Sentencia de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 23 de Junio de 1998

PonenteROGELIO A. FÁBREGA Z
Fecha de Resolución23 de Junio de 1998
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

El licenciado T.L.Á., en calidad de apoderado judicial de la licenciada D.C.D.A., ha promovido demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, para que se declaren nulas, por ilegales, las resoluciones de 17 de julio de 1995 y la del 1º de agosto de 1995, dictadas ambas por el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

La primera resolución cuya nulidad solicita el recurrente, fue dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 17 de julio de 1995 y la misma tuvo su génesis en la siguiente queja:

El señor PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA formuló queja contra la JUEZ CUARTA DEL CIRCUITO, RAMO PENAL, licenciada D.C.D.A., ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. A su vez, el Magistrado Presidente de esta Corporación de Justicia remitió para su diligenciamiento dicha queja ante los superiores jerárquicos de la funcionaria acusada, tal como lo prevé el Capítulo IX del Título XII del Libro I del Código Judicial, referente a las correcciones disciplinarias.

Por su parte, la JUEZ CUARTA DE CIRCUITO, RAMO PENAL, en su escrito de contestación a la queja, estimó que es competencia del tribunal jerárquico o del MINISTERIO PÚBLICO, en sus respectivas jurisdicciones, quienes deben promover el procedimiento para la aplicación de corrección de medidas disciplinarias, la cual deberá hacerse bajo juramento. Aduce la ilegalidad de esta acción, debido a que no se cumplió con este requisito, así como también considera que el señor P. no es el funcionario jerárquico de la JUEZ CUARTA DE CIRCUITO, RAMO PENAL, por tanto, el representante del MINISTERIO PÚBLICO carece de legitimidad para promover individualmente procedimiento disciplinario en el ÓRGANO JUDICIAL. Concluye la funcionaria que los Magistrados del SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA no han observado las exigencias legales, con respecto a la interposición de la queja bajo juramente y que, además, los documentos incorporados a las notas, constituyen copias simples, por lo que procedió a tacharlas.

Con respecto a lo anterior, el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA advierte que el juramento de la queja, cuya omisión ataca la recurrente, sólo se exige en los casos de "cualquier particular", lo que no es compatible con la figura del representante del MINISTERIO PÚBLICO ni con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sostiene además, el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR que a la presente queja se le impartió el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 285 y siguientes del Código Judicial.

El fundamento de la queja por parte del señor Procurador, se basó en dos (2) casos tramitados en el JUZGADO CUARTO DE CIRCUITO, RAMO PENAL. El primero de ellos, en el que el juzgador dictó un sobreseimiento definitivo a favor de E.H., M.H., SALOMÓN HOMSANY y MARCELA ABADI VDA. DE H., mediante un fallo brevísimo, en el cual fueron desatendidas las probanzas incriminatorias que demostraban la responsabilidad de los supuestos sindicados. Con respecto a ello, estima el Segundo Tribunal que no cuentan con pruebas fehacientes que pudieran incidir en una conducta irregular de la juzgadora. en virtud de que dicho caso consta de 22 tomos, para lo cual tendría esa Superioridad que entrar al conocimiento de los mismos.

En cuanto al otro negocio denunciado por el representante del MINISTERIO PUBLICO, se trata del proceso penal seguido a R.A.E., quien fue condenado a cinco (5) años de prisión por posesión agravada de drogas y en el cual la JUEZ CUARTA DE CIRCUITO, PENAL en resolución proferida el día 28 de abril de 1998, accedió a la petición formulada por el apoderado judicial de R.A.E., procediendo a la entrega de las pertenencias personales y bienes aprehendidos al momento de la detención del imputado, los cuales fueron incautados en la diligencia de allanamiento efectuada en la residencia del señor ARIAS ESCOBAR, consistentes en "una caja de herramienta color rojo, M.S., dentro de la cual había 17 envoltorios forrados que después de analizados resultaron ser 18.075 gramos de cocaína, un maletín ejecutivo de R.A.E., con B/.5.630.00 y 14.000 pesos colombianos". (Fs. 526-527).

La resolución cuya nulidad se pide, también se refiere a que en el acto de la audiencia, el apoderado judicial de ARIAS ESCOBAR aportó como pruebas una certificación de la DIVISIÓN DE ANTECEDENTES DE SANTA FE de BOGOTÁ, según la cual el prenombrado señor no registra antecedentes judiciales o de policía y una certificación de la CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA sobre la renovación de la matrícula Nº 27/04/410/1 a nombre del mencionado señor la cual ampara el establecimiento comercial "Propaco", el cual fuere renovado por última vez el 30 de marzo de 1990 y que tiene un sello sobrepuesto que indica: "No se ha cumplido la obligación legal de renovar la matrícula", pruebas éstas que fueron objetadas por el apoderado judicial de C.Á., por no estar refrendadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y tampoco están avaladas por dicho ministerio las firmas del Consulado General de Colombia en Panamá. Al dictar la sentencia en ese negocio, la Juez decidió "que las pruebas presentadas en el acto de audiencia no guardan la formalidad de la prueba documental prevista por el artículo 864 del Código Judicial".

Aclara el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR que, efectivamente las pruebas aportadas no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 24A de la Ley 13 de 1994, que se refiere a que le compete a la persona que se le investiga por el delito de narcotráfico y delitos conexos, demostrar que los bienes que le han sido aprehendidos provisionalmente provienen de actividades lícitas, y que en ese negocio, el apoderado legal del sindicado al hacer la petición de devolución de los bienes, se refirió a las pruebas que reposaban en el expediente de su defendido, cuando las mismas, inclusive, ya habían sido desestimadas por la juzgadora. Seguidamente indica el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR que el artículo 25B de la citada Ley 13, establece que cuando se haya ordenado el comiso de bienes, instrumentos, dinero o valores, que hayan provenido de la comisión de algunos de los delitos anteriormente descritos, el J. en la sentencia deberá poner dichos bienes a disposición de la Comisión Nacional para el Estudio y Prevención de Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED), siendo inobservada esta situación por la juzgadora.

Concluye la sentencia recurrida que, por una parte, la juzgadora ignoró la inversión de la prueba en el caso comentado, al hacer entrega del dinero incautado por la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA BALBOAS (B/.5,630.00), haciendo la observación que el MINISTERIO PÚBLICO se opuso a dicha devolución (f.531), aunque no apeló de la decisión de hacer entrega de dicho dinero. Por otra parte, estima el Tribunal Superior que con la conducta jurisprudencial de la señora Juez "violó de forma directa sus deberes, responsabilidad y facultad de los jueces contemplados en el artículo 199, ordinales 8ª, 9ª y 12º del Código Judicial, infringiendo la ley con ignorancia inexcusable tal como lo contempla el texto del artículo 200 del mismo cuerpo legal y la ética judicial prevista en los ordinales 1º, 3º y 21º del artículo 440 del Código Judicial". (F. 533). Contra esta resolución se presentó escrito de reconsideración con apelación en subsidio, siendo confirmada por el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA el día 1º de agosto de 1995, la parte afectada con las resoluciones antes anotadas, formuló Demanda Contencioso Administrativa de Plena Juridicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (fs. 59 a 76).

