Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 25 de Junio de 2007

PonenteAdán Arnulfo Arjona L.
Fecha de Resolución25 de Junio de 2007
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La Licenciada R.B., quien actúa en nombre y representación de G.A., C.C. y C.M.U., ha promovido ante esta Superioridad Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución D.E./Nº 43/2004 de 19 de abril de 2004, proferida por la Dirección Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

I.-Contenido de la Resolución impugnada:

La resolución administrativa que ha sido impugnada resolvió lo siguiente:

  1. - Declarar válida la Resolución 17 de 27 de marzo de 2004, aprobada en la Asamblea XXXIV de COOPEVE, R.L., celebrada el día 27 de marzo de 2004.

  2. - Declarar válida la elección de los Directivos elegidos en la XXXIV Asamblea de COOPEVE, R.L., el día 27 de marzo de 2004.

  3. - Declarar válidos los acuerdos y resoluciones aprobados en la Asamblea del día 27 de marzo de 2004, con posterioridad a la Resolución Nº 17 del 27 de marzo de 2004.

    La decisión impugnada fue proferida por la Dirección Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, dentro del procedimiento administrativo y como órgano de apelación de la Legislación Cooperativa, por razón de la solicitud que hizo la Licenciada R.B., en representación de los señores R.O., G.A., C.C. y Cedalia Urieta para que:

  4. - Se declare la nulidad de la Resolución Nº 17 de 27 de marzo de 2004, mediante la cual la XXXIV Asamblea Anual de Delegados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "El Educador Veraguense, R.L." (COOPEVE, R.L.) resolvió remover de sus cargos directivos a los miembros de la Junta de Directores de COOPEVE, R.L., por supuestas violaciones a la Ley Nº 17 de 1 de mayo de 1997 y a los artículos 43, numeral 5 y 45, numeral 1 de los Estatutos de COOPEVE, R.L.

  5. - Que se declare la nulidad de la elección de nueve (9) Directores principales de la Junta de Directores y tres (3) Suplentes elegidos en la XXXIV Asamblea de Delegados de la Cooperativa COOPEVE, R.L., todos ellos escogidos para reemplazar a los nueve (9) directores y tres (3) suplentes ilegalmente removidos.

  6. - Que se declare la nulidad de las resoluciones y acuerdos adoptados por la Asamblea Ordinaria de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "El Educador Veraguense, R.L." (COOPEVE, R.L.) de 27 de marzo de 2004, adoptados con posterioridad a la aprobación de la resolución Nº 17 de 27 de marzo de 2004, que resuelve remover de sus cargos directivos a los nueve (9) directores principales de la Junta de Directores de COOPEVE, R.L. y a los suplentes de la misma.

  7. - Que una vez declarada la nulidad de la Resolución Nº 17 de 27 de marzo de 2004; de la elección de directores adoptados por la XXXIV Asamblea Anual de Delegados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "El Educador Veraguense, R.L." y de la totalidad de las resoluciones y acuerdos expedidos con posterioridad a la aprobación de la Resolución Nº 17 de 27 de marzo de 2004, en restablecimiento del derecho conculcado se declare el derecho de los señores R.R., G.A., C.C. y C.U., así como el de los otros directivos que no hayan dimitido o renunciado a seguir dirigiendo los destinos de la COOPEVE, R.L. hasta que en la Asamblea Extraordinaria se complete la Junta de Directores mediante la designación de los nuevos directores que reemplacen a los que ya se les haya vencido su período y se aprueben las otras resoluciones y acuerdos viciados de nulidad por haber sido aprobados en violación a la ley, los reglamentos y los estatutos de la cooperativa.

    La Resolución Nº 43/2004 proferida por la Dirección Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, fue reconsiderada por la apoderada legal de los señores Ramos, A., C. y U. y confirmada en todas sus partes, mediante Resolución D.E./Nº79/2004 de 12 de julio de 2004.

    Posteriormente, en Resolución J.D./Nº 21/2004 de la Junta Directiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo se resolvió, en grado de apelación, confirmar la Resolución D.E./Nº43/2004 de 19 de abril de 2004 dictada por la Dirección Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) y su acto confirmatorio consistente en la Resolución Nº D.E./Nº79/2004 de 12 de julio de 2004, agotándose la vía gubernativa.

