Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 27 de Octubre de 1998

Ponente:JUAN A. TEJADA MORA
Fecha de Resolución:27 de Octubre de 1998
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 6366-85-D.G. DICTADA POR EL SUB-DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL DE 18 DE DICIEMBRE DE 1985, LOS ACTOS CONFIR... (ver resumen completo)

 
CONTENIDO

VISTOS:

La firma forense ARIAS, FABREGA Y FABREGA ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción en representación de la COMPAÑIA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S.A., para que se declare nula por ilegal, la Resolución Nº 6366-85-D.G. dictada por el Sub-Director General de la Caja de Seguro Social, fechada 18 de diciembre de 1985.

El expediente del caso resultó destruido a raíz de los actos de guerra ocurridos el 20 de diciembre de 1989. Solicitada su resposición por la parte interesada, ésta se dispuso mediante auto de 12 de marzo de 1991.

Considera el recurrente que el acto impugnado es violatorio de los artículos 2, 35-B, 58, 62 en su literal b, y 66-A, todos, del Decreto Ley 14 de 1954 (Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social); y de los artículos 140, 62, 64, 65 y 82 del Código de Trabajo.

De la demanda instaurada se corrió traslado al señor P. de la Administración, quien procedió a oponerse a las pretensiones del recurrente mediante Vista Fiscal Nº 135 de 29 de julio de 1988 (cfr. fojas 39-56 del expediente).

De igual forma se dió traslado al funcionario responsable del acto acusado quien procedió a rendir informe explicativo de su conducta, encontrándose el mismo en el expediente contentivo de este negocio (cfr. fojas 33-38 del expediente).

Una vez surtidos todos los trámites legales establecidos para estos procesos, tal como se desprende del informe secretarial visible a foja 74 del expediente, procede la Sala Tercera a desatar la controversia instaurada.

El origen de este litigio radica en la emisión del acto administrativo mediante el cual, la Caja de Seguro Social condenó a la empresa COMPAÑIA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S.A., al pago de B/.13,846.79 en concepto de cuotas de Seguro Social, prima de riesgos profesionales y recargos de ley, sumas que según la Institución de Seguridad Social se dejaron de pagar durante el período comprendido entre el mes de enero de 1982 a noviembre de 1984.

Las sumas dejadas de pagar fueron detectadas a raíz del examen de los libros de contabilidad, comprobantes de pago, planillas y demás documentos de la empresa, de cuyo examen se determinó (según la Caja de Seguro Social) que el patrono COMPAÑIA DE PRODUCTOS DE ARCHILLA, S.A., omitió declarar ciertas sumas de dinero en concepto de salarios pagados a favor de sus trabajadores, y que no fueron reportados a la Caja de Seguro Social por haberse calificado como honorarios profesionales. Al descubrirse esta irregularidad se produce el alcance adicional en favor de la institución social.

La Sala observa que el punto central de esta controversia estriba en la determinación de la existencia o no de una relación obrero-patronal entre la COMPAÑIA DE PRODUCTOS DE ARCILLA, S.A. y los señores J.M.S., N.S., BEY MARIO AROSEMENA, LLOYD FORTH, P.G., G.V., G.R., M.C.N. e IVAN ANDENA.

Los tres primeros cargos de ilegalidad aducidos por el recurrente y que analizaremos de manera conjunta dada su estrecha vinculación, descansan sobre los artículos 2 literal b; 35 y 58, todos del Decreto Ley 14 de 1954.

Las normas en mención son del tenor siguiente:

"Artículo 2: Quedan sujetos al régimen obligatorio del Seguro Social.

...

b) Todos los trabajadores al servicio de personas naturales o jurídicas que operen en el territorio nacional.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, aquellos Distritos que no hayan sido incorporados al entrar en vigencia la presente Ley, lo serán en su oportunidad cuando lo estime conveniente la Junta Directiva, la que fijará la forma y modalidades de aseguramiento.

...".

"Artículo 35-B: Los patronos o empleadores estarán obligados a deducir a sus trabajadores las cuotas a que se refiere el inciso a) del artículo 31. Igualmente, estarán obligados a pagar a la Caja de Seguro Social las cuotas obrero-patronales dentro del mes siguiente al que correspondan según las fechas que se establezcan en el reglamento que dictará la Caja de Seguro Social. La Caja determinará si aplica el sistema de planilla o cualquier otro, en la recaudación de las cuotas de los asegurados y patronos o empleadores y, reglamentará las sanciones que ocasiona el incumplimiento, por parte del patrono, del sistema.

La Caja estará obligada a informar a los asegurados que lo soliciten, en número y monto de las cuotas que a nombre de ellos haya recibido".

