Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Octubre de 2006

Ponente:Adán Arnulfo Arjona L.
Fecha de Resolución:24 de Octubre de 2006
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La firma forense Ortega & Ortega, actuando en su condición de apoderados judiciales de H.I. HOMA CO. INC., ha interpuesto demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción con el propósito de que se declare parcialmente nula, por ilegal, la Resolución No. 049-02 D.G. de 26 de enero de 2002, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social, al igual que sus actos confirmatorios, y como consecuencia de esta declaratoria de nulidad parcial solicita que se establezca que esta sociedad sólo debe a la Caja de Seguro Social la suma de B/.1,925.68 en concepto de cuota obrero-patronal.

Admitida la demanda, se remitió copia al Director de la Caja de Seguro Social para que rindiera un informe explicativo de conducta, y se corrió traslado a la Procuraduría de la Administración, por el término de cinco (5) días.

I.ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.

Mediante la Resolución No. 049-02 D.G. de 26 de enero de 2002, se condena a la empresa demandante a pagar a la Caja de Seguro Social la suma de cinco mil ochocientos cuatro balboas con sesenta y un centésimos (B/.5,804.61), en concepto de cuota de seguro social, prima de riesgos profesionales, décimo tercer mes, multas y recargos de ley, sumas dejadas de pagar durante el periodo comprendido entre abril de 1999 y diciembre de 2000.

Posteriormente se emitieron las Resoluciones Nº 493-02 D.G. de 30 de mayo de 2002 y Nº 33,705-2003-J.D de 29 de abril de 2003, que resolvieron los recursos de reconsideración y apelación, respectivamente, los cuales decidieron mantener y confirmar la condena impuesta.

II.FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN.

Los apoderados judiciales de la empresa demandante manifiestan que la suma que se alega como adeudada por esta empresa a la Caja de Seguro Social, luego de la investigación del Departamento de Auditoría de esta institución, es incorrecta debido a que se consideró a la señora N.E.P. de De La Espriella como trabajadora de la empresa, cuando con ella no existe una relación laboral, sino que presta servicios profesionales.

Ante esta situación, al excluir a esta persona de la contabilidad realizada, la suma adeudada en concepto de cuotas obrero-patronales, prima de riesgos profesionales, décimo tercer mes, multas y recargos de ley, quedaría reducida a B/1,925.68.

Expone que de las pruebas aportadas en los recursos ejercidos en la esfera administrativa, queda claro que a la señora de De La Esrpiella se le giraba un pago mensual en concepto de servicios profesionales, y la misma ocupaba el cargo de Vice-Presidenta y Tesorera de la empresa. Aunado a lo anterior, la señora de De la Espriella, al momento de realizarse la auditoría, se encontraba realizando un trabajo profesional de reestructuración, actualización y habilitación del departamento de contabilidad de la empresa.

Señala que para la Caja de Seguro Social no hay supuestos favorables para considerar las figuras de subordinación jurídica o dependencia económica, que prueben la condición de empleada de la empresa de la señora de De La Espriella, máxime cuando se aprecian los pagos consecutivos durante 12 meses en concepto de servicios profesionales en materia de Asesoría Técnica en contabilidad, no hay pagos en concepto de vacaciones y décimo tercer mes, no hay la existencia de un horario de trabajo porque no marcaba tarjeta y existe un contrato por servicios profesionales.

La parte actora afirma que en función a lo sustentado se ha infringido el artículo 62 y 82 del Código de Trabajo; el literal b) del Artículo 2, el literal e) del Artículo 62 y el Artículo 66-A del Decreto Ley Nº14 de 27 de agosto de 1954.

El artículo 62 del Código de Trabajo señala qué se entiende por contrato individual de trabajo y relación de trabajo y que la determinación de la existencia de las mismas tiene como efecto la obligación de pagar el salario. Alega que esta norma fue infringida, de forma directa por omisión, porque no se ha concluido la existencia de los elementos indispensables para determinar que la señora de De la Espriella tiene calidad de trabajadora de la empresa H.I. HOMA CO. INC., con exclusión de los otros casos que forman parte del alcance de la resolución impugnada.

En este sentido la Caja de Seguro Social, a su juicio, se aparta totalmente del concepto laboral de trabajo y le impone a su representada la obligación de pagar cuotas a favor de una persona que no es, ni nunca ha sido su trabajadora, sino una profesional independiente que ofrece sus servicios profesionales, sin subordinación jurídica ni dependencia económica.

