Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 16 de Agosto de 1996

Ponente:EDGARDO MOLINO MOLA
Fecha de Resolución:16 de Agosto de 1996
Emisor:Primera de lo Civil

VISTOS:

La firma forense P. y Asociados actuando en nombre y representación de NEW GENERATION, INC., ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota DMV/1519/95 de 13 de julio de 1995, expedida por conducto del Ministerio de Vivienda, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA

El apoderado judicial de la sociedad demandante NEW GENERATION, INC., pretende que esta Superioridad proceda a hacer las siguientes declaraciones:

"PRIMERA: Que es nulo por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota DMV/1519/95 de 13 de julio de 1995, expedido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Vivienda, que dispone `... al respecto señalamos que no estamos facultados para eliminar disposiciones, que ya han sido aprobadas mediante Resolución de dicho Ministerio de Vivienda, salvo que se cumpla con los requisitos exigidos por la Ley 13 de 1993 en su artículo 42.´

SEGUNDA

Que es nulo por ilegal el acto administrativo contenido en la nota Nº DMV/1865-95 de 12 de septiembre de 1995 del Ministerio de Vivienda, en virtud del cual se confirmó el acto administrativo contenido en la Nota DMV/1519/95 de 13 de julio de 1995, el cual en su parte medular establece: `Una vez aprobado el Reglamento de Copropiedad por el Ministerio de Vivienda y declarado el edificio apto para incorporarse al Régimen de Propiedad Horizontal e inscrita la escritura en el Registro Público, no es el Ministerio de Vivienda el competente para eliminar disposiciones establecidas en el Reglamento de Copropiedad, sin cumplir con lo que dispone el artículo 42 de la Ley 13 de 28 de abril de 1993

TERCERA

Que el Ministerio de Vivienda no puede aprobar reglamentos de copropiedad que contengan estipulaciones violatorias de la Ley 13 de 28 de abril de 1993, ni de cualquier otra disposición legal aplicable al Régimen de Propiedad Horizontal; y que por tanto, cualquier reglamento que apruebe ese Ministerio en contravención a la Ley, es nulo.

CUARTA

Que el Ministerio de Vivienda tiene capacidad y competencia legal para excluir estipulaciones contenidas en los reglamentos de copropiedad aprobados que se hayan inscrito o no en el Registro Público y que sean evidentemente contrarios a derecho.

QUINTA

Que es nula por ilegal la estipulación contenida en el párrafo segundo del artículo 8 del Reglamento de Copropiedad del P. H. Centro Comercial Plaza Concordia, aprobado mediante la resolución Nº 47-93 de 19 de julio de 1993 y la número 3-94 de 12 de enero de 1994, ambas del Ministerio de Vivienda, la cual dispone.`De igual manera, LOS PROPIETARIOS de cada local comercial o unidad departamental, asumirán los costos y gastos de publicidad y propaganda que la Asamblea de Propietarios estime conveniente a efectos de promocionar el `P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA´.

SEXTA

Que es nula por ilegal la estipulación contenida en el artículo 18 del Reglamento de Copropiedad del P. H. Centro Comercial Plaza Concordia, que establece que la sociedad `PLAZA VANDOOM, INC., se reserva el derecho de usufructo de los ingresos que se deriven de los letreros y anuncios comerciales colocados o ubicados en esta servidumbre voluntaria de tránsito para uso peatonal. PLAZA VANDOOM, INC., igualmente podrá optar por ceder este derecho de usufructo a la persona natural o jurídica que estime conveniente, y en los trámites y condiciones económicos que estime oportunos y convenientes´.

SÉPTIMA

Que se ordene al Ministerio de Vivienda que emita una resolución excluyendo del Reglamento de Copropiedad del P. H. Centro Comercial Plaza Concordia, las estipulaciones señaladas como ilegales y que se encuentran insertadas en los artículos 8 y 18 del Reglamento de Copropiedad y lo comunique al Sr. Director del Registro Público para su inscripción correspondiente.

OCTAVA

Que los actuales y futuros copropietarios del P. H. Centro Comercial Plaza Concordia no tienen la obligación de asumir los costos y gastos y propaganda para promocionar la venta de las fincas que componen esta propiedad horizontal.

NOVENA

Que no es materia de un reglamento de copropiedad la constitución de usufructo y servidumbre voluntaria y privada sobre vía pública".

