Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 12 de Agosto de 1999

PonenteEDGARDO MOLINO MOLA
Fecha de Resolución12 de Agosto de 1999
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

La firma forense ICAZA, GONZALEZ-RUIZ Y ALEMAN, actuando en su calidad de apoderada judicial de DE LA GUARDIA DE O.S.A., ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. 213-2520 de 25 de julio de 1997, expedida por el Administrador Regional de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Considera el recurrente que el acto administrativo impugnado es violatorio del artículo 1057-v en su parágrafo 8 literal d) y parágrafo 1 literal c) del Código Fiscal; el artículo 1072-a del Código Fiscal, y el Artículo XI numeral 1º del Acuerdo para la Ejecución del artículo IV del Tratado del Canal de Panamá.

De la demanda incoada se corrió traslado a la actual Administradora Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá para que rindiese un informe explicativo de su actuación, mismo que reposa a folios 35-40 del expediente contentivo del negocio sub-júdice.

De igual forma se dio traslado a la Señora Procuradora de la Administración, quien en su Vista Fiscal Nº 344 de 27 de agosto de 1998, se opuso a las pretensiones de la parte actora.

Una vez surtidos todos los trámites pertinentes a este tipo de procesos, la Sala Tercera procede al análisis de la controversia planteada.

La litis en estudio tiene su origen en una Resolución proferida el Administrador Regional de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, mediante la cual se exigió al contribuyente DE LA GUARDIA DE O.S.A. (Dollar Rent-a-Car) el pago de B/.40,507.30 para los períodos fiscales 1994, 1995 y 1996 en concepto de Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles (en adelante ITBM), toda vez que el contribuyente había declarado como exentas de dicho gravamen las operaciones de alquiler de automóviles realizadas dentro de las instalaciones militares estadounidenses en Panamá a los miembros de las dependencias de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

POSICION DEL RECURRENTE

En opinión del demandante, la decisión proferida por la Administración Regional de Ingresos resulta violatoria de las siguientes disposiciones legales:

  1. La violación del Artículo 1057-v parágrafo 1 literal c) y parágrafo 8 literal d) del Código Fiscal.

    El artículo 1057-v del Código Fiscal establece el impuesto sobre la transferencia o transmisiones de bienes corporales muebles. El parágrafo 1 literal c) del mismo artículo prevé que causarán el impuesto de ITBM, entre otros, el arrendamiento de bienes corporales muebles o cualquier otra convención o acto que implique o tenga como fin dar el uso o el goce del bien. No obstante, el parágrafo 8 literal d) del mencionado artículo establece que están exentos del impuesto las transferencias que se realicen a las Fuerzas de los Estados Unidos, según estas entidades son definidas por el Tratado del canal de Panamá de 7 de septiembre de 1977 y sus acuerdos conexos.

    Sostiene en este contexto el demandante, que si bien es cierto el alquiler de automóviles es una actividad que está sujeta en la República de Panamá al pago del impuesto de ITBM, el parágrafo 8 literal d) del artículo 1057-v del Código Fiscal claramente exonera de dicho pago las transferencias que se realicen a las Fuerzas de los Estados Unidos de América, en virtud del Tratado del Canal de Panamá.

    El Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV del Tratado del Canal define como miembros de las fuerzas armadas al personal militar de las Fuerzas de los Estados Unidos. Bajo este contexto, el recurrente señala que los servicios de alquiler prestados por la empresa Dollar Rent-a-Car (Contribuyente DE LA GUARDIA DE OBARRIO S. A.) a los miembros de las Fuerzas Armadas en las instalaciones militares de los Estados Unidos de América en Panamá, no estaba sujeto al pago de impuesto de ITBM, como se desprende diáfanamente del texto del parágrafo 8 literal d). Es por ello que la empresa nunca cobró el impuesto en mención al arrendar automóviles al personal militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América en sus establecimientos ubicados dentro de los sitios de defensa en Panamá.

    La empresa también resaltó que los servicios de alquiler fueron debidamente concesionados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a DE LA GUARDIA DE O.S.A., (D. Rent-a-car) por lo que no existía duda sobre la legitimidad de su operación en las citadas instalaciones.

