la presente demanda, se le solicitó al Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá que rindiera un informe de conducta y se le corrió traslado de la misma a la Procuradora de la Administración.

Cabe destacar que la Sala Tercera, mediante Resolución de 27 de marzo de 2003, no accedió a la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución NºRUTP-AP-022-2002 de 9 de octubre de 2002, proferida por el Rector de la Universidad de la Universidad Tecnológica de Panamá (fs.54 y 55).

I-El acto impugnado.

El acto impugnado lo constituye la Resolución NºRUTP-AP-022-2002 de 9 de octubre de 2002, proferida por el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, la cual resuelve acoger la solicitud precautoria del Contralor General de la República contenida en la parte final de la Nota Nº5024-Leg. y por lo tanto separar provisionalmente de la Categoría de Profesor de Tiempo Completo al doctor G.C. a partir de la ejecutoria de la presente Resolución y en su lugar asignar la condición de Tiempo Parcial hasta tanto se emitan las conclusiones finales de la investigación que adelanta la Contraloría General de la República en contra del docente en mención.

De

igual forma, el recurrente solicita que se declare la nulidad de la resolución

RUTP-AP-025-2002 de 25 de octubre de 2002, proferida por el Rector de la

Universidad Tecnológica de Panamá, mediante la cual se desestimó el recurso de

reconsideración presentado en contra de la Resolución RUTP-AP-022-2002 del 9 de

octubre de 2002, se modificó la Resolución RUTP-AP-022-2002 de 9 de octubre de

2002 y se ordenó la separación provisional de forma total de doctor Gonzalo

Córdoba de la categoría de Profesor Regular Titular de Tiempo Completo.

También

pide que se deje sin efecto la Resolución No.CACAD-AP-03-2002 de 16 de

diciembre de 2002 que resuelve confirmar la decisión adoptada por medio de la

Resolución No.RUTP-AP-022-2002 de 9 de octubre de 2002 modificada por la

Resolución No.RUTP-AP-025-2002 de 25 de octubre de 2002.

De las declaraciones anteriores, el recurrente solicita que se ordene a la Universidad Tecnológica de Panamá que levante la separación del doctor G.C. y sea restituido a la categoría de Profesor Regular Titular de Tiempo completo. Además, que se paguen al doctor G.C. los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el tiempo que se mantenga la separación ilegal de la categoría de la categoría de Profesor Regular de Tiempo Completo.

II-Fundamento de la demanda.

De acuerdo con la parte actora, la Resolución

NºRUTP-AP-022-2002 de 9 de octubre de 2002, proferida por el Rector de la

Universidad Tecnológica de Panamá, infringió los artículos 5,7, 55, 57 y 60 de

la Ley No.17 de 9 de octubre de 1984, el artículo 825 del Código

Administrativo, los artículos 46 y 202 de la Ley 38 de 2000, los artículos 107,

110 (literal c), 111 de los Estatutos de la Universidad Tecnológica y el

artículo 1148 del Código Judicial.

La primera de estas

disposiciones que se estima como violada es el artículo 5 de la Ley No.17 de 9

de octubre de 1984, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 5. La Universidad Tecnológica de Panamá es

autónoma, se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho a

administrarlo. Tiene la facultad para organizar sus estudios, programas,

investigaciones y servicios. Designará, promoverá y separará su personal de

conformidad con la presente Ley, el Estatuto y los Reglamentos que la rijan.

La autonomía es la capacidad que tiene la Universidad

Tecnológica de Panamá para gobernarse a sí misma, cumplir sus funciones y

realizar sus fines por medio de sus autoridades competentes propias, elegidas

conforme a las normas que al efecto existan.

Los predios, instalaciones y dependencias de la Universidad Tecnológica de Panamá gozarán de inviolabilidad y nadie podrá entrar en ellas sin la autorización del rector, a no ser por mandato escrito de autoridad competente y para fines específicos determinados en la ley, o para socorrer a víctimas de acciones violentas o desastres.

A juicio del recurrente la norma transcrita fue violada directamente por falta de aplicación, toda vez que esta norma que consagra la autonomía de la universidad fue desconocida por el señor Rector en la Resolución objeto del presente recurso.

