Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 22 de Julio de 1998

PonenteEDGARDO MOLINO MOLA
Fecha de Resolución22 de Julio de 1998
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

El licenciado J.C., en representación de I.I.A., ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Administrativa No. 6 de 13 de mayo de 1996, emitida por la Juez Primera Municipal del Distrito de D., Suplente Especial, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Los Hechos de la Presente Acción según la Parte Actora

Las pretensiones de la parte actora descansan en los siguientes hechos:

  1. Que la señora I.I.A., comenzó a laborar en el Juzgado Primero Municipal del Distrito de D., como Oficial Mayor, desde enero de 1971, hasta el 17 de mayo de 1996.

  2. Que por Resolución No. 6 de 13 de mayo de 1996, dictada por la Juez Primera Municipal del Distrito de D., Suplente Especial, se le destituyó del cargo como Oficial Mayor.

  3. Que contra dicha resolución, la recurrente interpuso recurso de reconsideración, el cual fue negado por Resolución No. 7 de 17 de mayo de 1996.

  4. Que en la dictación de las precitadas resoluciones, se conculca y viola el derecho a ser oído en justo y legal proceso, que la ley establece a favor del recurrente, por cuanto que la expedición de la Resolución No. 7 de 13 de mayo de 1996, se originó como consecuencia de un recurso por ella propuesto, no menos cierto es que dicha resolución es de naturaleza ilegal, dado el procedimiento utilizado para traer a la vida jurídica la Resolución No. 6 de 13 de mayo de 1996.

Informe Explicativo de Conducta

Mediante escrito de 5 de agosto de 1996, que corre a páginas 28-32, el Juez Primero Municipal de D., Suplente Especial, procedió a rendir su informe de conducta en relación al acto acusado, manifestando que la señora I.I.A., fue destituída del cargo que ocupaba como Oficial Mayor del Juzgado Primero Municipal de D., por encontarse debidamente comprobadas las ilegalidades por ella cometidas al efectuar los repartos del Juzgado Primero Municipal de D., que se tipifican como faltas a la Ética Judicial.

En efecto, prosigue el funcionario en mención, que la ex funcionaria ALVARADO, fue designada por la ex juez, a cargo del Juzgado Primero Municipal de D., para efectuar los repartos de dicho Juzgado, y que la misma en el cumplimiento de dicha función, incurrió en graves faltas a la Ética Judicial, pues sin ningún fundamento jurídico para ello, se atribuía en exclusividad para el Juzgado Primero Municipal de D., los negocios o procesos de tres (3) casas comerciales (mueblerías) que funcionan en la localidad. Por consiguiente, señala el aludido funcionario que, si bien es a los jueces a quien compete efectuar los repartos, habiéndose atribuído a una subalterna del Juzgado tal función, no puede aceptarse que tal funcionaria incurra en faltas graves al efectuar los repartos, atribuyéndose procesos en exclusividad y sin justificación alguna de tres personas jurídicas, los que por mandamiento de la ley deben ser repartidos al azar, so pretexto de que no es a ella, refiriéndose a lo que argumenta la señora A., a quien compete la labor, y no puede alegar ignorancia de la ley para justificar su actuación.

También arguye la entidad demandada que, si bien es cierto, el artículo 271 del Código Judicial, garantiza la estabilidad laboral para los funcionarios nombrados por lo menos cinco años antes de la promulgación de la ley, ello se da, mientras no incurran en causa que conforme a ella justifique su remoción o separación del cargo. Que la falta en que incurrió la demandante no es de carácter disciplinaria, amén de que no siendo funcionaria de carrera, no le pueden ser aplicables los artículos 278, 297 y 289 del Código Judicial.

