Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 11 de Enero de 1999

PonenteEDGARDO MOLINO MOLA
Fecha de Resolución11 de Enero de 1999
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

La licenciada R.S.

actuando en su propio nombre y representación, ha presentado demanda contencioso

administrativa de plena jurisdicción, para que se declaren nulos, por ilegales,

los numerales 1 y 2 de la Resolución No. 1-Q-C de 14 de abril de 1997, dictado

por los Magistrados del Tribunal Superior de Menores.

La resolución que se impugna es el

resultado de un proceso disciplinario adelantado por el Tribunal Superior de

Menores, que impuso a la Licenciada SARMIENTO la sanción de destitución del

cargo que venía ocupando como Juez Segunda Seccional de Menores del Primer

Circuito Judicial, en atención a las faltas cometidas durante su actuación en

el proceso de reintegro abierto en favor de la menor CRISTAL OUT FERNANDEZ. En

el punto 2º de dicha resolución, se procedió al nombramiento del reemplazo de

la Juez destituida.

De la demanda incoada se corrió

traslado al Tribunal Superior de Menores para que rindiese un informe

explicativo de su actuación, mismo que reposa a folios 139-147 del expediente

contentivo del negocio sub-júdice.

De igual forma se dio traslado a la

Procuraduría de la Administración, quien mediante V.F. Nº 42 de 11 de

febrero de 1998, solicitó a esta M. que se acogieran las pretensiones

de la parte actora, al considerar básicamente que se impuso a la juzgadora una

sanción no acorde con las previstas para los procesos disciplinarios.

Una vez surtidos todos los trámites

pertinentes a este tipo de procesos, la Sala Tercera procede al análisis de la

controversia planteada.

I.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACION

  1. Inicio del proceso disciplinario

    La Presidencia de la Corte Suprema

    de Justicia, mediante Nota No. P-CSJ-005-97 de 23 de enero de 1997, solicitó al

    Tribunal Superior de Menores la apertura de un proceso disciplinario contra la

    Juez Segunda Seccional de Menores, Licenciada R.S., en vías de

    determinar la posible comisión de faltas por parte de la mencionada Juez en el

    proceso de reintegro tramitado en su despacho, que culminó con la entrega de la

    niña CRISTAL OUT FERNANDEZ a la señora M.F.D..

    Esta circunstancia obedeció a que el

    día 21 de enero de 1997 la sociedad panameña fue sacudida por la noticia periodística

    de que la niña CRISTAL OUT FERNANDEZ había sido ultimada, presumiblemente a

    manos de su madre biológica la señora M.F.D., en la República

    de Costa Rica, a sólo 3 días de haber sido entregada a dicha señora por

    disposición de la J.R.S., como consecuencia de un proceso de

    reintegro.

    El Tribunal requerido asumió la

    petición, e inició un proceso disciplinario, al constatar que el proceso de

    reintegro referido había sido resuelto por la Juez SARMIENTO en un término

    perentorio de 20 horas, por lo que existía grave preocupación en el sentido de

    que la decisión asumida por la Juzgadora "había podido infringir el

    procedimieto legal, y demostrar negligencia, impaciencia o ignorancia de la

    ley" (f. 2 del expediente).

  2. Descargos de la funcionaria

    procesada

    Iniciado el proceso disciplinario,

    se imprimió a este el trámite contemplado en el artículo 289 del Código

    Judicial, que consiste básicamente en: 1. Dar vista de los antecedentes por

    cinco días al funcionario contra quien se procede; 2. admitir las pruebas

    conducentes; 3. Señalar término para la práctica de pruebas; 4. procurar de

    oficio la comprobación de los hechos que constituyan la falta disciplinaria; y

  3. Oír de palabra o por escrito al acusado o a juicio del funcionario

    sustanciador, a cualquier persona que desee hacerlo, en un término común de

    cinco días.

    Todas estas instancias se surtieron

    en el proceso iniciado contra la Juez SARMIENTO, permitiéndose a ésta la

    oportunidad de ejercitar su derecho de defensa.