De la misma forma considera se ha violado el artículo 82 del mismo cuerpo legal, que define quiénes son trabajadores, ya que los elementos de subordinación jurídica y dependencia económica están ausentes en la situación de la sociedad H.I. HOMA CO. INC., en relación con la señora N.P. de De La Espriella, ya que la misma no es trabajadora de la empresa y, sin embargo, la Caja de Seguro Social pretende obligar a la empresa a pagar cuotas obrero-patronales.

De conformidad con lo que contempla el literal b) del Artículo 2 del Decreto Ley Nº 14 de 27 de agosto de 1954, quedan sujetos al régimen obligatorio de la seguridad social "todos los trabajadores al servicio de personas naturales o jurídicas que operen en el territorio nacional". Sustenta el apoderado judicial de la demandante que, con base en esta norma, la institución de seguridad social condena a la empresa a pagar cuotas obrero patronales correspondientes a la señora de De La Espriella, cuando ésta sólo prestó servicios como profesional de la contabilidad y como dignataria Tesorera de la Sociedad multada, estando ausentes los elementos típicos o características de la relación de trabajo, por tanto la norma es infringida en concepto de aplicación indebida.

El literal e) del artículo 62 el Decreto en cuestión define el término independiente como "toda persona natural que trabaje por su propia cuenta, sin depender de un patrono o empleador", y es considerada infringida en forma directa por omisión, ya que los servicios brindados por la señora de De La Espriella se encuadran a la perfección en dicha norma que la Caja de Seguro Social deja de aplicar, sin razón alguna.

Por último, se sostiene que se ha infringido el artículo 66-A del mismo Decreto Ley, que señala la obligación del patrono de deducir las cuotas que los trabajadores deben satisfacer junto con el aporte del patrono, los cuales deben ser entregados a la Caja de Seguros Social y la sanción al incumplir este precepto, bajo el concepto de aplicación indebida. Sustenta que la empresa que representa no tiene la obligación de hacer las deducciones y aportes señalados, con respecto a la señora de De La Espriella, ya que no existe relación de trabajo con esa persona.

IV.INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO.

Mediante Nota fechada 27 de agosto de 2003, el Director General de la Caja de Seguro Social, rindió informe de conducta requerido por esta Superioridad, en el cual pone en conocimiento de la Sala que mediante Nota AE-CP-01-83 de 23 de abril de 2001, el Departamento de Auditoría a Empresas comunica al patrono H.I. HOMA CO. INC., que se llevaría a cabo una investigación a los libros y documentos contables de la empresa.

Seguidamente el 4 de septiembre de 2001, se llevó a cabo la Diligencia de Cierre de Audito, indicándose en el resuelto que "Se le informó al patrono que en la auditoría efectuada se detectaron omisiones en los siguientes conceptos: Servicios Profesionales y Diferencia de Décimo Tercer Mes. Además, se le notificó que se solicitara la aplicación de una sanción por la información no entregada..."

Con base a lo anterior se expidió la resolución impugnada, contra la cual se interpusieron los recursos correspondientes, los cuales fueron resueltos. Del examen de los planteamientos formulados en sendos recursos se concluyó que la empresa no presentó prueba alguna que confirmara los hechos señalados, de la misma forma al momento de la diligencia de cierre del audito, acta en el cual consta la firma por parte de la empresa y de los auditores de la institución, la empresa no objetó lo observado en dicha acta, ni conversó con los auditores los hallazgos detectados, ni suministró los documentos necesarios que pudieran esclarecer las omisiones detectadas, las cuales fueron plasmadas en el informe de Auditoría AE-I-01-113 de 11 de diciembre de 2001. Las disconformidades se dejan ver cuando se hace uso de los recursos.

Añade que en la presentación del recurso de apelación la empresa presentó copia de 12 cheques firmados (enero a diciembre de 2000), en concepto de servicios profesionales brindados por la señora de De La Espriella y una copia simple del contrato por servicios profesionales, con la intención de demostrar la relación de carácter profesional independiente, sin embargo, la Caja de Seguro Social luego de un estudio del expediente administrativo consideró que no existían suficientes elementos de juicio que desvirtuaran la decisión adoptada que consideraba que la relación era de carácter laboral sujeta a las normas de cotización contenidas en el régimen de seguridad social.

Lo anterior lo sustenta en el hecho que la señora de De La Espriella prestaba personalmente sus servicios, y en atención al informe de los auditores que tuvo contacto con la realidad fáctica, tenía su propia oficina en la empresa, laboraba durante jornada de trabajo establecida y recibía directrices de la Gerencia General. Por lo que en estas circunstancias es evidente que le es aplicable el artículo 62 del Decreto Ley Nº14 de 1954.