"Artículo 58: Las cuotas obrero patronales deben ser pagadas mensualmente dentro de los plazos que reglamenta la Caja de Seguro Social.

La mora en el pago de las cuotas causa el recargo e intereses siguientes:

  1. Un recargo de diez por ciento (10%) sobre el monto adeudado.

b) Interés de uno por ciento (1%) por mes o fracción de mes, en caso de mora en el pago de todo o parte del monto de las cuotas adeudadas".

Como queda expuesto, estas normas tienen ingerencia directa en la determinación de relaciones de trabajo, la obligatoriedad del descuento y pago de las cuotas obrero patronales, y de los recargos previstos en los casos en que se produzca mora en dichos pagos a la Caja de Seguro Social.

El actor señala básicamente, que la infracción legal se ha producido bajo la causal de indebida aplicación, toda vez los señores AROSEMENA, FORTH, SIERRA, SARMIENTO, ANDENA, GARCIA, VELEZ, R., y CARMINEO NATO no mantenían con la empresa PRODUCTOS DE ARCILLA, S.A., una relación de trabajo, por lo que no estaban obligados al descuento de las cuotas obrero patronales y menos al pago del alcance adicional a que los ha condenado la Caja de Seguro Social.

De las constancias que aparecen en el expediente administrativo remitido por la institución de seguridad social, y las aportadas por el recurrente en esta instancia jurisdiccional, se aprecia que es escaso el caudal probatorio allegado al proceso que permitan desentrañar la naturaleza jurídica de la relación existente entre los señores antes mencionados y la empresa. No obstante, la Caja de Seguro Social ha remitido al Tribunal el expediente en que consta toda la actuación administrativa, y el Informe de Auditoría AE-ND-10-85 de 17 de mayo de 1985 preparado por el Jefe de Auditoría a Empresas de la citada entidad que originó el alcance adicional, mismo que también se reproduce a folios 45-47 del expediente principal dentro de la Vista Fiscal preparada por el Procurador de la Administración.

Corresponde al proponente de la acción allegar al proceso los elementos de prueba que tienden a comprobar la pretensión planteada, y en este caso, tal gestión probatoria ha sido deficiente, por lo que la S. se ve precisada a resolver la controversia planteada de conformidad con la documentación que obra en autos.

Pasa la Sala a examinar la relación que existía entre los señores AROSEMENA, FORTH, SIERRA, SARMIENTO, ANDENA, GARCIA, VELEZ, R., y CARMINEO NATO, con la empresa PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A.

JOSE MARIA SIERRA

Según la parte demandante, se trata de una persona que presta servicios a la compañía en desarrollo de un contrato profesional sobre asesoría técnica (f. 3 del expediente suministrado por la Empresa demandante).

El señor SIERRA se formó profesionalmente en la empresa, trabajó en ella muchos años hasta su jubilación de 1981. Luego de ésta, contrató con la empresa sus servicios de Asesoría Técnica, dado la vasta experiencia que poseía. Según sus propias declaraciones, se encarga de visitar ocasionalmente las plantas, dar consejos sobre el mejoramiento de la producción y asistir a sesiones del comité de producción.

La Sala Tercera, mediante resolución de 25 de agosto de 1993, dictada en razón del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción instaurado por Productos de Arcilla S. A. contra la Caja de Seguro Social, distinguido como expediente No. 431-91, tuvo oportunidad de examinar la relación existente entre el señor SIERRA y la empresa en el período 1987-1989, arribando a la conclusión de que no abarcaba más que un contrato para servicios profesionales.

En la citada sentencia, esta Superioridad señaló:

"Como bien expresa el señor SIERRA, durante 42 años se desempeñó en la empresa hasta su jubilación, y posterior a ello sigue participando "en el proceso productivo de la empresa en calidad de asesor cuando se le solicita, y en reuniones de trabajo de la empresa" (foja 57 del expediente administrativo).

Resulta patente que la experiencia del señor SIERRA resulta de importancia para la compañía, a tal punto, que participa en sus reuniones de trabajo para dar su asesoría, pero no se dan en este caso los presupuestos de una relación de trabajo, dado que el mismo no está sometido a dirección por parte del empleador, es decir, que no se encuentra ni en estado de dependencia económica ni realiza una función subordinada para esta empresa. Como puede apreciarse, el señor SIERRA se desempeñaba dentro de su marco de actividades con amplia libertad, no está sometido a horario, ni a directrices u órdenes, no utiliza uniforme, no se encuentra cubierto por disposiciones de la Convención Colectiva de Trabajo, ni por ningún reglamento interno.