    El argumento medular de dicha

    defensa descansó en el señalamiento de que el reintegro es una medida cautelar,

    a través de la cual se solicita la asistencia o apoyo de la autoridad para

    lograr la restitución del hijo o hija a la casa paterna o a la que el petente

    señale, y que podía ser ordenada sin más trámite. En este contexto, la

    funcionaria procesada indicó que su actuación de entregar a la niña CRISTAL OUT

    a la señora FERNANDEZ DAVILA no constituyó más que el cumplimiento de su deber

    legal de prestar el auxilio que la madre de la menor le había peticionado para

    recuperar a su hija, que para entonces se encontraba en manos de un tercero, la

    señora DIGNA DE M..

    La funcionaria judicial añade finalmente,

    que si bien el reintegro se ordenó al día siguiente en que fue solicitado,

    siguiendo las modernas corrientes procesales que exigen una mayor celeridad en

    la tramitación de las causas, se practicaron algunas diligencias sumarias:

    impresión diagnóstica o evaluativa de la niña CRISTAL OUT, y se permitió la

    intervención de la señora DE M., antes de dictar la resolución de

    reintegro.

  4. Decisión del Tribunal

    Disciplinario

    Pese a los descargos presentados, el

    Tribunal Superior de Menores concluyó que el proceso de Reintegro tramitado

    ante el Juzgado Segundo Seccional de Menores de Panamá en relación a la menor

    CRISTAL OUT FERNANDEZ adoleció de irregularidades que constituyen faltas

    disciplinarias y a la ética judicial, y que ameritaban la aplicación de la

    máxima sanción, la pérdida del cargo judicial que ocupaba.

    La Sala presenta a continuación de

    manera reseñada, estas llamadas "irregularidades procesales" que

    condujeron a la destitución de la Juez SARMIENTO:

  5. En ningún momento quedó acreditado

    que M.F.D. fuese efectivamente la madre de la niña CRISTAL

    OUT. No existe documento alguno en el expediente tramitado, que compruebe tal

    condición. Si bien la juzgadora aseguró haber visto el pasaporte de la señora

    M.F., señala que nunca se aportó tal prueba al expediente debido a

    que "la fotocopiadora se encontraba dañada" (f. 217 del expediente

    que contiene el proceso disciplinario)

    El Tribunal Superior consideró como

    inválida la argumentación ofrecida, en virtud de que primeramente, la filiación

    no puede comprobarse por la vía testimonial, y porque era deber de la Juez

    procurar la incorporación al proceso de la documentación relativa al mismo,

    principalmente de aquella que daba fe sobre la maternidad de la niña cuyo reintegro

    se solicitaba.

  6. Con excepción de las

    declaraciones ofrecidas a la Juez por la señora M.F. (supuesta

    madre biológica) y de la señora DE M. (a cuyo cuidado se encontraba la

    niña desde hacía cuatro años), declaraciones que resultan por demás

    contradictorias, no existían en el expediente elementos probatorios que

    permitieran deslindar qué tipo de relación mantenía la señora FERNANDEZ con la

    niña CRISTAL OUT. La señora DE M. aceptó que en los primeros dos años la

    señora FERNANDEZ le entregó ciertas sumas de dinero para la manutención de la

    niña, pero que en los dos últimos dos años no había existido ningún contacto

    entre madre e hija, en virtud de que la señora FERNANDEZ se encontraba en el

    extranjero donde ejercía la prostitución.

    El Tribunal Superior de Menores ha

    insistido en este aspecto que consideraba relevante para decidir el reintegro,

    por cuanto las circunstancias antes narradas constituían serios indicios de que

    la conducta de la supuesta madre podía conducir a la suspensión de la patria

    potestad sobre la niña, toda vez que el Código de la Familia, en su artículo

    342 prevé que los padres perderán la Patria Potestad o autoridad parental,

    cuando abandonen los deberes inherentes a su condición de tales y desatiendan

    injustificadamente a sus hijos en el aspecto afectivo y familiar por espacio de

    seis meses o más.