Otra disposición citada como violada es el artículo 7 la Ley No.17 de 9 de octubre de 1984, que preceptúa lo siguiente:

Artículo 7.- La Universidad Tecnológica de Panamá se

rige por el principio de la Libertad de Cátedra y de Investigación. En

consecuencia, los docentes e investigadores tendrán garantías de su libertad de

enseñanza e investigación respectivamente, si ésta se fundamenta en los

requisitos de objetividad científica y rigor metodológico.

La libertad de Cátedra se ejercerá sobre la base de

planes y programas de estudio existentes para las asignaturas y materias que el

docente imparta y cuya temática ha sido elaborada, en consideración a las

necesidades de formación del estudiante, por la unidad académica

correspondiente. En cuanto a su contenido, el profesor dispondrá de plena

libertad de interpretación de la asignatura que imparta.

La libertad de Investigación se ejercerá sobre la base de los temas, planes y programas establecidos por la Universidad Tecnológica de Panamá, además de las necesidades de desarrollo que tenga alguna rama del conocimiento técnico y científico del país, con fundamento en los objetivos de ésta.

Sostiene el demandante que esta norma fue quebrantada directamente por falta de aplicación porque si se hubiera tenido en cuenta este artículo, la decisión hubiera sido diferente porque al Dr. G.C. no se le respetó en lo más mínimo la garantía de libertad de cátedra observada en esta norma.

De igual forma, se cita como infringido el artículo 825 del Código Administrativo, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 825. Por regla general una misma persona no

puede desempeñar dos o más destinos remunerados. Se exceptúan los siguientes

casos:

1-Los empleados políticos y administrativos de cualquier clase o categoría podrán ser nombrados profesores en los establecimientos de instrucción pública.

Afirma

el demandante que la norma transcrita fue quebrantada en concepto de indebida

aplicación, ya que el Rector de la Universidad Tecnológica le dio un sentido y

alcance distinto a esta norma, pues dejó de aplicar parte de un texto que es

claro y que establece la excepción de desempeñar dos o más destinos remunerados

como lo es la de ser profesor en los establecimientos de instrucción pública.

También señala el actor que la resolución atacada infringe el artículo 46 de la Ley 38 de 2000 que dice:

Artículo 46. Las órdenes y demás actos administrativos en firme, del gobierno central o de las entidades descentralizadas de carácter individual, tienen fuerza obligatoria inmediata, y serán aplicados mientras sus efectos no sean suspendidos, no se declaren contrarios a la Constitución Política, a la ley o a los reglamentos generales por los tribunales competentes.

Los decretos, resoluciones y demás actos administrativos

reglamentarios o aquellos que contengan normas de efecto general, sólo serán

aplicables desde su promulgación en la Gaceta Oficial, salvo que el instrumento

respectivo establezca su vigencia para una fecha posterior.

Afirma el recurrente que la norma transcrita fue vulnerada de forma directa por falta de aplicación, toda vez que el Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica no había sido publicado en la Gaceta Oficial a la fecha de la Resolución No.RITP-AP-022-2002, por lo que no tenía eficacia jurídica.

El acápite c del artículo 110 del Estatuto Universitario preceptúa lo siguiente:

Artículo 110. Son obligaciones del Profesor de Tiempo

Completo:

a-...

b- ...

c- Ejercer sus funciones sólo en la Universidad Tecnológica de Panamá, durante las 40 horas semanales para las cuales fue contratado, salvo autorización escrita del Rector, salvaguardando siempre los intereses de la Universidad, a solicitud de la parte interesada, previa recomendación del Decano o Director del Centro Regional.

Indica el recurrente que la disposición citada fue

quebrantada en concepto de aplicación indebida, pues en la Resolución impugnada

se aplicó el artículo in examine, para determinar la cantidad de horas que

debía cumplir el profesor C., pero al momento de emitir la Resolución, el

Estatuto Universitario no era legalmente válido por falta de publicación en la

Gaceta Oficial.

Otra disposición que se considera infringido es el artículo 55 de la Ley 17 de 9 de octubre de 1984 que dice:

"Artículo 55. La docencia y la investigación en la Universidad estarán a cargo de personal especializado, compuesto por docentes e investigadores con las categorías, denominaciones y funciones específicas que les establezca esta Ley y el Estatuto Universitario."