Surtidos los trámites inherentes a este proceso, se corrió traslado de la demanda al Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Superior de Justicia, para que rinda el informe de conducta, de conformidad con lo pautado en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, dando cumplimiento del mismo mediante Oficio Nº 80-B.S.-PM de 16 de octubre de 1995 (fs. 80-86). De igual manera se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración por el término previsto en la ley, quien dio contestación a la demanda, mediante Vista Número 485 de 16 de noviembre de 1995, que procederemos a resumir:

VISTA DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

En primera instancia, la señora Procuradora solicita le sean negadas las declaraciones pedidas por el actor, dado que no le asiste razón en su pretensión.

Después de analizar las disposiciones legales que estima el recurrente que han sido infringidas en la resolución emitida por el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA advierte que la señora JUEZ CUARTA DE CIRCUITO PENAL no fue destituida por emitir la resolución de 28 de abril de 1995, como pretende hacer ver el recurrente, sino por la conducta "evidenciada" (f. 94), en algunos procesos penales que se tramitaban en su despacho, sobre los cuales el señor PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA puso en conocimiento del Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien a su vez, remitió la nota recibida del representante del Ministerio Público a los Magistrados del SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, para la investigación pertinente.

Estima la señora Procuradora que los cargos de ilegalidad que se le imputan a la resolución atacada, en cuanto a los artículos 2 y 44 del Código Judicial, son infundados, ya que la independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones, no significa que quienes ostenten tales cargos deban incurrir en actos que atenten contra lo consagrado en la Constitución Política y la ley. Considera que a la Licenciada D.C.D.A. se le destituyó del cargo por violar, como así lo determinó la resolución cuestionada, los deberes, responsabilidades y facultades de los jueces, previstas en los ordinales 8º, 9º y 12º del artículo 199 del Código Judicial, al demostrar ignoracia inexcusable de la ley, tal como lo dispone el artículo 200 de la citada excerta legal.

Al referirse a la supuesta violación de los artículos 287 y 289 estimada por el recurrente, al considerar que la queja debió formualarse bajo juramento, aclara que el artículo 286 de la comentada legislación, establece que las sanciones disciplinarias podrán ser promovidas individualmente por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Superiores, del Procurador General de la Nación, del Procurador de la Administración, los Fiscales Superiores, Jueces de Circuito, Fiscales de Circuito, Jueces Municipales, P.M. y cualquier particular; expresa la señora Procuradora que tal disposición no es aplicable al señor P., quien cumplió con informar al Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo que a su juicio era una irregularidad cometida por la licenciada DE ALMENGOR, y la cual fuere remitida posteriormente a los superiores jerárquicos de dicha funcionaria. Por otra parte, aclara que el juramento de queja sólo se exige a los particulares.

En cuanto a los numerales 8, 9 y 12 del artículo 199 del Código Judicial alegados por el recurrente como violados, la Vista de la señora Procuradora es clara al sostener que es precisamente esta disposición legal la que facultó a los Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia a verificar si los hechos denunciados por el señor Procurador de la Nación en cuanto a los procesos penales ventilados en el Despacho de la señora Juez Cuarta de Circuito Penal, refiriéndose al caso de R.A.E. y que, de acuerdo a su criterio no fue tramitado acorde con el procedimiento establecido para ese tipo de proceso (posesión agravada de droga).

En la Vista de la Procuradora de la Administración, también se hace referencia al artículo 271, citado por el recurrente como infringido, advierte que tal cargo de ilegalidad carece de sustento jurídico, ya que la licenciada DAMARIS CABALLERO DE ALMENGOR no ingresó al cargo de Juez de Circuito, mediante los requisitos que establece dicha norma. Seguidamente expresa la señora Procuradora que el nombramiento en el cargo se hizo a partir de febrero de 1990 "sin haber participado en concurso alguno para adquirir la posición, ya que fue nombrada de manera discrecional por la autoridad nominadora, y no por medio del sistema de méritos y concursos de la Carrera Judicial, por consiguiente no tenía estabilidad en el cargo de Juez de Circuito que ocupaba".

La Sala pasa a examinar los cargos que se le imputan al acto administrativo impugnado en este proceso, los cuales nos permitiremos resumir de la siguiente manera:

  1. Se propone, en primer lugar, que el acto de destitución atenta contra la independecia judicial, toda vez que la decisión que en que basa la medida disciplinaria, no fue impugnada por el Ministerio Público, deviniendo firme y estando, en consecuencia, revestida de autoridad de cosa juzgada. Es evidente que una resolución judicial, dictada dentro de un proceso penal, no puede ser modificada o revocada sino por conducto de los medios de impugnación previstos en la ley. Pero ello no obsta para que, a pesar de no haberse impugnado la sentencia penal, dentro del expediente se aprecie, por parte del superior jerárquico, la pretermisión de las normas que le imponen deberes, singularmente los artículos 199 y 200 del Código Judicial. Sostener que la sentencia penal no impugnada impide la imposición de medidas disciplinarias por conducto de un proceso correccional, convertiría a éstos en principios líricos por la circunstancia de que la resolución dictada en forma en que se enmarque en los supuestos de hecho previstos por las normas indicadas serían letra muerta o dependerían de la voluntad de las partes en el proceso penal de que se trate, singularmente si no utilizan las partes los medios de impugnación, aún cuando dentro del expediente que contiene la sentencia penal ejecutoriada, se aprecie la existencia de la violación de los deberes o la comisión de las prohibiciones previstas en las normas legales, de conformidad con el artículo 285, numeral 10 del Código Judicial.

  2. La obligación de remitir fondos decomisados al CONAPRED fue pretermitida por la servidora judicial destituida. El hecho de que también tendría esa obligación el TRIBUNAL SUPERIOR y que desatendió, no es excusa que "legalice" el deber impuesto por la ley a dicha servidora judicial, ni que impida la imposición de sanciones correccionales.