    En concepto del Tribunal, las

    declaraciones ofrecidas por las partes interesadas en el reintegro apuntaban

    hacia un abandono y desatención afectiva y familiar de la supuesta madre hacia

    la hija por un período muy superior al enunciado en la norma, razón por la cual

    la juzgadora estaba obligada a realizar una investigación más cuidadosa antes

    de acceder al reintegro, máxime cuando existía un tercero (señora DE M.)

    que había venido ejerciendo por cuatro años la guarda, crianza y educación de

    la menor CRISTAL OUT.

    El Tribunal Superior señaló incluso,

    que aunque no era materia del proceso disciplinario contra la Juez SARMIENTO la

    determinación de si se configuró causal de abandono en el caso de la menor

    CRISTAL OUT, era innegable que si en algún momento la señora FERNANDEZ proveyó

    bienes materiales a su hija, la parte afectiva nunca fue atendida por la

    supuesta madre, por lo que la juzgadora no podía decidir "sin más

    trámite" el reintegro de la menor.

    No era suficiente -continúa

    señalando el Tribunal Superior de Menores- que M.F.D.

    demostrara ser la madre de la menor para proceder al reintegro. En aras del

    interés superior del menor, la Juez contaba con los instrumentos legales

    necesarios para ordenar una cuidadosa investigación en este caso, antes de

    decidir la suerte de la niña.

  7. En cuanto a los llamados trámites

    que la juzgadora adelantó antes de ordenar el reintegro, se hace alusión a la

    impresión psicológica de la menor, practicada sólo minutos antes de dictar

    sentencia por la psicóloga del juzgado. La funcionaria SARMIENTO manifestó en

    su oportunidad que a consecuencia de esta evaluación se pudo determinar que

    "era el querer de la niña quedarse con su madre biológica". No

    obstante, el informe de la psicóloga en realidad reveló que la niña mostraba

    "poca estabilidad en su elección" cuando se le preguntaba con quién

    quería quedarse (f. 20 del cuaderno que contiene el proceso contencioso). Además

    de ello, la psicóloga había recomendado que se investigara la situación de la

    reclamante a fin de determinar la calidad de vida que podía brindarle a

    CRISTAL. Esta última recomendación nunca se materializó.

    De lo dicho concluyó el Tribunal

    Superior, que no se llegó a comprobar debidamente la llamada preferencia de la

    niña por su madre biológica, ni las condiciones de vida que le ofrecía a la

    niña, lo que garantizaría efectivamente el interés superior del menor. En este

    contexto es de recordar que la impresión psicológica practicada a una menor de

    seis años, separada de su madre biológica desde los dos años, tampoco podía

    considerarse un factor determinante en la decisión del proceso.

  8. La otra diligencia que practicó

    la juzgadora de menores fue la de atender la declaración de la señora DIGNA DE

    MARQUEZ, quien había tenido a su cuidado a la niña por cuatro años. En dicha

    declaración se acusa directamente a la señora FERNANDEZ de ejercer la

    prostitución en el territorio nacional y en el extranjero, y se solicitaba

    encarecidamente al juzgado que se localizara al verdadero padre de la niña,

    puesto que por la vida que la madre biológica había llevado no era competente

    para cuidar a la niña. (fs 20-21 del proceso)

    La señora DE M. solicitaba

    además, que se le practicara un examen psicológico a la señora FERNANDEZ,

    petición que concordaba con la recomendación de la psicóloga del juzgado, y que

    como ha quedado visto, nunca se practicó.

  9. La juez destituida basó su

    defensa en gran medida, en el argumento de que el proceso de reintegro era una

    medida cautelar que podía ordenarse sin más trámite, manifestando que la

    costumbre del juzgado era imprimirle el trámite del proceso sumario, aspecto

    que fue corroborado por el Secretario Judicial del Juzgado.

    El examen del Tribunal Superior de

    Menores en la resolución que ordena la destitución, reveló que las disposiciones

    del proceso sumario (art. 790-794 del Código de la Familia) no facultan al

    juzgador para tomar medidas inmediatas, como aseguró haberlo hecho la juzgadora

    en aplicación de dicho procedimiento.