A juicio de la parte actora la norma en mención fue violado por falta de aplicación, toda vez que al momento de emitir la resolución, el Estatuto Universitario no era legalmente válido por falta de publicación en la Gaceta Oficial y la clasificación establecida en el artículo 57 de la misma excerta legal no especifica las restricciones de horario para el personal docente y de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Igualmente se menciona como infringido el artículo 57 de la Ley 17 de 9 de octubre de 1984 que estipula lo siguiente:

Artículo 57. El personal docente y de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá se divide en las siguientes categorías:

a-Regular

b-Especial

c- Adjunto

ch. I. y Asistentes de Investigación.

Afirma el recurrente que la norma transcrita fue

quebrantada por falta de aplicación, ya que al carecer de validez legal el

Estatuto Universitario, por no haber sido publicado en la Gaceta Oficial, el

Rector debió basar su decisión en la clasificación establecida en el artículo

en mención. Además indica que si se hubiese aplicado la norma se hubiese

percatado que la clasificación de tiempo completo y tiempo parcial no existía y

así hubiera fallado, pero como no la aplicó, la conclusión fue diferente.

También se considera infringido el artículo 60 de la Ley 17 de 9 de octubre de 1984:

Artículo 60. Son deberes de los docentes y de los investigadores universitarios, además de los que señalen el Estatuto y los Reglamentos, los siguientes:

a-Mantener y acrecentar el prestigio de la Universidad, contribuyendo al cumplimiento de sus fines y observando una conducta ejemplar para la comunidad.

b-Mejorar constantemente sus conocimientos para mantenerse al nivel del progreso científico, técnico y cultural;

c-Preparar periódicamente trabajos de investigación y obras de carácter didáctico y cultural; y

d-Cumplir las obligaciones inherentes a su cargo.

El demandante indica que la norma transcrita fue

infringida por indebida aplicación porque la Universidad Tecnológica de Panamá

no tenía estatutos y sólo era aplicable la Ley No.17 de 1984 que en ninguno de

sus preceptos prohíbe que un servidor

público pueda ser profesor regular y al tiempo desempeñar un cargo público.

El artículo 1148 del Código Judicial preceptúa:

Artículo 1148. La apelación se entiende interpuesta sólo

en lo desfavorable al apelante y el superior no podrá enmendar o revocar la

resolución apelada en la parte que no es objeto del recurso, a no ser que, en

virtud de esta reforma, sea indispensable hacer a esta parte modificaciones

sobre puntos íntimamente relacionados con la otra.

Señala el demandante que la norma en mención fue

infringida de forma directa por falta de aplicación, pues si el R. se

hubiese percatado de la existencia del presente articulado que es supletorio de

las normas contencioso administrativas, hubiera llegado a la conclusión que la

situación del doctor G.C. no podía ser agravada en la

reconsideración primero y la apelación después y como esto no fue así se le

agravó la situación al profesor C..

De igual forma se estima infringido el artículo 202 de la Ley 38 de 2000, el cual es del tenor siguiente:

"Artículo 202. Los vacíos del Libro Primero de esta Ley,

serán llenados con las normas contenidas en el Libro Primero del Código

Judicial.

Las disposiciones del Libro Segundo de esta Ley serán aplicadas supletoriamente en los procedimientos administrativos especiales vigentes, en los términos previstos en el artículo 37.

Los vacíos del procedimiento administrativo general dictado por al presente Ley se suplirán con las normas de procedimiento administrativo que regulen materias semejantes y, en su defecto, por las normas del Libro Segundo del Código Judicial, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos."

Expresa el demandante que la norma citada fue

violada directamente por falta de aplicación, dado que el Rector de la Universidad

Tecnológica ni siquiera consideró la aplicación de esta norma porque si la

hubiera aplicado a un caso como el presente que requería de su aplicación,

hubiera tomado en cuenta el artículo 1148 del Código Judicial en cuanto a la

declaración de "no reformación en perjuicio del apelante", pero como no fue así

agravó la situación del doctor Córdoba

Otra disposición vulnerada es el artículo 107 de los Estatutos de la Universidad Tecnológica:

Artículo 107. De acuerdo con la cantidad de horas dedicadas a las labores universitarias, los profesores son:

a) De Tiempo Completo, con 40 horas semanales de

dedicación a las labores universitarias en la Universidad Tecnológica de

Panamá, según se establezca en la organización docente, con un mínimo de 12

horas de dedicación a la docencia y el resto en labores de investigación,

extensión y administración.

b) De Tiempo Parcial, con una dedicación máxima de 16

horas semanales de docencia e investigación.