    II.-Argumentos de la parte demandante:

    Señala la demandante que el día 27 de marzo de 2004 se celebró la XXXIV Asamblea Anual de Delegados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "El Educador Veraguense, R.L." (COOPEVE, R.L.), en la que se aprobó, sin cumplir ningún procedimiento legal ni estatutario, la Resolución Nº 17/2004 del Capítulo Nº 8 de COOPEVE, R.L., resolviéndose la inmediata remoción de los miembros de la Junta de Directores, en virtud de la supuesta aprobación de una transacción con el Licenciado C.Q., en forma apresurada, inconsulta y sin cumplir con los debidos procedimientos.

    Estima la parte demandante que la resolución precitada se aprobó "...sin haberse presentado siquiera un informe de la Junta de Vigilancia, como órgano fiscalizador sobre las supuestas violaciones a pesar de haberse dispuesto que esta Junta de Vigilancia tomara (sic) la dirección y conducción de esta Asamblea..." (ver foja 34 del expediente).

    Considera que la decisión, fue adoptada por la Asamblea de D. en contravención a lo que establece el artículo 85 del Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "El Educador Veraguense, R.L." (COOPEVE, R.L.), toda vez que se destituyó a los directivos de la cooperativa, "...sin presentación de los cargos respectivos, ni aceptar objeciones contra ellos, y sin haberlos escuchado, con lo cual se les violaron sus sagradas garantías fundamentales de un debido proceso" (ver foja 34 del expediente).

    La Junta de Vigilancia se abrogó funciones de dirigir y conducir la Asamblea de Delegados Nº XXXIV y escoger la Junta de Escrutinio, funciones que correspondían a los Directores Suplentes y al resto de los Directores no removidos, violando con dicha actuación los procedimientos establecidos en los artículos 39, 69 (2) y 70 del Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "El Educador Veraguense, R.L.", ya que esas normas estipulan que "...en caso que un Director sea removido o separado, deberán actuar los Directores Suplentes, lo cual no se dio" (ver foja 34 del expediente).

    La resolución administrativa demandada y sus actos confirmatorios, ratificaron las violaciones cometidas por los organismos de la COOPEVE, R.L., toda vez que, a juicio de la demandante, fueron proferidas sin escuchar a los directores destituidos, a quienes no se les restablecieron sus derechos.

    A continuación expondremos las disposiciones que estima el demandante han sido violadas con la emisión de la resolución administrativa impugnada:

    El numeral 4 del artículo 52 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, en concepto de violación directa por omisión, mismo que a la letra dice:

    Artículo 52: Se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos dictados en los siguientes casos:

    1.-...

    2.-...

    3.-...

    4.-Si se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites fundamentales que impliquen violación del debido proceso legal.

    5.-...

    Señala el demandante que la precitada norma desarrolla en el procedimiento administrativo, la garantía constitucional del debido proceso, consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política Nacional.

    Argumenta que las resoluciones atacadas conculcaron el derecho al debido proceso, desde el momento en que el procedimiento de remoción de los Directores de la Junta Directiva de COOPEVE, R.L. no se llevó conforme a los trámites legales, es decir, al proceso de destitución consagrado en el artículo 29 del Decreto Ejecutivo Nº 137 de 2001 que establece:

    "Artículo 29: La Asamblea previa investigación y comprobación de los hechos, puede revocar en cualquier tiempo, por causa justificada, la designación de los miembros de los cuerpos directivos, cuando incurran en violación de la Ley, el Decreto, el Estatuto o cuando incumplan las resoluciones o Acuerdos que emanan de la Asamblea""

    Estima la demandante que la norma legal en comento, fue violada directamente por omisión, al no haber sido aplicada en el procedimiento de remoción de los integrantes de la Junta de Directores de COOPEVE, R.L., debido a que no se escuchó a los directores destituidos, ni se les permitió su participación.

    Continúa argumentando la parte demandante que "...La Junta de Vigilancia había hecho una serie de objeciones a la Junta de Directores, que no fueron evacuadas ni probadas en forma alguna en la referida Asamblea Anual. Adicional a lo anterior tampoco se había impugnado en grado de apelación la decisión de la Junta de directores ante la magna asamblea, por parte del Capítulo Nº 8, ni de la Junta de Vigilancia, tal como se exige en el artículo 50 de la Ley Nº 17 de 1 de mayo de 1997, lo que impedía que esta se pronunciara al respecto..." (ver foja 38 del expediente).

    Explica que al no haberse discutido el informe de la Junta de Vigilancia, no se discutieron, por tanto, las objeciones realizadas, lo que vulneró el principio del derecho de defensa.