LOS HECHOS U OMISIONES FUNDAMENTALES DE ESTA ACCIÓN

Según el recurrente en la presente acción se han producido los siguientes hechos:

  1. Que mediante la Resolución Nº 47-93 de 19 de julio de 1993 y la Resolución Nº 3-94 de 12 de enero de 1994, el Ministerio de Vivienda aprobó el Reglamento de Copropiedad del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA, y sus modificaciones.

  2. Que el promotor del proyecto del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA, la sociedad PLAZA VANDOOM, INC., incorporó en los artículos 8 y 18 del Reglamento de Copropiedad, estipulaciones contrarias a lo establecido en la Ley 13 de 28 de abril de 1993 (objeto de la presente acción).

  3. Que el día 25 de abril de 1991, la sociedad denominada NEW GENERATION, INC., y la sociedad BELGRAVIA, S.A., celebraron un contrato de promesa de compra venta, en virtud del cual la parte actora se comprometió a comprarle y esta sociedad prometió venderle dos (2) locales comerciales (el Nº 108 y el Nº 109), los cuales formarían parte de un edificio que la prominente vendedora construiría sobre la FINCA Nº 46,916, inscrita al FOLIO 392 del TOMO 1102 de la Sección de Propiedad del Registro Público, Provincia de Panamá, el cual sería sometido al Régimen de Propiedad Horizontal.

  4. Que posterior a la celebración de dicho contrato, el mencionado edificio se construyó y la Finca Nº 46,916 fue incorporada al Régimen de la Propiedad Horizontal, pasando a constituir la FINCA Nº 30792, ROLLO 3780, DOCUMENTO 1 de la Sección de Propiedad Horizontal del Registro Público, Provincia de Panamá.

  5. La sociedad NEW GENERATION, INC. prominente compradora de dos (2) locales comerciales en el P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA, así como otros futuros propietarios de unidades departamentales o locales comerciales en dicho centro comercial, resultan perjudicados por las estipulaciones del Reglamento de Copropiedad, siendo negada dicha petición, al igual que el recurso de reconsideración.

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

Mediante informe explicativo de conducta, que consta a fojas 58-61, el ente administrativo demandado indicó a esta Sala que la nota DMV/1519/95 del 13 de julio de 1995, tiene su asidero legal en lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley 13 del 28 de abril de 1993, que señala que la resolución que dicta la Institución, declarando apto para incorporarse al régimen de Propiedad Horizontal un edificio construido sobre una finca y en la cual se aprueban los planos correspondientes y el Reglamento de Copropiedad del Edificio, es de carácter irrevocable. Por consiguiente, agrega el precitado funcionario, que si el promotor o propietario, en el caso que la finca y edificio que se aprobó su Incorporación al Régimen de Copropiedad horizontal no haya sido debidamente inscrita la Escritura de Constitución al Registro Público o los propietarios de las fincas que nazcan de la Incorporación, por conducto de P. y Representante Legal de la Asamblea de Propietarios, deberán conforme al Artículo 42 de la citada Ley 13, solicitar al Ministerio de Vivienda la aprobación de reformas al Reglamento de Copropiedad. Ésta a juicio de dicha entidad, es la única vía legal de competencia del Ministerio de Vivienda para eliminar o reformar artículos del Reglamento de Copropiedad del P.H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA.

DISPOSICIONES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Sostiene el recurrente que el acto administrativo acusado de ilegal, es violatorio de los artículos 2, 22; párrafo 1, y el artículo 41, todos de la Ley 13 de 28 de abril de 1993, que en el orden indicado, establecen lo siguiente:

Artículo 2. Podrán pertenecer al Régimen de Propiedad Horizontal, sujetos a la presente Ley, los siguientes bienes:

1. Las diversas unidades departamentales de una edificación, cuando sean independientes y tengan salida a la vía pública directamente o por un pasaje común.

2. Los distintos edificios o unidades departamentales edificadas sobre un terreno común.

3. Cualquier otro tipo de unidad departamental, edificio o edificios siempre que sean susceptibles de aprovechamiento independiente y que presenten las características del régimen.

Cada uno de los bienes anteriormente enumerados podrá pertenecer en copropiedad a más de una persona. Estos copropietarios deberán designar su representante en la Asamblea de Propietarios.