Dicha disposición fue vulnerada, a juicio del recurrente, de forma directa por indebida aplicación, toda vez que ni al profesor C. ni a ningún otro miembro del cuerpo docente de la Universidad Tecnológica de Panamá, podía exigírsele legalmente el cumplimiento de la cantidad de horas que establece este artículo para determinar subclasificaciones, tales como profesor de tiempo completo y profesor de tiempo parcial, pues el Estatuto de la Universidad Tecnológica fue publicado en la Gaceta Oficial casi un mes después de haber sido expedida la resolución que hoy es objeto del presente recurso.

Finalmente, se cita como infringido el artículo 111 de los Estatutos de la Universidad Tecnológica de Panamá que a la letra dice:

Artículo 111. El horario de clases de un Profesor

Regular de Tiempo Completo podrá ser menor de doce (12) horas semanales, pero

no inferior a seis (6), sólo cuando se trate de un Profesor Agregado o Titular

con 20 años de docencia y pida oportunamente al Decano o Autoridad competente

autorización para efectuar una labor de investigación relacionada con su

especialidad, por un año lectivo, renovable.

No obstante, cuando la Facultad, Centro Regional, Centro de Investigación o el Instituto de Investigación, requiera los servicios de un Profesor de Tiempo Completo Regular o Especial, Adjunto o Instructor, que no haya cumplido los 20 años de docencia, para dictar cursos de Postgrado, realizar trabajos de asesoría, desarrollar Proyectos o Investigaciones o efectuar Labores Administrativas, también se le podrá disminuir hasta seis (6) las horas de docencia.

En todos los casos, se debe presentar un plan detallado del trabajo que se va a realizar, el cual deberá ser aprobado por la correspondiente unidad académica, el Director del Centro Regional, Decano, el Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión o por una sola de las Autoridades mencionadas según corresponda.

El interesado queda obligado a presentar semestralmente informes parciales sobre el desarrollo del Plan de Trabajo presentado. Estos informes serán evaluados periódicamente a fin de determinar la continuidad de este estatus de Profesor.

Aquellos Investigadores de Tiempo Completo Regulares, podrán realizar labores docentes por un máximo de 5 (cinco) horas semanales para lo cual deberán presentar una solicitud de permiso para su aprobación por el Director correspondiente y el Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Considera el actor que la norma en mención fue

infringida de forma directa por indebida aplicación, pues el Estatuto de la

Universidad Tecnológica de Panamá no estaba publicado en la Gaceta Oficial y al

no estar publicado para la fecha en que fue utilizado como fundamento jurídico

de la resolución, nunca pudieron ser aplicados por el Rector en la resolución

que es objeto del presente recurso.

  1. El informe explicativo de conducta del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá.

El Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá,

mediante la Nota NºRUTP-N-1148-2003 de 30 de abril de 2003, rindió su informe

explicativo de conducta en el que señala que las argumentaciones esbozadas por

el apoderado judicial del ingeniero G.C. no tiene fundamento, toda

vez que la Universidad Tecnológica de Panamá sólo ha cumplido con la Ley al

acoger la solicitud formulada por la Contraloría, institución que adelanta una

investigación contra el docente, y que a la autoridad máxima de la Universidad

Tecnológica de Panamá no le quedaba otra alternativa que la de ejecutarla, en

atención a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley No.32 de 1984. Agrega que

en atención a lo que dispone el artículo 99 de la Constitución Nacional, el

artículo 5 de la Ley No.17 de 1984, se le dio al docente todas las garantías

del debido proceso sometiendo la decisión adoptada al recurso de

reconsideración ante el Rector y el de apelación ante el Consejo Académico.

Aunado a lo anterior, indica que las argumentaciones del apoderado judicial del ingeniero G.C., en el sentido de que el Estatuto Universitario no podía aplicarse porque no había sido publicado en la Gaceta Oficial y porque la Universidad Tecnológica tuvo un período sin Estatuto, no tiene fundamento jurídico, pues dicha institución universitaria automáticamente tomó las previsiones para que ello no ocurriera y en todo momento desde la creación de la Universidad en 1981 se han tenido normas estatutarias y reglamentarias con la aceptación explícita del profesor G.C., ya que cuando fue director del IRHE se acogió a las regulaciones del Estatuto Universitario.