    Considera finalmente, que al ahora exigirse al contribuyente que pague sumas en concepto de ITBM por razón de dichos alquileres, viola directamente el artículo 1057-v del Código Fiscal.

  2. Violación del artículo 1072-a del Código Fiscal

    Seguidamente el actor aduce como infringido el artículo 1072-a del Código Fiscal, norma legal que contempla el interés moratorio que devengarán los créditos a favor del Tesoro Nacional. Una vez expedida la resolución que exigió al contribuyente el pago de sumas presuntamente adeudadas en concepto de ITBM se aplicó también el interés moratorio al que alude el artículo en comento. Siendo que DE LA GUARDIA DE O.S.A. no adeudaba al Fisco sumas en concepto de ITBM, tampoco está obligada la empresa a pagar el interés moratorio al que alude el artículo 1072-a del Código Fiscal.

    3- Violación del Artículo XI del Acuerdo para la Ejecución del artículo IV del Tratado del Canal de Panamá

    Finalmente, el demandante acusa la violación directa del numeral 1º del artículo XI del Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV del Tratado del Canal de Panamá. Esta disposición establece que los Estados Unidos podrá establecer, reglamentar y utilizar dentro de sitios de defensa e instalaciones militares (Military Exchanges), facilidades bancarias, cooperativas de crédito, facilidades recreativas, sociales, atléticas, escuelas, facilidades médicas y otras categorías de facilidades de servicio según acordaran ambos gobiernos a través del Comité Conjunto. Estas facilidades ubicadas en las instalaciones militares, según expresa la norma, estarán libres de impuestos, derechos, gravámenes, licencias, tasas y otros cargos impuestos por la República de Panamá.

    Detalla el recurrente que la norma en comento establece de manera clara e inequívoca, que las facilidades de servicio que se desarrollan dentro de las instalaciones militares están libres de impuestos, derechos, gravámenes y otras cargas impuestas por la República de Panamá, y por ende, D.R.-a-Car se ha venido absteniendo de cobrar el impuesto de ITBM cuando alquila automóviles en sus establecimientos ubicados dentro de las instalaciones militares, a los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

    Al exigirse por vía de la Administración Regional de Ingresos dicho pago, el actor considera que se violentó la letra y espíritu de este instrumento legal que reglamenta el Tratado del Canal de Panamá, razón por la cual solicita a la Sala Tercera que se proceda a declarar la ilegalidad de la resolución expedida por el citado ente.

    INFORME DE ACTUACION DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

    El ente demandado ha rendido un informe explicativo de su actuación en este caso, que se subsume en los siguientes puntos de relevancia:

  3. Que el arrendamiento de vehículos no se incluye dentro de las exenciones contenidas en el artículo 1057-v parágrafo 8 literal d) del Código Fiscal, puesto que una cosa es la transferencia de bienes y otras el arrendamiento.

  4. Que el arrendamiento de vehículos no se asemeja a ninguna de las facilidades descritas en el artículo XI del Acuerdo para la Ejecución del artículo IV del Tratado del Canal de Panamá, razón por la cual no podía considerarse exenta del pago de impuestos o cargas fiscales panameñas.

  5. Que no existían evidencias de que el Comité Conjunto para Asuntos del Canal estuviese de acuerdo con la exoneración del hecho gravado, es decir, del alquiler de vehículos a las fuerzas armadas norteamericanas.

  6. Que dentro de las actividades propias de las Fuerzas Armadas no se encontraba el alquiler de autos, y se establecía de esta forma competencia desleal con las empresas que prestaban el servicio desde el territorio jurisdiccional panameño.

    En virtud de lo anterior, la Administración Regional de Ingresos consideró que el contribuyente DE LA GUARDIA DE O.S.A. estaba obligada al pago del impuesto ITBM, y así lo consignó en la resolución proferida.