  3. El hecho de que el artículo 200 del Código Judicial prevea indemnización a terceros por parte del servidor judicial que incurra en las acciones previstas por esa disposición legal, no le priva su carácter de obligación y deber del servidor judicial. Es evidente que la resolución que impone la medida correccional, para lo cual tiene competencia el superior jerárquico en sede del procedimiento correccional, es sin perjuicio de la pretensión indemnizadora demandada por un tercero, ante la jurisdicción contencioso administrativa. Para este último proceso carece de competencia el superior jerárquico, el TRIBUNAL SUPERIOR, pero no así para la imposición de sanciones disciplinarias por infracciones de los deberes impuestos por el artículo 200 del Código Judicial dictadas en un procedimiento correccional para el cual, evidentemente, tiene competencia.

  4. Señala el recurrente que el TRIBUNAL SUPERIOR acumuló las dos quejas iniciadas por el PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, cuando el procedimiento correccional no tiene previsto, en ninguna de sus partes, la citada diligencia de acumulación de procesos, desatendiendo, por esta razón, el Tribunal Superior el principio de legalidad. Es evidente que las normas procesales relativas al procedimiento correccional no tienen prevista la acumulación de procesos disciplinarios, pero a esta posibilidad hay que aplicar las normas generales, y es evidente que, en ambas quejas, se señala la comisión de irregularidades que conducen a la violación de los deberes de los servidores judiciales.

  5. Otro aspecto señala el recurrente en cuanto a la pretermisión del artículo 289, en su literal e) del Código Judicial que da derecho a ser oído, de palabra o por escrito al procesado. En ese sentido la Sala comparte el criterio expresado en el informe de conducta (foja 80), en el hecho 16º, en relación con el 15º. El problema consiste en determinar si el artículo 289, literal e) introduce una fase de alegaciones, una vez evacuadas las pruebas, o si se trata de la facultad genérica del servidor judicial sujeto a un proceso correccional, de hacerse oír, tanto de palabra o por escrito en cualquier etapa del proceso. Estima la Sala que esta última opción es la que se contiene en el literal e) del artículo 289 del Código Judicial, puesto que si se hubiese deseado por la Ley introducir el trámite de alegaciones una vez evacuadas las pruebas admitidas, como una secuencia procesal, así se hubiese dicho, y se le hubiese llamado por su nombre (como ocurre en el procedimiento sobre faltas a la ética judicial, artículo 447 del Código Judicial también de competencia de los superiores jerárquicos). Es evidente que la servidora judicial presentó un cúmulo de documentos y que le permitieron ser oída, por lo que al ser incorporados al expediente fueron ponderados por el superior jerárquico al decidir la procedencia o no de la imposición de medidas sancionatorias.

  6. En cuanto al argumento del recurrente de que se traslaparon dos procedimientos, el disciplinario y el seguido por faltas a la ética judicial; es evidente que las normas sobre ética judicial se refieren a deberes de los servidores judiciales y abogados, por lo que con respecto a los primeros, su desatención se ubica, también, como pretermisión de conductas que la ley prevé, y que son susceptibles de ser tomadas en cuenta por el superior jerárquico en un proceso correccional, siempre que se permita al procesado el derecho de defensa, la proposición de pruebas y la remisión al tribunal de consideraciones, sea en forma verbal o escrita.

    Además, ambos procedimientos contienen principios procesales de garantías de bilateralidad y contradicción y ambos procedimientos son competencia del superior jerárquico del servidor judicial de que se trate, después de la sentencia de inconstitucionalidad de 3 de mayo de 1993 dictada por la Corte Suprema de Justicia.

  7. Se desprende de lo anteriormente expuesto que la licenciada D.C.D.A. incurrió en violación de sus deberes como administradora de justicia. La juez se colocó al margen de lo que exige la ley en materia del comiso de los objetos que guardan relación con el delito contra la salud pública cometido por RICARDO ARIAS ESCOBAR.

    Reiteramos que la responsabilidad contemplada en el artículo 200 del Código Judicial, por los perjuicios que se causen a las partes por ignorancia inexcusable de la ley, no impide que, a su vez, se tomen medidas de orden disciplinario contra el juez que haya incurrido en esa falta.

    En cuanto a la actuación del MINISTERIO PÚBLICO el que la FISCALÍA no haya apelado no releva de responsabilidades a la Juez por su actuación. Sobre ella recae mayor peso y responsabilidad por tratarse de autoridad que decide la causa.

    De otro lado, la actuación de la Sala Segunda de la Corte ordenando la entrega de los bienes no significa que esa Suprioridad valoraba desde un punto de vista disciplinario o ético las decisiones adoptadas por la Juez ALMENGOR. En ese momento no era ese su propósito ni podía pronunciarse o decidir sobre cuestiones de ética. La S. se limitó a ordenar que se cumpliera una resolución que estaba en firme y que, en efecto, era cosa juzgada. En cambio, en el caso sometido a la consideración del superior jerárquico, de lo que se trata es de valorar la conducta y las motivaciones de la Juez al decidir la causa.

    No está en discusión el tema de si la decisión de la Juez (la resolución dictada por ella), es cosa juzgada. Por tanto, no es acertado afirmar, que se está poniendo en peligro o se le está restando fuerza a las decisiones adoptadas por los jueces que tengan carácter de firmes y ejecutoriadas. En el caso en estudio, con la destitución, la cual tiene un carácter administrativo, no se está revisando la decisión judicial adoptada por la Juez. Lo que se juzga es la conducta adoptada por el juzgador al administrar justicia.

  8. Por último, advierte la Sala que la servidora judicial destituida no se encontraba amparada por la carrera judicial, por lo que, con arreglo a lo que dispone el artículo 271 del Código Judicial, no gozaba de los derechos y prerrogativas de los servidores judiciales de carrera, sino solamente el derecho a la estabilidad en el cargo, que está condicionado a que no incurra dicho servidor judicial en causas que, con arreglo a la ley, posibiliten la imposición de las sanciones allí previstas, y con ello comparte el criterio de la Procuradora de la Administración.

    De lo expuesto, colige la Sala que la destitución de la Licenciada D.C.D.A., dictada por el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, mediante resolución de fecha 17 de julio de 1995 y mantenida en la resolución del 1º de agosto del mismo año, tuvo su fundamento legal en los artículos 199 y 200 del Código Judicial, por las razones ampliamente sustentadas.

    Es muy importante dejar claramente establecida la situación de dicha funcionaria hasta el momento en que ocupaba el cargo de JUEZ CUARTA DE CIRCUITO, RAMO PENAL. Como lo señaláramos anteriormente, la licenciada de ALMENGOR fue nombrada en dicho cargo, a partir de febrero de 1990, y dicho nombramiento no está contemplado en los derechos y garantías consagrados en el artículo 271 del Código Judicial, que ampara a los funcionarios que hayan ingresado a los cargos mediante el cumplimiento de los requisitos y de las exigencias establecidas en la Carrera Judicial. Ella solo gozaba de la garantía de estabilidad, mientras no incurriese en las faltas, que, conforme a la ley, justificasen su remoción o separación del cargo que ocupaba.