    Del análisis efectuado se concluyó

    que la Juez, al decidir el reintegro, no se limitó a imponer una medida

    cautelar, puesto que ésta es una acción de cuidado tendiente a asegurar el

    resultado de un proceso, y que se dicta antes de emitir sentencia, conforme lo

    prevé el artículo 791 del Código de la Familia. Estas medidas cautelares

    conllevan además, la práctica de diligencia de audiencia para las partes interesadas,

    misma que tampoco se realizó en el caso de la menor CRISTAL.

    Si bien dependiendo de la naturaleza

    del caso, el reintegro puede tener la función de cuidado, se desprende

    claramente que la Juez SARMIENTO al ordenar el reintegro de la menor CRISTAL

    OUT, no aplicó una medida cautelar sino que decidió una pretensión de fondo y

    le puso fin a un proceso.

  10. La defensa de la juzgadora

    procesada ha indicado que hubo conformidad por parte de la señora DE MARQUEZ

    con la decisión de reintegro asumida, y que ésta no fue objeto de impugnación.

    El Tribunal Superior de Menores pudo

    constatar en su investigación sin embargo, que la decisión de reintegro no fue

    debidamente notificada al apoderado legal de dicha señora, que había recibido

    poder para actuar desde el día 16 de enero de 1997. Ello, en concepto del

    Tribunal, fue factor determinante en la omisión de presentar recurso de alzada.

    Se destaca no obstante, que la

    señora DE M. ha asegurado en su declaración que fue conminada a firmar la

    resolución de reintegro bajo la amenaza de que no podría salir del despacho

    judicial si no firmaba dicha resolución.

  11. Aunado al hecho anterior se suma

    otra irregularidad. Consta que el acta de entrega de la niña fue firmada a las

    11:45 de la mañana del día 17 de enero de 1997 (f. 114 del proceso disciplinario)

    mientras que la resolución de reintegro aparece como notificada y firmada a las

    11:55 de la mañana de ese día. Como resalta el Tribunal Superior, el acta de

    entrega de la menor que es consecuencia de la decisión de reintegro es anterior

    a la firma de la propia decisión de reintegro y su notificación, lo que conduce

    a la inevitable conclusión de que ni siquiera se encontraba en proceso de

    ejecución dicha resolución cuando la niña ya había sido entregada.

    El Tribunal Superior de Menores

    concluyó de esta forma, que la J.R.S. había incurrido con su

    proceder en este caso, en las siguientes faltas:

    1. faltas al debido proceso, al no

      aplicar de manera correcta las disposiciones de la legislación de menores;

    2. que no había adelantado todas las

      diligencias que le permitía la ley en beneficio del interés superior de CRISTAL

      OUT FERNANDEZ violando de esta forma el deber impuesto en el artículo 199

      numeral 12 del Código Judicial, que le imponía el deber de hacer uso de todas

      las facultades probatorias que le concedía la ley para verificar los hechos

      alegados;

    3. la falta anterior también

      conllevaba la infracción del artículo 440 numerales 1 y 3 del Código Judicial

      sobre las normas de Etica Judicial, conforme a las cuales la juzgadora estaba

      obligada a acatar la Constitución y la Ley, y a dictar su fallo de manera

      vigilante para que en lo humanamente posible, su labor fuese útil a la

      comunidad y a los que ante ella litigan.

      Se identifica estas conductas como

      ignorancia inexcusable de la ley y falta grave a la ética judicial, lo que

      conforme al artículo 23 numeral 4 del Código Judicial conlleva la pérdida del

      cargo. Por ende, el Tribunal Superior de Menores en su condición de superior

      jerárquico de la Juez Seccional de Menores, aplicó a la juzgadora la sanción de

      destitución a través de la Resolución No. 1-Q-C de 14 de abril de 1997,

      censurada ante esta Sala de la Corte Suprema.

      III.