V.OPINIÓN DE LA PROCURADORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN.

La señora Procuradora de la Administración, por medio de su Vista Fiscal No.061 de 5 de febrero de 2004, emitió concepto desfavorable en torno a las pretensiones del demandante y solicitó se declare legal la resolución impugnada.

En defensa de los intereses de la Administración Pública, responde a lo manifestado por el recurrente, que la institución explica que aunque se le pagó a la señora N. de De La Espriella en concepto de servicios profesionales desde enero hasta diciembre de 2000, en realidad se desempeñaba en el cargo de jefa de oficina, según consta en el inventario del personal, efectuado en la auditoría realizada, además contaba con su oficina propia, laborando en jornada de trabajo establecida por el patrono y recibía directrices de la Gerencia General.

Agrega que no se ha probado que en realidad la relación de la señora de De La Espriella con la empresa era por servicios profesionales y recuerda que la actividad probatoria en cuanto a la calidad de la trabajadora, corresponde a la empresa investigada tal como lo ha señalado la Sala Tercera en casos anteriores, con fundamento en el artículo 66 del Código de Trabajo señala que la relación laboral se presume entre quien presta el servicio y quien lo recibe, y es concordante con el artículo 737 de la misma excerta legal.

En la vía gubernativa no se presentaron las pruebas conducentes o necesarias para probar los hechos alegados por la demandante, en consecuencia la Caja de Seguro Social tiene que calificarla como trabajadora, sujeta a dependencia económica y subordinación jurídica.

Por otro lado, en cuanto a las violaciones alegadas contra el Decreto Ley Nº 14 de 1954, Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, esta institución con la resolución impugnada no dispone medida contraria a lo que la ley contempla. En su momento procesal la empresa debió comprobar que la señora N. de De La Espriella brindaba servicios profesionales, por lo que no es cierto que se aplicó de manera indebida el literal b del Artículo 2, máxime cuando el alcance de la obligación contenida en esta norma se hace hacia un grupo de trabajadores que la empresa no comprobó tuviesen un status diferente.

En cuanto al literal e del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, no es esta la norma que resuelve la situación jurídica planteada pues, al referirse la empresa al caso de la señora de De La Espriella, no comprueba su status, y en el informe de auditoría la apreciación del auditor no se inscribe en el concepto definido en este precepto, ni para la señora en cuestión ni para el resto de los trabajadores omitidos en la obligación de sujetarse al Régimen de Seguridad Social.

VI.EXAMEN DE LA SALA.

Evacuados los trámites de rigor, procede la Sala a resolver la presente controversia que se origina de las reclamaciones formuladas por la parte demandante.

Mediante el acto impugnado, el Director de la Caja de Seguro Social condena a la empresa demandante al pago de B/.5,804.61 en concepto de cuota de seguro social, prima de riesgos profesionales, décimo tercer mes, multa y recargos de ley por sumas dejadas de pagar durante el periodo comprendido entre abril de 1999 y diciembre de 2000, por no declarar a un grupo de trabajadores.

La pretensión de la empresa demandante radica básicamente en que este acto sea declarado parcialmente nulo, toda vez que reconoce adeudar la cuota obrero patronal con respecto al resto de los trabajadores a excepción de la señora N.E.P. de De La Espirella, por cuanto la relación con esta persona era de carácter profesional y no laboral, por lo que no está incluida en el régimen de seguridad social.

Así las cosas, considera que la decisión adoptada por la Caja de Seguro Social es violatoria de los artículos 62 y 82 del Código de Trabajo y de los artículos 2, literal b, 62, literal e y 66-A, del Decreto Ley Nº14 de 27 de agosto de 1954.

El Código de Trabajo en su artículo 62, establece las figuras del contrato de trabajo y de la relación de trabajo, definiéndolas y determinando que la existencia de la misma obliga al pago del salario. Por otro lado, el artículo 82 define qué se entiende por trabajador.

El punto central de discusión del presente caso es la determinación de si la señora de De La Espriella es trabajadora de la empresa demandante, lo que generaría el pago de las cuotas obrero patronales por parte de la empresa, o por el contrario, si de acuerdo a lo alegado por la empresa, la misma estaba contratada por servicios profesionales lo que exonera a la empresa al pago del mencionado cargo.