    La referida excerta legal es del tenor siguiente:

    "271. Para los efectos de todos los derechos y garantías consagradas en este Código para la Carrega Judicial, solo gozarán de los mismos los funcionarios empleados judiciales que hayan ingresado a los cargos mediante el cumplimiento de las exigencias establecidas para el ingreso a dicha C..

    No obstante esta disposición, los funcionarios del Organo Judicial y del Ministerio Público, nombrados por lo menos cinco años antes de la promulgación de esta Ley que no cumplan con los requisitos señalados en este Código, se les garantizará estabilidad mientras no incurran en causa que, conforme a la Ley, justifique su remoción o separación del cargo que ocupan".

    En ese orden de ideas, la entidad nominadora, en este caso, el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, señaló las conductas desplegadas por el superior judicial destituído, como ya se ha expuesto anteriormente.

    En consecuencia, la Corte Suprema, SALA TERCERA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la destitución de la licenciada D.C.D.A. como JUEZ CUARTA DEL CIRCUITO, RAMO PENAL, proferida mediante resolución de fecha 17 de julio de 1995 y por lo tanto, NO ACCEDE a las otras pretensiones formuladas en la demanda.

    1. y Cúmplase.

    (fdo.) R.A.F.Z.

    (fdo.) E.M.M.

    (fdo.) E.A. SALAS

    (Con Salvamento de Voto)

    (fdo.) J.S.

    Secretaria

    SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO E.M.M.

    Dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesto por el licenciado T.L. en nombre y representación de D.C. DE ALMENGOR para que se declare nula por ilegal la Resolución de 17 de julio de 1995 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, salvo mi voto, por las consideraciones que expongo a continuación, y que se plasma en el proyecto inicial, que no tuvo la acogida por parte del resto de los Magistrados que integran la mayoría de la Sala:

    La licenciada D.C.D.A., por medio de apoderado judicial ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción contra la Resolución administrativa de 17 de julio de 1995, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, ya que según su criterio, viola las siguientes normas legales: artículos 2, 44, 287, 289, 199 numerales 8, 9 y 12, 200, 271, 278, 440, 443 y 453, todos del Código Judicial.

    La primera disposición que se estima infringida, es el artículo 2 del Código Judicial cuyo texto es el siguiente:

    "Artículo 2. Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley. Los inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que en los procesos dicten sus superiores jerárquicos al revocar o reformar, en virtud de recursos legales o de consultas, las resoluciones emitidas por aquéllos".

    Manifiesta la parte recurrente que esta norma ha sido violada, ya que a la licenciada D.D.A. se le aplicó una drástica sanción, la más extrema, como lo es el de la destitución del cargo, por haber emitido la Resolución de 28 de abril de 1995, atendiendo a un incidente legalmente propuesto, sin que se le señalara que tenía la obligación de negarlo. Que al darle trámite a la petición y acceder conforme a su criterio, la J.D.D.A. estaba actuando dentro de los parámetros contemplados en la norma y con el principio de la independencia judicial, situación que de ninuna manera podía acarrear la drástica sanción injustamente impuesta; a pesar de que el Ministerio Público, representado en éste caso por la Fiscal Cuarta del Circuito de Panamá, subalterna del Procurador General de la Nación, al notificarse de la Resolución de 28 de abril, se allanó expresamente, con lo cual se prueba que la decisión de la J.A. no sólo fue jurídica, sino también plenamente compartida por el Ministerio Público, quien incomprensiblemente presentó queja por la misma actuación.

    Frente a lo señalado por la parte afectada, el artículo 2 supra transcrita recoge dos principios jurídicos como lo son la independencia judicial y el de legalidad, a los cuales se encuentran sujetos los Jueces y M. en ejercicio de sus funciones, además de que son funcionarios públicos.

    De acuerdo a nuestro ordenamiento patrio, las decisiones jurisdiccionales ya sean estas sentencias o autos, son sólo suceptibles de revisión judicial por los recursos procesales pertinentes estatuidos para esto, ya sean estos ordinarios o extraordinarios; lo que significa que nadie, ni los propios superiores jerárquicos pueden revisar una actuación jurisdiccional del inferior, sin que se tenga como presupuesto esencial, la interposición de algún recurso legal contra aquella. El propio artículo 2 supra transcrito establece en su parte final esta situación.

    Distinto es, que el juzgador lleve a cabo actos contra el decoro, la moral, y las buenas costumbres y aquellos que por su actuar negligente y fuera de los parámetros de la ley perjudiquen a terceros, que en estos casos corresponde a los superiores jerárquicos, pero en la esfera administrativa, revisar su actuación. En este sentido es aplicable el procedimiento disciplinario, y/o el procedimiento por falta a la ética judicial.

    En el caso in examine, toca determinar si la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia, al dictar la Resolución de la licenciada ALMENGOR, de 17 de julio de 1995, la cual decretó la destitución, entre otras declaraciones, atentó o no contra la independencia judicial, no sólo consagrada en la Ley, sino también a nivel constitucional en los artículos 2, 207, 208, 209, 210 y 213.

    El punto central que dio origen al proceso disciplinario contra la ex-juez Cuarta de Circuito, del Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial, fue la interposición de sendas quejas incoadas por el Procurador General de la Nación ante el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia (N.D.P.G. 885-95 de 12 de junio de 1995 y DPG-900-95 de 14 de junio de 1995), para que se impartiera las instrucciones necesarias al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, a fin de que se iniciara el correspondiente procedimiento y se determinara si había lugar para aplicarle sanciones de carácter disciplinarios, éticas o delictivas. En la primera nota, hace alusión el Procurador al caso de R.A. y la familia H., quienes estaban sindicados por los delitos contra la Administración Pública (Banco Nacional de Panamá) y en la segunda se refiere al caso del "narcotraficante" R.A., a quien la juzgadora destituida, le devuelve (al abogado del reo) entre otros enseres, la suma de B/.5,630.00 (Ver fojas 3 y 9 del expediente disciplinario).

    En la Resolución acusada de ilegal, los Magistrados señalaron que no procedía la queja contra la Juez Cuarta en relación al caso Arosemena-Homsany, dado que no contaban con pruebas fehacientes que aludieran a una conducta irregular de la acusada, dentro de ese proceso.