Finalmente, manifiesta el Rector que independientemente de las actuaciones adelantadas por la Contraloría General de la República, la Universidad Tecnológica de Panamá ha abierto un proceso disciplinario contra el profesor G.C. por posible infractor de sus deberes como docente, investigación ésta que actualmente se desarrolla a lo interno de la Facultad de Ingeniería Mecánica.

IV- Posición del tercero interesado en cuanto a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta contra el acto que se impugna.

Mediante el auto de 3 de diciembre de 2003 la Sala Tercera admite a la Universidad Tecnológica de Panamá como parte interesada en la presente demanda presentada por el doctor M.E.B.M., actuando en nombre y representación de GONZALO CÓRDOBA CANDANEDO.

El apoderado judicial de la Universidad Tecnológica

de Panamá en su escrito señala que la Resolución impugnada sólo acata la orden

impartida por la Contraloría General de la República, toda vez que en atención

a las normas constitucionales y legales no les quedaba otra opción que adoptar la orden emanada por la

Contraloría General de la República, quienes adelantaban una investigación en

contra del docente.

De igual forma, manifiesta que no tiene ningún fundamento lo señalado por el apoderado judicial del impugnante en cuanto a que el Estatuto Universitario de la Universidad no podía aplicarse porque no había sido publicado en la Gaceta Oficial y que estuvieron un largo periodo sin Estatuto, pues dicha institución universitaria autónomamente tomó las previsiones para que ello no ocurriera y, además, en todo momento desde la creación de la universidad en 1981, se han regido por normas reglamentarias y estatutarias con la aceptación del doctor G.C., pues cuando fue director del IRHE se acogió a las regulaciones del Estatuto Universitario. Agrega que el Estatuto Universitario cumplió con todos los trámites legales de aprobación por los órganos de gobierno universitarios y fue debidamente divulgado en la Gaceta Universitaria, órgano oficial universitario que publica todas las decisiones de los consejos que gobiernan a la universidad y posteriormente se publicó en la Gaceta Oficial como forma de hacer una divulgación más profusa con las reformas de los últimos años.

V-La Vista de la Procuradora de la Administración.

La Procuradora de la Administración, a través de la Vista No.353 de 21 de mayo de 2003, manifiesta que comparte el criterio de la Universidad Tecnológica de Panamá al indicar que el profesor G.C. no puede desempeñarse como Profesor a Tiempo Completo en dicha Universidad, habida cuenta de que es un servidor público nombrado para cumplir el horario institucional. A su juicio esto es así, pues surge una colisión horaria, que se traduce en la coincidencia en las ocho horas en las que el señor G.C. debe servir como funcionario y, a la vez, las ocho horas en las que debe impartir clases como Profesor a Tiempo Completo en la Universidad Tecnológica de Panamá.

No obstante lo anterior, señala que parece ser un hecho cierto que al momento de la emisión de la Resolución impugnada, el Estatuto Universitario que contiene la obligatoriedad de todo Profesor de Tiempo Completo de cumplir con las cuarenta horas semanales (ocho horas diarias durante cinco días a la semana) aún no había sido publicado en la Gaceta Oficial. También expresa que el Estatuto de la Universidad Tecnológica de Panamá carecía de fuerza vinculante mientras no se cumplió con su publicación, razón por la cual no podía surtir efectos, ser obligatoria y oponible a los administrados, entre ellos, al profesor G.C., pero el documento en que se apoya el recurrente para aseverar que el Estatuto Universitario no fue publicado en la Gaceta Oficial, consiste en una certificación expedida por el Director General de la Gaceta Oficial que carece de valor probatorio porque fue aportada al proceso en fotocopia simple.

VI-Decisión de la Sala.

Una vez cumplidos los trámites legales, la Sala procede a resolver la presente controversia, previa las siguientes consideraciones.

Observa la Sala que

la presente demanda fue encausada contra la Resolución NºRUTP-AP-022-2002 de 9

de octubre de 2002, proferida por el Rector de la Universidad Tecnológica de

Panamá, la cual resuelve acoger la solicitud precautoria del Contralor General

de la República contenida en la parte final de la Nota Nº5024-Leg. y, por lo

tanto, separar provisionalmente de la Categoría de Profesor de Tiempo Completo

al doctor G.C. a partir de la ejecutoria de la presente Resolución

y, en su lugar, asignar la condición de Tiempo Parcial hasta tanto se emitan

las conclusiones finales de la investigación que adelanta la Contraloría

General de la República en contra del docente en mención.