Analizadas las constancias procesales presentes en el expediente, se observa que la empresa, luego de sancionada con base en el informe de auditoria realizado por la Caja de Seguro Social, al hacer uso de su derecho a defensa, aporta nuevos elementos al expediente para pretender desvirtuar la condición de trabajadora de la señora de De La Espriella, tales como copia simple de un contrato de servicios profesionales, copia de los cheques y la alegación de que esta persona es dignataria de la empresa. A pesar de ello, la entidad de seguridad social mantuvo la decisión, por considerar que estos elementos no logran desvirtuar la condición de trabajadora de la señora de De la Espriella.

De fojas 2 a 16 del expediente administrativo consta el informe número AE-I-01-113, del Departamento de Auditoria a Empresas de la Dirección de Auditoria Interna de la Caja del Seguro Social, dentro del cual se señala como resultado de la intervención de la empresa la omisión de salarios y décimo tercer mes que no fueron reportados a esta institución, mismos que fueron conversados con las personas responsables de la empresa.

En cuanto a las omisiones de salarios, se verificó una serie de pagos efectuados por el patrono bajo el concepto de servicio profesional a trabajadores que realizaban funciones ligadas directamente con la actividad económica de la empresa, trabajadores que la mayoría de ellos fueron incluidos posteriormente en la planilla preelaborada de la empresa. Durante el periodo en que aparecían contratados por servicios profesionales, se encontraban sujetos a un horario de trabajo y a órdenes de la administración.

En el caso específico de la señora de De La Espriella el informe especifica lo siguiente: " Por otra parte, se detecto que la Sra. N. de De La Espriella, percibió emolumentos mensuales por concepto de servicios profesionales, desde enero a diciembre de 2000, desempeñando el cargo de Jefe de Oficina, según consta en el inventario del personal realizado. Es importante mencionar, que durante la auditoria efectuada a la empresa, se observó que la Sra. De La Espriella contaba con su propia oficina, que laboraba durante la jornada de trabajo establecida por el patrono y recibía directrices de la gerencia general" (sic) (foja 11 exp. Administrativo)

Como anexo del informe se aprecia el inventario del personal, en el cual aparece anotada en el listado la señora N. de De la Espriella como Jefe de Oficina, y en la parte inferior se lee la siguiente anotación "La Señora Nelva de De La Espriella recibe pago en concepto de servicios profesionales, la cual será considerada en nuestro informe de auditoria". Este inventario de personal es firmado por la señora N. de De la Espriella, por la empresa, con conocimiento de que el cargo que le aparecía era de Jefe de Oficina.

De lo anterior se puede establecer que la situación con la que se encontró el auditor y que confirma en su declaración visible a fojas 70 a 75 del expediente principal, es una realidad que dista mucho con lo expuesto por la empresa y las pruebas por ella presentada.

Esta contradicción, y la conducta de la empresa de no incluir a sus trabajadores en el régimen de seguridad social, lleva a considerar el principio de la primacía de la realidad, en el que la naturaleza jurídica laboral no depende tanto de su designación formal sino de la realidad y de la verdad material sobre la naturaleza de la relación, es decir, que lo importante es la realidad de los hechos sobre la apariencia o presentación externa de documentos, pactos, convenios o situaciones. En el presente caso, el contrato presentado, no ha podido desvirtuar los hechos planteados en el informe de auditoria administrativo, en el que se plasma lo observado por el auditor, que denota que la señora de De La Espriella desempeñaba una cargo inherente al desarrollo de la empresa, con oficina propia, sujeta a un horario y a las directrices de la empresa.

Si bien es cierto la señora de De La Espriella alega que no depende económicamente de la empresa por recibir una pensión por jubilación, ni esto ni su calidad de dignataria de la empresa son necesariamente contradictorias con la condición de trabajadora.

Ante lo expuesto, y tomando en cuenta el hecho de que la empresa no pudo desvirtuar lo planteado por la Caja de Seguro Social, la Sala se ve precisada a negar los cargos de violación contra las normas laborales, con apoyo en la presunción laboral establecida en el artículo 66 del Código de Trabajo.

Al ser considerado por esta Sala que la condición de la señora de De la Espriella es de trabajadora de la empresa, no prosperan los cargos contra los artículos 2 literal b, 62 literal e y 66-A, del Decreto Ley Nº14 de 27 de agosto de 1954, que determinan quiénes están sujetos al régimen de seguridad social, la definición de independientes y la obligación de deducir cuotas.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución Nº049-02 D.G. del 26 de enero de 2002, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social, sus actos confirmatorios, y niega las demás declaraciones pedidas.

N.,

ADÁN ARNULFO ARJONA L.

VICTOR L. BENAVIDES P. -- WINSTON SPADAFORA F.

JANINA SMALL (Secretaria)