    Distinta suerte corrió la ex-juzgadora demandante, en lo que respecta al caso de R.A.E., condenado por posesión ilícita de droga agravado, y a quien posteriormente le fueron liberados algunos bienes y dinero, por orden del Juzgado Cuarto de Circuito. En este caso los Magistrados del Segundo Tribunal consideraron que la actuación de la Juez se enmarcaba dentro del artículo 199, ordinales 8, 9 y 12; artículo 200 y artículo 440, ordinales 1, 3 y 21 todos del Código Judicial, los cuales como ya lo hemos visto, a criterio de la parte actora, igualmente han sido infringidos por el Segundo Tribunal Superior.

    Una de la causales que se le imputaron a la licenciada D.C.D.A., como fundamento para la aplicación de la medida disciplinaria de destitución del cargo, fue el de ignorancia inexcusable, prevista en el artículo 200 del Código Judicial. Esta norma dice:

    "Artículo 200. Además de las sanciones penales y disciplinarias que establezca la Ley, los Magistrados y Jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes en los siguientes casos:

  9. Cuando proceden con dolo, fraude o en forma arbitraria;

  10. Cuando rehusen, omitan o retarden injustificadamente una resolución que deben dictar de oficio o a requerimiento de parte; y,

  11. Cuando violen la Ley por ignorancia inexcusable.

    La responsabilidad que en este artículo se consagra se hará exigible en proceso separado ante la Corte Suprema, se tramitará en única instancia".

    Es en este punto que se amerita analizar si la decisión de la licenciada D.D.A., contenida en la Resolución de 28 de abril de 1995, era prueba irrefutable de ignorancia inexcusable; y si lo decidido por el Segundo Tribunal Superior al sancionarla con la destitución, estaba o no entrometiéndose en la actuación de la ex-juzgadora, violándose así la independencia judicial de que gozan los jueces y magistrados.

    DROMI ha señalado que "la independencia judicial, en razón de la naturaleza específica de la actividad ejercida, exige que las `decisiones jurisdiccionales' sean susceptibles sólo de revisión judicial, por los recursos procesales pertinentes. En otros términos, la fiscalización de la legitimidad del proceder jurisdiccional se realiza por conducto de los recursos procesales. El acto jurisdiccional es irrevisible por vía de superintendencia administrativa. En resguardo de la supremacía constitucional, que imperativamente exige la independencia funcional del juzgador, la única vía admisible para controlar y revisar los actos jurisdiccionales, es la judicial. El contenido, la razón o sin razón de sus derechos, afirmaciones, juicios lógicos, valoraciones, expresiones y conclusiones no son revisables por superintendencia del Superior Tribunal de Justicia" (DROMI, R.- El Poder Judicial. Ediciones Ciudad Argentina. Cuarta Edición. Buenos Aires, Argentina, 1996. P.. 48) (Subrayado es de la Sala).

    Traemos el comentario doctrinal a nuestra realidad inmediata, que lo constituye el proceso disciplinario bajo estudio.

    La licenciada D. CABALLERO DE ALMENGOR decidió un caso de posesión ilícita de droga agravado, mediante Sentencia de 26 de septiembre de 1994, en donde resultó condenado el señor R.A.E., de acuerdo al artículo 260 del Código Penal reformado por la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986. En esta misma Resolución, la precitada ex-Juez, ordenó el comiso de la droga incautada y de cualquier otro objeto que guardara relación con el ilícito. Posteriormente, esta decisión judicial, fue confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial el 23 de febrero de 1995.

    El apoderado judicial del encartado, licenciado G.G.C., le solicitó a la licenciada DE ALMENGOR, luego del fallo condenatorio, devolviera el dinero, cuya cuantía era B/.5,630.00 y demás pertenencias del procesado, ya que no había sido condenado por tráfico de drogas sino por posesión ilícita de droga agravado y los bienes incautados no guardaban relación con el hecho punible. Los bienes eran los siguientes:

  12. La cantidad de B/.5,630.00; 2. Portafolio o maletín color verde; 3. Un boleto de avión; 4. Una agenda de trabajo; 5. Una maleta color negra con su ropa; 6. Pasaporte; y 7. Un televisor.

    La juzgadora corrió traslado de este escrito a la Fiscal Cuarto de Circuito, funcionaria del Ministerio Público, y en tiempo oportuno se opuso a la pretensión del abogado de A.E..

    El 28 de abril de 1995 la ex-juez demandante accede a la solicitud del licenciado G.C., y en consecuencia ordenó la devolución de las pertenencias personales y bienes aprehendidos provisionalmente al momento de la detención del señor A., dado que fue sancionado por el delito de posesión ilícito de drogas, y no se determinó tráfico y además de que no existían, según la juez, pruebas de que los mismos fueron producto de la comisión del delito de posesión agravada por el cual fue condenado. También apoyó acceder a lo pedido por el licenciado G.C., que el señor A. era comerciante, lo que se comprobó a foja 285 del expediente penal, donde aparece la matrícula de comerciante del encartado. Esta decisión fue notificada a la Fiscal Cuarta de Circuito, sin que interpusiera recurso alguno, por lo que la decisión quedó ejecutoriada.

    Se pregunta este Máximo Tribunal Contencioso, si el Ministerio Público, por medio de la Fiscal Cuarta, tuvo oportunidad de que la Resolución de 28 de abril de 1995 fuese revisada por el Segundo Tribunal Superior. ¿Porqué no aprovechó el derecho que le asistía por ley? Sería, quizás, porque en la audiencia Penal había solicitado la absolución del señor R.A., como se aprecia a fojas 306, tomo 4 del expediente penal?

    Es claro que la licenciada CABALLERO DE A. garantizó la igualdad de las partes en el proceso, pues el Ministerio Público contaba con los medios para oponerse a la decisión de la juzgadora, pero no hizo nada para contrariar el criterio del Tribunal de Primera Instancia, que repetimos, el Ministerio Público pidió la absolución del acusado en el juicio penal, y aunque después se opuso a la entrega de los bienes, no apeló de la resolución que accedió a la entrega y ésta resolución quedó ejecutoriada, y por tanto, firme.