Artículo 22. Cada propietario deberá contribuir a los gastos necesarios para la administración, conservación, mantenimiento, reparación y modificación de los bienes comunes, así como el pago de la prima de seguros contra incendios, terremoto, incendio causado por terremoto con extensión de cubierta sobre todo el edificio y daños ocasionados por o al ascensor en proporción al valor de su piso o unidades departamentales sin perjuicio de las estipulaciones expresas de las partes. Sin embargo, los gastos de administración podrán ser distribuidos en forma distinta, si así lo acordara el setenta y cinco por ciento (75%) de los propietarios.

...

Artículo 41. El reglamento de copropiedad deberá contener las siguientes materias, sin perjuicio de otras disposiciones que los propietarios juzguen necesarias para el mejor funcionamiento del régimen:

1. Forma de administración, especificando las facultades del administrador y período de duración;

2. Facultades y funciones de la junta directiva y sus dignatarios;

3. Determinación del uso a que se destina cada unidad departamental;

4. Señalamiento de la fecha en que el administrador debe rendir informe de su gestión;

5. Forma de convocatoria y periodicidad de las Asambleas de Propietarios;

6. Mayoría necesaria para celebrar sesiones extraordinarias y para adoptar resoluciones, cuando se trate de casos en que esta Ley no exija cómputos especiales;

7. Regulación concerniente en materia de mudanza, mejoras a unidades departamentales y protección y uso del elevador, escaleras y otras áreas comunes que sirvan de acceso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

En caso de no existir tal disposición en el Reglamento de Copropiedad, y de que algún dueño desee efectuar modificaciones a su unidad departamental y haya obtenido los permisos correspondientes, deberá solicitar por escrito a la junta directiva, el uso de los espacios comunes si pretendiera su uso para el traslado de materiales nuevos o escombros. En tales casos la junta directiva podrá dar su autorización o en caso necesario negarlo y exigir el uso de instalaciones temporales exteriores. Tal decisióm podrá ser apelada ante la Asamblea de Propietarios;

8. La obligatoriedad de presentar un presupuesto anual de ingresos y egresos;

9. La obligatoriedad de llevar un libro de actas, el cual deberá estar debidamente rubricado ante un Juzgado de Circuito; y

10. La obligatoriedad de que el tesorero lleve un libro de ingresos y egresos debidamente rubricado ante un Juzgado de Circuito.

De igual forma se considera infringido el artículo 1106 del Código Civil que a la letra establece:

"Artículo 1106. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias a la ley, a la moral ni al orden público".

En cuanto al concepto de la violación del artículo 2 de la Ley 13 de 1993, la sociedad demandante sostiene que el mismo se ha dado en virtud de que el acto acusado de ilegal, al permitir la existencia de la estipulación que se insertó en el artículo 18 del Reglamento de Copropiedad referente a la incorporación de un paso peatonal, conjuntamente con la regulación de su uso y usufructo, ha permitido el establecimiento de bienes que no están sujetos a la incorporación del régimen de propiedad horizontal de acuerdo con lo dispuesto en esa norma.

En lo que se refiere a la transgresión del párrafo 1 del artículo 22 de la referida Ley 13 de 1993, alega el recurrente que si el Ministerio de Vivienda hubiese aplicado esta norma habría resuelto favorablemente su petición de exclusión de las estipulaciones contenidas por el citado reglamento de copropiedad. Ello, debido a que esta norma establece cuáles son los gastos comunes que deben pagar los copropietarios y dentro de los que menciona esta norma, no se encuentran los gastos de promoción del propietario del proyecto para vender sus locales comerciales. Por consiguiente, considera el demandante que al no excluirse los gastos de promoción que carga el artículo 8 del reglamento de copropiedad a los copropietarios, lo que se hace es patrocinar el enriquecimiento ilícito para los promotores del P.H.C. COMERCIAL PLAZA CONCORDIA, porque no se toma en consideración que este es un gasto propio de los propietarios del proyecto y no que es un gasto común a cargo de los copropietarios, que no aparece contemplado en la Ley 13 de 1993.

Sobre la transgresión del artículo 41 de la mencionada Ley 13 de 1993, sostiene el demandante que si bien esta disposición contempla cuáles son las materias que deben estar sujetas a regulación en un reglamento de copropiedad, y además, deja abierta la posibilidad de que los propietarios introduzcan otras disposiciones que juzguen necesarias para el mejor funcionamiento del régimen, el Ministerio de Vivienda al no excluir del Reglamento de Copropiedad del P. H. Centro Comercial Plaza Concordia las estipulaciones contenidas en los artículos 8 y 18 del referido reglamento de copropiedad, vulneró el artículo 41 de la Ley 13 de 1993, porque las disposiciones contenidas en ellos no constituyen materias propias del régimen de propiedad horizontal. Agrega que el Ministerio de Vivienda lo que hace es avalar estipulaciones que no se ajustan a derecho, y, en consecuencia, lo que hace es provocar conflictos entre propietarios, y entre éstos y el promotor.