Criterio de la Procuradora de la Administración

Mediante Vista Fiscal que reposa a fojas 34-43 del expediente en estudio, la Procuradora de la Administración objetó las pretensiones de la parte actora. La citada funcionaria basa su oposición en que el artículo 271 del Código Judicial, expresamente señala que los funcionarios del Ministerio Público y del Órgano Judicial que no cumplan con los requisitos señalados en dicha excerta legal, gozarán de estabilidad en sus cargos, siempre que hayan sido nombrados en los mismos por lo menos 5 años ininterrumpidos antes de entrar en vigencia la Ley 19 de 1991, y que no incurran en causa grave que justifique su remoción. Que del examen del contenido de la Resolución No. 6 de 13 de mayo de 1996, impugnada, se observa que la demandante I.I.A. fue destituída del cargo de Oficial Mayor en el Juzgado Primero Municipal del Distrito de D., porque no cumplió con las reglas de reparto establecidas en la Ley, ni en el Acuerdo celebrado por los Jueces 1ro. y 2do. Municipales del Distrito de D., el 27 de mayo de 1994, de suerte que, incurrió en ciertas irregularidades en el ejercicio de las funciones, que le habían sido encomendadas por su superior jerárquico en ese entonces.

Por lo anterior, estima la Procuradora que es ilógico que la demandante alegue como infringida una norma que contempla la posibilidad de una remoción del funcionario que comete faltas graves; no obstante, que gozare de estabilidad relativa en el cargo, por antigüedad de cinco (5) años en el mismo.

Decisión de la Sala

Vistos los argumentos de las partes involucradas en el presente proceso, la Sala pasa a resolver lo pertinente.

El recurrente estima que la Resolución de personal impugnada viola en forma directa por comisión, el párrafo final del artículo 271, 278, 289, 297 y el 298, todos, del Código Judicial.

El argumento del recurrente de la violación a la precitada normativa, estriba en que la Juez Primero Municipal del Distrito de D., no tiene en cuenta que el Legislador garantiza la estabilidad de los funcionarios que antes de la promulgación de la ley de Carrera Judicial, no cumplan con los requisitos señalados, si tales funcionarios han sido nombrados por lo menos 5 años antes de la promulgación de la ley. Añade que, es cierto que la disposición legal en comento, también establece que la estabilidad laboral de tales funcionarios, se garantiza mientras no incurran en causa que, conforme a la ley, justifique su remoción o separación del cargo que ocupa, pero que es indudable que la causa a que se refiere la ley debe ser acreditada a través del procedimiento que para tal fin está consignado en claras disposiciones del Código Judicial.

Frente a tales argumentaciones, esta Superioridad considera pertinente entrar a determinar si la señora I.A. gozaba de estabilidad en el cargo de O.M. al momento en que se produjo su destitución. En este sentido, estimamos conveniente traer las siguientes consideraciones vertidas por este Tribunal en reiterados pronunciamientos en torno al artículo 271 del Código Judicial, el cual fue introducido en nuestro ordenamiento jurídico para garantizarle estabilidad a aquellos funcionarios que no reunían los requisitos formales para ocupar los cargos.

El texto original del segundo párrafo del artículo 271 del Código Judicial, consagraba una estabilidad relativa que amparaba a aquellos funcionarios que, al momento de entrar en vigencia el Código de 1987, no reunían los requisitos señalados en éste y tenían más de tres años de haber sido nombrados en el Órgano Judicial o en el Ministerio Público. Al restructurarse el Órgano Judicial, se subrogó el artículo 271 del Código Judicial, por medio del Decreto de Gabinete No. 17 de 24 de enero de 1990. Este Decreto de Gabinete eliminó la estabilidad relativa prevista en el texto original e introdujo otro contenido, según el cual, solamente quedaban amparados por los derechos y garantías correspondientes a la carrera judicial y a la inamovilidad, los funcionarios y empleados que ingresaban a la misma mediante el cumplimiento de las exigencias establecidas en el Código Judicial.

Posteriormente, se dictó la Ley 19 de 18 de julio de 1991, mediante la cual se modificó una vez más, el texto del artículo 271 antes mencionado, el cual quedó de la siguiente manera:

ARTICULO 271. Para los efectos de todos los derechos y garantías consagradas en este Código para la Carrera Judicial, sólo gozarán de los mismos los funcionarios y empleados judiciales que hayan ingresado a los cargos mediante el cumplimiento de las exigencias establecidas para el ingreso a dicha C..