    Señala la parte actora que la resolución administrativa impugnada, al validar lo actuado por la Asamblea General en su Resolución Nº 17/2004 de 27 de marzo de 2004, también violó el procedimiento estipulado en el artículo 85 de COOPEVE, R.L., mismo que establece para el caso de reemplazo de las ausencias temporales o definitivas de los directivos de los Organismos rectores de COOPEVE, R.L., lo siguiente:

    "Artículo 85: Las ausencias temporales o definitivas que se produzcan en cualquiera de los organismos elegidos por la Asamblea se llenarán con los suplentes, en el mismo orden de votos obtenidos".

    Considera la demandante que la precitada norma fue violada directamente por omisión al no haber sido aplicada en el presente procedimiento, ya que en lugar de permitir actuar a las suplentes M.B. y R.G., actuó la Junta de Vigilancia, a pesar de que su P. se postuló como candidato a miembro de la Junta de Directores.

    Señala la parte demandante que se ha dado la violación directa, por omisión, de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 que establece:

    "Artículo 55: La nulidad se decretará para evitar indefensión, afectación de derechos de terceros o para restablecer el curso normal del proceso".

    Al convalidar la resolución administrativa impugnada, la resolución Nº 17/2004 de 27 de marzo de 2004 que aprueba la destitución de los directores de COOPEVE, R.L., se han violado normas que consagran el principio al debido proceso, colocando en situación de indefensión a los demandantes.

    III.-Informe explicativo de conducta rendido por la autoridad demandada:

    Mediante Nota D.E./Nº 1179/2005 de 11 de julio de 2005, el Director Ejecutivo del IPACOOP, remitió a esta Superioridad, informe explicativo de conducta en los siguientes términos:

    El IPACOOP, de conformidad con las facultades que le confieren las Leyes 24 de 21 de julio de 1980 y 17 de 1 de mayo de 1997, procede a supervisar la realización de las actividades de las Cooperativas, siendo una de estas, la celebración de las Asambleas ordinarias o extraordinarias.

    Siendo ello así, la Dirección Ejecutiva designó a dos funcionarios que asistieron a la Asamblea XXXIV, realizada el día sábado 27 de marzo de 2004 en el Salón Auditorio del Hotel Gran David de Santiago de Veraguas.

    Adicionalmente, la Dirección Provincial le asignó a dos (2) funcionarios técnicos (Licenciado C.A.D., Coordinador del Programa de Contabilidad y Finanzas y al Licenciado Hernán Castillo Canto, Asesor Legal) la responsabilidad de fiscalizar la Asamblea de COOPEVE, R.L. Dichos funcionarios, participaron en el desarrollo de la Asamblea y aportaron un informe técnico, sobre lo acontecido en la reunión.

    El aludido informe técnico, destaca la aprobación de la Resolución Nº 17 de 27 de marzo de 2004, presentada por los Delegados del Capítulo Nº 8 de la Cooperativa, la cual en su parte resolutiva, ordenó la remoción de sus cargos a los miembros de la Junta de Directores, por la imputación de cargos de violación de la Ley Nº 17 de 1997 y del Estatuto de la Cooperativa consistentes en aprobar, sin autorización previa de la Asamblea, la ejecución de un arreglo extrajudicial suscrito por la suma de B/.260,000.00, con el cual se finiquitan con el Licenciado C.Q., ex asesor y abogado de la Cooperativa, una serie de procesos legales.

    Explica que "...La resolución de marras, cumplió con el procedimiento interno con que cuenta la Cooperativa para calificar y someter a la Asamblea de Delegados, los proyectos de resolución que son presentados por los diferentes Capítulos que tiene la cooperativa, según la información que fue vertida en el desarrollo de la asamblea por miembros de las Juntas de Directores y vigilancia respectivamente..." (ver foja 58 del expediente).

    El precitado informe, señala también que luego de la remoción total de los miembros de la Junta de Directores, la Asamblea procedió a elegir la totalidad de los miembros.