      CARGOS DE ILEGALIDAD PRESENTADOS CONTRA LA SANCION DE DESTITUCION APLICADA

      Considera el recurrente que el acto

      de destitución es violatorio de los artículos 290, 291 y 283 del Código Judicial,

      los artículos 103, 104, 106, 107 y 109 del Acuerdo Nº 46 de 27 septiembre de

      1991; el artículo 23 numeral 4 del Código Judicial y artículo 200 numeral 3 del

      Código Judicial.

      En términos generales se observa que

      lo medular de la disconformidad de la recurrente con el acto acusado, descansa

      en que si bien se adelantó en su contra un proceso de orden disciplinario, se

      le impone la sanción de destitución por su supuesta falta a la ética judicial,

      con base a una causal "ignorancia inexcusable" que no se encuentra

      contemplada en las normas sobre Etica Judicial" (f. 132 del expediente)

      El recurrente agrupa en tres

      categorías las violaciones que acusa, por lo que esta Superioridad procederá

      similarmente a realizar un análisis conjunto de las normas cuya transgresión se

      ha planteado.

      El primer grupo de normas cuya

      violación aduce la funcionaria sancionada, consiste en la presunta violación de

      los artículos 290, 291 y 283 del Código Judicial. Las normas enunciadas prevén

      de manera respectiva: que terminado el procedimiento, el superior impondrá la

      corrección disciplinaria o declarará no haber lugar a ello (Artículo 290); las

      correcciones disciplinarias aplicables a los Jueces y Agentes del Ministerio

      Público, dentro de los cuales se encuentra la amonestación; la multa y la

      suspensión del cargo (Artículo 291); y los casos en que procede la separación

      del cargo de los funcionarios del Escalafón Judicial (Artículo 283).

      En este mismo renglón se aduce la

      violación de los artículos 103, 104, 106, 107 y 109 del Acuerdo No. 46 de 1991

      que reglamenta la Carrera Judicial. Estas disposiciones han establecido la

      necesidad de que exista proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción

      impuesta (A. 103); la obligación de notificar las destituciones o suspensiones

      personalmente (A. 104); que procede la aplicación de correcciones

      disciplinarias cuando se incurra en las causales del Código Judicial y del

      Reglamento de Carrera (A. 106); que el procedimiento para la aplicación de

      sanciones es el previsto en el Código Judicial (A.107); y que la separación del

      cargo procede en los casos contemplados en el Libro Primero del Código Judicial

      (A. 109)

      Todas estas normas han sido

      violadas, según lo expresa la recurrente en concepto de violación directa,

      puesto que la sanción a imponer por causa del procedimiento disciplinario

      seguido a la Juez SARMIENTO era alguna de las previstas para las faltas

      disciplinarias: amonestación, multa o suspensión, más no destitución.

      En segundo término, el actor acusa

      la violación por interpretación errónea del artículo 23 numeral 4 del Código

      Judicial, que establece que los cargos de voluntaria aceptación se pierden para

      sus titulares por delito o falta grave contra la ética judicial. Se arguye en

      este sentido, que no podía sancionarse por faltas a la Etica Judicial a quien

      no había sido investigada por estas faltas, sino sometida a un proceso

      disciplinario.

      Finalmente, se aduce violado el

      artículo 200 numeral 3 del Código Judicial que establece que además de las

      sanciones penales y disciplinarias que se les impongan a los jueces, éstos

      también responden por los perjuicios que causen al violar la ley por ignorancia

      inexcusable. Según el recurrente, esta violación se produce en concepto de

      indebida aplicación, por cuanto el Tribunal Superior de Menores consideró que

      la negligencia inexcusable puede permitir la separación o destitución de un

      funcionario.

      IV.

      DECISION DE LA SALA TERCERA

      Por examinado el asunto debatido, la

      Corte procede a decidir si efectivamente existe vicio de ilegalidad en la

      actuación del Tribunal Superior de Menores, o si por el contrario, la decisión

      asumida dentro del proceso disciplinario adelantado contra la Juez SARMIENTO se

      ajusta a derecho.

      Para arribar a tal discernimiento

      esta M. deberá examinar dos aspectos fundamentales:

  12. La legalidad del proceso

    disciplinario adelantado; y

  13. La posibilidad de aplicar la

    medida de destitución como resultado de dicho proceso.