Su labor está dirigida a orientar las decisiones que se toman en las altas esferas directivas de la empresa.

Sus ingresos principales provienen de sus fondos de jubilación y no de estos servicios de asesoría ocasional que brinda a la empresa.

Por estas razones consideramos que en su caso no ha existido una relación de trabajo, sino que ha prestado una asesoría en base a sus conocimientos de una empresa a la que sirvió por más de 40 años y que contribuyó a formar."

En concepto de la Sala, los razonamientos anteriores tienen plena cabida en este caso, por cuanto se ha comprobado que no existía subordinación jurídica ni dependencia económica del señor SIERRA para con la empresa, por lo que se acepta la violación legal impetrada en su caso.

BEY MARIO AROSEMENA

La calidad de su relación laboral con la empresa quedó similarmente establecida en la sentencia de esta Sala de 25 de agosto de 1993 para los años 1987-1989.

Según las constancias aportadas en este caso, el señor AROSEMENA brindó servicios de asesoría en todo lo referente a las operaciones de la empresa y también en lo que se refiere a la ejecución de dicha asesoría, pues debe sugerir nuevos métodos o prácticas para mejorar la empresa y sus ventas. Sugiere el demandante que el señor AROSEMENA no está sujeto a horarios ni directrices.

Sin embargo, la empresa se comprometió a brindarle una oficina y útiles de trabajo. En el proceso anteriormente ventilado (Exp. No. 431-91), la Sala Tercera tuvo acceso al contrato suscrito entre el señor AROSEMENA y la Empresa, detectándose dentro del contrato, en su cláusula cuarta, que el señor AROSEMENA debía estar "siempre atento, tanto dentro o fuera del país, al estudio de cualquier problema que surja dentro de la empresa o a coadyuvar en todo instante al eficiente funcionamiento técnico y económico de la misma.

Así se palpa un compromiso y una responsabilidad de éste con la empresa, que implica deberes específicos, y que se exigen en forma de directrices sobre la manera y tiempo en que debe desempeñar su labor, observándose cierta subordinación del señor AROSEMENA con la compañía. Tampoco consta que éste reciba sus principales ingresos de otra actividad, por lo que ante las pocas evidencias presentadas como descargo, y las que asocian al señor AROSEMENA como subordinado con la empresa, y presumiblemente como dependiente económicamente de la misma, consideramos que sí ha existido relación de trabajo entre él, y la empresa PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A.

LLOYD FORTH

El señor FORTH brindaba servicios de asesoramiento en las áreas de preparación o fabricación de arcilla.

Según su contrato, que hacía parte del material probatorio del refereido expediente No. 431-91, tenía un horario de trabajo en la jornada de 7:00 a. m. a 1:30 p. m. y no existe constancias de que tenga otra fuente de ingresos y que ésta sea la principal, lo que resultaría dudoso, dada las exigencias de horario que se le imponen. Estos elementos evidencian la dependencia económica y la subordinación jurídica del señor LLOYD (tiene jornada de trabajo establecida por el empleador) y nos permiten concluir que se dá la configuración de una relación de trabajo en este caso.

N.S.

Según se recoge en el informe levantado por Auditoría de la Caja de eguro Social, al señor SARMIENTO corresponde efectuar los trabajos de modelado, de acuerdo con los modelos y planes que le presente la empresa, y a ejecutarlos conforme al programa de trabajo que se le presente; además el punto cuarto de su contrato determina con claridad que éste se compromete a prestar sus servicios en una jornada de trabajo específica que se inicia a las 7:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. de lunes a viernes.

Estas circunstancias, aunadas al hecho de que no se ha demostrado la existencia de otra fuente de ingresos en su caso, permiten inferir la existencia de una relación de trabajo.

En cuanto a los ciudadanos extranjeros debemos examinar el caso de los señores de nacionalidad colombiana GARCIA y VELEZ; y los de nacionalidad italiana RICARDI, CARMINEO y ANDENA.

En el caso de los señores de nacionalidad colombiana: P.G. y GILBERTO VELEZ, no consta que fuesen empleados de alguna otra empresa. Ellos contrataron con la empresa PRODUCTOS DE ARCILLA, S.A., un contrato para obra o labor determinada para elaborar unos modelos de líneas modernas de loza sanitaria, desarrollando en este sentido una actividad creativa.

La cláusula del contrato de trabajo en la cual se pacte la realización de una obra o labor determinada es de naturaleza formal, según lo establece el artículo 76 del Código de Trabajo. Esta labor debe tener una duración limitada en el tiempo, es decir no puede ser permanente o sin una previsible terminación, y en el caso que nos ocupa se determinó que han laborado en Panamá por un período superior a dos meses (foja 14 de expediente administrativo).