    La Dirección Ejecutiva del IPACOOP emite la resolución administrativa impugnada, por razón de la solicitud de nulidad promovida por la Licenciada B.V., en representación de los señores R.O., G.A., C.C. y Cedalia Urieta, exponiendo en la parte motiva que la elección de los directivos, ocurrida en la XXXIV Asamblea Ordinaria de Delegados efectuada el 27 de marzo de 2004, cumplió con los requisitos de validez señalados en la Ley 17 de 1997. Igualmente comprobó que la Junta de Directores, como ente colegiado y de manera individual, obtuvieron su oportunidad de descargos, lo que demuestra la responsabilidad de los cargos imputados, el cumplimiento del debido proceso y la oportunidad de defensa en el procedimiento.

    Con posterioridad, pasa a explicar las motivaciones de los actos confirmatorios y destaca los elementos probatorios que llevaron a proferir dichas decisiones.

    Concluye señalando la autoridad demandada que el IPACOOP tiene a su cargo la tarea de fiscalización y fomento de las organizaciones cooperativas de conformidad con la competencia privativa que le reconoce su Ley Orgánica (Ley Nº 24 de 21 de julio de 1980).

    Expresa que "...La acción que ejecuta el Instituto al momento de decidir recursos de nulidad, se da solo en el sentido declarativo o de reconocimiento del acto y no así en función de un proceso de conocimiento donde se determinar el asunto de fondo. Al valorar cada caso el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo verifica si la materia es de competencia del ente que adoptó la medida y si para éste (sic) cuenta con las aprobaciones que están señaladas en la Ley, requisitos que al ser analizados se les denomina REQUISITOS FORMALES que determinan la validez del acto..." (ver foja 63 del expediente).

    Así, concluye señalando que en el caso de decisiones de asamblea, les corresponde verificar si estas surgen habiendo estado presente el quórum reglamentario, si el tema, asunto o caso es de competencia de la entidad y si la decisión cuenta con la aprobación (mayoría simple o calificada) que establece la ley.

    IV.-Posición de la Procuraduría de la Administración:

    Mediante Vista Nº 024 de 19 de enero de 2006, la Procuraduría de la Administración, solicitó a esta Superioridad declarar que no es ilegal la Resolución D.E./43/2004 de 19 de abril de 2004 proferida por la Dirección Ejecutiva del IPACOOP.

    Con relación a las alegadas violaciones de los artículos 52 (4) y 55 de la Ley 38 de 2000, expresa que:

    "Consta en el expediente, que en la XXXIV Asamblea Anual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador Veraguense, realizada el día 27 de marzo de 2004, se aprobó la Resolución Núm. 17 de 27 de marzo de 2004, presentada por los delegados del Capítulo 8 de la Cooperativa, que en su parte resolutiva ordenó la remoción de los cargos de los miembros de la Junta de Directores, por aprobar sin autorización de la Asamblea, un arreglo extrajudicial con el ex asesor de la Cooperativa C.Q., por la suma de B/.260,000.00, procediendo a elegir en ese mismo acto a los nuevos directivos.

    Los cargos de ilegalidad merecen ser desestimados, al acreditarse en el proceso que la Asamblea de Delegados, actuó conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 17 de 1997 que establece el Régimen Especial de Cooperativas y cumplió con el procedimiento previsto en el artículo 29 del Decreto Ejecutivo 137 de 5 de noviembre de 2001...

    Las constancias procesales demuestran que el acuerdo extrajudicial celebrado entre la Junta de Directores y el ex Asesor Legal de la cooperativa, no fue autorizado por la autoridad máxima de la cooperativa, siendo un hecho probado, que de acuerdo con el numeral 18 del artículo 43 de los Estatutos de COOPEVE, R.L., se requería que la Asamblea autorizara a sus directivos para efectuar transacciones que comprometían el patrimonio de la cooperativa.

    Entre las disposiciones del Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador Veraguense, R.L., que fueron desconocidas por los miembros de la Junta de Directores, podemos mencionar, el numeral 6 del artículo 37, que señala como competencia exclusiva de la Asamblea, "aprobar el presupuesto de ingresos y gastos y el plan de inversión"; y el numeral 13 del artículo 43 que faculta a la Junta de Directores para que en un plazo no mayor de 48 horas, comunique a la Junta de Vigilancia y la Gerencia los acuerdos adoptados en las reuniones ordinarias y extraordinarias.

    Consta en el expediente, que la Dirección Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo designó a dos funcionarios técnicos para que estuvieran presentes en la Asamblea Ordinaria, quienes presentaron un informe que destaca que la Resolución Núm. 17 de 27 de marzo de 2004, cumplió con el procedimiento interno de la Cooperativa para calificar y someter a la Asamblea de Delegados, los proyectos de Resoluciones presentados por los diferentes capítulos que tiene la Cooperativa. Además, existen grabaciones de audio y video demostrativas que a los ex directivos se les permitió hacer sus descargos..." (ver fojas 67 a 69 del expediente).