De igual forma, el recurrente solicita que se declare la nulidad de la resolución RUTP-AP-025-2002 de 25 de octubre de 2002, proferida por el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, mediante la cual se desestimó el recurso de reconsideración presentado en contra de la Resolución RUTP-AP-022-2002 del 9 de octubre de 2002, se modificó la Resolución RUTP-AP-022-2002 de 9 de octubre de 2002 y se ordenó la separación provisional de forma total del doctor G.C. de la categoría de Profesor Regular Titular de Tiempo Completo.

Una vez efectuado un

análisis exhaustivo del expediente, la Sala concuerda tanto con el Rector de la

Universitaria como con la Procuradora de la Administración en el sentido de que

existía una coincidencia entre las ocho (8) horas en las que el señor Gonzalo

Córdoba se desempeñaba como Director de la Secretaría Nacional de Ciencia,

Tecnología e innovación (SENACYT) y las ocho (8) horas en las que el mismo

debía impartir clases como Profesor a Tiempo Completo en la Universidad

Tecnológica de Panamá y, por lo tanto, se producía una colisión de horarios.

Sin embargo, advierte la Sala que al momento de la emisión de la Resolución impugnada, es decir, la Resolución NºRUTP-AP-022-2002 de 9 de octubre de 2002, el Estatuto Universitario que contiene la obligatoriedad de todo Profesor a Tiempo Completo de cumplir con las cuarenta horas semanales (ocho horas diarias durante cinco días a la semana) aún no había sido publicado en la Gaceta Oficial, pues la misma no se publicó hasta el 1º de noviembre de 2002 (G.O. #24,673 de 1º de noviembre de 2002.)

En tal sentido, la Sala considera oportuno citar parte del fallo de 27 de agosto de 2004, en la que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se refiere a que el Estatuto de la Universidad Tecnológica de Panamá no tenía vigencia ni eficacia jurídica al no haber sido publicado en la Gaceta Oficial:

"No obstante lo expuesto por la autoridad acusada con el amparo, como bien lo manifiesta el actor, en el caso particular de C.C. no se podía aludir a las reglas inmersas en el estatuto universitario para demostrar conductas irregulares en el desempeño de sus funciones como profesor. En primer lugar, porque las reglas, obligaciones, procedimientos y trámites descritos en el aludido estatuto universitario, en el momento en que se incoa la investigación, no poseían la idoneidad de vigencia y eficacia jurídica, toda vez que tal instrumento administrativo no había cumplido con la formalidad de ley de estar publicado en la Gaceta Oficial. Se trata de una exigencia concebida por ley, específicamente en el artículo 46 de la Ley Nº38 de 31 de julio de 2000 "Que aprueba el estatuto orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el procedimiento administrativo general y dicta disposiciones especiales. Esta norma, en su segundo párrafo, establece con diafanidad que "Los decretos, resoluciones y demás actos administrativos reglamentarios o aquéllos que contengan normas de efecto general, sólo serán aplicables desde su promulgación en la Gaceta Oficial, salvo que el instrumento respectivo establezca su vigencia para una fecha posterior" (Subraya la Corte).

En el caso que nos ocupa,

se constata que el estatuto universitario de la Universidad Tecnológica de

Panamá fue publicado en la Gaceta Oficial Nº24,673 del viernes primero de

noviembre de 2002, mientras que las investigaciones de la Contraloría General

de la República datan de agosto de 2002, lo que pone claramente de relieve que

lo dispuesto en ese texto administrativo de ninguna manera podía ser utilizado

como fundamento o apoyo legal de algún cargo irregular atribuible al personal

de la Universidad Tecnológica, por no estar publicado en la Gaceta Oficial y en

consecuencia, carecer de aplicabilidad." (Acción de Amparo de Garantías

Constitucionales interpuesta por el licenciado M.B., en representación

de G.C.C., contra la orden de hacer contenida en la

resolución de reparos Nº11- 2003 de 28 de mayo de 2003, emitida por los

Magistrados de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría

General de la República).

En virtud de lo antes expuesto, la Sala considera que lo procedente es declarar la nulidad de la Resolución NºRUTP-AP-022-2002 de 9 de octubre de 2002, presentados en la demanda, pues se infiere claramente que el Estatuto Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá carecía de fuerza vinculante al no haber sido publicado en la Gaceta Oficial y, por lo tanto, no podía surtir efectos, ser obligatoria y oponible a los administrados, entre ellos, al profesor G.C..