Esta situación los coloca dentro de los presupuestos contemplados en los artículos 2º literal b, y artículo 4º literal e del Decreto-Ley Nº 14 de 1954, que preceptúan:

"Artículo 2: Quedan sujetos al régimen obligatorio del Seguro Social.

...

b) Todos los trabajadores al servicio de personas naturales o jurídicas que operen en el territorio nacional.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, aquellos Distritos que no hayan sido incorporados al entrar en vigencia la presente Ley, lo serán en su oportunidad cuando lo estime conveniente la Junta Directiva, la que fijará la forma y modalidades de aseguramiento.

...".

"Artículo 4: No pueden ingresar al régimen del Seguro Social.

...

e) Los extranjeros contratados en el exterior para servir en el país por períodos no mayores de dos (2) meses.

En caso de que dicho período se prorrogare, ingresarán al Seguro obligatorio y deberán pagar las cuotas correspondientes al período previamente eximido.

...".

(el destacado es de la Corte)

La Sala estima que los descargos presentados por los afectados no evidencian que los señores GARCIA y VELEZ no debieran incluírse en el régimen del Seguro Social, y son más las evidencias que lo vinculan como trabajador de la compañía por lo que aceptamos como válida la actuación de la Institución de Seguridad Social.

Finalmente en relación con los señores de nacionalidad italiana IVAN ANDENA, G.R. y M.C. se observa que éstos llegaron a la empresa PRODUCTOS DE ARCILLA, S.A., como parte de un programa de modernización suscrito con una empresa italiana: WELKO, quien le vendió cierta maquinaria a la empresa panameña, y envió algunos expertos italianos para que le asesoraran en el uso, manejo y modernización integral de la empresa nacional, circunstancias que quedaron acreditadas en la instancia administrativa.

No pueden por tanto, considerarse como trabajadores de la empresa PRODUCTOS DE ARCILLA, S.A., y no causan, por ende, la sujeción al régimen de seguro obligatorio, aún en el caso de que su estadía se haya prolongado por más de dos meses. Por esta razón aceptamos el hecho de que los técnicos italianos ANDENA, RICCARDI Y CARMINEO no tenía una relación de trabajo con la empresa: no existía ni subordinación jurídica, ni dependencia económica.

En atención al individualizado examen realizado, aceptamos los cargos de violación de los artículos 2, 35B y 58 del Decreto Ley Nº 14 de 1954 en lo que respecta a los señores J.M.S., I.A., G.R. y MASSIMO CARMINEO, y los descartamos en relación a los demás.

Se aducen infringidos los artículos 62 literal b y 66-A ambos del Decreto Ley 14 de 1954, así como el artículo 140 del Código de Trabajo.

Las normas en mención son del tenor siguiente:

"Artículo 62: Para los efectos del Seguro Social privarán las siguientes definiciones:

...

b) Sueldo: la remuneración total, gratificación, bonificación, comisión, participación en beneficios, vacaciones, o valor en dinero y en especie que reciba el trabajador del patrono o empleador o de cualquier persona natural o jurídica como retribución de sus servicios o con ocasión de éstos. Se exceptúan del pago de cuotas de Seguro Social los viáticos, dietas y preavisos. Las gratificaciones de Navidad o aguinaldos y gastos de representación siempre que no excedan del sueldo mensual.

...".

"Artículo 66-A: Los patronos, al pagar el salario o sueldo a sus trabajadores, les deducirán las cuotas que estos deban satisfacer y junto con el aporte del patrono entregarán a la Caja el monto de las mismas, dentro del plazo fijado en el artículo 58 del Decreto-Ley No. 14 de 27 de agosto de 1954.

El patrono que no cumpla con la obligación que establece el parágrafo anterior, responderá del pago de sus cuotas, y las del trabajador, sin perjuicio de las acciones penales que puedan ejercer la Caja o los asegurados, de acuerdo con las disposiciones del Código Penal".

"Artículo 140. Salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador con motivo de la relación de trabajo, y comprende no sólo lo pagado en dinero y especie, sino también las gratificaciones, percepciones, bonificaciones, primas, comisiones, participación en las utilidades y todo ingreso o beneficio que el trabajador reciba por razón del trabajo o como consecuencia de éste".

Según el recurrente, las transgresiones legales aducidas se producen en virtud de que las sumas recibidas por los señores SIERRA, FORTH, AROSEMENA, GARCIA, VELEZ, ANDENA, RICCARDI y CARMINEO no tenían la naturaleza de sueldo o salario, sino que les fueron pagados en concepto de honorarios profesionales, y al no ser trabajadores de la empresa, no existía obligación del pago de cuotas obrero-patronales a la Caja de Seguro Social.