    Con relación a la supuesta violación del artículo 29 del Decreto Ejecutivo 137 de 2001, estima la Procuraduría que este cargo carece de sustento jurídico ya que se ha acreditado en el proceso que la Junta de Directores realizó una transacción extrajudicial con el ex asesor de la Cooperativa, sin la autorización de la Asamblea de Delegados, lo que justificó la remoción de los miembros de la Junta de Directores.

    En cuanto a la infracción del artículo 85 del Estatuto de Coopeve, R.L., que hace referencia a que las ausencias temporales o definitivas que se produzcan en cualquiera de los organismos elegidos por la Asamblea se llenarán con los suplentes, señala la Procuraduría que este cargo de ilegalidad carece de asidero jurídico, ya que siendo la Asamblea la máxima autoridad de la Cooperativa y sus decisiones de estricto cumplimiento, era irrelevante considerar designar a los suplentes (ver artículo 36 de la Ley 17 de 1997).

    Los miembros de la Junta de Directores fueron removidos de sus cargos, en virtud de la facultad y competencia exclusiva de la Asamblea de Delegados, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 (2) de la Ley 17 de 1997 y el artículo 29 del Decreto Ejecutivo 137 de 2001, entre otras disposiciones.

    V.-Consideraciones y Decisión de la Sala:

    Vistas y analizadas las argumentaciones de las partes y las constancias probatorias visibles en autos, esta Superioridad pasa a resolver de conformidad, previa las siguientes consideraciones:

    El acto administrativo que ha sido impugnado es la Resolución D.E./Nº 43/2004, proferida por la Dirección Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo el día 19 de abril de 2004, mediante la cual se resolvió declarar válida la Resolución Nº 17 de 27 de marzo de 2004 aprobada por la Asamblea XXXIV de COOPEVE, R.L. el 27 de marzo de 2004 y declarar válida la elección de los directivos elegidos en dicha asamblea.

    La Resolución 17-2004 adoptada en la XXXIV Asamblea Ordinaria de Delegados de la Cooperativa COOPEVE, R.L. el 27 de marzo de 2004, mediante la cual se resolvió remover a los directivos de la Junta de Directores y elegir nuevos directivos, resolvió:

    "1. Aplicar el Artículo 43, numeral 2, el Artículo 49 de la Ley #17 del 1º de mayo de 1997, el Artículo #6 del Decreto Ejecutivo #102 del 26 de septiembre de 2002, el artículo #45 párrafo inicial, numeral 1 del Estatuto de COOPEVE, R.L., en lo referente a la inmediata remoción a los miembros de la Junta de Directores que incurrieron en las faltas descritas en los considerando de la presente resolución.

  8. Mantenernos vigilantes para que en los (sic) sucesivo, los directivos electos en asamblea de delegados, que produzcan o ejecuten una situación anómala similar y que afecte los intereses de COOPEVE, R.L., se tomen los correctivos necesarios inmediatos, aplicándoles esta resolución y/o las permitidas por la Ley y el Estatuto" (ver fojas 20 y 21 del expediente).

    Corresponde a esta Superioridad efectuar un análisis sobre la supuesta ilegalidad en la emisión del acto administrativo proferido por la Dirección Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo que resolvió declarar válida la remoción de los directivos de la Junta de Directores de la COOPEVE, R.L. y la elección de los nuevos directivos elegidos en la XXXIV Asamblea de COOPEVE, R.L.

    Es menester señalar que la autoridad encargada de la aplicación de la legislación cooperativa y el órgano para la fiscalización pública es el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), quien tendrá competencia privativa sobre las actividades que realicen las cooperativas, dándoles las autorizaciones o sanciones correspondientes (ver artículo 118 de la Ley 17 de 1 de mayo de 1997).

    Siendo ello así, tenemos que el IPACOOP se encuentra facultado para proferir la resolución administrativa que ha sido objeto de impugnación ante esta Superioridad.