    A tal fin nos avocamos, no sin antes

    dejar establecido que la Licenciada R.S. era Juez Titular en el

    Juzgado Segundo Seccional de Menores designada por Resolución No. 2 de 8 de

    enero de 1997, sólo poco días antes de ocurridos los hechos que originaron su

    destitución. Dicha funcionaria había ocupado tal cargo por Concurso de Méritos,

    lo que la hacía parte de la Carrera Judicial.

    Lo anterior resulta importante para

    los fines de dejar claramente establecida la situación legal de dicha funcionaria,

    así como sus derechos y prerrogativas.

    Uno de los aspectos más relevantes

    de la Carrera Judicial, es la garantía de que goza el funcionario judicial en

    ejercicio de su cargo de que se mantendrá en el mismo, salvo causal justificada

    que amerita su destitución o alguna otra medida disciplinaria. Así, los

    funcionarios que están dentro de la Carrera Judicial gozan de la garantía de

    inamovilidad (Art. 278 del Código Judicial), lo que implica que no podrán ser

    destituídos, suspendidos ni trasladados, sino por delito o por falta

    debidamente comprobados, y que deberán ser oídos en los términos que establece

    la Ley, antes de ser destituídos.

    Como se desprende de lo dicho, la

    Juez SARMIENTO por ser funcionaria de Carrera, gozaba de la prerrogativa de

    inamovilidad, mientras no incurriese en delito o falta. No obstante, si se

    comprobaba que había incurrido en falta que ameritara su destitución, ésta

    podía ser dispuesta, pero brindándosele la oportunidad de ejercer su defensa.

    En párrafos anteriores se ha

    expuesto de manera amplia, las razones que condujeron a iniciar un

    procedimiento de carácter disciplinario contra la Juez SARMIENTO, mismo que se

    adelantó por la autoridad competente para ello cual era el Tribunal Superior de

    Menores conforme a lo establecido en los artículos 286 y 288 del Código

    Judicial.

    El análisis que realizó el Tribunal

    antes enunciado arrojó resultados concluyentes, en el sentido de que la Juez

    SARMIENTO había incurrido en faltas y violaciones al procedimiento contenido en

    la legislación de menores, que le hacían sujeto de sanción correccional.

    Esta S. no puede dejar de señalar,

    que ni aquél análisis del Tribunal de Menores, ni el que adelanta esta

    M., en manera alguna pretendió ni pretende endilgar responsabilidad a

    la juzgadora por el trágico y fatal desenlace de la vida de la menor CRISTAL

    OUT FERNENDEZ, evento sobre el cual la juez carecía de control. Evidentemente

    un aspecto es el de la entrega de la infante a su supuesta madre, y otro el

    acto abominable en el que incurrió la señora FERNANDEZ de cercenar la vida de

    su propia hija.

    No obstante lo dicho, ese desenlace

    condujo irremisiblemente a la revisión del proceso por medio del cual se

    entregó la menor a la señora M.F.D.. Es allí donde se centra

    el examen de la actuación de la juzgadora, y del que emanan las evidentes

    irregularidades con las que se adelantó este proceso sumarísimo de reintegro.

    La Sala considera que el hecho de

    que se haya resuelto un proceso de tal importancia con la celeridad extrema que

    se adelantó (principalmente dadas las condiciones en que la supuesta madre

    había "abandonado" a su hija); el hecho de que no se acreditara en el

    expediente la maternidad de la señora FERNANDEZ sobre CRISTAL OUT; el que no

    haya quedado claro cuándo fue la última vez que la presunta madre había tenido

    contacto o procurado la manutención de su hija; que no se haya comprobado que

    la niña tenía una preferencia real por la alegada madre; que no se hayan

    practicado las evaluaciones psicológicas sugeridas por la psicóloga del

    Tribunal y reclamadas por la señora DE M. a cuyo cuidado se encontraba la

    menor; que no se hubiese indagado en lo absoluto sobre las condiciones de

    personalidad y de vida de la señora FERNANDEZ; que se profiriera decisión final

    y definitiva al respecto en el lapso total de dos días; que se dictara el acta

    de entrega de la niña antes de firmarse y notificarse la decisión de reintegro;

    y que ésta no haya sido notificada debidamente al apoderado constituido de la

    señora DIGNA DE M., son algunos de los hechos anómalos por decir lo menos,

    que acontecieron en este proceso, y que como bien analizara el Tribunal

    Superior de menores, infringieron la letra y el espíritu de la legislación de

    menores en Panamá.