    La Procuraduría de la Administración, en su Vista Fiscal, acoge el informe de conducta rendido por la Administración Regional de Ingresos en el sentido de que la resolución expedida se ajusta a derecho, toda vez que no consta en el expediente algún tipo de acuerdo entre las partes del Tratado para que DE LA GUARDIA DE O.S.A. prestara el servicio de alquiler de vehículos en las instalaciones militares de Estados Unidos en Panamá, ni que la referida concesión para prestar el servicio existiera. Finalmente añade, que sólo las actividades taxativamente descritas en el artículo XI del Acuerdo para la Ejecución del Tratado del Canal de Panamá están libres de impuestos, y entre ellas no se cita el alquiler de vehículos, por lo que solicita a la Sala que se desestime la pretensión del actor.

    DECISION DE LA SALA TERCERA

    La Corte procede al análisis de los cargos de violación sustentados, en vías de establecer si efectivamente existe vicio de ilegalidad en la actuación de la Administración Regional de Ingresos.

    El punto medular del litigio descansa en la determinación de si conforme a las disposiciones cuya violación se endilga, la empresa contribuyente, en sus locales establecidos dentro del perímetro de las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, se encuentra obligada al pago del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles (ITBM).

    El artículo 1057-v del Código Fiscal establece el gravamen ITBM y lo define como el impuesto de transferencia o transmisión de bienes corporales muebles que se realicen en la República de Panamá mediante compraventa, permuta, dación de pago, aporte a sociedades, cesión o cualesquiera otro acto, contrato o convención que implique o tenga como fin transmitir el dominio de bienes corporales muebles. El literal c) parágrafo 1 del mismo artículo, aclara que los arrendamientos de bienes corporales muebles también causa el pago del ITBM.

    En principio se desprende, que la actividad de alquiler de vehículos en la República de Panamá se encuentra sujeta al pago del impuesto ITBM. Lo esencial es determinar específicamente, si la empresa DE LA GUARDIA DE OBARRIO S. A. (Dollar Rent-a-car) en sus locales ubicados dentro de las instalaciones de las Fuerzas Armadas en Panamá (Military Exchanges), quedaba similarmente sujeta al pago de dicho impuesto.

    Este punto ha sido ya dilucidado por la Sala Tercera a través de sentencia de 10 de agosto de 1999, en la que se sostuvo que conforme al articulado del Código Fiscal relativo a la exoneración del impuesto ITBM, el arrendamiento de vehículos a miembros de las fuerzas armadas estadounidenses en Panamá no se encuentra exento de dicho pago, por las razones que se detallan a continuación:

    El primer fundamento que erige la Administración de Ingresos para justificar la exigencia tributaria, radica en que el parágrafo 8 literal d) del artículo 1057-v del Código Fiscal no contempla específicamente el arrendamiento de vehículos dentro de las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Panamá, como exento del impuesto ITBM, razón por la cual la empresa sí estaría obligada al pago.

    La Sala conceptúa que el literal d) del Parágrafo 8 ibidem se refiere de forma específica a la exoneración de "las transferencias que se realicen a la Comisión del Canal de Panamá, o a las Fuerzas de los Estados Unidos", sin incluir o mencionar expresamente a los arrendamientos de bienes muebles. En opinión de este Tribunal, dentro del vocablo "transferencias" que se emplea en el mencionado parágrafo no pueden entenderse comprendidos los arrendamientos de bienes muebles, debido al hecho de que ambos conceptos son sustancialmente distintos, pues, mientras el primero se refiere al acto de transmisión del dominio, el segundo, alude a la simple entrega o dación del bien para su uso o goce. Tal razonamiento lo corrobora el hecho de que el primer párrafo del artículo 1057-V, al referirse a las transferencias, utiliza la frase: "... cualesquiera otro acto, contrato o convención que implique o tenga como fin transmitir el dominio de bienes muebles corporales"; mientras que el literal c) del parágrafo 1º, al aludir al arrendamiento emplea la frase: "... cualquier otra convención o acto que implique o tenga como fin dar el uso o goce del bien".

    La Sala resalta la imperatividad de que las normas jurídicas fiscales, como las que citó la actora en su demanda, deben ser interpretadas restrictivamente, sobretodo, en casos como éste, en que se discute si la "exención" del I.T.B.M. que consagra el literal d) Parágrafo 8 ibidem es aplicable o no el arrendamiento de bienes corporales muebles a las Fuerzas de los Estados Unidos.