Finalmente, en cuanto a la infracción del artículo 1106 del Código Civil, la parte actora estima que la estipulación contemplada en el artículo 8 del referido reglamento de copropiedad, referente a quiénes asumirán los costos de gastos de publicidad y propaganda de promoción del P. H. Centro Comercial Plaza Concordia, y la consiguiente aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, constituye materia que debe estar sujeta a la libre contratación civil de las partes y por tanto, al imponérsele a los copropietarios la obligación contenida en el artículo 8 del referido reglamento de copropiedad del P. H. Centro Comercial Plaza Concordia, se vulnera el principio de la autonomía de la voluntad de las partes para contratar, y así debió reconocerlo el Ministerio de Vivienda al absolver la petición del demandante.

CRITERIO DE LA SEÑORA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista Fiscal Nº 63 de 31 de enero de 1996, legible a fs. 62-79 del expediente, la señora Procuradora de la Administración actuando en defensa del acto acusado, en atención al artículo 348; ordinal 2 del Código Judicial, solicitó a esta Superioridad denegar las pretensiones de la sociedad demandante.

Previo a examinar las argumentaciones de la prenombrada funcionaria, la Sala quiere llamar la atención a la Procuraduría de la Administración en el sentido de que el traslado se dio el 30 de noviembre de 1995, y lo contestó dos meses después, para un término de cinco (5) días. Consta en el expediente que la Vista Fiscal fue preparada el mismo día de la notificación, 31 de enero de 1996. Esta es una práctica adoptada en contra de lo establecido en el artículo 2305 del Código Judicial, aplicable en estos casos por analogía para el procedimiento, ya que el término se cuenta a partir del ingreso del expediente al despacho del agente del Ministerio Público. Le recomendamos a la Secretaría de la Sala Tercera que haga cumplir la mencionada disposición para que se cumpla el trámite legal en su debido término procesal.

En lo que respecta a la infracción del artículo 2 de la Ley 13 de 1993, sostiene la señora Procuradora de la Administración que no coincide con el demandante por la siguiente razón:

... Es indudable que la edificación denominada PLAZA CONCORDIA, ha sido incorporada al Régimen de Propiedad Horizontal, y por ello, necesariamente se dio la aplicación del artículo dos (2) de esta Ley 13 de 1993. O sea, que la Administración tomó en cuenta los numerales del pretranscrito artículo dos (2), para poder incorporar dicho grupo comercial y empresarial, al Régimen de Propiedad Horizontal; luego no puede ser cierto que se dejó de aplicar esa disposición legal.

Y es que para poder concederse la incorporación al régimen de propiedad de unidades departamentales, la actuación administrativa, se tiene que referir a dicho artículo; como en efecto ha sido aplicado en la presente situación de derecho.

Sobre la transgresión de los artículos 22 y 41 de la Ley 13 de 1993, la señora Procuradora sostiene:

No compartimos y `A CONTRARIS´, negamos los alegatos acusatorios de la contraparte, puesto que somos de la opinión que parten de una base falsa: no es cierto que la Administración tenga necesariamente, en cada acto de incorporación al régimen de propiedad horizontal, que resguardarle la espalda a los copropietarios, presumiendo la mala fe y el uso abusivo del derecho de los promotores.

Es de esperar que sean las propias personas naturales o jurídicas, en su calidad de copropietarios, al creerse afectadas en sus derechos, por vía de cláusulas abusivas del Reglamento de Copropiedad, las que planteen ante la jurisdicción pertinente (el juez circuital) sus demandas de justicia.

En lo que concierne al artículo 1106 del Código Civil, también acusado de ser infringido, la Procuradora se manifestó en los siguientes términos:

"En realidad este artículo, desde nuestra perspectiva, por no ser aplicable a la situación estudiada; no tendría porqué haber sido violado o lesionado.