    Siendo que las faltas endilgadas están

    comprobadas, cabe discernir si era posible la aplicación de la medida de

    destitución sobre la Juez SARMIENTO.

    Como hemos adelantado, la Juez

    gozaba de inamovilidad, salvo que se comprobara la comisión de falta o delito,

    en cuyo caso cabía la sanción de destitución (a. 278 del Código Judicial).

    Todas las oportunidades de defensa se le brindaron a la licenciada SARMIENTO,

    quien las ejerció plenamente, tal como se desprende de los antecedentes que

    contienen el proceso disciplinario.

    La sanción disciplinaria se ha

    justificado con base a la negligencia con que se manejó el asunto, y a las

    violaciones al procedimiento del Código de la Familia a las que se hizo alusión

    previamente, conforme lo prevé el artículo 285 del Código Judicial. Es el caso

    que del análisis efectuado se concluyó que la Juez de Menores procedió con

    desconocimiento inexcusable a la función tutelar que la jurisdicción de menores

    está obligada a brindar, misma que le concede al juzgador amplísimas facultades

    legales y procedimentales para lograr ese propósito.

    Si bien en el caso de la Juez

    SARMIENTO se inició un procedimiento por faltas disciplinarias, el Tribunal de

    Menores dejó claro que la actuación de la Juez también constituía violación a

    lo dispuesto en el artículo 440 sobre Etica Judicial, particularmente a lo

    establecido en los numerales 1º y 3º referentes a la obligación de acatar la

    Constitución y la Ley, y a dictar sus fallos de manera vigilante. El artículo

    23 numeral 4 del Código Judicial establece que los cargos de voluntaria

    aceptación se pierden, entre otras causas: por falta grave contra la ética

    judicial.

    Por ende se advierte, que a la Juez

    ROSENDA SARMIENTO se le endilgó la comisión de varias faltas de orden disciplinario,

    y de otras que constituían faltas graves a la Etica Judicial, y que todas

    fueron ventiladas o acumuladas dentro del mismo proceso por ser el Tribunal

    Superior de Menores el encargado de ventilar ambas causas, lo que no produce

    violación a la ley según lo expresó la Sala Tercera de la Corte en sentencia de

    23 de junio de 1998. De allí que el resultado del proceso haya sido la sanción

    de destitución.

    Para abundar en este aspecto, por

    demás importante para la jurisdicción disciplinaria, es de mencionar que esta

    S. ha venido indicando que en algunos juzgamientos correccionales de

    servidores judiciales efectivamente se ven traslapados los dos procedimientos:

    el disciplinario y el de faltas a la Etica Judicial, pues contienen principios

    procesales similares, con garantías de bilateralidad, contradicción y

    competencia por parte del superior jerárquico, pese a que se encuentran

    regulados de manera diferente y en capítulos distintos. De esta forma se ha

    entendido que las faltas a la Etica se ubican también como pretermisiones a

    conductas que la ley prevé, y que son susceptibles de ser tomadas en cuenta por

    el superior jerárquico dentro de un proceso correccional, siempre que se le

    permita al procesado el derecho de defensa. En suma, que las faltas a la Etica

    Judicial pueden ser comprobadas a través de un proceso disciplinario o penal.

    (cfr. sentencias del Pleno de la Corte Suprema de 3 de mayo de 1993 y de 11 de

    julio de 1994).