    La interpretación de esta Superioridad en cuanto a la no procedencia de la exoneración de arrendamientos de bienes corporales muebles en este caso, se ve reforzada al considerar la distinción que se hace en los literales h), i), j), k) y l) del mencionado Parágrafo 8 del artículo 1057-v del Código Fiscal, en que sí se incluye expresamente dentro de las exenciones al I.T.B.M., tanto a las transferencias propiamente tales, como a las "importaciones" de diversos productos que en ellos se mencionan, lo cual no sucede en el caso del literal d) del mismo Parágrafo, que alude únicamente a las "transferencias" que se realicen a la Comisión del Canal de Panamá o las Fuerzas de los Estados Unidos de América. Conforme al párrafo inicial y el Parágrafo 1º del artículo 1057-v, no sólo las transferencias de bienes corporales muebles son objeto del I.T.B.M., sino también las importaciones, los arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios no laborales por cuenta propia o ajena.

    Esta Sala concluye que el arrendamiento de automóviles hecho por la demandante a las Fuerzas de los Estados Unidos durante los años 1994, 1995 y 1996, no está comprendido en la exención que prevé el literal d) del artículo 1057-V del Código Fiscal, razón por la cual procede desestimar los cargos de violación de las citadas normas del Código Fiscal.

    El siguiente punto que arguyó la Administración Tributaria para imponer la carga al contribuyente, estriba en que el alquiler o arrendamiento de vehículos no se asemeja a ninguna de las facilidades exentas de impuestos panameños, descritas en uno de los instrumentos complementarios y reglamentarios del Tratado del Canal de Panamá, cual es el Acuerdo para la Ejecución del artículo IV del Tratado del Canal. La Procuraduría en este aspecto insiste en que el alquiler de vehículos no se lista específicamente en el artículo XI del citado Acuerdo para la Ejecución del Tratado como una de las actividades o servicios exentos del pago de impuesto.

    La parte actora sostuvo sin embargo, que el alquiler de automóviles era una facilidad claramente exenta del pago de impuestos panameños, conforme al artículo XI ordinal 1º del Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV del Tratado del Canal de Panamá.

    La Sala no comparte las apreciaciones del demandante, pues, de la lectura del referido ordinal 1º se advierte, que este precepto a quien declara exento del pago en la República de Panamá de cualesquiera impuestos, derechos u otros cargos que incidan en sus actividades o bienes, es a "las Fuerzas de los Estados Unidos", definidas por el precitado ordinal 2º como "Los servicios armados de tierra, mar y aire de los Estados Unidos de América". Siendo ello así, mal puede entenderse comprendido bajo el concepto de "Fuerzas de los Estados Unidos" el servicio de arrendamiento de automóviles prestado por la demandante.

    Por otro lado, la Sala considera que en autos tampoco está probado que el servicio de alquiler de automóviles se incluyó dentro de las "otras categorías de facilidades de servicio" a que alude el precepto transcrito y que deben ser acordadas por ambos gobierno por conducto del Comité Conjunto, siendo que según la Nota Nº DE-040-99 del 12 de mayo de 1999, suscrita por el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva para Asuntos del Tratado, en los archivos de esa entidad "no existe ningún documento que contenga Acuerdo adoptado por el Comité Conjunto, referente al establecimiento de la actividad o servicio de alquiler de automóviles dentro de los sitios de defensa, bajo el criterio de otras facilidades de servicio, como lo contempla el numeral 1º del Artículo XI del Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV del Tratado del Canal de Panamá (Cfr. 109).

    Ante los hechos anotados, la Sala considera que deben desestimarse los cargos de violación del ordinal 1 del Artículo XI del Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV del Tratado del Canal de Panamá.

    Se concluye de este análisis, que no proceden los cargos de violación contra la resolución proferida por la Administración Regional de Ingresos, y que la empresa DE LA GUARDIA DE O.S.A. está obligada a cumplir con el pago requerido.

    En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución No. 213-2520 de 25 de julio de 1997 expedida por la Administración Regional de Ingresos de Panamá.

    N..

    (fdo.) E.M.M.

    (fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

    (fdo.) A.H.

    (fdo.) J.S.

    Secretaria

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