    Se colige de la actuación de los Magistrados del Segundo Tribunal Superior, que procedieron a analizar la decisión ejecutoriada adoptada por la ex-juez Cuarta de Circuito, D.D.A., para declarar su actuación como ignorancia inexcusable, cuando esta labor de revisión debió verificarse mediante el recurso de apelación, que le correspondía incoar en todo caso a la Fiscal Cuarta de Circuito, representante del Ministerio Público; y en segundo término ¿cómo pueden los Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, cuestionar el hecho de que en la Sentencia de 26 de septiembre de 1994 se haya ordenado el comiso de bienes y no se pusieron los mismos a disposición de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Droga (CONAPRED), si al momento de que esa decisión fue apelada, el referido Tribunal Superior Penal, confirmó el fallo adoptado por la Juez a-quo (ver foja 14 y 173 del expediente) sin hacer referencia a tal situación. En esa oportunidad los Superiores Jerárquicos de la Juez Cuarta de Circuito de aquel entonces, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, también pasó por alto la supuesta aplicación de la disposición que ordena que los bienes decomisados fuesen puestos a disposición de (CONAPRED), y esto evidencia claramente el argumento contradictorio utilizado por el Segundo Tribunal Superior, para destituir a la licenciada CABALLERO DE A., ya que sólo incriminó de esta dudosa omisión a la precitada en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, cuando también ellos incurrieron en la cuestionada omisión. Y decimos supuesta aplicación de la disposición, ya que la Ley Nº 13 de 27 de julio de 1994, la cual reforma la Ley Nº 23 de 30 de diciembre de 1986 (que trata sobre los delitos relacionados con drogas), excluye claramente el delito de posesión ilícita de droga, lo cual significa que al ordenar la ex Juez el comiso de los bienes de R.A.E., no estaba obligada ponerlos a disposición de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED). El artículo 25 B de la Ley Nº 13 dice lo siguiente:

    "Artículo 25 B- Cuando se haya ordenado el comiso de bienes, instrumentos, dinero o valores que hayan sido utilizados o provengan de la comisión de alguno de los delitos descritos en la presente Ley el juez en la sentencia ordenará que éstos sean puestos a disposición de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED), que los adjudicará a los distintos organismos que lo integran o los rematará públicamente.

    Los dineros que se comisen o aquellos que se hayan obtenido del remate de bienes comisados constituirán un fondo que se destinará a las campañas y programas de prevención, rehabilitación y represión de los delitos relacionados con droga. Este fondo se regulará conforme los procedimientos de fiscalización y manejo establecido por la Contraloría general de la República.

    La Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos relacionados con Drogas (CONAPRED), presentará un informe anual a la Contraloría General de la República en el que se detallará la manera en que se han utilizado dichos dineros" (subrayado es de la Sala).

    La anterior transcripción de la norma, que se utilizó como fundamento para la destitución de DAMARIS CABALLERO DE ALMENGOR, no era aplicable al delito de Posesión Ilícita de Droga agravada (artículo 260 del Código Penal), pues la misma Ley Nº 13 dice que los bienes comisados deben ser puestos a disposición de CONAPRED, cuando provengan de los delitos que ella describe, los cuales se refieren al tráfico de droga Nacional e Internacional, así como los delitos tipificados en los artículos 257, 258, 262, 263A, 263B, 263C, 263D, 263E, y 263G. En ninguno de estos casos se hace alusión al delito de posesión ilícita; esto por un lado. Por el otro, y no menos importante, uno de los argumentos esgrimidos por la licenciada DE ALMENGOR para sustentar el hecho que no aplicó la Ley Nº13 de 1994, fue de que esta Ley surgió posteriormente de la comisión del delito por parte del señor A.E., por lo que las normas aplicables eran las anteriores a esta Ley, en función del Principio Indubio Pro Reo. Esta afirmación por parte de la ex-funcionaria judicial, tiene toda la validez legal, pues el artículo 13 del Código Penal (en desarrollo de la Constitución) prevé el referido Principio de la siguiente manera:

    "Artículo 13. Ley favorable al procesado.- Si con posterioridad a la comisión del hecho punible se promulgare una nueva Ley, y no se hubiera decidido definitivamente el caso, se aplicará al procesado la Ley más favorable".

    La Sentencia proferida por la demandante, fue de 24 de septiembre de 1994, y la Ley Nº 13 es de 27 de julio del mismo año, sólo a escasos de dos meses de su promulgación, se dicide el caso A.E., lo que prueba fehacientemente lo afirmado por la licenciada CABALLERO DE ALMENGOR.

    En otro orden de ideas, pero en la misma línea, la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en Resolución de 11 de diciembre de 1995 (ver fojas 228 y 229 del expediente) al resolver una querella por desacato, presentada por el Licenciado G.G.C. contra el Fiscal Especial de Drogas, quien se negaba a entregar los bienes cuya devolución se había ordenado por la Juez Almengor por medio del Auto de 28 de abril de 1995, ordenó la entrega de dichos bienes y señaló lo siguiente:

    "Comprende esta Corporación de Justicia la preocupación del colaborador de la instancia, al considerar el hecho de que el tribunal de la causa debió decidir dentro de la sentencia lo concerniente a los bienes que habían sido decomisados, más sin embargo, no debió esta omisión impedir que se diera cumplimiento a lo ordenado por una resolución que cumplía con todas las formalidades legales y que estaba en firme, pues este tipo de acciones ponen en riesgo principios y garantías, como lo es de La Cosa Juzgada". (Subrayado es de la Sala Tercera).

    1. que esta decisión de hacer entrega de los bienes, de la Sala Segunda de lo Penal, tiene fecha posterior a la destitución de la licenciada D.C.D.A., y en ella se destaca que la Resolución de 28 de abril de 1995 cumple con todas las formalidades legales, y que estaba en firme, y desconocer esta situación implicaría poner en riesgo principios y garantías procesales.

    El Segundo Tribunal Superior de Justicia desconoció estos principios y garantías procesales, al sustentar la medida disciplinaria en base a una Resolución ejecutoriada, que hacía tránsito de cosa juzgada. Ni siquiera el Máximo Tribunal de Justicia en el área Penal, cuestionó la supuesta omisión en que incurrió la Licenciada D.C.D.A., como Juez Cuarta de Circuito, Ramo Penal.

    Y es que la Cosa Juzgada es un elemento esencial en la independencia judicial tal como lo reconoce CASARE, cuando dice: "lo que la interpretación de los tribunales competentes atribuye a alguien como propio es como si se lo atribuyera la ley misma. Y por eso el principio de la cosa juzgada es, en el fondo, el mismo que el de la irretroactividad de la ley. El derecho consagrado por una sentencia definitiva está tan irrevocable adquirido como el que acuerda una ley" (CASARE, T.. La Justicia y el Derecho. Editorial A.P.: 3ª Edición. Buenos Aires, Argentina, 1974. P.. 160) (Subrayado es de la Sala).

    Retomando la idea en torno a la ignorancia inexcusable que le fue atribuida a la licenciada D.C.D.A. en ejercicio de sus funciones como Juez Cuarta de Circuito, Ramo Penal, consideramos convencidos de que la revisión a que se vio sometida la decisión adoptada por su persona en Resolución de 28 de abril de 1995, está fuera de los parámetros de la ley, ya que el Segundo Tribunal Superior al proceder de esta manera pone en peligro la seguridad jurídica que emana de las Resoluciones ejecutoriadas, y más cuando las normas aducidas de la Ley Nº 13 de 1994, no son aplicables al caso penal controvertido.