Ciertamente, si vemos bien, la situación `IN EXAMINE´, no dice relación con un acuerdo de voluntades entre la Administración y la empresa promotora o quizás, con la demandante; sino más bien con una actuación unilateral del Ente Activo de la Administración.

Efectivamente, las autorizaciones son acto (sic) administrativos que no requieren para su perfeccionamiento y validez, el concurso de la voluntad del administrado; antes bien, son declaraciones que tienen por fin habilitar y controlar la actividad de una persona de derecho.

En el caso en estudio, la autorización se enrrostra en un acto de policía administrativa (urbanística). Aquí la autorización integra la voluntad administrativa y su omisión sólo puede ser subsanada por una confirmación expresa a posteriori. Con estos actos se le otorga validez y eficacia al acto de los particulares, por esto, incide en su perfección.

Para finalizar pués, (sic) digamos que la conducta de la administración se exteriorizó a través de la aprobación y control de los reglamentos de copropiedad, y esto, en nada tiene que ver con el acuerdo de voluntades al cual se refiere el artículo pretranscrito.

Finaliza argumentando la Procuradora de la Administración que pretender, como lo hace el recurrente, que esta Superioridad se pronuncie obligando a la Administración a obrar notoria y evidentemente en contra de Derecho constituye una verdadera incongruencia jurídica cimentada sobre una pretensión imposible de ser favorecida con una resolución judicial, por razón de que las Resoluciones Administrativas que aprueban la reglamentación de copropiedad o declaran un

inmueble apto para la incorporación al régimen de propiedad horizontal son de carácter irrevocable. conforme a lo estatuido en el artículo 31 de la antes citada Ley 13 de 28 de abril de 1993.

DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

Cumplidos los trámites legales establecidos para este tipo de procesos, la Sala procede a resolver la presente controversia. Un examen del presente caso indica a esta Superioridad que las pretensiones del recurrente recaen fundamentalmente, en que se declare la ilegalidad de la Nota DMV/1519/95 de 13 de julio de 1995, así como también de la Nº DMV/1865-95 de 12 de septiembre de 1995, ambas expedidas por el Ministerio de Vivienda, mediante las cuales se le indicó a la sociedad NEW GENERATION, INC., que una vez aprobado el Reglamento de Copropiedad por el Ministerio de Vivienda y declarado el edificio apto para incorporarse al Régimen de Propiedad Horizontal e inscrita la escritura en el Registro Público, el Ministerio de Vivienda no es la entidad competente para eliminar disposiciones establecidas en el Reglamento de Copropiedad, sin cumplir con lo que dispone el Artículo 42 de la Ley 13 de 28 de abril de 1993. Esta actuación administrativa obedeció a que las pretensiones del recurrente ante dicha institución gubernamental tenían como objeto la modificación de los artículos 8 y 18 del Reglamento de Copropiedad del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA.

A juicio de este Tribunal, la decisión adoptada por el Ministerio de Vivienda contrario a lo que señala la sociedad NEW GENERATION, INC., y como bien lo indicara la señora Procuradora de la Administración en su oportunidad, se ajusta a derecho. Ello obedece a que de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 31 de la Ley 13 de 28 de abril de 1993, la resolución expedida por el Ministerio de Vivienda, aprobatoria del Reglamento de Copropiedad del edificio es de carácter irrevocable. Para mayor ilustración, veamos lo que al respecto establece la precitada excerta legal:

"Artículo 31. Para constituir el Régimen de Propiedad Horizontal sobre una finca será necesario que el Ministerio de Vivienda (MIVI) mediante resolución apruebe los planos correspondientes, el Reglamento de Copropiedad del edificio y además lo declare apto para incorporarse al régimen. La resolución aprobatoria será de carácter irrevocable." ... (Lo resaltado es de la Sala).

En este sentido, se observa claramente que la decisión adoptada por el Ministerio de Vivienda, objeto de la presente acción de plena jurisdicción, encuentra pleno asidero jurídico en la precitada disposición legal, por consiguiente, mal podía el demandante pretender de manera unilateral, que la Administración accediera a la modificación de los precitados artículos 8; párrafo segundo y 18 del Reglamento de Copropiedad del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA sin que se cumplieran previamente, los presupuestos legales establecidos en los artículos 42 de la Ley 13 de 1993 y el artículo 28 acápite e) del Reglamento de Copropiedad del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 42. Para reformar el Reglamento de Copropiedad se requiere un acuerdo de los propietarios tomado en Asamblea General por el voto de no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos. Estas reformas deberán ser aprobadas por el Ministerio de Vivienda (MIVI), ser elevadas a escritura pública e inscrita en el Registro Público para que surtan efecto contra terceros.