No obstante esta disposición, los funcionarios del Organo Judicial y del Ministerio Público, nombrados por lo menos cinco años antes de la promulgación de esta Ley que no cumplan con los requisitos señalados en este Código, se les garantizará estabilidad mientras no incurran en causa que, conforme a la Ley, justifique su remoción o separación del cargo que ocupan. (lo resaltado es de la Sala)

La citada disposición garantiza estabilidad a aquellos funcionarios que -hayan sido nombrados cinco años antes de la promulgación de la Ley 19 de 18 de julio de 1991, y- que no cumplan los requisitos señalados en el Código Judicial para ocupar el cargo que ese momento desempeñan. Esta estabilidad está limitada por causas que, conforme a la Ley, justifiquen la remoción del cargo que ocupan dichos funcionarios.

En el caso de la señora I.I.A., podemos observar que la misma gozaba de estabilidad al momento de su destitución, de acuerdo al artículo 125 en relación con el artículo 271 del Código Judicial, ya que la prenombrada ingresó al Órgano Judicial en enero de 1971, por lo que contaba con más de cinco años de laborar en esta institución judicial, antes de la promulgación de la Ley 19 de 1991. Los hechos que confirman que la prenombrada no cumplía con los requisitos del cargo que ocupaba al momento de la destitución, es decir, el de O.M. es que no ha demostrado -ser estudiante de los dos últimos años de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá u otra reconocida por el Estado, requisito contemplado en el artículo 125 ibídem, además de que no ingresó al cargo por concurso.

Sin embargo, es importante resaltar, que a pesar de que la señora I.I.A. gozaba del derecho a la estabilidad en el cargo, no es menos cierto que no era inamovible, ya que no era funcionaria de C.J., conforme lo dispuesto en el artículo 278 del Código Judicial, que dispone:

"ARTICULO 278. Los Magistrados de Distrito Judicial, losa Jueces de Circuito y Municipales, así como los servidores públicos subalternos y amparados por la Carrera Judicial, son inamovibles. En tal virtud, no podrán ser destituídos suspendidos ni trasladados, sino por razón de delito o por falta debidamente comprobados. En ningún caso podrá destituírseles sin ser oídos en los términos previstos en este Título.

Lo anterior es aplicable a las personas que, como Suplentes, ejerzan funciones judiciales ocasionalmente".

La inamovilidad de los funcionarios de Carrera Judicial alude a que los mismos, antes de ser destituídos de sus cargos, deben ser oídos mediante el procedimiento consignado en los artículos 289 y 442, y siguientes del Código Judicial. Situación diferente ocurre con los funcionarios que gozan de estabilidad, no por estar en Carrera Judicial, sino por los años de servicios prestados al Órgano Judicial, a quienes no es indispensable la aplicación del procedimiento disciplinario o el de Ética Judicial, consignado en el cuerpo legal citado. En este último caso, debe comprobarse fehacientemente que el servidor judicial lego, efectivamente, incurrió en causal de la separación del puesto de trabajo. Esto obviamente debe consignarse en la Resolución de destitución, donde el superior jerárquico, en las motivaciones, haga una relación de los hechos y pruebas que apoyen tal decisión, como ha quedado evidenciado en el caso de la señora I.I.A., según las Resoluciones No. 6 de 13 de mayo, No. 7 de 17 de mayo, ambas de 1996.

Dado que la disconformidad del la parte actora, tiene su fundamento en normas del Código Judicial que regulan el procedimiento disciplinario, que como hemos establecido, sólo son aplicables a los funcionarios de Carrera Judicial, no hay lugar a revisar las causales que se alegaron para su destitución, pues no han sido impugnadas.

El criterio expuesto, ha sido objeto de reiterados pronunciamientos jurisprudenciales, vgr. Sentencia de 31 de agosto de 1995 (Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el Licenciado I.A.S., en representación de J.P.P.C., para que se declarara nulo por ilegal, el Decreto de Personal No. 81 de 30 de agosto de 1994, emitido por el Juez del Tribunal Tutelar de Menores); -Sentencia de 16 de junio de 1998 (Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado F.S., en representación de ANAYANSI GUEVARA DE G., par que se declarara nula, por ilegal, la Resolución No. 89 de 11 de septiembre de 1996, dictada por el Juez Municipal de Bugaba).

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Amdinistrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL, la Resolución No. 6 de 13 de mayo de 1996, dictada por la Juez Primera Municipal del Distrito de D., Suplente Especial.

N..

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) C.H. CUESTAS

(fdo.) J.S.

Secretaria