    Bastaría una queja de disconformidad con el criterio expuesto por los jueces de circuito penales en las resoluciones judiciales, para restarle fuerza a las decisiones en firme, y dar lugar a la revisión administrativa para establecer medidas disciplinarias.

    Cuántas veces los Magistrados y Jueces, actuando como superiores jerárquicos, han tenido que reformar por vía judicial, el contenido de una resolución proviniente de los jueces a-quo. En muchas ocasiones las decisiones de los jueces de primera instancia son cambiadas, parcial o totalmente, ya sea porque los mismos interpretan una norma de manera distinta, o porque omitió aplicar disposiciones, o porque aplicó normas no relacionadas con la materia controvertida. Si fuera por estas razones, todo el tiempo los jueces y Magistrados podrían ser sancionados administrativamente por ignorancia inexcusable.

    Ahora bien, si esa conducta del juez de primera instancia es constante y de ellas se colige verdaderamente que el mismo no maneja el procedimiento, ni la materia que es de su competencia, entonces le damos la razón a los superiores, para que tomen las medidas pertinente, incluyendo la disciplinaria, cuando se ponga en peligro los derechos de las partes. Ahora bien, quien realmente puede juzgar la violación de la ley por ignorancia inexcusable, cuando se causen perjuicios a las partes, es la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al artículo 200 del Código Judicial, con base en la sentencia de inconstitucionalidad del 12 de agosto de 1994 y por ello el Segundo Tribunal Superior carecía de competencia para juzgarla por violación de la ley por ignorancia inexcusable.

    Nótese que el artículo 200 del Código Judicial tiene el propósito de responsabilizar a los Jueces por los perjuicios que les causen a las partes, además de las sanciones penales y disciplinarias que establezca la ley, y que se entiende en este artículo, ya han sido aplicadas tales sanciones penales y disciplinarias en los respectivos procesos, cuando hayan sido sancionados por cualquiera de las causas a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 200, y que si ocurre tal situación, la de la sanción penal o disciplinaria, pueden las partes que recibieron perjuicios, demandar al J., que ya fue declarado responsable y exigirle responsabilidad por los daños y perjuicios ante la Sala Tercera de la Corte, tal como ya se dijo en sentencia de inconstitucionalidad de la Corte de 12 de agosto de 1994. Por tanto, esta disposición no puede ser aplicada por el Segundo Tribunal Superior, por dos razones, la Juez no había sido sancionada por ninguna de las causales del artículo 200; ninguna de las partes la había demandado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema. Por tanto prospera el cargo de ilegalidad del artículo 200 del Código Judicial, contra la resolución del 17 de julio de 1995 del Segundo Tribunal Superior.

    La hoja de vida profesional como funcionaria del Organo Judicial de la licenciada D.C.D.A., hasta el momento de su destitución, permanecía limpia en los 16 años de servicio prestados a esta Institución Judicial (ver expediente Nº 385/95 de Recursos Humanos, identificado como el antecedente Nº 4).

    Si la mayoría de los Magistrados del Segundo Tribunal Superior, se hubiesen tomado el tiempo para revisar la trayectoria profesional de la licenciada CABALLERO DE ALMENGOR, lo más seguro es que hubiesen adoptado otra decisión. La Magistrada S.H., advirtió esta situación, en un "salvamento de voto", dentro de la decisión de la reconsideración que propusiera la licenciada CABALLERO DE ALMENGOR, para que fuese revisada la medida disciplinaria impuesta a su persona, se refirió a su trayectoria profesional. Dicha Magistrada señaló:

    "Conceptúo que las correcciones disciplinarias deben imponerse en forma gradual, tomando en consideración la gravedad de la falta, la conducta que ha mantenido el funcionario dentro de la institución, aplicándosele la destitución luego de haber sido el funcionario sancionado más de dos veces por la pena de suspensión del cargo con privación del sueldo, en el lapso de dos (2) años y se haga acreedor a una nueva sanción de la misma índole tal como lo establece el artículo 296 del Código Judicial.

    No se puede desconocer la trayectoria de la juez (16 años de servicio), incluso el hecho que es la primera vez que incurre en una falta, y es precisamente ese conjunto de factores que merecen ser tomados en cuenta para aplicar la sanción, siendo esto lo que motiva disentir con el criterio mayoritario" (ver fojas 55 y 56 del expediente).

    El resto de los Magistrados ignoraron del desempeño de la licenciada DE ALMENGOR, y prueba de ello es lo manifestado por la Magistrada Presidenta del Segundo Tribunal Superior de Justicia, cuando señaló en el hecho segundo del informe de conducta lo siguiente:

    "Nos consta el hecho expresado en el punto anterior ya que el Pleno de este Segundo Tribunal realizó el nombramiento. No nos consta si la ex-juez ha trabajado por 16 años en el Organo Judicial y las apreciaciones subjetivas de su desempeño que hace su patrocinado legal, no tenemos como evaluarlas". (Ver foja 80). (Subrayado es de la Sala).

    ¿Cómo es que no conocen la trayectoria de la licenciada CABALLERO DE ALMENGOR?, ¡si en alguna documentación se tuvieron que apoyar para nombrarla como Juez Cuarta de Circuito, Ramo Penal! Esto lo que demuestra es la extrema severidad en que incurrieron algunos Magistrados de ese Tribunal Colegiado Penal, al evaluar el caso de la precitada, para sancionarla con la destitución, que es la medida disciplinaria más grave.

    En conclusión, es criterio de esta Sala Contencioso Administrativa, que se evidencia claramente de la actuación de los Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, una intromisión en las facultades jurisdiccionales, lo cual atenta contra la independencia judicial, y más cuando se ha comprobado que la actuación de la Juez Cuarta de Circuito, Penal estuvo avalada por quienes la juzgaron disciplinariamente, y por la Sala Penal de la Corte. También reiteramos lo indicado en párrafos anteriores, que la Ley Nº 13 de 1994, la cual introduce el artículo 25 B, que prevé la obligación del juez de poner a disposición de CONAPRED los bienes comisados, no le era aplicable al caso de R.A.E., porque el delito que llevó a cabo trata de posesión ilícita agravada; además, tampoco es adaptable dicha Ley al caso de A.E., por el Principio Indubio Pro Reo, pues el delito perpetrado se verificó antes de la promulgación de ese cuerpo legal, por lo que, tal como lo hizo la licenciada C.D.A., se le debía juzgar con las disposiciones anteriores a la vigencia de la Ley 13. Por ende, la Resolución de 17 de julio de 1995, viola el artículo 2 del Código Judicial. También de manera subsidiaria, y luego del análisis vertido por este Tribunal Supremo, prosperan los cargos endilgados contra el acto administrativo en el sentido de que se ha vulnerado el artículo 199, numerales 8, 9 y 12 ya que no existe nada en el expediente que demuestre que la J. no actuó con legalidad, su decisión quedó ejecutoriada y nunca fue revocada. Se violó el numeral 3 del artículo 200, por falta de competencia del Tribunal Superior, tal como quedó después de la sentencia de inconstitucionalidad del 12 de agosto de 1994.