Estos cargos proceden en lo que respecta a los señores J.M.S., I.A., G.R. y M.C., ya que no ha podido acreditarse la existencia de una relación de trabajo entre los mismos y la empresa PRODUCTOS DE ARCILLA, S. A.

Sin embargo, descartamos los mismos en lo referente a los señores AROSEMENA, FORTH, G., VELEZ y SARMIENTO, donde existían los elementos propios de una relación de trabajo con la empresa, existiendo la obligatoriedad de pago de cuotas obrero-patronales.

Alega también el actor que se han violado los artículos 62, 64 y 65 del Código de Trabajo.

Las normas aludidas hacen referencia a qué considera la legislación laboral panameña que es contrato de trabajo o relación de trabajo, y a la concurrencia de los dos elementos o condiciones que lleva implícita una relación de trabajo: la subordinación jurídica y la dependencia económica.

Los cargos señalados tienen fundamento, según el actor, en que ninguna de estas condiciones se da en el caso de los señores antes mencionados.

Sin embargo, la Sala ha constatado que sólo en el caso de los señores J.M.S., IVAN ANDENA, G.R., M.C., la relación de trabajo no se configuró.

En los demás casos, concurrían una de las dos condiciones: subordinación jurídica, dependencia económica, o ambas, (remítase a la exposición del análisis de los tres primeros cargos de ilegalidad).

En atención a que este Tribunal, minuciosamente examinó las piezas de convicción, y que la parte afectada por la resolución administrativa no aportó las pruebas de descargo correspondientes (que le compete probar como recurrente), se concluye que sí existió relación de trabajo en lo atinente a los señores AROSEMENA, FORTH, SARMIENTO, GARCIA Y VELEZ, por lo que desestimamos en cuanto a ellos estos cargos de infracción legal.

Finalmente, se alega la violación del artículo 82 del Código de Trabajo.

La norma supracitada preceptúa:

"Artículo 82. Son trabajadores todas las personas naturales que se obliguen mediante un contrato de trabajo verbal o escrito, individual o de grupo, expreso o presunto, a prestar un servicio o ejecutar una obra bajo la subordinación o dependencia de una persona".

En el mismo orden de ideas que el demandante ha venido expresando en este negocio, se considera que la infracción legal, por indebida aplicación se produce al no poder considerarse como trabajadores a los señores SIERRA, FORTH, AROSEMENA, GARCIA, SARMIENTO, R., CARMINEO y ANDENA.

Es aplicable en este sentido, lo expresado reiteradamente por esta Superioridad:

La condición de trabajadores de la empresa PRODUCTOS DE ARCILLA, S.A., sólo se acreditó en los casos de los señores AROSEMENA, FORTH, SARMIENTO, GARCIA y VELEZ.

En los casos restantes no puede aducirse la configuración de una relación de trabajo, pues no son trabajadores de la empresa en su sentido jurídico laboral, recordándose que esta noción es más restringida que la de trabajador en sentido económico o sociológico.

En virtud de lo expresado sólo procede el cargo en lo que atañe a los señores SIERRA, CARMINEO, RICCARDI Y ANDENA.

Este cuerpo colegiado concluye, que la Caja de Seguro Social, aunque facultada para ello, no ha podido determinar la existencia de una relación de trabajo en lo que respecta a los señores J.M.S., G.R., M.C. e IVAN ANDENA con la empresa PRODUCTOS DE ARCILLA, S.A., que hubiese sido desconocida para los efectos de las cuotas obrero-patronales.

Al no gozar la resolución impugnada de manera integral, de una fundamentación adecuada que conlleve la condena impuesta a la empresa, debe declararse el acto acusado parcialmente nulo, por las razones anotadas.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NULA, por ilegal, la Resolución Nº 2846-90-D.G. de 21 de agosto de 1990 dictada por la Caja de Seguro Social, sólo en lo que respecta a la condena del pago de cuotas obrero-patronales calculadas con base a los señores J.M.S., G.R., M.C. e IVAN ANDENA quienes no mantenían con la empresa PRODUCTOS DE ARCILLA, S.A., una relación de trabajo, y ORDENA el pago a la empresa PRODUCTOS DE ARCILLA, S.A., de las cuotas obrero-patronales que sean calculadas por la Caja de Seguro Social, en relación a los trabajadores BEY MARIO AROSEMENA, LLOYD FORTH, P.G., N.S. y GILBERTO VELEZ.

N..

(fdo.) J.A.T. MORA

(fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) J.S.

Secretaria