Con respecto al tema de los salarios caídos que el recurrente solicita le sean pagados, la Sala considera oportuno hacer las siguientes observaciones:

El salario es definido por el Diccionario Manual Jurídico de J.A.G. como "la ventaja patrimonial que se recibe como contraprestación del trabajo subordinado" (G., J.A.. Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot, segunda edición, Buenos Aires, 1997, pág. 672).

Al respecto, resulta oportuno citar parte del fallo de 30 de junio de 1994 en el que la Sala Tercera señaló lo siguiente con respecto al concepto de salario:

"Es de lugar reiterar que

la concepción legislativa en esta materia está centrada en la definición de

salario como remuneración obtenida a consecuencia de una contraprestación, y

que, en principio, sólo podrán percibirlo aquellos que de manera efectiva hayan

prestado un servicio al Estado, salvo situaciones de excepción, que siempre

estarán contempladas en una norma legal que así lo autorice (Principio de

Legalidad)."

En atención a lo antes expuesto, la Sala Tercera debe señalar que la Ley No.17 de 9 de octubre de 1984 "por la cual se organiza la Universidad Tecnológica de Panamá", no contempla disposición alguna que ordene o permita el pago de salarios caídos a los profesores y empleados de la Universidad Tecnológica de Panamá.

La Sala ha señalado en numerosa jurisprudencia que sin un fundamento legal que lo permita, no puede proceder a condenar a la Administración en concepto de salarios caídos. Al respecto, la Sala señaló en la resolución de 20 de julio de 2004 lo siguiente:

Atendiendo a lo expuesto,

la Sala se ve precisada a reconocer los cargos de violación imputados al

Resuelto No. 08-03 del 10 de febrero del 2003, presentados en la demanda. Sin

embargo, no puede acceder a todas las pretensiones del actor.

Esto es así, ya que esta S. ha reiterado en diversas ocasiones que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 297 de la Constitución Nacional, los derechos de los servidores públicos para que puedan ser reconocidos, deben ser contemplados en una Ley Formal, que los fije, determine y regule. En el caso que nos ocupa, no se encuentra reconocido a través de ley que a estos servidores públicos se les otorgue las prerrogativas solicitadas (salarios caídos y reconocimiento de tiempo de destitución), por lo que la viabilidad de estas pretensiones que intentan hacerse efectivas contra el Estado no pueden prosperar.

Recientemente la Sala reiteró este criterio en el fallo de 7 de abril de 2006:

Como corolario, procede

acoger favorablemente las pretensiones de nulidad y reintegro de la profesora

DE SMITH. No obstante, en lo que respecta a las restantes prestaciones que se

formularon en la demanda, S. debe reiterar lo expuesto en diversos

precedentes, en el sentido de que su reconocimiento está supeditado a que hayan

sido previamente establecidos como derechos en una la Ley formal, lo que no ha

ocurrido en la Ley orgánica de la Universidad de Panamá. En Sentencia de 20 de

julio de 2004, la Sala expresó que, en cumplimiento del artículo 297 de la

Constitución Política, para que los derechos de los servidores públicos puedan

ser reconocidos, deben estar contemplados en una Ley formal que los fije,

determine y regule, tal como sucede con los salarios caídos y el reconocimiento

del período en que duró la separación del cargo (E.C. contra el

Banco de Desarrollo Agropecuario). Con mayor razón ese reconocimiento debe

tener una base legal, si se toma en cuenta que en la mayoría de los casos,

estas prestaciones dependen del ejercicio efectivo del servicio público.

En consecuencia, los

Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso- Administrativa) de la

Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad

de la ley, DECLARA NULO, POR ILEGAL la Resolución NºRUTP-AP-022-2002 de 9 de

octubre de 2002, proferida por el Rector de la Universidad Tecnológica de

Panamá, así como también su actos confirmatorios y, en consecuencia, ORDENA a

la Universidad Tecnológica de Panamá reintegrar al doctor G.C. a su

cargo de Profesor Regular Titular de Tiempo completo y NIEGA las demás

pretensiones del recurrente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

VICTOR L. BENAVIDES P.

WINSTON SPADAFORA FRANCO -- HIPOLITO GILL SUAZO

JANINA SMALL (Secretaria)

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