    La decisión de declarar válida la Resolución Nº 17 de 27 de marzo de 2004 aprobada en la Asamblea XXXIV de COOPEVE, R.L., ha sido emitida considerando la potestad que tiene la Asamblea, como autoridad máxima de la cooperativa, de revocar la designación de los miembros de los cuerpos directivos, de conformidad con lo establecido en los artículos 36, 49 de la Ley 17 de 1997 y el artículo 29 del Decreto Ejecutivo Nº 137 de 5 de noviembre de 2001, que a la letra disponen:

    "Artículo 36: La asamblea es la autoridad máxima de la cooperativa y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para los cuerpos directivos y para los asociados, presentes o ausentes, siempre que se hubieran adoptado de conformidad con la Ley, el Estatuto y los Reglamentos. Integran la asamblea los asociados hábiles o los delegados designados por éstos. Para efectos del presente artículo, son asociados hábiles los inscritos en el registro cooperativo que no tengan suspendidos sus derechos".

    "Artículo 49: Los miembros de la Junta de Directores responden, ante la asamblea, por violación de la Ley, el Estatuto o los Reglamentos, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que les correspondan. Sólo podrán eximirse cuando no hayan participado en la reunión que adoptó la resolución, o cuando exista constancia en acta de su voto en contra".

    "Artículo 29: La asamblea, previa investigación y comprobación de los hechos, puede revocar en cualquier tiempo, por causa justificada, la designación de los miembros de los cuerpos directivos, cuando incurran en violación de la Ley, el Decreto, el Estatuto o cuando incumplan las Resoluciones o Acuerdos que emanen de la Asamblea.

    Cada Junta o Comité tendrá la obligación de suspender mediante resolución motivada hasta la próxima Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, a los Directivos cuando incurran en violaciones o causales señaladas en la Ley, en el Decreto o el Estatuto".

    Consta en autos que a los Directivos que fueron removidos de la Junta Directiva de la Cooperativa se les imputó la violación de la Ley 17 de 1997 y del Estatuto de la Cooperativa, por aprobar la ejecución de un arreglo extrajudicial, sin la autorización previa de la Asamblea.

    A juicio de esta S., la Asamblea de Delegados actuó de conformidad con la potestad que le otorga el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 17 de 1997, consistente en "elegir y/o remover a los miembros de los cuerpos directivos" y cumplió con la condición de investigar y comprobar los hechos que constituyen la alegada violación a la Ley, el Reglamento y el Estatuto de la cooperativa, por lo que la alegada infracción del artículo 29 del Decreto Ejecutivo Nº 137 de 2001, es improcedente.

    El IPACOOP al proferir la decisión administrativa impugnada, previamente comprobó que los directores removidos de sus cargos pudieron efectuar sus descargos y que en la celebración de la XXXIV Asamblea Anual de Delegados de COOPEVE, R.L. se cumplieron todas las formalidades y procedimientos contemplados en la Ley 17 de 1997 para aprobar la Resolución Nº 17-2004, que contó con la votación afirmativa de la mayoría de los votantes que se encontraban presenten en la sesión.

    Por tanto, la alegada infracción de los artículos 52 (4) y 55 de la Ley 38 de 2000, los cuales se refieren a la existencia de vicios de nulidad absoluta cuando el acto administrativo se dicta con prescindencia u omisión absoluta de trámites que impliquen la violación del debido proceso legal y a la procedencia de decretar la nulidad para evitar la indefensión, afectación de derechos de terceros o para restablecer el curso normal del proceso, respectivamente, deben ser desestimados por carecer de validez.

    Por último, en cuanto a la supuesta infracción del artículo 85 del Estatuto de COOPEVE, R.L., que regula el tema relativo a las ausencias temporales o definitivas que se produzcan en cualquiera de los organismos elegidos por la Asamblea, cabe señalar que el procedimiento de llenar dichas vacantes con los suplentes, aplicaría en la medida en que no se hubiera realizado la designación de nuevos directores. Sin embargo, habiéndose efectuado la elección de estos en la XXXIV Asamblea Anual de Delegados, no procedía la aplicación de la precitada norma estatutaria por lo que la decisión administrativa impugnada no infringe la disposición estatutaria indicada por la parte actora.

    En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara QUE NO ES ILEGAL la Resolución D.E./Nº 43/2004 de 19 de abril de 2004, proferida por la Dirección Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo y sus actos confirmatorios y NIEGA las demás pretensiones de la parte demandante.

    N.,

    ADÁN ARNULFO ARJONA L.

    VICTOR L. BENAVIDES P. -- WINSTON SPADAFORA FRANCO

    JANINA SMALL (Secretaria)

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