    Reproducimos a continuación de

    manera parcial, los comentarios externados en este sentido a través de

    sentencia de la Sala Tercera de la Corte, calendada 20 de octubre de 1995:

    "En

    referencia al hecho alegado por el demandante de que se le siguió un proceso

    disciplinario y se le sancionó por falta a la ética judicial, reiteramos que el

    artículo 23 numeral 4, sólo exige que la destitución sea hecha por la autoridad

    nominadora previa comprobación de los hechos, y el artículo 278 ibidem, que

    consagra el principio de inamovilidad de los funcionarios de carrera siempre y

    cuando no hayan incurrido en falta a la ética judicial, agrega que en ningún

    caso podrá destituírseles sin ser oídos en los términos previstos en el Título

    XII del Libro I del Código Judicial. En el presente caso las faltas cometidas

    fueron probadas en el proceso disciplinario seguido por los Magistrados del Tribunal

    Superior ...

    Por tanto,

    el licenciado P.M.G. fue destituido por la autoridad competente, pudo

    ejercer su derecho de defensa, ejercitar los recursos en tiempo oportuno, y al

    sancionarlo no se ha violado el debido proceso, ni norma sustantiva alguna. Tal

    como lo ha expresado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia

    de 3 de mayo de 1993, las faltas a la ética judicial pueden probarse en un

    proceso disciplinario o penal y una vez probados son sancionables" (el

    destacado es nuestro).

    Siendo que una de las formas de

    perder el cargo de servidor judicial es por falta grave a la Etica, y que

    concurrían además otras causales de infracción a los deberes de los servidores

    públicos del Escalafón Judicial, se aplicó a la referida juzgadora la máxima

    sanción correctiva, por considerarse que violó sus deberes como administradora

    de justicia.

    En el proceso correccional surtido a

    la Licenciada R.S. ante el Tribunal Superior de Menores, se le

    aseguraron a la funcionaria procesada todos los mecanismos legales de defensa,

    permitiéndoseles la presentación de descargos y pruebas. Pese a que la

    precitada funcionara señala que no se le indicaron los recursos impugnativos

    que tenía a su haber, de ser cierta tal omisión, la misma quedó subsanada con

    la presentación del recurso de reconsideración ante el Tribunal que impuso la

    sanción (fs. 31-41 del cuaderno del proceso contencioso), y del proceso que se

    ventila ante esta Sala de la Corte.

    De esta forma se concluye que no se han

    violado los artículos 23 numeral 4, 283, 290 y 291 del Código Judicial, ni los

    artículos 103, 104, 106, 107 y 109 del Reglamento de Carrera Judicial.

    Finalmente, en cuanto a la acusada

    violación por indebida aplicación del artículo 200 numeral 3º del Código

    Judicial, esta Corporación debe indicar que esta norma no debe ser aplicada por

    el Tribunal Superior de Menores, sino que le corresponde a la Sala Tercera de

    la Corte una vez que el J. es sancionado penal o disciplinariamente y alguna

    de las partes afectadas por dicho juzgador, acude a este estrado solicitando la

    indemnización por daños y perjuicios. No obstante lo anterior, el examen

    adelantado evidencia claramente que este artículo del Código Judicial no fue el

    único y mucho menos el fundamento medular de la sanción impuesta a la

    licenciada SARMIENTO, siendo que su destitución se basó en la violación de

    diversas normas de la legislación de menores en el proceso de reintegro de la

    niña CRISTAL OUT, el quebrantamiento de sus deberes como juzgadora, y las

    faltas incurridas contra la ética judicial que anteriormente se han descrito,

    por lo que su aplicación supletoria resultaba sin mayor trascendencia en el

    resultado de la sanción.

    Concluimos que no existe vicio de

    ilegalidad en la actuación correccional del Tribunal Superior de Menores en

    este caso, y así procede a declararlo esta Superioridad.

    En consecuencia, la Sala Tercera de

    la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por

    autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES, los puntos 1º y 2º de la

    Resolución No. 1-Q-C de 14 de abril de 1997, expedida por el Tribunal Superior

    de Menores.

    N..

    (fdo.) E.M.M.

    (fdo.) MIRTZA A.F. DE

    AGUILERA

    (fdo.) J.F.P.

    (fdo.) J.S.

    Secretaria

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