Para los cambios de la junta directiva, dignatario o administrador no se requerirá la aprobación del Ministerio de Vivienda (MIVI), pero sí su inscripción en el Registro Público.

"ARTÍCULO 28: La Asamblea de Propietarios tendrá a su cargo y será responsable por la Administración y conservación de los BIENES COMUNES y tendrá todas aquellas funciones y facultades que la Ley o este Reglamento de Propiedad no le atribuyan a la Junta Directiva, a los Dignatarios o al Administrador y en especial, tendrá las siguientes facultades:

...

e) Reformar el Reglamento de Copropiedad. Una modificación del reglamento de copropiedad, que afecte derechos sobre BIENES PRIVADOS O PRIVATIVOS, otorgados en la constitución inicial del Régimen de Propiedad Horizontal, ya se trate de fincas o reservas letales, requerirá indemnización previa, aceptándose como monto de dicha indemnización, la que determine EL PROPIETARIO , cuyo derecho sobre un bien PRIVADO O PRIVATIVO sea afectado." ...

Pretender que la Administración, en este caso el Ministerio de Vivienda, procediera a excluir las estipulaciones consagradas en el párrafo segundo del artículo 8, así como también del artículo 18 del Reglamento de Copropiedad del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA aprobado por dicho Ministerio mediante la Resolución Nº 47-93 de 19 de julio de 1993, y la Resolución Nº 3-94 de 12 de enero de 1994, sin cumplir con lo dispuesto en los precitados artículos 42 y 28 de la Ley 13 de 1993, y del Reglamento de Copropiedad del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA, respectivamente, a prima facie constituye una clara y manifiesta violación al consagrado principio de irrevocabilidad de los actos administrativos que prohíbe a la Administración revocar sus propios actos que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo a favor de los particulares. En este caso, el derecho subjetivo consiste en la aprobación por parte del Ministerio de Vivienda del respectivo Reglamento de Copropiedad del CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA para pertenecer al Régimen de Propiedad Horizontal.

Aceptar que la Administración revoque libremente como pretende el recurrente, su propia actuación sería contradecir el principio de certeza jurídica del que gozan todos los actos administrativos hasta tanto el órgano jurisdiccional, en nuestro caso, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, se pronuncie acerca de su ilegalidad o no; y a esta vía mediante el Contencioso de Nulidad podría recurrir el interesado.

Por consiguiente, para que el Ministerio de Vivienda procediera a realizar las correspondientes modificaciones al Reglamento del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA, lo procedente era que la Asamblea de Copropietarios del centro comercial en referencia, a través de su representante legal, y una vez se hubiesen aprobado las mismas mediante acuerdo tomado por los propietarios de dicho Centro en Asamblea General por el voto de no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos, solicitara al aludido ente administrativo la aprobación de reformas al referido Reglamento de Copropiedad, que de conformidad con lo establecido en los prenunciados artículos 42 de la Ley 13 de 1993, y el artículo 28 del Reglamento de Copropiedad del P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA CONCORDIA, constituyen el mecanismo legal para que el Ministerio de Vivienda proceda a aprobar, modificar, o eliminar las disposiciones contempladas en el reglamento de copropiedad del edificio incorporado al Régimen de Propiedad Horizontal.

Por las consideraciones expuestas no prosperan los cargos de violación endilgados a los artículos 2, 22 y 41 de la Ley 13 de 28 de abril de 1993.

En relación al artículo 1106 del Código Civil cuya infracción también se aduce, la Sala considera que esta norma no es de aplicación al caso que nos ocupa, y es que la misma dice relación con la contratación entre particulares, y no con la actuación administrativa llevada a cabo por parte de la administración (Ministerio de Vivienda) consistente en la aprobación o improbación del reglamento de copropiedad para constituir el Régimen de Propiedad Horizontal sobre una finca, que constituye un acto administrativo de carácter unilateral por parte del referido Ministerio de Vivienda, en atención a la atribución legal establecida en el artículo 31 de la Ley 13 de 1993.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativo) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Nota DMV/1519/95 de 13 de julio de 1995, expedida por el Ministerio de Vivienda, acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

N..

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) A.H.

(fdo.) J.S.

Secretaria