    Otras disposiciones que se estiman violentadas, según el recurrente, por el Segundo Tribunal Superior, que analizaremos conjuntamente, son los artículos, 44, 271, 278, 287, 289, 298, 443 y 453 del Código Judicial, que aluden a la estabilidad del funcionario judicial que cumpla con ciertos requisitos y los procedimientos para la aplicación de las medidas disciplinaria y falta a la ética.

    En este sentido debemos hacer una reseña, en primer lugar, el artículo 271 del Código Judicial, fue introducido en nuestro ordenamiento jurídico para garantizarle estabilidad a aquellos funcionarios que no reunían los requisitos formales para ocupar los cargos.

    El texto original del segundo párrafo del artículo 271 del Código Judicial, consagraba una estabilidad relativa que amparaba a aquellos funcionarios que, al momento de entrar en vigencia el Código de 1987, no reunía los requisitos señalados en éste y tenían más de tres años de haber sido nombrados en el Organo Judicial o en el Ministerio Público. Al restructurarse el Organo Judicial, se subrogó el artículo 271 del Código Judicial por medio del Decreto de Gabinete Nº 17 de 24 de enero de 1990. Este Decreto de Gabinete eliminó la estabilidad relativa prevista en el texto original e introdujo otro contenido, según el cual, solamente quedaban amparados por los derechos y garantías correspondientes a la carrera judicial y a la inamovibilidad, los funcionarios y empleados que ingresaban a la misma mediante el cumplimiento de las exigencias establecidas en el Código Judicial.

    Posteriormente, se dictó la Ley 19 de 18 de julio de 1991, mediante el cual se modificó una vez más el texto del artículo 271 antes mencionado, y quedó de esta manera en su parte pertinente:

    "Artículo 271 ...

    No obstante esta disposición, los funcionarios del Organo Judicial y del Ministerio Público, nombrados por lo menos cinco años antes de la promulgación de esta Ley que no cumplan con los requisitos señalados en este Código, se les garantizará estabilidad mientras no incurran en causa que, conforme a la Ley, justifique su remoción o separación del cargo que ocupan".

    El artículo transcrito garantiza estabilidad a aquellos funcionarios que en primer lugar hayan sido nombrados cinco años antes de la promulgación de la Ley 19 de 18 de julio de 1991; y en segundo término, que no cumplan los requisitos señalados en el Código Judicial para ocupar el cargo que en ese momento desempeñan, pues no ingresó al cargo por concurso (ver expediente administrativo). Esta estabilidad está limitada por causas que justifiquen la remoción del cargo que ocupan dichos funcionarios. Sin embargo, es importante resaltar, que a pesar de que la licenciada CABALLERO DE ALMENGOR gozaba del derecho a la estabilidad en el cargo, no es menos cierto que la precitada no era inamovible, tal como lo prevé el artículo 278 del Código Judicial. Esta disposición señala claramente lo siguiente:

    "Artículo 278. Los Magistrados de Distrito Judicial, los Jueces de Circuito y Municipales, así como los servidores públicos subalternos y amparados por la carrera Judicial, son inamovibles. En tal virtud, no podrán ser destituídos, suspendidos ni trasladados sino por razón de delito o por falta debidamente comprobados. En ningún caso podrá destituírsele sin ser oídos en los términos previstos en este Título.

    Lo anterior es aplicable a las personas, que como Suplentes, ejerzan funciones judiciales ocasionalmente".

    La inamovilidad de los funcionarios de carrera alude a que los mismos, antes de ser destituídos de sus cargos, deben ser oídos mediante el procedimiento consignado en los artículos 289 y 442 y siguientes del Código Judicial, dependiendo sea el caso. Situación diferente ocurre con los funcionarios que tienen estabilidad, no por estar en carrera judicial, sino por los años de servicios prestados al Organo Judicial, ya que no es indispensable la aplicación del procedimiento disciplinario o el de ética judicial, consignado en las normas antes señaladas. En este último caso, debe comprobarse fehacientemente que el servidor judicial deprovisto de las prerrogativas de la carrera judicial, efectivamente incurrió en causal para que fuese separado del puesto de trabajo. Esto obviamente debe estar consignado en la Resolución de destitución, donde el superior jerárquico, en las motivaciones, haga una relación de los hechos y pruebas que apoyen tal decisión.

    Trasladando al presente caso la explicación anterior, podemos observar que la ex funcionaria judicial D.C.D.A., gozaba de estabilidad, mas no era inamovible, y como la disconformidad de la parte recurrente, se refiere en a que no se aplicó el procedimiento consignado en los artículos que hacen alusión al procedimiento disciplinario, no hay lugar para conocer del procedimiento en sí, pero con la salvedad que de acuerdo a las pruebas que obran en este proceso, no se verificó la causal o causales de destitución alegadas por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, tal como consta en el análisis que llevamos a cabo en un principio, pues esas causales no tenían sustento jurídico, ni fáctico. Por ende conceptuamos que se ha violado el artículo 271 del Código Judicial, mas no así los artículos, 44, 278, 287, 289, 298, 443, y 453 ibídem.

    En cuanto a la solicitud que hace la parte actora de que se le reconozcan todos sus derechos y privilegios que el cargo conlleva, es necesario expresarle al demandante, que el artículo 271, primer párrafo del Código Judicial, establece que sólo gozarán de los derechos y garantías de la carrera judicial los funcionarios y empleados judiciales que hayan ingresado al cargo mediante el cumplimiento de las exigencias establecidas para el ingreso a dicha carrera. Que la segunda parte del mencionado artículo 271, reiteramos, le garantiza estabilidad a los funcionarios nombrados por lo menos cinco años antes de la promulgación de esta ley, 19 de 1991. Por tanto, al no haber ingresado a la carrera judicial, la licenciada ALMENGOR únicamente tiene el derecho a la estabilidad, mientras no incurra en causa conforme a la ley que justifique su remoción o separación del cargo.

    Por las anteriores consideraciones, SALVO MI VOTO.

    FECHA UT SUPRA.

    (fdo.) E.M.M.

    (fdo.) J.S.

    Secretaria

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